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La imagen más importante de los últimos días es
la del Papa Francisco celebrando el matrimonio de 20 parejas, entre las que había
convivientes y una pareja conformada por una madre soltera y un divorciado,
demostrando la apertura del Pontífice argentino y la importancia que le da a la familia.
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¿Y dónde está la eficiencia?
Por Eugenio Guzmán.
Existen pocas dudas de que la Reforma
Tributaria seguirá los trámites normales para su final promulgación y
ciertamente todos los actores que han intervenido empujarán en la dirección de
celebrar el acuerdo. Esto dará por cerrado el tema, el Gobierno lo traducirá en
triunfo y se archivará hasta el próximo round político.
Ahora bien, un hecho en el que poco se repara
es sobre la eficiencia del Estado y, en particular, de los nuevos recursos con
que contará el país. En buenas cuentas el péndulo hoy se ha movido hacia la
izquierda reviviendo tradicionales visiones que ponen el énfasis en el carácter
protector y equitativo del Estado. Y para fortalecer la metáfora del Estado
protector, se ha recurrido a una suerte de crítica satanizadora del mercado,
construyendo una imagen desvirtuada del mismo.
Se argumenta que los recursos de la reforma
tendrían un uso que la justificaría a priori. No obstante, aquí no debemos
engañarnos, no existe ninguna razón suficiente ni necesaria a priori para
suponer que los recursos serán mejor usados. Es muy simple: el Estado no es una
entidad abstracta carente de sesgos, eso es política romántica. Si bien la Legislación
podríamos decir que se ordena al bien común, no toda ella lo hace ni tampoco
los que la aplican. De hecho puede existir, y existen, Leyes que claramente no
cumplen ese propósito, no porque protejan un interés específico, sino porque
pueden ser ineficientes, por ejemplo, cuando se afecta, e incluso hipoteca, el
bienestar de las generaciones por venir.
La fuerza de este movimiento pendular hacia la
izquierda ha hecho prácticamente invisible el debate respecto de la eficiencia
del Estado. Por ejemplo, más que analizar la eficiencia del sistema público de
salud la discusión se ha centrado en las Isapres, en la idea de traspasar el 7%
de las cotizaciones privadas a un fondo único, como si esta nueva forma de
impuesto sería la solución del problema.
Por último, no deja de ser sorprendente la
falta de información sobre la estructura de costos y eficiencia de la empresa
más grande del Estado, Codelco, y que se use como argumento el que es una empresa
que genera ingresos al Fisco, en circunstancia que el tema no es ese, sino que
si podría generar aún más ingresos.
En fin, este cambio pendular no es menor,
puesto que impide un escrutinio al Estado y sus órganos. Un Estado no es más
eficiente porque cuente con más recursos, es un mito suponerlo.
Una cuestión fundamental del desarrollo es
contar con un Estado en forma, y ello supone el escrutinio de lo que en él se
ejecuta.
La desaceleración se acentúa
por Hernán Büchi B.
Las cifras conocidas en los últimos días
corroboran que Chile entró en una profunda desaceleración económica. El Imacec
de julio es el más bajo desde marzo de 2010, cifra afectada por el terremoto
del 27-F. El crecimiento a julio utilizando dicha serie bordea un magro 2%.
Los datos recientes de cuentas nacionales con
cifras para el primer semestre muestran un valor también cercano a dicha cifra,
al compararse con el año anterior y un crecimiento menor al 1% en la serie
desestacionalizada trimestre a trimestre. La demanda interna refleja caídas
tanto en doce meses como en la serie desestacionalizada trimestral por tres
trimestres consecutivos.
En el IPoM de septiembre el Banco Central
vuelve a rebajar su estimación de crecimiento para el año a un valor de 1,75 a
2,5% cuando en marzo pronosticaba entre un 3 y 4%. En medio de esta
desaceleración la tasa de inflación sigue elevada, alcanzando a agosto un 4,5%
en doce meses y proyecta un 4,1% a diciembre. Más allá de los datos
coyunturales el Central realiza una nueva estimación de la tendencia de
crecimiento de largo plazo, rebajándola en 0,5% dando un nuevo rango de 4% a
4,5%
A pesar de estas cifras y su aparente falta de
relevancia para el ciudadano común que probablemente no las conoce, tienen una importancia
dramática para la vida diaria. A poco andar se reflejarán en sus opciones de
empleo y de ingreso. A modo de ejemplo, las cifras de desempleo en la
construcción alcanzan ya 10,4%, la más alta desde 2010.
El Gobierno plantea que esta desaceleración no
es atribuible a sus decisiones, sino que es un proceso que venía ocurriendo
desde 2013 y que afecta también a otros países. Más aún, la Presidente nos
informó que lo intuían desde antes de asumir. Si así era, su Gobierno está
equivocado en creer que las propuestas electorales y su posterior concreción no
están teniendo impacto. Si tenía clara la fragilidad de la economía, arriesgó
mucho con propuestas radicales de cambio.
Es efectivo que factores del pasado están
afectando la evolución de hoy. El ciclo expansivo iniciado con la recuperación
del 27-F debía moderarse. El precio del cobre menos espectacular y las
dificultades para desarrollar proyectos tienen un efecto. Pero el Gobierno
podía cambiar esa realidad incluso antes de asumir a través de propuestas que
lo corrigieran. Con políticas adecuadas debiera expresarse en plenitud el hecho
de que Chile cuenta con buenos recursos cupreros y de infraestructura.
Pero sus propuestas, como la tributaria próxima
a publicarse, son negativas para la inversión, el empleo y el ahorro. El
Gobierno hace alarde de que, con las modificaciones acordadas, su proyecto -que
tenía serios problemas de diseño y operativos- otorgará certezas que debieran
afectar positivamente las expectativas. No es posible coincidir con ello. La
certeza que hoy existe es que, tributariamente, Chile pasó de ser un país bueno
para invertir a uno de los más gravosos y riesgosos en términos de certeza
jurídica en este aspecto. Dada su lejanía y lo pequeño de su economía, ello
será un lastre permanente y será considerado por los empresarios en sus
decisiones diarias. El impacto se sentirá hoy y en el futuro.
Simultáneamente a la tributaria, el Gobierno
lanzó su reforma educacional. Se argumenta que las intenciones de mejorar la
formación de capital humano influirán a la larga en el progreso y con ello
serán un golpe favorable a las expectativas. Desafortunadamente los cambios en
educación tienen efectos en la siguiente generación.
El menor dinamismo por las dificultades para
invertir y ahorrar lo sentiremos antes, y el círculo vicioso de estancamiento
hará utopía las promesas de mejor educación. Pero la situación se agrava porque
las propuestas están dirigidas a aplacar ideologías alejadas de la realidad y
garantizan que la educación empeorará.
Mejorar la formación de las nuevas generaciones
requiere una discusión calmada y para la cual no hay soluciones simples.
Dificultar la libre elección, el aporte de los padres o Estatizar escuelas no
ayuda. Más aún, es un hecho probado que una vez alcanzada la cobertura
universal, el solo aumento del gasto no genera beneficios. Un estudio reciente
en EE.UU. revela que un aumento a más del doble en el gasto por alumno
corregido por inflación no ha ido acompañado por mejoras en rendimiento, sino
que estos se han deteriorado.
Por la senda que vamos, publicadas las Leyes,
tendremos claro que nuestro futuro educacional es aún más dudoso e incierto.
Difícilmente generará un incentivo para aportar al país.
No debiera extrañar al Gobierno que con la
serie de cambios propuestos aún pendientes -incluso Constitucionales- la
ciudadanía espere que suceda lo mismo. ¡Las dudas darán paso a la convicción de
que hemos dado un gran paso atrás!. El efecto en el mediano plazo será menor
progreso -que tal vez al Gobierno no le importe, pues habrá concluido su
gestión-, pero también tendrá como consecuencia que la desaceleración será más
larga y pronunciada, y quizá tenga cara de recesión. Como tantas visiones de
los 60 que reflotan hoy en el país, quienes plantean que no importa sacrificar
el progreso con tal de distribuirlo parecen estar imponiendo su agenda. Si lo
logran, el resultado será el mismo que antes, un país más pobre y desigual.
Distraer y empatar,
por Axel Buchheister.
Se dice que el último atentando en un centro
comercial junto a una estación del Metro fijó “un antes y un después”. Lo que
no se quiso ver antes, ahora se ve: hay terrorismo. Cierto que para la
ciudadanía, pero no está claro que para la Nueva Mayoría.
Sin duda que el hecho le está trayendo otro
dolor de cabeza al Gobierno y le puede significar un costo político. Ya se verá
en la siguiente encuesta. Por eso, los que siempre se negaron a castigar a los
encapuchados (así se inician los violentistas) y han presentado iniciativas
para derogar la Ley Antiterrorista, de pronto la invocan y hacen llamados a la
unidad, a tratar el asunto como tema de Estado y a no sacar provecho político.
Pero simultáneamente despliegan la receta de siempre, en la que son maestros: distraer
y empatar.
Quien se lleva las palmas en eso es el Senador
Jaime Quintana (PPD). En Chile, todos creíamos -salvo hasta ahora algunos Jueces-
que eran grupos de izquierda anarquista (derecha y anarquismo son nociones
incompatibles) que hace años vendrían operando impunemente. Incluso, lo creen
en España, a juzgar por las acusaciones que ha formulado un Juez a chilenos
inocentes. Pero no, según el Senador no cabe descartar que sean ex agentes de
la dictadura que se estén reactivando. Incluso, un medio de prensa electrónico
bien informado nos confidencia que no hizo más que sincerar una hipótesis que
maneja el propio Gobierno. Notables y habilidosos estos agentes, que se han
podido mantener dormidos por casi 25 años sin que nadie lo notara, con su organización
intacta y sin recibir sueldo. En cualquier caso, ello pone de manifiesto la
incapacidad de la Concertación, que en los casi 20 años de gestión suya en ese
lapso fueron incapaces de detectarlos.
Y también el Gobierno sabe cómo hacerlo.
Siempre se puede echar mano del aniversario del “Once”. Antes se conmemoraba
oficialmente cada 10 o cinco años, pero ahora es anual. No pueden ser menos que
el Gobierno anterior. Así se crea un ambiente propicio para el anuncio
distractivo: hay que derogar la Ley de Amnistía. Urgencia para su tramitación
en el Congreso. Una Ley (media Ley en realidad, porque la izquierda se
benefició ampliamente de ella) que de facto no se aplica ya hace años (a la
otra mitad). Entonces, la gran urgencia del país es derogarla y hacia allá hay
que encauzar el debate.
La pregunta habitual: ¿En qué va a terminar
todo esto? Con las Leyes de amnistía y antiterrorista derogadas, o al menos,
con esta última bien “aguachenta”. Como persona políticamente correcta, pensará
usted que ese pronóstico es extremista, pero al menos reconozca una cosa: de
aquí en adelante evitará o al menos se alejará lo más rápido posible del Metro
y los cajeros automáticos, porque sabe muy bien que en Chile los malos no la
pagan y seguirán poniendo bombas; y que al final es muy difícil que los
culpables terminen en la cárcel, porque si los pillan, aparecerán los mismos de
siempre a justificarlos y defenderlos. Eso, porque sus derechos humanos
importan poco y sus impuestos menos, pues la equidad manda que los pague y no
reclame.
Cambios estructurales
por Mariana Aylwin O.
El programa de la Nueva Mayoría comprometió
"cambios estructurales", no cualquier cambio. Ello significa
establecer nuevas reglas del juego que, en esta etapa, abordarán lo tributario,
la educación y la Constitución. La promesa es que, con ellas, Chile transitará
desde el sistema "neoliberal" basado en el consumo hacia una sociedad
de derechos, logrando así derrotar la desigualdad.
La Presidente Michelle Bachelet y dirigentes
del conglomerado han argumentado que es natural que estos cambios generen
resistencias e incertidumbres: resistencia de quienes defienden sus
privilegios, incertidumbre de los sectores emergentes de la sociedad que temen
un retroceso en sus condiciones de vida aún precarias. También han comparado
los desafíos del actual Gobierno con los que enfrentaron Frei Montalva y
Salvador Allende.
Nuestra historia nos enseña que los cambios
estructurales pueden implementarse de distinta manera. Los impulsados entre
1964 y 1973 respondieron a un país y a un mundo muy diferentes, con niveles de
pobreza y desigualdad extremos, expresados en analfabetismo y mortalidad
infantil, marginación de grandes sectores de la sociedad, dependencia extranjera,
Guerra Fría. Durante el Gobierno de Frei las reformas fueron profundamente
estudiadas, pero aprobadas por una mayoría circunstancial que no logró acuerdos
más allá del partido Gobernante. Por su parte, las reformas de la Unidad Popular
fueron impulsadas por un Gobierno de minoría, que tampoco logró construir
acuerdos y terminó sobrepasado por una política de hechos consumados de los
grupos más extremos. Por último, las transformaciones estructurales de la
dictadura fueron impuestas y sin un diálogo democrático, lo cual dos décadas
después sigue pasando la cuenta de legitimidad ciudadana.
En la mentalidad que se ha impuesto en el
discurso público, pareciera que desde entonces no hubo más "cambios
estructurales". Lo cierto es que se trata de una falacia. ¿Puede haber un
cambio estructural mayor que pasar de la dictadura a la democracia? ¿O pasar de
una educación para una élite a una educación masiva? El pueblo chileno, después
de los traumas de dos décadas de divisiones y violencia, eligió
mayoritariamente el camino de las transformaciones graduales y respetando la
institucionalidad democrática. Chile fue capaz, desde entonces, de construir
una sociedad de derechos individuales y sociales como no habíamos conocido
antes. Ni el sistema de salud, ni el de educación, ni la Constitución, ni el
sistema de justicia, ni el Código Civil, ni el rol del Estado son los mismos de
hace 20 años. Todos estos cambios han transformado a la sociedad chilena como
nunca antes.
La historia del Chile contemporáneo nos muestra
que se logra avanzar más cuando los cambios estructurales se implementan sin
tanta estridencia pero con gradualidad y acuerdos. Siempre se requieren nuevos
cambios, las reformas de hoy son necesarias. Pero hay una suerte de despotismo
ilustrado en querer reescribir las reglas del juego en una hoja en blanco. Los
pueblos tienen historia, costumbres, valores, realidades que no son llegar y
cambiar a la pinta del Gobierno de turno. Si no, mire para atrás.
Inversiones chilenas en el exterior.
La reciente inauguración de la planta de
celulosa Montes del Plata en Uruguay, una inversión conjunta entre la compañía
chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora-Enso, constituye un ejemplo que
ilustra el dinamismo con que las empresas chilenas incursionan en el exterior.
Dicha planta contempló una inversión de casi US$ 2.500 millones, la inversión
más grande de la historia de Uruguay, y contribuye al prestigio que ha
alcanzado el impulso emprendedor chileno en los círculos internacionales.
La primera ronda de inversiones chilenas en
Latinoamérica durante la década de 1980 estuvo motivada por la expansión de la
economía de mercado en la región, en lo que Chile era un líder. Muchas de ellas
se dirigieron a Argentina, aunque tuvieron resultados dispares. Posteriormente,
en las décadas siguientes, el exitoso crecimiento de las empresas nacionales
más grandes hizo necesaria la ampliación de sus mercados hacia otros países,
con instalaciones e inversiones en ellos, pues de otra forma ese crecimiento se
vería amenazado. En algunos casos ellas se hicieron con socios locales, en
otros con socios extranjeros, como el caso de Montes del Plata, y, en algunos
solos. Es así como las empresas de retail, de servicios médicos, de
distribución de combustible, de celulosa, de servicios informáticos y
farmacéuticos, de transporte aéreo y constructoras, salieron del país y
expandieron sus operaciones, transformándose en verdaderas empresas regionales,
y, en algunos casos, globales.
En momentos en que la inversión en el país ha
perdido dinamismo, tanto porque la economía doméstica ha perdido fuerza como
porque el entorno político-económico del país se ha vuelto menos atractivo para
invertir, el hecho de que las compañías chilenas continúen invirtiendo en el
exterior es una señal de que el espíritu emprendedor sigue vigente, y que, como
es natural, este se despliega donde encuentra las mejores oportunidades. La
madurez del sector emprendedor nacional, la exposición que ha tenido a diversas
coyunturas positivas y negativas en los últimos 30 años, y la sofisticación del
mercado financiero nacional e internacional al que está en condiciones de
acceder, le confieren los elementos necesarios para incursionar con inversiones
cuantiosas en otros países, de la misma manera en que lo pueden hacer en Chile.
Los inversionistas nacionales se comportan, al
respecto, como cualquier otro inversionista internacional, y utilizan las
mismas mejores prácticas para tener éxito en su esfuerzo. Se trata de un activo
que el país ha desarrollado junto con su desarrollo institucional, y ahora debe
procurar que no se desvalorice.
La reforma “latente”: Agenda laboral de consenso.
Se está instalando la idea de que con el cierre
de la reforma tributaria se frenará la incertidumbre que explicaría una parte
relevante de la actual desaceleración de la economía. Sin duda, para las
empresas el saber el detalle del cambio impositivo supondrá al menos un nuevo
escenario sobre el cual analizar sus inversiones, pero parece excesivamente
simplista pensar que tras eso se cierra el capítulo de dudas que ha generado la
agenda de reformas del actual Gobierno.
La latente reforma laboral, que el Gobierno ha
anunciado enviará el cuarto trimestre de este año, se asoma como el reemplazo
de la reforma tributaria en la agenda, con el agravante de que hay aún menos
detalles sobre qué contendría la agenda que se tiene pensado llevar al Congreso
y que convivirá con las tensiones de la reforma educacional y el anuncio de los
cambios en los sistemas de AFP e isapres, ambos con comisiones en fase final y
las exigencias de una nueva Constitución de parte de ciertos sectores que
consideran inadecuado atrasar dicho debate. En este escenario de múltiples
cambios que repercuten de una u otra manera en la actividad empresarial, lo más
probable es que la incertidumbre se empeore o al menos se mantenga.
Es por eso que la reforma laboral es una gran
oportunidad de reconstruir confianzas para la inversión, pero siempre en el
entendido de que se realice de manera de no cometer los mismos errores que en
los proyectos tributarios y educacionales que se presentaron al Congreso. La
CPC-CUT consensuó una propuesta general sobre mejoras a la negociación
colectiva (que fortalece los sindicatos, su conocimiento y materias que puede
abordar, entre otras cosas). La CUT tiene una agenda propia bastante más
radical, que ha estado planteando en mesas de trabajo con el Ministerio del
ramo y que incluye titularidad sindical y propiedad de los beneficios otorgados
por los sindicatos, simplificación de la negociación colectiva y derecho a
huelga “efectivo”, entre otros. Por otro lado, desde el sector privado piden
mejorar algunos puntos de la actual Legislación laboral, como la rigidez de las
indemnizaciones, de manera de poder adaptar mejor el mercado laboral en
escenarios complejos como el actual. A todo esto, se suma la necesidad de
perfeccionar los programas de capacitación a cargo del Estado, tema en que ya
se han anunciado avances para cumplir con la meta del programa de Bachelet de
capacitar a 300.000 mujeres y 150.000 jóvenes (20 mil de ellos con
discapacidad) durante el período 2014-2018.
Como se puede ver, es un tema amplio, con
agendas paralelas y propuestas complejas políticamente (por el momento, las más
álgidas son el fin del reemplazo en una huelga y titularidad sindical), donde
los consensos pueden ser difíciles de lograr. Sin embargo, el escenario de
desaceleración y el común diagnóstico de que la inversión debe ser resguardada,
hace pensar que hay un marco que fuerza a moderar las posiciones extremas y a
dialogar en torno a cómo instaurar en Chile una regulación laboral que a la vez
dé garantías a los empleados y sea compatible con la necesidad de productividad
de la economía. Sólo una propuesta que venga con respaldo de todos los sectores
sería un aporte para el escenario actual; de lo contrario, la reforma laboral
podría ser un golpe más a la incertidumbre que daña la inversión.
Perfeccionar la rendición de cuentas.
En un seminario internacional organizado por la
Contraloría se analizó la importancia para la democracia y la ciudadanía de la
rendición de cuentas en América Latina, como parte de diversas iniciativas para
fortalecer el control institucional en la región. Ella tiene importancia
determinante para "aquellas sociedades que han hecho de la democracia su
forma de vida", planteó su titular, Ramiro Mendoza. Esto, porque sin
transparencia y control efectivos las instituciones se deslegitiman en la percepción
de la ciudadanía. Esta quiere saber cómo los entes públicos rinden cuenta de
los recursos que los financian -con los impuestos de todos- y los resultados
reales de su gestión.
Mendoza y otros participantes destacaron los
progresos alcanzados en esta materia en las últimas décadas, entre los que
sobresalen la Ley de Transparencia de 2008 y la modificación de 2011 a la Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que
efectivamente exige ahora a los órganos de esta una cuenta pública y
participativa de la gestión de sus "políticas, planes, programas, acciones
y de su ejecución presupuestaria". No obstante, como lo advirtió el Contralor
ya en 2012, si bien rigen no menos de 23 Leyes relativas a transparencia, ellas
tienen diferentes criterios y exigencias, lo cual exige una homologación hoy
pendiente. Y también advirtió entonces la necesidad de que se extirpen de esas
normas las "trampas" que permiten cumplir solo nominalmente con
obligaciones de transparencia. Dos años más tarde, el Contralor destaca avances
valiosos y prevé metas próximas en transparencia y control institucional de los
organismos públicos, pero reitera el riesgo de derivar en lo que llamó un
"gatopardismo" de cuentas formales de ejecución presupuestaria, sin
voluntad de explicitar la calidad de la gestión, la relación con los recursos
aplicados y el beneficio de las respectivas políticas. Esto debe evitarse,
pues, a su juicio, "hoy hay desconfianza del Estado y los privados".
La sociedad no distingue, y "si no recuperamos la confianza en lo público,
tampoco se restablecerá en el ámbito de los privados".
El diagnóstico del Contralor fue compartido por
otros participantes. La Subsecretaria General de la Presidencia, por ejemplo,
expresó que "hoy los Gobiernos se evalúan por su Gobernabilidad, el grado
de participación y su rendición de cuentas. (...) Tenemos paredes de vidrio y
la ciudadanía ahora no solo está interesada en el qué y el cómo, sino también
en el porqué", observó. Y otro expositor planteó, como una vía para nuevos
progresos, la de perfeccionar esa cuenta anual de los principales órganos
públicos. Por su naturaleza misma ella no puede sino ser muy general y aún
tiene no poco de ritual lejano al ciudadano común. Este necesita saber, por
ejemplo, por qué en el hospital público de determinada localidad las
ambulancias están subutilizadas, pero no disponibles cuando un miembro de la
comunidad las requiere. Si ese ciudadano pudiera exigir una cuenta rápida a la
jefatura responsable, eventualmente podrían corregirse no pocas anomalías. Esa
rendición de cuentas también en la base, en el nivel de las autoridades y
jefaturas más inmediatas a la vida cotidiana, reclamable y realmente recibida
por cualquier chileno que la demande, es la que debe impulsarse ahora, hasta que
sea en Chile la regla general.
La estrategia de Obama contra el yihadismo.
El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
anunció el miércoles pasado su plan contra el grupo yihadista Estado Islámico
(EI), cuyo acelerado avance en Medio Oriente tomó por sorpresa a la Casa Blanca
y está poniendo en riesgo la estabilidad de toda la región. El mandatario
anunció que su objetivo es “degradar y finalmente destruir a EI” y atacarlo
donde sea que se esconda, dejando abierta así la posibilidad de bombardear
posiciones yihadistas en Siria. Insistió que se trata sólo de ataques aéreos,
descartando el envío de tropas terrestres a la zona, como ya lo había señalado
a principios de agosto, cuando inició los ataques contra el EI en Irak.
El mensaje era probablemente uno de los más
relevantes de su administración, porque se produjo después de varias semanas en
que la actitud del mandatario para hacer frente a las varias crisis
internaciones -tanto en Medio Oriente como en Europa, con la situación de
Ucrania- había sido vacilante, desatado una ola de críticas. Los
cuestionamientos se intensificaron hace poco más de dos semanas -luego del
asesinato del primero de dos periodistas estadounidenses ejecutados por los
yihadistas-, cuando aseguró que “aún no tenía una estrategia para combatir al
EI en Siria”.
Las críticas a Obama provinieron tanto de su propio
partido como de la oposición republicana.
La Senador demócrata Dianne Feinstein calificó, por ejemplo, de
excesivamente “cauteloso” al mandatario, mientras que su ex rival en las
elecciones Presidenciales de 2008, el Senador republicano John McCain, aseguró
que “parece que el Presidente no percibe la realidad como es o ésta lo abruma”.
Incluso, la ex Secretaria de Estado de la actual administración, Hillary
Clinton, cuestionó el exceso de prudencia de Obama en Siria que permitió el
avance de EI.
Todo ello forzó a Obama a tomar la iniciativa.
Después de todo, el avance del Estado Islámico en Irak y Siria, como la crisis
en Libia, que tiene a ese país sumido en un virtual estado de anarquía, o
incluso la situación en Ucrania, obligaban a una actitud más decidida de parte
del Gobernante. Sin embargo, el mandatario dejó abiertas muchas dudas tras su
discurso, tanto sobre los detalles concretos de la acción como sobre su
verdadero compromiso para combatir a ese grupo. Por ejemplo, aún no está clara
la duración de la ofensiva -que seguramente quedará como un legado a su
sucesor-, ni el costo o el real grado de participación de los países que
integran la coalición. El mandatario agregó que la estrategia elegida se ha
seguido exitosamente en Somalia y Yemen, dos países que a la luz de la realidad
dicho optimismo resulta cuestionable.
La gravedad de la situación actual no da
espacio a la improvisación y obliga a una acción clara y decidida de Occidente.
Por ello, es importante despejar lo antes posible las dudas y aclarar también
el rol que tendrán los demás países que participarán, pues el tiempo apremia.
Alemania, por ejemplo, sorpresivamente ha señalado que no participará de la
coalición. En ese sentido, será importante la comparecencia de Obama ante el Consejo
de Seguridad de la ONU. Para que la estrategia elegida tenga éxito se requiere
de una absoluta convicción de quién será el responsable de liderarla. El paso
que ha dado Obama es importante, pero corre el riesgo de diluirse si acaso esta
acción no implica una respuesta integral de los aliados, que no se limite
únicamente a una respuesta militar, que aunque necesaria, puede ser
insuficiente para estabilizar a una zona altamente estratégica.
Enfoques Internacionales: ¿Ser o no ser británico?.
Es difícil imaginar a Gran Bretaña sin Escocia,
y eso ha hecho que el lema "Queremos que se queden" sea una súplica a
los 4,2 millones de escoceses residentes que pueden votar el 18 de septiembre.
Las encuestas han dado un resultado favorable al "No", es decir, a
mantener la unión, pero bastó que un sondeo diera dos puntos más al
"Sí" para que las alarmas se encendieran y se dejaran de lado los
mensajes negativos, centrados en los peligros del quiebre.
En Escocia los conservadores no son bien
recibidos. Pero eso no disuadió al Premier David Cameron de partir al norte a
convencer a los indecisos. Para Cameron, quien negoció con el líder
independentista la realización de este referéndum hace dos años, una derrota
puede ser fatal para sus aspiraciones de ser reelegido en mayo próximo, e
incluso podría costarle el cargo antes, si hay una revuelta interna en su
partido. Para Gran Bretaña, que Escocia se independice sería el fracaso de un
proyecto construido durante 300 años, en el que cada parte ha mantenido su
identidad dentro de una patria mayor, reconocida como una de las potencias
mundiales.
Sin Escocia, hay más probabilidades de que si
se hace un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea, gane la opción
del retiro. Los escoceses compensan el euroescepticismo inglés.
Todo vale para que se queden. A las atribuciones
políticas que ya tienen, un Parlamento propio, con un sistema educacional y Legal
separado, ahora, conservadores, laboristas y socialdemócratas ofrecen mayores
poderes que se plasmarían en una Ley antes de enero. El artífice del plan es el
ex Premier laborista Gordon Brown, quien como escocés tiene gran legitimidad y
mayor opción de éxito frente a audiencias cada vez más escépticas. Sería,
dicen, una suerte de sistema Federal, en el cual Escocia tendría competencias Fiscales
y en el manejo de los servicios públicos. Un "soborno de último
minuto", dijeron los independentistas.
La triste historia del desastre de Darién.
Escocia está vinculada a Inglaterra desde el
Acta de Unión de 1707, firmada en un momento de gran debilidad económica, tras
el fracasado intento escocés de formar un imperio. En 1695, empresarios
escoceses formaron una compañía de comercio con la que quisieron emular a la
East India Company inglesa para negociar con las colonias. El asunto es que no
tenían colonias, y para remediarlo ocuparon una zona del Golfo de Darién, en
Panamá, lugar estratégico para el comercio con el Lejano Oriente. Ahí
levantaron un asentamiento que en menos de cinco años estaba totalmente
desmantelado, dándose por fracasadas las dos expediciones que llevaron a unos
2.600 colonos, de los cuales sobrevivieron unos pocos cientos.
Ni España, que reclamaba las tierras, ni la
imperial Inglaterra tenían interés en que floreciera esta empresa. Las
condiciones climáticas, las enfermedades y el fracaso en conseguir negocios
terminaron en lo que se conoce como el "Desastre de Darién". Escocia
y sus nobles, comerciantes y gente común habían invertido toda su fortuna en el
sueño de un imperio colonial, y muchos resienten hasta ahora el que esa
desafortunada empresa obligara a Escocia a firmar el Acta, que los salvó de la
bancarrota, pero les quitó la independencia.
Las aristas que causan inquietud.
Hay muchas aristas de una eventual
independencia escocesa que causan inquietud. Van de lo más simple -¿habrá
control fronterizo?- hasta asuntos delicados: una unión monetaria, cómo dividir
la deuda y las reservas petroleras (84% en aguas escocesas), o la incorporación
del nuevo Estado a la Unión Europea y la OTAN, dos membresías que no serían
automáticas.
La cuestión de la moneda es quizás la más
compleja. Londres ya dijo que en ningún caso aceptaría una unión monetaria, y
el Banco de Inglaterra señaló que esta sería imposible sin tener una política
común y los mismos criterios regulatorios y Fiscales. Para ello, una Escocia
independiente debería ceder soberanía, y nadie piensa que estaría dispuesta a
hacerlo. Según el Gobernador del banco inglés, si "esterliniza"
unilateralmente, Escocia necesitaría unas reservas de más de 20 mil millones de
libras esterlinas (unos US$ 32.000 millones) para mantener la estabilidad
financiera, porque ya no contará con esa entidad como prestamista de último
recurso.
"Integración Fiscal e integración bancaria
son elementos esenciales en una zona monetaria óptima", señaló Paul
Krugman, en una columna muy crítica de la independencia. Y mientras no ingrese
a la UE y cumpla los criterios exigidos, tampoco podría usar el euro.
Los independentistas, en cambio, están
optimistas. Calculan ingentes ingresos por impuestos al petróleo, y concluyen
que estarían mucho mejor solos. Si se hace realidad su aspiración, dicen,
podrían financiar la construcción de "un país más próspero y justo",
aprovechando el altísimo ingreso per cápita que tendrían: US$ 45 mil. No
consideran, al parecer, el costo de crear, y mantener, todas las instituciones
necesarias para un Estado, que hoy corren por cuenta de Londres. Con votantes
que parten desde los 16 años, prometieron trabajos para que los jóvenes no
emigren.
Para muchos, el verdadero desafío de Escocia no
es Gobernarse a sí misma sino globalizar su economía, que se quedó atrás en la
competencia con Asia.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
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Recuerde que es obligatorio izar la bandera de
Chile el 17 y 18 de septiembre, para evitar sanciones hágalo bien: o la iza en
un hasta blanca o al ponerla en una ventana o balcón debe hacerlo con el campo
azul para arriba ya la izquierda del espectador. Muy felices fiestas Patrias.
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