La burbuja de Peñailillo,
por Eugenio Guzmán.
Una característica común es que las personas
tienen expectativas que derivan de los dichos de otros. El problema surge
cuando dichas expectativas son burbujas y estallan contra la realidad, dando
paso a la frustración. Por eso en política debemos estar alertas y advertir
sobre aquellos discursos que evocan sueños que no necesariamente se cumplirán.
Es lo que diferencia a un quehacer político basado en la reflexión de uno
basado en sensaciones pasajeras.
La actual propuesta de reforma electoral, más
allá de la conveniencia de mantener el actual sistema, ha sido adornada con una
serie de atributos que no necesariamente tiene. En primer lugar, se le ha dicho
a la gente que con el nuevo sistema habrá mayor competitividad, pero la verdad
es que no es así, porque en la medida que se permiten los pactos y subpactos,
se mantendrá la competencia a nivel de bloque y no de partidos. Es decir,
manteniendo el mismo esquema de competencia, ésta no cambiará demasiado.
Segundo, se ha dicho que la representatividad
aumentará, dado que se propone que los partidos y pactos puedan postular hasta
el doble de candidatos. Si bien esto podría aumentar el número de partidos por
pacto, la verdad es que asegurará que los más pequeños y nuevos obtengan
representación. Frente a esto, se replica que al ser mayor el número de cargos
por Distrito, habrá mayores oportunidades para los partidos más pequeños. La
verdad es que esto tampoco es así. La razón es que si un partido no es
incorporado a un pacto, en el mejor de los casos, en un Distrito de ocho
escaños (sólo dos Distritos tienen ese tamaño) necesitará un 11% de los votos.
Pero se trata de un Distrito mucho más grande en población y territorio que los
actuales, luego, las dificultades serán aún mayores (paradójicamente, se debe
señalar que es muy probable que, por efecto de los pactos, candidatos con menos
votos salgan elegidos, como sucede en las elecciones Municipales).
Tercero, se le ha prometido a la gente que
ahora no serán los mismos de siempre los que serán elegidos. Esto no es verdad,
pues las posibilidades de reelección están condicionadas por otros factores y
ocurren con los más variados sistemas electorales. Si existieran límites a la
reelección se evitaría esta situación, aunque esta norma no está exenta de
cuestionamientos de fondo.
Por último, se ha dicho que con el nuevo
sistema aumentará la participación. Por lo pronto, en el mundo se aprecian
disminuciones importantes desde la década del 90 en la participación electoral,
lo cual significa que la propuesta no necesariamente resolverá este problema
estructural. Si bien existe alguna evidencia que la participación es mayor con
sistemas proporcionales, también es cierto que los sistemas con muchos partidos
aumentan la abstención, contrarrestando dicho efecto. Incluso se ha cuestionado
que este factor se entienda y que realmente sea decisivo.
A pesar de todo, el Ministro del Interior sigue
insistiendo en esta reforma burbuja. Un proyecto serio debiera haber sido
discutido y, sobre todo, pensado con mayor detención.
Nuevas iras en la calle,
por Joaquín García Huidobro.
En la derecha, algunos han tratado de meter
susto asimilando la actual reforma educacional a la ENU. La verdad es que son
muy distintas. Aquí, el riesgo no es caer en un modelo cubano, sino en una
mediocridad de talante Estatista, lo que ciertamente marca una diferencia. Una
reforma que no parte por mejorar la calificación de los profesores, someterlos
a evaluación y pagarles bien, no parece que pueda aspirar a nada parecido a la
calidad.
Por otra parte, la situación actual de la
educación privada subvencionada no tiene nada que ver con la que existía en
1971: hoy es poderosísima y en ella se educan 1.800.000 chilenos. En este
sentido, las repercusiones de la actual reforma son quizá menos profundas pero
mucho más amplias que la polémica ENU.
Hasta ahora, el Gobierno ha podido hacer lo que
quiere, porque tiene una abrumadora mayoría en el Congreso y, más importante,
porque no le tiene miedo a la oposición. Sin embargo, su reforma educacional ha
tropezado con obstáculos inesperados, no en el Congreso, sino allí donde nació:
en la calle. En concreto, en las últimas semanas se ha incrementado la
resistencia de los padres y apoderados cuyos hijos estudian en la educación
particular subvencionada, a la que se suman los sostenedores de los colegios que
están en esta situación.
El Gobierno ha comenzado a ponerse nervioso
ante esta movilización. Es natural; cualquier persona con un mínimo de olfato
político le tiene miedo al enojo de la clase media. Es la ira de los mansos,
que pocas veces estalla, pero que cuando lo hace, puede resultar imparable.
La identidad de estos nuevos actores sociales
es singular. Cuando uno lee sus declaraciones, percibe que la mayoría de estas
personas muestran una sensibilidad de centroizquierda. Casi todas quieren
fortalecer la educación pública y apoyan con entusiasmo la idea de fomentar la
equidad. En 2011 y 2012 marcharon por las calles de Santiago, y en las últimas
elecciones probablemente votaron por Bachelet.
¿Qué ocurrió, entonces? Simplemente, sucede que
las cosas han llegado demasiado lejos y esos padres de familia no van a
quedarse tan tranquilos. No están dispuestos a que alguien haga experimentos de
incierto resultado con la educación de sus hijos.
En este contexto, la reacción de Ignacio Walker
ante la reforma educacional no puede entenderse como mero oportunismo o un
deseo de singularizarse frente a la marea izquierdista. Más bien, es la
consecuencia de haber entendido que no puede haber una coalición de
centroizquierda que resulte viable (y mucho menos una DC), si se torna incapaz
de interpretar ese malestar de una parte importante de sus bases.
¿Qué futuro puede tener este movimiento social
de resistencia a ciertos aspectos medulares de la reforma? Es difícil saberlo.
El Ministro Eyzaguirre está dedicando sus mejores esfuerzos a calmar a la
gente, diciendo que no hay nada que temer. A lo mejor le creen y todo queda en
nada. Pero como sus afirmaciones no parecen coincidir con su conducta, le
resulta difícil ser persuasivo.
Esta reacción de la sociedad civil, aunque
importante, todavía no tiene un impacto político decisivo. Para conseguirlo,
los dirigentes de las asociaciones de padres y apoderados, lo mismo que los
sostenedores de colegios subvencionados, tendrían que involucrar a otros
estamentos, comenzando por los propios alumnos. En 1972, Andrés Allamand
abandonó el colegio Saint George para irse a un liceo desde el que pudiera
postular a la Federación de Estudiantes Secundarios. ¿Cuántos estudiantes
existen hoy en Chile capaces de hacer algo semejante para defender la libertad
de educación?
Algunos instan a estos nuevos movimientos a
conseguir el apoyo de los padres cuyos hijos están en la educación particular
pagada. Pero esta meta es difícil e incluso indeseable, al menos por dos
razones. La primera consiste en que esa gente está muy tranquila, pensando que
a ellos nunca les afectará ninguna reforma. La segunda es que la incorporación
de esos aliados los puede hacer perder su perfil de clase media y media-baja,
lo que repercutirá negativamente en la imagen del movimiento.
En todo caso, el dato fundamental no es cuántos
y qué aliados consiguen, sino la cantidad de ira que acumulen los padres y
apoderados de la educación particular subvencionada. Si es mucha, la arrogancia
de algunas autoridades se transformará muy pronto en temor.
Irracionalidad animal
por Axel Buchheister.
¿Qué importancia puede tener el proyecto de Ley
sobre tenencia responsable de mascotas, como para justificar una columna en la
prensa? Mucha. No sólo porque hay -dicen- en el país unos tres millones de
perros y quién sabe cuántos gatos, por lo que probablemente en casi cualquier
hogar hay una mascota y, entonces, es un tema ciudadano. Pero, además, porque
persigue que el todopoderoso Estado nos controle hasta en algo tan simple como
tener perritos y gatitos, otorgando facultades omnímodas y discrecionales a los
funcionarios. Síntoma de hacia dónde va Chile.
Seguramente ha oído hablar de ese proyecto y,
siendo habitante de esta tierra, no le suena mal que haya una Ley al respecto,
siempre que afecte a otros (eso también es chileno). Además, porque se trataría
de protegernos de perros vagos o agresivos. Está usted mal informado, porque
regula todas las mascotas, que se definen como los “animales domésticos,
cualquiera sea su especie, que sean mantenidos por las personas para fines de
compañía o seguridad”. Imposible pasar aquí revista a la regulación completa,
ya por falta de espacio, como porque muchos de los aspectos quedan sujetos a
futuros reglamentos, o sea, a la discrecionalidad de la burocracia. Pero veamos
algunos aspectos sobresalientes.
Habrá un Registro Nacional de Mascotas, que
llevará el Ministerio de Salud, en que se inscribirán todas, no sólo perros y
gatos. Estos últimos deberán tener un sistema indeleble de identificación, que
ya se ha dicho será un chip. Un Ministerio que ha sido incapaz de manejar bien
sus hospitales, tendrá un registro de todas las mascotas y, por ende, de
nosotros. Intuya el potencial regulador, que será materia de reglamento: en el
registro habrá que identificar al animal (incluso el proyecto habla de una
foto), y al dueño y su domicilio. ¿Cómo se hará la inscripción del animal?,
suponemos que con un certificado de parto emitido por un veterinario (se exige
su concurso para todo); ¿y para eliminarla cuando la mascota ya no esté?, fijo
que con un certificado de defunción, dado por ese profesional. ¿Y para
transferir la mascota o mudarla de domicilio?, se tendrá que modificar la
inscripción, con los antecedentes que lo respalden. El sueño del “Gran Hermano”
de Orwell.
Criador es el “propietario de la hembra al
momento del parto de ésta”, es decir, usted. Tendrá la obligación de asistirse
por un veterinario y no podrá regalar las crías antes de los dos meses, y queda
obligado a entregar una pauta de cuidados y tenencia responsable a los nuevos
dueños. Por otra parte, la autoridad tendrá facultad para ordenar
esterilizaciones masivas obligatorias de animales, sin distinción. Multas para
todo e incluso cárcel.
No sigamos. ¿Cómo puede avanzar en el Congreso
una iniciativa tan absurda y totalitaria? Es que en Chile no se ha defendido la
libertad como un valor esencial, que sólo puede ser restringido por razones muy
justificadas. Así, los iluminados que creen que saben mejor lo que es bueno
para usted, se sienten autorizados a normarle hasta su mascota, aunque sea
inofensiva y no moleste a nadie.
El centro político con poco espacio.
La expresión la usó el dirigente de Fuerza
Pública Juan José Santa Cruz para describir la actitud “prepotente e
ideológica” de los sectores de izquierda del oficialismo hacia los más
moderados dentro de la Nueva Mayoría. También el ex Ministro Andrés Velasco
lamenta que las voces de centro hayan sido ignoradas o sofocadas en el intento
de los Senadores Ignacio Walker y Andrés Zaldívar por mejorar los proyectos de
las reformas educacional y tributaria. A su juicio, esta situación plantea a la
Democracia Cristiana la opción de convertirse en mera comparsa de las ideas de
izquierda o de lograr que se imponga en esas iniciativas un cambio gradual y
bien hecho. En cierto modo, la disyuntiva de volver a posiciones de los años 60
o ser una real alianza de centroizquierda en el siglo XXI vale asimismo para
toda la coalición de Gobierno.
Desde un ángulo distinto, el ex candidato a la
Presidencia Marco Enríquez-Ominami, quien busca una suerte de reconciliación
con la Nueva Mayoría, junta los nombres de Velasco y Walker en el supuesto
propósito de bloquear las reformas. No es entonces de extrañar que al afirmarse
en Fuerza Pública que no pretenden estar en una primaria con la coalición
oficialista, agreguen que aún menos lo harían con el PRO. Días antes, ME-O
culpaba a algunos de querer “reflotar la vieja Concertación, la doctrina
Boeninger y la visión de Expansiva”, aunque por cierto distingue en la DC (como
se está diciendo de casi todos los partidos) dos almas opuestas, la
conservadora de Ignacio Walker y la progresista con la que el líder del PRO
sintoniza.
Es evidente, pues, que el centro político, en
sus diversas expresiones, no es bien visto por el sector oficialista que quiere
navegar en una corriente de progresismo izquierdista con pocos matices,
anulando o dividiendo en especial a la DC, creciendo hacia los grupos aún más
extremos que se hallan todavía fuera del Parlamento, y acallando como tímidos y
hasta perjudiciales los llamados internos a la moderación y la prudencia. Sin
embargo, no todos piensan así y subsisten en el PPD, en el PS y (cabe
esperarlo) en las altas esferas del Gobierno opiniones contrarias a semejante
tendencia excluyente. Hasta el PC rechaza la demanda de ME-O —cuyo progresismo
estima inocuo— a “empujar los límites” del programa bacheletista.
Como en otras ocasiones, ha sido Camilo
Escalona quien, además de calificar de inconducente el acercamiento entre el
líder del PRO y el oficialismo que sí aprueba el Senador Navarro del MAS, toma
nota de la actual “desvalorización del rol de la DC” y llama a reconocer que no
hay otra fuerza que haga el aporte que ella realiza a la tarea de la centroizquierda.
En ésta es el único elemento de centro y, en verdad, eso era parte del diseño
político de la coalición que conocieron los electores y por el cual muchos
votaron.
Ahora que surge una desconfianza creciente ante
los proyectos concretos de las reformas, y que ella proviene de los sectores
medios afectados —sean pymes o padres de familia—, parece un grave error que,
en vez de atender esas demandas que justamente provienen del centro político y
social, se lo menosprecie y margine.
Administrador provisional: mejoramientos
necesarios.
El proyecto de administrador provisional de las
instituciones de educación superior fue aprobado en general en la comisión de
Educación del Senado, pese a que se han planteado diversas dudas respecto de la
oportunidad, calidad y Constitucionalidad del mismo. Este proyecto tiene tres
ejes. El primero concierne a la pérdida de reconocimiento oficial de un plantel
de educación superior, que obliga a su cierre. En esos casos, considerando la
experiencia de la Universidad del Mar, esta puede ser una política acertada,
aunque en esa parte el proyecto no resguarda apropiadamente el interés del
Estado, ya que su involucramiento podría acarrear, en la práctica, una serie de
obligaciones financieras.
Un segundo eje aborda los casos en que el
Ministerio de Educación tome conocimiento de antecedentes graves que puedan
poner en riesgo la viabilidad de la institución y, por tanto, los derechos de
los estudiantes. Esto detona una investigación que puede concluir con el
nombramiento de un administrador provisional. En tal caso, la autonomía de la
institución parece débilmente resguardada. El propio Ministro ha reconocido que
su repartición tiene escasas atribuciones de investigación, y este proyecto, a
la espera del de Superintendencia, no avanza en este ámbito. La decisión de
nombrar un administrador, por tanto, terminará siendo muy discrecional, aunque
el requisito de ratificación por el Consejo Nacional de Educación podría quizá
desalentar acciones escasamente fundadas.
El tercer eje apunta a la ampliación de las
causas para nombrar un administrador provisional. La interacción de las
disposiciones contenidas en este proyecto -particularmente en su artículo 29-
con el que pone fin al lucro abre un gran espacio para que la autoridad
disponga arbitrariamente de los bienes de los sostenedores actuales por
períodos prolongados, sin compensación. Hay aquí una amenaza potencial al
derecho de propiedad que debe corregirse. También existe esa amenaza en el
artículo 24 del proyecto, referido a las instituciones de educación superior,
pues los bienes esenciales quedan afectos a la continuidad de la prestación
educacional, tanto en caso de cierre como de administración provisional,
incluso si se trata de un prestador distinto y no relacionado con la
organización que provee el servicio educacional.
Hay otras potenciales violaciones a garantías Constitucionales,
como el derecho a debido proceso y a la autonomía, que motivan opiniones
divididas de los expertos, pero la amenaza al derecho de propiedad parece
suscitar más acuerdos. En cualquier caso, las deficiencias del proyecto son
muchas, y es de esperar que esta iniciativa sea mejorada sustancialmente en la
discusión en particular.
Conducción política y económica de Argentina.
Argentina tiene una larga historia de mal
manejo económico. Una vez más se encuentra al borde del default en sus pasivos
externos, mientras se pronostica para este año una caída de producción, con
inflación en 40% anual. La dificultad más inmediata deriva hoy de la decisión
de la Corte Suprema de Estados Unidos de no escuchar las objeciones del Gobierno
de Cristina Fernández a los dictámenes de la Justicia americana, según los
cuales Argentina no puede dar un trato diferente a sus acreedores externos que
no renegociaron su títulos de deuda externa en 2005 y 2010 (los denominados
holdouts) respecto de aquellos que sí canjearon sus títulos por nuevos bonos,
luego de tomar una fuerte reducción en sus acreencias. Esto significa que
Argentina debería aumentar sus pagos en
este mes en 1,5 billones de dólares, y la posibilidad de tener que servir
pasivos externos -según estimaciones del Gobierno- por hasta 15 billones de dólares adicionales a los que
ha estado considerando.
Hay quienes estiman que Argentina está aislada
del mundo en términos financieros, casi autosuficiente, con un déficit en
cuenta corriente apenas deficitario, tal que un default no la afectaría
demasiado; y con tal historial de dificultades que el mundo financiero la ha
distanciado del resto de América Latina, por lo que tampoco generaría contagio
en otros países de la región. El bajo contagio puede ser válido, pero Argentina
está dando todas las señales de entender que ha llegado al fin de un camino, y
que debe evitar a toda costa una crisis antes de las próximas elecciones Presidenciales
en octubre de 2015. Así se entiende que -reconociendo un fracaso- haya revisado
sus políticas este año, devaluando fuertemente la moneda y subiendo tasas de
interés en enero, llegando a un acuerdo con la española Repsol en abril para
compensarla por la expropiación de su participación en YPF, acordando un
programa en mayo para poner al día sus obligaciones con el Club de París, y
revisando sus estadísticas de producción e inflación, acogiendo exigencias del
Fondo Monetario Internacional que las había descalificado.
Con todo esto, y no obstante medidas para
obligar a la banca a liquidar sus reservas de divisas, Argentina ha seguido
perdiendo sus reservas internacionales, mientras se pronostica que también en
2015 seguiría cayendo la producción, a pesar de un déficit Fiscal creciente que
busca estimular la actividad. Un default en sus obligaciones externas afectaría
el limitado acceso a financiamiento externo entre empresas y vinculado a
comercio internacional que subsiste, aceleraría la inflación y agudizaría la
contracción económica. Por eso, luego de semanas de retórica encendida, el Gobierno
argentino ha indicado que va a negociar con los holdouts, buscando un
entendimiento antes del 30 de julio, que es la fecha para la cual debe haber
acuerdos si se ha de evitar el default.
La mejor opción es negociar y evitar un colapso
mayor, lo que da más probabilidad a esta alternativa. Pero no habrá un cambio
significativo en la situación argentina hasta que un nuevo Gobierno revise en
profundidad el enfoque de la actual administración, extremadamente
antiempresarial, intervencionista en lo Estatal y desequilibrado en lo
macroeconómico.
Hostigamiento a la prensa.
La libertad de expresión y el derecho a la
información son esenciales en cualquier democracia real, y su defensa es un
deber irrenunciable en América Latina. Algunos Gobiernos de la región persiguen
un uniforme sometimiento editorial, acosando para ello a los medios de
comunicación. Eso hace perder credibilidad a todo aparato informativo bajo
férula oficialista y afecta a todo el régimen político, que, sin libertad de
expresión, pierde sus credenciales democráticas.
Es lo que viene ocurriendo en Ecuador. Tras la
promulgación, en 2013, de un nuevo marco regulatorio de los medios de
comunicación, las restricciones a la libertad de expresión han aumentado de
modo agobiante, atropellando el derecho a la información. La reciente
suspensión de la versión impresa del diario opositor Hoy, que se mantiene solo
en formato digital, debido a la "pérdida de libertades" según declaraciones
de ese mismo medio, es un golpe más en un cuadro ya gravemente alterado por un
hostigamiento permanente hacia cualquier contenido periodístico crítico del
régimen.
Esta alarmante situación -que se repite en
otros países de la región- quedó claramente expuesta en el informe de la
Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), en el cual se reprochan los procesos Judiciales emprendidos por
el propio Presidente Correa contra periodistas. Como respuesta a este y otros
documentos críticos del actuar de su Gobierno, el Mandatario propuso reformas
profundas a las relatorías de la CIDH, lo que, naturalmente, apoyaron los
países del ALBA. Según el director ejecutivo de la división Americas de Human
Rights Watch, de aceptarse tales cambios se afectaría gravemente la capacidad
de acción de esta institución, cuya tarea es velar por el respeto de los
derechos humanos en el hemisferio, entre ellos, el derecho a la información y
la libertad de expresión.
Preocupa en especial a ese organismo el impacto
que la nueva Ley Orgánica de Comunicación está teniendo en el sistema
informativo ecuatoriano, pues ella exige incluir, en cada departamento
periodístico, a una persona elegida mediante concurso público, organizado por
un ente Estatal, para constituirse en veedor Gubernamental, con plenos derechos
de corrección y réplica, con total vulneración de la libertad editorial.
Asimismo, esa normativa considera que la difusión de información no es un
derecho humano, sino un servicio público, que debe ser regulado por una
instancia Estatal.
Un sistema informativo plural, donde confluyan
medios de diversas líneas editoriales, diferentes soportes y estilos, con
vocación independiente, responsable y fiscalizadora, que respete y haga
respetar la libertad de expresión, es pilar fundamental de cualquier
democracia. En toda sociedad cuya libertad de expresión sufre cortapisas, la
manipulación y el dirigismo informativo solo pueden desembocar en el
totalitarismo.
Enfoques Internacionales:
Política y justicia.
A Jacques Chirac lo condenaron a dos años de
cárcel por malversación de fondos públicos y abuso de confianza durante su
gestión como Alcalde de París. La pena le fue remitida y nunca tuvo que
presentarse ante la policía sin cordones en los zapatos. No es el juzgamiento
lo que molesta a Sarkozy y a la derecha francesa, sino el procedimiento
"grotesco" con que se lleva a cabo. De ahí las conjeturas sobre una
intención política. En momentos en que el socialismo en el poder está muy desprestigiado
y el partido de Sarkozy -que también atraviesa una crisis interna- le pide que
evalúe volver a la primera línea, surgen sospechas sobre la oportunidad del
proceso judicial.
"La Justicia es independiente. Nadie está
por encima de la Ley, pero todos tienen el derecho a la presunción de
inocencia", aclaró el Premier francés ante las suspicacias por la
detención de Sarkozy. El ex Presidente se defiende con pasión de los cargos. Y
en el centro del problema, una vez más, está el complejo asunto del financiamiento
de la política. ¿Cuánto se involucra un candidato en la recaudación de
recursos? ¿Cuánto fiscaliza a los encargados de las platas? Es un dilema que
atañe a todo aspirante a un cargo elegido, del país que sea. Si es inocente,
Sarkozy tendrá que demostrarlo.
El año pasado, ya superó un juicio en el que
estaba acusado de sacar partido de la senilidad de una millonaria dueña de una
famosa línea de cosméticos para una donación de campaña. Ahora, tendrá que
demostrar no solo que no usó su influencia para conseguir información interna
acerca del curso de la investigación en su contra, sino que no recibió 50
millones de dólares nada menos que del dictador libio Moammar Jaddafi, para su
campaña de 2007.
En muchas oportunidades, en distintas democracias,
largos procesos judiciales contra destacados personajes públicos con amplias
coberturas mediáticas terminan en nada, por insuficiente celo en la
investigación, o porque las imputaciones tenían motivaciones políticas. La
investigación contra Sarkozy podría tener ese sesgo. Para que recupere lustre
la política -desprestigiada y mal valorada por la opinión pública, hastiada de
los escándalos de distintos signos-, la Justicia debe cumplir honestamente su
trabajo. En cualquier lugar del mundo.
¿Califato en el siglo XXI?
Mientras los Parlamentarios iraquíes no
lograban ponerse de acuerdo en la formación de un Gobierno, los extremistas
sunitas del ISIS (Estado Islámico en Siria e Irak) anunciaban la creación de un
Califato en las zonas capturadas de Irak y Siria. El establecimiento de un
sistema político-religioso de esa naturaleza es una maniobra audaz y temeraria
del líder del ISIS, Abu Bakr al Baghdadi, quien, pese a las victorias sobre el
Ejército iraquí, no controla totalmente esos territorios. Pero si los políticos
iraquíes no dejan de lado sus diferencias sectarias y forman un Ejecutivo
viable que imponga su autoridad, esas incursiones sunitas podrían tener
consecuencias devastadoras para la frágil institucionalidad de Irak.
Al Baghdadi se ha autodenominado "Califa",
un título que data del siglo VII, eliminado por Kemal Ataturk en 1924, tras el
derrumbe del Imperio Otomano (solo mantenía su calidad de líder religioso y no
político, pues en 1923 se había creado la República de Turquía).
El sueño de un califato que abarque desde
España (Al Ándalus) hasta Pakistán, que incluya el norte de África, el Medio
Oriente y el Levante, ya fue mencionado por Osama bin Laden tras el 11-S. Tanto
el líder de Al Qaeda como Al Baghdadi, autodenominado ahora califa Ibrahim,
resienten el hundimiento del poder islámico tras la I Guerra Mundial. Por eso
se habla tanto en estos días del Acuerdo Sykes-Picot (1916), por el cual
Francia y Gran Bretaña redibujaron el mapa de la región. Según el politólogo
James Robbins, el posterior tratado de Sèvres "terminó con el orden
político que durante siglos había traído cierta armonía política y unidad
religiosa bajo el Sultanato y el Califato. Para gente como Bin Laden, ahí
comenzaron todos los problemas".
Quienes extrañan el poder de los Califas
olvidan los abusos, injusticias y arbitrariedades que sufrían los pueblos
debido al implacable celo con el que Gobernaban, no solo para aplicar la sharia
en nombre de Alá, sino también para su propio beneficio. De ahí que las
reacciones en el mundo musulmán moderado y con una visión moderna y democrática
de la sociedad hayan sido de incredulidad, desazón y hasta de ironía. El
portavoz del muftí de Egipto (uno de los principales líderes espirituales
sunitas) dijo que "el Califato es una ilusión. Apenas una respuesta al
caos de Irak, resultado de odios sectarios". Otros señalan que "es
delirante", pues no se puede "formar un Estado por medio del pillaje,
el sabotaje y el bombardeo". Un Legislador iraquí está convencido de que
es un "proyecto bien pensado para esparcir caos y hacer daño, y solo
aumentará diferencias y quiebres".
Es probable que Al Qaeda, del cual ya se había
desmembrado el ISIS, sufra un nuevo quiebre en beneficio de Al Baghdadi, con
grupos norafricanos apoyando el Califato. Pero es posible también que otros
grupos musulmanes se levanten contra el ISIS. O que el Ejército iraquí, apoyado
fuertemente por Irán (que facilitaría armas pero no tropa), Rusia (que ya envió
aviones) y EE.UU. (que reforzó su equipo de asesores y mandó militares para
proteger su Embajada y el aeropuerto), consiga vencer al ISIS y recuperar el
territorio. En cualquiera de estos casos, la vida de este Califato del siglo
XXI podría ser muy corta.
