No era incombustible
por Axel Buchheister.
Si bien
todas las encuestas venían reflejando hace un tiempo un deterioro en el apoyo
al Gobierno y sus principales reformas, las más recientes han dado cuenta
también de un impacto en la imagen de la Presidente. El reciente sondeo de
Adimark lo reflejó con claridad: su aprobación está en 49% -bajo la barrera
sicológica del 50%- y la desaprobación alcanza el 41%. No es que las cosas
estén tan mal, sino que ya no son lo que fueron.
La
novedad es que han quedado desmentidas las tesis de que Michelle Bachelet es de
teflón o incombustible, o sea, que tiene una relación especial con la gente y
que nunca se le pasaría la cuenta por nada. Que serían otros, los Ministros, o
por último “el Gobierno”, los que tendrían que pagarla. Algo de eso hubo, sin
duda, puesto que la curva descendente no ha sido igual, pero la alcanzó. Porque
en definitiva, si hay lógica en el fútbol, también existe en la política, pues
no es posible que si la ciudadanía manifiesta su descontento con el Gobierno,
eso no tenga, a la larga, sus efectos en la apreciación de quien lo dirige y
encarna: el Presidente. El resultado es que contra los pronósticos, el mito se
debilita.
Porque
aquí hubo un mito que fue alimentado por acción -no sólo de sus partidarios- u
omisión. Esto último por la Alianza, que abdicó a su rol político en la campaña
al no cuestionarla: la dejó “pasar” una y otra vez. Incomprensiblemente, con el
argumento de que no se le podía tocar por su posición en las encuestas, con lo
que se contribuía a volverla más intocable. Ahí vino un ambiente de ensoñación
en los votantes: llegaría el hada madrina y acabaría con todas las injusticias,
a costo cero. Tal vez ahora se están dando cuenta de que no se puede cambiar el
modelo que les ha traído tantos beneficios y seguir, a la vez, gozando de
éstos, porque eso es incoherente.
Lo
paradójico es que justo en el momento en que campea el desdén hacia los
análisis económicos -habría que priorizar otros-, ha sido la mala performance
de la economía, que tiene mucho de autogol y de creer que el bienestar actual
era un dato y no una consecuencia del modelo, la que está gatillando la baja en
la adhesión Presidencial. Ello viene a ratificar que la frase más lúcida que se
ha dicho en política sigue siendo: “Es la economía, estúpido”. A pesar de esto
y que en la Nueva Mayoría comienza a asumirse la necesidad de un ajuste de Gabinete,
los nombres que se barajan son de Ministros que la gente ni siquiera ha oído
hablar y no de los responsables de la economía. Al cabo, se trataría de un
problema comunicacional, ya de origen interno, con un vocero que no encuentra
el tono, o bien externo, como nos aleccionó un Senador DC, acusando un ataque
urdido por la derecha para confundir al ciudadano, pero no de la realidad.
¿Qué
pasará ahora? Pero si ya conocemos la receta: bonos por todas partes. Con la
plata de todos, por cierto. De pronto los chilenos se dan cuenta de que se la
estarían gastando los culpables del problema para comprarse un repunte en las
encuestas y se enojan. Ahí sí que nos habríamos transformado en otro país.
El cuento del mal menor,
por Joaquín García Huidobro.
Algunos Diputados
de la oposición se están esforzando por llegar a un acuerdo con el Gobierno
sobre la reforma educacional. Lo hacen no porque sea buena, sino porque quieren
corregir al menos algunas de sus deficiencias más graves. La misma estrategia
de elegir el mal menor se siguió en la reforma tributaria, donde consiguieron
algunos resultados positivos.
¿Es
legítimo elegir el mal menor, cuando no resulta posible alcanzar el óptimo? En
principio, sí. Pero una cosa es que sea lícito y otra muy distinta es que esa
práctica se transforme en obligatoria. Además, en la reforma tributaria se
trataba de pesos más y pesos menos. Aquí, en cambio, se juegan cosas mucho más
importantes.
Supongamos,
por un momento, que el diagnóstico de la oposición es acertado. En este caso,
el problema no es simplemente que los alumnos serán un poco más ignorantes
mañana que hoy, lo que ya es mucho decir. Aquí se estaría poniendo en marcha
una mala política educacional, que no logrará los objetivos que ella misma se
propuso, y además se estaría apuntando a un proyecto de Nación muy diferente,
donde el protagonismo no lo tiene la sociedad civil, sino el aparato Estatal.
El caso
paradigmático es el término del lucro. ¿Tiene algún objetivo pedagógico?
Diversos estudios muestran que hay colegios buenos, regulares y malos tanto
entre los que lucran como entre los que tienen solo fines de beneficencia. Si
el lucro no es un factor que influya claramente en la educación, entonces esta
iniciativa no tiene un fin educativo, sino de otro tipo. En el fondo, los
autores de la reforma sienten desagrado ante la sola posibilidad de que un
privado obtenga un beneficio económico por su contribución al bien público,
pero esta cuestión es ajena a la pedagogía.
Si se
quiere ser coherente con este criterio, habría que aplicarlo a muchos otros
campos, desde las viviendas con subsidio a la imprenta que prepara los carteles
que los partidos políticos pagan con fondos entregados por el Estado.
Afortunadamente nuestros políticos no son siempre coherentes y no sacan todas
las conclusiones que están implícitas en su modo Estatista de razonar. Si los Diputados
opositores avalan el principio de que el lucro es maligno, no se deberían
extrañar de que después vengan posturas radicales en otros aspectos de la vida
social. El ala extrema de la Nueva Mayoría ha llegado a pedir cárcel para el
que se atreva a ganarse unos pesos con un colegio subvencionado. ¿Prohibirán
mañana el lucro en las panaderías, que ganan con el hambre del pueblo?
Si el
diagnóstico de la oposición es válido, no parece muy coherente llegar a
acuerdos en esta materia con la aplanadora oficialista. Poner la firma a una
iniciativa como esta significa hacerse responsable de la misma, aunque sea a
regañadientes. ¿Con qué autoridad podrá criticar luego la oposición una
política que ella misma aprobó?
Las
mayorías pueden cambiar. De hecho, la última encuesta Adimark nos muestra que
esta emblemática reforma es una criatura no muy deseada, pues ya antes de nacer
suscita un rechazo (47%) mayor que la aprobación (46%). Es perfectamente
posible que dentro de unos años la actual oposición tenga una oportunidad real
de enmendar esta reforma; pero si hoy le entrega su apoyo, mañana estará
impedida de realizar esos cambios.
¿Cómo
explicar que miles de chilenos, que hace apenas unos meses votaron por
Bachelet, miren hoy con reticencia su proyecto estrella? Muy sencillo: a
diferencia del Gobierno, la gente no confunde los objetivos con los
instrumentos para conseguirlos. En vez de enfocarse en el objetivo ampliamente
compartido de mejorar la educación y disminuir la desigualdad, el Gobierno ha
transformado en un fetiche los instrumentos (fin al lucro, al copago y a
selección). Con eso armó una batahola gigantesca y perdió de vista lo
fundamental; a saber, el mejoramiento de la calidad. La gente no hace más que
recordarle a la autoridad cuál es el rumbo correcto.
El papel
de la oposición ante esta reforma no es el mismo que el que tiene la DC. Los
falangistas son parte de la coalición Gobernante. Ellos sí están forzados a
negociar para que esta reforma sea lo menos mala posible. La oposición, en
cambio, no tiene pies forzados, y puede darse el lujo de pensar a largo plazo.
Doble
sería la victoria del Gobierno si la centroderecha aprueba esta reforma. De una
parte, mostraría una unanimidad que no existe en el país. De otra, daría a la
oposición el abrazo del oso: si la reforma fracasa, nada podrá alegar contra
ella quien ha sido uno de los padres de la criatura
Sanciones de la SVS por el
caso cascadas.
La
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) remeció esta semana el mercado
financiero local al aplicar las mayores multas de su historia a ocho personas y
una corredora de Bolsa involucradas en el denominado caso cascadas. Según el
titular del organismo, tras una extensa investigación se llegó a la conclusión
de que “los sancionados infringieron consistente y reiteradamente la Ley de
Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas, a través de un esquema de
operaciones que beneficiaron a un grupo de accionistas en desmedro de otros”.
Los sancionados pueden interponer recursos ante la entidad y han anunciado que
de no obtener la revocación reclamarán ante los Tribunales de Justicia para que
la resolución sea dejada sin efecto.
Las
sanciones aplicadas por la SVS se basan en la existencia de infracciones de
extrema gravedad y suponen el cierre de un proceso de investigación que había
alcanzado alta notoriedad pública a partir de septiembre de 2013, cuando se
conoció la formulación de cargos en contra de directivos de las llamadas
sociedades cascadas que controlan la empresa de minerales no metálicos SQM. En
este marco, frente a las advertencias del propio Superintendente respecto de
que se corría el riesgo de que caducara el plazo para sancionar por algunas
operaciones cuestionadas, resulta positivo que el organismo haya finalmente
efectuado su pronunciamiento.
En primer
lugar, es oportuno circunscribir el análisis al ámbito en que ha actuado la
SVS, esto es, la aplicación de sanciones administrativas por conductas
contrarias a la Ley de Mercado de Valores. Esto es diferente a la eventual
existencia de delitos penales, lo que será materia de otras instancias en la
medida en que se presenten acciones Judiciales, y donde la Ley demanda
estándares más exigentes que los de infracciones administrativas para
configurar las conductas reprochadas.
En el
caso de los accionistas y directivos que han sido sancionados, la gravedad de
las conductas está dada por el hecho de que controlaban o se desempeñaban en
emisores de oferta pública, donde existe la obligación de cautelar con especial
diligencia los recursos de terceros que han invertido sus fondos en los títulos
emitidos por esas entidades. De ser confirmadas estas infracciones, es
previsible que esos terceros busquen que les sean resarcidas las pérdidas sufridas e
indemnizados los perjuicios causados. Un aspecto relevante que será materia del
debate a partir de ahora es hasta dónde esas personas pueden continuar
ejerciendo cargos en sociedades abiertas al público, considerando, sobre todo,
el hecho de que la entidad que los fiscaliza ha cuestionado drásticamente su
comportamiento, lo que hace poco viable que puedan seguir representando a las
sociedades en que se desempeñan.
Respecto
de la corredora y sus ejecutivos, las infracciones que sanciona la SVS se
refieren también a conductas que la Ley ha tipificado como esencialmente
lesivas para el funcionamiento de un mercado bursátil sano y competitivo, tales
como la realización de transacciones ficticias o realizadas mediante prácticas
indebidas. Lo que se acusa en este caso es que más allá de haber cumplido
formalmente con las reglas que rigen las operaciones, las transacciones
cuestionadas formaban parte de un “esquema coordinado de operaciones”
incompatibles con las reglas esenciales del mercado bursátil y que habrían
perjudicado a los demás agentes que fueron contrapartes de las mismas.
El hecho
de que estas sanciones recaigan sobre accionistas y ejecutivos principales de
la corredora más grande del país ha generado amplias repercusiones en la
opinión pública y en el propio mercado de capitales, por el evidente daño que
causan a su imagen y por los cuestionamientos que surgen de inmediato respecto
de las consecuencias que estas sanciones deberían conllevar. En este punto, la
interrogante surge principalmente en relación a las medidas que debería adoptar
la Bolsa de Comercio respecto de dicha corredora y sus ejecutivos, ya que de
acuerdo a la Ley todo centro bursátil debe tener “la capacidad necesaria para
cumplir y hacer cumplir a sus miembros las disposiciones de la presente Ley”, e
incluso le autoriza a aplicar sanciones para el caso en que se confirmen
conductas como las que son materia de la resolución. En el mejor interés del
buen funcionamiento de este mercado, parece indispensable que esa entidad examine
con prontitud los fundamentos de la resolución que aplicó las sanciones y
determine los cambios y ajustes que es necesario introducir en el
funcionamiento de la corredora cuestionada y de los sistemas bursátiles, a fin
de que este tipo de hechos no se repitan.
Esta revisión es parte, además, del mandato que le impone la Ley de
“velar por el estricto cumplimiento por parte de sus miembros de los más
elevados principios de ética comercial”, lo que supone una exigencia más allá
incluso que la sola observancia del texto formal de la ley.
Llama la
atención que en el debate público se aluda, a partir de estos hechos, a la
necesidad de establecer códigos de conducta más exigentes que los actuales para
prevenir su ocurrencia. Sin confirmar o desmentir la procedencia de las
sanciones, lo que será determinado por los Tribunales que deberán revisar las
apelaciones a lo resuelto, lo cierto es que ha quedado demostrado que existen
normas claras que regulan las prácticas que deben prevalecer en el mercado y
las sanciones correlativas que la autoridad puede aplicar cuando las estima
infringidas.
La
complejidad de este caso y la gravedad de las imputaciones hacen necesario que
se preserve especialmente y en todas las instancias el derecho de los
sancionados a presentar sus descargos y ejercer su derecho a la defensa, sin
que ésta se vea afectada por el efecto que pueden causar juicios anticipados o
generalizaciones irresponsables, particularmente desde el mundo político.
La semana política
¿Inflexión histórica?
El
triunfo electoral conseguido el año pasado -potenciado por un sistema binominal
que operó en su favor- parecía situar a la Nueva Mayoría en un escenario
inédito. Al control de ambas ramas del Congreso -solo una vez la Concertación
había alcanzado algo similar, en la primera administración de Michelle
Bachelet, pero por márgenes estrechos que prontamente perdió-, la coalición
sumó la amplia ventaja conseguida por su candidata en la segunda vuelta Presidencial,
y el apoyo de los dirigentes que habían encabezado los masivos movimientos
sociales de 2011. Con tales elementos, algunos de los líderes más
representativos de la Nueva Mayoría suponían dadas las condiciones para llevar
a cabo un Gobierno muy distinto de los que condujeron el país durante las
últimas dos décadas, no constreñido por la necesidad de construir acuerdos y
capaz de sacar adelante un programa de transformaciones radicales.
Transcurridos seis meses de esta administración, la realidad ha sido diferente.
Caben,
por cierto, algunas distinciones. Desde luego -y tal como lo muestra la
entrevista que publicó El Mercurio del domingo,- se observa a una Presidente
firme, entera y convencida de las iniciativas que el Ejecutivo impulsa. Todas
las encuestas, sin embargo, coinciden en que el apoyo al Gobierno ha caído por
debajo del 50%, y en que si bien la Mandatario concita sólidos niveles de
adhesión, sus reformas más emblemáticas no solo dividen al país, sino que
suscitan grados importantes de rechazo. A su vez, la combinación oficialista,
que probó funcionar como un pacto electoral altamente eficaz, experimenta ahora
los problemas propios de la heterogeneidad de fuerzas que conviven en su
interior: fragmentación y la permanente necesidad de compensar la inclusión del
PC con gestos -como la celebración en La Moneda del triunfo de Frei Montalva-
hacia una Democracia Cristiana que cada tanto da señales de incomodidad.
Así, lo
que parecía pura novedad empieza a trocar en dificultades y dinámicas no muy
distintas de las que enfrenta cualquier Gobierno. Ciertamente, el oficialismo
mantiene su mayoría Legislativa, pero la capacidad para ejercerla resulta
limitada por los disensos al interior de la coalición. A tales restricciones
"internas" se agregan otras, impuestas por la realidad, partiendo por
el hecho de que, contrariamente a los diagnósticos con que se elaboró el
programa de Gobierno, no resultan evidentes ni la existencia de una clara
"mayoría social" en favor de las reformas del Ejecutivo ni los
alcances de la "inflexión histórica" que, en la visión de las
autoridades, viviría el país.
El peso de la desaceleración.
La
primera de las limitaciones con que se ha encontrado el Gobierno ha sido, sin
embargo, una desaceleración económica cuya profundización no solo no se previó,
sino que aparece directamente influida por factores internos. El último Informe
de Política Monetaria entregado por el Banco Central -entidad de autonomía
indiscutida y transversal en su integración- no dejó dudas respecto del
deterioro de las cifras y del peso de las expectativas en esta situación, así
como de la necesidad de señales que permitan un cambio de rumbo.
Con todo,
los necesarios llamados del Ministro de Hacienda para recuperar la colaboración
público-privada -base del desarrollo en cualquier economía moderna- no logran
surtir efecto cuando, más allá de reconocer verbalmente la importancia del
crecimiento y el rol de las empresas, todo un conjunto de iniciativas
oficialistas -reforma educacional, cambios al Código de Aguas, modificaciones
al Sernac, referencias al derecho de propiedad, etc.- trasluce profunda
desconfianza respecto de los mercados, y una contrastante y casi ilimitada fe
en el papel del Estado.
Un pie en La Moneda, otro en
la calle.
La frase
de una joven Diputada comunista adelantando que en esta administración el PC
mantendría un pie en el Gobierno y el otro en la calle tuvo esta semana una
nueva materialización práctica. Tanto el Presidente de ese partido como el del
PS llegaron al cierre de la marcha con que la Central Unitaria de Trabajadores
demandó el envío al Congreso de un paquete de reformas laborales. En el propio
oficialismo se han levantado voces para advertir que, en el actual escenario,
tales proyectos podrían aumentar la incertidumbre y agudizar el problema de
expectativas que traba nuestra economía. La Presidente, a su vez, ha
manifestado su decisión de cumplir con los compromisos de campaña, pero también
ha advertido que ejercerá sus facultades como colegisladora evaluando
adecuadamente los tiempos y escenarios.
Hay,
pues, dentro del oficialismo un debate en curso respecto de esta materia,
frente al cual cabe al menos esperar se sopese adecuadamente el impacto económico
de los cambios que se pretenden, evitando repetir el error de minusvalorarlo,
como ocurrió con la reforma tributaria. Lo que resulta incomprensible es que
partidos de la Nueva Mayoría, que son parte de ese debate y que pueden acceder
todos los días a La Moneda para exponer sus argumentos, opten por manifestarse
afuera de ella para presionar a su propio Gobierno.
Reacción ante señales
económicas preocupantes.
La semana
pasada, el país confirmó con una serie de datos económicos una sensación
ambiente de desaceleración preocupante que se venía arrastrando hace varias
semanas. El esperado Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central, el
miércoles, trajo una reducción de la proyección de crecimiento económico para
este año a un rango de entre 1,75% y 2,25%, desde el 2,5%-3,5% previsto en
junio. Las palabras del Presidente del instituto emisor, más algunos datos del
informe, fueron interpretadas como una confirmación de que el frenazo de la
economía chilena se debe en parte importante a un deterioro de las expectativas
de los inversionistas. El viernes llegó el turno del Imacec de julio (la
actividad económica creció 0,9 % interanual), que, si bien estuvo muy por sobre
las proyecciones, sigue siendo muy bajo para un país que necesita del
crecimiento para alcanzar el desarrollo.
Estamos
sin duda en un escenario económico que se deterioró inesperadamente rápido y
que ha abierto un flanco político importante, incluso relegó las reformas de La
Moneda a un segundo lugar en la agenda. Hay al menos dos puntos que deben
levantarse, uno de corto plazo y otro de mediano plazo.
Con
respecto a lo inmediato, ni los llamados a cambio de Gabinete ni las peticiones
de confianza del Gobierno a los empresarios lograrán un despegue en la
economía. Y quedarse en ese debate lo único que logra es atrasar decisiones que
si tienen impacto, como bajar el ritmo y la radicalidad de las reformas
(especialmente las que aún no se anuncian en detalle, como la laboral) y
acelerar las definiciones de proyectos eléctricos. Para esto, es clave que el
Gobierno aporte con una coordinación entre los Ministros que impida que cada
uno tenga una agenda que no considere el panorama total, de manera de no
bombardear con señales de cambio en cada uno de los ámbitos (agua, pensiones, Isapres,
concesiones, etc.).
Ya en el
mediano plazo, el riesgo está en creer que la desaceleración es un “bache”, que
se puede pasar en unos meses, en base a gasto público (el Gobierno ya anunció
un estímulo Fiscal de US$ 500 millones, en parte financiado con recursos de la
reforma tributaria y en parte también con reasignaciones).
Los
expertos coinciden en que la actividad podría dinamizarse en los años futuros,
pero que nuestro crecimiento de tendencia y productividad deberían tener una
prioridad que hoy no presentan en el debate público. Parece una miopía de todos
los sectores políticos pensar que hay que enfocarse en resultados de algunos
meses, para criticar o para defender, porque lo cierto es que los problemas de
fondo seguirán latentes con unos puntos más o unos menos de Imacec. Si estos
números se transforman en el tema central, lo que se hace es hipotecar los
resultados de los años que vienen. Y es sabido que sin crecimiento sostenido y
alto no se puede superar la pobreza ni mejorar la desigualdad. Cuidar el
crecimiento no beneficiará a un grupo, sino que al país en su conjunto,
especialmente a los más vulnerables por la vía del empleo y de programas
sociales de calidad.
Alza en el consumo de drogas.
En Chile,
el consumo de drogas en la población general y escolar se empezó a medir anual
y alternadamente con encuestas a partir del año 1995. Las series de datos
relativos al consumo de la población que asiste a establecimientos escolares
registró, en el caso de la marihuana, un leve crecimiento entre dicho año y
1999, y una relativa estabilización entre los años 2001 y 2009, en que el
porcentaje de niños y jóvenes que declararon consumir drogas alguna vez en la
vida oscilaba aproximadamente entre 20 y 25%. A partir de 2011 se registra una
tendencia al alza, pues dicho porcentaje subió a casi 27%, y, según las últimas
cifras, a un nuevo máximo histórico de 37,2%.
Estos
números -ya altos en términos comparados antes de estas últimas alzas- fueron
publicados en medio de una discusión pública sobre la conveniencia de legalizar
la marihuana. Abundan propuestas de legalizar el autocultivo y dejar de
calificar la marihuana como droga ilegal, en sintonía con los cambios que se
impulsan en otros países, y el Gobierno planea hacer modificaciones a la
legislación vigente. Más allá de perfeccionamientos a ella sobre los cuales hay
amplio consenso técnico -en torno a una mayor precisión entre lo que constituye
microtráfico y consumo, por ejemplo-, cabe valorar la mayor profundidad y
tecnificación del debate sobre la legalización de la marihuana que estos datos
han provocado.
Estos
resultados, junto con su correlación con otros datos levantados por la
encuesta, especialmente con el marcado incremento en la oferta de marihuana y
la fuerte caída en la desaprobación parental frente al uso de esta, por una
parte, y la evidencia científica nacional e internacional indiscutida sobre los
daños que la marihuana causa en jóvenes, por otra, han contribuido a moderar un
debate hasta entonces abanderizado y simplista.
Las
propuestas sobre legalización de la marihuana tienden a concentrar sus
argumentos en el ámbito de los adultos. Sus partidarios señalan que los costos
asociados a la adicción de algunos serían contrarrestados por los grandes
ahorros de recursos públicos que se conseguirían al dejar de perseguir
penalmente su consumo y tráfico, los ingresos por impuestos, y los menores
riesgos en seguridad, propios de su comercialización clandestina, y en salud,
que un mercado regulado se supone lograría. Como contrapartida, hay amplio
consenso sobre lo negativo que resulta su consumo por parte de menores de edad
-argumentos válidos para todas las drogas, por cierto-. A este respecto, lo
reciente de las experiencias de regulación en otros países no permite sacar
conclusiones sobre su impacto. Lo más informativo para intentar predecir qué
ocurriría en Chile de regularse como droga legal es la trayectoria que ha
tenido la venta regulada para adultos y prohibida para menores de edad de otras
sustancias, tales como el alcohol. Y es aquí, más allá de lo que la sociedad
chilena decida es aceptable o no para los adultos, donde cabe plantear dudas:
según la misma encuesta, más de 6 de cada 10 menores de edad declaran haber
consumido alcohol en el último año, y más de un tercio de los escolares, en el
último mes. Es decir, se confirma que en Chile persisten desafíos importantes
en hacer valer las normas existentes, por una parte, y en el despliegue masivo
de programas preventivos eficaces, por otra. Enfrentar ambos requiere la
construcción e implementación de políticas de Estado que trasciendan los
efímeros cuatro años de Gobierno, pero que no pueden sino ser liderados por
este.
Improcedente acusación Constitucional.
Diez
Diputados presentaron una acusación Constitucional contra el Ministro de la
Corte Suprema Héctor Carreño, por el papel que le habría cabido en las decisiones
que están adoptando los Tribunales de familia y en la falta de atención a las
denuncias de abusos contra menores, que habrían acontecido en el Sename.
El libelo
es innecesariamente extenso y de difícil comprensión, siendo las acusaciones
genéricas y sin que estén debidamente explicadas ni fundadas. Incluso pretende
la existencia de dos causales, notable abandono de deberes y prevaricación,
cuando la Constitución sólo contempla la primera como habilitante de un juicio
político de un Ministro de las Cortes superiores de Justicia. La otra es
materia de una eventual persecución criminal y en lo cual la Cámara de
Diputados carece de atribuciones. Además, cuesta imaginarse que una sola
persona haya sido responsable de todos los supuestos problemas existentes en
los tribunales de familia y en la falta de investigación de abusos contra
menores de edad en un organismo que no es de su dependencia, como fluye de la
acusación.
Conforme
con el debido proceso, pesaba sobre los acusadores acreditar fehacientemente
las infracciones que imputan y ciertamente fallaron en su propósito por
debilidad del libelo, el que ya no puede ser enmendado de forma alguna. Por lo
mismo, no puede prosperar y así parece haberlo entendido la comisión encargada
de informarla, que acordó por unanimidad rechazarla en todas sus partes. La
Cámara de Diputados debería proceder del mismo modo, pues las máximas
instancias de la institucionalidad deben ser invocadas con especial solidez,
precisión y fundamento.
Los
abusos que puedan haber sufrido menores de edad justifican tomar todas las
medidas para aclarar la situación y castigadas de ser efectivas, pero la
acusación acometida no parece constituir un medio que contribuya a ese
propósito.
Enfoques Internacionales:
Incertidumbre en Ucrania.
Hasta
último momento se puso en duda que las negociaciones llevadas a cabo el viernes
en la capital bielorrusa de Minsk, entre representantes de Ucrania, los
secesionistas del Donbass, Rusia y la Organización de Seguridad y Cooperación
Europea, OSCE, llegaran a puerto. Varios días de dimes y diretes, con llamadas
telefónicas y declaraciones cruzadas de Vladimir Putin y Petro Poroshenko, que
aseguraban y desmentían cualquier acuerdo, llevaron a momentos de gran
nerviosismo, justo cuando en Gales se desarrollaba la reunión de la OTAN, y los
europeos y norteamericanos afinaban nuevas sanciones económicas a Rusia. Pero
hubo indicios positivos.
Que la
Alianza Atlántica resolviera no apoyar militarmente a Kiev, fue un paso clave.
La cláusula de defensa colectiva se activa solo si el agredido es un país
miembro; en este caso, Ucrania no lo es. Este anuncio no pareció casual:
obviamente, fue una concesión a Moscú, que exige la neutralidad de Ucrania. Era
de realismo político hacerlo, por cuanto si algo gatilló la reacción airada del
Kremlin contra Kiev, y su involucramiento directo o indirecto en los combates,
fue precisamente el acercamiento económico a Europa, que Putin interpretó como
un primer paso para postular a una adhesión a la OTAN.
Inesperado
fue que, ese mismo día, los rebeldes que luchaban en el este de Ucrania y que
habían tenido una buena semana de éxitos militares -gracias a los refuerzos
rusos- declararan que ya no buscarían la independencia de la región, sino un
estatus especial, en el que Kiev reconociera las singularidades de las minorías
rusohablantes, y por tanto sus derechos especiales.
Hasta la
semana pasada había poco optimismo entre políticos, Diplomáticos y analistas.
Putin había advertido que podría llegar en dos semanas con sus tropas hasta
Kiev, si se lo proponía, y de hecho, ante los avances de las fuerzas
ucranianas, sus soldados que estaban en "ejercicios" al otro lado de
la frontera entraron en combate. Por su parte, los ucranianos hacían lobby para
que EE.UU. y Europa les dieran apoyo militar. Incluso algunos analistas
extremos especulaban que, en caso de que el conflicto se extendiera, Putin
podría considerar el uso de armas nucleares.
Un país neutral en la
frontera rusa.
Con el
protocolo firmado se aclaran las intenciones de Putin. Moscú nunca se ha
conformado con que ex miembros del Pacto de Varsovia hayan cambiado de bando,
en especial las repúblicas bálticas. Para una Rusia debilitada tras el derrumbe
de la URSS, que la Alianza Atlántica llegara a sus fronteras fue una afrenta y
casi una agresión. Su involucramiento en Ucrania tenía como objetivo, más que
apoderarse del territorio, dejar en claro que ahora no aceptaría que ese país
siguiera la misma ruta. Algo que en 2008 hizo con Georgia. Por eso, Ucrania
tendrá que dejar de lado cualquier aspiración a incorporarse a la OTAN, pero no
debería aceptar condiciones que menoscaben su libertad para mantener estrechos
vínculos económicos, comerciales o de cualquier tipo con la Unión Europea y
otros países del mundo. Moscú, por su parte, tiene que aceptar la soberanía e
integridad territorial ucraniana.
De otro
lado, si Ucrania quiere ver a los rebeldes desarmados y a las tropas rusas
fuera de sus fronteras, tendrá que resolver el estatus autonómico de la región
del este. Definir los derechos políticos, económicos, lingüísticos y culturales
de los rusohablantes está entre los puntos acordados, y debe encontrar una
solución lo antes posible.
Si los
pesimistas están equivocados, y el diálogo avanza, bien podría darse un
mejoramiento rápido en la situación. Incluso Rusia podría ver eliminadas las
sanciones económicas que se le aplican. Lo que no parece tener posibilidades de
ser resuelto en el corto plazo es la anexión de Crimea. No fue tema en Minsk, y
es difícil que Putin acceda a negociar algo que ya parece haber sido aceptado
por la comunidad internacional.
Cambio en el panorama
electoral de Brasil.
La semana
terminó muy mal para Dilma Rousseff. A las malas noticias que le daban las
encuestas -que mostraron a Marina Silva ganando en segunda vuelta- se suman las
denuncias de corrupción en Petrobras, precisamente en años en que la Mandataria
Presidía el directorio de la empresa Estatal.
Aunque
Dilma descarte cualquier responsabilidad y efecto negativo, lo cierto es que el
escándalo no la ayuda en su lucha por la reelección, justo cuando necesitaba
todo el impulso para que su campaña repuntara.
Por otro
lado, Marina, que no está tocada por las denuncias, tampoco está libre de
coletazos, porque su fallecido compañero de lista sí está mencionado en la red
de corrupción.
Inesperadamente,
Aécio Neves, quien había sido desplazado a un tercer lugar, podría recuperar
terreno al estar su partido y él mismo totalmente ajenos a las acusaciones.
A menos
de un mes de los comicios, la campaña cobra un nuevo suspenso, con un resultado
que deja obsoletas todas las encuestas pasadas. En las próximas semanas, o días
quizás, habrá un reacomodo de las opciones. Con la economía en una cuasi
recesión, los brasileños harían bien en decidir mirando las perspectivas que
les ofrecen los candidatos y menos al carisma de quienes compiten.
Una carta publicada por
Diario La Tercera que consideramos debe ser analizada:
Señor Director:
Nicanor Parra y el Chile imaginario.
“La
poesía no es más que un pequeño oasis de nuestra realidad circundante”, que se
ha plasmado con el homenaje público realizado con ocasión de los cien años de
nuestro poeta Nicanor Parra.
Muy merecido por cierto, pero con una
Presidenta imaginaria, con un Gabinete imaginario, con una Nueva Mayoría
imaginaria, con una oposición imaginaria, con un Congreso imaginario, con una
justicia imaginaria, con una Iglesia imaginaria, con uniformados imaginarios,
con dirigentes imaginarios, con un trabajo imaginario, con una educación
imaginaria, con una salud imaginaria, con una vivienda imaginaria, con una
utopía marxista imaginaria, en donde falsamente todos somos iguales, y con una
democracia imaginaria, en la que “casi-casi” nos parecemos.
Jorge Saavedra Moena.
Terrorismo es usar el terror
con fines políticos.
