Como se había anunciado
la Presidente Michelle Bachelet firmó un par de proyectos relacionados con la
reforma educacional: como se esperaba se quedó en los eslóganes sin una sola
palabra o iniciativa sobre la calidad educativa. Estudiantes se movilizarán el
21 de mayo.
¿Una "nueva normalidad"?,
por Juan Andrés Fontaine.
El Presidente de China, Xi Jinping, ha
prevenido a los nerviosos analistas que su país ha ingresado a "una nueva
normalidad", en la que el vertiginoso crecimiento de antaño es reemplazado
por un ritmo más calmado -aunque aún envidiable- de 7% al año. Me pregunto si
el Chile de hoy, con un crecimiento de algo menos de 3%, una inflación sobre el
4% y un desempleo en alza será la "nueva normalidad" nuestra.
Cuando los vientos de la economía mundial se
tornan desfavorables, se hace especialmente importante mantener y activar
políticas que impulsen la competitividad nacional, con más emprendimiento,
inversión y productividad. Pero la reforma tributaria del Ministro Arenas
apunta exactamente en el sentido opuesto.
Es entendible el propósito de aumentar los
impuestos para elevar el gasto público en educación. Pero tanto el contenido
como la defensa de la reforma tributaria aprobada esta semana en la Cámara de
Diputados parecen deliberadamente diseñados para perturbar las expectativas de
los agentes económicos. Ya es dañino para la inversión elevar la tributación
sobre las utilidades reinvertidas por las empresas y sociedades desde el actual
20% a hasta 35%. Pero justificar el cambio con la sarta de errores y falsedades
que contiene la propaganda oficial -y en la que incurren impunemente autoridades
y líderes del conglomerado Gobernante- solo acrecienta la desconfianza y el
daño. No es cierto, por ejemplo, que nuestro actual régimen tributario para las
rentas empresariales sea una rareza, propia de una época ya superada. Gravar
menos a las utilidades reinvertidas que a las distribuidas es habitual en los
países desarrollados y es un buen modo de estimular el ahorro y la inversión.
Menos frecuente, aunque también rige en otros cuatro países de la OCDE, es la
plena integración de los impuestos empresariales con los personales bajo el
llamado "global complementario", que procura equiparar el trato a las
rentas de diferente origen. Es matemáticamente falso que nuestro régimen
permita a un empresario -Legalmente- pagar un impuesto a la renta proporcionalmente
más bajo que el de su secretaria (¡salvo que ella ganara más de seis millones
de pesos mensuales!). Es simplemente una ensoñación estadística sostener -como
afirma con total desparpajo la propaganda oficial- que hay en Chile 4.500
familias que perciben una renta per cápita mensual de 82 millones de pesos.
No es necesario ni conveniente que las variadas
reformas que impulsa el Gobierno sean justificadas con eslóganes, imputaciones
y descalificaciones.
La tramitación del proyecto tributario en el
Senado puede prestarse para un debate constructivo y fructífero. Ojalá la Presidente
aproveche su mensaje del 21 de mayo para convocar a un diálogo que recree el
clima de confianza y sano optimismo que necesitamos para avanzar.
La caja negra,
por Juan Enrique Froemel.
En los años 60 surgió una viva polémica entre
los educadores, por la aparición y aplicación de enfoques educacionales que
supuestamente consideraban el aprendizaje humano -fin último de la
educación- sólo externamente, sin
profundizar en sus procesos internos. Se
los tildó, entonces, de poco humanistas,
descalificándolos, porque al decir de algunos,
concebían el proceso de aprendizaje humano como una “caja negra”. Sin
entrar a juzgar la validez de la crítica de ese entonces, sí vale señalar que
invariablemente, cuando se observa un fenómeno sólo desde fuera, se corre el
riesgo de generar análisis parciales y
arribar a conclusiones equivocadas.
Ante la reforma de la educación escolar hoy en
ciernes, surge similar inquietud, y por dos razones. La primera, porque a estas alturas aún no se han develado
medidas que podrían generar como fin, la ansiada calidad educativa en un
esquema de equidad, lo que sugiere que el enfoque de la mencionada “caja negra”
se estaría aplicando, esta vez, al proceso educativo. La segunda razón, que refuerza a la primera,
nace de que las pocas medidas que hasta hoy se han planteado como orientadas a
tal fin, no incluyen a los procesos del aula, que es donde se gesta el
aprendizaje real. Por el contrario, ellas se refieren exclusivamente a
variables externas a este último, abordando aspectos tales como la selección de
los alumnos, la forma del financiamiento y la modalidad de administración,
entre otras.
Es preocupante que la reforma -que ha sido
percibida como una de las de mayor entidad en la historia del país- centre sus
acciones en aspectos convencionales y marginales, y no en la equidad real en el
aprendizaje, que es lo que cuenta en un proceso educativo justo. Tal equidad
nace de lo que sucede en el aula, y el hecho de que la admisión sea abierta, no
garantiza que los que entran, salgan sabiendo a un mismo nivel. El que los
padres aporten o no un copago es irrelevante, si los docentes no están
calificados para ejercer una docencia eficaz. La administración Estatal o
privada no mejoran el aprendizaje si los maestros no son bien pagados y acorde
a su desempeño. Más o menos evaluación estandarizada no hace una diferencia si
sus resultados no son utilizados para mejorar efectivamente el aprendizaje.
Pareciera que para quienes tenían la esperanza
de que la reforma educacional constituyese, de una buena vez, la palanca que
propulsara el aprendizaje de nuestros estudiantes al nivel de estándares
mundiales, no hay evidencias que indiquen que vayan a poder celebrar ese logro,
salvo que los anuncios recientes se complementen con acciones propiamente
educativas. Para quienes sustentaban un escepticismo crítico frente a esta iniciativa,
hasta ahora parecen confirmarse sus vaticinios, siendo los estudiantes chilenos
los únicos perjudicados por una reforma más que no da en el blanco.
Volviendo atrás, sorprende que algunos que hoy
abogan por la reforma y su enfoque de “caja negra”, eran críticos, por esa
misma causa, de los enfoques de los 60.
Sería consecuente que hoy adoptaran la actitud de hace medio siglo, en
favor de los estudiantes de Chile.
Lucro: libertad versus duopolio,
por Felipe Kast & Hernán Larraín.
Siguiendo la línea programática de eliminar el
lucro en todos sus niveles, el Gobierno presentó ayer uno de sus proyectos
ideológicamente más emblemáticos: el fin al lucro en educación escolar. Si bien
es cierto esta consigna ha ganado popularidad en el último tiempo, creemos que
hay poderosas razones para considerar que esto es un grave error.
Las razones son de variada índole, pero hay una
de especial importancia que no ha recibido suficiente atención: la educación
con fines de lucro es la mayor fuente de educación laica no-estatal de nuestro
sistema, y aporta sustancialmente a la diversidad de visiones educativas.
Empíricamente posibilita una mayor variedad de proyectos educativos (ya sea
Montessori, deportivos, artísticos, etcétera), materializa de forma concreta la
libertad de enseñanza y, de paso, evita que el sistema escolar se transforme en
una suerte de duopolio entre dos sostenedores -el Estado y las iglesias-, tal
como sucede en otras partes del mundo.
Para todos aquellos que valoramos la pluralidad
de visiones en nuestro sistema educativo, este es un aporte que no puede ser
despreciado.
Adicionalmente, a veces se asume que los
colegios con fines de lucro serían inherentemente más excluyentes y
segregadores. Esto no es así.
Los colegios con fines de lucro atienden a un
mayor número de alumnos vulnerables que los colegios sin fines de lucro y, a
diferencia de lo que se argumenta en términos teóricos, son considerablemente
menos segregadores que aquellos (Elacqua y Santos 2011). Adicionalmente,
seleccionan menos y, entre los colegios con financiamiento compartido, cobran
en promedio un copago menor que el de los sin fines de lucro.
Así pues, irónicamente, es justo decir que los
colegios con fines de lucro son más inclusivos y están más alineados con los
principios orientadores de la reforma de Michelle Bachelet.
Por otra parte, en los últimos años la
centroizquierda ha insistido en la idea de que el lucro es incompatible con la
educación de calidad. Han afirmado que existen incentivos para que los
sostenedores hagan mal uso de los recursos públicos, lo que terminaría
deviniendo en la entrega de un peor servicio por parte de escuelas con fines de
lucro.
Sin embargo, diversa evidencia (por ej. Paredes
2008, Elacqua 2009) muestra que, si bien existen pequeñas diferencias en el
rendimiento entre las escuelas sin fines de lucro y las con fines de lucro,
estas últimas a su vez tienen una mejor calidad que las instituciones Municipales.
Por último, tampoco debemos dejar fuera de la
discusión las consecuencias prácticas de esta política que afecta el 35% de la
matrícula escolar. No sabemos cuántos sostenedores preferirían derechamente
cerrar sus escuelas. De ocurrir esto último, sería esperable que el Estado
interviniese -bajo una suerte de Municipalización- para asegurar la continuidad
de los estudios. Desgraciadamente la evidencia empírica muestra que los
colegios con fines de lucro lo hacen algo mejor que los colegios Municipales,
por lo que esto sería un retroceso.
Además, la transformación de colegios con fines
de lucro en colegios Municipales tendría un sustantivo costo financiero y
político para el Estado. Frente a un eventual cierre no es difícil imaginarse a
los apoderados protestando afuera del Ministerio, y al Estado teniendo que
pagar cifras sustantivas para adquirir y mantener en funcionamiento esos
establecimientos.
En suma, con el fin al lucro lo que finalmente
lograríamos es cerrar un grupo de colegios que no tiene peor calidad que el
resto, que ofrecen una mayor pluralidad de proyectos educativos y que son menos
segregadores que los colegios sin fines de lucro, incurriendo de paso en
enormes costos Fiscales.
¿Existe una mejor alternativa? Sí, cambiar la
consigna "fin al lucro" por "fin a la mediocridad". El
Estado debe impedir el funcionamiento de colegios que sistemáticamente entregan
mala calidad.
Afortunadamente, esta estrategia podría dejar
contentos a quienes protestan contra el lucro. ¿Por qué? Porque para ellos -por
dogma de fe, no por respaldo de la evidencia empírica- un colegio con fines de
lucro es incapaz de entregar educación de calidad. De ser cierto, entonces
bastaría usar el criterio de calidad para que los colegios con fines de lucro
-si efectivamente son de mala calidad- no puedan operar. Por el contrario, de
no ser cierto el dogma -cosa que sugiere la literatura- seguirían funcionando
aquellos colegios con fines de lucro que entreguen educación de calidad, y al
cabo de poco tiempo aparecerían diversos conversos, cosa que siempre es
bienvenida.
¿Qué hacemos con los ricos?,
por Joaquín García Huidobro.
Cuando uno tiene a mano aplanadoras y
urgencias, resulta difícil que se someta al difícil ejercicio de una
deliberación racional. Por eso, aunque la reforma tributaria saldrá adelante,
deja abiertas muchas interrogantes. En efecto, la falta de acuerdo sobre los
artículos de una ley no es más que la consecuencia de no haber resuelto antes
una serie de temas mucho más fundamentales, entre ellos la cuestión de qué
vamos a hacer con nuestros ricos.
Como no se trata de mandarlos al Gulag, al
estilo de algunos socialismos de antaño, más bien habrá que responder algunas
preguntas muy elementales. ¿Nos interesan? ¿Querríamos atraer a Chile los ricos
del vecindario, que son maltratados en sus respectivos países? ¿O más bien
vamos a decirles, con Quilapayún: "Que se vayan y no vuelvan nunca
más"?
Para la Unidad Popular la respuesta era clara:
los ricos eran restos de un pasado oprobioso que había que extirpar. Pero la
Nueva Mayoría no parece tener demasiada claridad al respecto. Valga como
atenuante que, por razones obvias, hoy sabemos mucho sobre los pobres, pero los
ricos son una incógnita. Hablar sobre la concentración de la riqueza resulta
accesible para una persona con la preparación intelectual suficiente, pero me
parece que la tarea de escribir sobre los ricos está en buena medida pendiente.
No es fácil. De partida hay ricos, muy ricos, y
millonarios. La clasificación quizá no sea muy académica, pero nos permite no
meterlos a todos en un mismo saco simplificador. Es perfectamente posible que
los beneficios que derivan para la sociedad de la existencia de cada uno de
esos grupos no sean equivalentes. Y sospecho que ni Marx ni Friedman son
suficientes para estudiar la cuestión con todos los matices que requiere.
Por otra parte, en cada uno de esos grupos hay
ricos de talante muy diverso. Es natural: si hay panaderos, filósofos,
jardineros y saltimbanquis que son buenas o malas personas, ¿por qué los ricos
habrían de constituir una excepción, y el solo hecho de tener más dinero que
nosotros pueda hacerlos acreedores de una calificación ética válida para todos,
que variará según estemos a uno u otro lado del espectro político?
Algunos liberales nos han enseñado que da lo
mismo cómo se comporten los ricos en su vida personal. Si quieren ganar plata,
dicen, deberán vendernos bienes más baratos y mejores que la competencia, y por
ese solo hecho ya nos prestan un servicio.
No me convence. Sin embargo, por esta dudosa
razón hemos considerado muy natural que, en apenas unas décadas, muchos
adinerados hayan abandonado la austeridad y disciplina que caracterizó a los
chilenos ricos durante buena parte de nuestra existencia republicana. Ese
estilo de vida les parece hoy una exótica herencia del pasado. Lo reemplazan,
en cambio, por la ostentación, la arrogancia y el despilfarro.
Quienes piensan que el comportamiento personal
de los ricos es irrelevante mientras respeten la Ley, olvidan que la economía
funciona en un ambiente político, la democracia. Si la gente no quiere o al
menos respeta a los ricos, terminará por no valorar el sistema que hace posible
esa riqueza.
El rechazo social contra los ricos no es pura
envidia, aunque a veces la incluya, sino también la justa indignación ante el
comportamiento de algunos ingratos que se aprovechan del sistema sin dar nada a
cambio.
No tiene sentido humillar a los ricos,
haciéndoles pensar que les estamos perdonando la vida. Hay que ponerles
desafíos que les muestren que hay cosas mucho más atractivas que "hacerse
una pasada" en una maniobra especulativa.
Aristóteles, el filósofo de la clase media, no
tenía ningún reparo en afirmar que los ricos "son los que sirven a la
ciudad con su patrimonio". Al mismo tiempo, con sentido realista, decía
que quienes son demasiado hermosos, nobles, poderosos o ricos difícilmente
conducirán su vida conforme a la razón, y resulta fácil que se vuelvan
"arrogantes y grandes malvados". Esto no vale sólo para los ricos,
sino, como se ve, para todos los que destacan.
El desafío de la reforma tributaria consiste en
valerse de zanahorias y garrotes para que salga a flote lo mejor de cada grupo
social, y no obstaculizar a quienes quieran hacer bien las cosas. El capital es
la más volátil de todas las aves. No se trata de ahuyentar a los ricos, sino de
conseguir que sus patrimonios sirvan al país. Pero esa receta requiere
sabiduría y serenidad. Todo lo contrario de urgencias y aplanadoras.
¿Sobrevivirá el "modelo chileno"?,
por Andrés Oppenheimer.
Una de las preguntas que más se están haciendo
los analistas de temas latinoamericanos es si -tal como dicen sus críticos- la
Presidente Michelle Bachelet está haciendo un giro radical hacia la izquierda,
poniendo en riesgo la imagen de Chile como la economía estrella de América
Latina.
Por lo que vi en una visita a Chile, es una
pregunta que también se están haciendo muchos chilenos. Los más vociferantes
son los empresarios grandes y pequeños, que han tenido una buena relación con Gobiernos
de centroizquierda y que coexistieron pacíficamente con Bachelet durante su
primer mandato (2006-2010), pero que ahora están furiosos con su reforma
tributaria.
Bachelet, quien asumió la Presidencia hace dos
meses, tras ganar las elecciones con una nueva coalición que incluye al Partido
Comunista, quiere aumentar los impuestos corporativos desde el 20 al 25%, y
según algunas estimaciones, hasta el 35%.
Los partidos de oposición, la comunidad
empresarial y un creciente número de académicos dicen que la Presidente está
matando a la gallina de los huevos de oro.
Según ellos, en su afán por subsidiar la
educación superior gratuita -una de las promesas claves de su campaña-,
Bachelet está polarizando al país como nunca desde el fin de la dictadura
militar, en 1990, y arriesgando con paralizar las inversiones nacionales y
extranjeras.
La reforma Fiscal del Gobierno no solo afecta a
los súper ricos, sino también a alrededor de 900.000 empresas chilenas, dicen
los críticos.
"Bachelet está jugando con fuego", me
señaló Patricio Navia, un reconocido profesor de la Universidad de Nueva York.
"En Chile, las reformas siempre fueron graduales, y eso permitió que el
país creciera y se redujera la pobreza. Ahora da la impresión de que Bachelet
quiere implementar cambios radicales, y eso puede poner en juego la estabilidad
y el crecimiento".
Una encuesta mensual publicada días atrás por
el Banco Central revela que los expertos proyectan que el país crecerá un 3,2%
este año, una reducción con respecto a sus expectativas de 3,4% del mes pasado
y de 4,8% hace 12 meses.
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional
revisó hacia abajo su proyección de crecimiento para Chile, del 3,6 al 3,3%. Y
un nuevo informe de la consultora de riesgo Eurasia Group dice sobre Chile:
"trayectoria a corto plazo: negativa".
Durante más de dos décadas, Chile ha sido la
estrella económica de Latinoamérica. Desde 1990, la pobreza en Chile cayó del
40 al 13% y el ingreso per cápita del país se ha cuadruplicado a casi US$
20.000 anuales. Casi todos los rankings internacionales de educación,
tecnología y desarrollo económico sitúan a Chile como el número uno de
Latinoamérica.
Cuando le pregunté al Ministro de Relaciones
Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, sobre los temores respecto del futuro del
"modelo chileno", señaló: "Este es un país que va a mantener su
estabilidad política, que va a mantener su estabilidad económica, que va a
tener reglas claras. Pero al mismo tiempo, para que esta estabilidad se
mantenga en el tiempo con cohesión social, es necesario hacer cambios muy
significativos".
Agregó: "Para eso es necesaria la reforma
tributaria, para financiar la reforma educacional, la reforma de la salud, de
la previsión, y reducir la desigualdad. Chile está entre los 15 países más
desiguales del mundo en términos de ingresos".
Muñoz argumentó que la reforma impositiva
procura preservar -y no matar- el exitoso modelo chileno. Si no se hace nada,
la frustración social podría "transformarse en algo más serio" y
amenazar la estabilidad política, explicó.
Mi opinión: Bachelet fue elegida con un mandato
para reducir la desigualdad. Y la Presidente tiene razón en pensar que es mejor
hacer cambios anticipativos que arriesgarse a que vengan los cambios
"revolucionarios", que casi siempre acaban en desastres económicos.
Pero Bachelet no parece haberse dado cuenta de
que el mundo ha cambiado desde que dejó la Presidencia, en 2010. Los mercados
emergentes ya no son tan atractivos para los inversionistas, y Chile ya dejó de
ser la única niña bonita de la economía latinoamericana.
El Presidente colombiano Juan Manuel Santos me
dijo la semana pasada que su país es "la economía más sólida de
Latinoamérica". Los funcionarios peruanos ya promocionan a Perú como
"el nuevo Chile". Y España y varios países europeos están saliendo
del pozo, y comenzando a atraer inversiones.
Si Bachelet no cuida la imagen de Chile, el
país se podría encontrar muy pronto sin las inversiones necesarias para seguir
creciendo y resolver sus muy postergados problemas de desigualdad. La Presidente
aún puede lograr el cambio con estabilidad, pero solo si no se aparta -como
ahora- de la reciente tradición chilena de dialogar con sus adversarios y hacer
los cambios de forma gradual.
Ley Antiterrorista: señales erráticas.
El discurso del Gobierno respecto de la
aplicación de la Ley Antiterrorista se ha vuelto incomprensible. Por una parte
se da a entender que habría un problema de principios, es decir, que
prácticamente cualquier forma de legislación antiterrorista sería contraria a
los derechos fundamentales, mientras por otro lado se anticipa el juicio de los
Tribunales, afirmando genéricamente que para los Magistrados las conductas de
los violentistas en Biobío y La Araucanía no calificarían como terroristas. La
primera aseveración carece de todo sustento. La inmensa mayoría de los países
democráticos posee una legislación antiterrorista y la aplica cuando es
necesario. Además, las normas chilenas fueron sometidas recientemente a una
revisión exhaustiva desde el punto de vista de los estándares y compromisos
internacionales. La segunda afirmación, que los actos de violencia mencionados
no calificarían como terroristas, ha sido desmentida en forma contundente por
los mismos Tribunales de Justicia, que en el reciente fallo sobre el caso Seco
Fourcade y en diversas oportunidades han calificado los hechos precisamente
como conductas terroristas en el sentido de la Ley.
En una nueva toma de posición, contradictoria
con lo anterior, se afirma ahora desde el Gobierno que el terrorismo
consistiría en el "uso de mecanismos que están reñidos con las Leyes"
-es decir, se trabajaría con un concepto amplísimo, aplicable a cualquier forma
de delincuencia y por lo mismo inútil como garantía-; el problema estaría en
que la legislación antiterrorista se habría demostrado ineficaz, ya que los
Jueces no la aplican, y por lo tanto habría que privilegiar otras estrategias
jurídicas para el combate de la violencia en el sur de Chile. Incluso ha
trascendido la existencia de un supuesto informe jurídico según el cual las
acciones por esta normativa sí tendrían mayores posibilidades de éxito en casos
tramitados en el antiguo sistema penal, motivo que habría incidido en la
decisión de perseverar en la aplicación de esta Ley en la investigación del asesinato
del Senador Jaime Guzmán. Aparte de ser inexacto, este mensaje expresa puntos
de vista que tal vez puedan ser atendibles desde la vereda de quien tiene que
organizar una estrategia de litigación, pero sorprenden y desconciertan cuando
provienen de la autoridad cuya principal función consiste en que la Ley vigente
se aplique.
Pues hay pocas cosas más nocivas para un país
que la desautorización de la Ley por parte de la autoridad encargada de hacerla
cumplir. Al actuar de esta forma, el Gobierno pone de manifiesto que carece
tanto de la convicción para derogar o reformar radicalmente las normas, como de
la autoridad para exigir que se las respete. El resultado de esta errática
política suelen ser las diferencias odiosas, es decir, un estado incierto en el
cual la autoridad se inclina por una u otra postura -aplicar la Ley o hacer
vista gorda- según el peso relativo de las influencias o la conveniencia
política del momento. El problema de la aplicación de la Ley Antiterrorista no
tiene que ver con un prurito rigorista o una obsesión punitiva, y menos aún con
consideraciones oportunistas destinadas a congraciar o enemistar al Gobierno
con una porción del electorado. Se trata de un asunto de Estado que reclama una
conducción política clara, pues se encuentra en juego el respeto por la
legalidad.
Nocivo consumo de alcohol en Chile.
Un informe elaborado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que se dio a conocer hace unos días, sitúa a Chile
como el país de América Latina con el mayor consumo de alcohol per cápita,
alcanzando un promedio de 9,6 litros de
alcohol puro por persona al año (13,9 litros los hombres y 5,5 las mujeres). El
indicador revela un problema grave que debe ser enfrentado con sentido de
urgencia, considerando que la ingesta en nuestro país supera con largueza el
promedio per cápita mundial, que llega a los 6,2 litros anualmente. En la
región, las naciones que nos siguen más
de cerca son Argentina, con una media de 9,3 litros, seguidos por Paraguay con
8,8 y Brasil con 8,7.
Este estudio de la OMS, junto a reportes Gubernamentales
y otras investigaciones internacionales, como las que realiza la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), dan cuenta de un fenómeno que está instalado
culturalmente en el país y que registra una tendencia creciente que requiere
revertirse, pues ello supone un evidente riesgo para la salud de la población y
onerosos costos sanitarios que se estiman en cerca de 500 millones de dólares
anuales. Sin ir más lejos, un informe de la OPS publicado a comienzos de año
establece que en el continente, Chile registra uno de los índices más elevados
de muertes directas provocadas por el alcohol, llegando a 11,6 decesos por cada
100 mil habitantes al año. Según estimaciones científicas, son cerca de 200 las
enfermedades asociadas al consumo excesivo de alcohol, siendo una de las
principales, la cirrosis hepática, inconvenientes que se suman a otras
consecuencias, como las limitaciones que provoca en la calidad de vida de las
personas que tienen una ingesta inapropiada y mayores niveles de inseguridad
ciudadana.
Todos estos factores de riesgo imponen la
necesidad de actuar oportunamente para detener esta dañina tendencia, desafío
que requiere la elaboración de un diagnóstico que permita definir con certeza
las causas que ocasionan este nocivo patrón de conducta de un número importante
de chilenos, y la implementación de políticas integrales, que abarquen desde
medidas Legales que desincentiven el consumo desmedido de alcohol -algunas ya se han estado aplicando, como
la Ley de tolerancia cero para los conductores-, hasta acciones formativas
relacionadas con programas educativos en los colegios y campañas publicitarias
que ayuden a que la ciudadanía tome conciencia de los peligros a los que se
expone si ingiere alcohol de forma irresponsable.
Gran parte de los esfuerzos en este desafío se
debiesen concentrar en frenar el consumo de alcohol en los adolescentes, ya que
la edad de inicio es cada vez más temprana (entre 13 y 14 años, según algunos
estudios). Esto es primordial, pues la
evidencia empírica demuestra que el consumo etílico imprudente está fuertemente
asociado al consumo posterior de sustancias ilícitas, como la marihuana y otras
drogas duras. En este sentido, el control de los padres resulta primordial para
evitar que sus hijos caigan en este tipo de conductas, pues si estas no se
previenen, con el tiempo se van agravando y son más difíciles de erradicar en
la adultez. Que un sector de la sociedad chilena ingiera alcohol de manera cada
vez más riesgosa es indicativo de que existen problemas de fondo que no están
siendo abordados correctamente. Las autoridades y la propia ciudadanía deben
adoptar las medidas pertinentes para enfrentar esta compleja realidad, para lo
cual se debiesen tener en cuenta las recomendaciones entregadas por la OMS.
Una alerta para los argentinos.
En su declaración "Felices los que
trabajan por la Paz", los Obispos argentinos quisieron
"compartir" su "mirada sobre un aspecto inquietante de la
realidad nacional", y con ello se hicieron eco de una de las
preocupaciones prioritarias de la ciudadanía, la inseguridad, que permanentemente
se refleja en las encuestas y que fue motivo, la semana pasada, de protestas de
los sindicatos opositores.
Si se ven las estadísticas latinoamericanas,
Argentina no es el país con mayor violencia en la región, tal como se defendió
el Ministro de Seguridad. Según el último informe del PNUD sobre seguridad
ciudadana, Argentina está situada en el tercer lugar con menos homicidios (5,5
por cada 100 mil habitantes), después de Chile y Cuba. No es un mal puesto,
pero es en la tasa de robos donde lidera el ranking latinoamericano, con 973
asaltos cada 100.000 habitantes. Un estudio de la Universidad Torcuato di Tella
estima que en 2013, el 36,4% de los hogares en 40 centros urbanos fue víctima
de al menos un delito.
Estos datos (y hechos como el linchamiento de
un ladrón en Rosario) están detrás del llamado de atención de los Obispos,
quienes, en su declaración, señalan que "son numerosas las formas de
violencia que la sociedad padece a diario... Los hechos delictivos no solo han
aumentado en cantidad, sino también en agresividad". Muchos consideran que
este aspecto deriva del aumento del consumo de drogas que ha habido en
Argentina en el último tiempo. Es decir, que de país de tránsito de la droga
hacia Europa se ha transformado en consumidor. Es un secreto a voces que hay un
aumento del crimen organizado, con presencia de bandas de narcotraficantes,
incluso internacionales, en diversas regiones del país, y una Gendarmería que
no hace bien su trabajo en la frontera.
El Gobierno de Cristina Fernández ha sido
reacio a reconocer el aumento de la criminalidad y, por ende, a adoptar
políticas para luchar contra esta. La propia Presidente se defendió acusando a
los Obispos, sin mencionarlos, de pretender "reeditar viejos enfrentamientos",
los de la década de 1970, cuando "se dirimieron a los tiros, con
bombardeos y muertos". La manera de escabullir la tarea ha sido
responsabilizar a las Provincias del manejo de las situaciones delictivas, lo
que ha creado fuertes tensiones entre el Gobierno Federal (Cristina) y los Gobernadores.
Hay un debate contundente sobre la necesidad de
que exista más control político sobre las policías, que muchas veces actúan por
mandato propio y sin la necesaria accountability. En estos momentos se discute
la transferencia de las policías de la Provincia de Buenos Aires a las Municipalidades.
A juicio de los expertos, esto no parece una salida adecuada. El politólogo
Hernán Flom señala que ello provocará "problemas de coordinación, recursos
y dirección de la policía y que difícilmente servirá como solución; más bien,
cimentará vínculos de regulación informal o ilegal del delito entre sectores
policiales y políticos locales". Es decir, aumentaría la corrupción, otro
flagelo recurrente en Argentina.
"Guerra de agua" eleva tensión en el
Asia.
Por unos días, y con toda razón, Asia desplazó
del foco noticioso a Ucrania. Ocurrió cuando barcos chinos y vietnamitas se
trenzaron en una "guerra de agua" en el Mar del Sur de China y miles
de personas en Vietnam salieron a destruir empresas y negocios chinos, dejando
un saldo de varios muertos y cientos de heridos.
El incidente elevó la tensión en la zona, de
por sí inestable, por las reclamaciones cruzadas de los países adyacentes, que
resienten la reivindicación china de todo ese espacio marítimo. Que China y
Vietnam tengan Gobiernos comunistas no significa que cooperen entre ellos; por
el contrario, existe gran rivalidad.
No puede sino pensarse que China tomó la
decisión de instalar una plataforma petrolífera en las aguas cercanas a Vietnam
(reclamadas por ambos países) con plena conciencia de que provocaría un
altercado internacional. Parece una respuesta a la gira que hiciera Barack
Obama a la región, donde se da la batalla estratégica del momento, y durante la
cual firmó acuerdos militares con Japón y Filipinas, y reafirmó a sus aliados
que cuentan con Estados Unidos para su seguridad y defensa. Es plausible que
China haya realizado esta provocativa acción para probar la reacción
norteamericana, sabiendo que Vietnam no tiene acuerdo de defensa con EE.UU.
Las tensiones en el extremo de Asia no son
infrecuentes. Corea del Sur y Japón mantienen disputas desde la II Guerra
Mundial; China y Japón, por unas islas, y todos temen al programa nuclear
norcoreano. Pero al margen de estas rivalidades, por otro carril van las
crecientes relaciones económicas. En Asia está la mitad de la población
mundial, están la segunda y tercera potencias económicas (China y Japón), y es
una región de grandes flujos comerciales, que crece en influencia y riqueza.
Chile, que ha apostado por la proyección al
Pacífico, tiene TLC con los principales países de la zona, y en paralelo
negocia la TPP, Transpacific Partnership , con EE.UU., Brunéi, Nueva Zelandia,
Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam, que si
llega a una conclusión satisfactoria para todos, podría estrechar aún más los
vínculos del Asia Pacífico. No deben perderse los avances logrados.
