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martes, 5 de agosto de 2014

Temas para meditar y entender lo que está pasando...

 
 
 
 
 
Cuestión de soberanía,
por Axel Buchheister.


Que la  Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya dispuesto que Chile debe dejar sin efecto, “en todos sus extremos”, las sentencias penales condenatorias emitidas por conductas terroristas en casos en que los acusados pertenecen a la etnia mapuche no debe extrañar a nadie y era totalmente predecible.


Desde luego, todos sabemos que cualquier causa que tenga su inspiración en ideas de izquierda presenta mayores posibilidades de ser acogida ahí, frente a cualquier otra. De hecho, hasta ahora no hay registro que la CIDH se haya pronunciado a favor en una que responda a un interés propiamente de derecha (si es que ha habido alguna causa). El reclamo sobre la protección que Argentina da a un acusado de participar en el homicidio del Senador Jaime Guzmán será la prueba de fuego: veremos con qué sale.


Pero, sobre todo, porque se trata de un Tribunal carente de toda deferencia hacia la soberanía de los Estados y sus procesos democráticos. La doctrina de la “deferencia” es de origen norteamericano y reconoce que los Jueces no tienen origen democrático -en el sentido de ser en general electos por el pueblo-, por lo que deben ejercer sus potestades con prudencia y respetando las atribuciones de los órganos que sí lo tienen. Por así decirlo, “en la duda abstente”, o sea, que los casos deben ser claros para enmendar la plana a otras autoridades que gozan de legitimidad democrática. La CIDH carece de ésta -peor aún, sus Jueces no están sujetos a responsabilidad alguna- y falla con prescindencia de las instituciones democráticas de los países.


¿Está obligado Chile a respetar el fallo? De ninguna manera; más aún, no puede aplicarlo. Por la simple razón que no existe disposición Constitucional alguna que coloque los fallos de esa Corte por sobre nuestros Tribunales. Tanto es así, que para que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional fuere reconocida en Chile, debió aprobarse al efecto una reforma a la Carta Fundamental, como lo dispuso un fallo del Tribunal Constitucional. Esto no fue una curiosidad nuestra, sino que varias democracias debieron modificar sus cartas Constitucionales para poder adherir a esa jurisdicción internacional.


El fundamento tiene que ver con la democracia: si la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio se realiza por el pueblo a través de elecciones periódicas y por las autoridades que la Constitución establece, no corresponde que una parte de ella sea ejercida por alguna autoridad que no emane sus potestades de la norma fundamental y en la forma prevista por ella.


Por consiguiente, para que fallos ejecutoriados se dejen sin efecto en virtud de decisiones de la CIDH, es menester una reforma Constitucional. Por cierto que si alguien pretende hacerla, habría que oponerse tenazmente a ella, ya que sería el principio del fin de la democracia: las cosas ya no serán decididas aquí por los chilenos, sino que en los organismos internacionales. Y, entonces, tendríamos que tragarnos algo más que unas palmaditas en el hombro a los que han cometido delitos castigados en la Ley Antiterrorista.


La inexperiencia al poder,
por Joaquín García Huidobro.


Ahora entendemos por qué los estudiantes se hallaban tan tranquilos en el último tiempo. El Gobierno estaba trabajando con ellos para derogar unos artículos que molestan a "la calle": aquellos que prohíben la participación de estudiantes en el Gobierno universitario.


Por algún error incomprensible, esta demanda no estaba incluida en el Programa. Pobres de nosotros, los ciudadanos de a pie, que creíamos que Él contemplaba todos los aspectos de nuestra vida futura. Realmente ha sido una dura decepción. Por fortuna, nuestros inspectores sociales velan para que no quede ningún resto de autoritarismo en el tejido social. Gracias a ellos, esta pequeña deficiencia programática será corregida prontamente.


En todo caso, ya se había avanzado bastante en darle poder a quienes todavía tienen el currículum en blanco. La todopoderosa Comisión Nacional de Acreditación, junto con gente de currículum pesado y amplia experiencia en gestión universitaria, incluye entre sus miembros a dos estudiantes. Es una suerte que podamos contar con ellos para dirimir cuestiones como la viabilidad financiera de una universidad o la conveniencia de que un doctorado en astrofísica sea acreditado.


¿A qué gran empresa se le ocurriría poner en su directorio a un alumno de tercer año de Filosofía, Enfermería o lo que sea? Una universidad, ciertamente, no es un empresa, pero eso no significa que sea menos que ella. ¿Hay algo más difícil que organizar la búsqueda sistemática de la verdad en todos los campos del saber, reunir en un mismo proyecto a médicos, arqueólogos y economistas, que tienen ideologías contrapuestas y modos muy diferentes de hacer las cosas?


Si nuestras autoridades quieren colocar alumnos en puestos de responsabilidad, que los lleven a Codelco. El cobre no es más importante que la educación, y administrar la extracción o venta de metales es más fácil que Gobernar bien la Universidad de Chile.


Es verdad que el cambio Legislativo que proponen es todavía modesto. Al levantar la prohibición, simplemente se está diciendo que los alumnos "pueden" integrar los más altos órganos de Gobierno universitario. Todavía no se dice que "deban" hacerlo. Pero, ¿cuánto se tardará en dar el paso siguiente? Además, ¿tendrá alguna universidad Estatal la fortaleza suficiente como para mantener cerrada esa puerta cuando la Ley la deje sin pestillo?


Que unos líderes estudiantiles planteen esta demanda para acercarnos al actual modelo argentino, español y venezolano de universidad parece comprensible. Pero lo que resulta sorprendente es que personas entraditas en años se sumen a la iniciativa. Hoy actúan según los dictados de unos estudiantes que me recuerdan a esas niñitas de cuatro años que se malpintan los labios con el rouge de la mamá, se ponen un collar que les llega a las rodillas y meten sus piececitos en unos gigantescos zapatos rojos de tacos altos. Todo eso para mostrar que son grandes.


La culpa, en todo caso, no es de los estudiantes, que difícilmente pueden resistir una posibilidad tan atractiva como la de participar en el Gobierno de una de las instituciones sociales más complejas.


Son los adultos quienes se equivocan. Desoyen la advertencia del viejo Aristóteles, que decía que los jóvenes no son aptos para la política porque se dejan llevar por sus pasiones y carecen de experiencia de la vida. Pueden ser muy inteligentes, pero solo han estudiado teorías y aún no se han visto expuestos a la difícil tarea de ajustarlas a la realidad. Para eso existen las prácticas, donde aprenden echando a perder. Con suerte, conocen un poco su propia universidad, pero no han vivido otros modelos.


¿Peligra la civilización occidental por el hecho de que haya un par de estudiantes en las juntas directivas de las universidades? Por cierto que no. El peligro no es el derrumbe de la cultura, sino más demagogia, un poco de mediocridad y abundantes dosis de cortoplacismo.


Los estudiantes están solo de paso en las aulas universitarias. Este simple hecho, sumado a su escasa experiencia, les dificulta trabajar a largo plazo. Ahora bien, si existe una institución que exige proyectarse a largo plazo, esa es la universidad. Por eso muchas universidades han durado cinco, seis o siete siglos, una marca que no ha conseguido ninguna empresa.



Juegos electorales,
por Eugenio Guzmán.


Todo parece indicar que existe consenso en torno a terminar con el binominal y, si bien aún no está claro qué fisonomía tendrá la nueva propuesta, es probable que sea una variación en torno a las que hoy se plantean. Es decir, aumento del número de Diputados, Distritos de mayor tamaño, reagrupación de los actuales Distritos, incorporación de cuotas y competencia por pactos y subpactos de partidos.


Más allá de qué proyecto finalmente sea votado y aprobado, es interesante reflexionar acerca de cómo los sistemas electorales, aunque imponen ciertos límites a la forma de elección de candidatos, de una u otra forma están afectados por la competencia política. Lo anterior da lugar a fenómenos que ciertamente no parecen deseables, o, al menos, que no resuelven los problemas que se ha querido superar con los cambios de sistema electoral.


Al respecto, tres ejemplos nos pueden ilustrar. En primer lugar, veamos qué podría suceder con la incumbencia o porcentaje de Diputados que se reelige. Como bien se sabe, una de las promesas que se han hecho es la de aumentar la competencia y generar recambio; es decir, que no sean los mismos los que ganen las elecciones. La verdad es que una elección puede ser muy competitiva, pero no por ello perderán los que repostulan. En consecuencia, puede ocurrir que ganen los mismos de siempre pese a ser competitiva. Ahora bien, en un Distrito de 5 escaños, que antes agrupa a dos Distritos que sumaban 4 escaños, es muy probable que se reelija a los mismos Diputados que ya estaban en el cargo, más uno adicional, dado que se aumentó en uno el número de cargos. No obstante, nada asegura que en la elección siguiente este sea reelegido, luego, esto significará que en el mediano plazo el nuevo sistema no asegurará cambios significativos.


Un segundo caso sería la posibilidad que un candidato de un pacto resulte electo a pesar de tener menos votos que el del bloque contrario, como sucedió en 1989 con Jaime Guzmán y en 2013 con Carlos Montes. Al respecto, dado que la competencia será entre pactos, y que, en consecuencia los votos se suman, nada garantiza que no ocurran situaciones como las de 1989 y 2013. Es más, podríamos señalar que esto podría ser más frecuente. Incluso, los pactos afectarán las posibilidades de los partidos pequeños de obtener representación, pues en el mejor de los casos (Distritos de 8 escaños) deberán conseguir más del 11% de la votación para estar seguros de ganar.


Finalmente, respecto de la abstención, pensar que esta disminuirá significativamente no resiste análisis. Desde 1990 esta viene aumentando en distintas democracias del mundo, con los más variados sistemas electorales. Esto deja de manifiesto que el sistema electoral no es el único factor para explicar este fenómeno.


En general, para quienes apuestan a un cambio fundamental en la política nacional, a partir del tipo de propuestas que se están discutiendo, es interesante recordarles que muchas de los argumentos que hoy esgrimen quedarán cuestionados cuando surjan situaciones como las mencionadas. Quedará así en evidencia que no estamos en presencia de juegos electorales.



Codelco y la capitalización.


El pasado viernes el Gobierno anunció la capitalización de Codelco por US$ 4.000 millones para el período 2014-2018, proyecto será tramitado en el Congreso a partir de este mes.
La medida, que es la inyección de recursos más grande en la historia de la principal empresa pública del país, se produce en el marco de un ambicioso plan de inversión de la cuprífera, que se espera sea del orden de US$ 4.000 millones en 2014 y que habrá de alcanzar los US$ 23.500 millones durante los próximos cinco años.


Una vez conocida la decisión, se han sacado varias lecturas. Por una parte, sectores políticos y sindicales destacan que el Estado toma un compromiso más fuerte con la actividad de la empresa y deja de lado otras alternativas de financiamiento (como la apertura a privados). Por otro lado, se envía una señal acerca del papel que se espera cumpla la minera, sobre todo en relación con el uso eficiente de los recursos y la gestión en materia medioambiental.


Sin embargo, el reforzamiento de Codelco, afectada en los años recientes por la baja en el precio del cobre y el alza de los costos de producción, abre interrogantes acerca de cómo se utilizarán estos recursos y qué cambios administrativos se introducirán para medir su eficiencia.


Un aspecto relevante es que la capitalización será financiada, en gran parte, a través de la emisión de deuda del tesoro público, con lo que se espera reunir US$ 3.000 millones, y el resto con los propios excedentes de la corporación. Lo positivo de esta resolución es que se descartan las iniciativas que pretendían obtener recursos de los fondos soberanos del país —idea esbozada por el propio Ministro de Hacienda—, lo que habría marcado un retroceso en el orden que ha imperado en la política Fiscal de los últimos años. Se desvirtuaría además la función de un mecanismo clave en el manejo de la crisis de 2008.


El financiamiento mediante la colocación de deuda pública no ha estado libre de suspicacias. Algunos sectores señalan que, al ser el Estado quien contraiga la deuda, los intereses se pagarán con ingresos Fiscales, lo que dificultará determinar el impacto de las inversiones y si estas no están destinadas sólo a mantener los niveles actuales de producción. Este argumento es cuestionable en la medida de que se sabrá la tasa de endeudamiento y Codelco maneja la rentabilidad de sus inversiones. Pero ayudaría a disipar dudas una mayor explicación de la operación a fin de garantizar que los beneficios que se obtendrán con este endeudamiento compensarán con creces el esfuerzo Fiscal.


Este asunto es clave si se considera que los flujos de capital se entregarán en la medida de que se cumplan las metas del programa de inversiones de la empresa, contenidas en el Plan de Negocios y Desarrollo (PND).


Sobre esta resolución todavía quedan varias cuestiones por definir, especialmente acerca de la manera en que se evaluará el cumplimiento de estos objetivos y los mecanismos que se utilizarán en el caso de que las metas no se satisfagan.


Ya hace unas semanas, la Ministro de Minería, Aurora Williams, señaló que sería un error entregar fondos para proyectos en plazos que no se pueden cumplir, más considerando el costo alternativo —social y político— de destinar grandes recursos Fiscales a esta área, en lugar de otros programas Estatales.


Tampoco se puede ignorar que hace sólo unos meses la Dipres estimó que los aportes de minería privada y de Codelco al Fisco serían los más bajos desde 2009. En este contexto, el Gobierno debe asegurarse de que los dineros se manejen con los mejores criterios de gestión y evaluación, materia en la que la estatal aún se muestra al debe.


La eficiencia y transparencia en el uso de los recursos, así como la rentabilidad de las inversiones en el próximo lustro, serán claves para determinar la política de futuros Gobiernos en la administración de la corporación. La apuesta por mantener a la cuprífera cerrada a capitales privados —lo que liberaría al Estado de ser el único aportante— saldrá maltrecha si Codelco continúa con sus problemas de gestión y los proyectos de inversión no se traducen en un aumento considerable de recursos aportados por la empresa a las arcas Fiscales.


Asesoría Legislativa y gastos Parlamentarios.


La información que dio cuenta de malas prácticas relacionadas con asesorías Parlamentarias ha vuelto a colocar en el debate los gastos de los Parlamentarios y el uso de los fondos de que disponen. Lo denunciado se refiere a  Diputados que sabiendo que no continuarían en la Cámara solicitaron informes que no fueron utilizados o que constituyen meras recopilaciones de sus actividades, como de otras que se limitan a reunir antecedentes que están disponibles al público en portales de internet, incluso del propio Congreso. Estos hechos coinciden con la propuesta de ampliar el número de Diputados y Senadores, que según el Gobierno no provocará mayores gastos, pues se hará el esfuerzo de distribuir el presupuesto vigente, lo que justifica pensar -al menos- que no se ha estado efectuando un debido control de los gastos.


Las Cámaras del Congreso no pueden desconocer que existe un ambiente crítico e incluso de sospecha ciudadana hacia la actividad Parlamentaria y política en general. Ello requiere de una adecuada respuesta en términos de transparencia, mejores regulaciones y prácticas. Es evidente que la situación del Parlamentario que cesará en funciones, ya sea porque no postuló nuevamente o no resultó reelecto, requiere de una fiscalización especial respecto de los gastos que realice, porque ha quedado en evidencia que no siempre son destinados a los fines Legislativos previstos.


Más importante aún es avanzar en acotar con precisión los destinos que pueden tener los recursos para asesorías -que debieran estar orientados exclusivamente al trabajo propiamente Legislativo y no a otros  fines de difusión-, como asimismo limitar  los fondos  destinados a oficinas Distritales y otros asuntos administrativos. Ello no sólo con el fin de contener el gasto, sino de evitar que los Parlamentarios construyan con fondos públicos una plataforma para la reelección, un privilegio del que no gozan los potenciales competidores.


La creación en 2010 del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y del Comité de Auditoría Parlamentaria suponía un avance, en la medida en que buscaba dotar de  independencia a la determinación del destino y control de dichas asignaciones. No obstante, los hechos reseñados son indicativos de que el ejercicio que se ha hecho de las funciones asignadas ha sido deficiente y que es necesario revisar los criterios de asignación de recursos, mediante definiciones que apunten al detalle de los usos autorizados, como de casos y oportunidades en que son procedentes. Si son genéricos, la función de auditoría queda restringida en sus posibilidades. Por ello, resulta oportuno que en la reunión de trabajo que sostendrá el consejo este miércoles se aborde el tema del destino de los fondos que se otorgan para asesorías parlamentarias y se avance en transparentar el uso de esas asignaciones.


Las explicaciones poco transparentes no contribuyen a prestigiar la función Parlamentaria. En este sentido, la aseveración de que la creación de nuevas plazas Parlamentarias no tendrá costo es poco sustentable, pues un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso establece que la reforma electoral tendrá un costo anual de $ 13 mil millones. Sería importante que se entreguen cifras y explicaciones pormenorizadas que lo ratifiquen.


Problemas de forma y fondo en la agenda Gubernativa.


La decisión de la Presidente Michelle Bachelet de reunir a su equipo más cercano el martes pasado para revisar la forma como se está llevando a cabo la gestión de los proyectos de Gobierno y, en especial, de las reformas en materia de educación, es un primer paso positivo para superar el desorden generado a partir de declaraciones contradictorias de las autoridades y de la coalición oficialista.


Luego de los primeros cien días del Gobierno, donde lamentablemente la prioridad se le dio a la cantidad de proyectos presentados y no a su contenido, el Gobierno ha entrado de lleno a lo que se ha denominado como el “segundo tiempo”, donde las reformas más relevantes -tributaria y educacional- han enfrentado un proceso de discusión que las han dejado a muy mal traer. A tal punto, que en el primer caso hizo inevitable promover rápidamente un acuerdo con cambios que  recogiera las deficiencias que se habían denunciado no sólo desde el sector privado y la oposición, sino desde el interior de la propia coalición. La superación verdadera de este problema sólo se sabrá cuando se sometan a discusión las indicaciones que deben transformar en Ley lo acordado.


En el caso de los proyectos de reforma educacional el panorama se aprecia aún más difícil, porque además de tratarse de un tema especialmente sensible y que afecta directamente a amplios sectores del país, han existido desde el Ministerio múltiples declaraciones que han generado confusión sobre el verdadero alcance de las propuestas. El episodio del límite de años a la gratuidad universitaria es un ejemplo claro de lo anterior.


Ante este desorden, la Presidente decidió suspender la semana pasada su gira a Venezuela y realizar una larga reunión con su equipo para reconducir la marcha de las principales iniciativas y unificar el discurso del Gobierno en torno a ellas. Como continuación de esa instancia se ha anunciado para la próxima semana una reunión ampliada, donde estos lineamientos se entregarían al resto del equipo Gubernativo y los Parlamentarios de la Nueva Mayoría.


Lo cierto es que hasta ahora la Mandatario no había enfrentado directamente estos problemas evidentes en la gestión Gubernativa y desde esa perspectiva es positivo que invierta parte de su capital político  en alinear a su sector en los proyectos que pretende impulsar. Pero para que este esfuerzo sea eficaz es indispensable que enfrente las causas de fondo del problema, que no están solamente en descoordinaciones comunicacionales, problemas de cronograma  o conflictos al interior de la coalición -de todo eso hay ciertamente-, sino las deficiencias de fondo que tienen los proyectos presentados y que han sido ampliamente identificadas en el debate. Las definiciones que tome La Moneda al revisar los proyectos pondrán de manifiesto si ha optado por los sectores que buscan la interpretación más radical de su programa, o si se ha abierto a mejoras propias de la negociación política, más cercana a los sectores que buscan la continuidad de la Nueva Mayoría con la herencia concertacionista.


Mercosur anacrónico.


Las críticas al Mercosur arrecian. Reprochado por su comprobada inoperancia, ahora se le recrimina por constituir un obstáculo a la integración latinoamericana con Europa y el resto del mundo y, principalmente, por su ideologismo, que le impide siquiera funcionar. Otros, más cautos, prefieren ignorarlo. Y con razón. Acaba de celebrarse la última y postergada cumbre Presidencial del Mercosur, sin avances y con predominio de la retórica, de las denuncias argentinas por el cobro Judicial de acreedores impagos, y de la solicitud venezolana de integrarlo con el ALBA y Petrocaribe.


La irrelevancia del Mercosur se desprende de la reciente entrevista del Primer Ministro japonés, que no lo menciona, mientras resalta la vitalidad de la Alianza del Pacífico. Advierte que esta permite una sinergia sin precedentes con el Asia, que incluye programas de cooperación con Japón. Y agrega el Premier que el tratado comercial pronto a concluir con Colombia significará que su país habrá celebrado acuerdos comerciales a favor del libre comercio con todos los titulares de esta alianza. Nada parecido ocurre entre la tercera potencia económica mundial y el Mercosur.


En Brasil, en el último foro Presidencial los candidatos opositores coincidieron en reclamar por el entorpecimiento que a su país le ha significado el Mercosur para alcanzar acuerdos con la Unión Europea, y le reprochan los condicionamientos y la subordinación ideológica que implica. En esa ocasión, la Presidente Rousseff debió reconocer la necesidad de reforzar su política exterior, cuya politización durante los Gobiernos del PT ha significado transformarla en una fuente de debate y ácidas críticas en la campaña Presidencial. Para la imagen de la Diplomacia brasileña no ha sido suficiente que Brasil sirviera de sede del Mundial de Fútbol y de la Cumbre de los BRICS: lo que se reclama es la ausencia de políticas de Estado.


La propuesta chilena de buscar la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur está demostrando ser impracticable, mientras el organismo sudamericano carezca de acuerdos integradores y predominen en él el ideologismo y la exclusión. El Vicepresidente boliviano ha señalado que "la punta de lanza de la reacción del imperialismo se llama Alianza del Pacífico". Y la Presidente Rousseff ha limitado el acercamiento de la Alianza con el Mercosur a "los países de la Alianza en el Mercosur". La diferencia es México.


La realidad es que el Mercosur se ha desnaturalizado completamente. Concebido como un instrumento de integración económica de Latinoamérica, es ahora un foro político excluyente sudamericano: ha seguido la suerte de casi todos los organismos multilaterales latinoamericanos.


Enfoques Internacionales:
El nuevo Japón de Shinzo Abe.


A pocos días del término de la gira del Presidente chino, Xi Jinping, lo económico marcó el recorrido de Abe por los países "que comparten los mismos valores que Japón". Así, en México acordó con el Presidente Peña Nieto profundizar la cooperación de su país con la Alianza del Pacífico, junto con firmar 14 acuerdos de cooperación bilateral, que incluyen inversiones niponas en el área petrolera.


En Colombia, Abe se enfocó en elevar el nivel de la relación bilateral en lo político y lo comercial, buscando condiciones aun más favorables para la inversión japonesa. Su paso por Brasil estuvo marcado por la firma de un acuerdo entre la Estatal Petrobras y el banco japonés Mizuho, por el cual accederá a un crédito de US$ 500 millones para la construcción de ocho plataformas marítimas en el litoral de Río de Janeiro, además de otros acuerdos bilaterales para fortalecer la cooperación en la industria naval, como la construcción de tres nuevos puertos. Y en Trinidad y Tobago, el Premier Abe estrechó lazos con los 14 países que integran el Caricom.


Chile y Japón comparten una estrecha relación desde 1897, cuando ambos firmaron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Hay ejemplos de ello desde el intercambio de experiencias a la luz del historial sísmico de ambos países, hasta los vínculos entre sus respectivas fuerzas navales (desde 1966 existe un busto de Arturo Prat en la Escuela Naval de Etajima).


Japón es actualmente el tercer socio comercial de Chile y el principal inversor extranjero en el país. Durante su visita de la semana pasada, Abe firmó una serie de acuerdos de cooperación tecnológica y relativos a desastres naturales con la Presidente Bachelet, y mediante una teleconferencia inauguró desde Santiago la mina Caserones (Atacama), el primer yacimiento con capital 100% japonés, pero con personal chileno.


Así, Chile refuerza su condición de puerta de entrada de Japón hacia América Latina, que para Abe cobra hoy especial importancia, ya que sus países podrían jugar un rol clave si con sus votos dieren a Japón un futuro asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU -una antigua aspiración de Tokio, que en las últimas décadas ha dejado atrás la imagen de "gigante económico, pero enano político", para redefinirse como un actor mundial de primera línea-.


Desde que, en 2012, Shinzo Abe volvió a ser Primer Ministro (ocupó ese cargo entre 2006 y 2007), ha impulsado una serie de reformas económicas conocidas como "Abenomics", que, entre otras, buscan aumentar la participación laboral de mujeres e inmigrantes, y reducir la tasa de impuesto corporativo de 35% a menos del 30%, para estimular el crecimiento.


En política exterior y seguridad, Abe logró tal vez su mayor hito: la reinterpretación de la Constitución pacifista, lo que por primera vez desde 1947 le permitirá apoyar militarmente a cualquier país aliado bajo ataque, usando su fuerza militar más allá de sus fronteras. Una resolución que, además, se complementa con el levantamiento de la prohibición que le impedía vender armas a otros países.


En pocos años, Japón ha visto crecer la impredecible amenaza de Norcorea, con sus proyectiles balísticos y armas nucleares, mientras las históricas diferencias con China han escalado, por la creciente expansión naval china, así como por la reactivación de disputas territoriales.


Ante este panorama, Abe y su Gobierno han decidido dejar de depender de la presencia militar estadounidense en Japón para garantizar su propia seguridad. Ahora Tokio, sin las ataduras impuestas tras el fin de la II Guerra Mundial, sale al ruedo internacional buscando consolidarse como un "gigante económico, político y militar".


Sanciones a Rusia.


La crisis en Ucrania toma nuevos rumbos y las recientes sanciones impuestas por la Unión Europa y EE.UU. a Rusia, para que el Gobierno de Putin detenga su apoyo a los separatistas prorrusos del este de Ucrania, han creado un escenario volátil. Occidente eligió golpear el flanco más sensible, su economía. Las medidas adoptadas por Bruselas incluyen restringir el acceso de la banca rusa a los mercados de capitales europeos, un embargo de armas y limitar sus exportaciones, lo que en conjunto representaría para Moscú un costo de aproximadamente US$ 13.000 millones. Por su parte, Washington fijó nuevas sanciones, principalmente a bancos rusos, y también medidas contra personas específicas.


La respuesta de Moscú fue desafiante, al anunciar el aumento de los valores de la energía para la Unión Europea y el cese de importaciones desde Polonia. Ante ello, los líderes del G7 advirtieron que podría haber nuevas medidas.


La economía rusa, que hace un año proyectaba un crecimiento económico de 4% para 2014, hoy enfrenta una recesión casi inminente, un escenario que podría complicar seriamente la popularidad de Putin. Según EE.UU., el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, el pasado 17 de julio, se produjo luego que los separatistas prorrusos dispararan un proyectil proporcionado por Rusia.


Ahora Putin debe elegir entre presionar a los separatistas para lograr algún acuerdo de paz -y así flexibilizar las sanciones- o enfrentar daños muy severos a su economía. En ambos casos, habrá importantes costos para Putin, quien ha visto tambalear su sólida posición de liderazgo internacional. Y mientras más demore en decidir, mayores serán las consecuencias para él y su país.


Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
 


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Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

Padre nuestro que estás.....

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