Educación,
por Adolfo Ibáñez.
"La asignatura de Historia es la más afectada. Se le eliminan
de un plumazo todos los sucesos anteriores al siglo XX. Del mundo se toman solo
las guerras del Medio Oriente y el terrorismo de Estado, y los Derechos Humanos
en América Latina (¿Cuba?)..."
Las consignas Gubernamentales aluden
reiteradamente a la calidad de la educación. Sin embargo, cada día queda más en
claro que dicho aspecto es el más ausente en las medidas propuestas. Si
efectivamente se la quisiera elevar, se tendría que fortalecer el sistema
privado y subvencionado, que tan buen resultado ha dado y que goza de una
preferencia mayoritaria. Y, además, hacer que los establecimientos Municipales-Estatales
se les asemejen, para sacarlos de su inferioridad.
Lo primero sería derogar el Estatuto Docente y
liberar a los profesores de la tutela de su colegio profesional. Este último ha
estado controlado durante muchos años por el Partido Comunista que, curiosamente,
ahora se alza como el gran campeón de la calidad de la educación, en
circunstancias de que históricamente ha impedido redimirla de los lastres
señalados. En cambio, nos encontramos con que se propone indirectamente
transformar los colegios privados subvencionados en Municipales-Estatales. Esto
significa rebajarles su nivel, en beneficio de controles burocráticos y de
imposiciones Estatales.
Estas últimas -las imposiciones- ya están
presentes. Detrás de la polémica que han suscitado los proyectos del Gobierno,
el Demre -opaco pero eficientísimo organismo que gobierna monopólicamente la
PSU- ha procedido a modificarla para que rija este mismo año, sin dar tiempo a
nadie para adecuar su preparación. Esto no constituye un cambio en los
programas de estudio, pero, ojo: el hecho de dejar de medir ciertas materias y,
por el contrario, introducir otras en la medición, conlleva un cambio de hecho.
La asignatura de Historia es la más afectada.
Se le eliminan de un plumazo todos los sucesos anteriores al siglo XX. Del
mundo se toman solo las guerras del Medio Oriente y el terrorismo de Estado, y
los Derechos Humanos en América Latina (¿Cuba?). Y de la historia chilena, los
temas a controlar serán la presencia actual de los pueblos indígenas, la
polémica por el quiebre democrático de 1973 y "la dictadura militar",
la "lucha" por la defensa de los Derechos Humanos y la recuperación
democrática, el rol de las Fuerzas Armadas y la emergencia de las demandas
indígenas. Se complementa lo anterior con los derechos de las minorías, la
violencia social e intrafamiliar, el desarrollo sustentable y las tendencias
del mundo del trabajo y del derecho laboral en Chile.
Esta mutilación de nuestra historia solo apunta
a empequeñecer y manipular la mente y el alma de las nuevas generaciones.
¿Será la desigualdad el mandato principal
entregado por la calle?, por Alfonso Swett.
“Lo que genera bienestar y baja desigualdad son los empleos de
calidad”.
El nivel de desigualdad en nuestro país está
gatillando una serie de reformas, como la tributaria, la educacional y otras
que se podrían venir. Efectivamente, Chile hoy tiene un coeficiente GINI de
0,52. ¿Qué significa este número?. En la fórmula matemática del estadístico
italiano Corrado Gini (fascista en su juventud), cero significa que todos ganan
lo mismo y 1, que una persona se lleva la totalidad de los ingresos. Cuando
comparamos nuestro GINI con los países de la OCDE, estamos no sólo muy bajo el
promedio, sino que estamos entre los países con peores niveles de desigualdad.
Esto es lo que se le ha transmitido a la calle, y por tanto la sensación
térmica de la calle es correcta al compararnos con la OCDE.
Sin embargo, ¿por qué no le hemos transmitido a
la calle que en países como Brasil y Colombia sus niveles de desigualdad (GINIs)
son peores que el nuestro? La respuesta es obvia y simple: consuelo de muchos
mal de tontos. Pero qué tal si le digo que en Etiopía el coeficiente GINI es de
0,33 y el de Kenya es de 0,29 (este índice es mejor que el de la OCDE e igual
al de Suecia). Espero que usted no esté pensando que dejemos de mirar a la OCDE
y empecemos a tomar como ejemplo a Kenya. Estos coeficientes GINI (o sociedades
tan igualitarias) como Etiopía y Kenya nos dicen que la poca riqueza (o mucha
pobreza) está repartida en forma parejita. Lo que a mí me dicen los
coeficientes GINI de Etiopía y Kenya es que dicho índice no es el mandato
supremo que debe seguir un Gobierno. El mandato supremo que debe seguir un Gobierno
es el BIENESTAR con el menor nivel de DESIGUALDAD posible de sus ciudadanos. No
se puede hablar de desigualdad sin mirar qué pasará con el bienestar.
Chile ha tenido en los últimos años un foco
clarísimo y ha sido exitoso en generar bienestar. Esto le ha permitido reducir
la pobreza desde 45% a 14,4%. Desde 1985 a la fecha, la esperanza de vida se ha
incrementado desde 71,5 años a 79,1. La mortalidad infantil cayó de 30 por cada
mil nacidos vivos a 9. El crecimiento de los últimos 4 años incrementó en forma
importante el consumo de litros de leche por habitante, el consumo de carne por
habitante, los celulares, los vehículos, el tráfico aéreo nacional, etc. El
bienestar de una sociedad no se puede sacrificar por ningún mandato supremo.
Pero tampoco podemos hablar de bienestar sin mirar lo que pasa con la
desigualdad. No puede ser que en Chile la tasa de desocupación de los pobres
indigentes sea de 41,5%, o que la de los pobres no indigentes sea de 23%
(versus 6% de los no pobres). O que la tasa de participación laboral femenina
de los pobres indigentes sea de 25,4%, cuando en el 54,7% de esos hogares la
jefatura la ejerce una mujer.
¿Qué hacemos? En las sociedades prósperas lo
que logra generar bienestar y bajos niveles de desigualdad es la capacidad de
generar empleos de calidad. Me refiero a empleos de altas remuneraciones. Para
lograr lo anterior se requiere fomentar el ahorro, la inversión, la innovación
y facilitar la labor de las empresas (las privadas generan en torno al 95% del
empleo). Entonces, ¿por qué la reforma tributaria hoy en la etapa que está aún
no tiene claro los mecanismos que (¡de verdad!) promueven la inversión y el
ahorro, y cuáles reemplazarán al FUT (QEPD)? ¿Por qué no hay incentivos reales
a la innovación? En segundo lugar, para lograr lo anterior, se requiere
multiplicar el capital humano, vía una educación de calidad y un sistema
efectivo y eficaz de capacitación. Entonces, ¿por qué nos queremos gastar
US$.4.500 millones en la gratuidad de la educación superior (estudio de Sergio
Urzúa)? ¿Y una cifra similar para comprar colegios? ¿Por qué el tema de la
calidad está al final de la lista del Ministro Eyzaguirre? ¿Por qué la
educación técnico-profesional no tiene la misma importancia que la gratuidad de
la educación superior? ¿Por qué seguimos postergando una reforma a nuestro
fracasado sistema de capacitación? ¿No será que la desigualdad se transformó
para Chile en lo que es la luz para una polilla? Ya es hora de que hablemos de
desigualdad y bienestar siempre en forma y fondo unidos.
Subvención y
educación escolar,
por Harald Beyer &
Sylvia Eyzaguirre.
Tanto la Presidente Bachelet como el Ministro
Eyzaguirre fueron categóricos en su momento en que ningún niño se vería
perjudicado por el fin del copago. Ahora, el Mineduc ha sostenido que éste
afectará a 200.000 alumnos. Nosotros, sin embargo, hemos estimado en alrededor
de 580 mil los perjudicados que asisten a poco más de 900 establecimientos.
Ellos serían aquellos estudiantes cuyos colegios, tarde o temprano, contarán
con menos recursos, en términos reales, que en la actualidad, aun después de
recibir la subvención por gratuidad y la subvención por alumnos de clase media.
El proyecto no contempla recursos adicionales a
los recién mencionados. El Ministerio de Educación ha hecho simulaciones que
incluyen aumentos de 7% anual en el valor de la Unidad de Subvención
Educacional (USE) hasta 2026 para defender un escenario en que ningún
estudiante sería perjudicado. Un primer problema es que estos reajustes no
están comprometidos en el proyecto y, por tanto, son meras especulaciones sin
sustento efectivo. Un segundo problema es que, si la USE se reajustará en este
monto, aun así habría estudiantes perjudicados. El propio Mineduc nos informa
que el subsidio efectivo alcanzaría hacia 2026 un poco más de 115 mil pesos
mensuales (pesos 2013) para los grupos medios altos y altos. Pero hoy existen
estudiantes que cuentan con más recursos que estos. Por tanto, seguirán
existiendo proyectos educativos y, por tanto, familias y estudiantes
perjudicados.
Que el Gobierno aspire a lograr más igualdad en
el financiamiento de la educación es bienvenido, pero los recursos que
invierten esas familias suplen un déficit histórico de aportes del Estado a la
educación escolar, que el proyecto no resuelve. De hecho, los montos que
reciben los niños con el copago más alto, respecto de nuestro ingreso per
cápita, son similares a las inversiones que, medidos por esta misma vara,
realizan los países de la Ocde. Asimismo, Dante Contreras y Francisco Gallego
consideran una subvención de $ 170.000 mensuales por alumno para garantizar
calidad (Cap. 14 en el libro 95 Propuestas para un Chile mejor), un monto
considerablemente mayor que lo que recibe un alumno con el copago más alto ($
137.000).
Resulta importante aclarar que en los últimos
años, la USE ha aumentado su valor en pesos en un 5% anual, porque su
incremento es equivalente al reajuste de salarios del sector público. Este es
absorbido prácticamente en su totalidad por aumentos de costos directos. Por
ello, un incremento de 7% no es particularmente elevado. Pero si ocurriera, los
perjudicados, aunque en ningún caso desaparecerían, disminuirían a alrededor de
210 mil estudiantes que asisten a casi 300 colegios (se supone que en aquellos
establecimientos que no son afectados por la caída en el valor real del copago
máximo este se mantiene en términos reales durante la transición).
Más allá de discrepancias puntuales, creemos
que nuestra propuesta no cambia la esencia del proyecto que termina con el
copago, sólo equilibra de mejor forma los intereses de los alumnos y sus
familias con el propósito del gobierno de tener un sistema de financiamiento
adecuado, equitativo y que promueva la integración social (detalles en
www.cepchile.cl).
El combo de
Felipe Berríos,
por Joaquín García
Huidobro.
"Su entrevista en TV nos muestra que el problema del
padre Berríos no es el lenguaje que utiliza, sino el 'combo' que nos presenta,
donde se mezcla todo sin mayores distinciones, desde el 'matrimonio' homosexual
hasta el mejoramiento de la educación..."
Advertencia: esta columna está dirigida a
cristianos.
El problema de Felipe Berríos no está en las
verdades que dice. Solo gente muy insensible puede hacer oídos sordos a sus
alegatos en contra del clasismo. Tampoco está en la forma a veces brutal en que
se expresa. La tradición cristiana está llena de estos ejemplos, desde Santiago
el Menor hasta León Bloy, pasando por las invectivas de San Basilio contra el
egoísmo de los ricos. Este lenguaje duro puede ser muy sano. Todavía recuerdo
la indignación de Gonzalo Vial cuando erradicaron las poblaciones de Vitacura y
Las Condes. Como auténtico conservador, se daba cuenta de que íbamos a pagar
caro esas prácticas de apartheid que tornan invisibles a los pobres.
El problema del padre Berríos es el
"combo" que nos presenta, donde el hecho de enseñarles a leer a las
mujeres de Burundi va junto con el matrimonio homosexual, el combate al
consumismo o el mejoramiento de la educación. Y como es una persona
particularmente atractiva, sus espectadores consumen el combo enterito.
El ingrediente que pega todos estos componentes
es, ciertamente, el cariño, pero se trata de un afecto como el de esas
abuelitas consentidoras, que pasa por alto una distinción que está clara desde
los comienzos mismos del cristianismo: una cosa es juzgar un determinado acto y
otra muy distinta es juzgar a la persona que lo realiza. En la práctica, eso
significa que uno perfectamente puede decir que morder al rival en un partido
de fútbol es algo muy malo (juicio sobre el acto), pero nadie sobre la Tierra
está habilitado para decir que el futbolista uruguayo es un malvado (juicio
sobre la persona). Eso solo lo sabe Dios.
El olvido de esta distinción lleva a Felipe
Berríos a pasar del cristiano deber de no juzgar personas al muy poco cristiano
sistema de hacer como si las prácticas mismas fueran indiferentes: por ejemplo,
quién se casa y con quién.
Como no esquiva los temas delicados, cosa que
está muy bien, nos propone una peculiar lectura de un asunto muy conflictivo,
el del "matrimonio" de las personas homosexuales. Su razonamiento es
muy simple: si los homosexuales son hijos de Dios, ¿por qué no pueden casarse?
Es más, ellos nos ayudan a ampliar nuestra visión de la sexualidad, de modo que
no la reduzcamos a una mera tarea reproductiva.
Sin embargo, en su afecto por las personas, que
es algo digno de seguirse, olvida que la Biblia, en bastantes textos explícitos
y en toda su concepción de la sexualidad, es totalmente contraria a la unión
sexual entre personas del mismo sexo. Y esto no porque la Biblia sea pacata,
sino porque el amor entre un hombre y una mujer es figura del fecundo amor de
Dios y su pueblo (de Cristo y la Iglesia, dirán los cristianos siguiendo a San
Pablo). ¿Puede haber una exaltación mayor de la unión conyugal? Pero
precisamente esa altísima valoración de la unión de los cuerpos hace que la
penetración de un varón por otro, o el abrazo de dos mujeres, no sean capaces
de simbolizar la indisoluble unión de Dios y su pueblo.
Frente a temas delicados, como la
homosexualidad, los cristianos podemos seguir dos estrategias muy diferentes.
Una es la estrategia espiritualista de Felipe Berríos, donde lo que uno haga
con su cuerpo no tiene importancia radical, y lo único que importa es el afecto
entre las personas involucradas, aunque eso signifique echarse al bolsillo la
Biblia y una tradición varias veces milenaria, representada en este caso por la
Iglesia, pero no solo por ella. En esta estrategia, casi todo es susceptible de
ser bendecido, porque lo importante es la acogida (de las personas y sus actos)
y que nadie sufra.
La otra estrategia es mostrar una infinita
acogida a las personas (el Papa nos está dando un magnífico ejemplo),
abstenernos de juzgar a los hombres y mujeres concretos, pero tomarnos muy en
serio las enseñanzas de la Biblia y tener el valor de decirles que no podemos
aprobar su comportamiento. Dicho con otras palabras, el cura puede y debe
bendecir a las personas, pero no puede bendecir cualquier conducta ni cualquier
anillo (ni cualquier banco). Esto, obviamente, implica que vamos a sufrir: no
solo las personas homosexuales, sino también el resto de nosotros. Pero no todo
sufrimiento es malo, también existe un sufrimiento purificador. El cristiano
sabe que si acoge la palabra de Dios, Él sabrá cómo arregla las cosas.
Por mi parte, prefiero confiar en la misericordia
de Dios antes que en la peculiar misericordia del padre Berríos.
Hora de
resolver,
por Juan Andrés Fontaine.
El debate Parlamentario sobre la reforma
tributaria está ingresando a su fase crucial. El proyecto ha sido objeto de
contundentes críticas por la mayoría de ex autoridades, expertos y líderes
empresariales que han visitado la comisión del Senado donde está radicada su
tramitación. La polémica ha despertado inusitado interés periodístico, y la
opinión pública -a juzgar por las encuestas- se ha tornado reticente a la idea,
pese a la tonalidad populista con que ella fue inicialmente defendida. El
Gobierno, que tiene iniciativa exclusiva en materia de Legislación tributaria,
debe prestar oídos a la opinión de los expertos y a la preocupación de la
ciudadanía.
La propuesta Gubernamental persigue allegar
recursos al presupuesto Fiscal y propender a una distribución de la renta menos
desigual. El problema es que ambos objetivos son desvirtuados si como
consecuencia de la reforma el crecimiento económico se frena, porque ello
significaría menos recaudación de impuestos y más cesantía. Algo de eso ya está
en el aire, en el bajón que está sufriendo la actividad económica, aunque por
cierto no pueda ser atribuido solo a la reforma tributaria. La Presidente
Bachelet debe sopesar si esta economía declinante es lo que quiere legar al
país.
El diagnóstico técnico en el que el Ministro de
Hacienda, Alberto Arenas, fundó su propuesta ha sido casi unánimemente
refutado. En su visión, el incremento de hasta el 35% de la tributación sobre
las utilidades reinvertidas por las empresas no dañaría la inversión porque
ellas podrían recurrir sin problemas a la deuda externa o interna. Esa
peregrina idea ha sido echada abajo: los expertos concuerdan en que la
propuesta desalienta el ahorro, la inversión y la creación de empleos en todas
las empresas, y muy especialmente en las pymes. La magnitud del impacto sería
importante: un connotado economista -ex autoridad en tiempos de la
Concertación- ha estimado que podría rebajar en hasta 6% el nivel de nuestro
ingreso nacional, indefinidamente, en cada uno de los años futuros: una
catástrofe diez o más veces mayor que la del Transantiago. Nuevamente, la clase
media y los sectores vulnerables serían los principales afectados.
Afortunadamente, todo esto es evitable. Es
perfectamente posible diseñar un sistema tributario que preserve las virtudes
del nuestro -la integración de las rentas de diferentes fuentes en una sola
base y el tratamiento diferenciado de las utilidades reinvertidas o ahorradas
por las empresas- sin necesidad de mantener el vapuleado FUT. Tampoco es
necesario aventurarse al azaroso territorio de las rentas atribuidas, como
pretende el proyecto, cuya viabilidad Constitucional y práctica está seriamente
cuestionada. El Gobierno debe abrirse a introducir cambios de fondo en su
propuesta original, y el Senado debe hacérselo ver.
Resquicios
constitucionales,
por Axel Buchheister.
Durante la campaña Presidencial creímos que
cambiar la Constitución sería la tarea prioritaria del nuevo Gobierno. Pero no
ha sido así y el tema fue diferido para el próximo año. Y quizás nunca suceda,
porque parece haberse optado por un camino más simple: dejarla en desuso. Es
cosa de ver los proyectos de Ley del Ejecutivo con creativos artilugios para
saltarse la Carta Fundamental. Los legendarios resquicios.
En la reforma a la educación, aparte de hacerse
tabla rasa con la libertad de enseñanza, hay una de esas ocurrencias. Se
prohíbe que los colegios “lucren” con la subvención, lo que hasta ahora era
válido. Como gran opción para los que creyeron en esa política, se les ofrece
“vender” las instalaciones al Estado, mediante un elaborado mecanismo de pago a
12 años con un 4% de interés. La Constitución dice que si el Estado quiere
expropiar un bien, debe pagar su valor real en dinero efectivo y al contado,
cuyo monto es objetable ante Tribunales. En el proyecto, el Estado acorrala al
dueño para que entregue el bien, pero eso no es expropiación. Para avalar esto,
se inventó el correspondiente argumento: los dueños compraron las instalaciones
con la subvención, que son platas públicas. Una falacia, porque el beneficiario
de la subvención es el alumno y lo que hizo el Estado fue pagar directamente al
colegio por el servicio educacional que se le entregó a éste.
Luego tenemos la “Ley corta de los puertos”. La
cosa es así: hay una controversia pendiente entre trabajadores y empresas
portuarias sobre si corresponde pagar el descanso durante la jornada. De
acuerdo con la Constitución, las controversias las resuelven los Tribunales y
las Leyes no pueden avocarse a ellas. Entonces, la Ley armará un tinglado para
hacerlo: aplica un impuesto a las empresas por carga movilizada y crea un fondo
que “podrá recibir” recursos Fiscales con cargo a la recaudación de ese tributo,
el que pagará a los trabajadores un beneficio por haber prestado servicios sin
pago por el descanso. Controversia resuelta por la Ley, con cargo al patrimonio
de una de las partes y sin las molestas demoras de un juicio. De paso se
infringen principios Constitucionales como la igualdad ante las cargas
tributarias (es un impuesto que no paga nadie más) y la prohibición de afectar
tributos a un fin determinado.
La Ministro del Trabajo nos ilustra también
respecto del proyecto en estudio sobre negociación colectiva, que únicamente
podrá materializar el sindicato más “representativo” de la empresa. La
Constitución -porfiada a esta altura- establece la libertad de sindicación, que
significa que se es libre para pertenecer a cualquier sindicato. Pero si sólo uno
de ellos podrá concretar lo que en el hecho es la finalidad más relevante de un
sindicato: ¿a cuál decidiría usted “libremente” pertenecer?
En cualquier democracia seria la oposición
política estaría haciendo una tormenta por todo esto. No en Chile, en que la
preocupación de los partidos de centroderecha está en cosas más prioritarias,
como decidir qué luz verde se le dará a la marihuana o de otras yerbas
similares.
El temprano
impacto de la reforma educacional.
Apoderados que se movilizan, sostenedores que evalúan convertirse
en particulares pagados y bancos reacios a financiar al sector ante la
incertidumbre.
Las autoridades piden evitar el alarmismo.
Dicen que la reforma educacional aún no está completa, que falta conocer la
“agenda larga” que buscará fortalecer la educación pública y que los proyectos
presentados no implican la desaparición de la educación particular
subvencionada en el sistema de la provisión mixta.
Los padres y apoderados de los colegios
particulares subvencionados no piensan lo mismo. Seminarios y encuentros se
suceden a lo largo del país, convocando por igual a profesores, sostenedores y apoderados.
Han servido como tribunas para que las autoridades expliquen los lineamientos
de su reforma, pero también para que estos distintos actores involucrados
puedan exponer sus dudas y temores. Sobre todo los temores, porque pocas cosas
preocupan y motivan a los padres y madres que la educación de sus hijos. Son
varias las encuestas y estudios que demuestran que, detrás de la elección de un
colegio particular subvencionado en lugar de uno Municipal, los apoderados
buscan seguridad y mejor ambiente. En otras palabras, son el fruto de
decisiones bien fundamentadas que encuentran su aliado en la libertad de
elección y diversidad de oferta educacional.
Esos atributos del actual sistema son los que
padres y apoderados ven ahora amenazados y por eso salen a la calle y se
manifiestan. Muchos o pocos según diferentes observadores. Pero la cantidad no
es lo relevante, sino una señal que debe ser atendida por las autoridades de Gobierno,
tal como lo han hecho Parlamentarios de sus propias filas. “Creo en una buena
reforma educacional, sobre la base de un gran acuerdo nacional, al margen de
caricaturas y descalificaciones”, decía el pasado viernes el Senador DC Ignacio
Walker en un seminario sobre el proyecto, organizado por la Asociación de
Municipalidades. Y cómo no recoger los puntos de vista de quienes, por lo
demás, mayoritariamente han optado por un determinado sistema educacional: los
estudiantes que hoy asisten a colegios particulares subvencionados alcanzan al
54% de la matrícula escolar del país.
Distintos sondeos han mostrado que al momento
de elegir colegio los apoderados privilegian ante todo la calidad de la
educación por sobre la gratuidad, y por lo mismo valoran la posibilidad de
hacer aportes si con ello pueden contribuir a mejorar la educación que reciben
sus hijos. Los ejes de la reforma propuesta no avanzan en la dirección de
profundizar la calidad, y difícilmente ello será posible si se limitan las
opciones educacionales y se termina con los incentivos para atraer a los
mejores alumnos y crear proyectos educativos competitivos.
Las señales de preocupación ante estos impactos
no deseados de la reforma educacional se advierten también en las
preocupaciones de los propios sostenedores, que pronto deberán decidir si
permanecen bajo la condición actual, prosiguen en la actividad o convierten sus
establecimientos en colegios particulares pagados. Ahora un banco ha denegado
el acceso al crédito a un sostenedor ante el riesgo en los flujos que suponen
los cambios legales en discusión. No es culpa de la entidad financiera, la cual
debe contar con resguardos y garantías para otorgar financiamiento. El hecho
sirve más bien para evidenciar hasta qué punto el impacto de la reforma es
mucho más inmediato de lo que se supone, que iniciativas como ésta no pueden
ser el fruto de un mero ejercicio académico y que, por lo tanto, el ministerio
haría bien en poner una cuota de mesura en este vertiginoso e injustificado
ritmo de cambios.
Solución
cuestionable en los puertos.
En el proyecto de Ley que modifica diversos
aspectos del régimen laboral de los trabajadores portuarios, el Gobierno
incluyó normas para resolver la disputa que se arrastra por años entre
trabajadores y empleadores del sector, sobre la procedencia de un descanso para
colación durante la jornada. Ella provocó un paro durante el verano pasado en
los puertos, que para ponerle fin el Gobierno anterior acordó con los
trabajadores una compensación con cargo a recursos Fiscales.
Dicho acuerdo fue asumido por el actual Gobierno,
que es lo que aborda dicha iniciativa Legal. Sin embargo, conocida ésta, se
concluye que va más allá de lo señalado, porque la compensación en definitiva
será de cargo de los empleadores. Para ello, se establece un tributo por cuatro
años a la transferencia de carga en los puertos, aunque se lo conciba como un
aporte patronal al “Fondo de Modernización Portuaria”, que se crea en el mismo
proyecto, y cuyo producto en la práctica se destinará a pagar dicha
compensación. Con ello, el Ejecutivo interviene en un conflicto privado, que
corresponde sea resuelto por los Tribunales de Justicia, que son los únicos que
pueden determinar cuál es el derecho aplicable en las controversias Legales. Se
valida así el camino de la presión, más allá de lo que sea el alcance efectivo
de la Ley, y se crea un precedente preocupante de intervención Estatal en las
actividades económicas.
Pero si ya era cuestionable que un conflicto
privado se resolviera con fondos públicos, más aún es que para ello se recurra
a un tributo de dudosa Constitucionalidad, por lesionar la igualdad ante la Ley
tributaria -grava sólo a ciertas empresas-, y estar afecto a un destino
determinado, lo que está vedado por la Constitución. Con ello, se introduce una
duda sobre la prescindencia de la autoridad en sus actuaciones y en la
dictación de las Leyes.
Enfoques
Internacionales:
Panorama
peruano.
Es habitual la impopularidad de los mandatarios
del Perú: se descapitalizan rápida y progresivamente durante su gestión y, a
diferencia de los chilenos, no se recuperan al final de sus ejercicios. El caso
del Presidente Humala es más agudo. Según las recientes encuestas, su rechazo
aumentó al 75% y su apoyo ciudadano ha caído al 21%, el más bajo de su mandato
y bastante por debajo de sus predecesores en tiempos similares. Este resultado
podría haber influido en el relevo de sus Ministros de Interior, Transportes y
Relaciones Exteriores, y en el anuncio de medidas para detener la baja en la
actividad económica. Entre estas decisiones se incluye la licitación del
gasoducto que transportará el gas de Camisea al sur peruano, cuya viabilidad
económica depende de exportaciones de gas a Chile.
Parece haberse esfumado el apoyo que recibió
Humala tras el fallo de la Corte de La Haya sobre delimitación marítima con
Chile. Ahora debe asumir la implementación de tal sentencia, que requiere
cambios reglamentarios y reformas que deben ser aprobadas por el Congreso para
adecuar la Legislación interna al derecho internacional. Probablemente esa haya
sido la causa del cambio de Canciller, con la designación de su Embajador en
China, Gonzalo Gutiérrez. Se trata de un profesional de la Diplomacia, a
diferencia de su antecesora, Eva Rivas, ex Ministro de Justicia, una
designación política resistida por el servicio exterior peruano. Gutiérrez es
conocido de muchos chilenos por su pasado desempeño como Ministro consejero en
la Embajada peruana en Santiago y por su cruzada para impedir el uso de la
denominación "pisco" por las producciones chilenas. No tuvo éxito en
ese cometido y la Unión Europea autorizó su mención para las exportaciones
peruanas y chilenas. Después de esa campaña fue nombrado Vicecanciller.
También se anunció la designación de Fernando
Rojas, otro profesional y reciente Jefe del servicio exterior peruano, en
reemplazo del Embajador de Perú en Chile, Carlos Pareja. El desempeño de Pareja
en momentos complejos para las relaciones bilaterales ha merecido transversal
respeto y reconocimiento en nuestro país y seguramente en el suyo.
El nuevo Embajador y el flamante Canciller
deberán enfrentar los desencuentros que ya se han producido por la insistencia
peruana en reclamar terrenos de menos de 4 hectáreas en la frontera entre ambos
países. Para Chile, la reclamación peruana carece de sentido. Si bien la Corte
no se pronunció sobre este aspecto -la demanda se refería solo al territorio
marítimo-, sí determinó que el límite marítimo era el paralelo que atraviesa el
Hito 1, desechando así la pretensión peruana de que dicho límite comenzara en
el pretendido Punto 266 o Concordia, situado a unos 200 metros al sur del Hito
1. Insistir en esto para reclamar soberanía peruana sobre un arenal, un
triángulo yermo, de escasa extensión, al sur del paralelo limítrofe fijado por
la Corte Internacional de Justicia y sin acceso al mar, es decir, con costa
seca, no parece lógico ni aceptable. Algunos interpretan la polémica como un
pretexto del Perú para mantener abiertas reclamaciones territoriales contra
Chile, arriesgando un retroceso y enturbiamiento de las confianzas y relaciones
bilaterales.
Agitaciones
en el chavismo.
El Presidente de Venezuela comienza a asumir
los costos de disidencia de la vieja guardia chavista, con riesgo de perder o
dividir el control de su partido, que debe renovar su liderazgo el 20 del mes
próximo. La rebelión desencadenada por la salida del Ministro de Planificación,
Jorge Giordano, dogmático marxista e histórico referente intelectual y
Vicepresidente de Hugo Chávez, cesado la semana pasada, llega en pésimo momento
para Maduro. Su popularidad ha descendido al 30% y la crisis económica se
agudiza por el desabastecimiento, la inflación más alta del mundo -estimada en
60% anual- y un escuálido y rígido mercado cambiario que valora desde 6,30
bolívares por dólar hasta 70 en el mercado paralelo.
Según algunos, la destitución de Giordano es
una estrategia de Maduro para construir una base depurada del chavismo más
dogmático en lo económico, a fin de disponer de total autonomía y de algún
pragmatismo. Así se explicarían expresiones autoritarias sobre el futuro manejo
económico. Antiguos y connotados Ministros del chavismo se han sumado a las
críticas del defenestrado Ministro Giordano, denunciando ausencia de
planificación socialista y alejamiento de los principios bolivarianos en las
medidas económicas.
Frente a la rebelión, el Presidente ha recibido
el apoyo de Diosdado Cabello, Presidente del Legislativo y desplazado por
Maduro en la sucesión de Chávez.
Hasta ahora, Maduro se mantiene firme frente a
las demandas internas e internacionales para que ponga término a las medidas de
fuerza, censura y prisión en contra de sus opositores. José Miguel Vivanco, Director
para las Américas de Human Rights Watch, ha pedido a los países miembros de
Unasur que pongan término a su silencio ante los abusos de derechos humanos que
se están cometiendo en Venezuela, donde la represión a las protestas opositoras
ya suma 42 muertos, miles de detenidos y centenares de heridos. A juicio de
Vivanco, mientras diversos organismos internacionales extracontinentales, entre
ellos relatores de derechos humanos de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo,
expresan preocupación por la situación en Venezuela, el Sistema Interamericano,
la OEA y Unasur no han condenado los gravísimos abusos cometidos por agentes Estatales
venezolanos. Para reparar estas transgresiones, Human Rights Watch ha puesto en
una encrucijada a algunos personeros al pedir la intervención del Canciller
chileno, Heraldo Muñoz, y de sus pares sudamericanos.
Pueblos bien
informados
difícilmente
son engañados.
