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martes, 12 de agosto de 2014

Meditaciones sobre actualidad nacional e internacional...



 









¿Qué valor tienen las expectativas y los empresarios?
por Alfonso Swett.


¡El 0,8% de crecimiento económico (Imacec de junio) es una muy mala cifra! Esta muy mala cifra NO se explica por el escenario externo (internacional), porque en éste no ha variado (en forma relevante) su nivel de incertidumbre respecto del año pasado. Lamentablemente este muy mal Imacec de junio NO es una cifra aislada. El Imacon (sector construcción) de junio reportó la peor cifra desde finales de 2009. Las importaciones de bienes de capital (inversión) cayeron 36% en julio. El sector exportador en julio creció muy poco (para tirar el carro), sólo 2,2%. En el mercado laboral se han destruido cerca de 90 mil empleos desde comienzos de año. ¡Todas estas cifras no hablan de una desaceleración, sino de un frenazo económico!


Estas muy malas cifras se explican (en gran parte) por el alto nivel de incertidumbre que se ha generado en torno a reformas refundacionales apresuradas, con muchísimos errores y terribles contradicciones de algunos de sus líderes. ¡INCERTIDUMBRE QUE AFECTA LA COMPONENTE MÁS RELEVANTE DE UNA ECONOMÍA, LAS EXPECTATIVAS! La confianza empresarial ha sufrido un fuertísimo deterioro. En la encuesta Adimark de julio el 60% de los chilenos cree que la reforma tributaria sí va a afectar negativamente a la clase media (versus 55% de junio), y el 49% de los chilenos cree que va a disminuir la oferta de empleo (versus 42% de junio). Sin embargo, más que justificar o preocuparnos, hay que ocuparnos en forma seria.


¿Qué podemos hacer para salir de esta crisis de expectativas? Debemos salir de la dictadura de la mayoría (que pueden dar los votos del Congreso) y entrar a la democracia de las ideas y de los buenos acuerdos (no cualquier acuerdo). Para lo anterior, es fundamental recoger en fondo y forma el reciente mensaje de nuestro gran y querido ex Presidente Patricio Aylwin: “Chile se construye con el aporte de todos los chilenos”. “El voluntarismo es un atajo engañoso, no es posible lograr lo imposible y cuando se deteriora la convivencia política, la consecuencia es la división de los chilenos. Que el diálogo y la búsqueda de grandes acuerdos permiten avanzar más que los intentos de imposición de unos sobre otros”. Es así como es fundamental reconocer el valor y el aporte de la empresa privada. Lo anterior es un llamado pragmático y relevante, ya que las empresas privadas dan en torno al 95% de los empleos en Chile, y el empleo es lo que más debemos cuidar después de estas pésimas cifras.


Robert P. George (delegado Presidencial en la comisión de derechos civiles de Estados Unidos) define a la empresa como uno de los cinco pilares de toda sociedad, para lograr que ésta sea decente y dinámica. Define a la empresa como uno de los dos pilares para lograr progreso social. En este último tiempo en Chile se ha visto un desprecio por la empresa, especialmente por los empresarios, considerándolos sin corazón, abusadores y movidos por la codicia; lamentablemente, sin una respuesta real de las buenas empresas y sus líderes. Esos sentimientos ciudadanos negativos hacia el empresariado los entiendo, porque los provocaron algunos malos empresarios y algunas malas empresas. Como el escándalo de La Polar y la codicia de algunos de sus ejecutivos; como el abuso, sin sensibilidad alguna, de la Universidad del Mar; y otros casos más. Pero, no se puede justificar el generalizar (estos muy malos y condenables ejemplos) al entorno de 1.700.000 empresarios que hay en Chile. Son muchísimas las empresas en Chile que han enfatizado la dignidad de las personas al ofrecer trabajos decentemente remunerados y desafiantes; que motivan a sus trabajadores a pensar en forma creativa para mejorar la calidad de los productos y servicios que le entregan a la sociedad. Son estas empresas privadas las que han hecho posible la positiva movilidad social y económica para innumerables chilenos; dándoles un bienestar que nunca soñaron sus abuelos. Las empresas privadas no sólo han generado un mayor bienestar a los chilenos, sino que han jugado un rol clave en la eliminación de la pobreza. Es importante recordar que los gobiernos obtienen la mayor parte de sus recursos que gastan por medio de los impuestos; los cuales son posibles sólo si los esfuerzos de las empresas son exitosos.


En conclusión, es fundamental reducir las incertidumbres, mejorar las expectativas, para proteger el bien social más relevante de una sociedad, el empleo. Hagámoslo con el aporte de todos; valorémonos unos a otros, y partamos por cuidar e incentivar a nuestras empresas, que son las que generan los empleos y los impuestos. Empleos e impuestos que son fundamentales para los desafíos que enfrenta Chile hoy y mañana.


La intuición de la Presidente,
por Hernán Büchi.

La Presidente nos ha dicho que tenía la intuición - sabía - que la economía se iba a desacelerar. Las cifras indican que es premonitoria. El IMACEC de junio 0,8% respecto al año anterior, y que desestacionalizado nos lleva a un nulo crecimiento entre el primer y segundo trimestre de este año, pronostica un magro crecimiento 2014 cercano al 2,5%. Es una violenta desaceleración que no es difícil se transforme en recesión.


Aunque el desempleo no lo muestra aún, otros datos como horas trabajadas, disponibilidad de puestos de trabajo y calidad de los empleos evidencian que a corto andar el golpe lo percibirá directamente la población.


Su intuición con el Transantiago no la hizo modificar sus decisiones y nos obligó a recorrer un camino que ha tenido muchos costos. Hoy parece actuar de la misma forma.


Ella y sus Ministros nos dicen que la desaceleración es algo que ya venía, que afecta por igual al resto de Latinoamérica y que sus propuestas no han tenido efecto. Parece dispuesta a seguir tomando malas decisiones, solo que ahora no se afectará exclusivamente a un sector sino el bienestar global y el futuro de los chilenos.


Es efectivo que la tendencia pasada y los fenómenos externos afectan lo que vemos suceder en un período de Gobierno. Su mandato anterior se benefició de la fuerte alza del precio del cobre y ahora no cuenta con esa suerte, pero es equivocado suponer que lo que el Gobierno hace hoy no tiene efectos profundos, aun cuando su implementación no sea inmediata. Chile, en los últimos 30 años, se distanció de Latinoamérica precisamente por tener mejores políticas que el resto de los países de la región.


La fuerte alza de impuestos y las facultades excesivas a Impuestos Internos, algo atenuadas de cumplirse el protocolo de acuerdo, tendrá gran impacto en el progreso futuro. La incertidumbre en el ámbito educacional, con una reforma que parte a la inversa, comprando activos para luego intentar mejorar calidad, tiene al sector paralizado y augura un estancamiento en la educación de nuestros jóvenes.


El intento de transformar en un impuesto la cotización de salud -hoy elegimos dónde y cómo atendernos- es también un cambio radical. En casi todas las áreas las propuestas son de efectos muy negativos y vía expectativas estos efectos comienzan a producirse antes de que las reformas se hagan efectivas. Cuando uno de los argumentos para los cambios Constitucionales es que actualmente se da demasiado énfasis y protección a la propiedad privada, es imposible no generar inmediata incertidumbre.


Es interesante tratar de entender cómo se enlazan las decisiones del pasado con lo que se realiza hoy. Un buen ejemplo puede ser mirar con más atención el sector energía, en particular la generación. En apariencia las propuestas del Gobierno han sido aquí menos agresivas. Si el tono usado en materia tributaria o de educación se hubiera replicado en energía se verían, entre otras, transformaciones tarifarias de importantes consecuencias patrimoniales, como la separación del precio entre energías antiguas y nuevas, tal como hace un tiempo lo hizo Brasil. El paso siguiente es un compromiso económico mayor del Estado en nuevos proyectos, lo que se vuelve indispensable ante el riesgo de cambio en las reglas del juego. Para quienes encuentren atractiva esta vía, es bueno que miren el deterioro de la economía brasileña, en la cual esa y otras decisiones han sido determinantes.


Desgraciadamente, el Gobierno actual tomó una decisión muy relevante para cumplir la promesa de campaña de la Presidente Bachelet - detener HidroAysen. El impacto de ello es más negativo que lo que se percibe a simple vista.


La Presidente no necesita mucha intuición para saber que en energía tenemos serios problemas. El costo de esta en Chile es de los más altos, incluso de la OCDE que tanto se utiliza como referencia y justificación hoy en día.


La crisis no es por falta de proyectos ni capacidad de los privados para invertir sino que es consecuencia de un proceso donde obtener permisos es cada vez más complejo y requiere de una persistencia que bordea el heroísmo. El retroceso de HidroAysén es un hito y marca nuevas y mayores dificultades.


Entre distintas alternativas de generación, carbón, nuclear, gas e hidro, Chile tiene ventajas en esta última y ella nos daría garantías de menor costos a futuro. Alemania que piensa dar de baja sus plantas nucleares, desarrolla carbón y hace poco puso en funcionamiento una planta a 15 km de la catedral de Colonia. En Chile, el proyecto Barrancones en un área bastante aislada, fue estimado invasivo. Francia se basa en energía nuclear y dada su densidad poblacional y dimensiones los franceses conviven con las centrales. Dinamarca, conocida por usar energía eólica, obtiene el 70% de su matriz de combustibles fósiles, un país más pequeño que la distancia de Santiago a Barrancones. EE.UU ha desarrollado el Shale Gas y el fracking y se beneficia de una rebaja importante del precio.


Pareciera que nuestra esperanza estaría puesta en las energías renovables sin considerar como tales a las centrales hidroeléctricas. Desgraciadamente el verdadero nombre de estas fuentes debiera ser "energías intermitentes". La Ley que obliga a incorporarlas solo hará subir los costos en relación a alternativas eficientes. No puedo más que coincidir con la carta a este diario del ex Ministro Jorge Rodríguez Grossi quien dice que no resolveremos nuestra grave situación energética a través de malos proyectos.


Para quienes la clave es enfocarnos en el tema de las emisiones de CO {-2}, lo que además explicaría los impuestos a su emisión, sería bueno que se percataran que la mejor solución para avanzar en ello es desarrollar energía en Aysén. Si se materializan los proyectos en esa Región, se ahorraría del 16% al 30% del total de emisiones de Chile según con qué fuentes de generación se le compare.


La Presidente es intuitiva pero sus soluciones son malas. En pocos días ha planteado caminos que nos empobrecerán y que vía expectativas ya nos están causando daño.


Ministro clarividente,
por Axel Buchheister.

El  Ministro del Interior explicó el asunto de los recursos públicos involucrados en el aumento de los Parlamentarios: “para el Estado de Chile el costo de la reforma electoral es igual a cero”. Si bien reconoció que más Congresistas cuestan más -obvio-, dijo que el gasto será el mismo. Esto, ya que se rebajará el desembolso por Parlamentario y el resultado será que el gasto total se mantendrá igual. Satisfecho con su tesis, sentenció que con ello terminaremos con un binominal excluyente y pasaremos a un proporcional inclusivo.


El sistema binominal y el aumento del número de Parlamentarios han estado rodeados de cuentos y consignas, que buscan confundir. Se cuestiona el binominal por ser poco representativo, al elegir personas que obtienen menos votos que otras, y por dejar minorías políticas fuera del Parlamento, ocultándose que lo mismo acontece en otros sistemas electorales, por ejemplo un proporcional con listas. Luego, se lo liga con la Constitución como si ella lo estableciera, lo que no es efectivo, porque no se encuentra ahí -la Carta Fundamental sólo manda que haya un sistema electoral-, sino que en la Ley orgánica constitucional respectiva. Es decir, que se puede cambiar el binominal por cualquier otro sistema sin alterar una coma de la Constitución.


Es que con esa ligazón se ha creado la sensación de que el número de 120 Diputados que estatuía la Constitución era parte del binominal, lo que es falso, porque con esa cantidad se puede hacer un sistema perfectamente proporcional. El incremento a 155 Diputados y a 55 Senadores sólo tiene por objetivo resolver los problemas de reparto de poder de la Nueva Mayoría, y es el tipo de manejo que precisamente quería evitar la Carta Fundamental al determinar el número de Parlamentarios.


Pero hay un hecho que es indiscutible y ante el cual el ciudadano común frunce el ceño: los Parlamentarios cuestan plata. Entonces, surge una respuesta ocurrente: si bien cuestan, eso no significa gasto, porque tendrán que repartirse entre más la misma plata de que hoy disponen. Otra falacia, ya que el gasto público en relación con un Parlamentario deriva básicamente -no únicamente- de dos ítems: la dieta y las asignaciones para gastos. La primera, que es su sueldo, lo fija la Constitución, que es igual a lo que percibe un Ministro de Estado, de forma que si aumenta su número, aumenta el total en dietas. En consecuencia, sólo se pueden rebajar las asignaciones y tendría que hacerse en una cantidad tal que compense el mayor ítem sueldos, para que todo siga igual.


Pero sucede que el monto para asignaciones se determina cada año en la Ley de Presupuestos. Entonces, ¿cómo sabe el Ministro cuánto se entregará para asignaciones en las Leyes de presupuestos a contar de 2018, es decir, a partir del próximo Gobierno? Clarividencia pura. A lo más podrá dejar aprobada la de ese año, pero ella se podría modificar con el voto de los nuevos Congresales.


¿Qué cree usted: los nuevos Parlamentarios nos costarán lo mismo o más? Lo único “inclusivo” será el número de Diputados y lo “excluyente”, la plata de nuestros bolsillos.


De Rusia, con amor,
por Joaquín García Huidobro.


En las películas occidentales, los rusos casi siempre aparecen en el papel de malos. Hombres altos, de rostros pálidos, pómulos salientes, pelo corto y ojos tan claros que llegan a asustar. Si se trata de mujeres, serán tan bellas como carentes de escrúpulos.


Esta forma de representar a los rusos ha sido asumida por buena parte de la prensa occidental. Cuando se habla de Putin, se nos recuerda que integró la temida KGB, y sus empresarios deben estar necesariamente vinculados a alguna mafia. Su política internacional, actual y pasada, no sería más que la propia de un imperio insaciable, en constante expansión.


El episodio más reciente de esta tenebrosa historia sería la desestabilización de la pacífica y europea Ucrania, y la anexión de Crimea. Como reacción, los europeos y norteamericanos han acordado sanciones contra el oso imperialista. Lamentablemente, Putin ha reaccionado prohibiendo la importación de alimentos y otros productos que provienen de los mercados de esos países.


Pero nada de eso desanima a esas blancas palomas que son las democracias occidentales. Ya hace unos meses nos habían dado una clara señal al conseguir el derrocamiento de Yanukovich, el perverso líder prorruso ucraniano, en una acción que tiene todas las características de un golpe de Estado, y últimamente han intensificado sus sanciones a Rusia por su mal comportamiento.


Las cosas, sin embargo, no son tan sencillas. Los sucesos que actualmente enfrentan a Rusia, por una parte, y Europa y los EE.UU. por otra, no son cosa de hoy. Los EE.UU. ganaron la Guerra Fría, pero procedieron con Rusia de manera muy distinta al modo en que habían actuado en la posguerra, cuando tendieron una mano generosa a Alemania, Italia y Japón, y transformaron a sus enemigos en estrechos aliados.


Uno podía esperar que, derrumbado el comunismo y desaparecida la Unión Soviética, iban a hacer otro tanto con Rusia. Pero no, en vez de transformarla en un aliado, se dedicaron a humillarla.


La provocación más notoria fue la ampliación de la OTAN y sus sistemas defensivos, que pasaron a incluir a países que antes estaban bajo la órbita soviética. El mensaje subyacente era obvio: “ustedes, señores rusos, siguen siendo peligrosos, de modo que los rodearemos con la tecnología bélica más avanzada, para que no caigan nuevamente en la tentación de ampliar sus fronteras”. Lo asombroso es que los occidentales se sorprendieron enormemente por la consiguiente molestia de los rusos: “¿Acaso no han leído a Rawls estos moscovitas? ¿No saben que las democracias liberales jamás han sido un peligro para nadie?”, parecían pensar Clinton y sus asesores.


En suma, la mayoría de los países del Primer Mundo mantuvo respecto de Rusia una lógica que era más propia de la Guerra Fría. Bastaba que Moscú mostrara una actitud cautelosa con Irak o Siria, para que ellos se empeñaran en derrocar directa o indirectamente a esos regímenes autocráticos, sin advertir que el remedio podía ser mucho peor que la enfermedad.


En la crisis ucraniana la imprudencia europea fue sencillamente asombrosa. Si un país tiene dos almas, una proeuropea y otra prorrusa, lo último que hay que hacer es forzarlo a decidirse a favor de una u otra. Pero no, Europa echó bencina al fuego y provocó una situación que tuvo como consecuencia natural la secesión de Crimea y su anexión a Rusia, país con el que tiene vínculos mucho más estrechos que los que puede tener con España u Holanda.


La retórica eslavista de Putin, e incluso la reivindicación de muchas glorias del pasado soviético, puede ser entendida como el fruto de la precipitación de Occidente, que pretende exportar su modelo a un pueblo orgulloso, que no nació ayer, y que tiene una tradición política del todo diferente. En cambio, cuando de China se trata, Occidente hace la vista gorda respecto de cosas muchísimo más delicadas.


En este contexto, la guerra comercial entre ambos bloques representa una oportunidad para Latinoamérica y Chile en particular. Rusia no es China. Con ella compartimos una enorme herencia cultural: tal como Stravinski o Dostoievski son parte de nosotros, ellos aprenden castellano y leen a Neruda o el Quijote. Tienen una tradición científica envidiable y, desde hace unos días, la urgente necesidad de comprar nuestros productos. Este es el momento de estrechar vínculos con ellos, y no meternos en una disputa que no es nuestra.


La educación pública
por Ricardo Paredes.


La contradicción  entre el Ministro Nicolás Eyzaguirre y el encargado de la Reforma Andrés Palma sobre si el proyecto en trámite fortalece o perjudica la educación pública, esconde un tema de fondo que está en la esencia de la forma que ha tomado la discusión, pero también del mismo proyecto.


Muchos compartimos que el fortalecimiento de la educación requiere hacerlo con la educación pública. Sin embargo, la discusión ha tomado un rumbo peligroso, que surge del error de asimilar el fortalecimiento de la educación pública con el porcentaje de alumnos matriculados en ella.


 Es cierto que es más fácil  medir y mostrar cambios en la matrícula. Cierto también que el Colegio de Profesores presiona por ello, ya que de la matrícula pública depende el número de profesores afiliados y su capacidad de presión. Pero convengamos, el porcentaje de matrícula pública no necesariamente refleja lo adecuado del rol del Estado en la educación.


La visión crítica del proyecto como está, se sintetiza en lo que algunos asocian con la Estatización de los sostenedores, la innecesaria obligación de compra de establecimientos para controlar el lucro, la equivocada prohibición a que los padres aporten recursos a las escuelas siendo que ellas tienen la obligación de aceptar al menos el 15% de sus alumnos sin cobrarles, la sustitución limitada de ese aporte por parte del Estado, las limitaciones adicionales a la expulsión, la limitación a la selección académica y las trabas para los nuevos proyectos. Todo ello hace previsible que parte de las escuelas particulares subvencionadas cierren, se transformen en particulares pagadas o Estatales y que otras nunca vean la luz. Eso no es fortalecimiento de la educación pública, aunque pueda aumentar la matrícula pública. Naturalmente, esta visión crítica es consistente con la visión que lo que había detrás del proyecto es hacer realidad lo que el Ministro aclaró fue una mala metáfora, “quitar los patines a la educación particular subvencionada”.


Pero cuando el Ministro abre la posibilidad de mejorar el proyecto, por ejemplo terminando con la obligación de compra de los inmuebles, acota el riesgo de desaparición de escuelas. Además, cuando corrige y señala que complementará cada UF no pagada por los padres con UF del Estado, ello debiera reducir la matrícula pública, a menos que se introduzca el prometido pero aún desconocido paquete de medidas que fortalezcan la educación pública lo que, por cierto, no está garantizado.


Más allá que tras la controversia hay problemas de coordinación Ministerial, lo cierto es que la crítica fundamental al proyecto es que deteriora al sector particular. Que la prioridad Legislativa debió ser fortalecer la educación pública. La aprensión que permanece es que si mantenemos el foco en el porcentaje de la matrícula como medida de éxito, será una reforma peligrosa y muy posiblemente mala. Lo adecuado es iniciar paulatinamente el fortalecimiento, como se hizo con la reforma procesal penal. Ello frustrará a quienes desean mostrar grandes números, movimientos de matrícula, pero es el único camino para avanzar a paso firme y seguro, sin llenar de errores, reversiones y frustración social.


Reforma al binominal: esquivando los costos políticos.


Finalmente el aumento de Parlamentarios que conlleva el proyecto que reforma el sistema electoral sí implicará un mayor costo para el Congreso. No podía ser de otra manera, pero el Gobierno consiguió esquivar la impopularidad de este reconocimiento con un argumento correcto, aunque discutible: “no irroga mayor gasto Fiscal porque se puede hacer con cargo a los recursos de las dos corporaciones (Senado y Cámara de Diputados)”, dijo el Ministro del Interior.


En otras palabras, los $ 4.800 millones asociados al aumento en el número de Parlamentarios saldrían de un presupuesto que, por las mismas razones, hoy tendría que estar sobredimensionado en esa cantidad o quizás en más. No hay manera de saberlo, porque todo dependería de la readecuación de fondos y de la introducción de mayor eficiencia en el uso de los recursos. Los actuales Congresistas no debieran estar muy contentos con el planteamiento del Ejecutivo, considerando que supone un uso inadecuado de dineros por parte del Poder Legislativo. Pero ellos advierten que, luego de redistribuir recursos asociados a asignaciones para Parlamentarios, a partir de 2018, cuando se incorporen los nuevos Diputados y Senadores, se efectuarían las adecuaciones necesarias. Es decir, queda abierta la posibilidad de requerir nuevos montos para la Corporación.


Tampoco la Dirección de Presupuestos, como órgano encargado de velar por la eficiente asignación y uso de los recursos públicos, debiera quedar muy conforme con el diagnóstico del Gobierno. Después de todo, implicaría que el Congreso ha contado con un presupuesto, vía asignaciones u otros ítems, más abultado del estrictamente necesario y eso lo debieron haber advertido.


Representantes de algunos sectores sostienen que se trata de una discusión irrelevante, considerando el reducido impacto del presupuesto Parlamentario en el erario total de la nación, pero dicho argumento termina por reforzar la impresión de que estamos frente a toda una argumentación que busca minimizar el costo Fiscal de la reforma electoral para así contrarrestar el rechazo que genera en la opinión pública un aumento del número de Parlamentarios. Ello debería provocar una reflexión más profunda por parte del propio mundo político y de la crítica evaluación pública sobre su gestión.


Pero existe otro aspecto que deriva de este debate y que merece mayor atención: la desconfianza e interrogantes que, una vez más, surgen en torno a los costos asociados a proyectos de Ley y sus correspondientes informes financieros.  Ocurrió con la discusión sobre los montos que podría recaudar la reforma tributaria. También se observó en la diferencia en torno al impacto Fiscal de la reforma educacional y, en otro ámbito, la divergente visión sobre el costo de concesionar hospitales que mostraron los Ministerios de Salud y Obras Públicas.


Ningún proyecto se puede llevar responsablemente a cabo si no se cuenta con un informe claro y fidedigno de su impacto Fiscal actual y proyectado. Ello no implica descartar o aprobar iniciativas sólo en relación con este aspecto, sino permitir que la discusión se desarrolle de manera transparente y de cara a la opinión pública, independiente de los costos electorales que suponga.


¿Un blanqueo de capitales?


Según el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los cinco integrantes de la comisión de Hacienda del Senado, el proyecto de reforma tributaria incorporaría un procedimiento de blanqueo de capitales. Se trata de una iniciativa que viene siendo promovida desde hace al menos 4 años por el Senador del Partido Socialista Juan Pablo Letelier .


El mecanismo favorecería a quienes mantienen "dineros negros" en el exterior, sin haber declarado ante el Servicio de Impuestos Internos las correspondientes rentas ni pagado los impuestos. Pese a su flagrante delito, bastaría a los evasores con transparentar sus activos y cancelar un impuesto único de entre 5 y 10% sobre dicho monto para gozar de una amnistía plena, eximiéndose de los intereses, multas y la pena de cárcel que la Ley prescribe. Para quien haya acumulado ganancias durante un período prolongado el beneficio puede ser muy sustancioso. El contribuyente quedaría, eso sí, obligado a tributar por las futuras rentas provenientes de esos fondos a contar de la fecha del blanqueo. La franquicia estaría disponible por un período breve y no exigiría el retorno al país de los fondos expatriados.


Se ha argumentado que la medida aportaría al erario público un volumen significativo de recursos. Hay precedentes internacionales de procedimientos semejantes, generalmente aplicados en países aquejados de graves urgencias Fiscales. La influyente OCDE -organismo multilateral de los países desarrollados- la ha recomendado en ciertos casos, como un complemento a medidas que rectificarían la laxitud imperante en la normativa o la fiscalización, otorgando a los infractores una suerte de borrón y cuenta nueva.


Pero ni una ni otra condición son aplicables a Chile. No atravesamos por apreturas Fiscales como las que han obligado a países vecinos o sudeuropeos a recurrir a este expediente. La normativa chilena es clara y la evasión tributaria es castigada con severidad desde hace muchas décadas. La medida propuesta otorga una franquicia a los evasores que es difícil de justificar y que da una perturbadora señal de tolerancia ante el delito de cuello y corbata.


Llama la atención que como parte de una reforma tributaria que dice procurar corregir inequidades y cerrar fuentes de elusión o evasión de impuestos, el Gobierno se apreste a beneficiar a quienes, en el pasado, han evadido de forma flagrante sus obligaciones tributarias. Paradójicamente, personeros de la Nueva Mayoría rasgan vestiduras ante la elusión abusiva de impuestos que en su opinión permitirían -legalmente- ciertas normas vigentes, como por ejemplo la inversión de las utilidades retenidas en el mercado de capitales local o extranjero. El protocolo de acuerdo ha sido celebrado porque modifica aspectos muy criticados del proyecto original y procura dar a la reforma tributaria un apoyo amplio. No se entiende por qué ello exigiría incluir una medida antagónica con los propósitos de justicia que la inspiran.


Apoyo Presidencial a reformas en educación.


Luego de  varias semanas de declaraciones contradictorias en el Gobierno y sus partidos respecto de las definiciones contenidas en los proyectos ya presentados en el marco de la reforma a la educación -fin al lucro, gratuidad y selección-, ha sido clara la decisión de la Presidente Bachelet de salir a poner orden en el oficialismo y dar respaldo al Ministro de Educación en la conducción de la tramitación de estas iniciativas. El capital político invertido por la Mandatario en este tema, frente al apoyo decreciente que muestran los proyectos en la opinión pública, debería ser el aval para una profunda revisión del contenido de muchas de las propuestas presentadas y de la estrategia política empleada hasta ahora para impulsarlas. Sería un error que, por el contrario, se considerara que la reunión del miércoles pasado es suficiente para despejar todos los problemas existentes o que sólo basta un impulso comunicacional para sacarlas adelante.


No cabe duda que la ciudadanía apoya decididamente la idea central de efectuar reformas que permitan mejorar la calidad y el acceso a la educación en todos sus niveles, lo cual fue parte del mandato recibido por la actual administración en la última elección Presidencial. Pero ese apoyo no debe confundirse con un “cheque en blanco” para cualquiera de las múltiples alternativas de política pública que se pueden emplear para llevarlo a cabo. La realidad es que varias de las opciones asumidas en los proyectos presentados, como la adquisición de colegios o las limitaciones a la educación particular subvencionada, han recibido fundadas críticas de quienes hoy participan en el sector de la educación, de expertos en el tema y de los propios dirigentes políticos, muchos de ellos parte de la coalición oficialista. 


Frente a esa realidad, es oportuno  aprovechar el golpe de timón dado por la Presidente y revisar a fondo la estrategia seguida, sin ocultar ante la opinión pública la necesidad de que el proyecto requiere de cambios sustantivos. Por ello no parece buena idea sumar más proyectos de Ley a las iniciativas presentadas mientras no cuenten con el nivel de consenso técnico y político suficiente para respaldar su aprobación, y mientras las iniciativas ya en tramitación no hayan logrado también ese consenso. Esta última palabra parece asustar a muchos, que ven el riesgo de costos políticos como los generados luego del pacto tributario, particularmente cuando los sectores más radicales la estigmatizan como el ejemplo de una claudicación de los ejes más profundos del programa de gobierno. Sin embargo, no parece posible ni prudente que se impulsen reformas en temas tan sensibles sin que se cuente con acuerdos amplios en nuestra sociedad.


Los responsables de la conducción política y técnica de esta reforma deberían aprovechar el apoyo Presidencial y la pausa comunicacional aportada por los dirigentes oficialistas más reticentes, para reformular los proyectos en los temas que a estas alturas resultan obvios, para lo cual resulta fundamental que no se sigan multiplicando anuncios contradictorios y que sólo confunden aún más el panorama que enfrenta la reforma.



La consolidación de Morales.


Si las encuestas están en lo cierto, casi con total seguridad Evo Morales será reelecto como Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en las elecciones de octubre próximo, en el que sería su tercer período consecutivo desde que asumió el mando en 2006.


A tal nivel ha llegado el apoyo a la Presidencia de Morales, que, de acuerdo con varios sondeos, por primera vez el oficialismo podría convertirse en la primera mayoría política en Santa Cruz, región que hasta ahora ha sido el bastión de la oposición e incluso ha manifestado ciertas tentativas secesionistas.


Nuestro país no ha quedado ajeno a la consolidación de su poder. En abril de este año, Bolivia recurrió al Tribunal de La Haya para obligar a Chile a sentarse a discutir una posible salida soberana al mar. La reclamación poco tiene de nueva para Bolivia, pero quizás nunca antes en su historia el país altiplánico llegó a la contienda en una situación tan estable política y económicamente.


Si bien es indispensable criticar algunas de sus políticas autoritarias —como la censura a los medios de comunicación o las expropiaciones—, es difícil negar los éxitos de la administración de Morales. Desde 2006 el PIB del país ha crecido a tasas de entre 4 y 6 por ciento, y se espera que para este año la economía boliviana sea la de mayor expansión en Sudamérica.


En el mismo período, los ingresos del Estado han alcanzado cifras históricas, las reservas internacionales se han multiplicado por cuatro, mientras que, según cifras del Banco Mundial, la extrema pobreza se ha reducido casi a la mitad.


Morales ha conseguido además dar estabilidad a un país marcado por las crisis institucionales y una rotación de dirigentes que se remonta casi a los inicios de la República. De hecho, los cuatro Gobiernos que lo antecedieron no llegaron a permanecer dos años en el poder y varios de ellos salieron por la puerta de atrás.


Con estos logros como antecedentes, la demanda presentada en La Haya debiera ser vista desde una óptica distinta. Esta vez no se trata de un recurso a la desesperada para intentar evadir una crisis interna o subir en los índices de popularidad, sino que de una acción mucho más estudiada y revestida de seriedad. Se diferencia así de las bravatas de administraciones como las de Carlos Mesa u otros ex mandatarios del Estado altiplánico.


Los asesores del Presidente boliviano han procurado evitar lo más posible los excesos de otros tiempos y han presentado el caso como un conflicto puntual que se llevará por cauces institucionales. En este contexto debe entenderse la reciente visita del Vicecanciller boliviano, Juan Carlos Alurralde, para distender las tensiones con el Gobierno de Bachelet. Un acontecimiento no menor, considerando lo infrecuente de estos acercamientos en el tortuoso historial de relaciones Diplomáticas entre ambos países.


Aun cuando la posición de Chile es más sólida que en el diferendo marítimo con Perú y quizás el caso ni siquiera llegue a resolverse en La Haya, el país no puede confiarse. Esta vez tiene en frente a un adversario mucho más preparado, con un fuerte respaldo popular, simpatías a nivel internacional y un escenario político interno que difícilmente podrá torpedear sus iniciativas.


Cualquiera que sea el resultado en la Corte internacional, probablemente éste no será el último incidente Diplomático con Bolivia; un viejo y conocido vecino, pero con nuevas herramientas frente a las que se requieren nuevas estrategias. Mirar el caos desde los hombros de los gigantes ya no es una opción viable.


Operación de EE.UU. en Irak.


Al autorizar su primer ataque militar en territorio iraquí desde que llegó al poder en 2009, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que la decisión respondía a razones humanitarias y a la intención de proteger a ciudadanos estadounidenses en la zona. “Miles de civiles iraquíes están atrapados en las montañas, sin comida ni agua y enfrentados a una muerte casi segura”, dijo el mandatario, en referencia a la situación de cientos de miles de personas de las minorías cristiana y yazidita que se encuentra en esa región y que estaban siendo obligadas por los jihadistas a adherir a sus creencias bajo amenaza de muerte.


La decisión de Obama es el primer intento serio por contener al grupo jihadista Estado Islámico, en Irak, y recibió el respaldo tanto de la oposición republicana en Estados Unidos -que sí criticó la demora del mandatario en tomar la decisión- como de los aliados de EE.UU. en Europa. Además, busca frenar la ofensiva islamista en el norte de Irak, que bajo control kurdo se ha convertido en la zona más estable del país y un ejemplo de éxito económico de la mano de sus recursos petroleros. La caída del Kurdistán en manos jihadistas sería un duro golpe no sólo para el futuro de Irak, sino para toda la región.


El acelerado avance del Estado Islámico desde junio pasado encendió la alerta sobre los riesgos de una creciente desestabilización de Medio Oriente. Además, dejó en evidencia la fragilidad del Estado iraquí y puso en duda la conveniencia del retiro de las tropas de Estados Unidos de ese país en 2011, ordenada por el Presidente Obama. De allí que se hacía necesaria una reacción más decidida de Occidente. Es importante, sin embargo, que la acción emprendida por EE.UU. vaya acompaña de una estrategia integral para cumplir no sólo con el objetivo humanitario, sino también para lograr contener eficazmente el avance de las facciones más radicales.
 

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

Padre nuestro que estás.....

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A Nuestros Hombres de Armas y nuestros caídos

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Libre, Nino Bravo

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