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martes, 29 de julio de 2014

Los mejores artículos de actualidad e imágenes informativas…





 





Dinámica,
por Adolfo Ibáñez.


El Gobierno ha logrado una meta importantísima, al hacer que la polémica por las reformas se vaya por las ramas. Esto ha significado que todos los interlocutores dan por válida su necesidad, y la discusión se termina centrando solo en detalles operativos: para hacerlas menos malas, dicen los opositores. Pero no agregan ni una salvedad respecto del objetivo básico de ellas, que apunta a desechar los fundamentos que han transformado al país positivamente en las últimas cuatro décadas.


La izquierda desprecia y no puede aceptar ni el concepto ni la tremenda realidad de la dinámica social que ha hecho de Chile un país de clase media. Es estática, además de pasada de moda. Según ella, y con el pretexto de protección, nadie puede moverse sin su autorización: la de sus iluminados conductores o custodios de la conciencia de clase, que se valen de una burocracia inmensa para transformar a las personas en autómatas. También se beneficia del aspecto fantasioso que campea en nuestra mentalidad colectiva, lo que permite concebir que lo irreal sea factible. Nuestro estatismo está moldeado en mayor o menor medida por estos rasgos.


En lo económico, el crecimiento constituye el modo más seguro, rápido y efectivo para incrementar la recaudación tributaria en forma estable. En la educación hay que liberar a los profesores del Estatuto Docente y su control inmovilizador por el Colegio de Profesores tutelado por los comunistas y, a la vez, destacar con fuerza a quienes poseen la capacidad de gestión que permite que los buenos profesores rindan en su labor. El sistema binominal ha aminorado la hegemonía y el monopolio del poder por parte de los políticos, asegurando los grandes equilibrios que le han dado estabilidad al país en estas décadas. La Constitución ha asegurado la manifestación de las personas, que son las que impulsan a las fuerzas sociales; la canalización institucional de estas energías ha permitido que la sociedad florezca, se diversifique y se enriquezca espiritual y materialmente.


Los aspectos señalados han permitido dejar atrás el estancamiento material y el empequeñecimiento espiritual del Chile de mediados del siglo XX. Para una mentalidad de izquierda es natural querer demoler las bases del progreso. Preocupa, en cambio, que los que son ajenos a esa mentalidad no destaquen el hecho de que las reformas siguen siendo perniciosas, puesto que ellas implican un profundo desprecio por la dinámica social que lleva al bienestar para todos.


La decepción de Luchsinger,
Por Joaquín García Huidobro.


Cuando un problema involucra muertos, atentados, disputas de tierras, conflictos étnicos, intereses económicos, activistas extranjeros, ambientalistas, atención internacional y policías, no podemos dudar de que se trata de un problema muy grave. Esta semana, con la interpelación al Ministro Peñailillo, hemos visto otro episodio de una historia que lleva varios siglos: el conflicto de La Araucanía.


Aunque la palabra “interpelación” suena pomposa, lo cierto es que debería tratarse de un procedimiento habitual en nuestra democracia. La Constitución dice simplemente que la Cámara de Diputados puede “citar a un Ministro de Estado a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo”.


¿A quién le puede extrañar que los Diputados quieran informarse de primera mano sobre uno de los problemas más graves que hoy aquejan a la República? ¿No deberían nuestros Parlamentarios tener la mejor información y estar en condiciones de aportar con su experiencia a la solución del mismo?


Lamentablemente, ni los interrogadores ni el interpelado estuvieron a la altura. El Diputado Edwards olvidó que aquí no se trataba de “pillar” al Ministro en algún desliz dialéctico, sino de dar origen a un diálogo racional por el bien de la patria.


El Ministro, por su parte, repartiendo ironía por doquier y más interesado en culpar al Gobierno de Piñera que en entregar luces a los ciudadanos, parece no haber entendido que se trataba nada menos que de informar a un poder del Estado sobre una cuestión de la máxima importancia.


Es verdad que las preguntas más bien parecían acusaciones y que incluían materias ajenas a la interpelación, pero ¿por qué muchas veces no las contestaba? Como me imagino que las entendía, debo pensar que, o estaba nervioso, o se trataba de una estrategia deliberada. Pero, ¿no nos dijo que “la paz social se busca dialogando”? El diálogo supone la capacidad de escuchar y aprender del otro. No fue un diálogo lo que presenciamos en la interpelación del pasado jueves, sino dos monólogos a cargo de oradores poco inspirados.


Dudo que, conmovido por el sentido patriótico de los participantes, algún joven haya decidido dedicarse a política. Nadie dirá a sus nietos dentro de 50 años: “Ese día nació en mí la pasión por el bien común”. En ningún momento tuvimos la impresión de hallarnos ante un Gobierno y una oposición empeñados en trabajar juntos para resolver un problema dificilísimo. Para ellos, la pelea Gobierno/oposición parecía más importante que el conflicto mismo de La Araucanía.


Poco ayudaba el público en este espectáculo. Semejaba al monstruo de la Quinta Vergara, distribuyendo gaviotas o bajando el pulgar mientras abucheaba. No iba a escuchar, sino a imponer su opinión a fuerza de aplausos y pifias. Entre ese conjunto de vociferantes, había un chileno que esperaba algo distinto. Jorge Andrés Luchsinger, cuyos padres fueron víctimas de la violencia asesina, tenía un título para estar ahí y merecía una respuesta. ¿Cuál fue su balance a la salida del Congreso? Había presenciado un “diálogo de sordos”.


En este panorama, bastante desolador, un Parlamentario de oposición, Alberto Espina, reconoció que está trabajando en una propuesta de paz para la zona, conjuntamente con las autoridades de Gobierno. En un medio como el nuestro, donde casi todas las discusiones se dan en términos de buenos y malos, no podían dejar de sorprender esas palabras. El Ministro Peñailillo las aprovechó para sacar un provecho pequeño para el pequeño partido que estaba jugando en ese momento. Y no faltaron en la oposición quienes trataron de traidor a Alberto Espina. Más pequeñeces.


Los traidores son las personas que traicionan a la patria, no quienes, con mayor o menor acierto, dejan de lado sus rencores personales y se unen a sus adversarios para trabajar por ella cuando más lo necesita.


Un mes atrás, el Senador Espina había criticado al Intendente Huenchumilla por hacer declaraciones para darse gustos personales en vez de contribuir a la paz social. La derecha lo aplaudió entusiasmada. ¿Significa eso que las invocaciones al bien común y la paz social solo resultan aceptables cuando conllevan un reproche al enemigo? Parece que incomodan cuando exigen esfuerzo, tragarse el mal humor y ponerse a resolver junto al adversario un problema que muchos piensan que no tiene solución.


Ninguno de nosotros sabe cómo se arregla el conflicto de La Araucanía, pero no hace falta haber sufrido lo mismo que Jorge Andrés Luchsinger para darse cuenta de cómo no se soluciona.


Después del acuerdo,
por Juan Andrés Fontaine.


El protocolo suscrito por el Gobierno, sus partidos y la oposición en torno a la reforma tributaria ha sido bien recibido por la ciudadanía, la prensa internacional y los mercados. En el vacío ha caído la absurda pretensión de algunos de hacer de los detalles protocolares de la negociación motivo de escándalo. El hecho de que un Gobierno ampliamente mayoritario procure Legislar con apoyo transversal es una muy buena señal. El contenido del acuerdo mejora ostensiblemente la reforma tributaria aprobada en la Cámara.


El entendimiento técnico y político alcanzado a partir del trabajo de la comisión de Hacienda del Senado no implica que súbitamente haya surgido entre la Alianza y la Nueva Mayoría un consenso sobre las ventajas de aumentar el gasto público y los impuestos. El acuerdo consiste tan solo en un pacto sobre cómo financiar el programa de Gobierno, procurando afectar lo menos posible la marcha de la economía y el nivel de vida de la clase media. Como corresponde en una democracia, su contenido habrá de ser refrendado luego por el Congreso, una vez que el Ejecutivo presente las correspondientes indicaciones al proyecto de Ley. Desde luego, el uso de los recursos aprobados está también supeditado a una futura aprobación Parlamentaria.


La apertura del Gobierno al diálogo y la negociación fue impulsada por la creciente impopularidad de la reforma —como hicieron notar los movimientos sociales a que dio lugar— y por el marcado deterioro del clima económico interno, afectado en parte por el desaliento empresarial causado por la iniciativa. El acuerdo, si bien no logró que las autoridades se allanaran a moderar el excesivo aumento de impuestos que se propone, incorpora una forma de tributación para las empresas, sin FUT ni renta atribuida, que estimula su ahorro e inversión como en general se hace en los países de la OCDE.


Al Gobierno le corresponde ahora plasmar fielmente el contenido del acuerdo en una nueva versión del proyecto de Ley. Al respecto, cabe advertir que algunos de quienes embarcaron a la Presidente Bachelet en el descaminado proyecto original, a propósito de cerrar fuentes de elusión, vuelven a promover propuestas que no se estilan en ningún país OCDE y que desvirtuarían el acuerdo. Como, por ejemplo, imponer limitaciones de destino o duración respecto de la inversión de las utilidades retenidas por las empresas. El país está pagando caro el costo de las iniciativas irresponsables: porque hundieron las expectativas, el primer año de Gobierno de la Nueva Mayoría se estima terminará con un crecimiento bajo el 3%, un desempleo en alza, una inflación cerca del 4% y un déficit Fiscal de 2% del PIB. Hay que cumplir lo comprometido en el acuerdo y volver a crecer.


Nuevas Políticas: el daño que se está haciendo,
por Manuel Cruzat Valdés.


Recientemente el Banco Central de Chile redujo la tasa de interés de política monetaria a 3,75% nominal anual, dejando entrever una política monetaria más expansiva a futuro y siendo la desaceleración en curso del crecimiento del país su verdadero detonante. Sin embargo, si se observan los agregados monetarios, se puede constatar que el M1 ha venido creciendo durante cada uno de los últimos 12 meses dentro de un rango de 10% a 15% anual -M2 más centrado alrededor del 10%-, compatible con un crecimiento real del PIB cercano al 5% anual e inflación en un rango de 2% a 4%. En otras palabras, el problema de verdad no es de origen monetario y he aquí a la entidad emisora aliviando de manera temporal una desaceleración cuyo origen está en el sector real.


La caída de los términos de intercambio chilenos ha sido fuerte: el petróleo sigue rondando los US$ 100 por barril, pero el cobre ha caído casi un tercio desde su peak de US$ 4,5 por libra durante el año 2011. Para un país que produce anualmente 5,7 millones de toneladas de cobre -12.540 millones de libras de cobre- e importa diariamente alrededor de 370.000 barriles diarios de petróleo, el shock ha sido grande. Incluso, las finanzas Fiscales se han resentido por la vía de menores ingresos desde Codelco y los impuestos de la Gran Minería: en el año 2007 estos llegaron a representar un tercio del gasto Fiscal con US$ 14.000 millones, pero cayeron en el año 2013 a un 10% de este -US$ 5.800 millones-. Lamentablemente, frente a este escenario de precios relativos, es poco lo que el país puede hacer -salvo indirectamente "contribuir" con una relativa escasez derivada del postergado plan de inversiones de Codelco-. La respuesta natural de las empresas mineras -que explican un tercio de la inversión extranjera directa en Chile- ha sido postergar inversiones hasta que sea rentable volver a expandir. El ajuste hasta ahora gradual de la economía china, que consume casi el 50% del cobre mundial y dos tercios del hierro comerciado internacionalmente -pero solo un 12% del petróleo mundial- explica en parte importante la evolución minera chilena.


Hasta ahí lo externo, pero hay que contextualizarlo: la participación de la minería en el PIB ronda el 12% y si bien su desarrollo impacta recíprocamente al resto, la desaceleración actual no solo está explicada por este sector y el impacto del petróleo más caro. Es aquí donde las nuevas políticas que se quieren implementar están ya haciendo daño. El caso tributario es elocuente: se asume ciegamente que porque se desarrolla más, se necesita aumentar el tamaño del Estado en 3 puntos porcentuales para llegar al 26% del PIB. Y una vez que lo anterior pasa a ser inmutable, se intenta convencer de que un aumento de impuestos como el propuesto no tendría efectos reales a nivel agregado, reemplazando únicamente el sector público lo que antes hacía el sector privado, centrado en la educación. Y al final, cuando muchos no aceptan toda la dialéctica anterior y los votos no están, solo ahí se mejora parcialmente lo propuesto. Pero el delgado hilo de la confianza se va resintiendo en el intertanto, quedando meridianamente claro que muchos de la coalición Gobernante están dispuestos a dar un salto al vacío sin tomar mayormente en cuenta las consecuencias de aquello. Y es ahí donde radica la gravedad de lo ocurrido, aplicable también al resto de las políticas "refundacionales" anunciadas.


Entre los años 2000 y 2013 el PIB creció a una tasa anual del 4,5%, el stock de capital neto -2,2 veces el PIB- al 5,2%, la población al 1% -en 2013, al 0,89%- y el empleo en los últimos 4 años al 3% anual -1,6% en últimos 12 meses-. La mayor absorción del empleo respondió a un fenómeno cíclico de salida de una crisis y a uno demográfico explicado por la mayor entrada de la mujer al trabajo y al reflejo de altas natalidades pasadas, pero es un dato de la causa que la tasa de crecimiento del empleo va a estar presionada a converger al 1% hacia adelante. Si ahora, producto de políticas mal concebidas, se reduce adicionalmente la inversión -en 2013, 24% del PIB- y el stock crece consistentemente un 1% menos que la tasa histórica, y la demografía, para peor mal corregida con políticas de control de la natalidad, no da más que un 1% anual, entonces el crecimiento potencial del país se reduciría en aproximadamente 1% anual, estabilizándose al 3,5%.


Esta caída del potencial de crecimiento sí que sería una verdadera tragedia: en 12 años la diferencia de crecimiento equivaldría al PIB actual de US$ 275 mil millones; en 20 años, a US$ 966 mil millones o 3,5 veces el PIB actual. La imperfecta reforma tributaria de US$ 8.200 millones anuales de recaudación palidecería entonces frente a este daño de largo plazo.


Todos queremos lo mejor para todos, especialmente entregando herramientas y condiciones mínimas a los más desamparados, operando bajo un entorno competitivo, pero la vía elegida ha sido desastrosa y mientras no se corrija, lo que era una posibilidad va a terminar siendo una realidad. Sinceramente, cuesta creer que se quiera llevar al país a este curso de desarrollo, con toda la evidencia disponible de cómo se construyen los países y de cómo se destruyen, lenta pero efectivamente. Se debería partir por aceptar que los cambios deben ser graduales y que requieren mayorías estables que los respalden. De lo contrario, se estaría iniciando un ciclo de promulgaciones y posteriores derogaciones de Leyes que solo va a consolidar el menor potencial de desarrollo en cuestión.


¿Expropiación o compra?


En entrevista de prensa, el Intendente de La Araucanía declaró, en referencia al conflicto mapuche, que no es partidario de las expropiaciones de tierras. Agregó que eso significaría crear otro problema político más y que no sería conveniente; que no es un instrumento político adecuado en este minuto. Con ello, se seguiría con la política de compra de tierras.


Seguramente hubo quienes respiraron aliviados, aquellos para los que la palabra “expropiación” suena ominosa y revive fantasmas del pasado, como la reforma agraria. Una visión equivocada, reflejo precisamente de temores de otros tiempos, que no se ajusta a la institucionalidad vigente que debe primar siempre: no hay tal cosa como “un minuto adecuado” para aplicarla.


Si se va a continuar con la entrega de tierras a grupos mapuches que están en poder de terceros -política de la cual discrepo, sobre todo a grupos violentos-, entonces ellas deben procurarse conforme con las reglas jurídicas que rigen las actuaciones del poder público y no mediante sucedáneos de dudosa validez. Eso exige expropiar, no comprar.


Importa que las cosas se llamen por su nombre y que no se encubran mediante eufemismos. Es sano social y políticamente que se enfrente la verdad y no se esconda bajo figuras artificiosas. Lo que ha estado sucediendo en La Araucanía es que como consecuencia del acoso de grupos violentos a propietarios privados, el Estado les está quitando a éstos sus tierras, pagando por ellas lo que la autoridad de Gobierno determina, sin apelación. No es efectivo que haya simples “compras”, porque la compraventa es un contrato entre privados y que debe ser celebrado libremente. Ya en una columna anterior sostuve que tales compras son anulables por haber sido celebradas bajo el vicio del consentimiento denominado “fuerza” (presión indebida), la que puede ser ejercida por la contraparte o terceros (que es el caso).


Por consiguiente, si el Estado quiere adquirir ciertas tierras, no como un privado para construir una Comisaría o un consultorio, sino como autoridad pública para llevar adelante una política de redistribución de las mismas, lo único que cabe es que expropie por causa de interés nacional. Ello generaría efectos institucionales en dos ámbitos. En primer lugar, obligaría a la aprobación de una Ley expropiatoria, lo que supone un debate democrático previo y que todos los chilenos sepamos hacia dónde van las cosas, se definan las extensiones, hasta dónde llegará el proceso y cuál será su costo; y que eventualmente se puedan colocar condiciones.


En segundo lugar, gatilla la posibilidad, conforme con la Constitución, que el expropiado impugne ante los Tribunales de Justicia la causal y, sobre todo, el monto de la indemnización a recibir. Porque con las “compras”, el Estado paga lo que quiere y además con un argumento irónico implícito: ¿tienes acaso otro comprador? Frente a esto, el “vendedor” carece de todo derecho para objetar el valor a recibir, aparte del déficit de transparencia que hoy aqueja al proceso. En suma, se trata que rija el estado de derecho.


Evoluciones en la reforma electoral.


Se aprobó en la comisión de Constitución de la Cámara la reforma al sistema electoral. En sus aspectos medulares, considera para la elección de Diputados una reducción del número de distritos de 60 a 28, y un aumento de 120 a 155 en el número de aquellos. En el caso del Senado las circunscripciones se reducen de 19 a 15, y el número de elegidos pasa de 38 a 50. También prevé para las próximas cuatro elecciones Parlamentarias una cuota que impide que los candidatos de un género superen el 60% de las candidaturas.


Los cambios en los sistemas electorales son siempre complejos, porque los Legisladores se ven afectados directamente por ellos, existiendo por tanto un conflicto de interés imposible de evitar. Por eso se corre el riesgo de que en la deliberación se introduzcan normas que puedan afectar la competencia electoral o proteger a los Parlamentarios en ejercicio. Algo de esto último logra el aumento de Parlamentarios a elegir, lo que se justificó atendiendo a la proporcionalidad poblacional, pues Regiones con pocos habitantes exigían una representación mínima que luego repercutía en el resto de los Distritos. Sin embargo, sistemas electorales alternativos como, por ejemplo, uno mixto, podrían haber hecho innecesario aumentar los Parlamentarios.


En la tramitación del proyecto se introdujeron algunas modificaciones. La que más polémica motivó, al menos en la Nueva Mayoría, fue la eliminación de los subpactos, que contó con votos de la oposición y del PDC. Si bien este era un aspecto más bien instrumental de la reforma, su empleo permitía reequilibrios políticos que, dependiendo de cómo se articulasen, podrían afectar el resultado de un partido de una coalición específica. Quizás el aspecto más interesante de la eliminación de esta disposición es que ratifica el clima de desconfianzas internas que se ha instalado en la coalición oficialista.


Sin embargo, no es un asunto relevante desde el punto de vista del cambio del sistema electoral. Más discutible es la decisión de permitir la posibilidad de que el elector elija un candidato o, alternativamente, una lista. Para justificar ese cambio se ha aducido que eso fortalecería a los partidos, pero es una práctica confusa, que se presta para desnaturalizar la relación entre representantes y electores. Las consecuencias de este cambio son difíciles de anticipar. También en esto, un sistema electoral mixto habría conseguido un mejor equilibrio. Y extraña y puede ser discriminatoria la decisión de aumentar el subsidio por voto que contempla la Legislación chilena para las candidatas mujeres. ¿Se piensa acaso que las campañas electorales para ellas serán más caras que para los candidatos varones? No hay antecedentes que permitan justificar esta diferencia y, por tanto, es un mal uso de recursos públicos.


Precisiones sobre la elusión.


El Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) señaló que “se debe buscar que la elusión ojalá no exista”, añadiendo que lo que corresponde es cerrar todos los caminos para evitar que los contribuyentes puedan eludir. Sus declaraciones se enmarcan tras el protocolo de acuerdo de la reforma tributaria alcanzado en el Senado, en momentos en que está abierto el plazo para presentar indicaciones a este proyecto de Ley.


Sus palabras deben ser motivo de reflexión, porque dicho planteamiento resulta equívoco y puede llevar a confusión al momento de hacer la distinción entre prácticas ilegales y constitutivas de delito respecto de aquellas que resultan legítimas utilizando los mecanismos previstos en la propia Legislación tributaria.


La evasión de impuestos es un delito, consistente en ocultar ingresos para así maliciosamente anular o reducir el pago de impuestos. La elusión, en cambio, es un concepto equívoco, de difícil precisión, y que por lo mismo requiere de un cuidado tratamiento, pues no podría reprocharse como ilegítimo que algún contribuyente utilice los mecanismos existentes en la propia Ley para hacer una planificación tributaria. En el extremo, por ejemplo, quien compra mercaderías en un “duty free” elude pagar los impuestos normales, lo que no puede ser reprochado como ilegítimo.


Es razonable que los países analicen sus sistemas tributarios y evalúen si las Leyes han logrado los objetivos previstos y si se cumple el principio de que las personas en igualdad de condiciones tengan una carga tributaria similar. En ese sentido, es posible que ciertas prácticas, no siendo ilegales, se presten para usos no previstos en la Ley y corresponda acotarlas, pero ello debe ser analizado caso a caso, evitando juicios generalizados y sin los distingos del caso.


Marchas y contramarchas en educación.


Si bien las marchas y contramarchas del Ministro de Educación caracterizaron políticamente a la semana pasada, se ha tratado, en rigor, de la agudización de un problema que se viene arrastrando desde el inicio del Gobierno. Equivocado sería, sin embargo, radicar toda la responsabilidad en la figura del actual titular de la cartera. Hay en la tarea asignada a Nicolás Eyzaguirre una suerte de intrínseca contradicción: elaborar, a partir de discutibles generalidades recogidas en el programa de campaña, una reforma integral y en todos sus niveles a un sistema educacional cuya configuración se ha definido a lo largo de más de 150 años de evolución histórica, y acometer todo ello en plazos absurdos, como aquel que impuso enviar al Congreso en los primeros cien días de administración el proyecto que modifica de modo radical las reglas del juego para la enseñanza particular subvencionada. Forzado por los tiempos, por la dificultad de construir una propuesta razonable que a la vez se haga cargo de consignas como la de la gratuidad absoluta, y por el mandato implícito de contener a los distintos actores involucrados, no es del todo sorprendente que el ministro incurra en contradicciones como las que se han visto.


Por lo mismo, sería simplista suponer, obviando tales complejidades, que los problemas de la reforma son una cuestión personal cuya solución pasaría por el relevo de quien hoy la lidera. De hecho, el Ministro Eyzaguirre cuenta con importantes atributos para enfrentar el tema, partiendo por el de gozar de confianza y sintonía con la Presidente de la República. Evidentemente, al escogerlo a él para asumir la cartera, ella no buscó un técnico especialista en Educación -el propio Eyzaguirre ha reconocido no tener esa expertise -, sino un político experimentado en la gestión pública y a la vez dotado de una mirada económica, necesaria para dar sustentabilidad a cambios de la magnitud que se pretende.


Cambio de etapa, no de persona.


El éxito de tal apuesta requería, sin embargo, algunas condiciones que hasta ahora no se han cumplido. Desde luego, dotar a Educación de equipos asesores con el bagaje y conocimiento del sector que permitieran construir propuestas coherentes y realistas. También, contar Eyzaguirre con adecuado apoyo del resto del Gabinete, y en particular de su comité político. Respecto del primer punto, el Ministro ha privilegiado a figuras que, si bien aportan importantes redes de contactos, no parecen estar contribuyendo a la solidez técnica de las iniciativas. En lo político, en tanto, se lo ve solitario, sin que se aprecie la coordinación interministerial esperable cuando se trata de sacar adelante una reforma a la que el propio Gobierno atribuye carácter emblemático. Ambas situaciones contrastan con la anterior experiencia de Eyzaguirre en Hacienda, durante la administración Lagos. En su recordada gestión al mando de esa otra cartera, el Ministro contó con la asesoría de algunos de los más destacados cuadros técnicos del país y a la vez formó afiatado equipo con el entonces titular de Interior, José Miguel Insulza, acometiendo con buen resultado desafíos como el de la recuperación económica post crisis asiática o el establecimiento de la regla Fiscal.


En contraste, la relativa soledad actual ha tenido como fruto iniciativas en las que se aprecia algún sesgo económico, como la idea de comprar inmuebles de colegios para evitar el lucro, planteadas sin medir su efecto en el funcionamiento real del sistema educacional, y dando pie así a justificados temores respecto de un eventual sofocamiento de la enseñanza particular subvencionada y consiguiente menoscabo de la libertad de enseñanza. La misma ahora desechada idea de asegurar financiamiento para los primeros cuatro años de la educación superior trasluce preocupación por poner límites que tornen realizable la promesa de gratuidad, pero, planteada como lo fue, de modo inorgánico y sin el necesario trabajo político previo, solo produjo desconcierto.


Con el avance de la reforma tributaria en el Senado y el virtual estancamiento de la educacional, el país podría aproximarse a un escenario paradójico, cual es contar el Estado con recursos adicionales equivalentes a 3 puntos del PIB, pero con nula claridad respecto del proyecto que justifica tal incremento impositivo, hoy de alcances indefinidos y sin propuestas que aborden el verdadero desafío en esta materia: el mejoramiento de la calidad. Por eso mismo, siendo acertada la noción de que los episodios de los últimos días deben significar un punto de inflexión, el sentido de este ha de ser no el de un hipotético cambio Ministerial que poco resolvería, sino el inicio de una nueva etapa y una nueva manera de enfrentar este tema.



Recrudecimiento violentista.


Más allá de juicios respecto del desempeño de sus protagonistas, si algo dejó en claro la interpelación al Ministro del Interior (que se comenta en esta misma página) es la magnitud del desafío que el recrudecimiento de distintas formas de violencia representa para la autoridad. Trátese de las dificultades para restablecer el imperio del Estado de Derecho en La Araucanía o de la nueva ofensiva anarquista, el problema exige respuestas que vayan más allá de la retórica.


Es destacable la decisión de hacer frente al fenómeno expresada por el Secretario de Estado, y contrasta, por cierto, con su anterior banalización por determinados sectores de la Nueva Mayoría. La tarea, sin embargo, es pasar de las declaraciones a la acción eficaz. Importante para este objetivo será la capacidad de la autoridad para liberarse de contradicciones y de la limitación que imponen consignas como aquella de que "los conflictos sociales no se resuelven con la aplicación de la Ley Antiterrorista", una frase en sí misma inobjetable, pero que ha sido usada como excusa para evitar perseguir el violentismo con todas las herramientas que para ese fin otorga la institucionalidad.


Enfoques Internacionales:
¿Escala la crisis de Ucrania?


En todo caso, el incidente desprestigia al Mandatario ruso y transparenta su apoyo a los rebeldes ucranianos. Más grave es el peligro de escalamiento por las sanciones adicionales a Rusia, sus posibles retaliaciones energéticas a Europa y el agravamiento de la situación por un eventual armamentismo e intervención estadounidense en Ucrania.


No será fácil incrementar sustancialmente dichas sanciones. Es un arma de doble filo: puede llevar a Putin a tomar decisiones desesperadas y hay resistencia en la Unión Europea por intereses energéticos, financieros y comerciales. Por ahora se han propuesto embargos que no se consideran extremos, que impedirían a Rusia importar desde Europa y Estados Unidos material de doble uso civil y militar, y tecnologías avanzadas para planes energéticos. Más gravosa se estima la propuesta de prohibir a los bancos Estatales rusos financiarse en los mercados de capitales de la Unión Europea y Norteamérica.


El Presidente Obama está sujeto a formidables presiones para dar ayuda militar a Ucrania. Opiniones más realistas anticipan que entregar armas y asistencia militar al Gobierno ucraniano lo hace inmanejable y puede derivar en una invasión rusa para evitar el aniquilamiento de los rebeldes. Algunos recuerdan los casos de Kruschev y Yeltsin, que fueron forzados al retiro, acusados de debilidad ante Occidente, y reemplazados por líderes más intransigentes, como Brezhnev y el mismo Putin.


Entrar en conflicto abierto con Putin significa una grave inestabilidad para la seguridad mundial, expone a EE.UU. a perder un aliado táctico para moderar a Irán, y forzaría a Rusia a estrechar alianzas con una China ahora poderosa y desafiante en el Asia Pacífico. Asimismo, en la emergencia islámica en Irak, Siria y otras latitudes, los intereses de Washington y Rusia son muy similares.


En el interés de bajar el perfil al derribamiento del avión malasio se mencionan otras tragedias aeronáuticas del pasado, a resultas de estados de guerra. En 1983, un caza soviético derribó un avión de pasajeros de Korean Airlines, con 269 víctimas, incluyendo a un Congresista estadounidense. Entonces el Presidente Reagan reaccionó con una fuerte condena y revocación de los permisos de vuelo a EE.UU. a la línea Aeroflot. En 1988, un misil lanzado en el Golfo Pérsico por un crucero estadounidense contra un avión de pasajeros iraní con destino a Dubái causó cerca de 300 víctimas. Estados Unidos alegó haberlo confundido con un avión caza iraní, nunca se disculpó y en 1996 indemnizó a las víctimas con 80 millones de dólares.


Giro de los BRICS y giras de Putin y Xi Jinping


La VI Cumbre de los BRICS, en Brasil, constituye un giro desde la retórica hacia proyectos concretos que cambian la arquitectura financiera mundial. Hasta ahora, la heterogénea alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica solo parecía coincidir en líricas declaraciones destinadas a equilibrar el poder de EE.UU. y sus aliados europeos y asiáticos. Esta vez los Presidentes de los BRICS anunciaron la creación de un sistema alternativo de financiamiento al proporcionado por el Banco Mundial y el FMI. Se trata del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y del Acuerdo de Reservas Contingentes (ARC), que contarían con US$ 100 mil millones cada uno.


Tras dicha Cumbre, el Presidente Xi realizó una visita de Estado a Brasil y se reunió con representantes de las 33 naciones integrantes de Celac. Hizo allí promesas de financiamiento y asistencias para la cooperación regional por un total de US$ 35 mil millones y dio un trato preferente a Brasil: firmó 32 acuerdos para la compra de 40 aviones comerciales, la construcción de hidroeléctricas y vías ferroviarias, líneas de alta tensión y una fábrica de baterías recargables para autos y buses eléctricos.


En el caso argentino lo más relevante fue la concesión de un crédito swap para reforzar las alicaídas reservas internacionales trasandinas y un principio de acuerdo para construir un reactor de agua pesada. En Venezuela aumentó en US$ 10 mil millones los créditos pagaderos en petróleo, con promesas de invertir en la exploración de hidrocarburos. La última escala del dirigente chino fue Cuba, donde hizo el gesto de reunirse con Fidel Castro, junto con firmar financiamientos por montos no revelados para biotecnología, agricultura, infraestructura, energías renovables e instalaciones portuarias.


En paralelo, el Presidente Putin visitó cuatro países de América Latina. Esa gira y su participación en la Cumbre intentaron desmentir su aislamiento y minusvalorar las sanciones por la anexión de Crimea y su apoyo a la rebelión en Ucrania oriental.


En Brasil ofreció un sistema de misiles antiaéreos por US$ 1.000 millones; en Argentina convino la exportación de tecnología para la construcción de una nueva central nuclear, y en Nicaragua -visita inicialmente no prevista- ofreció una posible participación en el proyecto para construir un nuevo canal interoceánico, cuya viabilidad muchos discuten.


El hito más publicitado de la gira de Putin fue Cuba, donde condonó el 90% de una vieja e incobrable deuda por US$ 35.000 millones. El 10% restante será invertido en diversas obras de infraestructura y en la explotación de hidrocarburos cubanos.


La gira regional de Putin y Xi les ha permitido llenar el vacío que ha dejado EE.UU. por su falta de interés y de programas de asistencia en la zona.


Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.

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EMPRENDEDORES RESPONDEN A LAS MENTIRAS DEL OFICIALISMO BACHELETISTA.

#GolpeAlaPyme.

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Evelyn Matthei evaluó en CNN los 3 primeros meses de Bachelet…

Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

LANATA : CARTA A CRISTINA FERNÁNDEZ.

Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".

Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
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Canción Nacional de Chile completa con todas sus estrofas....

Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

PARA VER COMPLETO HAGA DOBLE CLIC SOBRE EL VÍDEO.

Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

Padre nuestro que estás.....

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A Nuestros Hombres de Armas y nuestros caídos

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Libre, Nino Bravo

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