¿Qué
valor tienen las expectativas y los empresarios?
por
Alfonso Swett.
¡El 0,8% de crecimiento económico (Imacec de
junio) es una muy mala cifra! Esta muy mala cifra NO se explica por el
escenario externo (internacional), porque en éste no ha variado (en forma
relevante) su nivel de incertidumbre respecto del año pasado. Lamentablemente
este muy mal Imacec de junio NO es una cifra aislada. El Imacon (sector
construcción) de junio reportó la peor cifra desde finales de 2009. Las
importaciones de bienes de capital (inversión) cayeron 36% en julio. El sector
exportador en julio creció muy poco (para tirar el carro), sólo 2,2%. En el
mercado laboral se han destruido cerca de 90 mil empleos desde comienzos de
año. ¡Todas estas cifras no hablan de una desaceleración, sino de un frenazo
económico!
Estas muy malas cifras se explican (en gran
parte) por el alto nivel de incertidumbre que se ha generado en torno a reformas
refundacionales apresuradas, con muchísimos errores y terribles contradicciones
de algunos de sus líderes. ¡INCERTIDUMBRE QUE AFECTA LA COMPONENTE MÁS
RELEVANTE DE UNA ECONOMÍA, LAS EXPECTATIVAS! La confianza empresarial ha
sufrido un fuertísimo deterioro. En la encuesta Adimark de julio el 60% de los
chilenos cree que la reforma tributaria sí va a afectar negativamente a la
clase media (versus 55% de junio), y el 49% de los chilenos cree que va a
disminuir la oferta de empleo (versus 42% de junio). Sin embargo, más que
justificar o preocuparnos, hay que ocuparnos en forma seria.
¿Qué podemos hacer para salir de esta crisis
de expectativas? Debemos salir de la dictadura de la mayoría (que pueden dar
los votos del Congreso) y entrar a la democracia de las ideas y de los buenos
acuerdos (no cualquier acuerdo). Para lo anterior, es fundamental recoger en
fondo y forma el reciente mensaje de nuestro gran y querido ex Presidente
Patricio Aylwin: “Chile se construye con el aporte de todos los chilenos”. “El voluntarismo
es un atajo engañoso, no es posible lograr lo imposible y cuando se deteriora
la convivencia política, la consecuencia es la división de los chilenos. Que el
diálogo y la búsqueda de grandes acuerdos permiten avanzar más que los intentos
de imposición de unos sobre otros”. Es así como es fundamental reconocer el
valor y el aporte de la empresa privada. Lo anterior es un llamado pragmático y
relevante, ya que las empresas privadas dan en torno al 95% de los empleos en
Chile, y el empleo es lo que más debemos cuidar después de estas pésimas
cifras.
Robert P. George (delegado Presidencial en la
comisión de derechos civiles de Estados Unidos) define a la empresa como uno de
los cinco pilares de toda sociedad, para lograr que ésta sea decente y dinámica.
Define a la empresa como uno de los dos pilares para lograr progreso social. En
este último tiempo en Chile se ha visto un desprecio por la empresa,
especialmente por los empresarios, considerándolos sin corazón, abusadores y
movidos por la codicia; lamentablemente, sin una respuesta real de las buenas
empresas y sus líderes. Esos sentimientos ciudadanos negativos hacia el
empresariado los entiendo, porque los provocaron algunos malos empresarios y
algunas malas empresas. Como el escándalo de La Polar y la codicia de algunos
de sus ejecutivos; como el abuso, sin sensibilidad alguna, de la Universidad
del Mar; y otros casos más. Pero, no se puede justificar el generalizar (estos
muy malos y condenables ejemplos) al entorno de 1.700.000 empresarios que hay
en Chile. Son muchísimas las empresas en Chile que han enfatizado la dignidad
de las personas al ofrecer trabajos decentemente remunerados y desafiantes; que
motivan a sus trabajadores a pensar en forma creativa para mejorar la calidad
de los productos y servicios que le entregan a la sociedad. Son estas empresas
privadas las que han hecho posible la positiva movilidad social y económica
para innumerables chilenos; dándoles un bienestar que nunca soñaron sus
abuelos. Las empresas privadas no sólo han generado un mayor bienestar a los
chilenos, sino que han jugado un rol clave en la eliminación de la pobreza. Es
importante recordar que los gobiernos obtienen la mayor parte de sus recursos
que gastan por medio de los impuestos; los cuales son posibles sólo si los
esfuerzos de las empresas son exitosos.
En conclusión, es fundamental reducir las
incertidumbres, mejorar las expectativas, para proteger el bien social más
relevante de una sociedad, el empleo. Hagámoslo con el aporte de todos;
valorémonos unos a otros, y partamos por cuidar e incentivar a nuestras
empresas, que son las que generan los empleos y los impuestos. Empleos e
impuestos que son fundamentales para los desafíos que enfrenta Chile hoy y
mañana.
La intuición de la Presidente,
por Hernán Büchi.
La Presidente nos ha dicho que tenía la
intuición - sabía - que la economía se iba a desacelerar. Las cifras indican
que es premonitoria. El IMACEC de junio 0,8% respecto al año anterior, y que
desestacionalizado nos lleva a un nulo crecimiento entre el primer y segundo
trimestre de este año, pronostica un magro crecimiento 2014 cercano al 2,5%. Es
una violenta desaceleración que no es difícil se transforme en recesión.
Aunque el desempleo no lo muestra aún, otros
datos como horas trabajadas, disponibilidad de puestos de trabajo y calidad de
los empleos evidencian que a corto andar el golpe lo percibirá directamente la
población.
Su intuición con el Transantiago no la hizo
modificar sus decisiones y nos obligó a recorrer un camino que ha tenido muchos
costos. Hoy parece actuar de la misma forma.
Ella y sus Ministros nos dicen que la
desaceleración es algo que ya venía, que afecta por igual al resto de
Latinoamérica y que sus propuestas no han tenido efecto. Parece dispuesta a
seguir tomando malas decisiones, solo que ahora no se afectará exclusivamente a
un sector sino el bienestar global y el futuro de los chilenos.
Es efectivo que la tendencia pasada y los
fenómenos externos afectan lo que vemos suceder en un período de Gobierno. Su
mandato anterior se benefició de la fuerte alza del precio del cobre y ahora no
cuenta con esa suerte, pero es equivocado suponer que lo que el Gobierno hace
hoy no tiene efectos profundos, aun cuando su implementación no sea inmediata.
Chile, en los últimos 30 años, se distanció de Latinoamérica precisamente por
tener mejores políticas que el resto de los países de la región.
La fuerte alza de impuestos y las facultades
excesivas a Impuestos Internos, algo atenuadas de cumplirse el protocolo de
acuerdo, tendrá gran impacto en el progreso futuro. La incertidumbre en el
ámbito educacional, con una reforma que parte a la inversa, comprando activos
para luego intentar mejorar calidad, tiene al sector paralizado y augura un
estancamiento en la educación de nuestros jóvenes.
El intento de transformar en un impuesto la
cotización de salud -hoy elegimos dónde y cómo atendernos- es también un cambio
radical. En casi todas las áreas las propuestas son de efectos muy negativos y
vía expectativas estos efectos comienzan a producirse antes de que las reformas
se hagan efectivas. Cuando uno de los argumentos para los cambios Constitucionales
es que actualmente se da demasiado énfasis y protección a la propiedad privada,
es imposible no generar inmediata incertidumbre.
Es interesante tratar de entender cómo se
enlazan las decisiones del pasado con lo que se realiza hoy. Un buen ejemplo
puede ser mirar con más atención el sector energía, en particular la
generación. En apariencia las propuestas del Gobierno han sido aquí menos
agresivas. Si el tono usado en materia tributaria o de educación se hubiera
replicado en energía se verían, entre otras, transformaciones tarifarias de
importantes consecuencias patrimoniales, como la separación del precio entre
energías antiguas y nuevas, tal como hace un tiempo lo hizo Brasil. El paso
siguiente es un compromiso económico mayor del Estado en nuevos proyectos, lo
que se vuelve indispensable ante el riesgo de cambio en las reglas del juego.
Para quienes encuentren atractiva esta vía, es bueno que miren el deterioro de
la economía brasileña, en la cual esa y otras decisiones han sido
determinantes.
Desgraciadamente, el Gobierno actual tomó una
decisión muy relevante para cumplir la promesa de campaña de la Presidente
Bachelet - detener HidroAysen. El impacto de ello es más negativo que lo que se
percibe a simple vista.
La Presidente no necesita mucha intuición para
saber que en energía tenemos serios problemas. El costo de esta en Chile es de
los más altos, incluso de la OCDE que tanto se utiliza como referencia y
justificación hoy en día.
La crisis no es por falta de proyectos ni
capacidad de los privados para invertir sino que es consecuencia de un proceso
donde obtener permisos es cada vez más complejo y requiere de una persistencia
que bordea el heroísmo. El retroceso de HidroAysén es un hito y marca nuevas y
mayores dificultades.
Entre distintas alternativas de generación,
carbón, nuclear, gas e hidro, Chile tiene ventajas en esta última y ella nos
daría garantías de menor costos a futuro. Alemania que piensa dar de baja sus
plantas nucleares, desarrolla carbón y hace poco puso en funcionamiento una
planta a 15 km de la catedral de Colonia. En Chile, el proyecto Barrancones en
un área bastante aislada, fue estimado invasivo. Francia se basa en energía
nuclear y dada su densidad poblacional y dimensiones los franceses conviven con
las centrales. Dinamarca, conocida por usar energía eólica, obtiene el 70% de
su matriz de combustibles fósiles, un país más pequeño que la distancia de
Santiago a Barrancones. EE.UU ha desarrollado el Shale Gas y el fracking y se
beneficia de una rebaja importante del precio.
Pareciera que nuestra esperanza estaría puesta
en las energías renovables sin considerar como tales a las centrales
hidroeléctricas. Desgraciadamente el verdadero nombre de estas fuentes debiera
ser "energías intermitentes". La Ley que obliga a incorporarlas solo
hará subir los costos en relación a alternativas eficientes. No puedo más que
coincidir con la carta a este diario del ex Ministro Jorge Rodríguez Grossi
quien dice que no resolveremos nuestra grave situación energética a través de
malos proyectos.
Para quienes la clave es enfocarnos en el tema
de las emisiones de CO {-2}, lo que además explicaría los impuestos a su
emisión, sería bueno que se percataran que la mejor solución para avanzar en
ello es desarrollar energía en Aysén. Si se materializan los proyectos en esa Región,
se ahorraría del 16% al 30% del total de emisiones de Chile según con qué
fuentes de generación se le compare.
La Presidente es intuitiva pero sus soluciones
son malas. En pocos días ha planteado caminos que nos empobrecerán y que vía
expectativas ya nos están causando daño.
Ministro clarividente,
por
Axel Buchheister.
El Ministro del Interior explicó el asunto de los
recursos públicos involucrados en el aumento de los Parlamentarios: “para el
Estado de Chile el costo de la reforma electoral es igual a cero”. Si bien
reconoció que más Congresistas cuestan más -obvio-, dijo que el gasto será el
mismo. Esto, ya que se rebajará el desembolso por Parlamentario y el resultado
será que el gasto total se mantendrá igual. Satisfecho con su tesis, sentenció
que con ello terminaremos con un binominal excluyente y pasaremos a un
proporcional inclusivo.
El sistema binominal y el aumento del
número de Parlamentarios han estado rodeados de cuentos y consignas, que buscan
confundir. Se cuestiona el binominal por ser poco representativo, al elegir
personas que obtienen menos votos que otras, y por dejar minorías políticas
fuera del Parlamento, ocultándose que lo mismo acontece en otros sistemas
electorales, por ejemplo un proporcional con listas. Luego, se lo liga con la
Constitución como si ella lo estableciera, lo que no es efectivo, porque no se
encuentra ahí -la Carta Fundamental sólo manda que haya un sistema electoral-,
sino que en la Ley orgánica constitucional respectiva. Es decir, que se puede
cambiar el binominal por cualquier otro sistema sin alterar una coma de la
Constitución.
Es que con esa ligazón se ha creado
la sensación de que el número de 120 Diputados que estatuía la Constitución era
parte del binominal, lo que es falso, porque con esa cantidad se puede hacer un
sistema perfectamente proporcional. El incremento a 155 Diputados y a 55 Senadores
sólo tiene por objetivo resolver los problemas de reparto de poder de la Nueva
Mayoría, y es el tipo de manejo que precisamente quería evitar la Carta
Fundamental al determinar el número de Parlamentarios.
Pero hay un hecho que es indiscutible
y ante el cual el ciudadano común frunce el ceño: los Parlamentarios cuestan
plata. Entonces, surge una respuesta ocurrente: si bien cuestan, eso no
significa gasto, porque tendrán que repartirse entre más la misma plata de que
hoy disponen. Otra falacia, ya que el gasto público en relación con un Parlamentario
deriva básicamente -no únicamente- de dos ítems: la dieta y las asignaciones
para gastos. La primera, que es su sueldo, lo fija la Constitución, que es
igual a lo que percibe un Ministro de Estado, de forma que si aumenta su
número, aumenta el total en dietas. En consecuencia, sólo se pueden rebajar las
asignaciones y tendría que hacerse en una cantidad tal que compense el mayor
ítem sueldos, para que todo siga igual.
Pero sucede que el monto para
asignaciones se determina cada año en la Ley de Presupuestos. Entonces, ¿cómo
sabe el Ministro cuánto se entregará para asignaciones en las Leyes de
presupuestos a contar de 2018, es decir, a partir del próximo Gobierno?
Clarividencia pura. A lo más podrá dejar aprobada la de ese año, pero ella se
podría modificar con el voto de los nuevos Congresales.
¿Qué cree usted: los nuevos Parlamentarios
nos costarán lo mismo o más? Lo único “inclusivo” será el número de Diputados y
lo “excluyente”, la plata de nuestros bolsillos.
De Rusia, con amor,
por Joaquín García Huidobro.
En las películas occidentales, los
rusos casi siempre aparecen en el papel de malos. Hombres altos, de rostros
pálidos, pómulos salientes, pelo corto y ojos tan claros que llegan a asustar.
Si se trata de mujeres, serán tan bellas como carentes de escrúpulos.
Esta forma de representar a los rusos
ha sido asumida por buena parte de la prensa occidental. Cuando se habla de
Putin, se nos recuerda que integró la temida KGB, y sus empresarios deben estar
necesariamente vinculados a alguna mafia. Su política internacional, actual y
pasada, no sería más que la propia de un imperio insaciable, en constante
expansión.
El episodio más reciente de esta
tenebrosa historia sería la desestabilización de la pacífica y europea Ucrania,
y la anexión de Crimea. Como reacción, los europeos y norteamericanos han
acordado sanciones contra el oso imperialista. Lamentablemente, Putin ha
reaccionado prohibiendo la importación de alimentos y otros productos que
provienen de los mercados de esos países.
Pero nada de eso desanima a esas
blancas palomas que son las democracias occidentales. Ya hace unos meses nos
habían dado una clara señal al conseguir el derrocamiento de Yanukovich, el
perverso líder prorruso ucraniano, en una acción que tiene todas las
características de un golpe de Estado, y últimamente han intensificado sus
sanciones a Rusia por su mal comportamiento.
Las cosas, sin embargo, no son tan
sencillas. Los sucesos que actualmente enfrentan a Rusia, por una parte, y
Europa y los EE.UU. por otra, no son cosa de hoy. Los EE.UU. ganaron la Guerra
Fría, pero procedieron con Rusia de manera muy distinta al modo en que habían
actuado en la posguerra, cuando tendieron una mano generosa a Alemania, Italia
y Japón, y transformaron a sus enemigos en estrechos aliados.
Uno podía esperar que, derrumbado el
comunismo y desaparecida la Unión Soviética, iban a hacer otro tanto con Rusia.
Pero no, en vez de transformarla en un aliado, se dedicaron a humillarla.
La provocación más notoria fue la
ampliación de la OTAN y sus sistemas defensivos, que pasaron a incluir a países
que antes estaban bajo la órbita soviética. El mensaje subyacente era obvio:
“ustedes, señores rusos, siguen siendo peligrosos, de modo que los rodearemos
con la tecnología bélica más avanzada, para que no caigan nuevamente en la
tentación de ampliar sus fronteras”. Lo asombroso es que los occidentales se
sorprendieron enormemente por la consiguiente molestia de los rusos: “¿Acaso no
han leído a Rawls estos moscovitas? ¿No saben que las democracias liberales jamás
han sido un peligro para nadie?”, parecían pensar Clinton y sus asesores.
En suma, la mayoría de los países del
Primer Mundo mantuvo respecto de Rusia una lógica que era más propia de la
Guerra Fría. Bastaba que Moscú mostrara una actitud cautelosa con Irak o Siria,
para que ellos se empeñaran en derrocar directa o indirectamente a esos
regímenes autocráticos, sin advertir que el remedio podía ser mucho peor que la
enfermedad.
En la crisis ucraniana la imprudencia
europea fue sencillamente asombrosa. Si un país tiene dos almas, una proeuropea
y otra prorrusa, lo último que hay que hacer es forzarlo a decidirse a favor de
una u otra. Pero no, Europa echó bencina al fuego y provocó una situación que
tuvo como consecuencia natural la secesión de Crimea y su anexión a Rusia, país
con el que tiene vínculos mucho más estrechos que los que puede tener con
España u Holanda.
La retórica eslavista de Putin, e
incluso la reivindicación de muchas glorias del pasado soviético, puede ser
entendida como el fruto de la precipitación de Occidente, que pretende exportar
su modelo a un pueblo orgulloso, que no nació ayer, y que tiene una tradición
política del todo diferente. En cambio, cuando de China se trata, Occidente
hace la vista gorda respecto de cosas muchísimo más delicadas.
En este contexto, la guerra comercial
entre ambos bloques representa una oportunidad para Latinoamérica y Chile en
particular. Rusia no es China. Con ella compartimos una enorme herencia
cultural: tal como Stravinski o Dostoievski son parte de nosotros, ellos
aprenden castellano y leen a Neruda o el Quijote. Tienen una tradición
científica envidiable y, desde hace unos días, la urgente necesidad de comprar
nuestros productos. Este es el momento de estrechar vínculos con ellos, y no
meternos en una disputa que no es nuestra.
La educación pública
por
Ricardo Paredes.
La contradicción entre el Ministro Nicolás Eyzaguirre y el
encargado de la Reforma Andrés Palma sobre si el proyecto en trámite fortalece
o perjudica la educación pública, esconde un tema de fondo que está en la
esencia de la forma que ha tomado la discusión, pero también del mismo proyecto.
Muchos compartimos que el
fortalecimiento de la educación requiere hacerlo con la educación pública. Sin
embargo, la discusión ha tomado un rumbo peligroso, que surge del error de
asimilar el fortalecimiento de la educación pública con el porcentaje de
alumnos matriculados en ella.
Es cierto que es más fácil medir y mostrar cambios en la matrícula.
Cierto también que el Colegio de Profesores presiona por ello, ya que de la
matrícula pública depende el número de profesores afiliados y su capacidad de
presión. Pero convengamos, el porcentaje de matrícula pública no necesariamente
refleja lo adecuado del rol del Estado en la educación.
La visión crítica del proyecto como
está, se sintetiza en lo que algunos asocian con la Estatización de los
sostenedores, la innecesaria obligación de compra de establecimientos para
controlar el lucro, la equivocada prohibición a que los padres aporten recursos
a las escuelas siendo que ellas tienen la obligación de aceptar al menos el 15%
de sus alumnos sin cobrarles, la sustitución limitada de ese aporte por parte
del Estado, las limitaciones adicionales a la expulsión, la limitación a la
selección académica y las trabas para los nuevos proyectos. Todo ello hace
previsible que parte de las escuelas particulares subvencionadas cierren, se
transformen en particulares pagadas o Estatales y que otras nunca vean la luz.
Eso no es fortalecimiento de la educación pública, aunque pueda aumentar la
matrícula pública. Naturalmente, esta visión crítica es consistente con la
visión que lo que había detrás del proyecto es hacer realidad lo que el Ministro
aclaró fue una mala metáfora, “quitar los patines a la educación particular
subvencionada”.
Pero cuando el Ministro abre la
posibilidad de mejorar el proyecto, por ejemplo terminando con la obligación de
compra de los inmuebles, acota el riesgo de desaparición de escuelas. Además,
cuando corrige y señala que complementará cada UF no pagada por los padres con
UF del Estado, ello debiera reducir la matrícula pública, a menos que se
introduzca el prometido pero aún desconocido paquete de medidas que fortalezcan
la educación pública lo que, por cierto, no está garantizado.
Más allá que tras la controversia hay
problemas de coordinación Ministerial, lo cierto es que la crítica fundamental
al proyecto es que deteriora al sector particular. Que la prioridad Legislativa
debió ser fortalecer la educación pública. La aprensión que permanece es que si
mantenemos el foco en el porcentaje de la matrícula como medida de éxito, será
una reforma peligrosa y muy posiblemente mala. Lo adecuado es iniciar
paulatinamente el fortalecimiento, como se hizo con la reforma procesal penal.
Ello frustrará a quienes desean mostrar grandes números, movimientos de
matrícula, pero es el único camino para avanzar a paso firme y seguro, sin
llenar de errores, reversiones y frustración social.
Reforma al binominal: esquivando los costos políticos.
Finalmente el aumento de Parlamentarios
que conlleva el proyecto que reforma el sistema electoral sí implicará un mayor
costo para el Congreso. No podía ser de otra manera, pero el Gobierno consiguió
esquivar la impopularidad de este reconocimiento con un argumento correcto,
aunque discutible: “no irroga mayor gasto Fiscal porque se puede hacer con
cargo a los recursos de las dos corporaciones (Senado y Cámara de Diputados)”,
dijo el Ministro del Interior.
En otras palabras, los $ 4.800
millones asociados al aumento en el número de Parlamentarios saldrían de un
presupuesto que, por las mismas razones, hoy tendría que estar
sobredimensionado en esa cantidad o quizás en más. No hay manera de saberlo,
porque todo dependería de la readecuación de fondos y de la introducción de
mayor eficiencia en el uso de los recursos. Los actuales Congresistas no
debieran estar muy contentos con el planteamiento del Ejecutivo, considerando
que supone un uso inadecuado de dineros por parte del Poder Legislativo. Pero
ellos advierten que, luego de redistribuir recursos asociados a asignaciones
para Parlamentarios, a partir de 2018, cuando se incorporen los nuevos Diputados
y Senadores, se efectuarían las adecuaciones necesarias. Es decir, queda
abierta la posibilidad de requerir nuevos montos para la Corporación.
Tampoco la Dirección de Presupuestos,
como órgano encargado de velar por la eficiente asignación y uso de los
recursos públicos, debiera quedar muy conforme con el diagnóstico del Gobierno.
Después de todo, implicaría que el Congreso ha contado con un presupuesto, vía
asignaciones u otros ítems, más abultado del estrictamente necesario y eso lo
debieron haber advertido.
Representantes de algunos sectores
sostienen que se trata de una discusión irrelevante, considerando el reducido
impacto del presupuesto Parlamentario en el erario total de la nación, pero
dicho argumento termina por reforzar la impresión de que estamos frente a toda
una argumentación que busca minimizar el costo Fiscal de la reforma electoral
para así contrarrestar el rechazo que genera en la opinión pública un aumento
del número de Parlamentarios. Ello debería provocar una reflexión más profunda
por parte del propio mundo político y de la crítica evaluación pública sobre su
gestión.
Pero existe otro aspecto que deriva
de este debate y que merece mayor atención: la desconfianza e interrogantes
que, una vez más, surgen en torno a los costos asociados a proyectos de Ley y
sus correspondientes informes financieros.
Ocurrió con la discusión sobre los montos que podría recaudar la reforma
tributaria. También se observó en la diferencia en torno al impacto Fiscal de
la reforma educacional y, en otro ámbito, la divergente visión sobre el costo
de concesionar hospitales que mostraron los Ministerios de Salud y Obras
Públicas.
Ningún proyecto se puede llevar
responsablemente a cabo si no se cuenta con un informe claro y fidedigno de su
impacto Fiscal actual y proyectado. Ello no implica descartar o aprobar
iniciativas sólo en relación con este aspecto, sino permitir que la discusión
se desarrolle de manera transparente y de cara a la opinión pública,
independiente de los costos electorales que suponga.
¿Un blanqueo de capitales?
Según el acuerdo suscrito entre el
Gobierno y los cinco integrantes de la comisión de Hacienda del Senado, el
proyecto de reforma tributaria incorporaría un procedimiento de blanqueo de
capitales. Se trata de una iniciativa que viene siendo promovida desde hace al
menos 4 años por el Senador del Partido Socialista Juan Pablo Letelier .
El mecanismo favorecería a quienes
mantienen "dineros negros" en el exterior, sin haber declarado ante
el Servicio de Impuestos Internos las correspondientes rentas ni pagado los
impuestos. Pese a su flagrante delito, bastaría a los evasores con
transparentar sus activos y cancelar un impuesto único de entre 5 y 10% sobre
dicho monto para gozar de una amnistía plena, eximiéndose de los intereses,
multas y la pena de cárcel que la Ley prescribe. Para quien haya acumulado
ganancias durante un período prolongado el beneficio puede ser muy sustancioso.
El contribuyente quedaría, eso sí, obligado a tributar por las futuras rentas
provenientes de esos fondos a contar de la fecha del blanqueo. La franquicia
estaría disponible por un período breve y no exigiría el retorno al país de los
fondos expatriados.
Se ha argumentado que la medida
aportaría al erario público un volumen significativo de recursos. Hay
precedentes internacionales de procedimientos semejantes, generalmente
aplicados en países aquejados de graves urgencias Fiscales. La influyente OCDE
-organismo multilateral de los países desarrollados- la ha recomendado en
ciertos casos, como un complemento a medidas que rectificarían la laxitud
imperante en la normativa o la fiscalización, otorgando a los infractores una
suerte de borrón y cuenta nueva.
Pero ni una ni otra condición son
aplicables a Chile. No atravesamos por apreturas Fiscales como las que han
obligado a países vecinos o sudeuropeos a recurrir a este expediente. La
normativa chilena es clara y la evasión tributaria es castigada con severidad
desde hace muchas décadas. La medida propuesta otorga una franquicia a los
evasores que es difícil de justificar y que da una perturbadora señal de
tolerancia ante el delito de cuello y corbata.
Llama la atención que como parte de
una reforma tributaria que dice procurar corregir inequidades y cerrar fuentes
de elusión o evasión de impuestos, el Gobierno se apreste a beneficiar a
quienes, en el pasado, han evadido de forma flagrante sus obligaciones
tributarias. Paradójicamente, personeros de la Nueva Mayoría rasgan vestiduras
ante la elusión abusiva de impuestos que en su opinión permitirían -legalmente-
ciertas normas vigentes, como por ejemplo la inversión de las utilidades
retenidas en el mercado de capitales local o extranjero. El protocolo de
acuerdo ha sido celebrado porque modifica aspectos muy criticados del proyecto
original y procura dar a la reforma tributaria un apoyo amplio. No se entiende
por qué ello exigiría incluir una medida antagónica con los propósitos de
justicia que la inspiran.
Apoyo Presidencial a reformas en educación.
Luego de varias semanas de declaraciones
contradictorias en el Gobierno y sus partidos respecto de las definiciones
contenidas en los proyectos ya presentados en el marco de la reforma a la
educación -fin al lucro, gratuidad y selección-, ha sido clara la decisión de
la Presidente Bachelet de salir a poner orden en el oficialismo y dar respaldo
al Ministro de Educación en la conducción de la tramitación de estas
iniciativas. El capital político invertido por la Mandatario en este tema,
frente al apoyo decreciente que muestran los proyectos en la opinión pública,
debería ser el aval para una profunda revisión del contenido de muchas de las
propuestas presentadas y de la estrategia política empleada hasta ahora para
impulsarlas. Sería un error que, por el contrario, se considerara que la
reunión del miércoles pasado es suficiente para despejar todos los problemas
existentes o que sólo basta un impulso comunicacional para sacarlas adelante.
No cabe duda que la ciudadanía apoya
decididamente la idea central de efectuar reformas que permitan mejorar la
calidad y el acceso a la educación en todos sus niveles, lo cual fue parte del
mandato recibido por la actual administración en la última elección Presidencial.
Pero ese apoyo no debe confundirse con un “cheque en blanco” para cualquiera de
las múltiples alternativas de política pública que se pueden emplear para
llevarlo a cabo. La realidad es que varias de las opciones asumidas en los
proyectos presentados, como la adquisición de colegios o las limitaciones a la
educación particular subvencionada, han recibido fundadas críticas de quienes
hoy participan en el sector de la educación, de expertos en el tema y de los
propios dirigentes políticos, muchos de ellos parte de la coalición
oficialista.
Frente a esa realidad, es
oportuno aprovechar el golpe de timón
dado por la Presidente y revisar a fondo la estrategia seguida, sin ocultar
ante la opinión pública la necesidad de que el proyecto requiere de cambios
sustantivos. Por ello no parece buena idea sumar más proyectos de Ley a las
iniciativas presentadas mientras no cuenten con el nivel de consenso técnico y
político suficiente para respaldar su aprobación, y mientras las iniciativas ya
en tramitación no hayan logrado también ese consenso. Esta última palabra
parece asustar a muchos, que ven el riesgo de costos políticos como los
generados luego del pacto tributario, particularmente cuando los sectores más
radicales la estigmatizan como el ejemplo de una claudicación de los ejes más
profundos del programa de gobierno. Sin embargo, no parece posible ni prudente
que se impulsen reformas en temas tan sensibles sin que se cuente con acuerdos
amplios en nuestra sociedad.
Los responsables de la conducción
política y técnica de esta reforma deberían aprovechar el apoyo Presidencial y
la pausa comunicacional aportada por los dirigentes oficialistas más
reticentes, para reformular los proyectos en los temas que a estas alturas
resultan obvios, para lo cual resulta fundamental que no se sigan multiplicando
anuncios contradictorios y que sólo confunden aún más el panorama que enfrenta la
reforma.
La consolidación de Morales.
Si las encuestas están en lo cierto,
casi con total seguridad Evo Morales será reelecto como Presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia en las elecciones de octubre próximo, en el que sería
su tercer período consecutivo desde que asumió el mando en 2006.
A tal nivel ha llegado el apoyo a la Presidencia
de Morales, que, de acuerdo con varios sondeos, por primera vez el oficialismo
podría convertirse en la primera mayoría política en Santa Cruz, región que
hasta ahora ha sido el bastión de la oposición e incluso ha manifestado ciertas
tentativas secesionistas.
Nuestro país no ha quedado ajeno a la
consolidación de su poder. En abril de este año, Bolivia recurrió al Tribunal
de La Haya para obligar a Chile a sentarse a discutir una posible salida
soberana al mar. La reclamación poco tiene de nueva para Bolivia, pero quizás
nunca antes en su historia el país altiplánico llegó a la contienda en una
situación tan estable política y económicamente.
Si bien es indispensable criticar
algunas de sus políticas autoritarias —como la censura a los medios de
comunicación o las expropiaciones—, es difícil negar los éxitos de la
administración de Morales. Desde 2006 el PIB del país ha crecido a tasas de
entre 4 y 6 por ciento, y se espera que para este año la economía boliviana sea
la de mayor expansión en Sudamérica.
En el mismo período, los ingresos del
Estado han alcanzado cifras históricas, las reservas internacionales se han
multiplicado por cuatro, mientras que, según cifras del Banco Mundial, la
extrema pobreza se ha reducido casi a la mitad.
Morales ha conseguido además dar
estabilidad a un país marcado por las crisis institucionales y una rotación de
dirigentes que se remonta casi a los inicios de la República. De hecho, los
cuatro Gobiernos que lo antecedieron no llegaron a permanecer dos años en el
poder y varios de ellos salieron por la puerta de atrás.
Con estos logros como antecedentes,
la demanda presentada en La Haya debiera ser vista desde una óptica distinta.
Esta vez no se trata de un recurso a la desesperada para intentar evadir una
crisis interna o subir en los índices de popularidad, sino que de una acción
mucho más estudiada y revestida de seriedad. Se diferencia así de las bravatas
de administraciones como las de Carlos Mesa u otros ex mandatarios del Estado
altiplánico.
Los asesores del Presidente boliviano
han procurado evitar lo más posible los excesos de otros tiempos y han
presentado el caso como un conflicto puntual que se llevará por cauces
institucionales. En este contexto debe entenderse la reciente visita del Vicecanciller
boliviano, Juan Carlos Alurralde, para distender las tensiones con el Gobierno
de Bachelet. Un acontecimiento no menor, considerando lo infrecuente de estos
acercamientos en el tortuoso historial de relaciones Diplomáticas entre ambos
países.
Aun cuando la posición de Chile es
más sólida que en el diferendo marítimo con Perú y quizás el caso ni siquiera
llegue a resolverse en La Haya, el país no puede confiarse. Esta vez tiene en
frente a un adversario mucho más preparado, con un fuerte respaldo popular,
simpatías a nivel internacional y un escenario político interno que
difícilmente podrá torpedear sus iniciativas.
Cualquiera que sea el resultado en la
Corte internacional, probablemente éste no será el último incidente Diplomático
con Bolivia; un viejo y conocido vecino, pero con nuevas herramientas frente a
las que se requieren nuevas estrategias. Mirar el caos desde los hombros de los
gigantes ya no es una opción viable.
Operación de EE.UU. en Irak.
Al autorizar su primer ataque militar
en territorio iraquí desde que llegó al poder en 2009, el Presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, aseguró que la decisión respondía a razones humanitarias
y a la intención de proteger a ciudadanos estadounidenses en la zona. “Miles de
civiles iraquíes están atrapados en las montañas, sin comida ni agua y
enfrentados a una muerte casi segura”, dijo el mandatario, en referencia a la
situación de cientos de miles de personas de las minorías cristiana y yazidita
que se encuentra en esa región y que estaban siendo obligadas por los
jihadistas a adherir a sus creencias bajo amenaza de muerte.
La decisión de Obama es el primer
intento serio por contener al grupo jihadista Estado Islámico, en Irak, y
recibió el respaldo tanto de la oposición republicana en Estados Unidos -que sí
criticó la demora del mandatario en tomar la decisión- como de los aliados de
EE.UU. en Europa. Además, busca frenar la ofensiva islamista en el norte de
Irak, que bajo control kurdo se ha convertido en la zona más estable del país y
un ejemplo de éxito económico de la mano de sus recursos petroleros. La caída
del Kurdistán en manos jihadistas sería un duro golpe no sólo para el futuro de
Irak, sino para toda la región.
El acelerado avance del Estado
Islámico desde junio pasado encendió la alerta sobre los riesgos de una
creciente desestabilización de Medio Oriente. Además, dejó en evidencia la
fragilidad del Estado iraquí y puso en duda la conveniencia del retiro de las
tropas de Estados Unidos de ese país en 2011, ordenada por el Presidente Obama.
De allí que se hacía necesaria una reacción más decidida de Occidente. Es
importante, sin embargo, que la acción emprendida por EE.UU. vaya acompaña de
una estrategia integral para cumplir no sólo con el objetivo humanitario, sino
también para lograr contener eficazmente el avance de las facciones más
radicales.
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