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martes, 1 de julio de 2014

Temas del momento y un par de imágenes informativas...








Educación,

por Adolfo Ibáñez.


"La asignatura de Historia es la más afectada. Se le eliminan de un plumazo todos los sucesos anteriores al siglo XX. Del mundo se toman solo las guerras del Medio Oriente y el terrorismo de Estado, y los Derechos Humanos en América Latina (¿Cuba?)..."


Las consignas Gubernamentales aluden reiteradamente a la calidad de la educación. Sin embargo, cada día queda más en claro que dicho aspecto es el más ausente en las medidas propuestas. Si efectivamente se la quisiera elevar, se tendría que fortalecer el sistema privado y subvencionado, que tan buen resultado ha dado y que goza de una preferencia mayoritaria. Y, además, hacer que los establecimientos Municipales-Estatales se les asemejen, para sacarlos de su inferioridad.


Lo primero sería derogar el Estatuto Docente y liberar a los profesores de la tutela de su colegio profesional. Este último ha estado controlado durante muchos años por el Partido Comunista que, curiosamente, ahora se alza como el gran campeón de la calidad de la educación, en circunstancias de que históricamente ha impedido redimirla de los lastres señalados. En cambio, nos encontramos con que se propone indirectamente transformar los colegios privados subvencionados en Municipales-Estatales. Esto significa rebajarles su nivel, en beneficio de controles burocráticos y de imposiciones Estatales.


Estas últimas -las imposiciones- ya están presentes. Detrás de la polémica que han suscitado los proyectos del Gobierno, el Demre -opaco pero eficientísimo organismo que gobierna monopólicamente la PSU- ha procedido a modificarla para que rija este mismo año, sin dar tiempo a nadie para adecuar su preparación. Esto no constituye un cambio en los programas de estudio, pero, ojo: el hecho de dejar de medir ciertas materias y, por el contrario, introducir otras en la medición, conlleva un cambio de hecho.


La asignatura de Historia es la más afectada. Se le eliminan de un plumazo todos los sucesos anteriores al siglo XX. Del mundo se toman solo las guerras del Medio Oriente y el terrorismo de Estado, y los Derechos Humanos en América Latina (¿Cuba?). Y de la historia chilena, los temas a controlar serán la presencia actual de los pueblos indígenas, la polémica por el quiebre democrático de 1973 y "la dictadura militar", la "lucha" por la defensa de los Derechos Humanos y la recuperación democrática, el rol de las Fuerzas Armadas y la emergencia de las demandas indígenas. Se complementa lo anterior con los derechos de las minorías, la violencia social e intrafamiliar, el desarrollo sustentable y las tendencias del mundo del trabajo y del derecho laboral en Chile.


Esta mutilación de nuestra historia solo apunta a empequeñecer y manipular la mente y el alma de las nuevas generaciones.



¿Será la desigualdad el mandato principal entregado por la calle?, por Alfonso Swett.


“Lo que genera bienestar y baja desigualdad son los empleos de calidad”.


El nivel de desigualdad en nuestro país está gatillando una serie de reformas, como la tributaria, la educacional y otras que se podrían venir. Efectivamente, Chile hoy tiene un coeficiente GINI de 0,52. ¿Qué significa este número?. En la fórmula matemática del estadístico italiano Corrado Gini (fascista en su juventud), cero significa que todos ganan lo mismo y 1, que una persona se lleva la totalidad de los ingresos. Cuando comparamos nuestro GINI con los países de la OCDE, estamos no sólo muy bajo el promedio, sino que estamos entre los países con peores niveles de desigualdad. Esto es lo que se le ha transmitido a la calle, y por tanto la sensación térmica de la calle es correcta al compararnos con la OCDE.


Sin embargo, ¿por qué no le hemos transmitido a la calle que en países como Brasil y Colombia sus niveles de desigualdad (GINIs) son peores que el nuestro? La respuesta es obvia y simple: consuelo de muchos mal de tontos. Pero qué tal si le digo que en Etiopía el coeficiente GINI es de 0,33 y el de Kenya es de 0,29 (este índice es mejor que el de la OCDE e igual al de Suecia). Espero que usted no esté pensando que dejemos de mirar a la OCDE y empecemos a tomar como ejemplo a Kenya. Estos coeficientes GINI (o sociedades tan igualitarias) como Etiopía y Kenya nos dicen que la poca riqueza (o mucha pobreza) está repartida en forma parejita. Lo que a mí me dicen los coeficientes GINI de Etiopía y Kenya es que dicho índice no es el mandato supremo que debe seguir un Gobierno. El mandato supremo que debe seguir un Gobierno es el BIENESTAR con el menor nivel de DESIGUALDAD posible de sus ciudadanos. No se puede hablar de desigualdad sin mirar qué pasará con el bienestar.


Chile ha tenido en los últimos años un foco clarísimo y ha sido exitoso en generar bienestar. Esto le ha permitido reducir la pobreza desde 45% a 14,4%. Desde 1985 a la fecha, la esperanza de vida se ha incrementado desde 71,5 años a 79,1. La mortalidad infantil cayó de 30 por cada mil nacidos vivos a 9. El crecimiento de los últimos 4 años incrementó en forma importante el consumo de litros de leche por habitante, el consumo de carne por habitante, los celulares, los vehículos, el tráfico aéreo nacional, etc. El bienestar de una sociedad no se puede sacrificar por ningún mandato supremo. Pero tampoco podemos hablar de bienestar sin mirar lo que pasa con la desigualdad. No puede ser que en Chile la tasa de desocupación de los pobres indigentes sea de 41,5%, o que la de los pobres no indigentes sea de 23% (versus 6% de los no pobres). O que la tasa de participación laboral femenina de los pobres indigentes sea de 25,4%, cuando en el 54,7% de esos hogares la jefatura la ejerce una mujer.


¿Qué hacemos? En las sociedades prósperas lo que logra generar bienestar y bajos niveles de desigualdad es la capacidad de generar empleos de calidad. Me refiero a empleos de altas remuneraciones. Para lograr lo anterior se requiere fomentar el ahorro, la inversión, la innovación y facilitar la labor de las empresas (las privadas generan en torno al 95% del empleo). Entonces, ¿por qué la reforma tributaria hoy en la etapa que está aún no tiene claro los mecanismos que (¡de verdad!) promueven la inversión y el ahorro, y cuáles reemplazarán al FUT (QEPD)? ¿Por qué no hay incentivos reales a la innovación? En segundo lugar, para lograr lo anterior, se requiere multiplicar el capital humano, vía una educación de calidad y un sistema efectivo y eficaz de capacitación. Entonces, ¿por qué nos queremos gastar US$.4.500 millones en la gratuidad de la educación superior (estudio de Sergio Urzúa)? ¿Y una cifra similar para comprar colegios? ¿Por qué el tema de la calidad está al final de la lista del Ministro Eyzaguirre? ¿Por qué la educación técnico-profesional no tiene la misma importancia que la gratuidad de la educación superior? ¿Por qué seguimos postergando una reforma a nuestro fracasado sistema de capacitación? ¿No será que la desigualdad se transformó para Chile en lo que es la luz para una polilla? Ya es hora de que hablemos de desigualdad y bienestar siempre en forma y fondo unidos.


Subvención y educación escolar,

por Harald Beyer & Sylvia Eyzaguirre.


Tanto la Presidente Bachelet como el Ministro Eyzaguirre fueron categóricos en su momento en que ningún niño se vería perjudicado por el fin del copago. Ahora, el Mineduc ha sostenido que éste afectará a 200.000 alumnos. Nosotros, sin embargo, hemos estimado en alrededor de 580 mil los perjudicados que asisten a poco más de 900 establecimientos. Ellos serían aquellos estudiantes cuyos colegios, tarde o temprano, contarán con menos recursos, en términos reales, que en la actualidad, aun después de recibir la subvención por gratuidad y la subvención por alumnos de clase media.


El proyecto no contempla recursos adicionales a los recién mencionados. El Ministerio de Educación ha hecho simulaciones que incluyen aumentos de 7% anual en el valor de la Unidad de Subvención Educacional (USE) hasta 2026 para defender un escenario en que ningún estudiante sería perjudicado. Un primer problema es que estos reajustes no están comprometidos en el proyecto y, por tanto, son meras especulaciones sin sustento efectivo. Un segundo problema es que, si la USE se reajustará en este monto, aun así habría estudiantes perjudicados. El propio Mineduc nos informa que el subsidio efectivo alcanzaría hacia 2026 un poco más de 115 mil pesos mensuales (pesos 2013) para los grupos medios altos y altos. Pero hoy existen estudiantes que cuentan con más recursos que estos. Por tanto, seguirán existiendo proyectos educativos y, por tanto, familias y estudiantes perjudicados.


Que el Gobierno aspire a lograr más igualdad en el financiamiento de la educación es bienvenido, pero los recursos que invierten esas familias suplen un déficit histórico de aportes del Estado a la educación escolar, que el proyecto no resuelve. De hecho, los montos que reciben los niños con el copago más alto, respecto de nuestro ingreso per cápita, son similares a las inversiones que, medidos por esta misma vara, realizan los países de la Ocde. Asimismo, Dante Contreras y Francisco Gallego consideran una subvención de $ 170.000 mensuales por alumno para garantizar calidad (Cap. 14 en el libro 95 Propuestas para un Chile mejor), un monto considerablemente mayor que lo que recibe un alumno con el copago más alto ($ 137.000).


Resulta importante aclarar que en los últimos años, la USE ha aumentado su valor en pesos en un 5% anual, porque su incremento es equivalente al reajuste de salarios del sector público. Este es absorbido prácticamente en su totalidad por aumentos de costos directos. Por ello, un incremento de 7% no es particularmente elevado. Pero si ocurriera, los perjudicados, aunque en ningún caso desaparecerían, disminuirían a alrededor de 210 mil estudiantes que asisten a casi 300 colegios (se supone que en aquellos establecimientos que no son afectados por la caída en el valor real del copago máximo este se mantiene en términos reales durante la transición).  


Más allá de discrepancias puntuales, creemos que nuestra propuesta no cambia la esencia del proyecto que termina con el copago, sólo equilibra de mejor forma los intereses de los alumnos y sus familias con el propósito del gobierno de tener un sistema de financiamiento adecuado, equitativo y que promueva la integración social (detalles en www.cepchile.cl).


El combo de Felipe Berríos,

por Joaquín García Huidobro.


"Su entrevista en TV nos muestra que el problema del padre Berríos no es el lenguaje que utiliza, sino el 'combo' que nos presenta, donde se mezcla todo sin mayores distinciones, desde el 'matrimonio' homosexual hasta el mejoramiento de la educación..."


Advertencia: esta columna está dirigida a cristianos.


El problema de Felipe Berríos no está en las verdades que dice. Solo gente muy insensible puede hacer oídos sordos a sus alegatos en contra del clasismo. Tampoco está en la forma a veces brutal en que se expresa. La tradición cristiana está llena de estos ejemplos, desde Santiago el Menor hasta León Bloy, pasando por las invectivas de San Basilio contra el egoísmo de los ricos. Este lenguaje duro puede ser muy sano. Todavía recuerdo la indignación de Gonzalo Vial cuando erradicaron las poblaciones de Vitacura y Las Condes. Como auténtico conservador, se daba cuenta de que íbamos a pagar caro esas prácticas de apartheid que tornan invisibles a los pobres.

El problema del padre Berríos es el "combo" que nos presenta, donde el hecho de enseñarles a leer a las mujeres de Burundi va junto con el matrimonio homosexual, el combate al consumismo o el mejoramiento de la educación. Y como es una persona particularmente atractiva, sus espectadores consumen el combo enterito.

El ingrediente que pega todos estos componentes es, ciertamente, el cariño, pero se trata de un afecto como el de esas abuelitas consentidoras, que pasa por alto una distinción que está clara desde los comienzos mismos del cristianismo: una cosa es juzgar un determinado acto y otra muy distinta es juzgar a la persona que lo realiza. En la práctica, eso significa que uno perfectamente puede decir que morder al rival en un partido de fútbol es algo muy malo (juicio sobre el acto), pero nadie sobre la Tierra está habilitado para decir que el futbolista uruguayo es un malvado (juicio sobre la persona). Eso solo lo sabe Dios.

El olvido de esta distinción lleva a Felipe Berríos a pasar del cristiano deber de no juzgar personas al muy poco cristiano sistema de hacer como si las prácticas mismas fueran indiferentes: por ejemplo, quién se casa y con quién.

Como no esquiva los temas delicados, cosa que está muy bien, nos propone una peculiar lectura de un asunto muy conflictivo, el del "matrimonio" de las personas homosexuales. Su razonamiento es muy simple: si los homosexuales son hijos de Dios, ¿por qué no pueden casarse? Es más, ellos nos ayudan a ampliar nuestra visión de la sexualidad, de modo que no la reduzcamos a una mera tarea reproductiva.

Sin embargo, en su afecto por las personas, que es algo digno de seguirse, olvida que la Biblia, en bastantes textos explícitos y en toda su concepción de la sexualidad, es totalmente contraria a la unión sexual entre personas del mismo sexo. Y esto no porque la Biblia sea pacata, sino porque el amor entre un hombre y una mujer es figura del fecundo amor de Dios y su pueblo (de Cristo y la Iglesia, dirán los cristianos siguiendo a San Pablo). ¿Puede haber una exaltación mayor de la unión conyugal? Pero precisamente esa altísima valoración de la unión de los cuerpos hace que la penetración de un varón por otro, o el abrazo de dos mujeres, no sean capaces de simbolizar la indisoluble unión de Dios y su pueblo.

Frente a temas delicados, como la homosexualidad, los cristianos podemos seguir dos estrategias muy diferentes. Una es la estrategia espiritualista de Felipe Berríos, donde lo que uno haga con su cuerpo no tiene importancia radical, y lo único que importa es el afecto entre las personas involucradas, aunque eso signifique echarse al bolsillo la Biblia y una tradición varias veces milenaria, representada en este caso por la Iglesia, pero no solo por ella. En esta estrategia, casi todo es susceptible de ser bendecido, porque lo importante es la acogida (de las personas y sus actos) y que nadie sufra.

La otra estrategia es mostrar una infinita acogida a las personas (el Papa nos está dando un magnífico ejemplo), abstenernos de juzgar a los hombres y mujeres concretos, pero tomarnos muy en serio las enseñanzas de la Biblia y tener el valor de decirles que no podemos aprobar su comportamiento. Dicho con otras palabras, el cura puede y debe bendecir a las personas, pero no puede bendecir cualquier conducta ni cualquier anillo (ni cualquier banco). Esto, obviamente, implica que vamos a sufrir: no solo las personas homosexuales, sino también el resto de nosotros. Pero no todo sufrimiento es malo, también existe un sufrimiento purificador. El cristiano sabe que si acoge la palabra de Dios, Él sabrá cómo arregla las cosas.

Por mi parte, prefiero confiar en la misericordia de Dios antes que en la peculiar misericordia del padre Berríos.


Hora de resolver,

por Juan Andrés Fontaine.


El debate Parlamentario sobre la reforma tributaria está ingresando a su fase crucial. El proyecto ha sido objeto de contundentes críticas por la mayoría de ex autoridades, expertos y líderes empresariales que han visitado la comisión del Senado donde está radicada su tramitación. La polémica ha despertado inusitado interés periodístico, y la opinión pública -a juzgar por las encuestas- se ha tornado reticente a la idea, pese a la tonalidad populista con que ella fue inicialmente defendida. El Gobierno, que tiene iniciativa exclusiva en materia de Legislación tributaria, debe prestar oídos a la opinión de los expertos y a la preocupación de la ciudadanía.


La propuesta Gubernamental persigue allegar recursos al presupuesto Fiscal y propender a una distribución de la renta menos desigual. El problema es que ambos objetivos son desvirtuados si como consecuencia de la reforma el crecimiento económico se frena, porque ello significaría menos recaudación de impuestos y más cesantía. Algo de eso ya está en el aire, en el bajón que está sufriendo la actividad económica, aunque por cierto no pueda ser atribuido solo a la reforma tributaria. La Presidente Bachelet debe sopesar si esta economía declinante es lo que quiere legar al país.


El diagnóstico técnico en el que el Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, fundó su propuesta ha sido casi unánimemente refutado. En su visión, el incremento de hasta el 35% de la tributación sobre las utilidades reinvertidas por las empresas no dañaría la inversión porque ellas podrían recurrir sin problemas a la deuda externa o interna. Esa peregrina idea ha sido echada abajo: los expertos concuerdan en que la propuesta desalienta el ahorro, la inversión y la creación de empleos en todas las empresas, y muy especialmente en las pymes. La magnitud del impacto sería importante: un connotado economista -ex autoridad en tiempos de la Concertación- ha estimado que podría rebajar en hasta 6% el nivel de nuestro ingreso nacional, indefinidamente, en cada uno de los años futuros: una catástrofe diez o más veces mayor que la del Transantiago. Nuevamente, la clase media y los sectores vulnerables serían los principales afectados.


Afortunadamente, todo esto es evitable. Es perfectamente posible diseñar un sistema tributario que preserve las virtudes del nuestro -la integración de las rentas de diferentes fuentes en una sola base y el tratamiento diferenciado de las utilidades reinvertidas o ahorradas por las empresas- sin necesidad de mantener el vapuleado FUT. Tampoco es necesario aventurarse al azaroso territorio de las rentas atribuidas, como pretende el proyecto, cuya viabilidad Constitucional y práctica está seriamente cuestionada. El Gobierno debe abrirse a introducir cambios de fondo en su propuesta original, y el Senado debe hacérselo ver.


Resquicios constitucionales,

por Axel Buchheister.


Durante la campaña Presidencial creímos que cambiar la Constitución sería la tarea prioritaria del nuevo Gobierno. Pero no ha sido así y el tema fue diferido para el próximo año. Y quizás nunca suceda, porque parece haberse optado por un camino más simple: dejarla en desuso. Es cosa de ver los proyectos de Ley del Ejecutivo con creativos artilugios para saltarse la Carta Fundamental. Los legendarios resquicios.


En la reforma a la educación, aparte de hacerse tabla rasa con la libertad de enseñanza, hay una de esas ocurrencias. Se prohíbe que los colegios “lucren” con la subvención, lo que hasta ahora era válido. Como gran opción para los que creyeron en esa política, se les ofrece “vender” las instalaciones al Estado, mediante un elaborado mecanismo de pago a 12 años con un 4% de interés. La Constitución dice que si el Estado quiere expropiar un bien, debe pagar su valor real en dinero efectivo y al contado, cuyo monto es objetable ante Tribunales. En el proyecto, el Estado acorrala al dueño para que entregue el bien, pero eso no es expropiación. Para avalar esto, se inventó el correspondiente argumento: los dueños compraron las instalaciones con la subvención, que son platas públicas. Una falacia, porque el beneficiario de la subvención es el alumno y lo que hizo el Estado fue pagar directamente al colegio por el servicio educacional que se le entregó a éste.


Luego tenemos la “Ley corta de los puertos”. La cosa es así: hay una controversia pendiente entre trabajadores y empresas portuarias sobre si corresponde pagar el descanso durante la jornada. De acuerdo con la Constitución, las controversias las resuelven los Tribunales y las Leyes no pueden avocarse a ellas. Entonces, la Ley armará un tinglado para hacerlo: aplica un impuesto a las empresas por carga movilizada y crea un fondo que “podrá recibir” recursos Fiscales con cargo a la recaudación de ese tributo, el que pagará a los trabajadores un beneficio por haber prestado servicios sin pago por el descanso. Controversia resuelta por la Ley, con cargo al patrimonio de una de las partes y sin las molestas demoras de un juicio. De paso se infringen principios Constitucionales como la igualdad ante las cargas tributarias (es un impuesto que no paga nadie más) y la prohibición de afectar tributos a un fin determinado.


La Ministro del Trabajo nos ilustra también respecto del proyecto en estudio sobre negociación colectiva, que únicamente podrá materializar el sindicato más “representativo” de la empresa. La Constitución -porfiada a esta altura- establece la libertad de sindicación, que significa que se es libre para pertenecer a cualquier sindicato. Pero si sólo uno de ellos podrá concretar lo que en el hecho es la finalidad más relevante de un sindicato: ¿a cuál decidiría usted “libremente” pertenecer?


En cualquier democracia seria la oposición política estaría haciendo una tormenta por todo esto. No en Chile, en que la preocupación de los partidos de centroderecha está en cosas más prioritarias, como decidir qué luz verde se le dará a la marihuana o de otras yerbas similares.


El temprano impacto de la reforma educacional.


Apoderados que se movilizan, sostenedores que evalúan convertirse en particulares pagados y bancos reacios a financiar al sector ante la incertidumbre.


Las autoridades piden evitar el alarmismo. Dicen que la reforma educacional aún no está completa, que falta conocer la “agenda larga” que buscará fortalecer la educación pública y que los proyectos presentados no implican la desaparición de la educación particular subvencionada en el sistema de la provisión mixta.


Los padres y apoderados de los colegios particulares subvencionados no piensan lo mismo. Seminarios y encuentros se suceden a lo largo del país, convocando por igual a profesores, sostenedores y apoderados. Han servido como tribunas para que las autoridades expliquen los lineamientos de su reforma, pero también para que estos distintos actores involucrados puedan exponer sus dudas y temores. Sobre todo los temores, porque pocas cosas preocupan y motivan a los padres y madres que la educación de sus hijos. Son varias las encuestas y estudios que demuestran que, detrás de la elección de un colegio particular subvencionado en lugar de uno Municipal, los apoderados buscan seguridad y mejor ambiente. En otras palabras, son el fruto de decisiones bien fundamentadas que encuentran su aliado en la libertad de elección y diversidad de oferta educacional.


Esos atributos del actual sistema son los que padres y apoderados ven ahora amenazados y por eso salen a la calle y se manifiestan. Muchos o pocos según diferentes observadores. Pero la cantidad no es lo relevante, sino una señal que debe ser atendida por las autoridades de Gobierno, tal como lo han hecho Parlamentarios de sus propias filas. “Creo en una buena reforma educacional, sobre la base de un gran acuerdo nacional, al margen de caricaturas y descalificaciones”, decía el pasado viernes el Senador DC Ignacio Walker en un seminario sobre el proyecto, organizado por la Asociación de Municipalidades. Y cómo no recoger los puntos de vista de quienes, por lo demás, mayoritariamente han optado por un determinado sistema educacional: los estudiantes que hoy asisten a colegios particulares subvencionados alcanzan al 54% de la matrícula escolar del país.


Distintos sondeos han mostrado que al momento de elegir colegio los apoderados privilegian ante todo la calidad de la educación por sobre la gratuidad, y por lo mismo valoran la posibilidad de hacer aportes si con ello pueden contribuir a mejorar la educación que reciben sus hijos. Los ejes de la reforma propuesta no avanzan en la dirección de profundizar la calidad, y difícilmente ello será posible si se limitan las opciones educacionales y se termina con los incentivos para atraer a los mejores alumnos y crear proyectos educativos competitivos.


Las señales de preocupación ante estos impactos no deseados de la reforma educacional se advierten también en las preocupaciones de los propios sostenedores, que pronto deberán decidir si permanecen bajo la condición actual, prosiguen en la actividad o convierten sus establecimientos en colegios particulares pagados. Ahora un banco ha denegado el acceso al crédito a un sostenedor ante el riesgo en los flujos que suponen los cambios legales en discusión. No es culpa de la entidad financiera, la cual debe contar con resguardos y garantías para otorgar financiamiento. El hecho sirve más bien para evidenciar hasta qué punto el impacto de la reforma es mucho más inmediato de lo que se supone, que iniciativas como ésta no pueden ser el fruto de un mero ejercicio académico y que, por lo tanto, el ministerio haría bien en poner una cuota de mesura en este vertiginoso e injustificado ritmo de cambios.


Solución cuestionable en los puertos.


En el proyecto de Ley que modifica diversos aspectos del régimen laboral de los trabajadores portuarios, el Gobierno incluyó normas para resolver la disputa que se arrastra por años entre trabajadores y empleadores del sector, sobre la procedencia de un descanso para colación durante la jornada. Ella provocó un paro durante el verano pasado en los puertos, que para ponerle fin el Gobierno anterior acordó con los trabajadores una compensación con cargo a recursos Fiscales.


Dicho acuerdo fue asumido por el actual Gobierno, que es lo que aborda dicha iniciativa Legal. Sin embargo, conocida ésta, se concluye que va más allá de lo señalado, porque la compensación en definitiva será de cargo de los empleadores. Para ello, se establece un tributo por cuatro años a la transferencia de carga en los puertos, aunque se lo conciba como un aporte patronal al “Fondo de Modernización Portuaria”, que se crea en el mismo proyecto, y cuyo producto en la práctica se destinará a pagar dicha compensación. Con ello, el Ejecutivo interviene en un conflicto privado, que corresponde sea resuelto por los Tribunales de Justicia, que son los únicos que pueden determinar cuál es el derecho aplicable en las controversias Legales. Se valida así el camino de la presión, más allá de lo que sea el alcance efectivo de la Ley, y se crea un precedente preocupante de intervención Estatal en las actividades económicas.


Pero si ya era cuestionable que un conflicto privado se resolviera con fondos públicos, más aún es que para ello se recurra a un tributo de dudosa Constitucionalidad, por lesionar la igualdad ante la Ley tributaria -grava sólo a ciertas empresas-, y estar afecto a un destino determinado, lo que está vedado por la Constitución. Con ello, se introduce una duda sobre la prescindencia de la autoridad en sus actuaciones y en la dictación de las Leyes.


Enfoques Internacionales:

Panorama peruano.


Es habitual la impopularidad de los mandatarios del Perú: se descapitalizan rápida y progresivamente durante su gestión y, a diferencia de los chilenos, no se recuperan al final de sus ejercicios. El caso del Presidente Humala es más agudo. Según las recientes encuestas, su rechazo aumentó al 75% y su apoyo ciudadano ha caído al 21%, el más bajo de su mandato y bastante por debajo de sus predecesores en tiempos similares. Este resultado podría haber influido en el relevo de sus Ministros de Interior, Transportes y Relaciones Exteriores, y en el anuncio de medidas para detener la baja en la actividad económica. Entre estas decisiones se incluye la licitación del gasoducto que transportará el gas de Camisea al sur peruano, cuya viabilidad económica depende de exportaciones de gas a Chile.


Parece haberse esfumado el apoyo que recibió Humala tras el fallo de la Corte de La Haya sobre delimitación marítima con Chile. Ahora debe asumir la implementación de tal sentencia, que requiere cambios reglamentarios y reformas que deben ser aprobadas por el Congreso para adecuar la Legislación interna al derecho internacional. Probablemente esa haya sido la causa del cambio de Canciller, con la designación de su Embajador en China, Gonzalo Gutiérrez. Se trata de un profesional de la Diplomacia, a diferencia de su antecesora, Eva Rivas, ex Ministro de Justicia, una designación política resistida por el servicio exterior peruano. Gutiérrez es conocido de muchos chilenos por su pasado desempeño como Ministro consejero en la Embajada peruana en Santiago y por su cruzada para impedir el uso de la denominación "pisco" por las producciones chilenas. No tuvo éxito en ese cometido y la Unión Europea autorizó su mención para las exportaciones peruanas y chilenas. Después de esa campaña fue nombrado Vicecanciller.


También se anunció la designación de Fernando Rojas, otro profesional y reciente Jefe del servicio exterior peruano, en reemplazo del Embajador de Perú en Chile, Carlos Pareja. El desempeño de Pareja en momentos complejos para las relaciones bilaterales ha merecido transversal respeto y reconocimiento en nuestro país y seguramente en el suyo.


El nuevo Embajador y el flamante Canciller deberán enfrentar los desencuentros que ya se han producido por la insistencia peruana en reclamar terrenos de menos de 4 hectáreas en la frontera entre ambos países. Para Chile, la reclamación peruana carece de sentido. Si bien la Corte no se pronunció sobre este aspecto -la demanda se refería solo al territorio marítimo-, sí determinó que el límite marítimo era el paralelo que atraviesa el Hito 1, desechando así la pretensión peruana de que dicho límite comenzara en el pretendido Punto 266 o Concordia, situado a unos 200 metros al sur del Hito 1. Insistir en esto para reclamar soberanía peruana sobre un arenal, un triángulo yermo, de escasa extensión, al sur del paralelo limítrofe fijado por la Corte Internacional de Justicia y sin acceso al mar, es decir, con costa seca, no parece lógico ni aceptable. Algunos interpretan la polémica como un pretexto del Perú para mantener abiertas reclamaciones territoriales contra Chile, arriesgando un retroceso y enturbiamiento de las confianzas y relaciones bilaterales.


Agitaciones en el chavismo.


El Presidente de Venezuela comienza a asumir los costos de disidencia de la vieja guardia chavista, con riesgo de perder o dividir el control de su partido, que debe renovar su liderazgo el 20 del mes próximo. La rebelión desencadenada por la salida del Ministro de Planificación, Jorge Giordano, dogmático marxista e histórico referente intelectual y Vicepresidente de Hugo Chávez, cesado la semana pasada, llega en pésimo momento para Maduro. Su popularidad ha descendido al 30% y la crisis económica se agudiza por el desabastecimiento, la inflación más alta del mundo -estimada en 60% anual- y un escuálido y rígido mercado cambiario que valora desde 6,30 bolívares por dólar hasta 70 en el mercado paralelo.


Según algunos, la destitución de Giordano es una estrategia de Maduro para construir una base depurada del chavismo más dogmático en lo económico, a fin de disponer de total autonomía y de algún pragmatismo. Así se explicarían expresiones autoritarias sobre el futuro manejo económico. Antiguos y connotados Ministros del chavismo se han sumado a las críticas del defenestrado Ministro Giordano, denunciando ausencia de planificación socialista y alejamiento de los principios bolivarianos en las medidas económicas.


Frente a la rebelión, el Presidente ha recibido el apoyo de Diosdado Cabello, Presidente del Legislativo y desplazado por Maduro en la sucesión de Chávez.


Hasta ahora, Maduro se mantiene firme frente a las demandas internas e internacionales para que ponga término a las medidas de fuerza, censura y prisión en contra de sus opositores. José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch, ha pedido a los países miembros de Unasur que pongan término a su silencio ante los abusos de derechos humanos que se están cometiendo en Venezuela, donde la represión a las protestas opositoras ya suma 42 muertos, miles de detenidos y centenares de heridos. A juicio de Vivanco, mientras diversos organismos internacionales extracontinentales, entre ellos relatores de derechos humanos de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, expresan preocupación por la situación en Venezuela, el Sistema Interamericano, la OEA y Unasur no han condenado los gravísimos abusos cometidos por agentes Estatales venezolanos. Para reparar estas transgresiones, Human Rights Watch ha puesto en una encrucijada a algunos personeros al pedir la intervención del Canciller chileno, Heraldo Muñoz, y de sus pares sudamericanos.



Pueblos bien informados

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Evelyn Matthei evaluó en CNN los 3 primeros meses de Bachelet…

Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

LANATA : CARTA A CRISTINA FERNÁNDEZ.

Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".

Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
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Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

Padre nuestro que estás.....

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A Nuestros Hombres de Armas y nuestros caídos

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