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martes, 17 de junio de 2014

Temas nacionales e internacionales de actualidad…












El lucro,
por Gonzalo Cordero


Desde antiguo se ha visto con reproche a las ganancias derivadas del capital.  Shylock impone en el préstamo a Antonio la pena de extraerle una libra de carne, muestra de que Shakespeare no estaba ajeno a la creencia medieval en la perversidad del préstamo de dinero con intereses, así como a la identificación del pueblo judío con esa práctica.


Siglos después el antisemitismo del socialismo nazi fomentó criminalmente la creencia de que el control que los judíos habrían tenido del capital era una de las principales causas de los problemas de Alemania.  Pero este recelo hacia las ganancias del capital no ha sido sólo fruto de la ignorancia y la crueldad. La doctrina social de la Iglesia ha buscado desde sus orígenes una solución equitativa a la tensión entre las rentas del trabajo y las del capital. Lo ha hecho, la verdad sea dicha, desde una posición más bien escéptica hacia estas últimas.


Esta es la cuestión de fondo.  La vieja pregunta acerca de si puede compararse la legitimidad de lo que se gana con uno u otro factor productivo clásico.  Conocemos la respuesta de Adam Smith y la de Marx, también sabemos que la prosperidad y el desarrollo se encontraron en el camino de Smith, no en el de Marx; pero la cuestión, al menos entre nosotros, está lejos de ser resuelta.


Entre los promotores de la reforma educacional se aducen dos argumentos diferentes. Por una parte se dice que el lucro es incompatible con la calidad en la educación; las razones, equivocadas o no, se esgrimen a partir de la realidad y pretenden un fundamento racional.  Su lógica es simple, el dueño siempre maximizará su ganancia, por lo que restringirá la reinversión, colocando un techo artificial a la calidad del servicio que se presta.


El otro argumento es que no se puede lucrar con recursos públicos. Esta es una afirmación a priori, que no pretende racionalidad empírica, sólo es un juicio de valor.  Aquí lo que se nos dice no es que la educación será peor en su resultado, sino que será estructuralmente injusta, pues alguien obtendrá una ganancia ilegítima per se, ya que se obtiene rentabilizando un capital que es de todos los chilenos. Si la renta se obtiene del trabajo (el sueldo del sostenedor) no hay problema, aunque haya recursos públicos involucrados, pero si se obtiene del capital es inaceptable.  Nada nuevo bajo el sol.


El primer argumento debería llevarnos a extender la prohibición del lucro a los colegios particulares; el segundo a la estatización de la provisión de todos los bienes públicos en que haya recursos del Estado involucrados.


Les sugiero a los sostenedores de colegios particulares subvencionados que si quieren saber dónde terminará la reforma educacional no sólo revisen papers y escuchen técnicos. Nada más útil que volver a leer El Mercader de Venecia y buscar con qué personaje se pueden identificar, ahí está su destino. De paso, también podríamos dejar de repetir esa ramplonería de que “Chile cambió” como explicación de todo, cuando el verdadero problema es que, contra lo que pensábamos, no ha cambiado nada.


Consigna o realidad,
por Daniel Mansuy.

La Presidente Michelle Bachelet ha dicho que existen muchos chilenos que aún no comprenden “en su integridad” la reforma educacional. Según ella, el corazón de esta reforma viene dado por el objetivo de tener, al fin, una “educación pública de calidad”. El mensaje implícito es que quienes se opongan al proyecto Gubernamental, son también opositores a una “educación pública de calidad”. Es cierto que el razonamiento es un poco rápido, pero qué va, el debate no está para sutilezas.


Algo de esto sabe Ignacio Walker, que es acusado de herejía cada vez que plantea alguna duda respecto de los proyectos oficialistas. Para la falange, el trago es bien amargo: son indispensables para la foto, pero están excluidos de las deliberaciones importantes. El método es bien parecido al chantaje y busca reducir al silencio cualquier disidencia. Las épocas de borrachera ideológica sólo admiten amigos y enemigos y sospechan de toda moderación (¿cómo dudar del bien que emergerá luego de la reforma?). Sin embargo, es cuestión de tiempo: el péndulo siempre ofrece una revancha.


Pero, ¿no será excesivo hablar de borrachera ideológica? ¿Por qué descalificar así la legítima ambición de mejorar la educación de los menos favorecidos? El problema reside precisamente allí, ya que nada de esto apunta a la calidad, como han admitido los promotores de la reforma. No hemos discutido del estatuto docente ni de los problemas objetivos de la educación Estatal ni de la sala de clases; la calidad es la ilustre ausente del debate.


Hasta aquí, el único objetivo es intervenir brutalmente la educación subvencionada -a un costo de varios miles de millones de dólares-, dejando a miles de familias en una incertidumbre bien parecida al desprecio. Y dicho sea de paso, ningún miembro de la elite aceptaría ser sometido a esa incertidumbre ni a ese desprecio. Hay aquí algo de cobardía moral.


Nada de esto es sorpresivo. Este Gobierno nunca tuvo programa, sino que se limitó a recoger un conjunto de consignas cuya única virtud es funcionar en la calle. Ahora, el oficialismo se enfrenta a un dilema: o traiciona la consigna -y con ella, al “movimiento estudiantil”- o traiciona la realidad. Por ahora, parece estar optando por lo primero.


¿Exagerado? La semana pasada, el Liceo A-14, de propiedad Estatal, tuvo que suspender sus clases por problemas en los baños, que no funcionan desde el año pasado. Se habían instalado baños químicos, pero devuelven las aguas servidas. Las clases quedaron suspendidas hasta el 23 de junio. En el Liceo Miguel de Cervantes -también de propiedad Estatal-, el problema son las goteras, pues el colegio se llueve. Son sólo dos ejemplos pedestres, entre muchos otros, de los problemas de la educación que reciben los más vulnerables. Sin embargo, nada de esto conmueve al Ministro, que prefiere desembolsar miles de millones para comprar infraestructura a los sostenedores, antes que invertir en mejoras efectivas. Importa poco que los colegios sigan agonizando, mientras la consigna perdure en su pureza impoluta.


Política climática de EE.UU.,
por Bjorn Lomborg.


El Presidente Obama fue noticia en todo el mundo por sus promesas acerca de una nueva política climática, que no sólo reduciría las emisiones de CO provenientes de la generación de electricidad en los Estados Unidos en un 30% hacia el 2030, sino que produciría más beneficios que costos. 


Las intenciones son buenas, pero la iniciativa tiene los mismos problemas que aquejan a la mayoría de las otras políticas climáticas idealistas en todo el mundo: lo que es inteligente tiene poco que ver con el clima y lo que se refiere al clima, en su mayoría, no es inteligente.


En primer lugar, la reducción real es del 10% de las emisiones de los EE.UU., ya que la regulación abarca sólo la producción de electricidad, la cual representa, aproximadamente, una tercera parte del total de emisiones.


Segundo, el argumento de promoción sugiere que la reducción del CO provendría de normativas que conducirían a una menor cantidad de plantas de energía impulsadas por carbón. En realidad, casi toda la reducción que se espera en las emisiones de CO proviene de las supuestas campañas de eficiencia energética que reducirían sustancialmente el uso de electricidad a través de la actualización de electrodomésticos y mejor aislamiento. 


Esta parte no tiene nada que ver con la regulación del CO. La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) cree que estas campañas producirán un ahorro neto de dinero a los consumidores, ya que los costos de los nuevos electrodomésticos serán ligeramente inferiores a la suma de los ahorros de energía.  Ahorrar dinero es excelente y debemos fomentar este tipo de programas. Sin embargo, se justifica cierto escepticismo, pues se supone que los consumidores ya estarían tomando medidas eficientes si eso les permitiera ahorrar dinero. Más aún, las propias evidencias de la EPA muestran que la tasa de eficiencia energética estimada es igual o incluso mucho mayor del máximo asequible  -tan alta, que actualmente sólo tres Estados han logrado alcanzarla-.


Tercero, la EPA señaló que el recorte en la energía impulsada por el carbón sería un buen negocio, con costos que rondarían los US$ 10 mil millones al año y beneficios de unos US$ 32-63 mil millones. Pero los beneficios para el clima serían inferiores a los US$ 10 mil millones, según estimaciones razonables, considerando que la mayoría de los beneficios provienen de la reducción de la contaminación del aire, que mata a unas 100 mil personas cada año.  Entonces, ¿por qué no enfocarse directamente en recortar la contaminación atmosférica regulando la contaminación del aire, exigiendo mejores depuradores, en lugar de hacerlo ineficientemente a través de la regulación de CO?


La eficiencia es grandiosa si vale la pena, y es buena idea reducir la contaminación del aire, que en gran medida es el mayor asesino ambiental. Pero las ganancias en eficiencia propuestas por Obama son mayormente una expresión de deseo. Eso hará que sus propuestas sobre la reducción del CO sean mucho más costosas, más difíciles políticamente y probablemente mucho menores hacia el año 2030.


Ojo con la polifuncionalidad,
por Sergio Morales.


Por lo mediática que ha resultado la discusión de las reformas tributaria y educacional, el proyecto de Ley que elimina la polifuncionalidad en el empleo, aprobado por la Cámara de Diputados, ha pasado inadvertido para la opinión pública.


Esta iniciativa de la Nueva Mayoría obedece a propuestas levantadas por los sindicatos de ciertas empresas del retail a propósito de la denuncia de algunos hechos irregulares —por ejemplo, que un guardia de seguridad, además de sus labores normales, corte el pasto del recinto donde trabaja—, pero que en ningún caso responden a una necesidad imperiosa de todo el mercado laboral.


La iniciativa busca prohibir que empleador y trabajador puedan pactar libremente dos o más funciones de distinta naturaleza, independientemente de haberlas convenido en virtud del principio de autonomía de la voluntad, bien sea por mayores remuneraciones o producto de programas de capacitación para los trabajadores, entre otros.


Como el proyecto ingresará pronto al Senado, es necesario hacer presente que esta modificación Legal será un nuevo golpe a las micro, pequeñas y medianas empresas, donde, debido a la escasez de recursos, los trabajadores muchas veces realizan funciones de distinta naturaleza. De igual modo que el trabajador de un almacén de barrio está encargado de la atención de público, el manejo de la caja, la recepción y almacenamiento de mercadería, el aseo, etc. Sin embargo, en la Cámara no existió mayor voluntad de hacerse cargo de esta realidad.


Si ocurren situaciones irregulares, estas “otras funciones” en la mayoría de los casos no son pactadas en el contrato de trabajo, como se ha intentado hacer ver, sino que tienen lugar en el desarrollo de la relación contractual, de modo que es ahí donde se debiera enfocar la fiscalización de la Dirección del Trabajo y los Tribunales.


Es preciso llamar a que medidas poco eficientes como ésta no encarezcan innecesariamente los costos de la contratación de trabajadores y del emprendimiento para los pequeños empresarios.



Oportunidad de diálogo en la reforma tributaria.


Es obvia la expectativa de que la reforma tributaria, a diferencia de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, pueda encontrar en el Senado algún espacio —sin perder su objetivo central de recaudación— para convenir con la oposición cambios en aspectos importantes, sobre todo los que afectan a las pymes y a los grupos sociales de nivel medio, cuyos reparos han ido creciendo en número e intensidad en las últimas semanas. El paso más realista para ello lo constituye hasta ahora la propuesta de Renovación Nacional al Gobierno, como condición para llegar a un acuerdo más amplio, de modificar tres puntos concretos del proyecto: las medidas para incentivar fuertemente el ahorro, un régimen tributario especial para las pequeñas y medianas empresas, y la eliminación de la renta atribuida.


El interés oficialista por esta gestión se traduciría en reuniones entre el Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, y el asesor económico de RN, Bernardo Fontaine. Para la colectividad opositora, la ventaja de su iniciativa radica en que ella deja hábilmente el peso de la decisión en manos del Gobierno —donde no hay una sola línea en esta materia—, obligándolo de hecho a una respuesta que pondrá en evidencia hasta dónde está verdaderamente dispuesto a dialogar asumiendo la probabilidad de tener que corregir, aunque sea parcialmente, una de sus reformas estructurales. Pero, al mismo tiempo, ello le ofrece al Ejecutivo la oportunidad de superar la perjudicial imagen anterior de la aplanadora Parlamentaria, mostrando disposición a ampliar la base de apoyo a su reforma más allá de los votos de la Nueva Mayoría.


En cuanto a los efectos de este episodio al interior de la propia Alianza, si bien arriesga una nueva discrepancia con la UDI (hasta ahora frontalmente contraria al proyecto, al negar el voto para su aprobación general y hacer reserva de Constitucionalidad respecto de algunas normas), el Senador RN José García, que coordina el tema en su partido, advierte que existen coincidencias sustanciales con sus aliados y no descarta recurrir asimismo al respectivo Tribunal según sea el texto definitivo. Además, confía en que la UDI se pliegue al acuerdo que se busca, lo que dependerá en buena medida de la actitud que adopte el Gobierno, acogiendo las modificaciones planteadas o imponiendo un criterio intransigente.


Las dos primeras demandas de RN respecto del proyecto tributario parecen fáciles de resolver, pero el asunto más discutido entre ellas es la renta atribuida que, mientras el Director de Impuestos Internos la califica como el sistema más perfecto para la equidad tributaria, un informe en derecho a la Confederación de la Producción y del Comercio acaba de señalarle ocho causales de inconstitucionalidad. Sin embargo, el propio Subsecretario Micco anunció la disposición a introducirle modificaciones con propósitos específicos, como evitar asimetrías en las inversiones para que no afecten al mercado de capitales. Está claro que existen objeciones mayores que esas tres sobre el sistema que se propone, pero, dadas tales gestiones y las reacciones anotadas, cabe suponer que hay una vía factible para acuerdos en torno a un despacho más consensuado de la reforma que, sin impedir la obtención de los recursos, evite los eventuales impactos negativos que señala una significativa cantidad de actores; entre ellos, algunos cercanos al propio Gobierno y defensores de su programa.


Creación de Comunas.


En Chile existen hoy 346 Comunas, con ingresos y presupuestos muy diversos, dependiendo de los recursos que reciben del Fondo Común Municipal y de aquellos que recaudan en su jurisdicción territorial. De ahí que se hable de Comunas "ricas" y "pobres". Las primeras cubren adecuadamente las necesidades de sus habitantes, no así las segundas.


La expansión de algunas Comunas ha implicado la emergencia de núcleos poblacionales de distinta densidad, que en la práctica son apéndices del Municipio y dependen de él para sus requerimientos de educación, salud, seguridad y otros. En algunos casos, estas localidades han adquirido una proporción tal, que presentan necesidades específicas no cubiertas por el ente Municipal, siempre presionado por otras prioridades. Esto ha llevado a sus habitantes a buscar que tales zonas sean reconocidas como Municipios y así -creen- superar su situación desmedrada.


Estas circunstancias han motivado la presentación a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), a cargo de la administración de los Municipios, de varias solicitudes de distintas localidades para transformarse en Comunas. El Gobierno, por su parte, analiza la creación de otras 15.


El afán de independizarse de sus Comunas madre -Tongoy de Coquimbo, Putú de Constitución, Labranza de Temuco, entre otras- expresa la aspiración a recibir un flujo directo de recursos y administrar focalizadamente sus problemas específicos. El Gobierno deberá estudiar con cuidado la factibilidad de acoger tales peticiones. Es preciso determinar cuál es la situación real de cada una de estas Comunas, especialmente la de aquellas "pobres", que se encuentran bajo la línea de recursos apropiados para cumplir a cabalidad con sus funciones, y asimismo explorar si las condiciones de las localidades, pueblos o zonas que pretenden convertirse en Comunas permiten la concreción de ese anhelo.


Se debe aprender de experiencias anteriores. Por ejemplo, cuando se crearon las Comunas de Alto Hospicio (Región de Tarapacá), Hualpén y Alto Biobío (ambas de Biobío) y Cholchol (La Araucanía), hace ya 10 años, no se previeron cabalmente los desafíos que ellas debían enfrentar para superar situaciones de pobreza, aislamiento, dependencia del Gobierno central o Regional, con una precaria institucionalidad.


El Gobierno, al realizar los estudios pertinentes, debe considerar la real capacidad de las posibles nuevas Comunas de llevar adelante la implementación adecuada de las políticas consustanciales al actuar Municipal. De lo contrario, solo se estaría cargando al Estado con un lastre burocrático, cuyo costo podría ser mejor encauzado mediante políticas directas de lucha contra la pobreza.


Financiamiento en educación escolar.


Históricamente, el país ha invertido poco en educación escolar. En la actualidad, si tomáramos como referencia la inversión por estudiante respecto de su ingreso per cápita -como lo hace el promedio de los países de la OCDE-, nuestro gasto anual por alumno debería subir en una cifra del orden de 750 dólares en la educación básica, y de 1.300 dólares en la media.


Dado este déficit, no es extraño, pues, que existan familias dispuestas a aportar a la educación de sus hijos por sobre los montos que entrega el Estado. Es cierto que la existencia de esa posibilidad puede elevar la segregación en el sistema escolar, porque hay algunas que no podrán hacer esas contribuciones adicionales. Sin embargo, no es razonable que el Estado prohíba esos aportes y, al mismo tiempo, no se comprometa con suficientes recursos para la educación escolar. Coloquialmente, a esto se le llama "nivelar hacia abajo".


En un reciente análisis sobre el proyecto de Ley que termina con el financiamiento compartido, el lucro y la selección, dos investigadores del CEP han alertado sobre esta disyuntiva. Sostienen que los recursos comprometidos por el proyecto y el diseño contemplado son claramente insuficientes si se quiere poner fin al financiamiento compartido y, simultáneamente, no perjudicar a ningún estudiante, como ocurriría si se disminuyen los recursos de los colegios a los que ellos asisten. En un escenario optimista, algo más de 400 mil estudiantes que asisten a cerca de 600 colegios tarde o temprano se verán perjudicados por la iniciativa Legislativa en discusión (en un escenario más realista podrían ser afectados unos 900 colegios, que educan a 580 mil estudiantes). Ello ocurriría porque los recursos adicionales que aporta el proyecto son insuficientes para que estos colegios decidan dejar de cobrar financiamiento compartido. Pero a la larga, tanto porque el proyecto contempla 10 años para terminar obligatoriamente con el pago como por el diseño específico de la transición, ellos se verán afectados, partiendo muy rápidamente por aquellos que en la actualidad tienen los copagos más elevados.


Para evitar que estos proyectos educacionales sean perjudicados, el estudio del CEP (que no se pronuncia respecto de si es una buena idea o no terminar con el financiamiento compartido) propone dos caminos. El primero es un alza de la subvención en 10 años por sobre el reajuste habitual de la unidad de medida en que se paga la subvención de alrededor de 60 mil pesos mensuales, lo que significa un gasto adicional al contemplado en el proyecto del orden de 4.000 millones de dólares en régimen.


Como este desembolso es alto y el Gobierno puede tener otras prioridades de gasto, el análisis propone otra vía que, entre otros, supone dejar el término del financiamiento compartido sin plazo, vinculándolo a aumentos efectivos en la subvención. Esto se complementa con el congelamiento del financiamiento compartido para todos los colegios en sus valores actuales, pero en unidades de subvención educacional (USE), en vez de fijar el máximo en un monto nominal, y la reducción del monto de copago en el mismo valor en que aumente la subvención por sobre el reajuste de la USE.


Se postulan también otros cambios para favorecer la integración social a partir de las nuevas subvenciones que crea el proyecto de Ley. Es una iniciativa que conviene estudiar durante la tramitación del proyecto de Ley. Por cierto, debería haberse analizado antes con profundidad el asunto de fondo: ¿es conveniente o razonable terminar con el financiamiento compartido.


Designaciones en Relaciones Exteriores.


El Ministerio de Relaciones Exteriores sorprendió con la nominación de un agregado “deportivo” en España -cargo inexistente hasta ahora, que recayó en el futbolista Carlos Caszely-, como asimismo con el nombramiento del sindicalista Cristián Cuevas como agregado laboral, también en España. La forma en que se han llevado a cabo estas designaciones -como muchas otras en cargos similares- es desafortunada, porque independientemente de los méritos personales de quienes han sido nominados, sería preferible que las designaciones en Cancillería se guiaran por criterios acordes con un servicio de relaciones exteriores altamente profesionalizado, donde las designaciones políticas sean excepcionales y no la norma.


La creación de cargos “ad hoc” o la excesiva presencia de figuras políticas en las Embajadas se contrapone con los objetivos modernizadores en que el propio Gobierno se ha empeñado, para lo cual recientemente designó a un coordinador encargado de “poner a tono a la Cancillería con los desafíos del siglo XXI”, labor que debería cristalizar en un nuevo proyecto de Ley que además recoja los aportes de la veintena de proyectos que bajo distintos Gobiernos se han presentado en esta dirección. Este alto número de iniciativas es un indicativo de que la necesidad de avanzar hacia una mayor profesionalización ha sido largamente diagnosticada.


La autoridad haría bien en potenciar el desarrollo de una carrera Diplomática profesionalizada -la economía global y los desafíos que representa un escenario geopolítico cada vez más convulsionado así lo ameritan-, y las designaciones políticas deberían representar una proporción menor. En el caso de estas nuevas agregadurías, ayudaría el conocer, al menos, sus objetivos específicos y misiones asignadas.


Enfoques Internacionales:
Islamistas traspasan fronteras.


Que los yihadistas del grupo iraquí Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS, en inglés) tengan en jaque a los Gobernantes chiitas de Bagdad no parece novedad para quienes venían observando la actuación de estos terroristas desde el inicio de sus incursiones en la guerra civil siria. Fueron ganando espacio en ese conflicto al combatir no solo contra las fuerzas del régimen de Bashar al Assad, sino contra otros grupos rebeldes que le hacían sombra. Y en esa lucha se han demostrado despiadados y sanguinarios.


El ISIS -un grupo descolgado de Al Qaeda, con unos 10 mil combatientes-, que desde enero pasado controla Faluja, en Irak, tenía una base importante de apoyo en Mosul, una de las ciudades recién tomadas, y avanzó a menos de 100 kilómetros de Bagdad. Y en Siria ocupa posiciones clave en la importante ciudad de Aleppo. Al mirar un mapa, se ve que una franja amplia del territorio sirio y del iraquí en el centro-norte está en manos del ISIS, y es ahí donde pretenden iniciar su proyecto de implantar un Estado islámico, con la sharia como la Ley fundamental.


Las acciones del ISIS de la semana pasada sorprendieron por su audacia y eficacia. Después de que EE.UU. invirtiera 10 años y 14 mil millones de dólares en preparar, entrenar y armar a las fuerzas militares, policiales y de seguridad del Gobierno, cabía esperar que estas tendrían la capacidad de enfrentar una amenaza feroz en cuanto a empecinamiento, pero menor en número y armamento. Sin embargo, las deserciones masivas de soldados demostraron lo contrario, dejando en evidencia que los militares iraquíes carecen del profesionalismo necesario, y que tras el retiro de las fuerzas estadounidenses el régimen de Bagdad no ha logrado consolidar una institucionalidad que pueda sostener la entelequia creada por Washington. Fueron los kurdos, más disciplinados e interesados en asumir el control, los que enfrentaron al ISIS en Tikrit.


Nuri al Maliki, el Primer Ministro iraquí chiita, ha sido incapaz de cruzar las líneas sectarias para incorporar a los desplazados sunitas (minoría que Gobernaba con Saddam Hussein) y hacerlos partícipes de las ventajas de un sistema apenas seudodemocrático. Las frustraciones de ese sector se ven reflejadas en el apoyo que determinadas comunidades, como las de Mosul o Tikrit, han dado al ISIS, que reivindica el poder para los sunitas. Tan grave como lo anterior es la corrupción desatada de la que se acusa a los miembros del Gobierno, lo cual ha impedido el desarrollo de amplias capas de la población, a pesar de la enorme riqueza que significa el petróleo.


Inestabilidad en el mercado del petróleo.


Un efecto inmediato de la inestabilidad en Irak -el segundo productor de la OPEP- es el alza del precio del crudo. Sin embargo, los expertos indican que la producción de Irak, por el momento, no debería sufrir una merma importante, que afecte directamente los stocks mundiales. Como la mayor parte del petróleo que se exporta se produce en el sur, controlado por el Gobierno, y está bien resguardado por las fuerzas militares más confiables para Bagdad, mientras los combates no lleguen a esa región no habría caída de las exportaciones. El principal puerto petrolero, Basora, funcionaba normalmente. El temor actual de las compañías que trabajan en esa zona es que el Gobierno decida enviar efectivos al norte para combatir al ISIS, y con ello sus instalaciones queden desprotegidas.


Por otra parte, la toma de Mosul no debiera afectar las exportaciones actuales de petróleo, por cuanto el gasoducto que pasa por esa ciudad ya estaba fuera de servicio por ataques terroristas previos a esta avanzada.


En el norte, el Gobierno regional del Kurdistán autónomo maneja su propio oleoducto que lleva el petróleo hasta Turquía, país con el que tiene ventajosos convenios para la exportación del crudo. Es sorprendente que Ankara, que combate con fiereza la autonomía de los kurdos en su territorio, tenga tan buenas relaciones económicas con los kurdos iraquíes; pero "los negocios son negocios".


¿Hacia una guerra civil en Irak?


¿Y cuál es la salida para Irak? Con su sectarismo, el Gobierno de Al Maliki ha provocado una situación explosiva, y pide ayuda a EE.UU. Washington titubea sobre la respuesta militar más adecuada. Difícil decisión para Obama, que se preciaba de haber terminado el retiro de tropas.


Es razonable pensar que Irak está en camino a una división en tres regiones totalmente autónomas, entre kurdos al norte, sunitas al centro y chiitas en el sur. El peligro de que la zona sunita quede en manos de extremistas, como los del ISIS, hay que evitarlo. Los sunitas moderados, que los hay, deben tener una oportunidad de Gobernar las provincias en las que son mayoría. Una verdadera autonomía podría evitar una división del país, al menos en el corto plazo. Para ello, se necesita voluntad política y mucha negociación. Al Maliki no ha demostrado ser capaz de ello.


Por ahora, no debe descartarse que los combates se intensifiquen y deriven, otra vez, en una guerra civil.


Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.

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Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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