¿Cómo pagarán los afiliados a las AFP parte de la
reforma tributaria?,
por Bernardo Fontaine.
Creo oportuno revisar los pagos de impuestos
que inadvertidamente efectúan los trabajadores chilenos a través de sus cuentas
en las AFP. Conviene explicarlo en detalle, porque las autoridades económicas
han reconocido a medias este verdadero abuso contra los afiliados a las AFP. Lo
más grave es que con la reforma tributaria todos los accionistas podrán rebajar
de sus impuestos personales el 35% que paguen las empresas, menos los afiliados
a las AFP.
Los afiliados a este sistema depositamos parte
de nuestros sueldos en nuestras cuentas en las AFP, las que invierten esos
fondos en diversos instrumentos financieros, entre otros, en acciones de
sociedades chilenas que transan en bolsa. Esas sociedades son las principales
compañías de Chile, las conocidas por todos: Cencosud, Endesa, LAN, Falabella y
muchas más.
Cualquiera de esas empresas, por ejemplo
Falabella, paga anualmente 20% de impuestos sobre sus utilidades. Y cualquier
accionista de Falabella puede pedir la devolución de ese 20% o utilizarlo como
crédito contra los impuestos que le corresponde pagar a ese accionista. Que sea
crédito, significa que puede descontar ese 20% de los impuestos que debe pagar.
Incluso si los impuestos que le corresponden al accionista son inferiores a ese
20%, el Fisco le devuelve la diferencia en dinero.
Pues bien, eso es cierto para todos los
accionistas, menos para los afiliados a las AFP. Ellos no tienen derecho a usar
ese crédito tributario; por consiguiente, los perjudicará íntegramente el alza
del impuesto a las empresas propuesto por la reforma tributaria de 20% a 35%.
Así, si los afiliados tuvieran acciones
directamente, recuperarían el impuesto pagado por Falabella, para seguir con el
ejemplo, y si sus tasas de impuestos personales son bajas, les llegaría un cheque
de devolución de impuestos. Por el contrario, en el caso de las acciones de
Falabella que tienen a través de sus cuentas individuales en las AFP, ese 20%
lo cobra el Fisco y no lo devuelve.
Esa injusticia con los afiliados de las AFP
existe desde siempre, pero eso no quita la urgencia por solucionarla. La
reforma propuesta por el Gobierno agrava esta inequidad, por cuanto la tasa de
impuesto a las empresas sube de 20% a 35%. Estudios de las AFP han estimado que
los afiliados podrían recibir hasta 6% menos de pensión por este efecto.
¿Qué sería lo correcto? Que el Estado
depositara anualmente en las cuentas individuales de cada afiliado ese impuesto
cobrado a las empresas y que la mayoría de ellos no deben pagar. Esos fondos
irían incrementando el saldo de sus cuentas y con ello mejorarían sus futuras
jubilaciones. Como esto significaría un desembolso anual del orden de US$ 400
millones al Fisco, siempre de acuerdo a estudios de las AFP, una alternativa
para no afectar hoy la caja Fiscal es que el Fisco le devuelva ese monto a cada
afiliado en el momento de la jubilación.
El Gobierno ha reconocido la necesidad de
devolver el 10% de retención que tendrán que pagar las empresas cuando se
aplique la reforma, pero no se ha pronunciado sobre el 25% de Primera
Categoría. Dicho sea de paso, esa devolución del 10% a los afiliados no está en
el proyecto de Ley y ha surgido en respuesta a la demanda ciudadana liderada
por las propias AFP.
Las autoridades han sostenido que los
pensionados, en su gran mayoría, están exentos de impuestos, pero eso no tiene
nada que ver. Estamos en presencia de una inequidad tributaria entre distintos
tipos de accionistas y, en concreto, de una inequidad en perjuicio de los
trabajadores chilenos y de sus ahorros previsionales depositados en sus cuentas
individuales. Hemos dicho que la reforma tributaria es contra el ahorro y este
es un elemento más en esa línea.
Finalmente, hay que estudiar qué pasa con las
fundaciones de beneficencia, pues ellas parecen estar en la misma condición que
los afiliados a las AFP.
Congreso Nacional en la Ruta 68,
por Juan Carlos Guajardo.
Han sido tantos los intentos por trasladar el
Congreso Nacional desde Valparaíso a Santiago que esta institución republicana
parece tener su vista puesta en una de las principales carreteras del país, la
Ruta 68, deseosa de emprender un viaje definitivo a la capital. La falta de
certeza que generan estos intentos hace que no prospere ninguna proyección de
largo plazo en Valparaíso asociada a la presencia del Congreso, dejando
indeterminada la situación de la sede.
Recientemente el Senador Zaldívar abogó por el
cambio esgrimiendo razones presupuestarias, señalando que los ahorros que se
generarían permitirían aumentar el número de Parlamentarios, en una reforma que
aumenta proporcionalmente la representación de la Región Metropolitana en
desmedro de las Regiones.
Después de 24 años de sucesivas tratativas de
traslado, a los porteños ya no nos sorprende escuchar estos intentos, aunque sí
llama la atención en este último caso, la falta de sensibilidad al plantearlo a
escasos días de la peor tragedia que ha vivido la ciudad sede, lo que parece
indicar un desdén no menor o al menos una conciencia muy poco clara del rol de
la institución en esta ciudad.
Lo peor de esta situación, sin embargo, es que
prácticamente ninguno de los intentos de traslado en estos 24 años de operación
del Congreso Nacional en Valparaíso ha venido acompañado de una reflexión sobre
la descentralización del país. Aún a pesar de su origen no democrático, el
Congreso en Valparaíso es una realidad no-centralista que de ser modificada
necesita ser abordada también con una visión de Estado.
Los Parlamentarios deben saber que los porteños
no nos oponemos al traslado del Congreso por el cariño que genera, ni por la
pérdida de beneficios, ya que en la práctica no ha habido ninguno, sino por el
hecho de que representa uno de los pocos intentos del poder central por
retribuir –aún simbólicamente-, a una Región.
Trasladarlo sin dar nada a cambio a Valparaíso,
dejaría el sabor amargo de quien siente que pierde una legítima compensación.
La catástrofe generada por el gran incendio hace algunas semanas desnudó
cruelmente la postergación que la ciudad de Valparaíso ha padecido por décadas,
realidad que también existe en otras zonas del país.
Un cambio responsable del Congreso Nacional
debería plantearse en un marco de real voluntad para abordar el problema de la
desigualdad Regional en Chile, comenzando por responder con un esfuerzo de
Estado a la postergación de Valparaíso.
La clase media y las reformas de Bachelet,
por Luis Larraín.
Michelle Bachelet llegó al poder por el
abrumador apoyo de la clase media chilena. Confiaron en que ella iba a aliviar
el acuciante costo que para esas familias representa el pago de la universidad
de sus hijos y otros problemas que les hacían muy difícil llegar a fin de mes
cumpliendo los compromisos contraídos para financiar un nivel de vida mejor.
Esa clase media representa hoy en Chile el
grupo más numeroso de nuestra sociedad. Hay distintas estimaciones, pero si
tomamos el último estudio del Banco Mundial, del año 2012, representa el 42,3%
de la población. Allí se define como sectores medios a familias con ingreso por
persona, por día, de entre 10 y 50 dólares. En términos de renta mensual, una
familia de clase media de 4 integrantes ganaría entre 500 mil pesos y 2
millones y medio.
Al lanzar su reforma tributaria, la Presidente
dijo que afectaría sólo al 1% más rico del país. Esta afirmación, que no se
sostiene por ningún lado, es consistente con la estrategia comunicacional que
ideó el Gobierno, que plantea esto como un simple enfrentamiento político entre
ricos y pobres, sin dejar espacio siquiera para una discusión técnica de los
múltiples efectos que una reforma como ésta provoca en la economía.
El debate posterior ha dejado claro que los
afectados no son el 1%, sino un numeroso grupo de la población que
experimentarían cambios en los precios de bienes de consumo tan importantes
como la cuenta de la luz, o tan frecuentes como las bebidas. Es más, los dos
activos más valiosos que tiene una persona de clase media son su vivienda (en
Chile, más del 60% tiene vivienda propia) y su fondo de pensiones. Ambos se ven
fuertemente impactados por las disposiciones de la reforma, como ha sido
demostrado en distintas estimaciones.
Ello, sin contar siquiera con el efecto en la
inversión y el empleo, que no recae sólo en los grandes empresarios, como ha
señalado el Gobierno, sino también en pequeños empresarios y emprendedores que
han manifestado su inquietud frente a la reforma, y adicionalmente en
trabajadores o aspirantes a serlo que tendrán menos oportunidades laborales,
por la baja de la inversión.
Para ensombrecer más el panorama para el Gobierno,
la economía chilena empieza a mostrar algunos síntomas preocupantes. El marcado
deterioro en los indicadores de inversión que ya venía produciéndose hace algún
tiempo ha impactado en el Imacec (que anticipa el PIB), cuyo último dato de crecimiento
anualizado es de 2,8%. La inflación, por su parte, no cede, llegando a 4,8%
anual en doce meses, lo que dificulta una política reactivadora utilizando el
instrumental monetario.
Como producto del ambiente de polarización que
se ha instalado en la discusión de la reforma tributaria han surgido diversas
voces que llaman a la moderación. Dos ex Ministros de Hacienda de la
Concertación, Aninat y Velasco, han hecho públicas sus discrepancias con el
contenido del proyecto, incluyendo la eliminación del FUT, uno de sus
componentes principales. Un tercero, Alejandro Foxley, sin entrar en detalles,
ha manifestado que este tipo de reformas debe consensuarse con mayorías más
amplias. El ex Senador Camilo Escalona ha hablado de hacer reformas sin dar
saltos al vacío. Publicaciones en medios de prensa internacionales de gran
prestigio empiezan a preguntarse si esto apartará a Chile de su camino de
progreso.
Una importante duda acerca de la profundidad y
oportunidad de la reforma tributaria ha empezado a instalarse en la opinión
pública, especialmente por la intransigencia que han mostrado las autoridades
del Ministerio de Hacienda. Es indudable que este ambiente de crispación afecta
el clima de los negocios. La última encuesta Adimark, si bien no muestra un
deterioro en el apoyo a Bachelet, sí da cuenta de un aumento en la
desaprobación a su mandato desde el 20 al 32%, lo que bien podría atribuirse a
este ambiente.
La pregunta política que cabe hacerse hoy es si
el Gobierno va a arriesgar el abandono de una clase media inquieta por los
efectos que se esperan de una reforma tan radical, o va a allanarse a
modificaciones de fondo en su tramitación en el Senado.
Un refinado golpe a la clase media,
por Joaquín García Huidobro.
Si algo ha caracterizado al Gobierno en sus
primeros 62 días, es una pasión loca, desbocada por la igualdad.
Como todas las pasiones desmedidas, es fácil
que produzca víctimas. Un caso muy notorio es el Instituto Nacional.
Obviamente, el Instituto no consiste en sus edificios (bastante poco
agraciados), ni en su insignia ni en el nombre. Lo característico de este liceo
es que constituye un lugar donde se reúne buena parte de los mejores estudiantes
de Chile sobre la única base de sus méritos. Esto no excluye que detrás de cada
uno de esos estudiantes meritorios haya muchos factores que influyen en su buen
desempeño, además del esfuerzo. La competencia para alcanzar un cupo en ese
lugar ciertamente no es perfecta, pero para estar en el planeta Tierra es
bastante aceptable.
En cualquier país sensato se cuidaría mucho una
institución como esa, de la que han salido 18 Presidentes de Chile, uno del
Perú, 11 premios nacionales de Literatura y una infinidad de gente muy
destacada. Trabajando duro, hace más de un siglo consiguieron poner fin al
monopolio que ejercía una determinada clase social en la dirección de los
destinos del país.
Pero hace tiempo que Chile dejó de ser un país
sensato.
Como está de moda la igualdad, sus paladines
han arremetido contra la selección, que es el mecanismo que hace posible que
existan instituciones con el prestigio y la calidad del Instituto. Por supuesto
que todo este proceso será gradual e indoloro, muy a la chilena, pues no nos
gustan las estridencias. Pero no nos engañemos: terminar con la selección es
acabar con el Instituto Nacional, por más que se conserve su cáscara; de
"foco de luz de la nación" pasará a ser una linternita de
excursionista. Mientras tanto, connotados institutanos callan.
La pasión igualitaria ha arremetido también
contra el copago en la educación subvencionada. El argumento es casi perfecto:
a través del copago, los padres que tienen algo de dinero entregan una ventaja
a sus hijos respecto de los que provienen de familias de escasos recursos. Esto
conduce a la desigualdad. Como el amor paterno siempre querrá favorecer a sus
hijos, habrá que prohibir el copago.
No niego que pueda haber fórmulas mejores que
el copago. Pero si nos tomamos en serio este argumento, no solo debería llevar
a prohibirlo en la educación particular subvencionada, sino que excluye toda
posibilidad de que los padres pongan dinero para educar a sus hijos, ya que
mientras exista algún tipo de educación pagada se perpetuarán las
desigualdades. Algunos académicos y líderes estudiantiles han sacado
expresamente esta conclusión, pero las autoridades de Gobierno no se han
atrevido hasta ahora a arremeter contra toda educación pagada. ¿Es una señal de
sensatez política o una mera pausa táctica?
Ahora bien, ni siquiera los extremistas de la
igualdad son del todo coherentes. Si lo fueran, buscarían eliminar todas las
posibles fuentes de desigualdad. Una de ellas es el tipo de alimentación, que
resulta un factor decisivo en el futuro desempeño académico de los niños. ¿Van
a prohibir las colaciones y otros suplementos alimenticios? Otro factor muy
relevante es el tiempo y atención que los padres dedican a sus hijos. Un niño
que vive en un hogar disfuncional, donde el padre está ausente y la madre debe
trabajar hasta tarde, está en evidente desventaja respecto de otro que llega a
una casa con ambiente grato y una mamá dispuesta a estimular su estudio.
¿Preferimos acaso instaurar un sistema al estilo de Colonia Dignidad, donde todos
los niños tengan exactamente las mismas condiciones de partida?
Por otra parte, su igualitarismo muestra
ciertas limitaciones que no son muy coherentes con su propuesta general. No se
entiende por qué el Instituto Nacional no pueda seleccionar a sus alumnos, y sí
se permite que lo haga la Universidad de Chile, a través de la PSU. Además, el
hecho de que las carreras -por ejemplo, Medicina- tengan cupos limitados deja
frustradas las esperanzas de miles de jóvenes que sueñan con verse con una bata
blanca y un estetoscopio colgado al cuello. La pasión por la igualdad debería
llevarnos al acceso irrestricto a la universidad.
Unos pocos, como Carlos Ominami, que no se
caracteriza por su aprecio por la libertad individual, advierten los efectos
perversos de este igualitarismo a ultranza: si suprimimos las instituciones
meritocráticas, el futuro de Chile lo determinarán las élites adineradas.
Castigar a las clases medias no eleva al país, solo deja más encumbradas a las
clases altas de turno.
Argumentos falaces,
por Rolf Lüders.
El debate en torno a la reforma tributaria
sigue siendo álgido y la opinión pública -de acuerdo a entrevistas televisivas-
está absolutamente confundida. La materia tributaria es extraordinariamente
compleja, no hay una gran cantidad de evidencia empírica y, desafortunadamente,
a menudo los participantes en el debate público usan argumentos falaces que de
tanto repetirse se convierten en verdades.
Es común escuchar a algunos señalando que la
reforma tributaria no tendría impacto sobre el crecimiento económico, el empleo
y los salarios, mientras que otros -en ocasiones con estimaciones en mano-
sostienen lo contrario. Por ejemplo, Felipe Larraín afirmó en la Cámara de
Diputados, basado en estimaciones realizadas a partir de varias investigaciones
previas, que el aumento del impuesto corporativo del 20 al 35% y la eliminación
del Fondo de Utilidad Tributaria (FUT) afectarían el crecimiento en un año entre
un 0,6 y un 0,9% del PIB. Otras
estimaciones que he visto caen en similar rango.
Para probar lo contrario -que la significativa
alza tributaria propuesta no afectará la tasa de crecimiento económico- es
común escuchar que (1) en 1990, a raíz
de un recordado acuerdo entre el Ministro de Hacienda de la época, Alejandro
Foxley, y el entonces Senador Sebastián Piñera, se aprobó un alza de impuestos
para recaudar alrededor de un 2% del PIB y que (2) este aumento impactó
positivamente la trayectoria de crecimiento del país.
Es cierto que se incrementaron los impuestos y
que luego aumentó la tasa de crecimiento económico. Sin embargo, tal como se
hace, la asociación de ambos hechos es falaz. Lo que sucedió, entonces, es que
ese acuerdo entre Foxley y Piñera vino a ratificar la prometida política de los
consensos, que redujo drásticamente la incertidumbre asociada al cambio de
régimen político. Habría cambios, pero sin una modificación en las bases del
sistema. La evidencia al respecto es muy robusta (ver Jadresic y Zahler, 2000)
y el efecto sobre el crecimiento de la ola de inversiones que siguió a esa
señal compensó ampliamente el impacto negativo del aumento tributario.
Similar argumentación falaz usan algunos para
negar el impacto negativo de la actual reforma propuesta. Estos mismos, presionados por la evidencia
empírica al contrario, argumentan que hay otras políticas que se estarían
implementando -notablemente en el área energética, pero también en otros sectores-
que aumentarían en el corto plazo la productividad y más que compensarían el
efecto del aumento tributario. Esto puede ser verdadero, pero no por eso el
efecto de la reforma tributaria deja de ser negativo.
Lo sensato es reconocer los efectos de la
reforma, dejar de usar argumentos falaces y reconocer que la actual situación
es muy distinta de aquella de 1990, en que simultáneamente con la aprobación de
la reforma tributaria, se ratificó una señal de continuidad del sistema
económico. En las actuales circunstancias -en que se están cuestionando algunas
bases del sistema, y el vendaval de las demás reformas anunciadas, pero todavía
indefinidas, produce gran incertidumbre- no se darán, por ningún motivo, los
efectos económicos compensatorios positivos observados hace dos décadas.
Instituto Nacional: colegio de anti
"idiotas",
por Sergio Urzua.
Cada vez que le doy vueltas a la compleja
relación entre meritocracia, inclusión y libertad, no puedo dejar de recordar
la polémica generada por los dichos del Ministro Eyzaguirre hace unos meses:
"Yo fui a un colegio cuico. Fui al Verbo Divino, y les puedo decir que
muchos alumnos de mi clase eran completamente idiotas; hoy día son gerentes de
empresas. Lógico, si tenían redes. En esta sociedad no hay meritocracia de
ninguna especie".
¡Qué mala suerte la del Ministro! Debe haber
sido muy frustrante ese ambiente y qué afortunado fui de no vivirlo. Yo no fui
a un colegio cuico. Asistí al Instituto Nacional (IN), y les puedo decir que
muchos alumnos de mi clase eran simplemente extraordinarios; hoy día son
académicos, profesionales y empresarios. Algo increíble, pues no tenían redes.
En esta sociedad, el IN es uno de los pocos bastiones de la meritocracia.
Quizás hayan sido los malos recuerdos los que
convencieron al Ministro de intervenir en los procesos de admisión del primer
foco de luz de la nación, sumando al establecimiento a la cruzada por la no
selección. (Le aclaro: no soy partidario de ningún tipo de selección por nivel
socioeconómico; de hecho, debemos combatirla, pero no estamos hablando aquí de
eso). Hoy, el IN -liceo emblemático de la educación pública- parece haberse
transformado para algunos en el emblema de las indesmentibles injusticias de
nuestro modelo educativo. Los mismos señalan: ¿por qué no dejar que ese buen
alumno del IN suba el nivel de un curso en otro colegio? Ojalá fuese la cosa
tan sencilla y tuviésemos certeza empírica de esos supuestos efectos pares
(extensa literatura demuestra las dificultades de identificarlos).
Lo cierto es que la evidencia demuestra que el
IN funciona, más allá de la selección. ¿No me cree? Suponga que comparamos los
puntajes PSU de jóvenes que en la prueba de ingreso al establecimiento (séptimo
básico) quedaron justo sobre (institutano) o bajo (control) el puntaje de
corte. Difícil encontrar dos grupos más parecidos. ¿El resultado? El
institutano recibe 26 puntos adicionales en la PSU respecto de su
"clon" que no quedó en el establecimiento. Aunque moleste, eso dicen
los datos.
El IN lleva años tratando de sobrevivir,
recordándonos constantemente de las pocas cosas que el Estado ha hecho bien en
educación pública. Así, las ventajas del establecimiento sobre el resto de los
liceos públicos deben recordarnos que las alternativas educacionales para
quienes no pueden ingresar al IN no están a la altura de las circunstancias.
¡Ellos sí que son desafortunados! Pero tratar de eliminar las brechas evitando
la selección en el establecimiento es equivalente a tapar el sol con un dedo.
Hay que avanzar generando establecimientos públicos gratuitos de calidad, ojalá
mejores que el IN. Cualquier ex alumno de un colegio cuico lo puede entender,
aun cuando haya estudiado rodeado de supuestos "idiotas".
Enfoques Internacionales:
Preparar el repliegue de Haití.
Son unos 430 los militares del Batallón Chile
que permanecen en Haití. Desde 2004, cuando se aprobó la misión, la situación
de seguridad ha mejorado. A las balaceras constantes ha seguido una calma que
permite a los haitianos vivir en relativa normalidad y progresar.
Con el tiempo han cambiado las tareas, y los
militares chilenos, según se desprende del mensaje Presidencial al Congreso,
están básicamente dedicados a patrullajes, escolta a convoyes y personalidades,
además de a una labor social con la infancia vulnerable, valiosa pero
obviamente ajena al ámbito de la Defensa. Una actividad importante ha sido la
capacitación de policías, varios de los cuales, lamentablemente, han terminado
como guardias privados.
Una pregunta clave es si se justifica el gran
gasto que implica la participación de Chile en esas tareas, a cambio del
prestigio que gana el país al formar parte de la Minustah. La Presidente
debiera revisar a fondo el papel de las FF.AA. chilenas para determinar un
tiempo máximo de permanencia.
Matices en Centroamérica.
Así como los europeos tienden a ver a América
Latina como un todo, sin diferencias nacionales ni matices ideológicos, desde
el sur miramos a Centroamérica con una óptica similar. Las recientes elecciones
de Juan Carlos Varela, en Panamá, y de Salvador Sánchez Cerén, en El Salvador,
y la toma del mando en Costa Rica por parte de Luis Guillermo Solís, muestran
que los centroamericanos, a pesar de muchas similitudes, transitan caminos
diversos para buscar objetivos comunes, como conseguir el desarrollo, derrotar
la pobreza y luchar contra el narcotráfico y la violencia.
Uno de los países más exitosos de la región ha
resultado ser Panamá. A las enormes utilidades que le reporta el Canal -el diez
por ciento del PIB-, se le suma el auge económico, con inversiones cuantiosas
en infraestructura, y la transformación de la capital en un centro financiero y
de servicios internacionales. El Presidente electo Varela, que se define
"progresista", asegura que seguirá la línea económica de su
antecesor, pero pondrá énfasis en los programas sociales para beneficiar,
especialmente, a los habitantes de zonas rurales que no han gozado de los
frutos del boom .
En Costa Rica, entre las democracias más
antiguas y sólidas de la región, y con buenos índices económicos, Solís tiene
como desafío impedir que el tráfico de drogas azote a la sociedad como lo ha
hecho en el vecindario. Pero también resolver un problema de desigualdad que
preocupa a amplios sectores. Ha dicho que "enderezará el modelo de
desarrollo", para "reactivar la economía con equidad", creando
empleos para jóvenes y programas sociales que vayan directamente al 21% de
hogares que viven en la pobreza. En el plano exterior, su antecesora, Laura
Chinchilla, firmó la declaración para ingresar a la Alianza del Pacífico; no
está claro que Solís materialice esta intención. Costa Rica ha votado contra
Venezuela en la OEA, pero Caracas busca acercarse ofreciendo cooperación
energética.
Un modelo totalmente opuesto a los anteriores
representa Nicaragua, Gobernada por el sandinista Daniel Ortega, entusiasta del
ALBA y del socialismo del siglo XXI. Pero, junto con aceptar toda la
cooperación venezolana, mantiene una economía abierta, aplica
"disciplinadas políticas macroeconómicas" (según el Banco Mundial), y
ha dado gran impulso a las exportaciones (en especial cacao). Hoy se asesora
con el FMI para emitir bonos de deuda. Este año se estima que el PIB crecerá
entre 4,5 y 5%. Pero la corrupción y el nepotismo son dos lacras que azotan al
país.
El "triángulo del norte".
Mientras, en el "triángulo del norte"
-Guatemala, Honduras y El Salvador-, la situación es menos halagüeña: débiles
economías y la violencia de pandillas y narcos mantienen en alerta a los
gobiernos.
El 1 de junio, El Salvador tendrá a su primer
Presidente con pasado guerrillero. Sánchez Cerén fue uno de los líderes rebeldes
que en 1992 firmaron la paz que terminó con 12 años de guerra civil. Y aunque
ha dicho que sus modelos son Lula y Pepe Mujica, ya manifestó interés en unirse
a Petrocaribe, la organización formada por Venezuela para intercambiar petróleo
por bienes a precios subsidiados. Los salvadoreños pudieron vivir pocos años de
tranquilidad desde la firma de la paz, pues las pandillas y los
narcotraficantes se enseñorearon en el territorio. Hoy, la violencia deja nueve
muertos diarios, con una de las tasas más altas del mundo: 40 asesinatos por
cada 100.000 habitantes al año. Cuando asuma, el próximo Presidente tendrá que
reafirmar la política de seguridad que tiene a los militares en la calle, en
apoyo de la policía.
Algo parecido ocurre en Honduras, donde la
semana pasada las pandillas fueron responsables de asesinatos de niños y
adolescentes, supuestamente por resistirse al reclutamiento. Juan Orlando
Hernández, el Presidente que asumió en enero, se comprometió a recuperar
barrios hoy en manos de los delincuentes, usando las FF.AA. y la policía
militar.
En Guatemala, el Presidente Otto Pérez Molina
tiene otra estrategia: buscar un gran acuerdo, si es posible mundial, para
legalizar las drogas y destinar las enormes sumas del combate contra los narcos
a mejorar la vida de la población. Su propuesta tuvo inmediato rechazo de
EE.UU., pero ha sido escuchada en distintos foros. Guatemala es uno de los
países más pobres de la región, donde las remesas de quienes trabajan en EE.UU.
(US$ 5.100 millones en 2013) representan el 10% del PIB.
Chile debiera saber visualizar estos matices y
las oportunidades que puede ofrecer Centroamérica. Para eso, es importante una
estrategia que considere el nombramiento de embajadores capaces de enriquecer
las relaciones, en lugar de privilegiar designaciones políticas.
Programa Visa Waiver y sus ventajas para Chile.
El Congreso debe votar a mediados de mes el
acuerdo alcanzado por Chile y Estados Unidos por el cual se adoptó el programa
Visa Waiver, que elimina el requisito de la visa para que los chilenos entren
al país del norte.
La votación acerca del acuerdo suscrito entre
ambos países ha generado controversia al interior de la Nueva Mayoría, algunos
de cuyos Parlamentarios han criticado la entrega de información que dicho
acuerdo exige. Se trata, sin embargo, de reservas infundadas ante un programa
que significa un aporte y simplifica un trámite engorroso.
La Cámara de Diputados tiene programado llevar
adelante la votación el próximo 19 de mayo. El acuerdo estableció la
eliminación para los ciudadanos chilenos del requisito de la visa para ingresar
a Estados Unidos, reemplazándolo por una notificación previa. A este trámite,
mucho más sencillo y menos oneroso, ya se han acogido 4.500 personas que han
viajado a EE.UU. desde que comenzó a aplicarse en abril pasado.
Chile es el único país de América del Sur que
participa en ese programa, beneficio al que aspiró durante años y accedió luego
de cumplir exigentes requisitos. El punto que genera controversia es que el
acuerdo supone la entrega mutua de información acerca de personas que hayan
cometido y hayan sido condenadas por delitos de gravedad a penas de más de un
año de duración. Según han manifestado tanto el Embajador norteamericano en
Santiago como el Canciller Heraldo Muñoz, el acuerdo protege los datos
personales de los chilenos y sólo compromete la entrega de datos de casos muy
particulares.
Quienes se resisten a la ratificación del
programa señalan que éste abre la posibilidad del mal uso de los datos
entregados e implica una cesión excesiva de soberanía, a lo que se añade una
desconfianza genérica hacia Estados Unidos basada en recientes casos conocidos
de espionaje electrónico por parte de ese país.
Sin embargo, la manera apropiada de entender el
acuerdo es considerarlo como un paso más hacia la inserción internacional de
Chile. No es extraño que este tipo de convenios supongan concesiones como la
que se han acordado para acceder al Visa Waiver, programa en el que participan
38 países. Incluso puede afirmarse que la seguridad aérea y aeroportuaria hace
recomendable esa colaboración. Al mismo tiempo, en una serie de ámbitos desde
lo financiero hasta lo criminal, Chile ha suscrito tratados que suponen entrega
de información para el cumplimiento de diversos estándares. Es ésta una
dimensión ineludible de la globalización y de los que aspiran a participar en
los beneficios que ella otorga.
Corresponde a las autoridades de Gobierno velar
porque la entrega de información a Estados Unidos se ajuste de manera estricta
a los requerimientos exigidos en el acuerdo, ya que, como ha dicho el Embajador
norteamericano, será el Gobierno chileno el que decida qué tipo de información
comparte con Washington. Este entrega la posibilidad de una revisión en un
período de dos años, ocasión que debería ser aprovechada para revisar la forma
en que se ha ido aplicando, poniendo especial atención al uso que se ha dado a
los datos compartidos y corrigiendo la eventual existencia de arbitrariedades
en el majeo de éstos.
Secuestro de escolares en Nigeria.
El secuestro de más de 250 jóvenes escolares en
el noreste de Nigeria por parte del grupo terrorista islámico Boko Haram es una muestra del nivel
de violencia que existe en este importante país africano de 160 millones de
habitantes, y de la incapacidad del Gobierno y la comunidad internacional para
actuar de manera decisiva frente a esta amenaza.
Desde que las jóvenes fueron secuestradas el
pasado 14 de abril de la única escuela pública de la localidad de Chibok,
algunas han logrado escapar, pero aún la gran mayoría se mantiene cautiva. Un
reciente video difundido por el grupo muestra a su líder amenazando con vender
a las escolares como esclavas y mantener algunas para obligarlas a casarse con
miembros de Boko Haram.
Esta organización actúa en todo el país, aunque
con mayor fuerza en el norte, y ha protagonizado ataques suicidas, secuestros y
asesinatos en su intento por promover la interpretación radical que hace de la Ley
islámica. Su creciente actividad da cuenta de la debilidad del Gobierno central
nigeriano, cuyo Presidente ha admitido que no sabe dónde están las adolescentes
secuestradas.
Pese a
que las jóvenes víctimas han recibido numerosas muestras de solidaridad en todo
el mundo, la comunidad internacional ha dejado el problema en manos del Gobierno
nigeriano, sin que haya por ahora posibilidad de una pronta recuperación de las
secuestradas, las que, se cree, podrían haber sido ocultadas en la selva que
comparte Nigeria con Camerún y Níger.
Si el Gobierno es incapaz de resolver la
situación por sí solo, la comunidad internacional debería estar lista para
prestar su colaboración en el rescate y neutralizar a estos grupos extremos.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
