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lunes, 14 de julio de 2014

Temas para una discusión informada...

Fuertes lluvias afectaron ayer a la zona central provocando inundaciones en Valparaíso, Viña del Mar y Santiago, algunos cortes en el suministro eléctrico, grandes cantidades de gente en los paraderos y graves congestiones en el tránsito vehicular.
Consideramos que la foto de esta semana es la de Alemania luego de derrotar a Argentina por 1 gol a 0, el domingo en el mítico Maracaná de Rio de Janeiro, y los consiguientes festejos de los teutones que lograron su cuarta estrella en los campeonatos mundiales de balompié.


Competencia de La Haya,
por Beatriz Corbo.


La demanda que Bolivia ha interpuesto en contra de Chile se basa en la teoría de las Declaraciones Unilaterales de los Estados, es decir, un artilugio jurídico sugerido por un ex Canciller peruano, integrante del equipo que sostuvo la demanda del Perú contra Chile en el caso de la denominada delimitación marítima.


Los nuevos esfuerzos bolivianos buscan obtener de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una decisión que obligue a Chile a negociar, con el propósito expreso y predeterminado de cederle parte de su territorio. Lo anterior se justificaría, a su juicio, sobre la base de supuestas obligaciones generadas por declaraciones unilaterales efectuadas a lo largo de los años, que ha venido conversando y/o negociando con ese país respecto de la mediterraneidad boliviana y sus aspiraciones marítimas.


Ahora bien, reconociendo la existencia de precedentes sobre declaraciones unilaterales de Estados, que al hacerlas generaron obligaciones con terceros, la demanda boliviana tensiona en exceso la credibilidad de los escasos argumentos aportados a la Corte. En efecto, en su argumentación Bolivia pone en muy difícil trance a los Magistrados de la CIJ, forzándolos a redoblar su capacidad de imaginación y de innovación para crear derechos sobre tan débiles bases. Es necesario hacer presente que las veces que Chile ha conversado con Bolivia sobre este asunto, ha dejado constancia expresa de su intención de atender a una aspiración, no a un derecho, y las negociaciones han tenido como marco el respeto a los tratados vigentes. Asimismo, es conveniente recordar que las declaraciones unilaterales de las cuales Bolivia busca extraer, vía la CIJ, obligaciones o compromisos no atendidos por parte Chile, han sido extraídas de procesos bilaterales de negociación que no llegaron a concluir o plasmarse en acuerdos y, por lo tanto, nada tienen de unilaterales, pues a Bolivia le cupo una participación determinante en su desarrollo, y lo que es más importante, en el hecho de que no hubieran podido llegar a plasmarse en un acuerdo.


Las razones por las cuales las partes no completaron el proceso de negociación no son atribuibles a una sola de las partes. Es en este contexto que Chile decide presentar excepciones preliminares en la demanda. Frente a lo anterior, la primera reacción del Gobierno boliviano a la decisión chilena vino del propio Presidente Morales, al decir que Chile caía en una contradicción al definirse como un país respetuoso del Derecho Internacional y al mismo tiempo rechazar la competencia de la Corte.


Con esta reacción, podemos afirmar que Bolivia desconoce que Chile está haciendo uso legítimo de su derecho a impugnar la competencia de la CIJ, previsto en el estatuto de la misma. En efecto, al presentar la objeción preliminar de incompetencia de la CIJ, Chile no sólo lo hace en resguardo de sus intereses permanentes conforme al Derecho Internacional, sino que también por el alto respeto que tiene por la Corte y por el Derecho Internacional.


Nuestro país decide argumentar la incompetencia de la CIJ, ya que estima que la Corte no merece transformarse en instrumento facilitador de una manipulación política.


Un remedio efectivo contra la desigualdad,
por F. Larraín, A. Swett y S. Urzúa. (*)


Existe consenso: debemos mejorar nuestra distribución de ingresos. El problema es que no existen balas de plata y Chile lo sabe bien. Por décadas, el país ha realizado avances gigantescos en sus políticas sociales, pero la desigualdad se ha reducido poco. Las "nuevas" apuestas del Gobierno pasan por reformas estructurales de dudoso impacto, al menos en el corto plazo.


El nuevo proyecto de reforma tributaria -todavía deficiente, aunque mejor que el original- es una de esas apuestas, pero se anticipa que tendrá un impacto muy acotado. Por otra parte, la reforma educacional, "la madre de todas las batallas contra la desigualdad", parece a la deriva en un mar de dudas. Pero independientemente de la incertidumbre que la rodea, lo cierto es que incluso la más extraordinaria de las reformas educacionales no generaría efectos reales en la distribución de ingresos antes de 20 años.


¿Existe una alternativa para apurar el tranco? Sí. La transformación del sistema de capacitación puede ser el remedio más efectivo en contra de la desigualdad. Y si bien esta no ha sido parte de las demandas de la calle, la idea tiene adherentes transversales entre trabajadores, empresarios y técnicos. Incluso fue mencionada en el programa de Gobierno de la Presidente Bachelet, pero ha pasado sin pena ni gloria.


Comencemos por el diagnóstico. Nuestro modelo de capacitación adolece de múltiples falencias y la evidencia así lo demuestra: los más de US$ 300 millones destinados anualmente al sistema no han tenido impacto ni en salarios ni empleabilidad. Difícil así reducir la desigualdad. Entre las razones que explican el magro resultado encontramos: solo el 10% del gasto en capacitación del país (vía franquicia tributaria) se va a los trabajadores de menores ingresos (¿no acentúa esto las desigualdades?); solo el 1% del gasto en capacitación se destina a la microempresa y solo el 3% a la pequeña, precisamente donde están los empleos más necesitados; la ausencia de evaluación de conocimientos aprendidos (solo asistencia), lo que además impide generar reputación en la oferta de cursos; una duración promedio de los cursos de menos de 30 horas (sí, leyó bien, ¡30 horas!), y, por último, la ausencia de certificación que impide la apropiación de los beneficios de la capacitación por parte del trabajador.


¿Qué proponemos? En primer lugar, integrar a trabajadores, Estado y empresarios a través de una nueva institucionalidad que tenga como objetivo el desarrollo de habilidades y capacidades consistentes con las demandas de nuestros sectores productivos. No habrá capacitación de calidad mientras no se conecten la oferta y demanda. En segundo lugar, renovar la franquicia tributaria dirigiéndola al trabajador. Es necesario empoderar a nuestra fuerza de trabajo, evitando las distorsiones del modelo actual que implican que los menos preparados financien la capacitación de los más preparados. Para lograrlo, proponemos que cada empleador acumule en una cuenta individual hasta el 2% de su salario (a cuenta de la franquicia del Estado) por un período de cuatro años para destinarlo a su formación.


Tercero, generar incentivos para llevar la capacitación a las pymes y premiar los esfuerzos pro trabajadores. Para esto planteamos ajustar el tope de la franquicia entre 0 y 2%, en función del tamaño de la empresa e indicadores de empleo que esta demuestre postcapacitación. Cuarto, crear un sistema de evaluación y certificación para la capacitación que permita al trabajador apropiarse de sus beneficios. Finalmente, proponemos fortalecer la fiscalización del sistema (la unidad de fiscalización a cargo de esta materia contaba el 2013 con 12 personas a nivel central y 40 en las Direcciones Regionales).


En la práctica, una capacitación de calidad ofrece la única posibilidad real de mejorar nuestros niveles de productividad y desigualdad en el corto y mediano plazo en forma eficiente y efectiva. El sistema maneja un abultado presupuesto (el gasto del Sence fue de $ 172.000 millones en el 2013), por lo que no es necesario agregar más recursos, solo orientar los esfuerzos para utilizar los disponibles en forma eficiente. Aun cuando no sea producto de las demandas de la calle, la necesidad de mejorar nuestro proceso de formación para el trabajo es de sentido común. No tenemos tiempo que perder para hacernos cargo de los desafíos actuales en materia de desigualdad y productividad. Chile merece más en materia de capacitación.


(*) Felipe Larraín B., Alfonso A. Swett, Clapes UC,
Sergio Urzúa, U. de Maryland y Clapes UC.


Acuerdo dudoso,
por Axel Buchheister.


Quienes participaron por la oposición en el acuerdo tributario, lo justifican como un avance ante la pésima reforma del Gobierno. Sería un triunfo, considerando la posibilidad de que el Ejecutivo optara por imponer su mayoría y aprobar igual su reforma. Pero esta hipótesis políticamente no era real. Además, está por verse si el resultado en verdad fue mejor.


El empoderamiento de los sectores que protestan ha copado los análisis y la visión durante los últimos años: se tomaron la calle y parecía que dictarían el camino a seguir. Sin embargo, recientemente ha empezado a percibirse otra faceta del ciudadano empoderado, aquella de los hijos del modelo (aunque no reconozcan filiación), que más informados y habiendo probado sus frutos, no están dispuestos a comulgar con cualquier rueda de carreta. Son los que todavía piensan que los ricos deben pagar, pero que saben que ellos también pagarán, directa o indirectamente; son los que no quieren lucro en la educación, pero que “no me toquen el colegio donde tengo a mis hijos”. Y que son muchos más que los revoltosos de la calle. Eso se tradujo en una fuerte resistencia ciudadana a las reformas tributaria y educacional, que el Gobierno no podía ignorar.


Si bien el Ejecutivo tenía los votos, no podía usarlos, lo que generaba un enorme espacio para oponerse y mejorar sustantivamente el proyecto. El epítome de la reforma era la “renta atribuida”; debía suprimirse y no se hizo. El vértigo por llegar a un acuerdo y estar en la foto sin arriesgar, llevó a aprobar un híbrido: la renta atribuida se queda, pero habrá una alternativa, consistente en tributar a lo retirado pagando una mayor tasa de impuesto por las rentas de la empresa, la que sólo será deducible parcialmente de los tributos personales. Ambos ítems provocan una mayor carga impositiva final de unos seis puntos en las rentas retiradas y un mayor costo transitorio (27% vs. 25%) por no repartir las utilidades, lo que afecta la inversión.


La alternativa puede resultar teórica y haber servido para lavar la cara de la renta atribuida, ya que muy posiblemente los contribuyentes se verán obligados a irse por la última, dada la mayor carga tributaria de la alternativa. Según lo que al final decidan, sabremos quién ganó realmente la partida. El acuerdo tiene otros aspectos cuestionables, que ni se han mencionado: a medida que se avanza en su lectura, se advierte que, dejándose presionar por el plazo impuesto por el Gobierno, le “echaron a la cundidora”, habiendo múltiples aspectos en que se manifiestan intenciones de mejorarlos, pero no se precisa cómo. Un gran espacio para la “letra chica”, a la que políticamente será difícil oponerse en la discusión en particular, si ya se celebró el acuerdo como un triunfo.


Pero el principal inconveniente del pacto es político: la oposición renunció a jugársela a fondo por representar y encarnar hasta el final el sentir ciudadano. ¿Que era riesgoso ir más allá? Seguramente, pero no hay beneficio sin riesgo. Sin mencionar el costo que luego la ciudadanía sienta que igual terminó pagando y no la defendieron.


Educando amnésicos,
por Joaquín García Huidobro.


Nuevamente, la PSU es objeto de polémica. Un facsímil publicado por el Demre de la Universidad de Chile muestra una carga ideológica que llega a ser risible. Por otra parte, se anuncia que la PSU ya no incluirá contenidos de Historia Universal anteriores al siglo XIX. La excusa que se da agrava la falta: la PSU sigue los programas oficiales y estos han relegado a Julio César, Carlomagno, Lutero y Robespierre a 7° y 8° básico, de ahí que ya no haga falta preguntar esas materias, pues en esos cursos de la Básica ya se ven "con profundidad", según dijo un experto.


La PSU no es ni buena ni mala. Todo depende de qué se pregunte en ella, porque casi todos los estudiantes y sus colegios son gente pragmática, y aunque tienen libertad para pasar otros contenidos o ir a la Biblioteca Nacional a leer las obras completas de Voltaire o Toynbee, lo cierto es que se centran en estudiar lo que entra en la PSU. El problema mayor que amenaza a nuestros estudiantes no son las posibles simpatías socialistas. Bernard Shaw y Orlando Letelier, entre tantos otros, eran socialistas, y ojalá hubiera muchos chilenos como ellos. El peligro que amenaza a nuestros jóvenes es la imbecilidad, el terminar con la mente vacía. Y no sería justo atribuirle este mal en exclusiva al Gobierno de Michelle Bachelet, porque es de antigua data. Como tenemos discrepancias muy serias en casi todo, los chilenos hemos renunciado a la posibilidad de contar con un modelo de ser humano capaz de guiar la labor educativa. En consecuencia, hemos dejado la educación en manos de los técnicos, como si estos pudieran ser ideológicamente neutrales. Pretendemos que ellos resuelvan lo que en realidad le corresponde a la política. Estos técnicos son de dos tipos: los expertos en "políticas públicas" (curiosa expresión, ya que hasta donde yo entiendo no hay políticas privadas), y ciertos expertos en pedagogía, cuya única preocupación parece residir en enseñar a enseñar, sin atender a lo que se enseña. De esa mezcla puede salir cualquier cosa, menos una persona culta. Para colmo, esos técnicos que, en la práctica, determinan qué sabrán y qué ignorarán los chilenos, esos hombres más poderosos que un Ministro o un Parlamentario, son anónimos. Nadie puede ponerles un micrófono delante y pedirles explicaciones, nadie puede hacerles un examen básico de cultura general o preguntarles qué puntaje sacaron ellos mismos en las pruebas de ingreso a la universidad. No sabemos quiénes son ni cómo han sido elegidos. No se trata, simplemente, de que la Historia Universal quede arrinconada en las mentes de nuestros estudiantes, lo que ya es grave, porque nuestra sociedad resulta incomprensible si prescindimos de los parlamentos medievales, el arte renacentista, las declaraciones de derechos del siglo XVIII o la Revolución Francesa. Sucede que la asignatura misma de Historia tiene un peso muy insuficiente en la PSU y en los programas de enseñanza media. Ella termina perdida en una mezcolanza de sociología, antropología, economía socialista, demografía y otras disciplinas. Parece que, entre nosotros, ser moderno equivale a ignorar las propias raíces. Nuestros expertos olvidan que los humanos somos seres esencialmente temporales y que nuestra identidad está definida por nuestro pasado. La Historia y la Geografía nos permiten saber dónde estamos y de dónde venimos. Una persona que tiene claras esas coordenadas será difícilmente manipulable, tendrá sentido crítico y no se tragará visiones caricaturescas como las que nos entregan ejercicios al estilo de aquel con que el Demre "orienta" a nuestros estudiantes. Hay personas que como consecuencia de un accidente, pierden la memoria de su propio pasado. Es una situación ciertamente terrible. ¿No vale lo mismo para las sociedades? La diferencia aquí reside en que esta desgracia no se debe a la mala fortuna, sino que al consciente desprecio de la Historia, típico de tantos tecnócratas de izquierda, derecha y centro.


Discutible reforma al sistema electoral.


El debate de la reforma  al sistema binominal ha estado más concentrado en las disputas por los acuerdos alcanzados por el Gobierno con parte de la oposición y en la búsqueda del traje más a la medida a las conveniencias de cada partido, que en el análisis serio de fórmulas que corrijan los defectos del actual sistema y no debiliten su aporte a la eficacia de la gestión pública.


Lamentablemente los cambios que se buscan introducir en el sistema electoral avanzan  hacia un esquema de proporcionalidad, alejándose de la principal virtud del actual, que es favorecer la formación de grandes bloques en el Congreso, lo que ha sido un factor relevante para la estabilidad institucional del país. Por eso, cualquier modificación debería avanzar hacia perfeccionar las debilidades del actual sistema y conservar sus beneficios, pero ello no parece quedar reflejado en la actual propuesta.


La reforma contiene tres aspectos relevantes: por un lado, aumenta el número de Senadores y Diputados; por otro, facilita la atomización de los partidos y su identificación con intereses Regionales, y redefine el mapa electoral, cambiando los Distritos y Circunscripciones, y en algunos casos creando macrozonas, como el caso de la Región Metropolitana.


El aumento propuesto en el número de Parlamentarios se enmarca en la misma línea de proteger los intereses de los partidos actuales y concita amplio rechazo en la opinión pública, por innecesario y por el aumento de gasto público que involucra. La explicación de que ello se podría realizar con el presupuesto actual sólo pone de manifiesto que es perfectamente posible reducir ese presupuesto sin detrimento a la labor Parlamentaria.


En el caso del redistritaje, es previsible que busque favorecer a la coalición oficialista y a quienes llegaron al acuerdo. Sin embargo, la sola definición de un número de cupos pares o impares por cada Distrito impacta severamente las posibilidades electorales al interior de los dos grandes bloques -impar favorece a la Nueva Mayoría, por ejemplo- y también entre los partidos de cada conglomerado, por lo que es previsible que este punto generará larga controversia en la tramitación Parlamentaria. Dado el conflicto de interés que representa para los propios Parlamentarios, a lo menos debería ser resuelto con la asesoría de un grupo de expertos de todos los sectores, que expliciten los criterios utilizados para la fórmula escogida. En el acuerdo divulgado se plantean, además, cambios que disminuyen las exigencias para que puedan formarse y subsistir los partidos que no logran la mínima votación que hoy se les exige, lo que es negativo por el incentivo a la atomización y la dificultad que generará para la Gobernabilidad, especialmente de las coaliciones que detentan el poder.


No obstante lo planteado, las bondades del actual sistema tampoco deben hacer perder de vista sus falencias. Una de sus principales debilidades es que no promueve suficientemente la competencia al interior de cada pacto y la renovación de los cargos. Para corregir este aspecto sería conveniente  considerar el aumento de los candidatos y limitar los privilegios que hoy gozan los actuales Parlamentarios para reelegirse, cambios que lamentablemente no son abordados en esta reforma. Es muy relevante que cualquier cambio al sistema electoral privilegie ante todo el interés de la ciudadanía y de la eficacia de los Gobiernos, por lo que este debate permitirá poner a prueba hasta qué punto los partidos políticos están dispuestos a mirar el interés general antes que el propio.


Cómo salir de una mala idea.


La posibilidad de que el Estado destine recursos a comprar infraestructura ha perdido considerable apoyo político. Una de las últimas voces en plantear su apertura a revisar esta propuesta fue la del Presidente de la comisión de Educación del Senado, Fulvio Rossi, a lo cual adhirió el Senador Walker, Presidente de la DC. Hay que recordar que el proyecto de Ley que pone fin al lucro, el copago y la selección considera básicamente dos modalidades de compra de esa infraestructura. Por un lado, el Estado puede adquirirla a los sostenedores que debían transformar su sociedad educacional en fundaciones, o estas, una vez creadas, podían adquirir del antiguo sostenedor la infraestructura del colegio que gestionaban. En ambos casos, el valor de las propiedades, definidas por una comisión independiente, se cancelaría en doce cuotas anuales con un interés por los saldos remanentes de cuatro por ciento anual, pagado con la subvención educacional.


Si compra el Estado, los recursos son adicionales a la subvención, mientras que si compra la nueva fundación, se paga con la subvención. En este último caso los recursos involucrados pueden ser un monto relevante de los ingresos del colegio y eso crea un incentivo para que el Estado compre; pero si se opta por este camino, surge una nueva incertidumbre porque al cabo de esos doce años el Estado decide a qué organización destina las edificaciones adquiridas. Tampoco está claro qué sucede -si se opta por este camino- con la infraestructura que pudiese tener que adquirir el colegio durante esos doce años. Además, impide la posibilidad de contratar créditos hipotecarios para financiar la antigua o nueva infraestructura. Las incertidumbres son, entonces, enormes y las restricciones para operar exageradas. Estas últimas exigencias son independientes de la naturaleza de los sostenedores y afectan también a las actuales fundaciones sin fines de lucro, obviamente dificultando su desarrollo.


La paradoja del cuestionamiento que se ha instalado en amplios sectores de la Nueva Mayoría es que si se quiere poner fin al lucro, hay que compensar a los sostenedores que se han organizado como sociedades educacionales o comerciales por las inversiones que realizaron en estos proyectos. No hay posibilidades de evitar esa situación. Quienes se oponen a esta política deben ser consistentes y reconocer, como han hecho algunas figuras políticas como el Senador Carlos Montes, que entienden como lucro ganancias excesivas y que, por lo tanto, no quieren terminar per se con los emprendimientos privados. No cabe duda que una regulación que aborde este desafío puede generar acuerdos importantes y no supone un proceso traumático para la educación particular subvencionada. La inmensa mayoría de los emprendimientos privados en educación intentan entregar la mejor educación posible y, a cambio de ello, reciben una recompensa que no es excesiva y que no pone en riesgo el destino de sus colegios. Si fuese así, no estarían recibiendo la preferencia de más de un millón de familias.


Enfoques Internacionales:
Fútbol y política en Brasil.


No se había definido todavía el ganador de la Copa cuando se dio el puntapié inicial a la competencia por el sillón Presidencial, ese que Aecio Neves y Eduardo Campos quieren arrebatar a Dilma Rousseff. Muchos temieron que los desórdenes, saqueos y asaltos que se produjeron después del fatal partido contra Alemania, tuvieran efectos en la política. Para evitarlos, los políticos se esforzaron en mostrar solidaridad tanto con los jugadores como con la opinión pública, y los candidatos mantuvieron el ritmo de su campaña en tono menor.


La realidad, en todo caso, es que Brasil debe luchar para recuperar el impulso que lo llevó hace una década a ser una de las promesas de los países emergentes, al punto que, junto a China, Rusia, India y Sudáfrica, formó el bloque de los BRICS, con intenciones de contrarrestar el poder de las grandes potencias occidentales. Hasta ahora eso es una ilusión, pues Brasil ha sufrido una fuerte desaceleración económica que, según las estimaciones para este año, lo tendrá creciendo apenas al 1,6 por ciento. En 2013, el aumento del PIB fue de 2,5 por ciento; en 2012 del uno por ciento y en 2011, de 2,7 por ciento. Magros números para una potencia regional ambiciosa.


Esta desaceleración se palpa en los informes de las empresas. Hace unos días, la asociación de productores automotrices hizo una alarmante estimación de la productividad para 2014, que sería la más baja de los últimos 16 años, de acuerdo a Reuters. Pese a los estímulos del Gobierno, que prorrogó la exención tributaria hasta fin de año, el sector tendrá una caída del 10 por ciento en la producción de autos, camiones y buses, mientras las ventas bajarán 5,4 por ciento, debido a la menor demanda interna y reducción de las exportaciones a Argentina. Ya comenzaron los despidos en esas empresas.


Pero el tema que más puede complicar a Rousseff en sus expectativas para reelegirse en octubre es el de la inflación. Nadie cree que consigue frenarla antes de fin de año y así cumplir la meta del 4,5 por ciento. Ya se ha empinado sobre el 3,7 por ciento desde enero, y aunque afloje algo pasado el mundial, se ha visto que el alza de tasas impulsada por el Banco Central hasta ahora no ha tenido el efecto esperado.


Las reformas que necesitan los brasileños.


Se sostiene que para que Brasil finalmente despegue, necesita una nueva ola de reformas estructurales que ayude a mejorar la productividad. Para eso, invertir en educación y en infraestructura, especialmente caminos, puertos y otras instalaciones que permitan mejor flujo de las mercancías, es lo que recomiendan.


Un país de 200 millones de habitantes, con casi 50 millones de jóvenes, tiene grandes tareas que emprender en educación. La Presidente-candidato ya lanzó un plan educacional centrado en la formación de profesores, el aumento de los años de educación obligatoria, la ampliación de la cobertura de guarderías y jardines infantiles y también de la matrícula universitaria. Ya está en vigencia una Ley que destina el 10% del PIB a la educación, y el 75% de las regalías de los yacimientos nuevos de petróleo a ese fin. La cifra parece gigantesca, pero el Gobierno señala que dadas las enormes brechas socioeconómicas, incomparables con las de Chile, es una cifra adecuada.


Recuperados de la fiebre mundialera, los candidatos se centrarán en la lucha electoral. Neves, que con el 20 por ciento de las preferencias en los sondeos tiene grandes posibilidades de pasar a la segunda vuelta, ha señalado que no quiere una "guerra" que divida al país. Dilma ha dicho algo parecido. Es probable que antes de las elecciones veamos que ambos candidatos se enzarcen en una competencia enconada por los votos. Dilma sabe que su Partido de los Trabajadores está algo agotado, y que requiere ideas frescas para reencantar a la población. No hay que olvidar que, a la izquierda, Campos va acompañado de una gran carta, la ecologista Marina Silva, quien le dio dura batalla a Dilma hace cuatro años. Estos meses pueden ser de mucha emoción, aunque no se compare con lo vivido durante la Copa.


Fanfarria en la Cumbre de los BRICS.


Dilma Rousseff tendrá otra oportunidad para mostrarse a la opinión pública internacional durante la cumbre de los BRICS, el bloque de "potencias emergentes" que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en una reunión en Brasilia esta semana. Organizados en 2009 para contrarrestar el poder de EE.UU., y la Unión Europea, pero también de Japón o Corea del Sur, los BRICS siguen soñando con cambiar el sistema global. Durante la cumbre, Dilma, Putin, Norendra Modi, Xi Jinping y Jacob Zuma esperan crear las bases de un banco de desarrollo y un "fondo de divisas", instituciones que pretenden ser "espejos" del Banco Mundial y del FMI. Con sus economías creciendo a tasas bajísimas (excepto China), y sin el brillo que una vez tuvo, puede que los BRICS funden las instituciones, pero sin muchas perspectivas de éxito.


Rusia se acerca a América Latina.


No cabe duda en cuanto al deseo del Presidente ruso, Vladimir Putin, de recuperar el peso político que tuvo la fenecida Unión Soviética en el concierto mundial, incluso procurando ampliar las fronteras rusas para reincorporar algunas de las Repúblicas que lograron su independencia tras la caída del régimen comunista, o parte de ellas, como de hecho lo está logrando en la zona del Cáucaso y en Crimea, y —con una actitud y estrategia más ambiguas— podría obtenerlo con las rebeliones en el este de su vecina Ucrania. Cuenta para ello no sólo con los recursos de un país inmenso y el apoyo interno de un nuevo y fuerte nacionalismo, sino que también con su lugar privilegiado en el Consejo de Seguridad de la ONU y sólidas alianzas externas avaladas por el uso allí del veto cuando se trata de naciones amigas, como bien lo sabe la Siria de Bashar al-Assad, aliada de Moscú.


En el último tiempo se nota también el interés del Kremlin en la región latinoamericana, y en una nueva visita Putin se ha concentrado esta vez en los países del Atlántico. El viernes último, en Cuba, buscó rearmar el largo protectorado político sobre la isla que casi desapareció en los años 90, y con él el auge del comercio bilateral, condonando en señal de amistad el 90% de la deuda cubana a Rusia por un monto de US$ 35.000 millones. Pero a la vez intenta ampliar sus vínculos. Ya colabora en las centrales hidroeléctricas de Brasil y Argentina y en los proyectos petroleros de Cuba y Venezuela. Ahora estuvo en Buenos Aires (donde se encontró también con el Presidente José Mujica, de Uruguay) y calificó a la nación vecina como “socio estratégico”, firmando con ella un acuerdo sobre energía nuclear y aludiendo a que una empresa rusa construirá la central Atucha III, y otras se interesan en la gran reserva de gas argentina de Vaca Muerta.


Ayer el Mandatario ruso siguió a Brasil por cuatro días, asistiendo a la sexta cumbre de líderes de BRICS antes de continuar su gira rumbo a Venezuela. En ese grupo de cinco grandes economías están también China (que igualmente quiere reforzar lazos con esta región) y el mismo Brasil, cuya Cancillería solidariza con la propuesta de que esa entidad logre cambios en la gobernanza económica global, promoviendo un Banco de Desarrollo y un fondo de reservas de contingencia para los países emergentes, en un claro desafío al FMI y el Banco Mundial. Como se ve, los temas económicos y políticos se entremezclan en esta estrategia para crear o robustecer las relaciones de Rusia con América Latina.


Todo esto muestra, por una parte, el ánimo decidido de Vladimir Putin por reafirmar la influencia de su país en el contexto internacional y su decisión de emplear tiempo y recursos en esa tarea, que obviamente tiende a posicionarla en una situación que equilibre el poder ejercido por Estados Unidos y del cual el derrumbe del antiguo régimen de la URSS la privó. Por otra, confirma el atractivo actual de la región latinoamericana para las grandes potencias que aspiran a desempeñar el rol al que consideran tener derecho en esta etapa de la historia. Se trata de un tema de especial importancia para la región y, por cierto, asimismo para el futuro de nuestro país, cuyo interés radica en un orden internacional que proteja los derechos, aumente las oportunidades y potencie las ventajas de todos quienes participan en él, especialmente de actores pequeños como Chile, que se juegan en el mundo globalizado una parte clave de sus perspectivas de desarrollo.


Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
 


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Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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