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Privilegios poco conocidos,

por Karin Ebensperger.

El Tratado de 1904 fue un hecho muy excepcional: que un país que ha perdido una guerra, como Bolivia, recién después de 20 años firme un tratado negociado y acordado, con onerosas compensaciones de Chile, es algo en realidad muy civilizado por parte del ganador. Y el que fuera considerado favorable por los propios bolivianos, en una época en que la lógica imperante era que el que gana una guerra traumática impone por la fuerza un acuerdo al otro, implica un respeto excepcional por parte de Chile.

Por eso no extraña que el candidato Ismael Montes ganara la Presidencia de Bolivia justo en 1904, debido a que su campaña se basó en resaltar el excelente tratado que La Paz había obtenido. Su sucesor, Eliodoro Villazón, fue elegido en 1909 con similar argumento, y el propio Montes, tan defensor del tratado, fue reelegido en 1913.

No es para menos: de los más de 40 países sin acceso a costas que existen en el mundo, Bolivia es por lejos el más favorecido de todos, en virtud de ese tratado. El amplio libre tránsito establecido y celosamente defendido por Chile para las exportaciones bolivianas hacia el Pacífico, sin IVA, y el almacenaje gratis por años, que Chile le otorga en nuestros puertos (gratuidad que los exportadores chilenos no tienen); las construcciones para Bolivia en los puertos, y los pagos por el Estado chileno a los administradores portuarios para compensar las gratuidades otorgadas a Bolivia, y la mantención del ferrocarril Arica-La Paz, significan un gasto para Chile de 100 millones de dólares anuales.

Además, hay que recordar lo que Chile otorgó para la firma del tratado: el costo de la línea y del tren Arica-La Paz fue de 115 mil millones de pesos (más de 4 millones de libras esterlinas de 1913, cuando se terminó). Si se suman otras obras relacionadas, y la construcción de otra red ferroviaria interna en Bolivia y solventada por Chile, más lo que se pagó a empresas mineras bolivianas, y lo que Chile aportó para la deuda boliviana y otras compensaciones al Gobierno de La Paz, la cifra asciende a 324 millones de dólares, o más de 178 mil millones de pesos de hoy (cifra calculada por Matías Bakit, de "El Mercurio", con profesores de Economía de la UC). Eso, para el tamaño de las economías de esa época era sideral: le significó a Chile aportar el 5,4% de su PIB de 1905 en compensaciones exigidas en el Tratado de 1904, vigente hasta hoy y respetado incluso más allá de lo necesario por Chile, ya que muchas de las ventajas de IVA y almacenaje no son parte de las exigencias y constituyen beneficios para bolivianos sobre los chilenos.

Un acuerdo así negociado, sin imposiciones de fuerza; firmado y ratificado por los congresos 20 años después de terminada la guerra de 1879, es algo inédito por lo favorable para el país que perdió tamaño conflicto.

Bolivia se presenta como una víctima por no tener una salida soberana al mar. Atribuye a eso todos sus problemas. Chile ha dado las mayores facilidades imaginables sin ceder soberanía, que es lo más sagrado de una nación. Los acercamientos fallan por las inestabilidades políticas internas de Bolivia. Por toda esta historia de aportes, gastos y búsquedas de facilidades de acceso al mar, Chile merecía reconocimiento. No una demanda ante La Haya por supuestos "derechos expectaticios", que pretenden dar una interpretación torcida a la buena voluntad chilena.

Los “Ministros fusibles”,

por Eugenio Guzmán.

Los Gabinetes son la forma en que los Gobiernos distribuyen el poder entre el o los partidos que lo apoyan e incluso entre las facciones al interior de ellos. Para eso, la fuerza relativa de cada grupo es central en la asignación de los cargos y, en consecuencia, el peso electoral es un factor ordenador.

También los Gabinetes reflejan la cercanía y compromiso con el Ejecutivo, y en tal sentido los Ministros deben blindarlo, para sortear los costos de popularidad que devienen de la administración del Gobierno. Así, los Ministros —más que representar a los partidos— terminan siendo funcionales al Presidente de turno más que a éstos.

Bajo esta lógica, los Ministros pasan a ser “fusibles” del Mandatario y, como tales, tienen como objetivo evitar que una sobrecarga de energía afecte a un circuito llegando a destruirlo, en este caso al Ejecutivo. No obstante, a costa de salvar al circuito el fusible se quema. Desde un punto de vista político-estratégico, es una forma adecuada de evitarle costos al Presidente; sin embargo, los Ministros-fusibles no terminan muy bien. Por lo pronto, absorben los costos de las decisiones Gubernativas tanto de parte de los opositores como de los partidos “Gobernantes”. El riesgo en todo esto es que los fusibles necesitan ser cambiados en momentos críticos, y si bien siempre hay candidatos dispuestos a asumir ese rol, también es cierto que hay costos de reemplazo. Y a menos que exista mucha cohesión y consenso ideológico entre los partidos, el riesgo de sobrecarga es alto.

Pero, existe otro costo adicional en la medida en que los Ministros-fusibles no están para negociar, sino para ejecutar. Esta lógica conlleva necesariamente a la destrucción de liderazgos y a cometer errores como las metáforas de Eyzaguirre, que proponen nivelar hacia abajo más que mejorar la calidad de la educación pública.

A 100 días de iniciado el Gobierno la tónica ha sido enviar los proyectos al Legislativo y esperar que éste los apruebe, al modo como un buzón recibe las cartas. Hasta ahora los costos los han pagado los Ministros y cuando la sobrecarga ha llegado a niveles críticos se recurre a introducir otro proyecto. Para descargar el sistema, la fórmula empleada ha sido la de tener un Gobierno en campaña y enviar a los Ministros a recorrer el país y dar a conocer el nuevo “evangelio”. Incluso, a pedir la intervención de Bachelet, lo que no corresponde demandar bajo esta lógica. Suponiendo que de este modo es posible contrarrestar los efectos de las críticas, lejos de eso sólo se aumenta la exposición a ellas.

Probablemente en estos días, para descargar el sistema, se vuelva a la fórmula de enviar otros proyectos. No obstante, el problema de fondo es si los Ministros-fusibles es una estrategia sustentable. Después de todo, un rasgo de los Gabinetes es que son un grupo de consejeros y no sólo de ejecutores.

El tiempo se agota,

por Axel Buchheister.

        

En la Araucanía recrudeció la violencia, pero con hechos que marcan un nuevo nivel de intensidad. Dos son los hechos que configuran una situación distinta.

El primero, el homicidio de un parcelero que fue acribillado en el interior de su casa, mientras afuera era quemado su vehículo y algunos de los atacantes disparaban contra Carabineros (no cabe decir que se enfrentaban con éstos, porque los policías sólo contestan con cartuchos antimotines y tienen vedado usar otra cosa). No hay evidencia hasta ahora que se trate de un hecho asociado a las reivindicaciones mapuches, pero aunque no lo esté, no dejaría de tener relación: hay un ambiente de impunidad que invita a realizar actos de extrema violencia en La Araucanía. Y si resulta asociado, habría un escalamiento en la violencia que comenzó con la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay. Porque no fue un asalto en despoblado que salió mal por resistencia de la víctima, sino que fue un acto deliberado: los múltiples disparos que impactaron al parcelero muestran que se buscaba matarlo.

El otro, la quema de una casa de un activista mapuche (no era de su propiedad, sino que se la había “tomado”, pero hoy eso equivale a que era suya), donde se encontró un panfleto que decía: “Te gusta quemar casas de personas humildes, ve ahora lo que se siente”. Un hecho grave, porque pudiera estar indicando un acto de venganza de quienes se sienten actuales o potenciales víctimas, o bien, de su propia etnia. En cualquier caso, una generalización de la violencia. Cabe condenar ese tipo de reacciones, pero en el hecho son comprensibles y hasta esperables cuando el Estado ya por una década ha sido incapaz de hacer prevalecer el estado de derecho y dar protección a las víctimas de atentados y a un sector muy amplio de la IX Región que vive un ambiente de amedrentamiento e inseguridad.

La autoridad ha contribuido por largo tiempo a la tensión, al no adoptar una política eficaz para resolver las demandas de grupos indígenas y dejarse llevar por los hechos. Pero hoy es peor, porque el Intendente regional toma una posición ambigua respecto de las demandas mediante la violencia: indica que ellas son un problema que se debe solucionar políticamente y califica a Celestino Córdova como emblemático para un sector, sin consideración de las víctimas. Más aún cuando hay sospechas de que a Córdova se le trasladará a una colonia agrícola, fruto del acuerdo para poner fin a su huelga de hambre, lo que en derecho no corresponde (no cumple los requisitos) y no se condice con la gravedad del delito cometido. Todo ello puede ser fuente de otra escalada en la violencia, tanto por parte de quienes vean que hay un respaldo a la impunidad, como potencialmente por los que se sientan frustrados por ello.

El tiempo de La Araucanía se está acabando para salir del círculo de la violencia. Se requiere de un acuerdo para acotar y resolver las reclamaciones indígenas, que incluya el deponer la violencia y acatar la Ley, e indemnizar a las víctimas, que ninguna culpa han tenido, antes que se salga de control.

"Eppur" Fueron Gobierno Militar,

por Hermógenes Pérez de Arce.

          La derecha chilena estaba muerta, pero se mantenía con respirador artificial, hasta que Sebastián Piñera finalmente la desconectó en septiembre de 2013, declarándola “cómplice pasiva” de un incontable número de supuestos delitos del Gobierno Militar, inventados por el Comintern soviético en los años 70 y 80, siguiendo el dictum de Leonid Brezhnev (“nunca más habrá otro Chile”) del que se hizo eco una comisión ad hoc creada en 1991 por Patricio Aylwin para bienquistarse con los comunistas. Chile fue el único país del siglo XX que cayó a la órbita soviética y salió por sus propios medios de ella, gracias a sus Fuerzas Armadas y Carabineros y a su Santa Patrona.

          Tras la lápida que le puso Piñera el 2013, la derecha efectivamente murió. Ello se reflejó en las elecciones Presidenciales y Parlamentarias de fin de año. Pues el puñal que aquél le clavó en la espalda implicó una verdadera condena moral. El pueblo se la creyó y por eso no votó por aquélla. Pero era una condena injusta, como lo demostré en mi libro “Ni Verdad Ni Reconciliación”, que no sólo se vendió bien en librerías sino que ha tenido cerca de cuatro mil visitas en este blog, donde está íntegro reproducido el 11 de septiembre de 2013 (fue mi contribución a la causa de la verdad histórica). Ahora he hecho otra, consistente en sacar un nuevo libro, de setecientas páginas, titulado “El Gobierno de Piñera”, donde reproduzco gran parte de mis blogs de cuatro años. Aparecerá la próxima semana y lo pondré en las librerías que lo acojan, haciéndolo además llegar a los directivos de medios e historiadores objetivos que puedan quedar en el país, para contribuir a la imparcialidad de sus juicios.

Pero si bien la derecha está políticamente muerta, su espíritu, como todos los espíritus, siguió y sigue vivo, aunque materializado en muy pocos lugares, uno de los cuales es este blog, desde donde contemplo con pena a los nuevos dirigentes de los ex partidos de derecha, RN y UDI, ahora en fuga hacia el centro y la izquierda, tratando de congraciarse con la corriente dominante “políticamente correcta”, que les exige como credencial para oírlos (en lugar de injuriarlos) la de separar aguas del Gobierno Militar. Claro, tienen un inconveniente para ser admitidos en ese club: fueron realmente, tanto RN como la UDI, parte sustancial del Gobierno Militar, habiéndose fundado bajo su égida, bregado por el triunfo del “sí” en 1989 y ocupado sus principales personalidades numerosos Ministerios, Subsecretarías, Superintendencias, direcciones de servicios, Intendencias y Alcaldías. Es que  “fueron” Gobierno Militar.

De ahí que, al término del referido régimen salvador del país y reconstructor de sus instituciones básicas, entre ellas su democracia, las Declaraciones de Principios de ambos partidos incluyeran un explícito reconocimiento a los méritos del mismo.

Pues bien, llegados ahora a las Presidencias de ambos partidos ex de derecha Parlamentarios que eran infantes o niños, o en el mejor de los casos imberbes, entre 1973 y 1990, y habiendo sido ellos objeto del mismo lavado cerebral que casi todos los chilenos a lo largo de casi un cuarto de siglo, se han empeñado últimamente en unas sendas y risibles “reformas” de sus Declaraciones de Principios para hacer como que nunca fueron parte del Gobierno al cual todo le deben y bajo cuya protección y popularidad nacieron. Cuando los padres fundadores de ambas colectividades redactaron esas Declaraciones de Principios jamás se imaginaron llegar alguna vez a ser tachados de “cómplices pasivos” de una obra de la cual se enorgullecían y que consideraban (y lo fue) benemérita, como la de contribuir a salvar al país, justificar la derrota de las armas rojas por las armas institucionales, y reconstruir su economía, su sociedad y su democracia arrasadas por el conato marxista-leninista.

Nadie habría podido prever que iba a haber un Sebastián Piñera “cómplice activo” del comunismo en la tarea de desprestigiar al régimen refundador de Chile.

Dejo constancia de mi consciente uso de términos conceptualmente incorrectos como los de “cómplices activos” y “cómplices pasivos”, pues la complicidad exige por sí misma una actividad, dado que entraña una acción efectiva. No existe una cosa tal como un “cómplice pasivo”, pues tal expresión es una contradicción en los términos; y decir “cómplice activo” constituye una redundancia. La primera sólo la repito aquí por haber sido utilizada errónea pero insultantemente por “el más inculto de los Presidentes de Chile”, como lo describió la edición de la revista “Ercilla” hace algunas semanas, cuando incluyó como separata su biografía no autorizada.

Cuando Galileo Galilei hace medio milenio descubrió que la Tierra se movía alrededor del Sol y no viceversa, como lo enseñaba la ciencia “políticamente correcta”, que la suponía el centro inmóvil del universo, fue condenado por el pensamiento oficial y puesto en prisión, de la cual, según se le informó, podría salir si reconocía como verdadera la teoría geocéntrica, oficialmente consagrada entonces, en lugar de la heliocéntrica defendida por él. Galileo, con tanto sentido común como los jóvenes nuevos Presidentes de RN y la UDI de hoy, se sometió a la versión “políticamente correcta” y declaró que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y demás astros giraban en torno a ella, pero musitó para la historia en voz apenas audible, “eppur si muove”, “y sin embargo se mueve”, lo que, referido a la Tierra, validaba su recta doctrina. Pero sus juzgadores hicieron como que no oían y lo liberaron de todas maneras.

Los noveles conductores de RN y la UDI, sintiéndose conminados por la corriente dominante y “políticamente correcta”, que exige condenar al Gobierno Militar y, por tanto, suprimir de las Declaraciones de Principios de ambos partidos las líneas admirativas de él y que dicen que salvó a Chile de caer en un régimen totalitario, reconstruyó al país y venció al extremismo armado, podrían perfectamente hacerlo con una nota al pie en el tipo más pequeño, que dijera tan solo: “Eppur salvó a Chile”. Así podrían continuar activos en la vida política, confiando en que ni el centro ni la izquierda leerán la letra chica ni los vituperarán.

Estas situaciones se dan en contextos de dictaduras de izquierda como la que se está entronizando en Chile. En un régimen precursor del actual Gobierno nacional, como lo era el de la URSS, era habitual que documentos y fotografías fuesen retocados para hacer desaparecer de ellos constancias o personajes caídos en desgracia. La prensa libre de occidente se solazaba reproduciendo unas mismas fotos “antes y después” de acontecimientos en que las imágenes de los caídos en las “purgas” eran maestramente suprimidas. La prensa libre en el futuro seguramente se va a solazar, a su turno, reproduciendo las “Declaraciones de Principios” de RN y la UDI "antes y después" del transformismo que las hará “políticamente correctas”. Y no faltará el comentarista que recuerde al efecto la frase de Groucho Marx: “Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros”.

Por supuesto, estas nuevas directivas no se preocupan de las cosas realmente graves que suceden en el país, como lo es el mayor escándalo de nuestro tiempo, la violación sistemática de las Leyes penales por la Justicia de izquierda a expensas de los militares del ’73 que salvaron a Chile. En estos mismos días se ha prevaricado una vez más impunemente, al ordenar el Ministro Mario Carroza la prisión ilegal de los Carabineros Luis Monroy Mora y José Orellana Taibo, que cumpliendo su deber controlaron un vehículo sospechoso en la avenida Pedro de Valdivia hace 35 años, desde el interior del cual les disparó con su pistola Browning de 9 mm. el mirista Ricardo Delfín Ruz Zañartu, a quien respondieron el fuego y dieron muerte, como era su obligación de servidores del orden actuando en protección de la ciudadanía y en legítima defensa. La venganza ilícita de la Judicatura de izquierda contra los más indefensos de nuestra sociedad, con la posible excepción, dentro de poco, de los nasciturus, jamás ha merecido siquiera una mención ni menos una declaración de los “valerosos” dirigentes de la derecha difunta que hoy pretenden ser admitidos en el club de los políticamente correctos.

Con el tiempo, por supuesto, hasta la historia oficial dirá en letras grandes que el Gobierno Militar salvó a Chile, acudió al llamado de auxilio de los demócratas y derrotó al terrorismo armado de la extrema izquierda, convirtiendo al país en “la joya más valiosa de la corona latinoamericana”, como explícitamente lo reconociera su adversario político Bill Clinton. Y todo esto en la confianza de que durante los próximos tres años y medio la Nueva Mayoría no alcance a destruir por completo, con colaboraciones de sus adversarios como la que hoy comento, el modelo de sociedad en que vivimos.

El peligro de más Estado en la economía.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, ha expresado la preocupación de su gremio por el "excesivo control que empieza a tener el Estado respecto de la actividad privada". Alude al posible impacto de las modificaciones tributarias en el nivel de liquidez de las empresas y, en especial, a las nuevas atribuciones para Impuestos Internos, que significarán un alto grado de discrecionalidad, así como también a las mayores facultades que se han propuesto para el Sernac.

Estas inquietudes son fundadas y concuerdan con las aprensiones que diversos actores han planteado respecto de numerosos anuncios del Gobierno. La creación de una AFP Estatal, la fundación de dos universidades públicas, el fin de las concesiones de hospitales y en particular el nuevo papel que se busca dar al Estado en la educación, constituyen un giro muy radical respecto de la política que el país ha llevado adelante en los últimos 40 años. Paradójicamente, ese lapso ha sido el más exitoso en su historia en todos los índices de desarrollo y en la comparación con el resto de las naciones del continente.

Las dos principales razones invocadas para justificar este nuevo enfoque del rol del Estado son la desigualdad del país y los abusos cometidos por las empresas privadas. Y si bien eso tiene algún asidero, el diagnóstico y la solución son erradas.

Nuestra república ha tenido una alta desigualdad por razones históricas, mas no como fruto de las políticas impulsadas en las últimas décadas. Por el contrario, durante ellas las cifras muestran más bien disminuciones importantes en esta materia. Y es efectivo que han existido abusos emblemáticos, como los de las farmacias coludidas y La Polar, pero esa experiencia debería mover a mejorar la regulación, y no a limitar el espíritu emprendedor privado.

Es un error creer que una mayor injerencia Estatal -más allá de una regulación que promueva la competencia y sancione las malas prácticas- brindará un mayor bienestar a los ciudadanos. La experiencia del siglo XX tanto en Chile como en el mundo mostró muchas más deficiencias -y aun catástrofes- que beneficios derivados de un Estado empresario o una sobrerregulación de la actividad privada.

En lo empresarial, el Estado tiende a la ineficiencia y está permanentemente expuesto a la captura por grupos de interés. Ya en el siglo XVIII los fisiócratas denunciaron las malas políticas mercantilistas impulsadas por quienes creían ver en el Estado la solución a todos los problemas nacionales. El Chile actual ya ha sufrido experiencias suficientes como para no caer en semejante regresión.

¿Segregación o alternativas de educación?

El renovado pliego de peticiones de los alumnos que se tomaron el Instituto Nacional incluyó hace unos días la solicitud de abrir el establecimiento, históricamente reservado para educación masculina, a estudiantes femeninas. Diversas figuras secundaron el planteamiento, reclamando que se trata de una evidente segregación. “Queremos que en el criterio de admisión, de una vez por todas, se termine con la selección de todo tipo, incluida la por género”, señaló a este medio el Presidente del centro de alumnos.

Como es sabido, la educación pública en Chile admite la existencia de colegios mixtos y unisexuales, tal como ocurre en buena parte del mundo. La definición, por cierto, no dice relación con medidas de segregación, sino que se inserta en la propuesta educacional de cada establecimiento y tiene en cuenta las diferencias propias que se observan en el proceso de formación de hombres y mujeres. Existen muchos estudios sobre la materia y los expertos no han llegado a conclusiones definitivas sobre las ventajas de un modelo sobre el otro.

De hecho, los resultados de las pruebas de medición de conocimientos, como el Simce, dan cuenta de mejores rendimientos en colegios de un solo sexo, como también existe experiencia a favor de las instituciones mixtas en otro tipo de exámenes. Lo anterior es relevante, porque deja en evidencia el giro evidentemente político de la discusión, donde los argumentos técnicos desaparecen tras esta genérica demanda de educación sin selección.

El problema de la educación chilena no reside en esta supuesta segregación por género. Ni siquiera en la segregación en sí misma. El desafío radica en la igualdad de oportunidades, en que la educación sirva de trampolín para una mejor vida. Y para ello, la mejor fórmula consiste en abrir las opciones para que los apoderados puedan elegir, de manera transparente e informada, la educación que quieren para sus pupilos. Incluyendo, por cierto, la posibilidad de optar por colegios mixtos o unisexuales.

Enfoques Internacionales:

Argentina y los buitres.

Tendrá que ajustar las cuentas para pagar, porque la Presidente fue categórica: Argentina cumplirá sus compromisos con los que renegociaron y con los que no lo hicieron. El cómo está ahora por verse. En los últimos meses había demostrado voluntad de normalizar sus cuentas, pero manteniendo su postura intransigente con los "fondos rebeldes", a los que llama "buitres". Estos no renegociaron en las condiciones ofrecidas por el Estado argentino, y acudieron a la Justicia estadounidense. Su fallo obliga a pagar la totalidad de la deuda que mantiene con estos acreedores. Son 1.330 millones de dólares, más intereses, pero podrían transformarse en 15.000 millones si otros tenedores no incluidos en el juicio exigen igualdad de condiciones, aunque voces peronistas sugieren que el efecto determinado por la sentencia Judicial los aleja de la voluntariedad establecida en la cláusula. Y voces desde el Gobierno dicen que incluso se podría llegar a la suma de 120 mil millones de dólares si quienes repactaron, el 92,4% de los bonistas, resuelven hacer lo mismo.

El Gobierno argentino sabe que debe decidir rápido, antes del 30 de junio, cuando se vence una cuota de 900 millones a los bonistas reestructurados. Si no llega a acuerdo con los "buitres", no podrá depositar en el Banco de Nueva York sin el riesgo de que esos fondos sean embargados por decisión Judicial.

Tampoco puede cambiar el lugar de pago de esos bonos a Buenos Aires, como quería, porque fueron emitidos en los Estados Unidos.

Cristina baja el tono confrontacional.

Con una popularidad que cayó a menos del 30%, Cristina Fernández hizo el viernes un discurso apaciguador, no confrontacional, y pidió al Juez norteamericano "condiciones para un acuerdo igualitario" con los acreedores.

El Gobierno, que ha tomado conciencia de que la única salida es cumplir la sentencia, debe ahora explicar la estrategia a seguir. Se dice que los "buitres" están dispuestos a aceptar bonos e incluso plazos, tomando como precedente los recientes acuerdos con el Club de París y Repsol. En ambos casos, Argentina pagará con bonos.

El argentino medio está distraído con el Mundial de Fútbol, pero obviamente le preocupa el problema de la deuda, aunque la inflación, el desempleo y la inseguridad son los temas que le tocan más de cerca. Pero así como antes la mayoría no quería saber nada de pagarles a los "buitres", ahora quiere salir rápido de ese conflicto. Daniel Scioli representó a muchos cuando dijo que "Argentina demuestra con hechos que cumple. La solución es llegar a un acuerdo y pagar, obviamente".

Ucrania se equilibra entre Europa y Rusia.

Un delicado juego de equilibrios políticos debe manejar el nuevo Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, si quiere alcanzar su objetivo de acercamiento con la Unión Europea y mejorar sustancialmente sus relaciones con Rusia, que están en su peor momento. Fue una complicada primera quincena de Gobierno: los combates en el sureste del país continuaron; Gazprom, la Estatal rusa, le cortó el gas por no pago de la deuda, y tuvo que cambiar a su Canciller, luego que este insultara en público al Presidente Vladimir Putin.

Buen recibimiento tuvo su propuesta de plan para un cese el fuego; era lo esperable, ya que Poroshenko antes lo conversó directamente con Putin y también con Angela Merkel. Ahora está en duda hasta qué punto los separatistas prorrusos acogerán los términos, y cuánto poder tiene el Kremlin para convencerlos de que deben deponer la lucha.

En cuanto a la "guerra del gas", no se ve una solución rápida. Kiev y Moscú se demandaron mutuamente por este tema ante una corte sueca. Rusia exige el pago total antes de seguir bombeando. Ucrania tiene reservas hasta este otoño boreal, y debe rellenarlas antes del invierno. El suministro a Europa está asegurado, según Moscú. Si no llega a acuerdo, Ucrania (que produce el 40% del gas que consume) podría comprar gas a Europa, para lo que tendría que invertir el flujo del que viene de Rusia, país que considera ilegal esa venta.

Kiev mostró otro as bajo su manga: ofreció la posibilidad de abrir la propiedad del gasoducto -que es una empresa Estatal- a inversionistas europeos. Eso molesta a Rusia, que no puede oponerse, pero le da crédito a quienes ven en la crisis ucraniana la "mano negra" occidental. El analista ruso Yevgueny Satanovsky dijo que el conflicto "es en gran parte provocado por Occidente para acordar con el Gobierno ruso las condiciones de control del sistema de transporte de gas y presionar a Rusia para bajar el precio". El reciente anuncio de que un hijo del Vicepresidente estadounidense se unió al directorio de una empresa Estatal de gas ucraniana no ayuda a desmentir las teorías conspirativas. Y tampoco lo hace la decisión de Bulgaria -supuestamente presionada por la UE y EE.UU.- de suspender la construcción de un gasoducto ruso que pasa por el sur, evitando atravesar territorio ucraniano.

En todo caso, para Europa y el resto del mundo las implicancias de la crisis ucraniana van más allá de una guerra comercial: ahí se están jugando los límites de las zonas de influencia de la UE, la OTAN y Rusia.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.