Pueblos bien informados difícilmente son engañados…

Congreso a costo cero,

por Eugenio Guzmán.

Con gran exaltación y jolgorio los integrantes de la Nueva Mayoría, con el apoyo de Amplitud, celebraron la aprobación del proyecto de reforma electoral.
Pero una cosa son las declaraciones y otra son los hechos que derivan de la reforma. Así, en materia de gastos, no se entiende que el proyecto, como lo ha señalado el Gobierno, no implicará mayores gastos. Lo sorprendente es que con un proyecto como éste, en buenas cuentas, se nos están insinuando dos cosas. La primera es que, a pesar de que se aumente en 30% el número de Diputados y Senadores (de 158 a 205), ni sus gastos ni su dieta aumentarán; luego, habría que suponer que estarían sobredimensionados. La segunda es que las operaciones propias de ambas Cámaras, relativas al apoyo de la actividad Legislativa, también estarían sobredimensionadas, puesto que con los mismos funcionarios y gastos operacionales se puede ser igualmente eficiente en la formulación, evaluación y estudio de los proyectos Legislativos, a pesar de este aumento. Dicho en otros términos, no sólo nuestros Parlamentarios estarían “sobreestimulados” económicamente, sino que también habría recursos ociosos.

Veamos algunos ejemplos. Actualmente, la dotación máxima de personal, lo que no es lo mismo que el total de personas que están vinculas directamente al Congreso (asesorías con honorarios y/o convenios), alcanza a 803 funcionarios que apoyan la labor de 158 Legisladores (Diputados y Senadores), si éstos aumentan a 205, asumiendo que no hay recursos ociosos y que el diseño de gastos en recursos humanos es constante por Parlamentario, dicha dotación debiera aumentarse a unos 1.046. Si bien podría decirse que el efecto no es lineal, puede que la cifra sea menor, pero difícilmente nula, a menos que se aumenten los gastos por convenios y honorarios.

Un segundo ejemplo tiene que ver con los gastos en materia de sustento de los comités de ambas Cámaras, personal de apoyo, asesorías externas y gastos operacionales. Actualmente, ascienden a unos $30.000 millones para la operación y funcionamiento Legislativo, lo que no incluye los gastos en personal. Luego, a menos que se estime que estos recursos son más que suficientes, debiéramos esperar que ellos aumenten, tal vez no en 30% más, pero sí, al menos, en alguna proporción. Como no sabemos la forma en que se estructuran no podemos saber el monto exacto de su aumento. No obstante, al parecer el Gobierno supone que son suficientes o que hay economías de escala crecientes.

La verdad es que, a quienes creemos en la importancia de la actividad política, nos cuesta creer que los recursos gastados en el Congreso sobren. Podemos tener reparos, pero se comprende que la labor Legislativa cuente con la mayor disponibilidad de recursos, no para ser un buzón del Gobierno, pero sí para Legislar.

Luego, cuando se señala que la reforma no significará mayores gastos, esto responde a un discurso populista del Ejecutivo. Es obvio que se demandarán mayores recursos, no reconocerlo es demagogia. Desafortunadamente, al igual que con la reforma tributaria, nuevamente la Cámara aparece muy poco activa en mostrar estas ambigüedades.

¿Quién nos defenderá?

por Axel Buchheister.

       

Según encuesta Adimark, la caída en la aprobación de la reforma tributaria se revirtió. Si en junio el apoyo iba en 45%, en julio remontó a 50%. Ello probablemente fue expresión del ambiente positivo que se transmitió por el acuerdo tributario. Lo curioso es que los encuestados igual mantuvieron un cierto pesimismo al respecto, pues el sondeo muestra que un 60% piensa que dicha reforma tendrá efectos negativos para la clase media y que el 49% cree que va a disminuir la oferta de empleos.

Puede concluirse que la gente reaccionó positivamente al acuerdo, pero que igual siente que será perjudicada. Asimismo, que la consigna que sólo los ricos pagarían no se la compró casi nadie. La pregunta es a quiénes pensaban que defendían los políticos de oposición que suscribieron el “protocolo”, y si acaso no era preferible rechazarlo y proclamar la defensa del ciudadano común, en un tema que entronca fundamentalmente con el ideario de la centroderecha: no a más impuestos. Difícil hallar un momento más favorable para defender los principios y no se hizo. Porque es un fenómeno político mayor que la gente haya relacionado el aumento de la carga tributaria de las empresas con la disminución del empleo.

Y margen para hacer una defensa concreta había de sobra. La reforma tributaria no sólo crea una sensación de amenaza al empleo, sino que impacta “a la vena” del ciudadano común; de ese que probablemente no pierda su trabajo, sino que por tener un ingreso tendrá que pagar más. Así, con protocolo y todo, los cambios tributarios encarecerán comprarse una vivienda o un auto, fumar, tomarse una bebida o un trago, usar electricidad o pedir un crédito.

Además, era la oportunidad para desenmascarar los pretextos con que se justifican las cosas. Se habla de impuestos verdes o correctivos, pero en realidad no son más que subterfugios para sacarles plata a las personas. Porque si efectivamente se quiere mitigar un supuesto mal, como que la gente fume o ingiera mucha azúcar, ¿por qué los impuestos con que se pretende desincentivarlos terminan con una recaudación positiva? Es decir, el Fisco cuenta con que usted siga fumando para recaudar más; porque no se ha propuesto un mecanismo que realmente desincentive que lo haga, lo que, según el típico argumento, disminuiría el gasto en salud.

Resulta, además, que no era efectivo el gran pretexto que se vendió: que los recursos se necesitan para la reforma educacional, según lo pide “la calle”, aunque nadie sabe en qué consistirá y cuánto costará realmente. De manera asombrosa, a su turno la encuesta CEP consigna que sólo el 22% de los encuestados prefiere que la mayor recaudación de la reforma tributaria vaya a educación, mientras que el 56% privilegia como destino la salud.

La centroderecha debe abandonar su temor a que “nuestras ideas no son populares” y que oponerse a lo que pretende la izquierda puede costar votos. Sí son populares y la gente busca quién la defienda. Con el protocolo que firmó la oposición tendrán que seguir esperando por alguien. Quizás Ignacio Walker es más astuto de lo que sus críticos creen.

Código del silencio,

por Joaquín García Huidobro.

Los Tribunales se han tomado en serio el combate contra la corrupción y la semana pasada hemos visto dos sentencias importantes, la del caso MOP-GATE y la condena a tres ex funcionarios del Gobierno Regional de Valparaíso. Aunque menos espectacular, este último caso es especialmente importante por tres razones. En primer lugar, porque afecta a la Alianza. Sabemos que su comportamiento con las platas públicas fue superior al de la Concertación, pero estuvo lejos de ser impecable, como lo muestra esta sentencia porteña.

En segundo lugar, el proceso de Valparaíso fue del todo singular, porque quien lo descubrió y denunció (el ex intendente Celis) era de la misma tienda política que los funcionarios que incurrieron en malversación y fraude. En la condescendiente política chilena de las últimas décadas, un hecho semejante constituye toda una novedad. Nadie en Chile acusa a los amigos políticos.

Por supuesto que uno puede pensar que nuestro puerto es un antro de perdición y que todas las intendencias del país se manejan de manera escrupulosa y transparente. Pero también caben posibilidades menos tranquilizadoras, como que otros Intendentes hayan estado en la luna o, lo que es peor, que hayan visto cosas que prefirieron silenciar.

En los casos de corrupción que hemos visto, una parte de las platas no ha ido a parar a los bolsillos de los interesados, sino a financiar campañas políticas. En Valparaíso, se trataba de candidaturas Municipales del partido político de los funcionarios.

¿Cómo interpretar esa generosidad de los funcionarios? Nuevamente tenemos diversas interpretaciones posibles, que van desde un extraordinario apego a la camiseta partidaria, que los hace poner en riesgo la propia libertad con tal de favorecer al Partido, hasta el deseo de afianzar ciertos vínculos que, llegado el caso, pueden resultar enormemente útiles. Ahora bien, como la cantidad que se destina al propio partido suele ser considerablemente menor que la que se guarda para las necesidades personales, parece claro cuál es el propósito de estos dadivosos donantes.

Dejo para el final el elemento más interesante del caso de la Intendencia de Valparaíso: la reacción del partido de los condenados y de algunos Parlamentarios gobiernistas. Uno pensaría que un partido debería respaldar a un político que denuncia comportamientos ilegales de sus militantes. Nada daña más a una agrupación que el hecho de tener en sus filas a gente que, en realidad, está lejos de compartir sus principios.

No fue así en este caso, donde su partido dijo que el Intendente Celis era responsable de lo que hacían los subordinados (que el mismo Celis había denunciado).

Aparentemente se trata de una reacción perfecta, que insta a las autoridades a elegir a los mejores colaboradores. En la práctica, sin embargo, es una pésima señal: "Sr. Intendente, si descubre un delito en sus subordinados, quédese callado, porque si habla lo culparemos a usted". Si se impone este criterio, ¿qué autoridad se atreverá en el futuro a proceder con mano firme contra la corrupción que existe en sus propias filas? (Advierto a los lectores que el Sr. Celis es amigo mío, pero ese hecho me parece irrelevante, porque habría escrito lo mismo si se tratara de un hipotético enemigo).

La misma conducta ambigua ha seguido en la Cámara la comisión investigadora de estos hechos: no realizó su trabajo dentro del plazo en que podía presentar una acusación Constitucional y, sin embargo, sigue adelante con sus pesquisas.

Ya que su labor no tendrá consecuencias Constitucionales, ¿qué los mueve? Tal vez adquirieron un repentino interés por la historia y se dedicarán a estudiar hechos como la muerte de Galvarino y la desaparición del Teniente Bello, que naturalmente exceden sus competencias fiscalizadoras.

Otra posibilidad es que esta comisión, compuesta por una mayoría Gubernativa, esté buscando, en realidad, otra cosa. Puesto que no los mueve la labor fiscalizadora establecida por la Constitución, sería lamentable para el país que sacaran provecho partidista de una denuncia que, por desgracia, constituye una excepción en la historia política nacional. O que, sin pensarlo suficientemente, estén aleccionando a los Intendentes actuales y futuros, para que nunca osen romper la Ley del silencio.

El fin al binominal,

por Manuel José Ossandón.

Ahora que la reforma al sistema electoral ha concluido su primer trámite en la Cámara de Diputados, estamos más cerca que nunca a cambiar el sistema binominal. Pero debemos ser cuidadosos en evitar que el nuevo sistema reproduzca los malos incentivos de aquel. Además, en el proceso de negociación y construcción de consenso, debemos hablar siempre con la verdad y transparentar nuestras agendas.

En la Cámara, los partidarios de terminar con el binominal argumentaron que la única forma de tener un sistema de representación proporcional era aumentando el número de Legisladores. El Gobierno insistió en que esto se haría a costo cero. Ambos argumentos faltan a la verdad.

Una Cámara con 120 Diputados puede ser tan proporcional como una de 155 Diputados, si los Distritos se dibujan buscando conjugar el principio de “una persona, un voto” con una mayor representación para las Regiones extremas del país. La razón por la que el proyecto aumenta el número de Distritos es porque los partidos que han entrado a la negociación se quieren hacer un traje a la medida. El Gobierno, por su parte, ha insistido en que el aumento de un 30% en el número de Parlamentarios va a ser a costo cero para el presupuesto. No hay necesidad de faltar a la verdad, aunque sea para una buena causa. El costo cero será sólo en el primer año y después aumentará el presupuesto para financiar a los nuevos Parlamentarios.

El argumento más objetivo para cambiar el binominal es que el sistema hace que la competencia sea más al interior de las listas que entre las listas. Lo ideal es que un sistema electoral induzca  más competencia entre coaliciones que al interior de éstas.

Otra crítica legítima es que los Distritos, cuyos límites fueron establecidos de forma arbitraria en 1989, distorsionan el principio de “una persona, un voto”.  En Santiago, el Distrito 29 (La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo) tiene casi cuatro veces más población que el Distrito 19 (Recoleta-Independencia). A su vez, la Región Metropolitana está subrepresentada en ambas Cámaras respecto del resto del país. Parecería razonable corregir esa anomalía al menos en una Cámara. Pero el proyecto que fue aprobado en la Cámara nos aleja todavía más del principio “una persona, un voto”.

Una mala crítica al binominal es que excluye a los partidos chicos. El binominal induce a la formación de grandes coaliciones, por lo que los partidos chicos pueden entrar si forman parte de las coaliciones. Eso es lo que hizo el Partido Comunista desde 2009 y Evópoli desde 2013. Un sistema proporcional moderado será algo más permisivo con los faccionalismos y la proliferación de partidos pequeños. Eso hará más difícil la construcción de consensos en el Parlamento y dará más peso a los partidos chicos, que se convertirán en mercaderes de sus preciados votos.

He sugerido que debiéramos tener un sistema uninominal, como en Inglaterra, Francia o Estados Unidos. Pero también podríamos adoptar un sistema mixto, como el alemán. Lo que no debemos hacer es, por las ganas de terminar con el binominal, adoptar un sistema que termine siendo peor que la enfermedad.

Inexplicable visita Presidencial a Angola.

La gira que recientemente realizó la Presidente Bachelet a África tuvo momentos significativos, como la visita a Sudáfrica, una de las economías más vibrantes del continente, pero también estuvo marcada por la incongruencia de haber profundizado vínculos políticos y económicos con Angola, uno de los países con más corrupción  en el mundo y cuyo Gobierno -que se ha mantenido en el poder desde 1979- es acusado de haber cometido graves crímenes y abusos.

Constituye una señal contradictoria que la Mandatario haya señalado que “Chile debe aprender de Angola”, alabando la representación femenina que tiene el Parlamento de ese país, el cual tiene una generación que vulnera los estándares democráticos elementales. Este tipo de alabanzas son equívocas, porque le entregan legitimidad a un modelo de Gobierno que la política exterior chilena debería condenar. Aún más desconcertante es que el Gobierno chileno haya anunciado su respaldo a la candidatura de Angola para integrar el Consejo de Seguridad de la ONU. Se hace imprescindible que la Cancillería explique cuál es la justificación de este apoyo, pues resulta cuestionable promover sin reservas  un régimen fuertemente cuestionado.

Durante la gira, el Ministerio de Energía de Chile anunció que nuestro país espera triplicar la compra de petróleo al país africano -actualmente se importan desde ahí unos US$ 300 millones-,  con lo cual Angola se constituirá en uno de los mayores proveedores de crudo del mercado nacional. Hasta ahora no ha existido una explicación oficial que justifique las ventajas de esta operación, considerando que el petróleo es un commodity cuyo precio se determina en el mercado internacional, y no existen problemas de abastecimiento. Los resultados de la gira a África se ven empañados con lazos políticos que al país no le convienen. 

Falla en el Metro: Hora de repensar la ciudad.

El pasado miércoles, el Metro de Santiago sufrió una de las mayores fallas de su historia. Una fisura en los rieles provocó la suspensión del servicio en gran parte de la Línea 4, lo que terminó por afectar al resto de la red y al sistema de transporte público en su totalidad.

Pese a tratarse de un hecho puntual y de frecuencia inusual, las consecuencias provocadas por este desperfecto, que se suman a los inconvenientes de seguridad que ha debido enfrentar el tren subterráneo en el último tiempo, descubren hasta qué punto el Metro ha pasado de ser la columna vertebral del transporte público a la válvula de escape de los problemas de movilización de la capital.

Frente a lo sucedido la semana pasada, siempre es tentador señalar la falta de un plan de contingencia efectivo para enfrentar este tipo de situaciones, pero responsabilizar únicamente al Metro por el caos del miércoles —adonde parecen apuntar algunas declaraciones del Ministerio de Transportes y el Sernac— es, cuando menos, injusto.

Aun cuando es necesario criticar la falta de coordinación con el Transantiago y las autoridades, varios especialistas han señalado que es imposible reemplazar sólo con transportes alternativos a una línea que diariamente moviliza a más de 400 mil pasajeros. Se deben considerar, además, lo inusual de que las fallas se presenten en las vías —usualmente ocurren en los carros— y el hecho de que la tasa de desperfectos del Metro de Santiago es entre 20 y 30 por ciento menor que la de otros sistemas similares a nivel mundial.

Más que una carencia del Metro en específico, el desperfecto del día miércoles reveló la incapacidad de nuestra matriz de transporte para contener el desorden de una ciudad a la que se ha dejado “crecer” sin un control eficaz por demasiado tiempo.

El año pasado, la Contraloría aprobó una reforma al plan regulador metropolitano, con la cual el Gran Santiago sumó 10 mil hectáreas a su espacio urbano, para llegar a las 120 mil hectáreas. La medida busca principalmente atender la demanda de suelo que exigirá una ciudad que aumentará en 1,6 millones su población de aquí al año 2030.

La pregunta salta a la vista: ¿Cómo hará nuestro sistema de transporte para soportar este crecimiento? La respuesta no es clara y entre los expertos no existe un completo acuerdo.

Una de las propuestas habituales es la de mejorar la cobertura del tren subterráneo con la construcción de nuevas líneas y la ampliación de otras. Sin embargo, esta medida, si bien mejoraría la situación de Comunas que hoy están prácticamente aisladas, aumentaría aún más la carga que debe soportar el Metro y sobre todo impactaría significativamente en la casi colapsada Línea 1.

Es aquí donde se encuentra una de las principales problemáticas del transporte capitalino. La excesiva centralización de Santiago provoca que medidas que pueden ser beneficiosas para la periferia afecten inevitablemente la funcionalidad de los servicios del centro. Hoy la Línea 1 cubre menos de 20 kilómetros de los más de 100 que posee la red, pero absorbe casi el 50 por ciento del total de viajes anuales. Este tema no es menor, más si se tiene en cuenta la gran expansión que tendrá el sistema con la apertura de dos líneas en los próximos años, a las que podrían sumarse nuevos recorridos que incluirían zonas densamente pobladas, como San Bernardo y Quilicura.

En este sentido, pese a algunas críticas a su posibilidad de implementación, el Plan Maestro de Transporte Santiago 2025 presentado a comienzos de 2013 es una iniciativa valiosa, puesto que, si bien considera al Metro como eje del transporte de la ciudad —algo por lo demás lógico—, incluye la construcción y reforzamiento de una serie de medios de transporte alternativos, como ciclovías, sistemas de pre-metro o trenes ligeros, teleféricos, etc.

No se puede esperar que el Metro continúe actuando como el único filtro y remedio de los problemas del transporte y de la propia planificación urbana de la ciudad. No sólo se requiere una completa reestructuración que diversifique la matriz del transporte urbano, sino que es necesario además sentarse a repensar en qué ciudad queremos vivir.

Arcis y las convicciones del PC.

La crisis financiera y académica en la que se encuentra la Universidad Arcis -con un importante período (2004-2013) estrechamente ligada al Partido Comunista, a través de Ediciones ICAL (Instituto Científico Alejandro Lipschutz)-, cuyos detalles han sido revelados en el reportaje de investigación de Ciper Chile, ilustra cómo los intereses comerciales y la obtención de retornos a sus inversiones resultaron más importantes para el PC que las convicciones ideológicas que proclama sostener, y con las que denunciaba acremente al sistema de universidades privadas del país. Las mismas prácticas que realizadas por otros resultaban inaceptables, cuando ellas eran realizadas por dirigentes de su propio partido, en posiciones de importancia en la universidad, no merecieron crítica alguna desde el PC y formaban parte de la rutina con que se la administraba. Solo la embarazosa situación que ese hecho supondría, una vez que el partido se incorporara a la Nueva Mayoría, lo instó a salir de su propiedad a fines de 2013.

Una de las acciones "neoliberales" en las que se involucró el PC fue la creación de una empresa inmobiliaria (Inversiones e Inmobiliaria La Libertad S.A.), dueña de los inmuebles donde funcionaba la universidad, la que recibía arriendo por ellos y repartió dividendos a sus accionistas, incluida Ediciones ICAL, lo que ocurrió hasta diciembre de 2012; asimismo, la fallida expansión de Arcis a Provincias -Cabrero, Curanilahue, Castro, Portezuelo, Lota y Cañete-, cuyo dudoso objetivo académico, y aún más dudoso sentido comercial, siembra un manto de dudas respecto de los reales beneficiarios de los recursos allí invertidos; la recepción de casi 13 millones de dólares, en 2008 y 2009, desde el Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (Bandes), por instrucciones del propio ex Presidente Chávez, para un convenio de asistencia económica no reembolsable, cuyo destino permitió la sobrevivencia de la universidad por algunos años más, dado que su situación económica ya se había tornado crítica, parecen el equivalente, de signo contrario, a las operaciones que el PC le adjudicaba a la CIA en distintos países de Latinoamérica.

Cuando la Universidad del Mar se transformó en el símbolo de lo malo que había en el sistema universitario chileno, y el PC, a través de Camila Vallejo como dirigente universitaria, encabezaba las críticas al respecto, una similar situación en Arcis solo mereció del partido y de la actual Diputado un riguroso y disciplinado silencio. Ninguno de los hechos denunciados por Ciper parece desvirtuado en la respuesta difundida por ICAL a la prensa. Al parecer, las convicciones ideológicas del PC fueron reemplazadas, en este caso, por un inconfesable "afán de lucro", denotando con ello un doble estándar imposible de disimular.

Fallo sobre información tendenciosa.

       

La Corte Suprema ha confirmado definitivamente la multa aplicada al director del diario Estrategia por la Superintendencia de Valores y Seguros, por haber infringido las normas de la Ley de Mercado de Valores que prohíben la difusión de información falsa o tendenciosa, con el objeto de inducir a error en el mercado bursátil. Se confirma así la gravedad de lo ocurrido nueve años atrás, dado que tanto el Tribunal de primera instancia, como la Corte de Apelaciones y el máximo Tribunal estuvieron contestes en que la publicación de información sobre una empresa cotizada en Bolsa había sido realizada con el propósito de generar una apreciación favorable en el público -aunque sin fundamentos-, que incidió en el alza del precio de las acciones y que dio lugar a una ganancia indebida por parte de quien había promovido esa difusión.

La Ley de Mercado de Valores ha incorporado -en sucesivas reformas desde su dictación en 1981- un conjunto de disposiciones que regulan la difusión de información sobre los emisores de valores de oferta pública, así como su manejo por parte de quienes están vinculados al funcionamiento del mercado de capitales. Entre esas regulaciones está la tipificación de los delitos por el uso indebido de información privilegiada o por infracciones de las obligaciones asociadas al manejo de los conflictos de interés, entre otras.

Pero también están las que sancionan la difusión de informaciones falsas o tendenciosas al mercado, que es el caso de la norma que funda esta sanción, lo que adquiere una mayor gravedad cuando el infractor es un medio especializado del ámbito económico, que está llamado a generar y no a debilitar la confianza. La gravedad asignada por el Legislador a este ilícito queda de manifiesto en dos aspectos: por una parte, se castiga al que difunde la información tendenciosa, “aun cuando no persiga con ello obtener ventajas o beneficios”; y por otra, cuando es sancionada como delito, la pena de presidio conlleva también la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, si el autor ha actuado “prevaleciéndose de su condición profesional”. Existe aquí un evidente vacío Legal, porque el espíritu del Legislador es que quien ha transgredido los estándares de la función profesional que desempeña, en este caso la informativa, no sólo debe recibir la multa y la condena social que conlleva, sino que también debería quedar inhabilitado para desempeñar la actividad cuyos estándares éticos transgredió.

En los debates públicos suele deslizarse la opinión de que en Chile existiría un vacío en lo que respecta a la regulación de temas como el uso indebido de información privilegiada o la difusión de información sensible para el mercado bursátil. La confirmación Judicial de esta sanción aplicada por la SVS desmiente esa percepción  y confirma que existen normas que permiten que sean sancionadas las prácticas ilícitas, siempre que exista una investigación fundada y oportuna de las conductas señaladas. Esto permite que el mercado funcione con garantías de equidad para los inversionistas y que la función informativa sea desempeñada en forma responsable.

Mejorar las políticas públicas.

El debate respecto de la reforma tributaria ha dejado de manifiesto la necesidad de contar con instituciones independientes que puedan preparar análisis económicos de alta complejidad. Esto es un elemento fundamental dentro de la institucionalidad de cualquier nación que busque blindar la salud de sus arcas Fiscales de malas políticas públicas.

Un buen ejemplo en esta materia lo ofrece la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, conocida como CBO por sus siglas en inglés. Por más de tres décadas, esta institución ha sido responsable de entregar análisis económicos no partidistas, con énfasis en materias Fiscales, a los Parlamentarios. Sus estudios se caracterizan por un gran detalle en sus cálculos, incluyendo la descripción de las distintas fuentes de información, todo para asegurar la mayor transparencia y objetividad. Adicionalmente, con una dotación de expertos de alto nivel y con reuniones regulares con paneles de asesores externos, que incluyen renombrados académicos de las más prestigiosas universidades, la unidad procura mantener sus estudios al día en cuanto a los avances en las ciencias económicas, generando un sello de calidad reconocido transversalmente. Esto le ha permitido a la institución hacer contribuciones importantes en materia de políticas públicas. El caso más reciente ha sido en el área de salud. Sus estudios no solamente han cuestionado los cálculos de la administración del Presidente Obama en cuanto al costo de su programa de salud, sino que también ha entregado evidencia del impacto de algunos de los problemas en su diseño. Su aporte ha permitido mejorar el diseño original y tener una idea de los costos de largo plazo de la iniciativa.

Pero el caso de la CBO no es único. El Instituto de Estudios Fiscales (IFS) del Reino Unido y la Oficina de Análisis de Políticas Económicas (CPB) de Holanda son también ejemplos de instituciones de gran independencia, con financiamiento del Estado, que cruzan las ciencias económicas con el análisis de políticas públicas para nutrir el debate de cifras y estadísticas objetivas.

Chile requiere de una institucionalidad de este tipo. Gran parte del debate en torno de la reforma tributaria, y ahora la educacional, podría haber sido encauzado con estimaciones independientes de sus costos e impacto. Los análisis financieros preparados por la Dirección de Presupuestos no son suficientes y requieren un contrapeso. Lamentablemente los centros académicos con el capital humano y el interés para poder suplir esta necesidad son contados con los dedos de la mano, los que además chocan con las restricciones en el acceso a la información controlada por el Estado. Es necesario dar el paso hacia una mejor institucionalidad que vele por las buenas políticas públicas. No hay mejor cura para evitar el populismo que un debate basado en el análisis desapasionado de cifras objetivas.

Otro impuesto disfrazado de verde.

El programa de Gobierno que la actual administración presentó ante los electores incluyó la introducción de un impuesto proporcional a la cilindrada de los vehículos que utilizan petróleo diésel, el que “se pagaría anualmente junto con el permiso de circulación”. El objetivo de este tributo, según el documento, sería “desincentivar la compra de vehículos particulares que utilizan petróleo diésel y también aquellos de alta cilindrada”.

La propuesta encontró la temprana reacción de la industria automotriz, respaldada por la preocupación expresada por los representantes comerciales de varios países que vieron en este impuesto una violación a los acuerdos internacionales en la materia. Según un Senador oficialista, la forma como esta iniciativa quedó reflejada en el proyecto de reforma tributaria “estaba sujeta a un posible reclamo por incumplimiento de los tratados comerciales ante la Organización Mundial del Comercio”.

Este riesgo podría haber supuesto una luz de esperanza para los consumidores, sometidos al pago de impuestos a la venta, circulación y combustibles para el uso de automóviles, además del pago de peajes por autopistas urbanas e interurbanas. Pero el apetito del Estado por nuevos recursos pudo más y Hacienda encontró la manera de esquivar los reclamos extranjeros con la simple fórmula de extender el tributo a los vehículos que utilizan gasolina.

Considerando las diferencias existentes en materia de impuesto adicional entre gasolina y diésel, la extensión de este nuevo impuesto en formación está lejos de avanzar hacia un mayor equilibrio entre ambas opciones de combustibles. Pero eso no es todo: el objetivo de desincentivar el uso de vehículos más contaminantes (sustentado sólo en la emisión de óxidos de nitrógeno) tampoco se resguarda, en la medida en que se exime a vehículos para transporte de pasajeros con más de 10 asientos, tractores, carretillas, casas rodantes, camiones, camionetas y furgones de más de 2.000 kilos de capacidad de carga y furgones cerrados de menor capacidad, entre otros modelos de uso comercial.

Bajo este escenario, todo indica que estamos frente a un nuevo tributo de fácil recaudación para el Fisco, vestido con los argumentos tradicionales de impuesto verde con externalidades positivas para la comunidad en su conjunto. De paso, contradice políticas implementadas en el pasado por la propia autoridad, como ocurrió en 2001, cuando Enap, en el marco de una ceremonia que contó con la presencia del entonces Presidente de la República, lanzó al mercado el denominado diésel ciudad, lo que a su vez contribuyó al aumento de la importación de vehículos con esta tecnología.

La nueva propuesta de impuesto a la primera venta de vehículos diésel y gasolina ha sido objetada por Parlamentarios de oposición. Dicen que no se ajusta a lo acordado en el protocolo de la reforma tributaria, lo que, de paso, abre un nuevo espacio de duda respecto de la forma cómo los especialistas de Hacienda reflejaron dicho documento en las indicaciones al proyecto. Esta diferencia advertida por los Parlamentarios podría constituir un espacio de acción para revaluar este tributo, considerando, además, que por su diseño también esconde elementos regresivos. Por lo pronto, las cifras elaboradas por el propio Ministerio dan cuenta de porcentajes de impuesto promedio ponderado mayores, por ejemplo, en el caso de vehículos de entre siete y ocho millones de pesos, respecto de aquellos con valores de venta entre ocho y nueve millones. El Gobierno debería tener presente, asimismo, que este tributo parece ser una reedición encubierta del “impuesto al lujo” a los automóviles, que tuvo que ser suprimido en virtud del tratado de libre comercio con EE.UU.

Ayuda del Mineduc a Municipios.

En un reciente anuncio, el Ministerio de Educación informó que financiará el pago de la deuda previsional que mantiene un grupo de Municipalidades con funcionarios de colegios públicos. Este pago se destinará a los 31 Municipios que presentan las morosidades más altas por este concepto, y cuya deuda asciende a  56 mil millones de pesos. Los dineros que destinará el Mineduc permitirán pagar un 40% del monto total.

La medida resulta controversial, pues cuando menos cabría haber exigido un detallado análisis de por qué estas Municipalidades arrastran una deuda de esta naturaleza, pues no es la realidad del resto del país. Resulta relevante despejar este punto, porque de lo contrario podría aparecer como una suerte de aliciente a manejos presupuestarios deficientes por parte de algunos Municipios. De allí la importancia de que el Mineduc les exija a las Municipalidades un compromiso efectivo de que resolverán la deuda estructural que mantienen, pues muchos Alcaldes, en vez de ocuparse en mejorar su gestión y buscar alternativas para poner término a estas deudas, realizan medidas de presión para que sea el Estado el que finalmente se haga cargo de un problema que les corresponde a ellos solucionar.

Para cumplir con este objetivo, el Mineduc aseguró que realizará un proceso de control a los Municipios beneficiados con esta iniciativa, que consiste en la firma de un convenio que le permita al Ministerio cancelar de forma directa la deuda. Tal mecanismo de control parece insuficiente para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse, por lo que sería conveniente que una solución de este tipo de discutiera mediante una Ley especial que permita un debate público y contemple mecanismos efectivos de fiscalización.