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martes, 13 de mayo de 2014

Temas nacionales e internacionales de actualidad…













¿Cómo pagarán los afiliados a las AFP parte de la reforma tributaria?,
por Bernardo Fontaine.


Creo oportuno revisar los pagos de impuestos que inadvertidamente efectúan los trabajadores chilenos a través de sus cuentas en las AFP. Conviene explicarlo en detalle, porque las autoridades económicas han reconocido a medias este verdadero abuso contra los afiliados a las AFP. Lo más grave es que con la reforma tributaria todos los accionistas podrán rebajar de sus impuestos personales el 35% que paguen las empresas, menos los afiliados a las AFP.


Los afiliados a este sistema depositamos parte de nuestros sueldos en nuestras cuentas en las AFP, las que invierten esos fondos en diversos instrumentos financieros, entre otros, en acciones de sociedades chilenas que transan en bolsa. Esas sociedades son las principales compañías de Chile, las conocidas por todos: Cencosud, Endesa, LAN, Falabella y muchas más.


Cualquiera de esas empresas, por ejemplo Falabella, paga anualmente 20% de impuestos sobre sus utilidades. Y cualquier accionista de Falabella puede pedir la devolución de ese 20% o utilizarlo como crédito contra los impuestos que le corresponde pagar a ese accionista. Que sea crédito, significa que puede descontar ese 20% de los impuestos que debe pagar. Incluso si los impuestos que le corresponden al accionista son inferiores a ese 20%, el Fisco le devuelve la diferencia en dinero.


Pues bien, eso es cierto para todos los accionistas, menos para los afiliados a las AFP. Ellos no tienen derecho a usar ese crédito tributario; por consiguiente, los perjudicará íntegramente el alza del impuesto a las empresas propuesto por la reforma tributaria de 20% a 35%.


Así, si los afiliados tuvieran acciones directamente, recuperarían el impuesto pagado por Falabella, para seguir con el ejemplo, y si sus tasas de impuestos personales son bajas, les llegaría un cheque de devolución de impuestos. Por el contrario, en el caso de las acciones de Falabella que tienen a través de sus cuentas individuales en las AFP, ese 20% lo cobra el Fisco y no lo devuelve.


Esa injusticia con los afiliados de las AFP existe desde siempre, pero eso no quita la urgencia por solucionarla. La reforma propuesta por el Gobierno agrava esta inequidad, por cuanto la tasa de impuesto a las empresas sube de 20% a 35%. Estudios de las AFP han estimado que los afiliados podrían recibir hasta 6% menos de pensión por este efecto.


¿Qué sería lo correcto? Que el Estado depositara anualmente en las cuentas individuales de cada afiliado ese impuesto cobrado a las empresas y que la mayoría de ellos no deben pagar. Esos fondos irían incrementando el saldo de sus cuentas y con ello mejorarían sus futuras jubilaciones. Como esto significaría un desembolso anual del orden de US$ 400 millones al Fisco, siempre de acuerdo a estudios de las AFP, una alternativa para no afectar hoy la caja Fiscal es que el Fisco le devuelva ese monto a cada afiliado en el momento de la jubilación.


El Gobierno ha reconocido la necesidad de devolver el 10% de retención que tendrán que pagar las empresas cuando se aplique la reforma, pero no se ha pronunciado sobre el 25% de Primera Categoría. Dicho sea de paso, esa devolución del 10% a los afiliados no está en el proyecto de Ley y ha surgido en respuesta a la demanda ciudadana liderada por las propias AFP.


Las autoridades han sostenido que los pensionados, en su gran mayoría, están exentos de impuestos, pero eso no tiene nada que ver. Estamos en presencia de una inequidad tributaria entre distintos tipos de accionistas y, en concreto, de una inequidad en perjuicio de los trabajadores chilenos y de sus ahorros previsionales depositados en sus cuentas individuales. Hemos dicho que la reforma tributaria es contra el ahorro y este es un elemento más en esa línea.


Finalmente, hay que estudiar qué pasa con las fundaciones de beneficencia, pues ellas parecen estar en la misma condición que los afiliados a las AFP.


Congreso Nacional en la Ruta 68,
por Juan Carlos Guajardo.


Han sido tantos los intentos por trasladar el Congreso Nacional desde Valparaíso a Santiago que esta institución republicana parece tener su vista puesta en una de las principales carreteras del país, la Ruta 68, deseosa de emprender un viaje definitivo a la capital. La falta de certeza que generan estos intentos hace que no prospere ninguna proyección de largo plazo en Valparaíso asociada a la presencia del Congreso, dejando indeterminada la situación de la sede.


Recientemente el Senador Zaldívar abogó por el cambio esgrimiendo razones presupuestarias, señalando que los ahorros que se generarían permitirían aumentar el número de Parlamentarios, en una reforma que aumenta proporcionalmente la representación de la Región Metropolitana en desmedro de las Regiones.


Después de 24 años de sucesivas tratativas de traslado, a los porteños ya no nos sorprende escuchar estos intentos, aunque sí llama la atención en este último caso, la falta de sensibilidad al plantearlo a escasos días de la peor tragedia que ha vivido la ciudad sede, lo que parece indicar un desdén no menor o al menos una conciencia muy poco clara del rol de la institución en esta ciudad.


Lo peor de esta situación, sin embargo, es que prácticamente ninguno de los intentos de traslado en estos 24 años de operación del Congreso Nacional en Valparaíso ha venido acompañado de una reflexión sobre la descentralización del país. Aún a pesar de su origen no democrático, el Congreso en Valparaíso es una realidad no-centralista que de ser modificada necesita ser abordada también con una visión de Estado.


Los Parlamentarios deben saber que los porteños no nos oponemos al traslado del Congreso por el cariño que genera, ni por la pérdida de beneficios, ya que en la práctica no ha habido ninguno, sino por el hecho de que representa uno de los pocos intentos del poder central por retribuir –aún simbólicamente-, a una Región.


Trasladarlo sin dar nada a cambio a Valparaíso, dejaría el sabor amargo de quien siente que pierde una legítima compensación. La catástrofe generada por el gran incendio hace algunas semanas desnudó cruelmente la postergación que la ciudad de Valparaíso ha padecido por décadas, realidad que también existe en otras zonas del país.


Un cambio responsable del Congreso Nacional debería plantearse en un marco de real voluntad para abordar el problema de la desigualdad Regional en Chile, comenzando por responder con un esfuerzo de Estado a la postergación de Valparaíso.


La clase media y las reformas de Bachelet,
por Luis Larraín.


Michelle Bachelet llegó al poder por el abrumador apoyo de la clase media chilena. Confiaron en que ella iba a aliviar el acuciante costo que para esas familias representa el pago de la universidad de sus hijos y otros problemas que les hacían muy difícil llegar a fin de mes cumpliendo los compromisos contraídos para financiar un nivel de vida mejor.


Esa clase media representa hoy en Chile el grupo más numeroso de nuestra sociedad. Hay distintas estimaciones, pero si tomamos el último estudio del Banco Mundial, del año 2012, representa el 42,3% de la población. Allí se define como sectores medios a familias con ingreso por persona, por día, de entre 10 y 50 dólares. En términos de renta mensual, una familia de clase media de 4 integrantes ganaría entre 500 mil pesos y 2 millones y medio.


Al lanzar su reforma tributaria, la Presidente dijo que afectaría sólo al 1% más rico del país. Esta afirmación, que no se sostiene por ningún lado, es consistente con la estrategia comunicacional que ideó el Gobierno, que plantea esto como un simple enfrentamiento político entre ricos y pobres, sin dejar espacio siquiera para una discusión técnica de los múltiples efectos que una reforma como ésta provoca en la economía.


El debate posterior ha dejado claro que los afectados no son el 1%, sino un numeroso grupo de la población que experimentarían cambios en los precios de bienes de consumo tan importantes como la cuenta de la luz, o tan frecuentes como las bebidas. Es más, los dos activos más valiosos que tiene una persona de clase media son su vivienda (en Chile, más del 60% tiene vivienda propia) y su fondo de pensiones. Ambos se ven fuertemente impactados por las disposiciones de la reforma, como ha sido demostrado en distintas estimaciones.


Ello, sin contar siquiera con el efecto en la inversión y el empleo, que no recae sólo en los grandes empresarios, como ha señalado el Gobierno, sino también en pequeños empresarios y emprendedores que han manifestado su inquietud frente a la reforma, y adicionalmente en trabajadores o aspirantes a serlo que tendrán menos oportunidades laborales, por la baja de la inversión.


Para ensombrecer más el panorama para el Gobierno, la economía chilena empieza a mostrar algunos síntomas preocupantes. El marcado deterioro en los indicadores de inversión que ya venía produciéndose hace algún tiempo ha impactado en el Imacec (que anticipa el PIB), cuyo último dato de crecimiento anualizado es de 2,8%. La inflación, por su parte, no cede, llegando a 4,8% anual en doce meses, lo que dificulta una política reactivadora utilizando el instrumental monetario.


Como producto del ambiente de polarización que se ha instalado en la discusión de la reforma tributaria han surgido diversas voces que llaman a la moderación. Dos ex Ministros de Hacienda de la Concertación, Aninat y Velasco, han hecho públicas sus discrepancias con el contenido del proyecto, incluyendo la eliminación del FUT, uno de sus componentes principales. Un tercero, Alejandro Foxley, sin entrar en detalles, ha manifestado que este tipo de reformas debe consensuarse con mayorías más amplias. El ex Senador Camilo Escalona ha hablado de hacer reformas sin dar saltos al vacío. Publicaciones en medios de prensa internacionales de gran prestigio empiezan a preguntarse si esto apartará a Chile de su camino de progreso.


Una importante duda acerca de la profundidad y oportunidad de la reforma tributaria ha empezado a instalarse en la opinión pública, especialmente por la intransigencia que han mostrado las autoridades del Ministerio de Hacienda. Es indudable que este ambiente de crispación afecta el clima de los negocios. La última encuesta Adimark, si bien no muestra un deterioro en el apoyo a Bachelet, sí da cuenta de un aumento en la desaprobación a su mandato desde el 20 al 32%, lo que bien podría atribuirse a este ambiente.


La pregunta política que cabe hacerse hoy es si el Gobierno va a arriesgar el abandono de una clase media inquieta por los efectos que se esperan de una reforma tan radical, o va a allanarse a modificaciones de fondo en su tramitación en el Senado.


Un refinado golpe a la clase media,
por Joaquín García Huidobro.


Si algo ha caracterizado al Gobierno en sus primeros 62 días, es una pasión loca, desbocada por la igualdad.


Como todas las pasiones desmedidas, es fácil que produzca víctimas. Un caso muy notorio es el Instituto Nacional. Obviamente, el Instituto no consiste en sus edificios (bastante poco agraciados), ni en su insignia ni en el nombre. Lo característico de este liceo es que constituye un lugar donde se reúne buena parte de los mejores estudiantes de Chile sobre la única base de sus méritos. Esto no excluye que detrás de cada uno de esos estudiantes meritorios haya muchos factores que influyen en su buen desempeño, además del esfuerzo. La competencia para alcanzar un cupo en ese lugar ciertamente no es perfecta, pero para estar en el planeta Tierra es bastante aceptable.


En cualquier país sensato se cuidaría mucho una institución como esa, de la que han salido 18 Presidentes de Chile, uno del Perú, 11 premios nacionales de Literatura y una infinidad de gente muy destacada. Trabajando duro, hace más de un siglo consiguieron poner fin al monopolio que ejercía una determinada clase social en la dirección de los destinos del país.


Pero hace tiempo que Chile dejó de ser un país sensato.


Como está de moda la igualdad, sus paladines han arremetido contra la selección, que es el mecanismo que hace posible que existan instituciones con el prestigio y la calidad del Instituto. Por supuesto que todo este proceso será gradual e indoloro, muy a la chilena, pues no nos gustan las estridencias. Pero no nos engañemos: terminar con la selección es acabar con el Instituto Nacional, por más que se conserve su cáscara; de "foco de luz de la nación" pasará a ser una linternita de excursionista. Mientras tanto, connotados institutanos callan.


La pasión igualitaria ha arremetido también contra el copago en la educación subvencionada. El argumento es casi perfecto: a través del copago, los padres que tienen algo de dinero entregan una ventaja a sus hijos respecto de los que provienen de familias de escasos recursos. Esto conduce a la desigualdad. Como el amor paterno siempre querrá favorecer a sus hijos, habrá que prohibir el copago.


No niego que pueda haber fórmulas mejores que el copago. Pero si nos tomamos en serio este argumento, no solo debería llevar a prohibirlo en la educación particular subvencionada, sino que excluye toda posibilidad de que los padres pongan dinero para educar a sus hijos, ya que mientras exista algún tipo de educación pagada se perpetuarán las desigualdades. Algunos académicos y líderes estudiantiles han sacado expresamente esta conclusión, pero las autoridades de Gobierno no se han atrevido hasta ahora a arremeter contra toda educación pagada. ¿Es una señal de sensatez política o una mera pausa táctica?


Ahora bien, ni siquiera los extremistas de la igualdad son del todo coherentes. Si lo fueran, buscarían eliminar todas las posibles fuentes de desigualdad. Una de ellas es el tipo de alimentación, que resulta un factor decisivo en el futuro desempeño académico de los niños. ¿Van a prohibir las colaciones y otros suplementos alimenticios? Otro factor muy relevante es el tiempo y atención que los padres dedican a sus hijos. Un niño que vive en un hogar disfuncional, donde el padre está ausente y la madre debe trabajar hasta tarde, está en evidente desventaja respecto de otro que llega a una casa con ambiente grato y una mamá dispuesta a estimular su estudio. ¿Preferimos acaso instaurar un sistema al estilo de Colonia Dignidad, donde todos los niños tengan exactamente las mismas condiciones de partida?


Por otra parte, su igualitarismo muestra ciertas limitaciones que no son muy coherentes con su propuesta general. No se entiende por qué el Instituto Nacional no pueda seleccionar a sus alumnos, y sí se permite que lo haga la Universidad de Chile, a través de la PSU. Además, el hecho de que las carreras -por ejemplo, Medicina- tengan cupos limitados deja frustradas las esperanzas de miles de jóvenes que sueñan con verse con una bata blanca y un estetoscopio colgado al cuello. La pasión por la igualdad debería llevarnos al acceso irrestricto a la universidad.


Unos pocos, como Carlos Ominami, que no se caracteriza por su aprecio por la libertad individual, advierten los efectos perversos de este igualitarismo a ultranza: si suprimimos las instituciones meritocráticas, el futuro de Chile lo determinarán las élites adineradas. Castigar a las clases medias no eleva al país, solo deja más encumbradas a las clases altas de turno.


Argumentos falaces,
por Rolf Lüders.
        
        
El debate en torno a la reforma tributaria sigue siendo álgido y la opinión pública -de acuerdo a entrevistas televisivas- está absolutamente confundida. La materia tributaria es extraordinariamente compleja, no hay una gran cantidad de evidencia empírica y, desafortunadamente, a menudo los participantes en el debate público usan argumentos falaces que de tanto repetirse se convierten en verdades.   


Es común escuchar a algunos señalando que la reforma tributaria no tendría impacto sobre el crecimiento económico, el empleo y los salarios, mientras que otros -en ocasiones con estimaciones en mano- sostienen lo contrario. Por ejemplo, Felipe Larraín afirmó en la Cámara de Diputados, basado en estimaciones realizadas a partir de varias investigaciones previas, que el aumento del impuesto corporativo del 20 al 35% y la eliminación del Fondo de Utilidad Tributaria (FUT) afectarían el crecimiento en un año entre un 0,6 y un 0,9% del PIB.  Otras estimaciones que he visto caen en similar rango.


Para probar lo contrario -que la significativa alza tributaria propuesta no afectará la tasa de crecimiento económico- es común escuchar que (1) en  1990, a raíz de un recordado acuerdo entre el Ministro de Hacienda de la época, Alejandro Foxley, y el entonces Senador Sebastián Piñera, se aprobó un alza de impuestos para recaudar alrededor de un 2% del PIB y que (2) este aumento impactó positivamente la trayectoria de crecimiento del país. 


Es cierto que se incrementaron los impuestos y que luego aumentó la tasa de crecimiento económico. Sin embargo, tal como se hace, la asociación de ambos hechos es falaz. Lo que sucedió, entonces, es que ese acuerdo entre Foxley y Piñera vino a ratificar la prometida política de los consensos, que redujo drásticamente la incertidumbre asociada al cambio de régimen político. Habría cambios, pero sin una modificación en las bases del sistema. La evidencia al respecto es muy robusta (ver Jadresic y Zahler, 2000) y el efecto sobre el crecimiento de la ola de inversiones que siguió a esa señal compensó ampliamente el impacto negativo del aumento tributario. 


Similar argumentación falaz usan algunos para negar el impacto negativo de la actual reforma propuesta.  Estos mismos, presionados por la evidencia empírica al contrario, argumentan que hay otras políticas que se estarían implementando -notablemente en el área energética, pero también en otros sectores- que aumentarían en el corto plazo la productividad y más que compensarían el efecto del aumento tributario. Esto puede ser verdadero, pero no por eso el efecto de la reforma tributaria deja de ser negativo. 


Lo sensato es reconocer los efectos de la reforma, dejar de usar argumentos falaces y reconocer que la actual situación es muy distinta de aquella de 1990, en que simultáneamente con la aprobación de la reforma tributaria, se ratificó una señal de continuidad del sistema económico. En las actuales circunstancias -en que se están cuestionando algunas bases del sistema, y el vendaval de las demás reformas anunciadas, pero todavía indefinidas, produce gran incertidumbre- no se darán, por ningún motivo, los efectos económicos compensatorios positivos observados hace dos décadas.


Instituto Nacional: colegio de anti "idiotas",
por Sergio Urzua.


Cada vez que le doy vueltas a la compleja relación entre meritocracia, inclusión y libertad, no puedo dejar de recordar la polémica generada por los dichos del Ministro Eyzaguirre hace unos meses: "Yo fui a un colegio cuico. Fui al Verbo Divino, y les puedo decir que muchos alumnos de mi clase eran completamente idiotas; hoy día son gerentes de empresas. Lógico, si tenían redes. En esta sociedad no hay meritocracia de ninguna especie".


¡Qué mala suerte la del Ministro! Debe haber sido muy frustrante ese ambiente y qué afortunado fui de no vivirlo. Yo no fui a un colegio cuico. Asistí al Instituto Nacional (IN), y les puedo decir que muchos alumnos de mi clase eran simplemente extraordinarios; hoy día son académicos, profesionales y empresarios. Algo increíble, pues no tenían redes. En esta sociedad, el IN es uno de los pocos bastiones de la meritocracia.


Quizás hayan sido los malos recuerdos los que convencieron al Ministro de intervenir en los procesos de admisión del primer foco de luz de la nación, sumando al establecimiento a la cruzada por la no selección. (Le aclaro: no soy partidario de ningún tipo de selección por nivel socioeconómico; de hecho, debemos combatirla, pero no estamos hablando aquí de eso). Hoy, el IN -liceo emblemático de la educación pública- parece haberse transformado para algunos en el emblema de las indesmentibles injusticias de nuestro modelo educativo. Los mismos señalan: ¿por qué no dejar que ese buen alumno del IN suba el nivel de un curso en otro colegio? Ojalá fuese la cosa tan sencilla y tuviésemos certeza empírica de esos supuestos efectos pares (extensa literatura demuestra las dificultades de identificarlos).


Lo cierto es que la evidencia demuestra que el IN funciona, más allá de la selección. ¿No me cree? Suponga que comparamos los puntajes PSU de jóvenes que en la prueba de ingreso al establecimiento (séptimo básico) quedaron justo sobre (institutano) o bajo (control) el puntaje de corte. Difícil encontrar dos grupos más parecidos. ¿El resultado? El institutano recibe 26 puntos adicionales en la PSU respecto de su "clon" que no quedó en el establecimiento. Aunque moleste, eso dicen los datos.


El IN lleva años tratando de sobrevivir, recordándonos constantemente de las pocas cosas que el Estado ha hecho bien en educación pública. Así, las ventajas del establecimiento sobre el resto de los liceos públicos deben recordarnos que las alternativas educacionales para quienes no pueden ingresar al IN no están a la altura de las circunstancias. ¡Ellos sí que son desafortunados! Pero tratar de eliminar las brechas evitando la selección en el establecimiento es equivalente a tapar el sol con un dedo. Hay que avanzar generando establecimientos públicos gratuitos de calidad, ojalá mejores que el IN. Cualquier ex alumno de un colegio cuico lo puede entender, aun cuando haya estudiado rodeado de supuestos "idiotas".


Enfoques Internacionales:
Preparar el repliegue de Haití.


Son unos 430 los militares del Batallón Chile que permanecen en Haití. Desde 2004, cuando se aprobó la misión, la situación de seguridad ha mejorado. A las balaceras constantes ha seguido una calma que permite a los haitianos vivir en relativa normalidad y progresar.


Con el tiempo han cambiado las tareas, y los militares chilenos, según se desprende del mensaje Presidencial al Congreso, están básicamente dedicados a patrullajes, escolta a convoyes y personalidades, además de a una labor social con la infancia vulnerable, valiosa pero obviamente ajena al ámbito de la Defensa. Una actividad importante ha sido la capacitación de policías, varios de los cuales, lamentablemente, han terminado como guardias privados.


Una pregunta clave es si se justifica el gran gasto que implica la participación de Chile en esas tareas, a cambio del prestigio que gana el país al formar parte de la Minustah. La Presidente debiera revisar a fondo el papel de las FF.AA. chilenas para determinar un tiempo máximo de permanencia.


Matices en Centroamérica.


Así como los europeos tienden a ver a América Latina como un todo, sin diferencias nacionales ni matices ideológicos, desde el sur miramos a Centroamérica con una óptica similar. Las recientes elecciones de Juan Carlos Varela, en Panamá, y de Salvador Sánchez Cerén, en El Salvador, y la toma del mando en Costa Rica por parte de Luis Guillermo Solís, muestran que los centroamericanos, a pesar de muchas similitudes, transitan caminos diversos para buscar objetivos comunes, como conseguir el desarrollo, derrotar la pobreza y luchar contra el narcotráfico y la violencia.


Uno de los países más exitosos de la región ha resultado ser Panamá. A las enormes utilidades que le reporta el Canal -el diez por ciento del PIB-, se le suma el auge económico, con inversiones cuantiosas en infraestructura, y la transformación de la capital en un centro financiero y de servicios internacionales. El Presidente electo Varela, que se define "progresista", asegura que seguirá la línea económica de su antecesor, pero pondrá énfasis en los programas sociales para beneficiar, especialmente, a los habitantes de zonas rurales que no han gozado de los frutos del boom .


En Costa Rica, entre las democracias más antiguas y sólidas de la región, y con buenos índices económicos, Solís tiene como desafío impedir que el tráfico de drogas azote a la sociedad como lo ha hecho en el vecindario. Pero también resolver un problema de desigualdad que preocupa a amplios sectores. Ha dicho que "enderezará el modelo de desarrollo", para "reactivar la economía con equidad", creando empleos para jóvenes y programas sociales que vayan directamente al 21% de hogares que viven en la pobreza. En el plano exterior, su antecesora, Laura Chinchilla, firmó la declaración para ingresar a la Alianza del Pacífico; no está claro que Solís materialice esta intención. Costa Rica ha votado contra Venezuela en la OEA, pero Caracas busca acercarse ofreciendo cooperación energética.


Un modelo totalmente opuesto a los anteriores representa Nicaragua, Gobernada por el sandinista Daniel Ortega, entusiasta del ALBA y del socialismo del siglo XXI. Pero, junto con aceptar toda la cooperación venezolana, mantiene una economía abierta, aplica "disciplinadas políticas macroeconómicas" (según el Banco Mundial), y ha dado gran impulso a las exportaciones (en especial cacao). Hoy se asesora con el FMI para emitir bonos de deuda. Este año se estima que el PIB crecerá entre 4,5 y 5%. Pero la corrupción y el nepotismo son dos lacras que azotan al país.


El "triángulo del norte".


Mientras, en el "triángulo del norte" -Guatemala, Honduras y El Salvador-, la situación es menos halagüeña: débiles economías y la violencia de pandillas y narcos mantienen en alerta a los gobiernos.


El 1 de junio, El Salvador tendrá a su primer Presidente con pasado guerrillero. Sánchez Cerén fue uno de los líderes rebeldes que en 1992 firmaron la paz que terminó con 12 años de guerra civil. Y aunque ha dicho que sus modelos son Lula y Pepe Mujica, ya manifestó interés en unirse a Petrocaribe, la organización formada por Venezuela para intercambiar petróleo por bienes a precios subsidiados. Los salvadoreños pudieron vivir pocos años de tranquilidad desde la firma de la paz, pues las pandillas y los narcotraficantes se enseñorearon en el territorio. Hoy, la violencia deja nueve muertos diarios, con una de las tasas más altas del mundo: 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes al año. Cuando asuma, el próximo Presidente tendrá que reafirmar la política de seguridad que tiene a los militares en la calle, en apoyo de la policía.


Algo parecido ocurre en Honduras, donde la semana pasada las pandillas fueron responsables de asesinatos de niños y adolescentes, supuestamente por resistirse al reclutamiento. Juan Orlando Hernández, el Presidente que asumió en enero, se comprometió a recuperar barrios hoy en manos de los delincuentes, usando las FF.AA. y la policía militar.


En Guatemala, el Presidente Otto Pérez Molina tiene otra estrategia: buscar un gran acuerdo, si es posible mundial, para legalizar las drogas y destinar las enormes sumas del combate contra los narcos a mejorar la vida de la población. Su propuesta tuvo inmediato rechazo de EE.UU., pero ha sido escuchada en distintos foros. Guatemala es uno de los países más pobres de la región, donde las remesas de quienes trabajan en EE.UU. (US$ 5.100 millones en 2013) representan el 10% del PIB.


Chile debiera saber visualizar estos matices y las oportunidades que puede ofrecer Centroamérica. Para eso, es importante una estrategia que considere el nombramiento de embajadores capaces de enriquecer las relaciones, en lugar de privilegiar designaciones políticas.


Programa Visa Waiver y sus ventajas para Chile.


El Congreso debe votar a mediados de mes el acuerdo alcanzado por Chile y Estados Unidos por el cual se adoptó el programa Visa Waiver, que elimina el requisito de la visa para que los chilenos entren al país del norte.


La votación acerca del acuerdo suscrito entre ambos países ha generado controversia al interior de la Nueva Mayoría, algunos de cuyos Parlamentarios han criticado la entrega de información que dicho acuerdo exige. Se trata, sin embargo, de reservas infundadas ante un programa que significa un aporte y simplifica un trámite engorroso.


La Cámara de Diputados tiene programado llevar adelante la votación el próximo 19 de mayo. El acuerdo estableció la eliminación para los ciudadanos chilenos del requisito de la visa para ingresar a Estados Unidos, reemplazándolo por una notificación previa. A este trámite, mucho más sencillo y menos oneroso, ya se han acogido 4.500 personas que han viajado a EE.UU. desde que comenzó a aplicarse en abril pasado.


Chile es el único país de América del Sur que participa en ese programa, beneficio al que aspiró durante años y accedió luego de cumplir exigentes requisitos. El punto que genera controversia es que el acuerdo supone la entrega mutua de información acerca de personas que hayan cometido y hayan sido condenadas por delitos de gravedad a penas de más de un año de duración. Según han manifestado tanto el Embajador norteamericano en Santiago como el Canciller Heraldo Muñoz, el acuerdo protege los datos personales de los chilenos y sólo compromete la entrega de datos de casos muy particulares.


Quienes se resisten a la ratificación del programa señalan que éste abre la posibilidad del mal uso de los datos entregados e implica una cesión excesiva de soberanía, a lo que se añade una desconfianza genérica hacia Estados Unidos basada en recientes casos conocidos de espionaje electrónico por parte de ese país.


Sin embargo, la manera apropiada de entender el acuerdo es considerarlo como un paso más hacia la inserción internacional de Chile. No es extraño que este tipo de convenios supongan concesiones como la que se han acordado para acceder al Visa Waiver, programa en el que participan 38 países. Incluso puede afirmarse que la seguridad aérea y aeroportuaria hace recomendable esa colaboración. Al mismo tiempo, en una serie de ámbitos desde lo financiero hasta lo criminal, Chile ha suscrito tratados que suponen entrega de información para el cumplimiento de diversos estándares. Es ésta una dimensión ineludible de la globalización y de los que aspiran a participar en los beneficios que ella otorga.   


Corresponde a las autoridades de Gobierno velar porque la entrega de información a Estados Unidos se ajuste de manera estricta a los requerimientos exigidos en el acuerdo, ya que, como ha dicho el Embajador norteamericano, será el Gobierno chileno el que decida qué tipo de información comparte con Washington. Este entrega la posibilidad de una revisión en un período de dos años, ocasión que debería ser aprovechada para revisar la forma en que se ha ido aplicando, poniendo especial atención al uso que se ha dado a los datos compartidos y corrigiendo la eventual existencia de arbitrariedades en el majeo de éstos.


Secuestro de escolares en Nigeria.


El secuestro de más de 250 jóvenes escolares en el noreste de Nigeria por parte del grupo terrorista  islámico Boko Haram es una muestra del nivel de violencia que existe en este importante país africano de 160 millones de habitantes, y de la incapacidad del Gobierno y la comunidad internacional para actuar de manera decisiva frente a esta amenaza.


Desde que las jóvenes fueron secuestradas el pasado 14 de abril de la única escuela pública de la localidad de Chibok, algunas han logrado escapar, pero aún la gran mayoría se mantiene cautiva. Un reciente video difundido por el grupo muestra a su líder amenazando con vender a las escolares como esclavas y mantener algunas para obligarlas a casarse con miembros de Boko Haram.


Esta organización actúa en todo el país, aunque con mayor fuerza en el norte, y ha protagonizado ataques suicidas, secuestros y asesinatos en su intento por promover la interpretación radical que hace de la Ley islámica. Su creciente actividad da cuenta de la debilidad del Gobierno central nigeriano, cuyo Presidente ha admitido que no sabe dónde están las adolescentes secuestradas.


Pese  a que las jóvenes víctimas han recibido numerosas muestras de solidaridad en todo el mundo, la comunidad internacional ha dejado el problema en manos del Gobierno nigeriano, sin que haya por ahora posibilidad de una pronta recuperación de las secuestradas, las que, se cree, podrían haber sido ocultadas en la selva que comparte Nigeria con Camerún y Níger.


Si el Gobierno es incapaz de resolver la situación por sí solo, la comunidad internacional debería estar lista para prestar su colaboración en el rescate y neutralizar a estos grupos extremos.


Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.

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Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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