 |
| Fuertes lluvias afectaron ayer a la zona central provocando inundaciones en Valparaíso, Viña del Mar y Santiago, algunos cortes en el suministro eléctrico, grandes cantidades de gente en los paraderos y graves congestiones en el tránsito vehicular. |
 |
|
Consideramos que la foto de esta semana
es la de Alemania luego de derrotar a Argentina por 1 gol a 0, el domingo en el
mítico Maracaná de Rio de Janeiro, y los consiguientes festejos de los teutones
que lograron su cuarta estrella en los campeonatos mundiales de balompié.
Competencia
de La Haya,
por Beatriz Corbo.
La demanda que Bolivia ha interpuesto en contra
de Chile se basa en la teoría de las Declaraciones Unilaterales de los Estados,
es decir, un artilugio jurídico sugerido por un ex Canciller peruano,
integrante del equipo que sostuvo la demanda del Perú contra Chile en el caso
de la denominada delimitación marítima.
Los nuevos esfuerzos bolivianos buscan obtener
de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una decisión que obligue a Chile a
negociar, con el propósito expreso y predeterminado de cederle parte de su
territorio. Lo anterior se justificaría, a su juicio, sobre la base de
supuestas obligaciones generadas por declaraciones unilaterales efectuadas a lo
largo de los años, que ha venido conversando y/o negociando con ese país
respecto de la mediterraneidad boliviana y sus aspiraciones marítimas.
Ahora bien, reconociendo la existencia de
precedentes sobre declaraciones unilaterales de Estados, que al hacerlas
generaron obligaciones con terceros, la demanda boliviana tensiona en exceso la
credibilidad de los escasos argumentos aportados a la Corte. En efecto, en su
argumentación Bolivia pone en muy difícil trance a los Magistrados de la CIJ,
forzándolos a redoblar su capacidad de imaginación y de innovación para crear
derechos sobre tan débiles bases. Es necesario hacer presente que las veces que
Chile ha conversado con Bolivia sobre este asunto, ha dejado constancia expresa
de su intención de atender a una aspiración, no a un derecho, y las
negociaciones han tenido como marco el respeto a los tratados vigentes.
Asimismo, es conveniente recordar que las declaraciones unilaterales de las
cuales Bolivia busca extraer, vía la CIJ, obligaciones o compromisos no
atendidos por parte Chile, han sido extraídas de procesos bilaterales de
negociación que no llegaron a concluir o plasmarse en acuerdos y, por lo tanto,
nada tienen de unilaterales, pues a Bolivia le cupo una participación
determinante en su desarrollo, y lo que es más importante, en el hecho de que
no hubieran podido llegar a plasmarse en un acuerdo.
Las razones por las cuales las partes no
completaron el proceso de negociación no son atribuibles a una sola de las
partes. Es en este contexto que Chile decide presentar excepciones preliminares
en la demanda. Frente a lo anterior, la primera reacción del Gobierno boliviano
a la decisión chilena vino del propio Presidente Morales, al decir que Chile
caía en una contradicción al definirse como un país respetuoso del Derecho
Internacional y al mismo tiempo rechazar la competencia de la Corte.
Con esta reacción, podemos afirmar que Bolivia
desconoce que Chile está haciendo uso legítimo de su derecho a impugnar la
competencia de la CIJ, previsto en el estatuto de la misma. En efecto, al
presentar la objeción preliminar de incompetencia de la CIJ, Chile no sólo lo
hace en resguardo de sus intereses permanentes conforme al Derecho
Internacional, sino que también por el alto respeto que tiene por la Corte y
por el Derecho Internacional.
Nuestro país decide argumentar la incompetencia
de la CIJ, ya que estima que la Corte no merece transformarse en instrumento
facilitador de una manipulación política.
Un remedio
efectivo contra la desigualdad,
por F. Larraín, A. Swett y
S. Urzúa. (*)
Existe consenso: debemos mejorar nuestra
distribución de ingresos. El problema es que no existen balas de plata y Chile
lo sabe bien. Por décadas, el país ha realizado avances gigantescos en sus
políticas sociales, pero la desigualdad se ha reducido poco. Las
"nuevas" apuestas del Gobierno pasan por reformas estructurales de
dudoso impacto, al menos en el corto plazo.
El nuevo proyecto de reforma tributaria
-todavía deficiente, aunque mejor que el original- es una de esas apuestas,
pero se anticipa que tendrá un impacto muy acotado. Por otra parte, la reforma
educacional, "la madre de todas las batallas contra la desigualdad",
parece a la deriva en un mar de dudas. Pero independientemente de la
incertidumbre que la rodea, lo cierto es que incluso la más extraordinaria de
las reformas educacionales no generaría efectos reales en la distribución de
ingresos antes de 20 años.
¿Existe una alternativa para apurar el tranco?
Sí. La transformación del sistema de capacitación puede ser el remedio más
efectivo en contra de la desigualdad. Y si bien esta no ha sido parte de las
demandas de la calle, la idea tiene adherentes transversales entre
trabajadores, empresarios y técnicos. Incluso fue mencionada en el programa de
Gobierno de la Presidente Bachelet, pero ha pasado sin pena ni gloria.
Comencemos por el diagnóstico. Nuestro modelo
de capacitación adolece de múltiples falencias y la evidencia así lo demuestra:
los más de US$ 300 millones destinados anualmente al sistema no han tenido
impacto ni en salarios ni empleabilidad. Difícil así reducir la desigualdad.
Entre las razones que explican el magro resultado encontramos: solo el 10% del
gasto en capacitación del país (vía franquicia tributaria) se va a los
trabajadores de menores ingresos (¿no acentúa esto las desigualdades?); solo el
1% del gasto en capacitación se destina a la microempresa y solo el 3% a la
pequeña, precisamente donde están los empleos más necesitados; la ausencia de
evaluación de conocimientos aprendidos (solo asistencia), lo que además impide generar
reputación en la oferta de cursos; una duración promedio de los cursos de menos
de 30 horas (sí, leyó bien, ¡30 horas!), y, por último, la ausencia de
certificación que impide la apropiación de los beneficios de la capacitación
por parte del trabajador.
¿Qué proponemos? En primer lugar, integrar a
trabajadores, Estado y empresarios a través de una nueva institucionalidad que
tenga como objetivo el desarrollo de habilidades y capacidades consistentes con
las demandas de nuestros sectores productivos. No habrá capacitación de calidad
mientras no se conecten la oferta y demanda. En segundo lugar, renovar la
franquicia tributaria dirigiéndola al trabajador. Es necesario empoderar a
nuestra fuerza de trabajo, evitando las distorsiones del modelo actual que
implican que los menos preparados financien la capacitación de los más
preparados. Para lograrlo, proponemos que cada empleador acumule en una cuenta
individual hasta el 2% de su salario (a cuenta de la franquicia del Estado) por
un período de cuatro años para destinarlo a su formación.
Tercero, generar incentivos para llevar la
capacitación a las pymes y premiar los esfuerzos pro trabajadores. Para esto
planteamos ajustar el tope de la franquicia entre 0 y 2%, en función del tamaño
de la empresa e indicadores de empleo que esta demuestre postcapacitación.
Cuarto, crear un sistema de evaluación y certificación para la capacitación que
permita al trabajador apropiarse de sus beneficios. Finalmente, proponemos
fortalecer la fiscalización del sistema (la unidad de fiscalización a cargo de
esta materia contaba el 2013 con 12 personas a nivel central y 40 en las Direcciones
Regionales).
En la práctica, una capacitación de calidad
ofrece la única posibilidad real de mejorar nuestros niveles de productividad y
desigualdad en el corto y mediano plazo en forma eficiente y efectiva. El
sistema maneja un abultado presupuesto (el gasto del Sence fue de $ 172.000
millones en el 2013), por lo que no es necesario agregar más recursos, solo
orientar los esfuerzos para utilizar los disponibles en forma eficiente. Aun
cuando no sea producto de las demandas de la calle, la necesidad de mejorar
nuestro proceso de formación para el trabajo es de sentido común. No tenemos
tiempo que perder para hacernos cargo de los desafíos actuales en materia de
desigualdad y productividad. Chile merece más en materia de capacitación.
(*) Felipe Larraín B., Alfonso
A. Swett, Clapes UC,
Sergio
Urzúa, U. de Maryland y Clapes UC.
Acuerdo dudoso,
por Axel Buchheister.
Quienes participaron por la oposición
en el acuerdo tributario, lo justifican como un avance ante la pésima reforma
del Gobierno. Sería un triunfo, considerando la posibilidad de que el Ejecutivo
optara por imponer su mayoría y aprobar igual su reforma. Pero esta hipótesis
políticamente no era real. Además, está por verse si el resultado en verdad fue
mejor.
El empoderamiento de los sectores que
protestan ha copado los análisis y la visión durante los últimos años: se
tomaron la calle y parecía que dictarían el camino a seguir. Sin embargo,
recientemente ha empezado a percibirse otra faceta del ciudadano empoderado,
aquella de los hijos del modelo (aunque no reconozcan filiación), que más
informados y habiendo probado sus frutos, no están dispuestos a comulgar con
cualquier rueda de carreta. Son los que todavía piensan que los ricos deben
pagar, pero que saben que ellos también pagarán, directa o indirectamente; son
los que no quieren lucro en la educación, pero que “no me toquen el colegio
donde tengo a mis hijos”. Y que son muchos más que los revoltosos de la calle.
Eso se tradujo en una fuerte resistencia ciudadana a las reformas tributaria y
educacional, que el Gobierno no podía ignorar.
Si bien el Ejecutivo tenía los votos,
no podía usarlos, lo que generaba un enorme espacio para oponerse y mejorar
sustantivamente el proyecto. El epítome de la reforma era la “renta atribuida”;
debía suprimirse y no se hizo. El vértigo por llegar a un acuerdo y estar en la
foto sin arriesgar, llevó a aprobar un híbrido: la renta atribuida se queda,
pero habrá una alternativa, consistente en tributar a lo retirado pagando una
mayor tasa de impuesto por las rentas de la empresa, la que sólo será deducible
parcialmente de los tributos personales. Ambos ítems provocan una mayor carga
impositiva final de unos seis puntos en las rentas retiradas y un mayor costo
transitorio (27% vs. 25%) por no repartir las utilidades, lo que afecta la
inversión.
La alternativa puede resultar teórica
y haber servido para lavar la cara de la renta atribuida, ya que muy
posiblemente los contribuyentes se verán obligados a irse por la última, dada
la mayor carga tributaria de la alternativa. Según lo que al final decidan,
sabremos quién ganó realmente la partida. El acuerdo tiene otros aspectos
cuestionables, que ni se han mencionado: a medida que se avanza en su lectura,
se advierte que, dejándose presionar por el plazo impuesto por el Gobierno, le
“echaron a la cundidora”, habiendo múltiples aspectos en que se manifiestan
intenciones de mejorarlos, pero no se precisa cómo. Un gran espacio para la
“letra chica”, a la que políticamente será difícil oponerse en la discusión en
particular, si ya se celebró el acuerdo como un triunfo.
Pero el principal inconveniente del
pacto es político: la oposición renunció a jugársela a fondo por representar y
encarnar hasta el final el sentir ciudadano. ¿Que era riesgoso ir más allá?
Seguramente, pero no hay beneficio sin riesgo. Sin mencionar el costo que luego
la ciudadanía sienta que igual terminó pagando y no la defendieron.
Educando amnésicos,
por Joaquín García Huidobro.
Nuevamente, la PSU es objeto de polémica. Un
facsímil publicado por el Demre de la Universidad de Chile muestra una carga
ideológica que llega a ser risible. Por otra parte, se anuncia que la PSU ya no
incluirá contenidos de Historia Universal anteriores al siglo XIX. La excusa
que se da agrava la falta: la PSU sigue los programas oficiales y estos han
relegado a Julio César, Carlomagno, Lutero y Robespierre a 7° y 8° básico, de
ahí que ya no haga falta preguntar esas materias, pues en esos cursos de la
Básica ya se ven "con profundidad", según dijo un experto.
La PSU no es ni buena ni mala. Todo depende de
qué se pregunte en ella, porque casi todos los estudiantes y sus colegios son
gente pragmática, y aunque tienen libertad para pasar otros contenidos o ir a
la Biblioteca Nacional a leer las obras completas de Voltaire o Toynbee, lo
cierto es que se centran en estudiar lo que entra en la PSU. El problema mayor
que amenaza a nuestros estudiantes no son las posibles simpatías socialistas.
Bernard Shaw y Orlando Letelier, entre tantos otros, eran socialistas, y ojalá
hubiera muchos chilenos como ellos. El peligro que amenaza a nuestros jóvenes
es la imbecilidad, el terminar con la mente vacía. Y no sería justo atribuirle
este mal en exclusiva al Gobierno de Michelle Bachelet, porque es de antigua
data. Como tenemos discrepancias muy serias en casi todo, los chilenos hemos
renunciado a la posibilidad de contar con un modelo de ser humano capaz de
guiar la labor educativa. En consecuencia, hemos dejado la educación en manos
de los técnicos, como si estos pudieran ser ideológicamente neutrales.
Pretendemos que ellos resuelvan lo que en realidad le corresponde a la
política. Estos técnicos son de dos tipos: los expertos en "políticas
públicas" (curiosa expresión, ya que hasta donde yo entiendo no hay políticas
privadas), y ciertos expertos en pedagogía, cuya única preocupación parece
residir en enseñar a enseñar, sin atender a lo que se enseña. De esa mezcla
puede salir cualquier cosa, menos una persona culta. Para colmo, esos técnicos
que, en la práctica, determinan qué sabrán y qué ignorarán los chilenos, esos
hombres más poderosos que un Ministro o un Parlamentario, son anónimos. Nadie
puede ponerles un micrófono delante y pedirles explicaciones, nadie puede
hacerles un examen básico de cultura general o preguntarles qué puntaje sacaron
ellos mismos en las pruebas de ingreso a la universidad. No sabemos quiénes son
ni cómo han sido elegidos. No se trata, simplemente, de que la Historia
Universal quede arrinconada en las mentes de nuestros estudiantes, lo que ya es
grave, porque nuestra sociedad resulta incomprensible si prescindimos de los
parlamentos medievales, el arte renacentista, las declaraciones de derechos del
siglo XVIII o la Revolución Francesa. Sucede que la asignatura misma de
Historia tiene un peso muy insuficiente en la PSU y en los programas de
enseñanza media. Ella termina perdida en una mezcolanza de sociología,
antropología, economía socialista, demografía y otras disciplinas. Parece que,
entre nosotros, ser moderno equivale a ignorar las propias raíces. Nuestros
expertos olvidan que los humanos somos seres esencialmente temporales y que
nuestra identidad está definida por nuestro pasado. La Historia y la Geografía
nos permiten saber dónde estamos y de dónde venimos. Una persona que tiene
claras esas coordenadas será difícilmente manipulable, tendrá sentido crítico y
no se tragará visiones caricaturescas como las que nos entregan ejercicios al
estilo de aquel con que el Demre "orienta" a nuestros estudiantes.
Hay personas que como consecuencia de un accidente, pierden la memoria de su
propio pasado. Es una situación ciertamente terrible. ¿No vale lo mismo para
las sociedades? La diferencia aquí reside en que esta desgracia no se debe a la
mala fortuna, sino que al consciente desprecio de la Historia, típico de tantos
tecnócratas de izquierda, derecha y centro.
Discutible
reforma al sistema electoral.
El debate de la reforma al sistema binominal ha estado más
concentrado en las disputas por los acuerdos alcanzados por el Gobierno con
parte de la oposición y en la búsqueda del traje más a la medida a las
conveniencias de cada partido, que en el análisis serio de fórmulas que
corrijan los defectos del actual sistema y no debiliten su aporte a la eficacia
de la gestión pública.
Lamentablemente los cambios que se buscan
introducir en el sistema electoral avanzan
hacia un esquema de proporcionalidad, alejándose de la principal virtud
del actual, que es favorecer la formación de grandes bloques en el Congreso, lo
que ha sido un factor relevante para la estabilidad institucional del país. Por
eso, cualquier modificación debería avanzar hacia perfeccionar las debilidades
del actual sistema y conservar sus beneficios, pero ello no parece quedar
reflejado en la actual propuesta.
La reforma contiene tres aspectos relevantes:
por un lado, aumenta el número de Senadores y Diputados; por otro, facilita la
atomización de los partidos y su identificación con intereses Regionales, y
redefine el mapa electoral, cambiando los Distritos y Circunscripciones, y en
algunos casos creando macrozonas, como el caso de la Región Metropolitana.
El aumento propuesto en el número de Parlamentarios
se enmarca en la misma línea de proteger los intereses de los partidos actuales
y concita amplio rechazo en la opinión pública, por innecesario y por el
aumento de gasto público que involucra. La explicación de que ello se podría
realizar con el presupuesto actual sólo pone de manifiesto que es perfectamente
posible reducir ese presupuesto sin detrimento a la labor Parlamentaria.
En el caso del redistritaje, es previsible que
busque favorecer a la coalición oficialista y a quienes llegaron al acuerdo.
Sin embargo, la sola definición de un número de cupos pares o impares por cada Distrito
impacta severamente las posibilidades electorales al interior de los dos
grandes bloques -impar favorece a la Nueva Mayoría, por ejemplo- y también
entre los partidos de cada conglomerado, por lo que es previsible que este
punto generará larga controversia en la tramitación Parlamentaria. Dado el
conflicto de interés que representa para los propios Parlamentarios, a lo menos
debería ser resuelto con la asesoría de un grupo de expertos de todos los
sectores, que expliciten los criterios utilizados para la fórmula escogida. En
el acuerdo divulgado se plantean, además, cambios que disminuyen las exigencias
para que puedan formarse y subsistir los partidos que no logran la mínima
votación que hoy se les exige, lo que es negativo por el incentivo a la
atomización y la dificultad que generará para la Gobernabilidad, especialmente
de las coaliciones que detentan el poder.
No obstante lo planteado, las bondades del actual
sistema tampoco deben hacer perder de vista sus falencias. Una de sus
principales debilidades es que no promueve suficientemente la competencia al
interior de cada pacto y la renovación de los cargos. Para corregir este
aspecto sería conveniente considerar el
aumento de los candidatos y limitar los privilegios que hoy gozan los actuales Parlamentarios
para reelegirse, cambios que lamentablemente no son abordados en esta reforma.
Es muy relevante que cualquier cambio al sistema electoral privilegie ante todo
el interés de la ciudadanía y de la eficacia de los Gobiernos, por lo que este
debate permitirá poner a prueba hasta qué punto los partidos políticos están
dispuestos a mirar el interés general antes que el propio.
Cómo salir de
una mala idea.
La posibilidad de que el Estado destine
recursos a comprar infraestructura ha perdido considerable apoyo político. Una
de las últimas voces en plantear su apertura a revisar esta propuesta fue la
del Presidente de la comisión de Educación del Senado, Fulvio Rossi, a lo cual
adhirió el Senador Walker, Presidente de la DC. Hay que recordar que el
proyecto de Ley que pone fin al lucro, el copago y la selección considera
básicamente dos modalidades de compra de esa infraestructura. Por un lado, el
Estado puede adquirirla a los sostenedores que debían transformar su sociedad
educacional en fundaciones, o estas, una vez creadas, podían adquirir del antiguo
sostenedor la infraestructura del colegio que gestionaban. En ambos casos, el
valor de las propiedades, definidas por una comisión independiente, se
cancelaría en doce cuotas anuales con un interés por los saldos remanentes de
cuatro por ciento anual, pagado con la subvención educacional.
Si compra el Estado, los recursos son
adicionales a la subvención, mientras que si compra la nueva fundación, se paga
con la subvención. En este último caso los recursos involucrados pueden ser un
monto relevante de los ingresos del colegio y eso crea un incentivo para que el
Estado compre; pero si se opta por este camino, surge una nueva incertidumbre
porque al cabo de esos doce años el Estado decide a qué organización destina
las edificaciones adquiridas. Tampoco está claro qué sucede -si se opta por
este camino- con la infraestructura que pudiese tener que adquirir el colegio
durante esos doce años. Además, impide la posibilidad de contratar créditos
hipotecarios para financiar la antigua o nueva infraestructura. Las incertidumbres
son, entonces, enormes y las restricciones para operar exageradas. Estas
últimas exigencias son independientes de la naturaleza de los sostenedores y
afectan también a las actuales fundaciones sin fines de lucro, obviamente
dificultando su desarrollo.
La paradoja del cuestionamiento que se ha
instalado en amplios sectores de la Nueva Mayoría es que si se quiere poner fin
al lucro, hay que compensar a los sostenedores que se han organizado como
sociedades educacionales o comerciales por las inversiones que realizaron en
estos proyectos. No hay posibilidades de evitar esa situación. Quienes se
oponen a esta política deben ser consistentes y reconocer, como han hecho
algunas figuras políticas como el Senador Carlos Montes, que entienden como
lucro ganancias excesivas y que, por lo tanto, no quieren terminar per se con
los emprendimientos privados. No cabe duda que una regulación que aborde este
desafío puede generar acuerdos importantes y no supone un proceso traumático
para la educación particular subvencionada. La inmensa mayoría de los
emprendimientos privados en educación intentan entregar la mejor educación
posible y, a cambio de ello, reciben una recompensa que no es excesiva y que no
pone en riesgo el destino de sus colegios. Si fuese así, no estarían recibiendo
la preferencia de más de un millón de familias.
Enfoques
Internacionales:
Fútbol y
política en Brasil.
No se había definido todavía el ganador de la
Copa cuando se dio el puntapié inicial a la competencia por el sillón Presidencial,
ese que Aecio Neves y Eduardo Campos quieren arrebatar a Dilma Rousseff. Muchos
temieron que los desórdenes, saqueos y asaltos que se produjeron después del
fatal partido contra Alemania, tuvieran efectos en la política. Para evitarlos,
los políticos se esforzaron en mostrar solidaridad tanto con los jugadores como
con la opinión pública, y los candidatos mantuvieron el ritmo de su campaña en
tono menor.
La realidad, en todo caso, es que Brasil debe
luchar para recuperar el impulso que lo llevó hace una década a ser una de las
promesas de los países emergentes, al punto que, junto a China, Rusia, India y
Sudáfrica, formó el bloque de los BRICS, con intenciones de contrarrestar el
poder de las grandes potencias occidentales. Hasta ahora eso es una ilusión,
pues Brasil ha sufrido una fuerte desaceleración económica que, según las
estimaciones para este año, lo tendrá creciendo apenas al 1,6 por ciento. En
2013, el aumento del PIB fue de 2,5 por ciento; en 2012 del uno por ciento y en
2011, de 2,7 por ciento. Magros números para una potencia regional ambiciosa.
Esta desaceleración se palpa en los informes de
las empresas. Hace unos días, la asociación de productores automotrices hizo
una alarmante estimación de la productividad para 2014, que sería la más baja
de los últimos 16 años, de acuerdo a Reuters. Pese a los estímulos del Gobierno,
que prorrogó la exención tributaria hasta fin de año, el sector tendrá una
caída del 10 por ciento en la producción de autos, camiones y buses, mientras
las ventas bajarán 5,4 por ciento, debido a la menor demanda interna y
reducción de las exportaciones a Argentina. Ya comenzaron los despidos en esas
empresas.
Pero el tema que más puede complicar a Rousseff
en sus expectativas para reelegirse en octubre es el de la inflación. Nadie
cree que consigue frenarla antes de fin de año y así cumplir la meta del 4,5
por ciento. Ya se ha empinado sobre el 3,7 por ciento desde enero, y aunque
afloje algo pasado el mundial, se ha visto que el alza de tasas impulsada por
el Banco Central hasta ahora no ha tenido el efecto esperado.
Las reformas
que necesitan los brasileños.
Se sostiene que para que Brasil finalmente
despegue, necesita una nueva ola de reformas estructurales que ayude a mejorar
la productividad. Para eso, invertir en educación y en infraestructura,
especialmente caminos, puertos y otras instalaciones que permitan mejor flujo
de las mercancías, es lo que recomiendan.
Un país de 200 millones de habitantes, con casi
50 millones de jóvenes, tiene grandes tareas que emprender en educación. La
Presidente-candidato ya lanzó un plan educacional centrado en la formación de
profesores, el aumento de los años de educación obligatoria, la ampliación de
la cobertura de guarderías y jardines infantiles y también de la matrícula
universitaria. Ya está en vigencia una Ley que destina el 10% del PIB a la
educación, y el 75% de las regalías de los yacimientos nuevos de petróleo a ese
fin. La cifra parece gigantesca, pero el Gobierno señala que dadas las enormes
brechas socioeconómicas, incomparables con las de Chile, es una cifra adecuada.
Recuperados de la fiebre mundialera, los
candidatos se centrarán en la lucha electoral. Neves, que con el 20 por ciento
de las preferencias en los sondeos tiene grandes posibilidades de pasar a la
segunda vuelta, ha señalado que no quiere una "guerra" que divida al
país. Dilma ha dicho algo parecido. Es probable que antes de las elecciones
veamos que ambos candidatos se enzarcen en una competencia enconada por los
votos. Dilma sabe que su Partido de los Trabajadores está algo agotado, y que
requiere ideas frescas para reencantar a la población. No hay que olvidar que,
a la izquierda, Campos va acompañado de una gran carta, la ecologista Marina
Silva, quien le dio dura batalla a Dilma hace cuatro años. Estos meses pueden
ser de mucha emoción, aunque no se compare con lo vivido durante la Copa.
Fanfarria en
la Cumbre de los BRICS.
Dilma Rousseff tendrá otra oportunidad para
mostrarse a la opinión pública internacional durante la cumbre de los BRICS, el
bloque de "potencias emergentes" que integran Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica, en una reunión en Brasilia esta semana. Organizados en 2009
para contrarrestar el poder de EE.UU., y la Unión Europea, pero también de
Japón o Corea del Sur, los BRICS siguen soñando con cambiar el sistema global.
Durante la cumbre, Dilma, Putin, Norendra Modi, Xi Jinping y Jacob Zuma esperan
crear las bases de un banco de desarrollo y un "fondo de divisas",
instituciones que pretenden ser "espejos" del Banco Mundial y del
FMI. Con sus economías creciendo a tasas bajísimas (excepto China), y sin el
brillo que una vez tuvo, puede que los BRICS funden las instituciones, pero sin
muchas perspectivas de éxito.
Rusia
se acerca a América Latina.
No cabe duda en cuanto al deseo del
Presidente ruso, Vladimir Putin, de recuperar el peso político que tuvo la
fenecida Unión Soviética en el concierto mundial, incluso procurando ampliar
las fronteras rusas para reincorporar algunas de las Repúblicas que lograron su
independencia tras la caída del régimen comunista, o parte de ellas, como de
hecho lo está logrando en la zona del Cáucaso y en Crimea, y —con una actitud y
estrategia más ambiguas— podría obtenerlo con las rebeliones en el este de su
vecina Ucrania. Cuenta para ello no sólo con los recursos de un país inmenso y
el apoyo interno de un nuevo y fuerte nacionalismo, sino que también con su
lugar privilegiado en el Consejo de Seguridad de la ONU y sólidas alianzas
externas avaladas por el uso allí del veto cuando se trata de naciones amigas,
como bien lo sabe la Siria de Bashar al-Assad, aliada de Moscú.
En el último tiempo se nota también
el interés del Kremlin en la región latinoamericana, y en una nueva visita Putin
se ha concentrado esta vez en los países del Atlántico. El viernes último, en
Cuba, buscó rearmar el largo protectorado político sobre la isla que casi
desapareció en los años 90, y con él el auge del comercio bilateral, condonando
en señal de amistad el 90% de la deuda cubana a Rusia por un monto de US$
35.000 millones. Pero a la vez intenta ampliar sus vínculos. Ya colabora en las
centrales hidroeléctricas de Brasil y Argentina y en los proyectos petroleros
de Cuba y Venezuela. Ahora estuvo en Buenos Aires (donde se encontró también
con el Presidente José Mujica, de Uruguay) y calificó a la nación vecina como
“socio estratégico”, firmando con ella un acuerdo sobre energía nuclear y
aludiendo a que una empresa rusa construirá la central Atucha III, y otras se
interesan en la gran reserva de gas argentina de Vaca Muerta.
Ayer el Mandatario ruso siguió a
Brasil por cuatro días, asistiendo a la sexta cumbre de líderes de BRICS antes
de continuar su gira rumbo a Venezuela. En ese grupo de cinco grandes economías
están también China (que igualmente quiere reforzar lazos con esta región) y el
mismo Brasil, cuya Cancillería solidariza con la propuesta de que esa entidad
logre cambios en la gobernanza económica global, promoviendo un Banco de
Desarrollo y un fondo de reservas de contingencia para los países emergentes,
en un claro desafío al FMI y el Banco Mundial. Como se ve, los temas económicos
y políticos se entremezclan en esta estrategia para crear o robustecer las
relaciones de Rusia con América Latina.
Todo esto muestra, por una parte, el
ánimo decidido de Vladimir Putin por reafirmar la influencia de su país en el
contexto internacional y su decisión de emplear tiempo y recursos en esa tarea,
que obviamente tiende a posicionarla en una situación que equilibre el poder
ejercido por Estados Unidos y del cual el derrumbe del antiguo régimen de la
URSS la privó. Por otra, confirma el atractivo actual de la región
latinoamericana para las grandes potencias que aspiran a desempeñar el rol al
que consideran tener derecho en esta etapa de la historia. Se trata de un tema
de especial importancia para la región y, por cierto, asimismo para el futuro
de nuestro país, cuyo interés radica en un orden internacional que proteja los
derechos, aumente las oportunidades y potencie las ventajas de todos quienes
participan en él, especialmente de actores pequeños como Chile, que se juegan
en el mundo globalizado una parte clave de sus perspectivas de desarrollo.
Pueblos bien informados
difícilmente son
engañados.
|
