Artículos de actualidad para meditar y discutir...

¿Tenemos reforma?,

por Eugenio Guzmán.

Hasta hace una semana, tras el acuerdo tributario, la pregunta sobreviniente era qué sigue ahora en materia de reformas, es decir, si el Gobierno movilizaría sus recursos políticos para darle viabilidad a la Reforma Educacional u a otras como la electoral. Si bien parecía lógico que esta última sería la opción, puesto que contaba con los apoyos de RN y en particular de Amplitud, no parecía para nada claro en relación a educación, dada la complejidad del tema y el número de actores políticos y sociales involucrados.

Así, como en la paradoja de la tortuga y Aquiles, al parecer mientras más cercana es la posibilidad de votar la reforma, mayores dificultades surgen para que se concrete. Es así que, por ejemplo, la crítica de que la propuesta se habría realizado entre cuatro paredes o, para emplear una frase ingeniosa, de que fue acordada en un living a la hora del té, ha calado profundo. Primero, porque para quienes creyeron que era necesario cumplir el programa y, de esa forma, apoyar al Gobierno enviando una señal de unidad, esto deja una sensación de futilidad de tales esfuerzos. Y, segundo, hace completamente inútil el ejercicio del poder que entrega ser mayoría (sólo requiere quórum simple). Ambos aspectos generan un efecto devastador en el ánimo y el ego de quienes participaron en este proceso en la Cámara (mero buzón).

Ahora bien, la alusión al living ciertamente es efectista e incisiva, sin embargo, es un recurso retórico como cualquier otro. En este sentido, si se hubiese realizado en una comisión ad hoc, también se la podría haber tratado de insuficiente, por ejemplo, señalando que dejaba fuera a la calle, a la ciudadanía, etc. Siempre existe alguna forma de restar legitimidad a un acuerdo cuando este no satisface a alguien, ya sea porque no fue invitado o simplemente porque no está de acuerdo. Por último, no hay que ser ingenuos, lo propio de todo proceso de acuerdo, bueno o malo, supone precisamente que es un proceso, que implica persuasión, la adhesión de voluntades y que parte desde instancias acotadas en número. De otro modo, supondría pensar que los proyectos, programas e iniciativas emergen espontáneamente y de modo inorgánico en una reflexión común de una multitud de actores que participan en todo momento y simultáneamente. Si bien esto parece estéticamente irresistible, carece por completo de comprensión de cómo y qué podemos hacer los seres humanos.

Como van las cosas, lo que sigue parece complicado, las reformas que vienen son igualmente complejas, no sólo porque afectan a múltiples grupos ciudadanos, sino también a los propios actores que las aprobarán, como la reforma electoral. En tal sentido, los livings, salones, acuerdos, etc., es probable que sigan subsistiendo en la política y esto porque es la forma como ésta —y en general la vida pública y privada de las personas— se construye.

 

 

Una ley no tan mala

por Axel Buchheister.

Ya desde la campaña, quienes hoy Gobiernan proclamaron que no se aplicaría la Ley Antiterrorista, lo que, como se sabe, no es de resorte del Ejecutivo, sino del Ministerio Público y los Tribunales. Se argumentó que ella no cumpliría con los estándares internacionales (cierto, en países desarrollados esas Leyes son más draconianas) y que, refiriéndose al caso de la violencia en La Araucanía, no constituye un instrumento apto para solucionar conflictos sociales, lo que nunca ha sido la finalidad de una legislación de esa clase.

Pero la vida cambia, y acicateado por el reciente atentado con una bomba dentro del Metro, el Ministro del Interior anunció su aplicación. Estaría, dijo, plenamente justificado (¿contradecirse?). Dijo que “aquí todos sabemos que la intención de las personas que colocaron la bomba era hacer daño a personas inocentes”: seguramente los afectados en los demás atentados eran culpables. Agregó que era un grupo de personas “con el objetivo no sólo de causar terror o temor, sino que causar daño directo a ciudadanos inocentes que iban a ocupar el Metro”. Claro, Celestino Córdova andaba a pie cuando incendió y mató para intimidar a los “colonos”.

Pero sucede que la Ley no atiende a la cantidad de víctimas, ni al carácter inocente de ellas, su etnia u otras circunstancias, sino a que los autores de ciertos delitos busquen causar temor o terror en la población para lograr sus fines, lo que para el Ministro, encargado de hacer ejecutar las Leyes, no era suficiente. Pero ahora sí, aunque no hubo más que lesionados leves.

Hay quienes han mencionado otra diferencia: no es lo mismo un carro del Metro que un cajero automático, porque puede afectar a más personas. Un argumento que no sólo carece de base Legal, sino que manifiesta desprecio por la integridad de las personas y la vida humana cuando las víctimas son pocas. Además, el número de víctimas en muchas ocasiones es fruto del azar y con ello se desconoce que los atentados terroristas suelen tener una progresión en la intensidad, lo que justifica “tolerancia cero”, que apunta a castigar las acciones menos letales para evitar que escalen.

La izquierda siempre tiene argumentos para justificar que alguien -que le plazca a ella- use la violencia. También capacidad para buscarle el “cuesco a la breva”, como en este caso. La pregunta es: ¿Por qué la vuelta de carnero del Ministro? Es por el fenómeno de empoderamiento de la ciudadanía, no sólo para exigir variados derechos, como hacen algunos, sino que de otros, que son más, para reclamar también sensatez. Y naturalmente, nadie quiere verse expuesto a un atentado explosivo, y uno en el Metro nos pone a todos ante la evidencia de la gravedad de los ataques y que cualquiera puede ser alcanzado. Entonces, no hay disposición a aceptar lógicas falaces y se exige mano dura.

El ciudadano común debiera tomar nota que el Gobierno no quería aplicar una Ley que lo protege, con pretextos burdos. Pero está mejorando, ya que esta vez la calle no tuvo que esperar la siguiente encuesta: el Gobierno se anticipó a los acontecimientos.

Relativización del derecho de propiedad privada,

por Luis Larraín y José Francisco García.

En los últimos meses hemos podido observar en el debate intelectual y político chileno una relativización del concepto de propiedad privada. Desde el programa Constitucional de la Nueva Mayoría, hasta declaraciones de autoridades en el contexto de la violencia en La Araucanía, la compra de escuelas o el debate más amplio sobre reforma Constitucional, se ha hecho evidente que para algunos sectores progresistas, la propiedad privada pareciera ser un concepto instrumental a los fines perseguidos por el Estado y entonces sujeto a la más amplia posibilidad de disposición por parte del poder público.

Subyace a esta idea cierta incomodidad respecto de que sean las personas y sus familias, y no el Estado, los protagonistas del guión que cada uno escribe para desarrollar sus propios y diversos proyectos de vida respetando los de los demás. Existen ricos fundamentos conceptuales para oponerse a esta visión, herederos de una tradición liberal de más de tres siglos basada en la simple y desafiante idea de libertad.

Para la tradición liberal clásica, la idea de "pactar sociedad" abandonando un estado de naturaleza donde cada uno goza de sus derechos y libertades en los términos más amplios y pasar hacia un mundo con Estado, Gobierno y reglas colectivas -generales y abstractas-, es natural, necesario y conveniente al garantizarse de mejor forma el goce de dichos derechos y libertades, entre ellos muy primordialmente el derecho de propiedad privada, base material del resto. El Estado encuentra así su justificación (su potestad normativa, tributaria, o de imponer cargas públicas) en la provisión de aquellos bienes que los individuos por sí solos no pueden procurarse: defensa frente a otras naciones, Justicia y orden interno, y otros bienes públicos en general.

Las Constituciones han pasado a ser el instrumento donde se plasma el pacto social, nuestros derechos y deberes en comunidad. Establecen la división de los poderes públicos en diversos órganos y los controles recíprocos entre estos. En el caso de la propiedad privada, tempranamente las Constituciones establecieron reglas de protección específicas impidiendo la expropiación arbitraria. Nadie puede ser privado de su propiedad por causa de interés general, sin una justa compensación y bajo un cierto procedimiento (norma legal que la justifica o la posibilidad de recurrir a Tribunales), reglas que, por lo demás, encontramos hoy universalmente.

Durante el siglo XX, el concepto de "función social" de la propiedad comienza a masificarse en los ordenamientos Constitucionales y a justificar grados mayores de limitación de esta. Ella está presente tanto en la Constitución de 1925 como en la actual y ha servido para habilitar al Estado a desarrollar labores en beneficio del interés general (e.g., expropiaciones para construir carreteras, previa indemnización al propietario), pero también para excesos que la han desnaturalizado. Para evitar excesos como este, han surgido reglas Constitucionales que buscan precisar el núcleo esencial de los derechos, inviolable, desarrollándose estándares, Legislativos y jurisprudenciales, para detectarlos e invalidarlos; en el caso del derecho de propiedad, por ejemplo, la proporcionalidad y la regulación expropiatoria.

Así, más allá de discutir propuestas de perfeccionamientos técnicos formales, es preocupante que hoy en Chile se relativice en lo sustantivo el derecho de propiedad, sea esgrimiéndose la necesidad de avanzar hacia una noción aún más amplia de función social, sosteniendo que hay que dejarla al margen del capítulo de derechos y garantías, o que es necesario disminuir su jerarquía para compatibilizarla con derechos sociales más intensos.

Y es que como nos recuerda el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, "el fundamento de la libertad es la propiedad privada", y "el verdadero gozo solo es completo si, al gozar, una persona no ve recortada su capacidad de iniciativa, su libertad de pensar y de actuar".

El derecho de propiedad, actual o potencial, no solo nos abre la puerta a esferas cotidianas de disfrute de autonomía y privacidad donde desarrollar los más diversos proyectos individuales y asociativos con otros privados, sino evita intromisiones excesivas por parte del Estado en nuestras vidas, garantizando nuestras libertades económicas, políticas, culturales -aquello que Berlin llamó la "libertad negativa"-. Ello no admite distingo respecto de sexo, raza, religión o condición socioeconómica, por más que algunos intenten encuadrar este debate bajo el agotado marco de la lucha de clases.

PSU 2015: una mala noticia,

por Sofía Correa.

SE HA dado a conocer recientemente un modelo de la Prueba de Selección Universitaria que se tomará para definir la admisión a las universidades chilenas en 2015, generando comentarios adversos de diversa índole. 

Por una parte, se ha hecho ver su descarado sesgo ideológico, lo que es especialmente grave en la medida en que las preguntas de la PSU condicionan la enseñanza escolar, neutralizando las orientaciones del currículum nacional. Mientras que el currículum requiere ser construido en forma abierta y transparente, respetando las diversas sensibilidades, la PSU, por definición, se construye en el secretismo. Por lo mismo, se espera que sea especialmente cuidadosa de las orientaciones curriculares. Por lo visto, ello no ha sucedido.

También se ha cuestionado la ausencia de conocimientos sobre la historia occidental desde la Antigüedad clásica. Sin embargo, una prueba para seleccionar el ingreso a la universidad no puede ni debe cumplir la función de evaluar lo que hayan aprendido los estudiantes durante sus años escolares, y en cambio debe medir capacidades para desempeñarse en la educación superior, aunque inevitablemente tiene que recurrir para ello a conocimientos adquiridos en la enseñanza escolar. 

Ello, no obstante en el caso de la PSU 2015, el cuestionamiento sobre los contenidos se ha visto resaltado porque en ella se ha privilegiado la evaluación de conocimientos adquiridos por sobre las habilidades analíticas y reflexivas. Tanto así que de 80 preguntas, 53 sólo evalúan conocimientos, más de un 66% de la prueba, lo que indica que está mal construida.

Pero eso no es todo. Peor aún. Más de un 20% de la PSU 2015 tiene preguntas mal formuladas. De las 80 preguntas, nueve contienen una imagen, texto o gráfico que es innecesario para responderlas, pues sólo miden conocimientos. Se ha dicho, con razón, que se trataría de ilustraciones con propósitos fundamentalmente ideológicos. El problema adicional es que distrae al estudiante que está respondiendo, le quita tiempo y le manda una señal confusa, pues nunca puede tener claro cuándo las imágenes, textos o gráficos deben analizarse y cuándo se pueden saltar sin más. Sobre todo porque hay, además, otras cuatro preguntas donde no está claro si se deben analizar las imágenes y textos anexos o descansar en los conocimientos adquiridos, variando según ello la respuesta correcta. Además, hay cuatro preguntas que contienen errores en su formulación, como por ejemplo que Angol fue fundada en el último tercio del siglo XIX, siendo que fue refundada en 1862 (¿importa saber eso para ingresar a la universidad?). Por último, y no menor, para responder una pregunta que requiere interpretar imágenes hay que saber inglés y francés. ¿Nos sorprende que la PSU refleje diferencias socioeconómicas en sus resultados?

No es primera vez que un análisis de la PSU muestra tal magnitud de problemas.  La que se rindió en 2007 también tenía cerca de un 20% de errores en la formulación de las preguntas, información que en su oportunidad conocieron las máximas autoridades ministeriales y universitarias.  Ya es hora de ponerle el cascabel al gato.

El programa y los acuerdos.

Quienes pretenden mitificar el programa de Gobierno y elevarlo a categoría de dogma suelen sustentar su argumentación en la amplísima mayoría con que Michelle Bachelet fue electa Presidente de la República. Tan maciza votación, sostienen, sería prueba irrefutable no solo del apoyo suscitado por dicho programa, sino también del mandato popular para su cumplimiento estricto. Tal razonamiento pasa sin embargo por alto el hecho de que el respaldo conseguido por la Mandatario obedeció en grado importante a sus propias características personales, las mismas que ya en su primer Gobierno elevaron su popularidad por encima de los partidos de la Concertación y que luego, durante la administración de Sebastián Piñera, la transformaron en la única carta opositora viable. En efecto, mucho antes de conocerse el programa de la Nueva Mayoría, ya Bachelet encabezaba todas las encuestas electorales, e incluso, en un momento de la campaña en que diversos sectores la criticaban precisamente por no conocerse aún su plataforma, ella desestimó la relevancia de ese tipo de documentos, llamándolos "mamotretos" y afirmando que solo son leídos por una élite.

Sin desconocer la importancia de los programas, en cuanto revelan las orientaciones que se pretende dar a un Gobierno, en la tradición Presidencialista chilena ha sido siempre la propia figura del Mandatario el elemento central. En el caso de la Presidente, parece claro que, más allá de un apoyo general a sus ideas, lo que la ciudadanía expresó en las urnas fue su confianza en la prudencia y buen juicio que ella ha demostrado a lo largo de su trayectoria, así como en su capacidad para empatizar con las inquietudes de las personas. Por lo mismo, es dudoso el planteamiento de quienes, levantando consignas de pureza programática, han descalificado el acuerdo tributario alcanzado hace algunos días y expresado desde ya su rechazo a futuros consensos en otras materias, sosteniendo que cualquier "concesión" significaría traicionar la voluntad popular. Antes bien, cabe afirmar que la ciudadanía ha entregado a Michelle Bachelet la grave responsabilidad de, sopesando las circunstancias específicas, buscar los mejores caminos para alcanzar las metas de progreso social comprometidas, sin que ello signifique dilapidar los logros que acumula el país ni frustrar las oportunidades de desarrollo.

Como agudamente ha hecho notar The Economist, la figura de Bachelet aparece hoy como garantía en la búsqueda de un adecuado equilibrio y, por lo mismo, si ella se equivoca en tal esfuerzo y se aleja de la moderación característica de Chile, la Nueva Mayoría pagará el costo.

Consensos naturalmente necesarios.

 

La corrección a la baja en las estimaciones económicas de este año realizada por el Ministerio de Hacienda confirmó el buen criterio seguido por el Gobierno al abrirse a un acuerdo tributario en el Senado, en lugar de empecinarse por hacer uso de su mayoría Parlamentaria, como había ocurrido en la Cámara de Diputados. La señal de moderación y la corrección de algunos de los aspectos más negativos del proyecto -el cual aun así presenta severas deficiencias- contribuyen a atenuar en algo las incertidumbres que plantea el complejo escenario de desaceleración.

Con todo, más relevante aún es la búsqueda de entendimientos en áreas que, por su propia naturaleza, lo demandan. Tal es particularmente el caso de la reforma educacional -donde se juega el derecho básico de los padres para elegir la educación que recibirán sus hijos-, pero también el de los cambios al sistema electoral y, por cierto, a la propia Constitución, materias que deben expresar un consenso nacional y no la mera imposición de un sector del país por sobre los otros.

Por ello, sorprende que el apuro por desechar acuerdos que expresan las voces más radicales del oficialismo -como el Senador Navarro o el Presidente del Partido Comunista- no suela -salvo excepciones- tener una respuesta igualmente categórica por parte de los sectores moderados y probablemente mayoritarios de la coalición.

Actuaciones contraproducentes.

 

Si el ideologismo y la debilidad para hacerle frente por parte de algunos conspiran contra los acuerdos, también lo hacen quienes, faltando a la discreción que debe acompañar una acción política eficaz, incurren en pugnas de protagonismo a propósito de aquellos. Más daño aún es el que han provocado ciertos sectores empresariales que, sin haber tenido real incidencia en el resultado final, se han apresurado en reclamar una pretendida paternidad sobre este o en celebrar sus contenidos sin matiz alguno, cual si la brusca alza de impuestos fuera cuestión inocua.

Tales intervenciones contribuyen a crear una errada percepción respecto de un acuerdo legítimamente impulsado y suscrito por representantes populares en cumplimiento del mandato que, en un régimen democrático, les ha dado la ciudadanía.

Complejo mercado farmacéutico.

La prolongada discusión que trajo consigo la nueva Ley de medicamentos no consiguió llegar a ciertos acuerdos que habrían significado avances interesantes, entre ellos la posibilidad de vender medicamentos en lugares diferentes de las farmacias. Tan solo se permitió que se exhiban en góndolas o repisas de acceso directo al público, pero al interior de cada farmacia o almacén farmacéutico, es decir, dentro de los recintos en que tradicionalmente se han dispensado los fármacos.

No obstante, muchas de las nuevas disposiciones quedaron entregadas al reglamento que debía preparar el Ministerio de Salud. Esa etapa está en proceso de cumplimiento y se ha entrado en un período de consulta pública, que no sin cierta sorpresa ha revelado que las nuevas autoridades se han abierto a formas innovadoras de comercialización de los medicamentos. Las normas para poder abrir almacenes farmacéuticos permitirían que estos se establezcan en las carreteras, lo que haría que algunas estaciones de servicio se interesen por comercializar esta clase de productos.

En el debate Parlamentario se insistió en que al abrir el mercado de los medicamentos que no requieren de receta médica, aumentaría la competencia y, con ello, disminuirían sus precios. En realidad, estos hoy se venden en las ferias públicas, en los quioscos y en toda clase de locales informales a precios muy elevados, en gran medida porque se trata de una actividad ilícita. Las nuevas normas, si bien permiten algún mínimo grado de apertura, no cambiarán el estatus legal de estas transacciones, ni tampoco su precio.

Más aún, las exigencias que se hacen a las estaciones de servicio para desarrollar este negocio son tan altas que difícilmente las llevará a implementarlo. Deberán contar con un técnico en farmacia, mantener en existencia en forma permanente los productos señalados en la nómina de productos farmacéuticos de venta bajo receta médica que puedan expenderse en los almacenes farmacéuticos, contar con una oficina especial y tener una zona de empaque exclusiva, diferenciada del resto del área comercial por barreras físicas.

Posiblemente los cambios que se pondrán en marcha una vez que se apruebe el reglamento tendrán como consecuencia una mayor concentración del mercado, puesto que se elevarán los costos de operar una farmacia. Inciden en esto las nuevas exigencias relacionadas con el fraccionamiento unitario de los medicamentos. La Ley dispone que el comprador deba recibir la cantidad exacta que ha prescrito el médico, lo que implica una serie de nuevas necesidades, entre ellas la obligación de contar con un área exclusiva para dispensar esas recetas. Estas exigencias, fáciles de cumplir para una cadena de farmacias, no lo son para un establecimiento independiente.

Las góndolas de acceso directo al público serán solo optativas y no se prevé que las grandes cadenas las implementen. De modo que la nueva Ley, lejos de beneficiar a los consumidores, posiblemente solo termine favoreciendo a las grandes empresas que se dedican al comercio de fármacos.

Expansión del metro.

El Presidente del Metro anunció que ese medio de transporte planea expandirse con líneas adicionales. Para evitar que se especule con los terrenos, el Metro mantiene en secreto los trazados, pero se sabe que una de las líneas debería servir para aligerar la línea 1, cercana al colapso. Las nuevas líneas se agregarían a las 3 y 6, en construcción, y a algunas extensiones ya programadas.

El sistema de metro de Santiago es el segundo más extenso de América Latina, y el más largo en relación con el tamaño y población de su ciudad. Desde la entrada en régimen del Transantiago, su utilización ha crecido, hasta abarcar a cerca del 40% de los viajes en transporte público, pues ofrece una mayor seguridad de tiempo de traslado, en comparación con el servicio de los buses.

Pero según especialistas en transporte, sería preferible mejorar el sistema de superficie debido a su menor costo. Para ello, proponen ampliar los corredores segregados para buses, que de esa manera pueden avanzar sin congestión. Efectivamente, cuando estos corredores existen, los buses prestan un servicio de alta calidad, y el costo de inversión es mucho menor que el del metro. Pero este análisis es simplista, porque omite las dificultades que enfrentan los proyectos de corredores segregados. En los planes de este Gobierno, por ejemplo, solo se considera construir algunas decenas de kilómetros de estas vías, debido aparentemente a la oposición de Alcaldes y vecinos, situación similar a la de otros proyectos de inversión socialmente rentables.

Esto ha significado que pese a la visión en contrario de algunos ingenieros de transporte apegados a la idea de los corredores, se haya venido imponiendo la tesis de que es más efectivo disponer de una red de metro relativamente densa si se desea una ciudad más amigable.

Un segundo mito sostiene que el metro no debería expandirse en zonas de altos ingresos, aunque sea en barrios densamente poblados, pues se dice que este subsidio beneficia a quienes habitan en ellos. Pero esto olvida que un gran número de viajes de personas de bajos ingresos es justamente hacia esas áreas de la ciudad y que, al no disponer de este medio, deben destinar mucho más tiempo a sus viajes diarios en superficie.

Un último punto importante es que actualmente los beneficios del metro se pueden perder porque los entornos de algunas estaciones tienen restricciones de edificación. La obligación de las Municipalidades que reciben una estación debería ser eliminar las trabas a la densificación en su vecindad. Esto aumenta el beneficio social del metro, y el efecto colateral de un mayor valor de los terrenos podría mitigarse con un alza de contribuciones.

En resumen, la extensión del metro es una buena noticia para los habitantes de la ciudad. Es importante, sin embargo, que el Gobierno no pierda de vista el transporte público en Regiones o estas se opondrán a las nuevas inversiones, por muy beneficiosas que ellas sean para los habitantes de Santiago.

Tragedia de Malaysia Airlines.

 

 

Tras el primer impacto por el carácter criminal y el alto número de víctimas que tuvo el atentado contra un avión de pasajeros que cruzaba el cielo de Ucrania, crece la alarma por las fundadas sospechas sobre la responsabilidad de los rebeldes alentados por Rusia, las dificultades que ellos han puesto para la investigación de lo ocurrido y el riesgo de que esta catástrofe lleve al plano internacional el problema existente entre esas dos naciones. Casi dos tercios de los 298 fallecidos, pertenecientes a once países, eran holandeses, lo que justifica la insistencia, que está rindiendo frutos, del primer Ministro Mark Rutte en que el Kremlin debe probar su compromiso en cuanto a aclarar la verdad de los hechos.

El Presidente Obama ha sido enfático en sostener que esto no fue un accidente y que sucedió por el apoyo militar de Rusia al intento de secesión de las Provincias ucranianas fronterizas. Una serie de datos y testimonios dados a conocer por los medios informativos tiende a comprobar la llegada a la zona de Donetsk de varios sistemas de misiles que fueron retornados al país vecino horas después de la caída del avión (uno de ellos, parece, con un proyectil menos) y que forman parte del apoyo militar recibido en el último tiempo por las fuerzas rebeldes. Por otra parte, los expertos enviados por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), a fin de determinar exactamente lo ocurrido y sus causas, denuncian no sólo falta de cooperación en el lugar del siniestro, sino que también el probable ocultamiento y manipulación de las pruebas respectivas.

Angela Merkel comparte asimismo los duros juicios del Mandatario norteamericano y la exigencia de que el Presidente Putin se abstenga de intervenir en Ucrania. Sin embargo, llama la atención la actitud moderada de Gobernantes europeos directamente afectados por el problema, que a veces se limitan a declaraciones sin medidas concretas para forzar un cambio de conducta de su colega ruso. Además de la Canciller alemana, sólo Mark Rutte ha sido tenaz en enfrentarlo y ha obtenido al menos su promesa de cooperación para recuperar los cadáveres y las cajas negras del avión. La misma Unión Europea (UE) vuelve a mostrar, como en el caso de Siria, una posición hasta cierto punto ausente, limitándose a monitorear la situación, pese a que se trata de una confrontación que, al igual que el episodio que sigue desarrollándose en Gaza, aumenta el peligro de un conflicto mayor.

Una acción conjunta de la UE sería sin duda más eficaz que las protestas aisladas de algunos Gobiernos, pero ésta suele ser una deficiencia de organismos como las propias Naciones Unidas (que en este caso ha optado apenas por pedir una investigación independiente), donde mecanismos como el veto de las grandes potencias en el Consejo de Seguridad impiden acciones que probablemente serían eficaces. Es de esperar que una tragedia humana como la que comentamos, sumada a noticias sobre masivos asesinatos por fanatismo religioso o abusos contra cientos de muchachas en ciertas regiones de África, y una creciente polarización en las relaciones de algunos Estados del Medio Oriente y asiáticos, incite a una política más activa de las entidades cuya razón de ser es la mantención de la paz mundial.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.