Cuestión de soberanía,
por Axel
Buchheister.
Que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) haya dispuesto que Chile debe dejar sin efecto, “en
todos sus extremos”, las sentencias penales condenatorias emitidas por
conductas terroristas en casos en que los acusados pertenecen a la etnia
mapuche no debe extrañar a nadie y era totalmente predecible.
Desde luego, todos sabemos que cualquier causa que tenga su inspiración
en ideas de izquierda presenta mayores posibilidades de ser acogida ahí, frente
a cualquier otra. De hecho, hasta ahora no hay registro que la CIDH se haya
pronunciado a favor en una que responda a un interés propiamente de derecha (si
es que ha habido alguna causa). El reclamo sobre la protección que Argentina da
a un acusado de participar en el homicidio del Senador Jaime Guzmán será la
prueba de fuego: veremos con qué sale.
Pero, sobre todo, porque se trata de un Tribunal carente de toda
deferencia hacia la soberanía de los Estados y sus procesos democráticos. La
doctrina de la “deferencia” es de origen norteamericano y reconoce que los Jueces
no tienen origen democrático -en el sentido de ser en general electos por el
pueblo-, por lo que deben ejercer sus potestades con prudencia y respetando las
atribuciones de los órganos que sí lo tienen. Por así decirlo, “en la duda
abstente”, o sea, que los casos deben ser claros para enmendar la plana a otras
autoridades que gozan de legitimidad democrática. La CIDH carece de ésta -peor
aún, sus Jueces no están sujetos a responsabilidad alguna- y falla con
prescindencia de las instituciones democráticas de los países.
¿Está obligado Chile a respetar el fallo? De ninguna manera; más aún, no
puede aplicarlo. Por la simple razón que no existe disposición Constitucional
alguna que coloque los fallos de esa Corte por sobre nuestros Tribunales. Tanto
es así, que para que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional fuere
reconocida en Chile, debió aprobarse al efecto una reforma a la Carta
Fundamental, como lo dispuso un fallo del Tribunal Constitucional. Esto no fue
una curiosidad nuestra, sino que varias democracias debieron modificar sus
cartas Constitucionales para poder adherir a esa jurisdicción internacional.
El fundamento tiene que ver con la democracia: si la soberanía reside
esencialmente en la nación y su ejercicio se realiza por el pueblo a través de
elecciones periódicas y por las autoridades que la Constitución establece, no
corresponde que una parte de ella sea ejercida por alguna autoridad que no
emane sus potestades de la norma fundamental y en la forma prevista por ella.
Por consiguiente, para que fallos ejecutoriados se dejen sin efecto en
virtud de decisiones de la CIDH, es menester una reforma Constitucional. Por
cierto que si alguien pretende hacerla, habría que oponerse tenazmente a ella,
ya que sería el principio del fin de la democracia: las cosas ya no serán
decididas aquí por los chilenos, sino que en los organismos internacionales. Y,
entonces, tendríamos que tragarnos algo más que unas palmaditas en el hombro a
los que han cometido delitos castigados en la Ley Antiterrorista.
La inexperiencia al poder,
por Joaquín
García Huidobro.
Ahora entendemos por qué los estudiantes se hallaban tan tranquilos en
el último tiempo. El Gobierno estaba trabajando con ellos para derogar unos
artículos que molestan a "la calle": aquellos que prohíben la
participación de estudiantes en el Gobierno universitario.
Por algún error incomprensible, esta demanda no estaba incluida en el
Programa. Pobres de nosotros, los ciudadanos de a pie, que creíamos que Él
contemplaba todos los aspectos de nuestra vida futura. Realmente ha sido una
dura decepción. Por fortuna, nuestros inspectores sociales velan para que no
quede ningún resto de autoritarismo en el tejido social. Gracias a ellos, esta
pequeña deficiencia programática será corregida prontamente.
En todo caso, ya se había avanzado bastante en darle poder a quienes
todavía tienen el currículum en blanco. La todopoderosa Comisión Nacional de
Acreditación, junto con gente de currículum pesado y amplia experiencia en
gestión universitaria, incluye entre sus miembros a dos estudiantes. Es una
suerte que podamos contar con ellos para dirimir cuestiones como la viabilidad
financiera de una universidad o la conveniencia de que un doctorado en
astrofísica sea acreditado.
¿A qué gran empresa se le ocurriría poner en su directorio a un alumno
de tercer año de Filosofía, Enfermería o lo que sea? Una universidad,
ciertamente, no es un empresa, pero eso no significa que sea menos que ella.
¿Hay algo más difícil que organizar la búsqueda sistemática de la verdad en
todos los campos del saber, reunir en un mismo proyecto a médicos, arqueólogos
y economistas, que tienen ideologías contrapuestas y modos muy diferentes de
hacer las cosas?
Si nuestras autoridades quieren colocar alumnos en puestos de
responsabilidad, que los lleven a Codelco. El cobre no es más importante que la
educación, y administrar la extracción o venta de metales es más fácil que Gobernar
bien la Universidad de Chile.
Es verdad que el cambio Legislativo que proponen es todavía modesto. Al
levantar la prohibición, simplemente se está diciendo que los alumnos
"pueden" integrar los más altos órganos de Gobierno universitario.
Todavía no se dice que "deban" hacerlo. Pero, ¿cuánto se tardará en
dar el paso siguiente? Además, ¿tendrá alguna universidad Estatal la fortaleza
suficiente como para mantener cerrada esa puerta cuando la Ley la deje sin
pestillo?
Que unos líderes estudiantiles planteen esta demanda para acercarnos al
actual modelo argentino, español y venezolano de universidad parece
comprensible. Pero lo que resulta sorprendente es que personas entraditas en
años se sumen a la iniciativa. Hoy actúan según los dictados de unos
estudiantes que me recuerdan a esas niñitas de cuatro años que se malpintan los
labios con el rouge de la mamá, se ponen un collar que les llega a las rodillas
y meten sus piececitos en unos gigantescos zapatos rojos de tacos altos. Todo
eso para mostrar que son grandes.
La culpa, en todo caso, no es de los estudiantes, que difícilmente
pueden resistir una posibilidad tan atractiva como la de participar en el Gobierno
de una de las instituciones sociales más complejas.
Son los adultos quienes se equivocan. Desoyen la advertencia del viejo
Aristóteles, que decía que los jóvenes no son aptos para la política porque se
dejan llevar por sus pasiones y carecen de experiencia de la vida. Pueden ser
muy inteligentes, pero solo han estudiado teorías y aún no se han visto
expuestos a la difícil tarea de ajustarlas a la realidad. Para eso existen las
prácticas, donde aprenden echando a perder. Con suerte, conocen un poco su
propia universidad, pero no han vivido otros modelos.
¿Peligra la civilización occidental por el hecho de que haya un par de
estudiantes en las juntas directivas de las universidades? Por cierto que no.
El peligro no es el derrumbe de la cultura, sino más demagogia, un poco de
mediocridad y abundantes dosis de cortoplacismo.
Los estudiantes están solo de paso en las aulas universitarias. Este
simple hecho, sumado a su escasa experiencia, les dificulta trabajar a largo
plazo. Ahora bien, si existe una institución que exige proyectarse a largo
plazo, esa es la universidad. Por eso muchas universidades han durado cinco,
seis o siete siglos, una marca que no ha conseguido ninguna empresa.
Juegos electorales,
por Eugenio
Guzmán.
Todo parece indicar que existe consenso en torno a terminar con el
binominal y, si bien aún no está claro qué fisonomía tendrá la nueva propuesta,
es probable que sea una variación en torno a las que hoy se plantean. Es decir,
aumento del número de Diputados, Distritos de mayor tamaño, reagrupación de los
actuales Distritos, incorporación de cuotas y competencia por pactos y
subpactos de partidos.
Más allá de qué proyecto finalmente sea votado y aprobado, es
interesante reflexionar acerca de cómo los sistemas electorales, aunque imponen
ciertos límites a la forma de elección de candidatos, de una u otra forma están
afectados por la competencia política. Lo anterior da lugar a fenómenos que
ciertamente no parecen deseables, o, al menos, que no resuelven los problemas
que se ha querido superar con los cambios de sistema electoral.
Al respecto, tres ejemplos nos pueden ilustrar. En primer lugar, veamos
qué podría suceder con la incumbencia o porcentaje de Diputados que se reelige.
Como bien se sabe, una de las promesas que se han hecho es la de aumentar la
competencia y generar recambio; es decir, que no sean los mismos los que ganen
las elecciones. La verdad es que una elección puede ser muy competitiva, pero
no por ello perderán los que repostulan. En consecuencia, puede ocurrir que
ganen los mismos de siempre pese a ser competitiva. Ahora bien, en un Distrito
de 5 escaños, que antes agrupa a dos Distritos que sumaban 4 escaños, es muy
probable que se reelija a los mismos Diputados que ya estaban en el cargo, más
uno adicional, dado que se aumentó en uno el número de cargos. No obstante,
nada asegura que en la elección siguiente este sea reelegido, luego, esto
significará que en el mediano plazo el nuevo sistema no asegurará cambios
significativos.
Un segundo caso sería la posibilidad que un candidato de un pacto
resulte electo a pesar de tener menos votos que el del bloque contrario, como
sucedió en 1989 con Jaime Guzmán y en 2013 con Carlos Montes. Al respecto, dado
que la competencia será entre pactos, y que, en consecuencia los votos se
suman, nada garantiza que no ocurran situaciones como las de 1989 y 2013. Es
más, podríamos señalar que esto podría ser más frecuente. Incluso, los pactos
afectarán las posibilidades de los partidos pequeños de obtener representación,
pues en el mejor de los casos (Distritos de 8 escaños) deberán conseguir más
del 11% de la votación para estar seguros de ganar.
Finalmente, respecto de la abstención, pensar que esta disminuirá
significativamente no resiste análisis. Desde 1990 esta viene aumentando en
distintas democracias del mundo, con los más variados sistemas electorales.
Esto deja de manifiesto que el sistema electoral no es el único factor para
explicar este fenómeno.
En general, para quienes apuestan a un cambio fundamental en la política
nacional, a partir del tipo de propuestas que se están discutiendo, es
interesante recordarles que muchas de los argumentos que hoy esgrimen quedarán
cuestionados cuando surjan situaciones como las mencionadas. Quedará así en
evidencia que no estamos en presencia de juegos electorales.
Codelco y la capitalización.
El pasado viernes el Gobierno anunció la capitalización de Codelco por
US$ 4.000 millones para el período 2014-2018, proyecto será tramitado en el
Congreso a partir de este mes.
La medida, que es la inyección de recursos más grande en la historia de la
principal empresa pública del país, se produce en el marco de un ambicioso plan
de inversión de la cuprífera, que se espera sea del orden de US$ 4.000 millones
en 2014 y que habrá de alcanzar los US$ 23.500 millones durante los próximos
cinco años.
Una vez conocida la decisión, se han sacado varias lecturas. Por una
parte, sectores políticos y sindicales destacan que el Estado toma un
compromiso más fuerte con la actividad de la empresa y deja de lado otras
alternativas de financiamiento (como la apertura a privados). Por otro lado, se
envía una señal acerca del papel que se espera cumpla la minera, sobre todo en
relación con el uso eficiente de los recursos y la gestión en materia
medioambiental.
Sin embargo, el reforzamiento de Codelco, afectada en los años recientes
por la baja en el precio del cobre y el alza de los costos de producción, abre
interrogantes acerca de cómo se utilizarán estos recursos y qué cambios
administrativos se introducirán para medir su eficiencia.
Un aspecto relevante es que la capitalización será financiada, en gran
parte, a través de la emisión de deuda del tesoro público, con lo que se espera
reunir US$ 3.000 millones, y el resto con los propios excedentes de la
corporación. Lo positivo de esta resolución es que se descartan las iniciativas
que pretendían obtener recursos de los fondos soberanos del país —idea esbozada
por el propio Ministro de Hacienda—, lo que habría marcado un retroceso en el
orden que ha imperado en la política Fiscal de los últimos años. Se
desvirtuaría además la función de un mecanismo clave en el manejo de la crisis
de 2008.
El financiamiento mediante la colocación de deuda pública no ha estado
libre de suspicacias. Algunos sectores señalan que, al ser el Estado quien
contraiga la deuda, los intereses se pagarán con ingresos Fiscales, lo que
dificultará determinar el impacto de las inversiones y si estas no están
destinadas sólo a mantener los niveles actuales de producción. Este argumento
es cuestionable en la medida de que se sabrá la tasa de endeudamiento y Codelco
maneja la rentabilidad de sus inversiones. Pero ayudaría a disipar dudas una
mayor explicación de la operación a fin de garantizar que los beneficios que se
obtendrán con este endeudamiento compensarán con creces el esfuerzo Fiscal.
Este asunto es clave si se considera que los flujos de capital se
entregarán en la medida de que se cumplan las metas del programa de inversiones
de la empresa, contenidas en el Plan de Negocios y Desarrollo (PND).
Sobre esta resolución todavía quedan varias cuestiones por definir,
especialmente acerca de la manera en que se evaluará el cumplimiento de estos
objetivos y los mecanismos que se utilizarán en el caso de que las metas no se
satisfagan.
Ya hace unas semanas, la Ministro de Minería, Aurora Williams, señaló
que sería un error entregar fondos para proyectos en plazos que no se pueden
cumplir, más considerando el costo alternativo —social y político— de destinar
grandes recursos Fiscales a esta área, en lugar de otros programas Estatales.
Tampoco se puede ignorar que hace sólo unos meses la Dipres estimó que
los aportes de minería privada y de Codelco al Fisco serían los más bajos desde
2009. En este contexto, el Gobierno debe asegurarse de que los dineros se
manejen con los mejores criterios de gestión y evaluación, materia en la que la
estatal aún se muestra al debe.
La eficiencia y transparencia en el uso de los recursos, así como la
rentabilidad de las inversiones en el próximo lustro, serán claves para
determinar la política de futuros Gobiernos en la administración de la
corporación. La apuesta por mantener a la cuprífera cerrada a capitales
privados —lo que liberaría al Estado de ser el único aportante— saldrá
maltrecha si Codelco continúa con sus problemas de gestión y los proyectos de
inversión no se traducen en un aumento considerable de recursos aportados por
la empresa a las arcas Fiscales.
Asesoría Legislativa y gastos Parlamentarios.
La información que dio cuenta de malas prácticas relacionadas con
asesorías Parlamentarias ha vuelto a colocar en el debate los gastos de los Parlamentarios
y el uso de los fondos de que disponen. Lo denunciado se refiere a Diputados que sabiendo que no continuarían en
la Cámara solicitaron informes que no fueron utilizados o que constituyen meras
recopilaciones de sus actividades, como de otras que se limitan a reunir
antecedentes que están disponibles al público en portales de internet, incluso
del propio Congreso. Estos hechos coinciden con la propuesta de ampliar el
número de Diputados y Senadores, que según el Gobierno no provocará mayores
gastos, pues se hará el esfuerzo de distribuir el presupuesto vigente, lo que
justifica pensar -al menos- que no se ha estado efectuando un debido control de
los gastos.
Las Cámaras del Congreso no pueden desconocer que existe un ambiente
crítico e incluso de sospecha ciudadana hacia la actividad Parlamentaria y
política en general. Ello requiere de una adecuada respuesta en términos de
transparencia, mejores regulaciones y prácticas. Es evidente que la situación
del Parlamentario que cesará en funciones, ya sea porque no postuló nuevamente
o no resultó reelecto, requiere de una fiscalización especial respecto de los gastos
que realice, porque ha quedado en evidencia que no siempre son destinados a los
fines Legislativos previstos.
Más importante aún es avanzar en acotar con precisión los destinos que
pueden tener los recursos para asesorías -que debieran estar orientados
exclusivamente al trabajo propiamente Legislativo y no a otros fines de difusión-, como asimismo
limitar los fondos destinados a oficinas Distritales y otros
asuntos administrativos. Ello no sólo con el fin de contener el gasto, sino de
evitar que los Parlamentarios construyan con fondos públicos una plataforma
para la reelección, un privilegio del que no gozan los potenciales
competidores.
La creación en 2010 del Consejo Resolutivo de Asignaciones
Parlamentarias y del Comité de Auditoría Parlamentaria suponía un avance, en la
medida en que buscaba dotar de
independencia a la determinación del destino y control de dichas
asignaciones. No obstante, los hechos reseñados son indicativos de que el
ejercicio que se ha hecho de las funciones asignadas ha sido deficiente y que
es necesario revisar los criterios de asignación de recursos, mediante
definiciones que apunten al detalle de los usos autorizados, como de casos y
oportunidades en que son procedentes. Si son genéricos, la función de auditoría
queda restringida en sus posibilidades. Por ello, resulta oportuno que en la
reunión de trabajo que sostendrá el consejo este miércoles se aborde el tema
del destino de los fondos que se otorgan para asesorías parlamentarias y se
avance en transparentar el uso de esas asignaciones.
Las explicaciones poco transparentes no contribuyen a prestigiar la
función Parlamentaria. En este sentido, la aseveración de que la creación de
nuevas plazas Parlamentarias no tendrá costo es poco sustentable, pues un
informe elaborado por la Biblioteca del Congreso establece que la reforma
electoral tendrá un costo anual de $ 13 mil millones. Sería importante que se
entreguen cifras y explicaciones pormenorizadas que lo ratifiquen.
Problemas de forma y fondo en la agenda Gubernativa.
La decisión de la Presidente Michelle Bachelet de reunir a su equipo más
cercano el martes pasado para revisar la forma como se está llevando a cabo la
gestión de los proyectos de Gobierno y, en especial, de las reformas en materia
de educación, es un primer paso positivo para superar el desorden generado a
partir de declaraciones contradictorias de las autoridades y de la coalición
oficialista.
Luego de los primeros cien días del Gobierno, donde lamentablemente la
prioridad se le dio a la cantidad de proyectos presentados y no a su contenido,
el Gobierno ha entrado de lleno a lo que se ha denominado como el “segundo
tiempo”, donde las reformas más relevantes -tributaria y educacional- han
enfrentado un proceso de discusión que las han dejado a muy mal traer. A tal
punto, que en el primer caso hizo inevitable promover rápidamente un acuerdo
con cambios que recogiera las
deficiencias que se habían denunciado no sólo desde el sector privado y la
oposición, sino desde el interior de la propia coalición. La superación
verdadera de este problema sólo se sabrá cuando se sometan a discusión las
indicaciones que deben transformar en Ley lo acordado.
En el caso de los proyectos de reforma educacional el panorama se
aprecia aún más difícil, porque además de tratarse de un tema especialmente sensible
y que afecta directamente a amplios sectores del país, han existido desde el Ministerio
múltiples declaraciones que han generado confusión sobre el verdadero alcance
de las propuestas. El episodio del límite de años a la gratuidad universitaria
es un ejemplo claro de lo anterior.
Ante este desorden, la Presidente decidió suspender la semana pasada su
gira a Venezuela y realizar una larga reunión con su equipo para reconducir la
marcha de las principales iniciativas y unificar el discurso del Gobierno en
torno a ellas. Como continuación de esa instancia se ha anunciado para la
próxima semana una reunión ampliada, donde estos lineamientos se entregarían al
resto del equipo Gubernativo y los Parlamentarios de la Nueva Mayoría.
Lo cierto es que hasta ahora la Mandatario no había enfrentado
directamente estos problemas evidentes en la gestión Gubernativa y desde esa
perspectiva es positivo que invierta parte de su capital político en alinear a su sector en los proyectos que
pretende impulsar. Pero para que este esfuerzo sea eficaz es indispensable que
enfrente las causas de fondo del problema, que no están solamente en
descoordinaciones comunicacionales, problemas de cronograma o conflictos al interior de la coalición -de
todo eso hay ciertamente-, sino las deficiencias de fondo que tienen los
proyectos presentados y que han sido ampliamente identificadas en el debate.
Las definiciones que tome La Moneda al revisar los proyectos pondrán de
manifiesto si ha optado por los sectores que buscan la interpretación más
radical de su programa, o si se ha abierto a mejoras propias de la negociación
política, más cercana a los sectores que buscan la continuidad de la Nueva
Mayoría con la herencia concertacionista.
Mercosur anacrónico.
Las críticas al Mercosur arrecian. Reprochado por su comprobada
inoperancia, ahora se le recrimina por constituir un obstáculo a la integración
latinoamericana con Europa y el resto del mundo y, principalmente, por su
ideologismo, que le impide siquiera funcionar. Otros, más cautos, prefieren
ignorarlo. Y con razón. Acaba de celebrarse la última y postergada cumbre Presidencial
del Mercosur, sin avances y con predominio de la retórica, de las denuncias
argentinas por el cobro Judicial de acreedores impagos, y de la solicitud
venezolana de integrarlo con el ALBA y Petrocaribe.
La irrelevancia del Mercosur se desprende de la reciente
entrevista del Primer Ministro japonés, que no lo menciona, mientras resalta la
vitalidad de la Alianza del Pacífico. Advierte que esta permite una sinergia
sin precedentes con el Asia, que incluye programas de cooperación con Japón. Y
agrega el Premier que el tratado comercial pronto a concluir con Colombia
significará que su país habrá celebrado acuerdos comerciales a favor del libre
comercio con todos los titulares de esta alianza. Nada parecido ocurre entre la
tercera potencia económica mundial y el Mercosur.
En Brasil, en el último foro Presidencial los candidatos
opositores coincidieron en reclamar por el entorpecimiento que a su país le ha
significado el Mercosur para alcanzar acuerdos con la Unión Europea, y le
reprochan los condicionamientos y la subordinación ideológica que implica. En
esa ocasión, la Presidente Rousseff debió reconocer la necesidad de reforzar su
política exterior, cuya politización durante los Gobiernos del PT ha
significado transformarla en una fuente de debate y ácidas críticas en la
campaña Presidencial. Para la imagen de la Diplomacia brasileña no ha sido
suficiente que Brasil sirviera de sede del Mundial de Fútbol y de la Cumbre de
los BRICS: lo que se reclama es la ausencia de políticas de Estado.
La propuesta chilena de buscar la convergencia entre la Alianza
del Pacífico y el Mercosur está demostrando ser impracticable, mientras el
organismo sudamericano carezca de acuerdos integradores y predominen en él el
ideologismo y la exclusión. El Vicepresidente boliviano ha señalado que
"la punta de lanza de la reacción del imperialismo se llama Alianza del
Pacífico". Y la Presidente Rousseff ha limitado el acercamiento de la
Alianza con el Mercosur a "los países de la Alianza en el Mercosur".
La diferencia es México.
La realidad es que el Mercosur se ha desnaturalizado
completamente. Concebido como un instrumento de integración económica de
Latinoamérica, es ahora un foro político excluyente sudamericano: ha seguido la
suerte de casi todos los organismos multilaterales latinoamericanos.
Enfoques Internacionales:
El nuevo Japón de Shinzo Abe.
A pocos días del término de la gira del Presidente chino, Xi
Jinping, lo económico marcó el recorrido de Abe por los países "que
comparten los mismos valores que Japón". Así, en México acordó con el
Presidente Peña Nieto profundizar la cooperación de su país con la Alianza del
Pacífico, junto con firmar 14 acuerdos de cooperación bilateral, que incluyen
inversiones niponas en el área petrolera.
En Colombia, Abe se enfocó en elevar el nivel de la relación
bilateral en lo político y lo comercial, buscando condiciones aun más
favorables para la inversión japonesa. Su paso por Brasil estuvo marcado por la
firma de un acuerdo entre la Estatal Petrobras y el banco japonés Mizuho, por
el cual accederá a un crédito de US$ 500 millones para la construcción de ocho plataformas
marítimas en el litoral de Río de Janeiro, además de otros acuerdos bilaterales
para fortalecer la cooperación en la industria naval, como la construcción de
tres nuevos puertos. Y en Trinidad y Tobago, el Premier Abe estrechó lazos con
los 14 países que integran el Caricom.
Chile y Japón comparten una estrecha relación desde 1897, cuando
ambos firmaron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Hay ejemplos de
ello desde el intercambio de experiencias a la luz del historial sísmico de
ambos países, hasta los vínculos entre sus respectivas fuerzas navales (desde
1966 existe un busto de Arturo Prat en la Escuela Naval de Etajima).
Japón es actualmente el tercer socio comercial de Chile y el
principal inversor extranjero en el país. Durante su visita de la semana
pasada, Abe firmó una serie de acuerdos de cooperación tecnológica y relativos
a desastres naturales con la Presidente Bachelet, y mediante una
teleconferencia inauguró desde Santiago la mina Caserones (Atacama), el primer
yacimiento con capital 100% japonés, pero con personal chileno.
Así, Chile refuerza su condición de puerta de entrada de Japón
hacia América Latina, que para Abe cobra hoy especial importancia, ya que sus
países podrían jugar un rol clave si con sus votos dieren a Japón un futuro
asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU -una antigua
aspiración de Tokio, que en las últimas décadas ha dejado atrás la imagen de
"gigante económico, pero enano político", para redefinirse como un
actor mundial de primera línea-.
Desde que, en 2012, Shinzo Abe volvió a ser Primer Ministro
(ocupó ese cargo entre 2006 y 2007), ha impulsado una serie de reformas
económicas conocidas como "Abenomics", que, entre otras, buscan
aumentar la participación laboral de mujeres e inmigrantes, y reducir la tasa
de impuesto corporativo de 35% a menos del 30%, para estimular el crecimiento.
En política exterior y seguridad, Abe logró tal vez su mayor
hito: la reinterpretación de la Constitución pacifista, lo que por primera vez
desde 1947 le permitirá apoyar militarmente a cualquier país aliado bajo
ataque, usando su fuerza militar más allá de sus fronteras. Una resolución que,
además, se complementa con el levantamiento de la prohibición que le impedía
vender armas a otros países.
En pocos años, Japón ha visto crecer la impredecible amenaza de
Norcorea, con sus proyectiles balísticos y armas nucleares, mientras las
históricas diferencias con China han escalado, por la creciente expansión naval
china, así como por la reactivación de disputas territoriales.
Ante este panorama, Abe y su Gobierno han decidido dejar de
depender de la presencia militar estadounidense en Japón para garantizar su
propia seguridad. Ahora Tokio, sin las ataduras impuestas tras el fin de la II
Guerra Mundial, sale al ruedo internacional buscando consolidarse como un
"gigante económico, político y militar".
Sanciones a Rusia.
La crisis en Ucrania toma nuevos rumbos y las recientes
sanciones impuestas por la Unión Europa y EE.UU. a Rusia, para que el Gobierno
de Putin detenga su apoyo a los separatistas prorrusos del este de Ucrania, han
creado un escenario volátil. Occidente eligió golpear el flanco más sensible,
su economía. Las medidas adoptadas por Bruselas incluyen restringir el acceso
de la banca rusa a los mercados de capitales europeos, un embargo de armas y
limitar sus exportaciones, lo que en conjunto representaría para Moscú un costo
de aproximadamente US$ 13.000 millones. Por su parte, Washington fijó nuevas
sanciones, principalmente a bancos rusos, y también medidas contra personas
específicas.
La respuesta de Moscú fue desafiante, al anunciar el aumento de
los valores de la energía para la Unión Europea y el cese de importaciones
desde Polonia. Ante ello, los líderes del G7 advirtieron que podría haber
nuevas medidas.
La economía rusa, que hace un año proyectaba un crecimiento
económico de 4% para 2014, hoy enfrenta una recesión casi inminente, un
escenario que podría complicar seriamente la popularidad de Putin. Según
EE.UU., el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, el pasado 17 de julio,
se produjo luego que los separatistas prorrusos dispararan un proyectil
proporcionado por Rusia.
Ahora Putin debe elegir entre presionar a los separatistas para
lograr algún acuerdo de paz -y así flexibilizar las sanciones- o enfrentar
daños muy severos a su economía. En ambos casos, habrá importantes costos para
Putin, quien ha visto tambalear su sólida posición de liderazgo internacional.
Y mientras más demore en decidir, mayores serán las consecuencias para él y su
país.
Pueblos
bien informados
difícilmente
son engañados.
