Congreso a costo cero,
por
Eugenio Guzmán.
Con gran exaltación y jolgorio los
integrantes de la Nueva Mayoría, con el apoyo de Amplitud, celebraron la
aprobación del proyecto de reforma electoral.
Pero una cosa son las declaraciones y otra son los hechos que derivan de la reforma. Así, en materia de gastos, no se entiende que el proyecto, como lo ha señalado el Gobierno, no implicará mayores gastos. Lo sorprendente es que con un proyecto como éste, en buenas cuentas, se nos están insinuando dos cosas. La primera es que, a pesar de que se aumente en 30% el número de Diputados y Senadores (de 158 a 205), ni sus gastos ni su dieta aumentarán; luego, habría que suponer que estarían sobredimensionados. La segunda es que las operaciones propias de ambas Cámaras, relativas al apoyo de la actividad Legislativa, también estarían sobredimensionadas, puesto que con los mismos funcionarios y gastos operacionales se puede ser igualmente eficiente en la formulación, evaluación y estudio de los proyectos Legislativos, a pesar de este aumento. Dicho en otros términos, no sólo nuestros Parlamentarios estarían “sobreestimulados” económicamente, sino que también habría recursos ociosos.
Pero una cosa son las declaraciones y otra son los hechos que derivan de la reforma. Así, en materia de gastos, no se entiende que el proyecto, como lo ha señalado el Gobierno, no implicará mayores gastos. Lo sorprendente es que con un proyecto como éste, en buenas cuentas, se nos están insinuando dos cosas. La primera es que, a pesar de que se aumente en 30% el número de Diputados y Senadores (de 158 a 205), ni sus gastos ni su dieta aumentarán; luego, habría que suponer que estarían sobredimensionados. La segunda es que las operaciones propias de ambas Cámaras, relativas al apoyo de la actividad Legislativa, también estarían sobredimensionadas, puesto que con los mismos funcionarios y gastos operacionales se puede ser igualmente eficiente en la formulación, evaluación y estudio de los proyectos Legislativos, a pesar de este aumento. Dicho en otros términos, no sólo nuestros Parlamentarios estarían “sobreestimulados” económicamente, sino que también habría recursos ociosos.
Veamos algunos ejemplos. Actualmente, la dotación máxima de personal, lo que no es lo mismo que el total de personas que están vinculas directamente al Congreso (asesorías con honorarios y/o convenios), alcanza a 803 funcionarios que apoyan la labor de 158 Legisladores (Diputados y Senadores), si éstos aumentan a 205, asumiendo que no hay recursos ociosos y que el diseño de gastos en recursos humanos es constante por Parlamentario, dicha dotación debiera aumentarse a unos 1.046. Si bien podría decirse que el efecto no es lineal, puede que la cifra sea menor, pero difícilmente nula, a menos que se aumenten los gastos por convenios y honorarios.
Un segundo ejemplo tiene que ver con los gastos en materia de sustento de los comités de ambas Cámaras, personal de apoyo, asesorías externas y gastos operacionales. Actualmente, ascienden a unos $30.000 millones para la operación y funcionamiento Legislativo, lo que no incluye los gastos en personal. Luego, a menos que se estime que estos recursos son más que suficientes, debiéramos esperar que ellos aumenten, tal vez no en 30% más, pero sí, al menos, en alguna proporción. Como no sabemos la forma en que se estructuran no podemos saber el monto exacto de su aumento. No obstante, al parecer el Gobierno supone que son suficientes o que hay economías de escala crecientes.
La verdad es que, a quienes creemos en la importancia de la actividad política, nos cuesta creer que los recursos gastados en el Congreso sobren. Podemos tener reparos, pero se comprende que la labor Legislativa cuente con la mayor disponibilidad de recursos, no para ser un buzón del Gobierno, pero sí para Legislar.
Luego, cuando se señala que la reforma no significará mayores gastos, esto responde a un discurso populista del Ejecutivo. Es obvio que se demandarán mayores recursos, no reconocerlo es demagogia. Desafortunadamente, al igual que con la reforma tributaria, nuevamente la Cámara aparece muy poco activa en mostrar estas ambigüedades.
¿Quién nos defenderá?
por Axel Buchheister.
Según
encuesta Adimark, la caída en la aprobación de la reforma tributaria se
revirtió. Si en junio el apoyo iba en 45%, en julio remontó a 50%. Ello
probablemente fue expresión del ambiente positivo que se transmitió por el
acuerdo tributario. Lo curioso es que los encuestados igual mantuvieron un
cierto pesimismo al respecto, pues el sondeo muestra que un 60% piensa que
dicha reforma tendrá efectos negativos para la clase media y que el 49% cree
que va a disminuir la oferta de empleos.
Puede
concluirse que la gente reaccionó positivamente al acuerdo, pero que igual
siente que será perjudicada. Asimismo, que la consigna que sólo los ricos
pagarían no se la compró casi nadie. La pregunta es a quiénes pensaban que
defendían los políticos de oposición que suscribieron el “protocolo”, y si
acaso no era preferible rechazarlo y proclamar la defensa del ciudadano común,
en un tema que entronca fundamentalmente con el ideario de la centroderecha: no
a más impuestos. Difícil hallar un momento más favorable para defender los
principios y no se hizo. Porque es un fenómeno político mayor que la gente haya
relacionado el aumento de la carga tributaria de las empresas con la
disminución del empleo.
Y margen
para hacer una defensa concreta había de sobra. La reforma tributaria no sólo
crea una sensación de amenaza al empleo, sino que impacta “a la vena” del
ciudadano común; de ese que probablemente no pierda su trabajo, sino que por
tener un ingreso tendrá que pagar más. Así, con protocolo y todo, los cambios
tributarios encarecerán comprarse una vivienda o un auto, fumar, tomarse una
bebida o un trago, usar electricidad o pedir un crédito.
Además,
era la oportunidad para desenmascarar los pretextos con que se justifican las
cosas. Se habla de impuestos verdes o correctivos, pero en realidad no son más
que subterfugios para sacarles plata a las personas. Porque si efectivamente se
quiere mitigar un supuesto mal, como que la gente fume o ingiera mucha azúcar,
¿por qué los impuestos con que se pretende desincentivarlos terminan con una
recaudación positiva? Es decir, el Fisco cuenta con que usted siga fumando para
recaudar más; porque no se ha propuesto un mecanismo que realmente desincentive
que lo haga, lo que, según el típico argumento, disminuiría el gasto en salud.
Resulta,
además, que no era efectivo el gran pretexto que se vendió: que los recursos se
necesitan para la reforma educacional, según lo pide “la calle”, aunque nadie
sabe en qué consistirá y cuánto costará realmente. De manera asombrosa, a su
turno la encuesta CEP consigna que sólo el 22% de los encuestados prefiere que
la mayor recaudación de la reforma tributaria vaya a educación, mientras que el
56% privilegia como destino la salud.
La
centroderecha debe abandonar su temor a que “nuestras ideas no son populares” y
que oponerse a lo que pretende la izquierda puede costar votos. Sí son
populares y la gente busca quién la defienda. Con el protocolo que firmó la
oposición tendrán que seguir esperando por alguien. Quizás Ignacio Walker es
más astuto de lo que sus críticos creen.
Código del silencio,
por Joaquín García Huidobro.
Los Tribunales
se han tomado en serio el combate contra la corrupción y la semana pasada hemos
visto dos sentencias importantes, la del caso MOP-GATE y la condena a tres ex
funcionarios del Gobierno Regional de Valparaíso. Aunque menos espectacular,
este último caso es especialmente importante por tres razones. En primer lugar,
porque afecta a la Alianza. Sabemos que su comportamiento con las platas
públicas fue superior al de la Concertación, pero estuvo lejos de ser
impecable, como lo muestra esta sentencia porteña.
En
segundo lugar, el proceso de Valparaíso fue del todo singular, porque quien lo
descubrió y denunció (el ex intendente Celis) era de la misma tienda política
que los funcionarios que incurrieron en malversación y fraude. En la
condescendiente política chilena de las últimas décadas, un hecho semejante
constituye toda una novedad. Nadie en Chile acusa a los amigos políticos.
Por
supuesto que uno puede pensar que nuestro puerto es un antro de perdición y que
todas las intendencias del país se manejan de manera escrupulosa y
transparente. Pero también caben posibilidades menos tranquilizadoras, como que
otros Intendentes hayan estado en la luna o, lo que es peor, que hayan visto
cosas que prefirieron silenciar.
En los
casos de corrupción que hemos visto, una parte de las platas no ha ido a parar
a los bolsillos de los interesados, sino a financiar campañas políticas. En
Valparaíso, se trataba de candidaturas Municipales del partido político de los
funcionarios.
¿Cómo
interpretar esa generosidad de los funcionarios? Nuevamente tenemos diversas
interpretaciones posibles, que van desde un extraordinario apego a la camiseta
partidaria, que los hace poner en riesgo la propia libertad con tal de
favorecer al Partido, hasta el deseo de afianzar ciertos vínculos que, llegado
el caso, pueden resultar enormemente útiles. Ahora bien, como la cantidad que
se destina al propio partido suele ser considerablemente menor que la que se
guarda para las necesidades personales, parece claro cuál es el propósito de
estos dadivosos donantes.
Dejo para
el final el elemento más interesante del caso de la Intendencia de Valparaíso:
la reacción del partido de los condenados y de algunos Parlamentarios
gobiernistas. Uno pensaría que un partido debería respaldar a un político que
denuncia comportamientos ilegales de sus militantes. Nada daña más a una
agrupación que el hecho de tener en sus filas a gente que, en realidad, está
lejos de compartir sus principios.
No fue
así en este caso, donde su partido dijo que el Intendente Celis era responsable
de lo que hacían los subordinados (que el mismo Celis había denunciado).
Aparentemente
se trata de una reacción perfecta, que insta a las autoridades a elegir a los
mejores colaboradores. En la práctica, sin embargo, es una pésima señal: "Sr.
Intendente, si descubre un delito en sus subordinados, quédese callado, porque
si habla lo culparemos a usted". Si se impone este criterio, ¿qué
autoridad se atreverá en el futuro a proceder con mano firme contra la
corrupción que existe en sus propias filas? (Advierto a los lectores que el Sr.
Celis es amigo mío, pero ese hecho me parece irrelevante, porque habría escrito
lo mismo si se tratara de un hipotético enemigo).
La misma
conducta ambigua ha seguido en la Cámara la comisión investigadora de estos
hechos: no realizó su trabajo dentro del plazo en que podía presentar una
acusación Constitucional y, sin embargo, sigue adelante con sus pesquisas.
Ya que su
labor no tendrá consecuencias Constitucionales, ¿qué los mueve? Tal vez
adquirieron un repentino interés por la historia y se dedicarán a estudiar
hechos como la muerte de Galvarino y la desaparición del Teniente Bello, que
naturalmente exceden sus competencias fiscalizadoras.
Otra
posibilidad es que esta comisión, compuesta por una mayoría Gubernativa, esté
buscando, en realidad, otra cosa. Puesto que no los mueve la labor
fiscalizadora establecida por la Constitución, sería lamentable para el país
que sacaran provecho partidista de una denuncia que, por desgracia, constituye
una excepción en la historia política nacional. O que, sin pensarlo
suficientemente, estén aleccionando a los Intendentes actuales y futuros, para
que nunca osen romper la Ley del silencio.
El fin al binominal,
por Manuel José Ossandón.
Ahora que
la reforma al sistema electoral ha concluido su primer trámite en la Cámara de
Diputados, estamos más cerca que nunca a cambiar el sistema binominal. Pero
debemos ser cuidadosos en evitar que el nuevo sistema reproduzca los malos
incentivos de aquel. Además, en el proceso de negociación y construcción de
consenso, debemos hablar siempre con la verdad y transparentar nuestras
agendas.
En la
Cámara, los partidarios de terminar con el binominal argumentaron que la única
forma de tener un sistema de representación proporcional era aumentando el
número de Legisladores. El Gobierno insistió en que esto se haría a costo cero.
Ambos argumentos faltan a la verdad.
Una
Cámara con 120 Diputados puede ser tan proporcional como una de 155 Diputados,
si los Distritos se dibujan buscando conjugar el principio de “una persona, un
voto” con una mayor representación para las Regiones extremas del país. La
razón por la que el proyecto aumenta el número de Distritos es porque los
partidos que han entrado a la negociación se quieren hacer un traje a la
medida. El Gobierno, por su parte, ha insistido en que el aumento de un 30% en
el número de Parlamentarios va a ser a costo cero para el presupuesto. No hay
necesidad de faltar a la verdad, aunque sea para una buena causa. El costo cero
será sólo en el primer año y después aumentará el presupuesto para financiar a
los nuevos Parlamentarios.
El
argumento más objetivo para cambiar el binominal es que el sistema hace que la
competencia sea más al interior de las listas que entre las listas. Lo ideal es
que un sistema electoral induzca más
competencia entre coaliciones que al interior de éstas.
Otra
crítica legítima es que los Distritos, cuyos límites fueron establecidos de
forma arbitraria en 1989, distorsionan el principio de “una persona, un
voto”. En Santiago, el Distrito 29 (La
Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo) tiene casi cuatro veces más
población que el Distrito 19 (Recoleta-Independencia). A su vez, la Región
Metropolitana está subrepresentada en ambas Cámaras respecto del resto del
país. Parecería razonable corregir esa anomalía al menos en una Cámara. Pero el
proyecto que fue aprobado en la Cámara nos aleja todavía más del principio “una
persona, un voto”.
Una mala
crítica al binominal es que excluye a los partidos chicos. El binominal induce
a la formación de grandes coaliciones, por lo que los partidos chicos pueden
entrar si forman parte de las coaliciones. Eso es lo que hizo el Partido
Comunista desde 2009 y Evópoli desde 2013. Un sistema proporcional moderado
será algo más permisivo con los faccionalismos y la proliferación de partidos
pequeños. Eso hará más difícil la construcción de consensos en el Parlamento y
dará más peso a los partidos chicos, que se convertirán en mercaderes de sus
preciados votos.
He
sugerido que debiéramos tener un sistema uninominal, como en Inglaterra,
Francia o Estados Unidos. Pero también podríamos adoptar un sistema mixto, como
el alemán. Lo que no debemos hacer es, por las ganas de terminar con el
binominal, adoptar un sistema que termine siendo peor que la enfermedad.
Inexplicable visita
Presidencial a Angola.
La gira
que recientemente realizó la Presidente Bachelet a África tuvo momentos
significativos, como la visita a Sudáfrica, una de las economías más vibrantes
del continente, pero también estuvo marcada por la incongruencia de haber
profundizado vínculos políticos y económicos con Angola, uno de los países con
más corrupción en el mundo y cuyo Gobierno
-que se ha mantenido en el poder desde 1979- es acusado de haber cometido
graves crímenes y abusos.
Constituye
una señal contradictoria que la Mandatario haya señalado que “Chile debe
aprender de Angola”, alabando la representación femenina que tiene el
Parlamento de ese país, el cual tiene una generación que vulnera los estándares
democráticos elementales. Este tipo de alabanzas son equívocas, porque le
entregan legitimidad a un modelo de Gobierno que la política exterior chilena
debería condenar. Aún más desconcertante es que el Gobierno chileno haya
anunciado su respaldo a la candidatura de Angola para integrar el Consejo de
Seguridad de la ONU. Se hace imprescindible que la Cancillería explique cuál es
la justificación de este apoyo, pues resulta cuestionable promover sin
reservas un régimen fuertemente
cuestionado.
Durante
la gira, el Ministerio de Energía de Chile anunció que nuestro país espera
triplicar la compra de petróleo al país africano -actualmente se importan desde
ahí unos US$ 300 millones-, con lo cual
Angola se constituirá en uno de los mayores proveedores de crudo del mercado
nacional. Hasta ahora no ha existido una explicación oficial que justifique las
ventajas de esta operación, considerando que el petróleo es un commodity cuyo
precio se determina en el mercado internacional, y no existen problemas de
abastecimiento. Los resultados de la gira a África se ven empañados con lazos
políticos que al país no le convienen.
Falla en el Metro: Hora de
repensar la ciudad.
El pasado
miércoles, el Metro de Santiago sufrió una de las mayores fallas de su
historia. Una fisura en los rieles provocó la suspensión del servicio en gran
parte de la Línea 4, lo que terminó por afectar al resto de la red y al sistema
de transporte público en su totalidad.
Pese a
tratarse de un hecho puntual y de frecuencia inusual, las consecuencias
provocadas por este desperfecto, que se suman a los inconvenientes de seguridad
que ha debido enfrentar el tren subterráneo en el último tiempo, descubren
hasta qué punto el Metro ha pasado de ser la columna vertebral del transporte
público a la válvula de escape de los problemas de movilización de la capital.
Frente a
lo sucedido la semana pasada, siempre es tentador señalar la falta de un plan
de contingencia efectivo para enfrentar este tipo de situaciones, pero
responsabilizar únicamente al Metro por el caos del miércoles —adonde parecen
apuntar algunas declaraciones del Ministerio de Transportes y el Sernac— es,
cuando menos, injusto.
Aun
cuando es necesario criticar la falta de coordinación con el Transantiago y las
autoridades, varios especialistas han señalado que es imposible reemplazar sólo
con transportes alternativos a una línea que diariamente moviliza a más de 400
mil pasajeros. Se deben considerar, además, lo inusual de que las fallas se
presenten en las vías —usualmente ocurren en los carros— y el hecho de que la
tasa de desperfectos del Metro de Santiago es entre 20 y 30 por ciento menor
que la de otros sistemas similares a nivel mundial.
Más que
una carencia del Metro en específico, el desperfecto del día miércoles reveló
la incapacidad de nuestra matriz de transporte para contener el desorden de una
ciudad a la que se ha dejado “crecer” sin un control eficaz por demasiado
tiempo.
El año
pasado, la Contraloría aprobó una reforma al plan regulador metropolitano, con
la cual el Gran Santiago sumó 10 mil hectáreas a su espacio urbano, para llegar
a las 120 mil hectáreas. La medida busca principalmente atender la demanda de
suelo que exigirá una ciudad que aumentará en 1,6 millones su población de aquí
al año 2030.
La
pregunta salta a la vista: ¿Cómo hará nuestro sistema de transporte para
soportar este crecimiento? La respuesta no es clara y entre los expertos no
existe un completo acuerdo.
Una de
las propuestas habituales es la de mejorar la cobertura del tren subterráneo
con la construcción de nuevas líneas y la ampliación de otras. Sin embargo, esta
medida, si bien mejoraría la situación de Comunas que hoy están prácticamente
aisladas, aumentaría aún más la carga que debe soportar el Metro y sobre todo
impactaría significativamente en la casi colapsada Línea 1.
Es aquí
donde se encuentra una de las principales problemáticas del transporte
capitalino. La excesiva centralización de Santiago provoca que medidas que
pueden ser beneficiosas para la periferia afecten inevitablemente la
funcionalidad de los servicios del centro. Hoy la Línea 1 cubre menos de 20
kilómetros de los más de 100 que posee la red, pero absorbe casi el 50 por
ciento del total de viajes anuales. Este tema no es menor, más si se tiene en
cuenta la gran expansión que tendrá el sistema con la apertura de dos líneas en
los próximos años, a las que podrían sumarse nuevos recorridos que incluirían
zonas densamente pobladas, como San Bernardo y Quilicura.
En este
sentido, pese a algunas críticas a su posibilidad de implementación, el Plan
Maestro de Transporte Santiago 2025 presentado a comienzos de 2013 es una
iniciativa valiosa, puesto que, si bien considera al Metro como eje del
transporte de la ciudad —algo por lo demás lógico—, incluye la construcción y
reforzamiento de una serie de medios de transporte alternativos, como ciclovías,
sistemas de pre-metro o trenes ligeros, teleféricos, etc.
No se
puede esperar que el Metro continúe actuando como el único filtro y remedio de
los problemas del transporte y de la propia planificación urbana de la ciudad.
No sólo se requiere una completa reestructuración que diversifique la matriz
del transporte urbano, sino que es necesario además sentarse a repensar en qué
ciudad queremos vivir.
Arcis y las convicciones del
PC.
La crisis
financiera y académica en la que se encuentra la Universidad Arcis -con un
importante período (2004-2013) estrechamente ligada al Partido Comunista, a
través de Ediciones ICAL (Instituto Científico Alejandro Lipschutz)-, cuyos
detalles han sido revelados en el reportaje de investigación de Ciper Chile, ilustra
cómo los intereses comerciales y la obtención de retornos a sus inversiones
resultaron más importantes para el PC que las convicciones ideológicas que
proclama sostener, y con las que denunciaba acremente al sistema de
universidades privadas del país. Las mismas prácticas que realizadas por otros
resultaban inaceptables, cuando ellas eran realizadas por dirigentes de su
propio partido, en posiciones de importancia en la universidad, no merecieron
crítica alguna desde el PC y formaban parte de la rutina con que se la
administraba. Solo la embarazosa situación que ese hecho supondría, una vez que
el partido se incorporara a la Nueva Mayoría, lo instó a salir de su propiedad
a fines de 2013.
Una de
las acciones "neoliberales" en las que se involucró el PC fue la
creación de una empresa inmobiliaria (Inversiones e Inmobiliaria La Libertad
S.A.), dueña de los inmuebles donde funcionaba la universidad, la que recibía
arriendo por ellos y repartió dividendos a sus accionistas, incluida Ediciones
ICAL, lo que ocurrió hasta diciembre de 2012; asimismo, la fallida expansión de
Arcis a Provincias -Cabrero, Curanilahue, Castro, Portezuelo, Lota y Cañete-,
cuyo dudoso objetivo académico, y aún más dudoso sentido comercial, siembra un
manto de dudas respecto de los reales beneficiarios de los recursos allí
invertidos; la recepción de casi 13 millones de dólares, en 2008 y 2009, desde
el Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (Bandes), por
instrucciones del propio ex Presidente Chávez, para un convenio de asistencia
económica no reembolsable, cuyo destino permitió la sobrevivencia de la
universidad por algunos años más, dado que su situación económica ya se había
tornado crítica, parecen el equivalente, de signo contrario, a las operaciones
que el PC le adjudicaba a la CIA en distintos países de Latinoamérica.
Cuando la
Universidad del Mar se transformó en el símbolo de lo malo que había en el
sistema universitario chileno, y el PC, a través de Camila Vallejo como
dirigente universitaria, encabezaba las críticas al respecto, una similar
situación en Arcis solo mereció del partido y de la actual Diputado un riguroso
y disciplinado silencio. Ninguno de los hechos denunciados por Ciper parece
desvirtuado en la respuesta difundida por ICAL a la prensa. Al parecer, las
convicciones ideológicas del PC fueron reemplazadas, en este caso, por un
inconfesable "afán de lucro", denotando con ello un doble estándar
imposible de disimular.
Fallo sobre información
tendenciosa.
La Corte
Suprema ha confirmado definitivamente la multa aplicada al director del diario
Estrategia por la Superintendencia de Valores y Seguros, por haber infringido
las normas de la Ley de Mercado de Valores que prohíben la difusión de
información falsa o tendenciosa, con el objeto de inducir a error en el mercado
bursátil. Se confirma así la gravedad de lo ocurrido nueve años atrás, dado que
tanto el Tribunal de primera instancia, como la Corte de Apelaciones y el
máximo Tribunal estuvieron contestes en que la publicación de información sobre
una empresa cotizada en Bolsa había sido realizada con el propósito de generar
una apreciación favorable en el público -aunque sin fundamentos-, que incidió
en el alza del precio de las acciones y que dio lugar a una ganancia indebida
por parte de quien había promovido esa difusión.
La Ley de
Mercado de Valores ha incorporado -en sucesivas reformas desde su dictación en
1981- un conjunto de disposiciones que regulan la difusión de información sobre
los emisores de valores de oferta pública, así como su manejo por parte de
quienes están vinculados al funcionamiento del mercado de capitales. Entre esas
regulaciones está la tipificación de los delitos por el uso indebido de
información privilegiada o por infracciones de las obligaciones asociadas al
manejo de los conflictos de interés, entre otras.
Pero
también están las que sancionan la difusión de informaciones falsas o
tendenciosas al mercado, que es el caso de la norma que funda esta sanción, lo
que adquiere una mayor gravedad cuando el infractor es un medio especializado
del ámbito económico, que está llamado a generar y no a debilitar la confianza.
La gravedad asignada por el Legislador a este ilícito queda de manifiesto en
dos aspectos: por una parte, se castiga al que difunde la información
tendenciosa, “aun cuando no persiga con ello obtener ventajas o beneficios”; y
por otra, cuando es sancionada como delito, la pena de presidio conlleva
también la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la
profesión, si el autor ha actuado “prevaleciéndose de su condición
profesional”. Existe aquí un evidente vacío Legal, porque el espíritu del Legislador
es que quien ha transgredido los estándares de la función profesional que
desempeña, en este caso la informativa, no sólo debe recibir la multa y la
condena social que conlleva, sino que también debería quedar inhabilitado para
desempeñar la actividad cuyos estándares éticos transgredió.
En los
debates públicos suele deslizarse la opinión de que en Chile existiría un vacío
en lo que respecta a la regulación de temas como el uso indebido de información
privilegiada o la difusión de información sensible para el mercado bursátil. La
confirmación Judicial de esta sanción aplicada por la SVS desmiente esa
percepción y confirma que existen normas
que permiten que sean sancionadas las prácticas ilícitas, siempre que exista
una investigación fundada y oportuna de las conductas señaladas. Esto permite
que el mercado funcione con garantías de equidad para los inversionistas y que
la función informativa sea desempeñada en forma responsable.
Mejorar las políticas
públicas.
El debate
respecto de la reforma tributaria ha dejado de manifiesto la necesidad de
contar con instituciones independientes que puedan preparar análisis económicos
de alta complejidad. Esto es un elemento fundamental dentro de la
institucionalidad de cualquier nación que busque blindar la salud de sus arcas Fiscales
de malas políticas públicas.
Un buen
ejemplo en esta materia lo ofrece la Oficina de Presupuesto del Congreso de los
Estados Unidos, conocida como CBO por sus siglas en inglés. Por más de tres
décadas, esta institución ha sido responsable de entregar análisis económicos
no partidistas, con énfasis en materias Fiscales, a los Parlamentarios. Sus
estudios se caracterizan por un gran detalle en sus cálculos, incluyendo la
descripción de las distintas fuentes de información, todo para asegurar la
mayor transparencia y objetividad. Adicionalmente, con una dotación de expertos
de alto nivel y con reuniones regulares con paneles de asesores externos, que
incluyen renombrados académicos de las más prestigiosas universidades, la
unidad procura mantener sus estudios al día en cuanto a los avances en las
ciencias económicas, generando un sello de calidad reconocido transversalmente.
Esto le ha permitido a la institución hacer contribuciones importantes en
materia de políticas públicas. El caso más reciente ha sido en el área de
salud. Sus estudios no solamente han cuestionado los cálculos de la
administración del Presidente Obama en cuanto al costo de su programa de salud,
sino que también ha entregado evidencia del impacto de algunos de los problemas
en su diseño. Su aporte ha permitido mejorar el diseño original y tener una
idea de los costos de largo plazo de la iniciativa.
Pero el
caso de la CBO no es único. El Instituto de Estudios Fiscales (IFS) del Reino
Unido y la Oficina de Análisis de Políticas Económicas (CPB) de Holanda son
también ejemplos de instituciones de gran independencia, con financiamiento del
Estado, que cruzan las ciencias económicas con el análisis de políticas
públicas para nutrir el debate de cifras y estadísticas objetivas.
Chile
requiere de una institucionalidad de este tipo. Gran parte del debate en torno
de la reforma tributaria, y ahora la educacional, podría haber sido encauzado
con estimaciones independientes de sus costos e impacto. Los análisis
financieros preparados por la Dirección de Presupuestos no son suficientes y
requieren un contrapeso. Lamentablemente los centros académicos con el capital
humano y el interés para poder suplir esta necesidad son contados con los dedos
de la mano, los que además chocan con las restricciones en el acceso a la
información controlada por el Estado. Es necesario dar el paso hacia una mejor
institucionalidad que vele por las buenas políticas públicas. No hay mejor cura
para evitar el populismo que un debate basado en el análisis desapasionado de
cifras objetivas.
Otro impuesto disfrazado de
verde.
El programa
de Gobierno que la actual administración presentó ante los electores incluyó la
introducción de un impuesto proporcional a la cilindrada de los vehículos que
utilizan petróleo diésel, el que “se pagaría anualmente junto con el permiso de
circulación”. El objetivo de este tributo, según el documento, sería
“desincentivar la compra de vehículos particulares que utilizan petróleo diésel
y también aquellos de alta cilindrada”.
La
propuesta encontró la temprana reacción de la industria automotriz, respaldada
por la preocupación expresada por los representantes comerciales de varios
países que vieron en este impuesto una violación a los acuerdos internacionales
en la materia. Según un Senador oficialista, la forma como esta iniciativa
quedó reflejada en el proyecto de reforma tributaria “estaba sujeta a un
posible reclamo por incumplimiento de los tratados comerciales ante la
Organización Mundial del Comercio”.
Este
riesgo podría haber supuesto una luz de esperanza para los consumidores,
sometidos al pago de impuestos a la venta, circulación y combustibles para el
uso de automóviles, además del pago de peajes por autopistas urbanas e
interurbanas. Pero el apetito del Estado por nuevos recursos pudo más y
Hacienda encontró la manera de esquivar los reclamos extranjeros con la simple
fórmula de extender el tributo a los vehículos que utilizan gasolina.
Considerando
las diferencias existentes en materia de impuesto adicional entre gasolina y
diésel, la extensión de este nuevo impuesto en formación está lejos de avanzar
hacia un mayor equilibrio entre ambas opciones de combustibles. Pero eso no es
todo: el objetivo de desincentivar el uso de vehículos más contaminantes
(sustentado sólo en la emisión de óxidos de nitrógeno) tampoco se resguarda, en
la medida en que se exime a vehículos para transporte de pasajeros con más de
10 asientos, tractores, carretillas, casas rodantes, camiones, camionetas y
furgones de más de 2.000 kilos de capacidad de carga y furgones cerrados de
menor capacidad, entre otros modelos de uso comercial.
Bajo este
escenario, todo indica que estamos frente a un nuevo tributo de fácil
recaudación para el Fisco, vestido con los argumentos tradicionales de impuesto
verde con externalidades positivas para la comunidad en su conjunto. De paso,
contradice políticas implementadas en el pasado por la propia autoridad, como
ocurrió en 2001, cuando Enap, en el marco de una ceremonia que contó con la
presencia del entonces Presidente de la República, lanzó al mercado el
denominado diésel ciudad, lo que a su vez contribuyó al aumento de la
importación de vehículos con esta tecnología.
La nueva
propuesta de impuesto a la primera venta de vehículos diésel y gasolina ha sido
objetada por Parlamentarios de oposición. Dicen que no se ajusta a lo acordado
en el protocolo de la reforma tributaria, lo que, de paso, abre un nuevo
espacio de duda respecto de la forma cómo los especialistas de Hacienda
reflejaron dicho documento en las indicaciones al proyecto. Esta diferencia
advertida por los Parlamentarios podría constituir un espacio de acción para
revaluar este tributo, considerando, además, que por su diseño también esconde
elementos regresivos. Por lo pronto, las cifras elaboradas por el propio Ministerio
dan cuenta de porcentajes de impuesto promedio ponderado mayores, por ejemplo,
en el caso de vehículos de entre siete y ocho millones de pesos, respecto de
aquellos con valores de venta entre ocho y nueve millones. El Gobierno debería
tener presente, asimismo, que este tributo parece ser una reedición encubierta
del “impuesto al lujo” a los automóviles, que tuvo que ser suprimido en virtud
del tratado de libre comercio con EE.UU.
Ayuda del Mineduc a Municipios.
En un
reciente anuncio, el Ministerio de Educación informó que financiará el pago de
la deuda previsional que mantiene un grupo de Municipalidades con funcionarios
de colegios públicos. Este pago se destinará a los 31 Municipios que presentan
las morosidades más altas por este concepto, y cuya deuda asciende a 56 mil millones de pesos. Los dineros que
destinará el Mineduc permitirán pagar un 40% del monto total.
La medida
resulta controversial, pues cuando menos cabría haber exigido un detallado
análisis de por qué estas Municipalidades arrastran una deuda de esta
naturaleza, pues no es la realidad del resto del país. Resulta relevante
despejar este punto, porque de lo contrario podría aparecer como una suerte de
aliciente a manejos presupuestarios deficientes por parte de algunos Municipios.
De allí la importancia de que el Mineduc les exija a las Municipalidades un
compromiso efectivo de que resolverán la deuda estructural que mantienen, pues
muchos Alcaldes, en vez de ocuparse en mejorar su gestión y buscar alternativas
para poner término a estas deudas, realizan medidas de presión para que sea el
Estado el que finalmente se haga cargo de un problema que les corresponde a
ellos solucionar.
Para
cumplir con este objetivo, el Mineduc aseguró que realizará un proceso de
control a los Municipios beneficiados con esta iniciativa, que consiste en la
firma de un convenio que le permita al Ministerio cancelar de forma directa la
deuda. Tal mecanismo de control parece insuficiente para evitar que estas
situaciones vuelvan a repetirse, por lo que sería conveniente que una solución
de este tipo de discutiera mediante una Ley especial que permita un debate
público y contemple mecanismos efectivos de fiscalización.