Mediocridad,
por Adolfo Ibáñez.
Hace algunos días se dio a conocer el informe
de competitividad internacional preparado por el World Economic Forum y la
Universidad Adolfo Ibáñez. En él aparecimos en el lugar 33 de 144 países. Hace
diez años figurábamos en el lugar 22 y, cuando se comenzó a publicar en Chile
hace casi veinte años, estábamos en el 17. ¿Qué ha sucedido para estar en esta
tendencia decreciente?
Si tomamos el club de los diecisiete primeros,
nos encontramos con que en los últimos catorce años hay doce países que siempre
han estado en ese grupo (los mismos que Ud. puede imaginar sin problemas) y
catorce que han entrado y salido de él. Pero todos estos últimos están muy
adelante de Chile en este momento, incluyendo algunas naciones árabes, que hace
dos décadas no figuraban y que desde hace unos años son titulares en esta
selección.
La única respuesta posible a esta decadencia es
la vocación para la mediocridad que hemos demostrado. Además, la
autocomplacencia con que nos miramos nos entrega todo tipo de excusas para no
enfrentar los escollos. No nos inquieta el lugar en que aparezcamos, a pesar de
que ser competitivos es garantía de bienestar para todos: preferimos afirmar
que estamos mejor así como somos. Desgraciadamente, la evidencia ha demostrado
la falsedad de este predicamento. Simplemente preferimos eludir los problemas
mientras no aprieten mucho. El resultado es que no estamos más atrás porque no
han aparecido otros que nos desplacen. Hace diez años Indonesia flirteaba con
Argentina y hoy nos pisa los talones; seguramente el próximo año nos
adelantará. La contradicción es que si bien nuestras instituciones nos abren al
mundo, en lo más íntimo preferimos estar encerrados.
Hablar de agenda de productividad ya es un tema
viejo, pero igual no pasa nada. Sin duda que hace falta. Pero el problema va
más allá. Se trata de que la competividad internacional revela capacidad,
creatividad, tenacidad y muchas otras cualidades que solo son tales porque
nacen del alma. Nuestro problema es que añoramos aquellos años de
tercermundistas, cuando competíamos en un estadio vacío y en una pista sin
rivales para celebrar nuestros triunfos morales. No nos preocupa el verdadero
crecimiento espiritual, que es lo que permite levantar la vista hacia el
horizonte. Esto hace que nuestros motores como país estén apagados y nos
hayamos dejado llevar suavemente por el alto precio del cobre: ha sido una
morfina para autoengañarnos. El problema es que cuando llegue la hora de la
cuenta, va a doler.
Blanqueo oscuro,
por Axel Buchheister.
La reforma tributaria aprobada por el Congreso
trae una norma que permite un blanqueo de capitales, que muchos han llamado de
“repatriación de capitales”, pero que no es tal cosa, porque no hay obligación
de trasladar las inversiones a Chile. Se trata únicamente de una obligación de
transparentar -blanquear- para
fines tributarios bienes que se poseen en otras latitudes, que son desconocidos
para la administración tributaria nacional, con la obligación de pagar un
impuesto único de 8% sobre su monto, que sustituye la carga tributaria que se
ha evadido, y de continuar tributando sobre las utilidades futuras que se
produzcan, conforme con la ley chilena. Ello se justificaría con fines de
recaudación tributaria.
Una medida de transparencia, que no obstante
tiene un origen oscuro. Pues nadie sabe por qué ni por iniciativa realmente de
quién se encuentra entre las disposiciones de la Ley próxima a ser promulgada.
Nadie se ha atribuido su paternidad, lo cual es curioso: trabajé durante 13
años en asesoría Legislativa, negociando el detalle de muchos proyectos de Ley,
y siempre me sorprendió la cantidad de padres que tenían las cosas en cuya
génesis y redacción participé. Pero en este blanqueo hay silencio en las filas.
Nadie tampoco ha salido a defenderla en su mérito, sino que más bien se ha
ganado muchos detractores.
Es un hecho conocido que durante años adoptar
un blanqueo de capitales fue una medida que impulsó el Senador Juan Pablo
Letelier. Algo extraño en un Senador socialista, porque cualquiera imaginaría
que más bien ello es propio de políticos de derecha, que se les supone más
proclives a la libre empresa y a los impuestos bajos. No estaba en el programa
del actual Gobierno, ni en el proyecto de Ley original. Cuando éste llegó al
Senado, se creó una mesa de negociación del Gobierno con la Comisión de
Hacienda, que no integra el Senador Letelier, en la que se llegó a un acuerdo,
que se materializó en un “protocolo”. Y ahí apareció el blanqueo como parte del
acuerdo.
La pregunta es quién tuvo el poder, al parecer
condicionado su voto a la reforma y obstruyendo su aprobación, como para
conseguir que se incluyera dicho blanqueo en el protocolo. Y por ende, qué
razones o intereses había para tanta tenacidad, como para poner en jaque la
reforma tributaria, considerada clave por el Gobierno. Este último no aparenta
haber sido el que lo impulsó y en la oposición se advierte que únicamente lo
aceptaron como una condición para obtener un protocolo que, en su concepto,
mejoraba una reforma que era muy mala. En cualquier caso, ninguna de las dos
partes se ha jugado por defenderlo, es sólo un dato más del protocolo.
Sin embargo, en Chile el poder en materia de Leyes
tributarias lo tiene el Gobierno: goza de iniciativa exclusiva en el tema y
nada se puede aprobar sin su aquiescencia. Pesa, entonces, sobre el Ministro de
Hacienda el deber de explicar qué circunstancias influyeron para aprobar un
blanqueo de capitales que no estaba en su agenda. No es posible que en este
país se aprueben Leyes por omisión ni sin explicación.
Retomar el rumbo,
por Juan Andrés Fontaine.
¿Podremos en cuatro años más celebrar fiestas
patrias en un Chile desarrollado? Esa fue la meta que se propuso el Gobierno
del ex Presidente Sebastián Piñera: cruzar el umbral del desarrollo para 2018,
año del bicentenario de la declaración de nuestra independencia. Desde
entonces, mucha agua ha pasado bajo los puentes de la economía y la política.
Pero esa intención y esa motivación son tan válidas ahora como lo fueron cuatro
años atrás.
Por supuesto que no basta con alcanzar el
actual ingreso per cápita de un país como Portugal para ser calificados como
país desarrollado. Por de pronto, el progreso de esa nación está aún muy
distante de países representativos del mundo desarrollado. Más importante aún
es que la renta media de un país puede esconder en su interior una disparidad
muy grande de oportunidades y niveles de vida. Al compararnos con los más
prósperos, se nos vienen a la mente nuestras graves carencias en calidad de
vida, nivel educacional, cultural y de civilidad. Pero, aun reconocidas las limitaciones
del ingreso per cápita como indicador de desarrollo, al poner el acento sobre
el crecimiento de la economía, directa o indirectamente, ayudamos también a
esas otras dimensiones del desarrollo, las que pueden hacer de Chile un país no
solo más rico, sino donde se viva mejor.
Con un crecimiento de la capacidad productiva
semejante al exhibido durante el Gobierno pasado, arribaríamos en el 2018 a un
ingreso per cápita como el del Portugal de hoy. Manteniendo el tranco por otros
diez años superaríamos el nivel actual de España. EE.UU. nos queda más lejos:
necesitaríamos otro cuarto de siglo para lograr su situación actual. Vale la
pena hacer el esfuerzo.
El problema es que de tanto celebrar lo bien
encaminados que estamos, pasamos a creer que las tareas ya están hechas. Y que,
asegurado ya nuestro ascenso a la cumbre, podríamos desatender el crecimiento y
priorizar la igualdad, desempolvando las herramientas para la redistribución
del ingreso de las que tanto uso y abuso hicimos cincuenta años atrás.
Lo que las cifras duras de la economía muestran
es que la tarea no está en absoluto hecha y que, por desatenderla, lo más
probable es que terminemos cosechando solo frustraciones. Prueba de ello es el
recorte que han debido introducir los expertos a la estimación del crecimiento
del PIB potencial desde 4,8% a 4,3%. No es a punta de políticas monetarias o Fiscales
expansivas que retomaremos el ritmo de crecimiento potencial. Hay un enorme
esfuerzo de inversión por hacer en energía, minería e infraestructura, que
requiere no solo de capacidad empresarial, sino sobre todo de voluntad política
para remover obstáculos. Hay un enorme esfuerzo de productividad por abordar,
destrabando los poderosos motores del emprendimiento y la innovación. La agenda
de medidas es conocida y -bemoles de más o de menos- venía siendo implementada
en el Gobierno anterior. Urge retomar el rumbo.
Dilma Rousseff y la "parálisis" de
Brasil,
por Andrés Oppenheimer.
El ex Presidente brasileño Fernando Henrique
Cardoso confirmó en una entrevista algo que muchos de nosotros sospechábamos:
si la oposición gana las elecciones de Brasil del 5 de octubre, tal como lo
indican algunas encuestas, habrá cambios en la política exterior que pueden
afectar a toda Latinoamérica. Cardoso, quien modernizó la mayor economía
latinoamericana durante dos períodos Presidenciales (1995-2003), y que sigue
siendo uno de los políticos más respetados de Brasil, me dijo en una extensa
entrevista que la candidata opositora Marina Silva probablemente no dará un
respaldo incondicional a Venezuela, Argentina y a otros Gobiernos populistas de
izquierda, como lo ha hecho en los últimos años la Presidente Dilma Rousseff.
Según las últimas encuestas, es probable que
ningún candidato gane en la primera vuelta de los comicios. En la segunda
vuelta, programada para el 26 de octubre, Silva, candidata del Partido
Socialista Brasileño, lograría el 47 por ciento de los votos, mientras que
Rousseff, del Gobernante Partido de los Trabajadores, obtendría el 43 por
ciento, según la encuesta Ibope publicada el miércoles.
Cardoso apoya a otro candidato opositor, Aécio
Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña. Pero el ex Presidente
dice que si Neves no llega a la segunda vuelta, él apoyará a Silva.
"Sí, yo creo que sí, que habrá
cambios" si gana Silva, me dijo Cardoso. "La victoria de la oposición
podría significar una especie de ruptura en la política exterior de Brasil,
especialmente respecto a Sudamérica".
Agregó que bajo el gobierno de Rousseff
"hay una parálisis de la política externa de Brasil", porque la
Presidente se ha concentrado en tratar de revitalizar el Mercosur, el deteriorado
Mercado Común del Sur, en lugar de también abocarse a firmar acuerdos de libre
comercio con la Unión Europea, Estados Unidos y Japón.
"El corazón de muchos funcionarios del Gobierno
es, para decirlo en una palabra sencilla, 'bolivariano'. Están con
Chávez", me dijo Cardoso. "Pero en la cabeza no, porque los intereses
de Brasil no coinciden con eso. Entonces, no saben qué hacer. Quedan un tanto
paralizados".
Cardoso, añadió: "La visión prevaleciente
(en el Gobierno) es anticuada, tercermundista, del tiempo de los años sesenta o
setenta. Yo creo que Marina Silva no tiene esa misma visión, tan anticuada.
Ella es más abierta en lo que hace a la cuestión externa".
Si gana Silva , procurará apartarse de las
actuales políticas aislacionistas de Brasil, que se centran en el Mercosur,
dijo Cardoso. Según las actuales regulaciones del Mercosur, que Rousseff apoya,
ningún miembro del grupo puede negociar unilateralmente acuerdos de libre
comercio con terceros.
Además, Brasil haría más por defender la
democracia en la región, agregó Cardoso. "Venezuela fue integrada a
Mercosur sin que hubiera habido ningún esfuerzo del Gobierno de Brasil para que
allá se cumpliera con la cláusula democrática del Mercosur", dijo.
"Yo dudo que, con la oposición en el Gobierno (de Brasil), eso hubiera
ocurrido de ese modo".
Con respecto a Argentina, Cardoso expresó que
"hay una suerte de casi complicidad del Gobierno de Brasil con los
desatinos de Argentina". Dijo que Argentina está pidiendo cada vez más
excepciones a las reglas de libre comercio del Mercosur, y que el Gobierno
argentino ha puesto trabas a las conversaciones de libre comercio entre el
Mercosur y la Unión Europea.
Brasil no está firmando un acuerdo de libre
comercio con Europa "porque nuestros aliados del Mercosur, especialmente
Argentina, no lo aceptan, porque tienen temor a bajar sus aranceles. Entonces,
yo creo que todo esto cambiaría", dijo Cardoso.
Cuando le pregunté por qué confía tanto en que
ganará la oposición, considerando que varias de las últimas encuestas muestran
un empate técnico en la segunda vuelta electoral, Cardoso citó el hecho de que
el partido de Gobierno solo está primero en 3 de los 27 estados, y que Rousseff
tiene una imagen mucho más negativa que Silva.
Mi opinión: La ventaja de la oposición que
muestran algunas encuestas podría disminuir en las próximas tres semanas,
porque Rousseff tendrá mucho más tiempo televisivo que Silva, y porque la
campaña negativa de la Presidente contra Silva podría debilitar el apoyo a la
candidata opositora.
No obstante, hay un 50 por ciento de
posibilidades de una victoria de la oposición, si no más. Si eso ocurre, habría
una gran presión social para sacar a Brasil de su actual parálisis, que está
resultando en un crecimiento prácticamente nulo, proyectado en un 0,3 por
ciento para este año.
Como dice Cardoso, una victoria opositora
resultaría en un menor alineamiento automático con Gobiernos
"tercermundistas", y en un nuevo impulso de insertar a Brasil en la
economía global por medio de acuerdos comerciales con los mayores países
industrializados. Eso ayudaría a Brasil a volver a la senda del crecimiento y
-considerando que Brasil representa más del 60 por ciento del producto bruto
interno de Sudamérica- podría hacer cambiar el rumbo económico de toda la
región.
Derogación de la Ley de Amnistía.
Con motivo de conmemorar el 41º aniversario del
11 de septiembre de 1973, el Gobierno anunció que patrocinará y puso urgencia a
una moción en tramitación desde 2006, que pretende derogar la Ley de Amnistía
de 1978. Se dijo que con ello se buscaba generar un debate nacional y que una
alternativa es anular dicha Ley.
La
derogación de una Ley de amnistía es inconstitucional. En efecto, de acuerdo
con la Constitución, ningún delito puede ser castigado sino en virtud de una Ley
promulgada con anterioridad a su perpetración. Ello consagra un principio
universal de derecho, conforme al cual no se puede dar efecto retroactivo a la Ley
penal. Dado que la doctrina ampliamente aceptada es que la amnistía borra
jurídicamente el carácter de delito del hecho en el caso concreto,
desapareciendo todos sus efectos, derogar la Ley que concede ese perdón determina
que el delito sería castigado como consecuencia de la Ley derogatoria, que
necesariamente es posterior a la perpetración, lo que infringe el mencionado
principio y la Carta Fundamental.
Por otra
parte, el Congreso sólo puede derogar las Leyes vigentes y no puede anularlas,
pues la declaración de nulidad es una potestad jurídica que por definición
compete en forma exclusiva a los Tribunales de Justicia. Asimismo, sólo a ellos
corresponde interpretar las Leyes para los casos particulares y es lo que han
estado haciendo en los últimos años al declarar que la Ley de Amnistía no es
aplicable, por diversas consideraciones. De esta manera, no se comprende qué
objetivo se persigue con su eliminación, si ya no está siendo aplicada.
Reavivar inútilmente debates del pasado no contribuye a la concordia nacional,
ni a crear un ambiente que sea propicio para mirar al futuro y retomar la senda
de crecimiento, lo que el país requiere con urgencia.
Insuficientes modificaciones al Sernac.
Recientemente se ha tratado de instalar la idea
que el Sernac es un “león sin dientes”, es decir, que no tiene las herramientas
para cumplir su misión de defender los intereses de los consumidores. Lo cierto
es que ante las crecientes exigencias sociales, el Sernac es uno de los
catalizadores y mediadores entre compradores de bienes y servicios empoderados
y empresas que ofrecen cada día alternativas más sofisticadas y bien merece que
su labor sea revisada y actualizada cada cierto tiempo. En 2013, el Sernac
recibió cerca de 312.000 reclamos, gran parte de ellos respondidos por los
proveedores, fue parte de 82 mediaciones colectivas que supusieron
compensaciones monetarias por más de $ 4.000 millones y se hizo parte de más de
una decena de juicios colectivos. Las encuestas de percepción también confirman
su importante presencia en la opinión pública: un estudio de percepción
realizado por el propio Servicio mostró que el 82% de la población siente que
el SERNAC protege sus derechos y el 74 % siente que tiene mucha o bastante
protección. El Gobierno de Bachelet envió hace unos meses un proyecto de Ley
que apuntaba a fortalecer al Sernac. Pese a que la idea de mejorar el servicio
fue aplaudida transversalmente, el texto original generó fuertes dudas, entre
otras cosas, porque transformaba al organismo en “Juez y parte” en los
conflictos entre empresas y consumidores. Además, con el afán de dotar “al león
de dientes” el proyecto en cuestión cometía algunos excesos como permitir
ingreso de la fuerza pública sin autorización Judicial en ciertos casos. Hace
unos días, el Ministerio de Economía envió una serie de indicaciones que
mitigan ciertos problemas, y que son sin duda, un avance, sin embargo, quedan
algunos puntos pendientes, especialmente porque se mantiene una fuerte
concentración de las atribuciones del Sernac. Esto atenta contra la
imparcialidad, lo que le da la base de credibilidad y la fuerza de su rol
público y se debe en la tramitación Legislativa poner límites y separaciones
dentro del mismo servicio de manera de bien separar las funciones de
fiscalización, dictación de normas y sanciones. Preocupa, entre otras cosas,
que el proyecto supone “saltarse” los Juzgados de policía local en algunos
casos, los que hoy funcionan como instancia de apelación. Se presume que así se
defiende mejor a los consumidores al evitarle el paso engorroso por otra
institución, sin embargo, habría que repensar si la mejor alternativa es
“evitar” el sistema Judicial en vez de mejorarlo y hacerlo accesible por medio,
por ejemplo, de asesorías Legales. Esto en la lógica que nuestra democracia
presume que la división de poderes es lo que genera los contrapesos necesarios
en una sociedad sana. Dado que el Ejecutivo se ha mostrado abierto a
modificaciones, quizás sería el momento de ser más enérgicos en las reformas.
Hay una serie de propuestas a explorar como un Sernac colegiado, que reduzca el
interés en usar el cargo de director como plataforma política y reemplazarlo
por un ente colegiado que actúe como instancia de reclamación. Pero quizás es
el momento de ir un paso más allá, especialmente en el contexto de un
presupuesto estatal creciente y de mayor demanda de servicios públicos por
parte de la ciudadanía. El Sernac se ha focalizado en las demandas
insatisfechas de las empresas, pero ¿dónde quedan las de los servicios
públicos? Hoy un ciudadano puede recurrir eficientemente al Sernac para zanjar
una disputa con una empresa de retail, de telecomunicaciones o con su banco,
pero no hay aún una institución equivalente para reclamar si su vivienda social
es defectuosa, si su subsidio se pagó con retraso o si lleva meses en una lista
de espera. Debe peregrinar por superintendencias y subsecretarías sin tener una
ventanilla única. Un gran paso para mejorar la eficiencia del gasto público
sería igualar las condiciones de exigencias de cara a los ciudadanos y quizás
ir pensando en ampliar el Sernac a los bienes y servicios en el sentido amplio,
sean provisto por el Estado o los privados.
Exceso de gasto Fiscal y su efecto en la economía.
El incremento del gasto Fiscal para paliar la
desaceleración de la economía es altamente riesgoso, y amenaza socavar aún más
la disciplina Fiscal que fue determinante en el progreso que experimentó la
economía chilena.
Efectivamente, junto con la profunda revisión
institucional orientada a incentivar el esfuerzo y la inversión de privados, el
rediseño de la política Fiscal fue un componente fundamental del nuevo orden
que posibilitó el éxito económico de las tres últimas décadas. Así, al crearse
las AFP, el sector público cedió ingresos previsionales que desde entonces se
capitalizaron en las nuevas instituciones. El Fisco podría haber mantenido su
nivel de gastos, emitiendo deuda para captar los recursos que fluían hacia las
AFP. Pero en vez de aquello redujo su gasto, aumentando paulatinamente el
ahorro Fiscal y con ello el del país, en una magnitud que llegó a ser 6% del
PIB. Ese ahorro Fiscal creó la base de recursos que el sector privado
transformó en el surgimiento de una nueva economía chilena.
Esa economía, con mayor potencial de
crecimiento, posibilitó el empleo, las remuneraciones y la creciente
recaudación Fiscal, que mejoraron a un
nuevo ritmo las condiciones sociales en el país.
El fundamento Fiscal, clave en las políticas
pro crecimiento chilenas, está hoy seriamente debilitado. El gasto Fiscal, que
se mantuvo por largos años en torno al 18% del PIB hasta 2007, creció sobre 23%
del PIB en 2009, para luego revertirse sólo lenta y parcialmente, quedando en
el 21,5% actual (2014), 3,5% del PIB sobre su norma previa. A partir de este
nivel, la reforma tributaria recién aprobada traspasaría otro 3% del PIB a
manos Fiscales, un gran cambio en el potencial de ahorro nacional que llevó al
florecimiento de la economía chilena.
El crecimiento del PIB depende estrechamente de
la fracción de los recursos que el sector privado puede manejar con mayor
eficiencia. Por cierto, otro elemento clave es el nivel educacional de la
fuerza de trabajo, lo que da gran sentido económico a la inversión en educación
y al gasto Fiscal con este propósito. Pero lo que se observa en la economía
chilena no es una tendencia a mayor gasto Fiscal para financiar mejor
educación; la tendencia al mayor gasto es previa y excede el actual interés por
enfatizar educación. Más bien, puede decirse que la pérdida de disciplina Fiscal
en años recientes -directamente, porque absorbe recursos en otras áreas de
gasto, e indirectamente por su efecto negativo sobre el crecimiento- constituye
en sí misma una limitante mayor para las posibilidades de potenciar la
educación en forma sostenible.
La verdadera reactivación de la economía
chilena pasa por restaurar la confianza empresarial en el futuro de la
institucionalidad chilena, por concentrar al Fisco en lo que son sus tareas
esenciales, y por liberar recursos para la actividad privada productiva. Dar
carácter coyuntural a la desaceleración de la economía y aumentar por razones
de reactivación el gasto Fiscal, mientras se limita en forma creciente la
participación privada en la provisión de servicios educacionales, nos adentra
un paso más -eventualmente no reversible- en el territorio menos propicio para
el progreso económico y social sostenido
Enfoques internacionales:
"¿Una dinastía Kirchner?"
En momentos de debilidad política del Gobierno,
la aparición de Máximo ante cuarenta mil seguidores de La Cámpora, el
movimiento juvenil del kirchnerismo, fue vista con malos ojos por la oposición
y con recelo por ciertas facciones oficialistas. Dicen que es improbable que
esté buscando una candidatura, le faltaría carisma y voluntad, pero lo cierto
es que su irrupción en el debate removió la arena política que ya estaba
agitada.
Algunos en el oficialismo no estaban preparados
para que el hijo Presidencial llegara a la primera línea. El Gobernador de
Buenos Aires y principal aspirante del sector, Daniel Scioli, trató de quitarle
importancia al hecho de que hubiera salido a defender el programa de la
familia, diciendo que "le hace honor a su padre" e impulsa "al
futuro el proyecto". Pero lo cierto es que Scioli, que no había sido
advertido con tiempo del discurso de Máximo, a último momento decidió no ir al
acto público, en el que su presencia no estaba contemplada arriba del
escenario.
Que Máximo haya desafiado a los opositores a
"competir con Cristina" en 2015 tenía dos lecturas: una, que se
podría intentar una reforma Constitucional para habilitar a su madre a una
segunda reelección -lo que se descartó tras la derrota en las últimas
elecciones-, y la otra, que confirma que la Presidente no ha ungido aún al
candidato para 2015. Scioli, quien encabeza las preferencias en el oficialismo,
ha sido un tanto díscolo, y Florencio Randazzo, el Ministro de Transporte, va
atrás en las encuestas. Ni siquiera Kicillof -el Ministro de Economía, favorito
de la Mandataria, pero que no cuenta con la confianza de todos los sectores de
La Cámpora- puede sentirse seguro.
Para la oposición, lo de Máximo fue algo así
como una bravata, pero que muestra "el deseo profundo del kirchnerismo de
perpetuarse en el poder", como dijo Mauricio Macri. Parece que fuera el
síntoma de que el oficialismo sabe que la continuidad de su proyecto no está
asegurada, percibe la llegada de un "fin de ciclo", y que tendrá que
ceder paso a otros sectores del justicialismo.
Ahí están a la espera peronistas disidentes
como el Diputado Sergio Massa, ganador de la última jornada electoral, que
simplemente dejaron el redil de la voluntariosa Cristina y vuelan con alas
propias.
Cristina busca respaldo en el Papa y en la ONU.
Respaldada por el discurso de su hijo Máximo, y
tras almorzar (por cuarta vez) con el Papa Francisco, la Presidente Cristina
Fernández se siente con fuerzas para seguir su campaña contra los "fondos
buitre" ahora desde la Asamblea General de la ONU.
En su discurso de mañana, se espera que lance
una dura crítica a EE.UU. por no apoyar un cambio al sistema de renegociación
de las deudas soberanas. Ya la semana pasada demostró estar dispuesta a
enemistarse con Washington, en la impasse con su encargado de negocios. No es
que la Casa Blanca esté en desacuerdo con que las reestructuraciones debieran
quedar a firme, pero cree que la ONU "no es el marco adecuado".
Es evidente que Cristina busca en el exterior
una validación interna a su gestión. Pero las cifras no la ayudan a desmentir
que el país está viviendo un frenazo, y que la responsabilidad es del Gobierno.
La estimación de crecimiento para 2014 cayó del 6,2% al 0,5%. Mientras la
inflación oficial es de 21,3%, las consultoras independientes la cifran en 40%.
El dólar blue (paralelo) superó los 15 pesos, siete más que el oficial. La
respuesta del Gobierno a la inflación ha sido una nueva Ley para intervenir los
precios y sancionar sus aumentos injustificados o las "ganancias
abusivas".
El Gobierno busca responsables ajenos para
todos los males. Conspiraciones de todo tipo. A la "explosión social"
que prepararía la oposición y los sindicalistas, la Presidente sumó la semana
pasada un complot de cinco puntos de los "fondos buitre" y del mismo
EE.UU., para "esmerilar y gastar la figura de la Presidente",
desestabilizar la economía e impedir el crédito externo. La estrategia
incluiría la "compra" de periodistas para atacar al Gobierno.
Más le valdría a Cristina buscar soluciones a
los problemas reales y superar la paranoia que le produce el hecho de que los
argentinos se decepcionaron de su fracasado modelo económico.
Nuevo Ministro para reactivar economía peruana.
Víctima de la desaceleración de la economía
peruana, pero también de su fallida Ley de pensiones, salió del Gabinete el Ministro
de Economía, Luis Miguel Castilla, el hombre que les había dado garantías a los
peruanos de que el Gobierno de Ollanta Humala no tomaría el rumbo de los
populismos bolivarianos.
Castilla fue el artífice de una Ley que
obligaba a los trabajadores independientes a cotizar para sus pensiones, la
cual acaba de ser derogada. Una filial de la AFP Habitat ganó la licitación
para esas cotizaciones.
Además, Castilla fue criticado por no adoptar
medidas urgentes para paliar los efectos de la desaceleración. En el
Legislativo ya hay un paquete de medidas reactivadoras que esperan su
aprobación, y Humala anunció otros proyectos. Para dinamizar la economía, el
nuevo Ministro debe lograr que el fragmentado Congreso -donde hay diez grupos Parlamentarios
y el Gobierno no tiene mayoría- pase al fin las Leyes.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
