Un par de fotos
importantes que retumban desde el fin de semana…
Presidentes de Chile juntos,
por Karin Ebensperger.
La Cancillería ha dado a conocer un video sobre
la demanda de Bolivia en La Haya, en el que se ilustra sobre los argumentos de
Chile y los muchos -los increíbles- beneficios que nuestro país otorga a Bolivia.
Se trata de Diplomacia pública. El respeto que Chile ha tenido por los tratados
y el Derecho Internacional es reconocido y es una gran las redes sociales,
existe el tema de las percepciones que se forma la opinión pública, la calle,
como suele decirse. Bolivia ha trabajado especialmente ese aspecto,
presentándose en todos los foros como un pobre país enclaustrado cuyos males
derivan de no tener acceso soberano al mar.
Para una defensa más eficiente de la soberanía
y del interés nacional, hoy se requiere una estrategia político-comunicacional.
Chile no había sido eficiente en este aspecto, por el defecto de una virtud.
Esa virtud consiste en que en Chile no se practica un nacionalismo populista,
sino que este es un sentimiento suave, sano: un referente de identidad, no una
bandera de lucha contra un vecino. Pero el defecto de esa virtud es que
erróneamente hemos creído que el respeto a los tratados bastaría para
garantizar la soberanía. Y hemos aceptado estoicamente que se nos vilipendie en
los foros por parte de Presidentes populistas, y hemos respondido con mesura y
con un idioma Legal, lo cual es lo correcto, pero hoy no basta. La Paz
sistemáticamente trata de introducir en la opinión pública el concepto de que
tiene reclamaciones legítimas que incluso denomina derechos
"expectaticios", palabra que no existe, pero que insinúa una
esperanza unilateral transformada en derecho adquirido. En cambio, Chile no se
ha dedicado a resaltar sus enormes aportes a Bolivia, que cuestan caro cada
año. La Paz argumenta, por ejemplo, que el Tratado de 1904 le fue impuesto,
cuando en realidad fue ratificado por el Congreso boliviano sin presiones más
dos décadas después de terminada la guerra de 1879. Ismael Montes ganó la Presidencia
de Bolivia ese año 1904 enfatizando el excelente tratado que La Paz había
obtenido; su sucesor, Eliodoro Villazón, repitió el argumento para ser elegido,
y el propio Montes -recalcando los beneficios que obtuvo Bolivia- fue reelegido
en 1913. Y es que, efectivamente, los pagos y concesiones que Chile hizo en esa
época fueron enormes, como lo son hasta hoy los aportes que sigue haciendo en
los puertos que Bolivia usa en Chile. Eso se explica muy bien en el video. Como
hemos dicho antes en estas columnas, para una política exterior exitosa se
requiere, además de hacer bien la tarea, saber presentarla vía una Diplomacia
pública que hoy es tema prioritario en las Cancillerías. Recomiendo ver el
video "Chile y la aspiración marítima boliviana: mito y realidad" y
constatar, a través de la Presidente y los ex Presidentes de Chile, que en
política exterior tenemos continuidad y profunda convicción, lo que nos une en
un tranquilo y pacífico orgullo nacional.
No se portfoliaron,
por Axel Buchheister.
El llamado caso Penta ha sido objeto de los más variados
análisis y comentarios. Haré lo propio, pero desde otra perspectiva:
refiriéndome a la culpa que tienen los que nada han aportado a las candidaturas
de la centroderecha.
Porque, más allá del reproche Legal o moral, lo
que habrían hecho los dueños de Penta fue “ponerse”, y más de la cuenta, es
decir, excediendo el límite Legal e incluso recurriendo, según se acusa, a
boletas que no obedecían a un servicio efectivo, todo para ayudar a candidatos
de la UDI. Y lo hicieron para respaldar aquello en lo que creen, basados en sus
principios. Ya que dejando de lado las consignas y las insinuaciones
previsibles de sus adversarios, no hay aquí tráfico de influencias: que alguien
señale la Ley que se haya dictado en todos estos años para beneficiar a Penta.
Sólo apoyaron los que -se supone- son defensores de un modelo económico, social
e institucional en que creen, y en el cual han podido progresar y crecer como
empresarios, como la gran mayoría de los chilenos en su propio ámbito con ese
modelo. Y quizás ahí estuvo su error: no se portfoliaron, entregando una parte
a los que no creen.
Porque, en verdad, si hubieran entregado para
ambos lados, como hace la gran mayoría de las empresas que donan, las voces de
izquierda que hoy truenan pidiendo que se investigue no sonarían con tanta
fuerza, por decir lo menos. El Presidente del Partido Socialista dijo que hace
tiempo la UDI y Penta son lo mismo. Cierto, no son tantos los que se ponen.
Cuando “independientes” (una pose muy extendida) que les va muy bien engolan la
voz y se hacen eco de esa crítica, bueno sería preguntarles: ¿Con cuánto te
pones tú para evitar esa concentración de donantes que puede ser malsana? La
concentración no es culpa de los que se ponen, sino de los que no lo hacen. Ya
quisieran los Penta que otros los hubieran imitado, pues difícil será acusarlos
de tratar de sacar competidores del mercado de los aportes.
Hace años, siempre creyendo inocentemente en la
causa, cuando se acercaban unas elecciones, les dije a un par de amigos por qué
no se ponían con unas “pocas luquitas” para candidatos nuestros y me
contestaron que eso tenían que hacerlo los ricos. Literal, como si ellos no
pertenecieran al 5% (por decir algo) más rico de Chile. No hace tanto, el ex Presidente
de RN Carlos Larraín reclamaba en una columna y también en entrevistas de
prensa que nuestra gente, profesionales y empresarios exitosos, no se ponen con
nada, ni con plata ni trabajo, pero gozan del modelo sin restricciones.
La política y las campañas cuestan plata. Y una
cosa es clara: a los Penta nunca más los vuelven a agarrar para que donen; ya
tienen suficientes problemas. Si eso es así, ¿quién nos defenderá? Quizás todo
esto sirva para que los que creen que las cosas resultan solas se den cuenta
que están equivocados, pues no hay “desayuno gratis”, tampoco en política. Y no
estaría de más que los que se portfoliaron noten que de nada les sirvió. ¿O no
se han dado cuenta para dónde va este país con la Nueva Mayoría?
¿Y si están equivocados?,
por Sergio Urzua.
La magnitud del conjunto de reformas propuestas
por la Nueva Mayoría es solo comparable con la energía con que estas se han
impulsado: Reforma tributaria, lista. Reforma educacional, avanza. Reforma
laboral, en camino.
Todo ha sido motivado -esgrimen- por la necesidad
de avanzar hacia un modelo más inclusivo. Por cierto, existe consenso: Chile no
puede seguir creciendo sin hacerse cargo de sus desigualdades. Y claro, la idea
no es sacrificar crecimiento, es asegurar que el desarrollo llegue a
"todos y todas". Pero decirlo es más fácil que lograrlo -más cuando
la urgencia ha atentado contra la calidad de las reformas- y no es para nada
obvio que una agenda reformista tipo bomba de racimo sea el mejor camino: ¿Y si
la estrategia es equivocada?
Vamos por partes. Los fundamentos tras el
diseño de las medidas propuestas por la Nueva Mayoría podrían implicar al menos
dos errores. El primero es lo que se conoce como un "falso positivo".
Este implica concluir que un determinado fenómeno existe, cuando no es así. Esto
ocurre, por ejemplo, cuando se diagnostica que un paciente tienen una
enfermedad, cuando en realidad no la tiene. El costo son los efectos de un
remedio para algo que no existe o que tiene una naturaleza distinta. Dicho
error puede explicar, por lo menos en parte, las negativas reacciones de
distintos grupos ante muchas de las medidas impulsadas por la administración.
Una señal de que se puede estar tratando la enfermedad equivocada. El caso de
la educación es el más reciente, pero todo sugiere que no será el último.
El segundo error es el de "falso
negativo". En el ejemplo de la salud, este implica que un examen diseñado
para detectar una enfermedad en pacientes que sí la tienen no cumple su
propósito. Es decir, no detecta una enfermedad que existe. Así, en su afán de
rechazar lo que consideraba principios incorrectos, la Nueva Mayoría podría
haber terminado aumentando los riesgos de no rechazar los elementos errados del
"modelo" chileno. Educación nuevamente sirve de ejemplo: a la fecha,
la reforma no mejora la calidad. En trabajo se anticipa algo parecido.
Ante la crítica, algunos replicarán que la
gente votó conociendo el programa. Que de existir errores, ellos son propios de
la democracia. Por cierto, pero esto no justifica el descuido por los detalles,
el olvido de los incentivos ni la improvisación en temas claves. Otros
argumentarán que elementos de las reformas impulsadas por la administración
anterior fueron claras señales de la naturaleza de la enfermedad y la necesidad
de un nuevo paradigma. ¿Y si esos también fueron errores de diseño? La
equivocación sería doble.
El problema es que identificar, reconocer y
corregir los errores no será una tarea sencilla. Por supuesto, es posible que
el equivocado sea yo... ojalá.
Llegó el momento,
por Gonzalo Rojas S.
Frente al peligro, el cuerpo humano reacciona
siempre a tiempo. Las fuerzas sociales, no. El cuerpo humano no tiene egoísmo
alguno; las fuerzas sociales, sí.
Con la misma frivolidad con que las juventudes
europeas marcharon a la guerra hace cien años, cantando himnos heroicos,
diversos estamentos de la sociedad chilena miran la inminente debacle nacional
con una indiferencia egoísta.
Cuesta detectar el egoísmo propio: alguien
tiene que remecerte. Si una semana tras otra insistimos en que Chile está de
nuevo al borde de un abismo insondable, no es porque sea grata esta denuncia,
sino porque una voz recuerda sin descanso que hay que dejar de lado todo
egoísmo para volver a salvar a Chile.
¿Cuáles son estas tendencias pobres en
humanidad? ¿Cómo se expresa este egoísmo?
Por una parte, está la pasividad de los que se
sienten seguros. Ni los colegios profesionales tradicionales, ni los
movimientos gremiales universitarios, ni las agrupaciones de colegios
particulares pagados, ni las universidades libres parecen haber entendido que
lo que está en juego con la ofensiva revolucionaria en educación es su propia
subsistencia. Nada los salvará de caer bajo el domino Estatal si no son
solidarios con quienes están directamente amagados: millones de niños, cientos
de miles de familias, miles de emprendedores educacionales. Si no es "hoy
por ti", no habrá posibilidades de un "mañana por mí".
Por otra, la mayoría de los políticos de la
Alianza transmite el egoísmo que consiste en tratar el tema educacional a nivel
de pulsaciones normales, como si no fuera de vida o muerte. No son conscientes
de lo grave que resulta percibir que su interés en esta cuestión es solo
mediano. Cuando capten la fuga de voluntades y de votos que significará el
haber defendido solo tibiamente la libertad de enseñanza, ya será muy tarde.
En tercer lugar, los intelectuales. Unos pocos
están embarrándose en la trinchera. Otros quieren estar por encima,
sobrevolando el campo de batalla, porque en el nombre de la independencia,
olvidan el compromiso con la verdad. Pero si les preguntaran a los
historiadores, la respuesta sería una sola: callen o hablen; si sus ideas son
derrotadas, igual irán al paredón.
Finalmente, están quienes buscan algún
privilegio especial en razón de su fe. Y se acomodan con el Gobierno para
protegerse; y descalifican el lucro en la educación con tal de salvar sus
colegios; y no han entendido que educar es una tarea humana que solo puede
realizarse si hay amplias libertades para creyentes y no creyentes. Qué ceguera
pensar que serán protegidos los primeros si sacrifican a los segundos, cuando
toda la historia del siglo XX ha demostrado lo contrario.
El socialismo opera sobre el egoísmo de sus
contradictores, de sus eventuales víctimas. Logra disfrazarse de altruismo hasta
el momento mismo en que las fuerzas de la libertad toman conciencia, se
organizan y enfrentan el conflicto agonal. En ese mismo instante queda
desenmascarada la profunda pobreza humana del socialismo; antes, no.
La tarea de las próximas semanas debiera estar
centrada, por lo tanto, en la coordinación conceptual de los más destacados
intelectuales chilenos libres; en la coordinación de todas las fuerzas que
defienden la libertad de los padres y educadores para concretar unas masivas
marchas el 11 de octubre; en la coordinación de la exigencia a los medios de
comunicación de espacios igualitarios; en la coordinación de las
imprescindibles demandas ante los Tribunales por los abusos del Estado contra
sus ciudadanos.
Esto no da para más. Ni en la perversión del
proyecto de control educacional socialista, ni en el egoísmo de sus
detractores. Llegó el momento.
Familia y educación,
por Álvaro Góngora.
Hablo a diario con alumnos universitarios.
Otros académicos hacen lo propio en diversas entidades del tipo y hemos
compartido impresiones. La condición con que ingresan la mayoría de los
estudiantes desde hace años nos preocupa. Cargan con serias dificultades de
conocimientos y expresión oral y escrita, básicas: ortografía, redacción,
vocabulario y más. Les cuesta argumentar, analizar acorde con la edad. Sabemos
que frecuentemente se culpa al colegio.
Sin embargo, lo que más preocupa son aspectos
de personalidad. Experimentan algún tipo de trastorno de aprendizaje. Cierto
déficit atencional, escasa autoexigencia y perseverancia, inhibición ante las
evaluaciones y exposiciones, afectación grave frente a malos resultados. No
organizan el tiempo y demuestran tedio al estudio sistemático. A veces se
aíslan, les cuesta socializar. En fin, el grado de madurez intelectual y
emocional con que llegan es bajo.
Hay casos que inquietan más, no son pocos.
Dialogando, afloran sentimientos de frustración. No se sienten apreciados por
su entorno, asumen que son incomprendidos, denotan baja autoestima, revelan
problemas con la casa o dinámica familiar. Situaciones muy variadas. Las
universidades tienen departamentos para atención especial a quien esté
dispuesto a recibirla, pero el problema de fondo requiere otros esfuerzos. La
familia es clave.
Desgraciadamente, todo indica que el concepto
de familia y su composición tienden a cambiar. De partida, se ha fortalecido en
Chile la familia monoparental, cuyo incremento se debe a las separaciones de
hecho y legales. Otro concepto se refiere a convivencias afectivas con amistades,
sin crear parentesco, o bien relaciones conyugales prolongadas no
matrimoniales, o bien parejas homosexuales que buscan formar familia
homoparental adoptando hijos.
A pesar de que la izquierda o progresismo se
empeña por deconstruir la familia tradicional --disolverla conceptual y
realmente, como ocurre en países europeos-, ella sigue considerándose la mejor
instancia para formar a los hijos en aquello que les permitirá desarrollarse
como buenos seres humanos. Institución infinitamente superior a una unidad
económica, social o legal, como la definen. Es el lugar estable, que acoge
cariñosamente, cuida, socializa, enseña a vivir responsablemente, aporta
virtudes basales que sirven para toda la existencia, multiplicándose en
sucesivas generaciones.
Los especialistas señalan que un factor que
repercute negativamente en los hijos -reconociendo excepciones a la regla- es
la disfuncionalidad de sus familias. Tienen mayores probabilidades de presentar
problemas conductuales, emocionales, interpersonales, inestabilidad, ansiedad y
mucho más. Por otra parte, los cientistas sociales sindican a la familia como
la instancia, por excelencia, de mediación entre el individuo y la sociedad,
para focalizar políticas públicas destinadas a mejorar condiciones socioeconómicas.
Pero pareciera que el relativismo demoledor que guía a la izquierda y
progresismo desprecia esta realidad objetiva, natural, necesaria; este derecho
humano milenario.
No digo que la familia nuclear, indivisible, es
la depositaria exclusiva de las virtudes formativas en favor de los hijos.
Porque, sin ser un comportamiento corriente, hay personas que han rehecho su
vida conyugal (hombre y mujer) manteniendo inalterable su preocupación por los
hijos del anterior u otro matrimonio. Pero coincidirá conmigo en que hay escasa
preocupación institucional y social por el tema. Hay políticas públicas que
quieren implementarse --de tipo holandés, digamos-, orientadas a proteger una
gama de "diversidades", pero nada destinado a fomentar el pilar de toda
sociedad. ¡Qué contrasentido! El colegio más bien instruye; en la familia es
donde nacen, crecen y se educan, para ser buenas personas, los ciudadanos del
país.
El dinero y la política en su real dimensión.
El financiamiento de la actividad política
supone complejidades que aun las democracias más asentadas no han logrado
resolver, según demuestran los escándalos vinculados a estas materias que cada
tanto estallan en el mundo. Casos como los de Francia -donde sucesivos ex
mandatarios han debido enfrentar a la Justicia tras concluir sus períodos- o
España -en que a la detección de irregularidades en sus principales
colectividades se han sumado otras en el manejo de los Gobiernos autonómicos,
en una confusa mezcla de intereses partidistas y personales- son ejemplos al
respecto. Incluso, una figura de la relevancia histórica de Helmut Kohl,
artífice de la reunificación alemana, no fue inmune a este tipo de situaciones,
que precipitaron el fin de su carrera política.
Conviene tener en cuenta tales experiencias a
propósito de la investigación que desarrolla en Chile el Fiscal Carlos Gajardo.
La espectacularidad que ha acompañado sus actuaciones no debiera conducir a
juicios apresurados ni a perder la real dimensión de los hechos. Desde luego,
no hay en los antecedentes hasta ahora conocidos elementos que permitan
configurar un cuadro de corrupción en la política chilena, ni menos la
utilización de esta actividad para el enriquecimiento personal. Antes bien -y
más allá de las profusas filtraciones que han rodeado el tema-, lo que en
concreto se indagaría -y solo como una de las aristas de un caso originado en
hechos de muy distinta naturaleza- sería la eventual mala utilización de
boletas de servicios para, por esa vía, entregar aportes a campañas políticas
al margen del sistema establecido legalmente, obviando las restricciones que
este impone.
Evidentemente, cualquier infracción a la Ley
debe ser investigada y perseguirse su sanción. Pero la indagación de los hechos
y el establecimiento de eventuales responsabilidades no pueden apartarse de los
principios del debido proceso, lo que ha de manifestarse en cada uno de los
pasos que se sigan y en las formas que se adopten. Poco sentido tiene declarar
en abstracto la presunción de inocencia de servidores públicos destacados si en
los hechos se los somete innecesariamente a diligencias vejatorias de su propio
prestigio, utilizando incluso facultades concebidas para el castigo del lavado
de dinero en algo de naturaleza tan distinta.
Corresponde también evitar el aprovechamiento
del tema en controversias políticas menores. Algo de eso se ha visto en la
insólita presión pública hacia Impuestos Internos ejercida por dirigentes
oficialistas, incluido el Presidente de uno de los partidos de la Nueva
Mayoría, o en el intento de Parlamentarios comunistas por usar este asunto para
empatar los cuestionamientos de que han sido objeto a raíz de la crisis de la
Universidad Arcis. Y es grave que la Cámara de Diputados haya sido incapaz de
acordar una postura común para abordar el caso y que, en cambio, se haya
resuelto formar a raíz de él dos comisiones investigadoras distintas, lo que de
no ser corregido, restará credibilidad al trabajo de una y otra.
Un aprendizaje permanente.
La experiencia chilena en materia de regulación
del financiamiento de la política es reciente: solo en 2003 se promulgó la
primera Legislación al respecto. Previamente, durante la década de 1990, el
tema se movía en el ámbito de la informalidad y enfrentando las principales
coaliciones -conforme se consolidaba la transición democrática- crecientes
dificultades para recaudar recursos en una ciudadanía que se distanciaba. La
norma de 2003 fijó límites al gasto, introdujo un subsidio público a las
campañas y estableció un mecanismo regulado para las donaciones privadas. Con
ello aportó transparencia en un ámbito hasta entonces opaco y aseguró ciertos
pisos mínimos a todas las candidaturas. También estableció el sistema de
aportes reservados, cuyo sentido -lejos de las críticas y caricaturizaciones de
que ha sido objeto- fue impedir las presiones mutuas entre aportantes y
candidatos, ventaja que bien supo destacar la Presidente Bachelet durante la
última campaña Presidencial.
Por cierto, el perfeccionamiento en materias
electorales ha de ser entendido como un proceso continuo que, conforme avanza
el aprendizaje de las sociedades, introduce nuevas correcciones. Así Chile
llegó a mediados del siglo pasado al sistema de cédula única, que pudo
garantizar de modo definitivo la limpieza de las votaciones, y así también es probable
que la actual Ley sobre gasto electoral requiera ya de reformas que recojan la
experiencia de estos años.
Preservar un activo.
Ambos puntos -la investigación de eventuales
irregularidades en aportes a campañas y la revisión normativa- han de ser
abordados con la necesaria racionalidad y mesura.
La solidez institucional que ha caracterizado a
Chile ha tenido uno de sus fundamentos en una clase política madura y proba.
Nada sería más nocivo que arriesgar ese valor por un debate desbordado que, en
aras de cálculos mezquinos, termine enlodando a todos quienes participan de la
actividad pública. Es pertinente clarificar cada uno de los hechos que puedan
apartarse de la Ley y dar garantías de su pleno cumplimiento a la ciudadanía.
Lo que, en cambio, el país no necesita es transformar el asunto en un
espectáculo de acusaciones y descalificación. Aunque, entre otros signos
preocupantes, las encuestas suelen dar cuenta de un continuo desprestigio de la
política, Chile ha sabido hasta ahora mantenerse lejos del estado de
degradación que con lamentables resultados ella experimenta en otros países de
la región. Es responsabilidad de todos los actores públicos preservar ese
activo.
Paralización de proyecto minero.
En fallo dividido, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un
recurso de protección interpuesto por comunidades diaguitas del Valle del
Huasco en contra del proyecto minero El Morro, alegando que no se había
realizado apropiadamente la consulta indígena en conformidad a lo dispuesto en
el Convenio 169. Con ello, el Tribunal revocó la resolución de calificación
ambiental que ya había obtenido el proyecto, lo que supone una paralización del
mismo.
Este episodio ha vuelto a dejar en evidencia
que el sistema de evaluación ambiental en Chile aún presenta un preocupante
nivel de incertidumbre, incapaz de entregar plena certeza tanto a los
inversionistas como a las propias comunidades. Ello se ha reflejado en que la
judicialización -junto a la escasez de energía- se han convertido en uno de los
mayores frenos a la concreción de grandes proyectos de inversión.
El caso de El Morro es particularmente
ilustrativo, pues dicho proyecto aurífero -que implica una inversión del orden
de US$ 4.000 millones- contaba con su aprobación por parte de los organismos
técnicos. Incluso, la propia Conadi había manifestado su conformidad en la
forma en que se había consultado a las comunidades indígenas. Tal discrepancia
de criterios entre la instancia técnica y la Judicial es ciertamente
inconveniente, porque además de retrasar inversiones que para el país son
necesarias, extiende la tramitación ambiental hasta un punto en que se hace
impredecible conocer su resultado o estimar un plazo razonable para ello.
La Corte Suprema está llamada a cautelar que en
las distintas instancias técnicas se cumpla con los procedimientos y garantías
que establece la Ley, pero en algunos casos su actuación ha ido por la vía de
fijar condiciones ambientales, como el caso de la central Punta Alcalde. Al
país no le conviene persistir en la judicialización, riesgo que se minimiza en
la medida en que la propia institucionalidad busque crear certezas.
Encuentro de Sociedad Interamericana de la Prensa
en Chile.
Santiago será sede, entre el 17 y 21 de
octubre, de la septuagésima Asamblea General de la Sociedad Interamericana de
la Prensa (SIP). Se trata de la quinta ocasión en que esta entidad se reúne en
nuestra capital, y esta vez lo hace en un contexto de importantes desafíos para
los medios de comunicación. Uno de los principales es reforzar la defensa de la
actividad periodística frente a diversas amenazas para la libertad de prensa
que se observan en la región.
Aprovechando que este año se cumplen dos
décadas de la Declaración de Chapultepec, donde se consagró el reconocimiento,
defensa y compromiso con la libertad de expresión, este encuentro surge como
una instancia para fortalecer la promoción de este derecho fundamental y pilar
de una democracia sólida, de manera que
se respete su ejercicio pleno en todos los países de la región.
Particularmente, en aquellos donde ha sido vulnerado de manera sistemática,
como es el caso de Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador, cuyos Gobiernos,
valiéndose de múltiples prerrogativas y artilugios, han establecido normas que
van en abierto desmedro del normal funcionamiento de la prensa. En su mayoría
se trata de Gobiernos que, en aras de controlar y ejercer sin contrapesos el
poder político, han optado por establecer medidas para entorpecer la labor
periodística y así limitar el escrutinio ciudadano al poder político.
Uno de los casos más emblemáticos es el de
Venezuela, donde el hostigamiento permanente a los medios de prensa no afines a
la línea oficialista y los problemas que éstos tienen para imprimir sus
ediciones debido a restricciones impuestas por el Gobierno para acceder al
papel, ha llevado al cierre de diarios o ha forzado su venta a empresas
vinculadas al Gobierno. En Argentina, en tanto, la autoridad Federal de
servicios de comunicación rechazó el jueves pasado el plan de adecuación a la Ley
de medios propuesta por el grupo Clarín, con lo cual avanzará en la toma de
control de los medios audiovisuales que forman parte de esta empresa, en una
nueva intervención que supone una fuerte amenaza a la libertad de prensa. Ello
se suma a los constantes hostigamientos a los medios, ya sea mediante
asignaciones arbitrarias de la publicidad Estatal o amenazas hacia periodistas.
Y en el caso de Ecuador, su Ley de Comunicaciones se ha convertido en una
poderosa herramienta de censura e intervención por parte del Gobierno, que
incluso llevó a que un periódico-Hoy- dejara de circular.
En el caso de Chile, si bien los informes de la
SIP no han denunciado graves amenazas a la libertad de prensa, en sus recientes
informes ha llamado la atención sobre regulaciones que pueden limitarla
inconvenientemente, como es el caso de la
nueva Ley sobre televisión digital, que no se circunscribe sólo a lo
“técnico”, sino que contiene normas que permiten una peligrosa intervención del
Estado en contenidos editoriales.
El crimen organizado y el narcotráfico también
representan otro importante riesgo para la actividad periodística en la región,
como se puede observar especialmente en algunas zonas de México y de países
centroamericanos, donde al año es asesinado un número significativo de
profesionales de la prensa por parte de estas organizaciones. Por todo ello,
esta nueva asamblea de la SIP constituye
una instancia privilegiada para relevar estos temas y crear conciencia sobre la
importancia de la libertad de prensa
para el buen funcionamiento de nuestras
democracias.
Enfoques Internacionales: Nuevos retos para
Bolivia.
Los desafíos de Bolivia son múltiples, porque
si bien su economía pasa por un buen momento, sigue siendo uno de los países
más pobres de América Latina, que depende fundamentalmente de los hidrocarburos
para sostener el crecimiento y de los bonos sociales para mantener a la
población más vulnerable. Evo se vanagloria de haber logrado impulsar el
desarrollo de Bolivia gracias a la nacionalización del gas y del petróleo, en
2006, tras lo cual renovó todos los contratos con las empresas extranjeras y le
dio a YPFB, la petrolera Estatal, la exclusividad de la comercialización,
fijación de precio y control sobre las compañías operando en el país.
La bandera nacionalista y en contra del
"neoliberalismo económico" le dio muchos réditos políticos a Evo, y
lo acercó estrechamente al fallecido Presidente venezolano Hugo Chávez. Durante
los primeros años, y en paralelo a la "refundación" del país mediante
una asamblea que redactó una nueva Constitución, nacionalizó también los
servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones. Con las cuentas públicas
ordenadas y en control de los principales recursos, el Gobierno de Evo Morales
apunta a una nueva etapa, en la que el país no dependa solo de la exportación
de materias primas.
En su programa, Morales se comprometió a
industrializar el país, en áreas en las que puede ser competitivo, como la
energética, para lo cual requiere invertir enormes sumas y capacitar a un
sinnúmero de profesionales y técnicos para generar la tecnología necesaria. Evo
es ambicioso, y a pesar de su profundo sentimiento
"antiestadounidense" se propone becar a jóvenes para estudiar en
prestigiosas universidades norteamericanas.
Este año, se estima que Bolivia crecerá 5,5%,
una de las tasas regionales más altas, después de Panamá, y que los ingresos
por gas y petróleo lleguen a los 6.000 millones de dólares. En 2013, el gas
representó el 54% de las exportaciones, con un ingreso de 6.589 millones de
dólares. Con un crecimiento promedio de 5% los últimos años, e ingresos de casi
31 mil millones de dólares desde 2007, el Gobierno pudo implementar programas
sociales de amplia cobertura para niños, mujeres y ancianos. Redujo la pobreza
al 45% y la extrema pobreza al 25,4%, desde el 38% (2005, PNUD), siendo el
ingreso per cápita de los bolivianos de apenas 2.860 dólares (2013, Banco
Mundial), el doble de lo que era en 2007, pero muy por debajo del promedio
regional, que supera los nueve mil dólares.
Proyecto nuclear en busca de estatus.
Uno de los proyectos más ambiciosos de Evo es
el desarrollo de un programa nuclear, como una forma de demostrar el poderío de
su país, al que quiere convertir, según sus palabras, en una potencia regional.
"Nunca nos sentiremos un país pequeño, ahora que nos hemos liberado
económicamente", ha dicho Morales, sobre el nuevo estatus que quiere darle
a Bolivia.
Para 2025 está proyectado que la primera
central nuclear, en La Paz, entre en funcionamiento, la que se calcula requiere
una inversión de 2.000 millones de dólares. El uranio se extraería de
yacimientos recientemente encontrados, los cuales, según se anunció, serían
explotados con apoyo tecnológico de Francia y Rusia. Evo no tiene remilgos en
buscar ayuda para su programa atómico en países como Irán, cuestionado por la
comunidad internacional precisamente por su tecnología nuclear. También se dice
que Francia y Argentina podrían colaborar. Este último país recientemente firmó
acuerdos con Rusia, que, a su vez, ha prometido "transferencia
tecnológica" y "constante capacitación a técnicos bolivianos en todas
las etapas del proyecto energético".
Bolivia no necesita energía nuclear dadas sus
grandes reservas hidrocarboníferas. Lo que busca, entonces, Morales es estatus
internacional. Aun cuando se ha comprometido a un proyecto civil, inquieta la
proliferación nuclear en la región, especialmente en un país vecino con el que
Chile tiene tensas relaciones bilaterales.
Discurso ideológico duro y manejo pragmático.
¿Qué hay del proyecto político de Evo Morales?
En general, su objetivo de incorporar a los sectores indígenas marginados se ha
cumplido. Después de la muerte de Hugo Chávez y la pérdida de relevancia de su
esquema de integración en el ALBA, Evo fue desideologizando su política y el
manejo económico, si bien no su discurso. Una prueba de este aparente giro
hacia el centro es su acercamiento a los empresarios, en especial a los de
Santa Cruz, inveterados opositores del líder cocalero, que incluso amenazaron con
una secesión. Al parecer Evo ha reconocido que no puede desarrollar el país sin
el aporte clave del sector privado.
Todo apunta a que Morales no ha dejado de lado
su intención de buscar una reforma Constitucional que habilite su
"reelección indefinida". No hay líderes alternativos dentro de su
movimiento, el MAS, ni en las filas opositoras que no han logrado formar un
frente común que le haga el peso.
Pero si Evo consigue esa reforma, tendrá que
superar las falencias que tiene su Gobierno para que la población siga
apoyándolo. Desde luego está la corrupción, que permea todos los sectores,
especialmente el Judicial, además peligrosamente politizado. Luego está la
inseguridad ciudadana, ligada al narcotráfico. Evo ha deslizado que podría
permitir a la agencia antidrogas de EE.UU. volver a implementar programas en
Bolivia "sin chantajes, sin condicionamientos, como era antes". Pero
también será necesario que Bolivia coordine su política contra el narcotráfico
con Brasil, país hacia donde va la mayor parte de la producción, sea para
consumo o en tránsito a Europa.
Evo también está al debe con las promesas de
protección medioambiental, y deberá evitar nuevos conflictos con pueblos
originarios que le pueden restar apoyo a sus ambiciones.
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