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martes, 9 de septiembre de 2014

Argumentos para confrontar al Chile imaginario de Bachelet...







No era incombustible
por Axel Buchheister.


Si bien todas las encuestas venían reflejando hace un tiempo un deterioro en el apoyo al Gobierno y sus principales reformas, las más recientes han dado cuenta también de un impacto en la imagen de la Presidente. El reciente sondeo de Adimark lo reflejó con claridad: su aprobación está en 49% -bajo la barrera sicológica del 50%- y la desaprobación alcanza el 41%. No es que las cosas estén tan mal, sino que ya no son lo que fueron.


La novedad es que han quedado desmentidas las tesis de que Michelle Bachelet es de teflón o incombustible, o sea, que tiene una relación especial con la gente y que nunca se le pasaría la cuenta por nada. Que serían otros, los Ministros, o por último “el Gobierno”, los que tendrían que pagarla. Algo de eso hubo, sin duda, puesto que la curva descendente no ha sido igual, pero la alcanzó. Porque en definitiva, si hay lógica en el fútbol, también existe en la política, pues no es posible que si la ciudadanía manifiesta su descontento con el Gobierno, eso no tenga, a la larga, sus efectos en la apreciación de quien lo dirige y encarna: el Presidente. El resultado es que contra los pronósticos, el mito se debilita.


Porque aquí hubo un mito que fue alimentado por acción -no sólo de sus partidarios- u omisión. Esto último por la Alianza, que abdicó a su rol político en la campaña al no cuestionarla: la dejó “pasar” una y otra vez. Incomprensiblemente, con el argumento de que no se le podía tocar por su posición en las encuestas, con lo que se contribuía a volverla más intocable. Ahí vino un ambiente de ensoñación en los votantes: llegaría el hada madrina y acabaría con todas las injusticias, a costo cero. Tal vez ahora se están dando cuenta de que no se puede cambiar el modelo que les ha traído tantos beneficios y seguir, a la vez, gozando de éstos, porque eso es incoherente.


Lo paradójico es que justo en el momento en que campea el desdén hacia los análisis económicos -habría que priorizar otros-, ha sido la mala performance de la economía, que tiene mucho de autogol y de creer que el bienestar actual era un dato y no una consecuencia del modelo, la que está gatillando la baja en la adhesión Presidencial. Ello viene a ratificar que la frase más lúcida que se ha dicho en política sigue siendo: “Es la economía, estúpido”. A pesar de esto y que en la Nueva Mayoría comienza a asumirse la necesidad de un ajuste de Gabinete, los nombres que se barajan son de Ministros que la gente ni siquiera ha oído hablar y no de los responsables de la economía. Al cabo, se trataría de un problema comunicacional, ya de origen interno, con un vocero que no encuentra el tono, o bien externo, como nos aleccionó un Senador DC, acusando un ataque urdido por la derecha para confundir al ciudadano, pero no de la realidad.


¿Qué pasará ahora? Pero si ya conocemos la receta: bonos por todas partes. Con la plata de todos, por cierto. De pronto los chilenos se dan cuenta de que se la estarían gastando los culpables del problema para comprarse un repunte en las encuestas y se enojan. Ahí sí que nos habríamos transformado en otro país.


El cuento del mal menor,
por Joaquín García Huidobro.


Algunos Diputados de la oposición se están esforzando por llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre la reforma educacional. Lo hacen no porque sea buena, sino porque quieren corregir al menos algunas de sus deficiencias más graves. La misma estrategia de elegir el mal menor se siguió en la reforma tributaria, donde consiguieron algunos resultados positivos.


¿Es legítimo elegir el mal menor, cuando no resulta posible alcanzar el óptimo? En principio, sí. Pero una cosa es que sea lícito y otra muy distinta es que esa práctica se transforme en obligatoria. Además, en la reforma tributaria se trataba de pesos más y pesos menos. Aquí, en cambio, se juegan cosas mucho más importantes.


Supongamos, por un momento, que el diagnóstico de la oposición es acertado. En este caso, el problema no es simplemente que los alumnos serán un poco más ignorantes mañana que hoy, lo que ya es mucho decir. Aquí se estaría poniendo en marcha una mala política educacional, que no logrará los objetivos que ella misma se propuso, y además se estaría apuntando a un proyecto de Nación muy diferente, donde el protagonismo no lo tiene la sociedad civil, sino el aparato Estatal.


El caso paradigmático es el término del lucro. ¿Tiene algún objetivo pedagógico? Diversos estudios muestran que hay colegios buenos, regulares y malos tanto entre los que lucran como entre los que tienen solo fines de beneficencia. Si el lucro no es un factor que influya claramente en la educación, entonces esta iniciativa no tiene un fin educativo, sino de otro tipo. En el fondo, los autores de la reforma sienten desagrado ante la sola posibilidad de que un privado obtenga un beneficio económico por su contribución al bien público, pero esta cuestión es ajena a la pedagogía.


Si se quiere ser coherente con este criterio, habría que aplicarlo a muchos otros campos, desde las viviendas con subsidio a la imprenta que prepara los carteles que los partidos políticos pagan con fondos entregados por el Estado. Afortunadamente nuestros políticos no son siempre coherentes y no sacan todas las conclusiones que están implícitas en su modo Estatista de razonar. Si los Diputados opositores avalan el principio de que el lucro es maligno, no se deberían extrañar de que después vengan posturas radicales en otros aspectos de la vida social. El ala extrema de la Nueva Mayoría ha llegado a pedir cárcel para el que se atreva a ganarse unos pesos con un colegio subvencionado. ¿Prohibirán mañana el lucro en las panaderías, que ganan con el hambre del pueblo?


Si el diagnóstico de la oposición es válido, no parece muy coherente llegar a acuerdos en esta materia con la aplanadora oficialista. Poner la firma a una iniciativa como esta significa hacerse responsable de la misma, aunque sea a regañadientes. ¿Con qué autoridad podrá criticar luego la oposición una política que ella misma aprobó?


Las mayorías pueden cambiar. De hecho, la última encuesta Adimark nos muestra que esta emblemática reforma es una criatura no muy deseada, pues ya antes de nacer suscita un rechazo (47%) mayor que la aprobación (46%). Es perfectamente posible que dentro de unos años la actual oposición tenga una oportunidad real de enmendar esta reforma; pero si hoy le entrega su apoyo, mañana estará impedida de realizar esos cambios.


¿Cómo explicar que miles de chilenos, que hace apenas unos meses votaron por Bachelet, miren hoy con reticencia su proyecto estrella? Muy sencillo: a diferencia del Gobierno, la gente no confunde los objetivos con los instrumentos para conseguirlos. En vez de enfocarse en el objetivo ampliamente compartido de mejorar la educación y disminuir la desigualdad, el Gobierno ha transformado en un fetiche los instrumentos (fin al lucro, al copago y a selección). Con eso armó una batahola gigantesca y perdió de vista lo fundamental; a saber, el mejoramiento de la calidad. La gente no hace más que recordarle a la autoridad cuál es el rumbo correcto.


El papel de la oposición ante esta reforma no es el mismo que el que tiene la DC. Los falangistas son parte de la coalición Gobernante. Ellos sí están forzados a negociar para que esta reforma sea lo menos mala posible. La oposición, en cambio, no tiene pies forzados, y puede darse el lujo de pensar a largo plazo.


Doble sería la victoria del Gobierno si la centroderecha aprueba esta reforma. De una parte, mostraría una unanimidad que no existe en el país. De otra, daría a la oposición el abrazo del oso: si la reforma fracasa, nada podrá alegar contra ella quien ha sido uno de los padres de la criatura


Sanciones de la SVS por el caso cascadas.


La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) remeció esta semana el mercado financiero local al aplicar las mayores multas de su historia a ocho personas y una corredora de Bolsa involucradas en el denominado caso cascadas. Según el titular del organismo, tras una extensa investigación se llegó a la conclusión de que “los sancionados infringieron consistente y reiteradamente la Ley de Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas, a través de un esquema de operaciones que beneficiaron a un grupo de accionistas en desmedro de otros”. Los sancionados pueden interponer recursos ante la entidad y han anunciado que de no obtener la revocación reclamarán ante los Tribunales de Justicia para que la resolución sea dejada sin efecto.


Las sanciones aplicadas por la SVS se basan en la existencia de infracciones de extrema gravedad y suponen el cierre de un proceso de investigación que había alcanzado alta notoriedad pública a partir de septiembre de 2013, cuando se conoció la formulación de cargos en contra de directivos de las llamadas sociedades cascadas que controlan la empresa de minerales no metálicos SQM. En este marco, frente a las advertencias del propio Superintendente respecto de que se corría el riesgo de que caducara el plazo para sancionar por algunas operaciones cuestionadas, resulta positivo que el organismo haya finalmente efectuado su pronunciamiento.


En primer lugar, es oportuno circunscribir el análisis al ámbito en que ha actuado la SVS, esto es, la aplicación de sanciones administrativas por conductas contrarias a la Ley de Mercado de Valores. Esto es diferente a la eventual existencia de delitos penales, lo que será materia de otras instancias en la medida en que se presenten acciones Judiciales, y donde la Ley demanda estándares más exigentes que los de infracciones administrativas para configurar las conductas reprochadas.


En el caso de los accionistas y directivos que han sido sancionados, la gravedad de las conductas está dada por el hecho de que controlaban o se desempeñaban en emisores de oferta pública, donde existe la obligación de cautelar con especial diligencia los recursos de terceros que han invertido sus fondos en los títulos emitidos por esas entidades. De ser confirmadas estas infracciones, es previsible que esos terceros busquen que les sean  resarcidas las pérdidas sufridas e indemnizados los perjuicios causados. Un aspecto relevante que será materia del debate a partir de ahora es hasta dónde esas personas pueden continuar ejerciendo cargos en sociedades abiertas al público, considerando, sobre todo, el hecho de que la entidad que los fiscaliza ha cuestionado drásticamente su comportamiento, lo que hace poco viable que puedan seguir representando a las sociedades en que se desempeñan.


Respecto de la corredora y sus ejecutivos, las infracciones que sanciona la SVS se refieren también a conductas que la Ley ha tipificado como esencialmente lesivas para el funcionamiento de un mercado bursátil sano y competitivo, tales como la realización de transacciones ficticias o realizadas mediante prácticas indebidas. Lo que se acusa en este caso es que más allá de haber cumplido formalmente con las reglas que rigen las operaciones, las transacciones cuestionadas formaban parte de un “esquema coordinado de operaciones” incompatibles con las reglas esenciales del mercado bursátil y que habrían perjudicado a los demás agentes que fueron contrapartes de las mismas.


El hecho de que estas sanciones recaigan sobre accionistas y ejecutivos principales de la corredora más grande del país ha generado amplias repercusiones en la opinión pública y en el propio mercado de capitales, por el evidente daño que causan a su imagen y por los cuestionamientos que surgen de inmediato respecto de las consecuencias que estas sanciones deberían conllevar. En este punto, la interrogante surge principalmente en relación a las medidas que debería adoptar la Bolsa de Comercio respecto de dicha corredora y sus ejecutivos, ya que de acuerdo a la Ley todo centro bursátil debe tener “la capacidad necesaria para cumplir y hacer cumplir a sus miembros las disposiciones de la presente Ley”, e incluso le autoriza a aplicar sanciones para el caso en que se confirmen conductas como las que son materia de la resolución. En el mejor interés del buen funcionamiento de este mercado, parece indispensable que esa entidad examine con prontitud los fundamentos de la resolución que aplicó las sanciones y determine los cambios y ajustes que es necesario introducir en el funcionamiento de la corredora cuestionada y de los sistemas bursátiles, a fin de que este tipo de hechos no se repitan.  Esta revisión es parte, además, del mandato que le impone la Ley de “velar por el estricto cumplimiento por parte de sus miembros de los más elevados principios de ética comercial”, lo que supone una exigencia más allá incluso que la sola observancia del texto formal de la ley.


Llama la atención que en el debate público se aluda, a partir de estos hechos, a la necesidad de establecer códigos de conducta más exigentes que los actuales para prevenir su ocurrencia. Sin confirmar o desmentir la procedencia de las sanciones, lo que será determinado por los Tribunales que deberán revisar las apelaciones a lo resuelto, lo cierto es que ha quedado demostrado que existen normas claras que regulan las prácticas que deben prevalecer en el mercado y las sanciones correlativas que la autoridad puede aplicar cuando las estima infringidas.


La complejidad de este caso y la gravedad de las imputaciones hacen necesario que se preserve especialmente y en todas las instancias el derecho de los sancionados a presentar sus descargos y ejercer su derecho a la defensa, sin que ésta se vea afectada por el efecto que pueden causar juicios anticipados o generalizaciones irresponsables, particularmente desde el mundo político.


La semana política
¿Inflexión histórica?


El triunfo electoral conseguido el año pasado -potenciado por un sistema binominal que operó en su favor- parecía situar a la Nueva Mayoría en un escenario inédito. Al control de ambas ramas del Congreso -solo una vez la Concertación había alcanzado algo similar, en la primera administración de Michelle Bachelet, pero por márgenes estrechos que prontamente perdió-, la coalición sumó la amplia ventaja conseguida por su candidata en la segunda vuelta Presidencial, y el apoyo de los dirigentes que habían encabezado los masivos movimientos sociales de 2011. Con tales elementos, algunos de los líderes más representativos de la Nueva Mayoría suponían dadas las condiciones para llevar a cabo un Gobierno muy distinto de los que condujeron el país durante las últimas dos décadas, no constreñido por la necesidad de construir acuerdos y capaz de sacar adelante un programa de transformaciones radicales. Transcurridos seis meses de esta administración, la realidad ha sido diferente.


Caben, por cierto, algunas distinciones. Desde luego -y tal como lo muestra la entrevista que publicó El Mercurio del domingo,- se observa a una Presidente firme, entera y convencida de las iniciativas que el Ejecutivo impulsa. Todas las encuestas, sin embargo, coinciden en que el apoyo al Gobierno ha caído por debajo del 50%, y en que si bien la Mandatario concita sólidos niveles de adhesión, sus reformas más emblemáticas no solo dividen al país, sino que suscitan grados importantes de rechazo. A su vez, la combinación oficialista, que probó funcionar como un pacto electoral altamente eficaz, experimenta ahora los problemas propios de la heterogeneidad de fuerzas que conviven en su interior: fragmentación y la permanente necesidad de compensar la inclusión del PC con gestos -como la celebración en La Moneda del triunfo de Frei Montalva- hacia una Democracia Cristiana que cada tanto da señales de incomodidad.


Así, lo que parecía pura novedad empieza a trocar en dificultades y dinámicas no muy distintas de las que enfrenta cualquier Gobierno. Ciertamente, el oficialismo mantiene su mayoría Legislativa, pero la capacidad para ejercerla resulta limitada por los disensos al interior de la coalición. A tales restricciones "internas" se agregan otras, impuestas por la realidad, partiendo por el hecho de que, contrariamente a los diagnósticos con que se elaboró el programa de Gobierno, no resultan evidentes ni la existencia de una clara "mayoría social" en favor de las reformas del Ejecutivo ni los alcances de la "inflexión histórica" que, en la visión de las autoridades, viviría el país.


El peso de la desaceleración.


La primera de las limitaciones con que se ha encontrado el Gobierno ha sido, sin embargo, una desaceleración económica cuya profundización no solo no se previó, sino que aparece directamente influida por factores internos. El último Informe de Política Monetaria entregado por el Banco Central -entidad de autonomía indiscutida y transversal en su integración- no dejó dudas respecto del deterioro de las cifras y del peso de las expectativas en esta situación, así como de la necesidad de señales que permitan un cambio de rumbo.


Con todo, los necesarios llamados del Ministro de Hacienda para recuperar la colaboración público-privada -base del desarrollo en cualquier economía moderna- no logran surtir efecto cuando, más allá de reconocer verbalmente la importancia del crecimiento y el rol de las empresas, todo un conjunto de iniciativas oficialistas -reforma educacional, cambios al Código de Aguas, modificaciones al Sernac, referencias al derecho de propiedad, etc.- trasluce profunda desconfianza respecto de los mercados, y una contrastante y casi ilimitada fe en el papel del Estado.


Un pie en La Moneda, otro en la calle.


La frase de una joven Diputada comunista adelantando que en esta administración el PC mantendría un pie en el Gobierno y el otro en la calle tuvo esta semana una nueva materialización práctica. Tanto el Presidente de ese partido como el del PS llegaron al cierre de la marcha con que la Central Unitaria de Trabajadores demandó el envío al Congreso de un paquete de reformas laborales. En el propio oficialismo se han levantado voces para advertir que, en el actual escenario, tales proyectos podrían aumentar la incertidumbre y agudizar el problema de expectativas que traba nuestra economía. La Presidente, a su vez, ha manifestado su decisión de cumplir con los compromisos de campaña, pero también ha advertido que ejercerá sus facultades como colegisladora evaluando adecuadamente los tiempos y escenarios.


Hay, pues, dentro del oficialismo un debate en curso respecto de esta materia, frente al cual cabe al menos esperar se sopese adecuadamente el impacto económico de los cambios que se pretenden, evitando repetir el error de minusvalorarlo, como ocurrió con la reforma tributaria. Lo que resulta incomprensible es que partidos de la Nueva Mayoría, que son parte de ese debate y que pueden acceder todos los días a La Moneda para exponer sus argumentos, opten por manifestarse afuera de ella para presionar a su propio Gobierno.



Reacción ante señales económicas preocupantes.


La semana pasada, el país confirmó con una serie de datos económicos una sensación ambiente de desaceleración preocupante que se venía arrastrando hace varias semanas. El esperado Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central, el miércoles, trajo una reducción de la proyección de crecimiento económico para este año a un rango de entre 1,75% y 2,25%, desde el 2,5%-3,5% previsto en junio. Las palabras del Presidente del instituto emisor, más algunos datos del informe, fueron interpretadas como una confirmación de que el frenazo de la economía chilena se debe en parte importante a un deterioro de las expectativas de los inversionistas. El viernes llegó el turno del Imacec de julio (la actividad económica creció 0,9 % interanual), que, si bien estuvo muy por sobre las proyecciones, sigue siendo muy bajo para un país que necesita del crecimiento para alcanzar el desarrollo.


Estamos sin duda en un escenario económico que se deterioró inesperadamente rápido y que ha abierto un flanco político importante, incluso relegó las reformas de La Moneda a un segundo lugar en la agenda. Hay al menos dos puntos que deben levantarse, uno de corto plazo y otro de mediano plazo.


Con respecto a lo inmediato, ni los llamados a cambio de Gabinete ni las peticiones de confianza del Gobierno a los empresarios lograrán un despegue en la economía. Y quedarse en ese debate lo único que logra es atrasar decisiones que si tienen impacto, como bajar el ritmo y la radicalidad de las reformas (especialmente las que aún no se anuncian en detalle, como la laboral) y acelerar las definiciones de proyectos eléctricos. Para esto, es clave que el Gobierno aporte con una coordinación entre los Ministros que impida que cada uno tenga una agenda que no considere el panorama total, de manera de no bombardear con señales de cambio en cada uno de los ámbitos (agua, pensiones, Isapres, concesiones, etc.).


Ya en el mediano plazo, el riesgo está en creer que la desaceleración es un “bache”, que se puede pasar en unos meses, en base a gasto público (el Gobierno ya anunció un estímulo Fiscal de US$ 500 millones, en parte financiado con recursos de la reforma tributaria y en parte también con reasignaciones).


Los expertos coinciden en que la actividad podría dinamizarse en los años futuros, pero que nuestro crecimiento de tendencia y productividad deberían tener una prioridad que hoy no presentan en el debate público. Parece una miopía de todos los sectores políticos pensar que hay que enfocarse en resultados de algunos meses, para criticar o para defender, porque lo cierto es que los problemas de fondo seguirán latentes con unos puntos más o unos menos de Imacec. Si estos números se transforman en el tema central, lo que se hace es hipotecar los resultados de los años que vienen. Y es sabido que sin crecimiento sostenido y alto no se puede superar la pobreza ni mejorar la desigualdad. Cuidar el crecimiento no beneficiará a un grupo, sino que al país en su conjunto, especialmente a los más vulnerables por la vía del empleo y de programas sociales de calidad.


Alza en el consumo de drogas.


En Chile, el consumo de drogas en la población general y escolar se empezó a medir anual y alternadamente con encuestas a partir del año 1995. Las series de datos relativos al consumo de la población que asiste a establecimientos escolares registró, en el caso de la marihuana, un leve crecimiento entre dicho año y 1999, y una relativa estabilización entre los años 2001 y 2009, en que el porcentaje de niños y jóvenes que declararon consumir drogas alguna vez en la vida oscilaba aproximadamente entre 20 y 25%. A partir de 2011 se registra una tendencia al alza, pues dicho porcentaje subió a casi 27%, y, según las últimas cifras, a un nuevo máximo histórico de 37,2%.


Estos números -ya altos en términos comparados antes de estas últimas alzas- fueron publicados en medio de una discusión pública sobre la conveniencia de legalizar la marihuana. Abundan propuestas de legalizar el autocultivo y dejar de calificar la marihuana como droga ilegal, en sintonía con los cambios que se impulsan en otros países, y el Gobierno planea hacer modificaciones a la legislación vigente. Más allá de perfeccionamientos a ella sobre los cuales hay amplio consenso técnico -en torno a una mayor precisión entre lo que constituye microtráfico y consumo, por ejemplo-, cabe valorar la mayor profundidad y tecnificación del debate sobre la legalización de la marihuana que estos datos han provocado.


Estos resultados, junto con su correlación con otros datos levantados por la encuesta, especialmente con el marcado incremento en la oferta de marihuana y la fuerte caída en la desaprobación parental frente al uso de esta, por una parte, y la evidencia científica nacional e internacional indiscutida sobre los daños que la marihuana causa en jóvenes, por otra, han contribuido a moderar un debate hasta entonces abanderizado y simplista.


Las propuestas sobre legalización de la marihuana tienden a concentrar sus argumentos en el ámbito de los adultos. Sus partidarios señalan que los costos asociados a la adicción de algunos serían contrarrestados por los grandes ahorros de recursos públicos que se conseguirían al dejar de perseguir penalmente su consumo y tráfico, los ingresos por impuestos, y los menores riesgos en seguridad, propios de su comercialización clandestina, y en salud, que un mercado regulado se supone lograría. Como contrapartida, hay amplio consenso sobre lo negativo que resulta su consumo por parte de menores de edad -argumentos válidos para todas las drogas, por cierto-. A este respecto, lo reciente de las experiencias de regulación en otros países no permite sacar conclusiones sobre su impacto. Lo más informativo para intentar predecir qué ocurriría en Chile de regularse como droga legal es la trayectoria que ha tenido la venta regulada para adultos y prohibida para menores de edad de otras sustancias, tales como el alcohol. Y es aquí, más allá de lo que la sociedad chilena decida es aceptable o no para los adultos, donde cabe plantear dudas: según la misma encuesta, más de 6 de cada 10 menores de edad declaran haber consumido alcohol en el último año, y más de un tercio de los escolares, en el último mes. Es decir, se confirma que en Chile persisten desafíos importantes en hacer valer las normas existentes, por una parte, y en el despliegue masivo de programas preventivos eficaces, por otra. Enfrentar ambos requiere la construcción e implementación de políticas de Estado que trasciendan los efímeros cuatro años de Gobierno, pero que no pueden sino ser liderados por este.


Improcedente acusación Constitucional.


Diez Diputados presentaron una acusación Constitucional contra el Ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño, por el papel que le habría cabido en las decisiones que están adoptando los Tribunales de familia y en la falta de atención a las denuncias de abusos contra menores, que habrían acontecido en el Sename.


El libelo es innecesariamente extenso y de difícil comprensión, siendo las acusaciones genéricas y sin que estén debidamente explicadas ni fundadas. Incluso pretende la existencia de dos causales, notable abandono de deberes y prevaricación, cuando la Constitución sólo contempla la primera como habilitante de un juicio político de un Ministro de las Cortes superiores de Justicia. La otra es materia de una eventual persecución criminal y en lo cual la Cámara de Diputados carece de atribuciones. Además, cuesta imaginarse que una sola persona haya sido responsable de todos los supuestos problemas existentes en los tribunales de familia y en la falta de investigación de abusos contra menores de edad en un organismo que no es de su dependencia, como fluye de la acusación.


Conforme con el debido proceso, pesaba sobre los acusadores acreditar fehacientemente las infracciones que imputan y ciertamente fallaron en su propósito por debilidad del libelo, el que ya no puede ser enmendado de forma alguna. Por lo mismo, no puede prosperar y así parece haberlo entendido la comisión encargada de informarla, que acordó por unanimidad rechazarla en todas sus partes. La Cámara de Diputados debería proceder del mismo modo, pues las máximas instancias de la institucionalidad deben ser invocadas con especial solidez, precisión y fundamento.


Los abusos que puedan haber sufrido menores de edad justifican tomar todas las medidas para aclarar la situación y castigadas de ser efectivas, pero la acusación acometida no parece constituir un medio que contribuya a ese propósito.


Enfoques Internacionales:
Incertidumbre en Ucrania.


Hasta último momento se puso en duda que las negociaciones llevadas a cabo el viernes en la capital bielorrusa de Minsk, entre representantes de Ucrania, los secesionistas del Donbass, Rusia y la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, OSCE, llegaran a puerto. Varios días de dimes y diretes, con llamadas telefónicas y declaraciones cruzadas de Vladimir Putin y Petro Poroshenko, que aseguraban y desmentían cualquier acuerdo, llevaron a momentos de gran nerviosismo, justo cuando en Gales se desarrollaba la reunión de la OTAN, y los europeos y norteamericanos afinaban nuevas sanciones económicas a Rusia. Pero hubo indicios positivos.


Que la Alianza Atlántica resolviera no apoyar militarmente a Kiev, fue un paso clave. La cláusula de defensa colectiva se activa solo si el agredido es un país miembro; en este caso, Ucrania no lo es. Este anuncio no pareció casual: obviamente, fue una concesión a Moscú, que exige la neutralidad de Ucrania. Era de realismo político hacerlo, por cuanto si algo gatilló la reacción airada del Kremlin contra Kiev, y su involucramiento directo o indirecto en los combates, fue precisamente el acercamiento económico a Europa, que Putin interpretó como un primer paso para postular a una adhesión a la OTAN.


Inesperado fue que, ese mismo día, los rebeldes que luchaban en el este de Ucrania y que habían tenido una buena semana de éxitos militares -gracias a los refuerzos rusos- declararan que ya no buscarían la independencia de la región, sino un estatus especial, en el que Kiev reconociera las singularidades de las minorías rusohablantes, y por tanto sus derechos especiales.


Hasta la semana pasada había poco optimismo entre políticos, Diplomáticos y analistas. Putin había advertido que podría llegar en dos semanas con sus tropas hasta Kiev, si se lo proponía, y de hecho, ante los avances de las fuerzas ucranianas, sus soldados que estaban en "ejercicios" al otro lado de la frontera entraron en combate. Por su parte, los ucranianos hacían lobby para que EE.UU. y Europa les dieran apoyo militar. Incluso algunos analistas extremos especulaban que, en caso de que el conflicto se extendiera, Putin podría considerar el uso de armas nucleares.


Un país neutral en la frontera rusa.


Con el protocolo firmado se aclaran las intenciones de Putin. Moscú nunca se ha conformado con que ex miembros del Pacto de Varsovia hayan cambiado de bando, en especial las repúblicas bálticas. Para una Rusia debilitada tras el derrumbe de la URSS, que la Alianza Atlántica llegara a sus fronteras fue una afrenta y casi una agresión. Su involucramiento en Ucrania tenía como objetivo, más que apoderarse del territorio, dejar en claro que ahora no aceptaría que ese país siguiera la misma ruta. Algo que en 2008 hizo con Georgia. Por eso, Ucrania tendrá que dejar de lado cualquier aspiración a incorporarse a la OTAN, pero no debería aceptar condiciones que menoscaben su libertad para mantener estrechos vínculos económicos, comerciales o de cualquier tipo con la Unión Europea y otros países del mundo. Moscú, por su parte, tiene que aceptar la soberanía e integridad territorial ucraniana.


De otro lado, si Ucrania quiere ver a los rebeldes desarmados y a las tropas rusas fuera de sus fronteras, tendrá que resolver el estatus autonómico de la región del este. Definir los derechos políticos, económicos, lingüísticos y culturales de los rusohablantes está entre los puntos acordados, y debe encontrar una solución lo antes posible.


Si los pesimistas están equivocados, y el diálogo avanza, bien podría darse un mejoramiento rápido en la situación. Incluso Rusia podría ver eliminadas las sanciones económicas que se le aplican. Lo que no parece tener posibilidades de ser resuelto en el corto plazo es la anexión de Crimea. No fue tema en Minsk, y es difícil que Putin acceda a negociar algo que ya parece haber sido aceptado por la comunidad internacional.


Cambio en el panorama electoral de Brasil.


La semana terminó muy mal para Dilma Rousseff. A las malas noticias que le daban las encuestas -que mostraron a Marina Silva ganando en segunda vuelta- se suman las denuncias de corrupción en Petrobras, precisamente en años en que la Mandataria Presidía el directorio de la empresa Estatal.


Aunque Dilma descarte cualquier responsabilidad y efecto negativo, lo cierto es que el escándalo no la ayuda en su lucha por la reelección, justo cuando necesitaba todo el impulso para que su campaña repuntara.


Por otro lado, Marina, que no está tocada por las denuncias, tampoco está libre de coletazos, porque su fallecido compañero de lista sí está mencionado en la red de corrupción.


Inesperadamente, Aécio Neves, quien había sido desplazado a un tercer lugar, podría recuperar terreno al estar su partido y él mismo totalmente ajenos a las acusaciones.


A menos de un mes de los comicios, la campaña cobra un nuevo suspenso, con un resultado que deja obsoletas todas las encuestas pasadas. En las próximas semanas, o días quizás, habrá un reacomodo de las opciones. Con la economía en una cuasi recesión, los brasileños harían bien en decidir mirando las perspectivas que les ofrecen los candidatos y menos al carisma de quienes compiten.


Una carta publicada por Diario La Tercera que consideramos debe ser analizada:


Señor Director:


Nicanor Parra y el Chile imaginario.


“La poesía no es más que un pequeño oasis de nuestra realidad circundante”, que se ha plasmado con el homenaje público realizado con ocasión de los cien años de nuestro poeta Nicanor Parra.


 Muy merecido por cierto, pero con una Presidenta imaginaria, con un Gabinete imaginario, con una Nueva Mayoría imaginaria, con una oposición imaginaria, con un Congreso imaginario, con una justicia imaginaria, con una Iglesia imaginaria, con uniformados imaginarios, con dirigentes imaginarios, con un trabajo imaginario, con una educación imaginaria, con una salud imaginaria, con una vivienda imaginaria, con una utopía marxista imaginaria, en donde falsamente todos somos iguales, y con una democracia imaginaria, en la que “casi-casi” nos parecemos.


Jorge Saavedra Moena.

Terrorismo es usar el terror
con fines políticos.

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EMPRENDEDORES RESPONDEN A LAS MENTIRAS DEL OFICIALISMO BACHELETISTA.

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Evelyn Matthei evaluó en CNN los 3 primeros meses de Bachelet…

Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

LANATA : CARTA A CRISTINA FERNÁNDEZ.

Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".

Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
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Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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