Reforma educacional de Bachelet: Menos libertad,
menos justicia, por 7 directivos de ONG´s.
Han sido dados a conocer los elementos
centrales de la primera reforma sustantiva en materia educacional del Gobierno
de la Presidente Bachelet, materializándose los compromisos del programa de la
Nueva Mayoría en torno al término del lucro, la selección y el financiamiento
compartido. Queremos decirlo en forma clara: se trata de una mala reforma. No
solo es técnicamente incorrecta y basada en evidencia no conclusiva, sino que,
y más importante aún, es injusta: vulnera la esencia de una sociedad de
libertades y responsabilidades, fundada en un concepto de justicia, donde el
mérito, la creatividad, el pluralismo y el esfuerzo son componentes clave en el
guión que día a día van escribiendo millones de chilenos junto a sus familias.
Es de la naturaleza de un sistema que cuenta
con proyectos educativos diversos dar libertad tanto a los padres como a los
sostenedores para escoger aquel que quieren desarrollar. Ahora bien, si el
diagnóstico es que los padres no saben elegir correctamente el colegio para sus
hijos que mejor se ajusta a sus preferencias, la solución no es limitar la
diversidad de proyectos educativos, sino mejorar la información que el sistema
entrega a quienes toman las decisiones. La clasificación de colegios que por
ley debe realizar la Agencia de la Calidad es un primer paso en este sentido.
Asimismo, respecto de la selección por criterios académicos, ella está hoy
permitida en la Ley desde 7° básico y es una forma de dar mejores alternativas
de educación a alumnos especialmente esforzados o con talentos específicos
(música, ciencia, deportes, etcétera).
Por otro lado, cuando hablamos de lucro en la
educación escolar no nos estamos refiriendo a abuso, sino a la legítima
ganancia de quienes inician un proyecto educativo para contribuir a desarrollar
el talento de nuestros niños, típicamente profesores o ex profesores. Entre los
establecimientos particulares subvencionados, hay cerca de 1,2 millones de
alumnos asistiendo a los más de cuatro mil colegios de sostenedores con fines
de lucro (36% de la matrícula nacional), los cuales registran una mayor
proporción de alumnos vulnerables en su matrícula y un menor nivel de copago respecto
de los establecimientos sin fines de lucro.
Además de atender a niños en promedio más
vulnerables que los que asisten a establecimientos sin fines de lucro, los
planteles con fines de lucro son la mayor fuente no Estatal de educación laica,
aportando de manera decisiva a la pluralidad de proyectos educativos
existentes. No debemos centrarnos en la naturaleza del sostenedor, sino en sus
resultados; conviene juzgar aspectos que tienen que ver con calidad y buen uso
de recursos. Esto último es tarea de la Agencia de Calidad y la
Superintendencia, respectivamente.
Para finalizar, creemos que el financiamiento
compartido ha sido un importante aporte al desarrollo del sector escolar en los
últimos 20 años, recogiendo el anhelo de muchos padres de contribuir en la
educación de sus hijos con la esperanza de que ellos accedan a una de mejor
calidad. Algunos han criticado que el crecimiento del sector con financiamiento
compartido ha generado segregación, no en el sentido de discriminación, sino en
el sentido de segmentar a los estudiantes de acuerdo con su capacidad de pago.
Respecto de este punto, avanzar en instrumentos efectivos que lleven a que el
sistema escolar sea más inclusivo y que, al mismo tiempo, se permita a los
padres aportar económicamente a la educación de sus hijos es posible.
Existe consenso acerca de que nuestro sistema
educativo es perfectible, pero los esfuerzos deben ir principalmente a aumentar
la calidad y no a poner trabas a la educación particular. Hay que respetar las
decisiones de las familias chilenas y el desarrollo de proyectos distintos que
se adecuen a la diversidad que existe entre los chilenos. Lamentablemente, el
proyecto de reforma educacional del Gobierno no va en este sentido, y apunta
fundamentalmente a transferir al Estado responsabilidades que hoy son de las
familias respecto de la educación de sus hijos.
El sombrero de Bachelet.
por Joaquín García Huidobro.
Se equivocan quienes menosprecian la
inteligencia de Bachelet. En estos meses nos ha dado muestras de una habilidad
política asombrosa. Cosa muy distinta es si esta astucia resulta buena para el
país, pero sería miope ignorarla y políticamente letal. Ella es una
experimentada ilusionista, que desde su escenario Presidencial maneja a su
antojo al país entero.
Hagamos un repaso. Un par de años atrás, muchos
pensaban que su Gobierno iba a continuar, con algunos necesarios retoques, la
exitosa política económica del Gobierno de Piñera. Ella se dio cuenta de que el
público quería otra cosa, y cambió rápidamente el libreto de su presentación.
El resultado de las últimas elecciones premió su habilidad.
Llegada al poder, abrió un cofre y nos puso
delante el cambio de la Constitución. Pero cuando todos mirábamos para allá, y
los políticos y la prensa apenas hablaban de otra cosa, ella sacó del sombrero
la reforma tributaria. La acompañó de un gran despliegue escénico, videos
incluidos. En la platea, los empresarios quedaron estupefactos; lo mismo
sucedió en la galería con los emprendedores. Bachelet puso urgencia al trámite
de la Ley y dejó a los Parlamentarios de los palcos ocupados de una cuestión de
alta complejidad técnica y sin tiempo para atacar por otro lado.
Antes de que se pudiera armar un bloque común,
la varita mágica se posó sobre la reforma educacional, y nos hizo volver la
vista hacia otro lado. Los políticos quedaron quietos en las butacas, y la
atención se puso sobre la Iglesia, los sostenedores y los expertos.
No contenta con lo anterior, hizo explotar unos
petardos, esta vez detrás de nosotros. Una materia tan inocente como los
cambios a la Ley de adopción, nos llevó de pronto al AVP: un tema muy delicado,
donde la oposición es incapaz de mantener una postura unitaria. Por eso mostró
una actitud confusa y contradictoria, poco grata al electorado. Divide y
vencerás.
Y así llegamos al discurso del 21 de mayo,
donde con un abracadabra nos puso delante el aborto, un tema que nadie esperaba
en este momento. Así atacó por otro flanco.
En el caso de Bachelet, la multiplicación de
los frentes no corresponde simplemente a una política confusa, incapaz de
concentrarse en los temas fundamentales.
Su problema no es de déficit atencional: la
suya es la estrategia de una ilusionista, de alguien que conoce a la perfección
las fallas de nuestros mecanismos de percepción y las debilidades de nuestra
memoria. Ella nos hace mirar lo que tiene en su mano derecha y, mientras desvía
nuestra atención, saca ante nuestros ojos asombrados un conejo por la
izquierda.
Ante una estrategia así, no hay oposición que
se aclare. Ante esta increíble sucesión de trucos, sus adversarios no alcanzan
ni a respirar. Tampoco pueden organizar un frente común en torno a una idea,
como pasó en la Unidad Popular con la ENU. Ahora cada uno tiene sus propios
problemas y carece del tiempo necesario para pensar en los pesares ajenos o de
unirse a los otros en una propuesta de oposición.
Esta habilidad de Bachelet no proviene de sus
asesores, ni se explica simplemente por unas clases con David Copperfield en
Nueva York. La suya es la experiencia que le dieron sus años de Gobierno y su
conocimiento de los rincones del alma humana.
¿Es una estrategia genial la de nuestra
ilusionista, que nos tiene desconcertados con la multiplicación de los frentes?
Sí.
¿Y no será, sin embargo, una estrategia
perversa?
Probablemente lo es. Más que este
"multiplica y vencerás", Chile necesita una conducción serena y
unitaria, capaz de pensar a largo plazo y agruparnos en torno a los grandes
objetivos nacionales. Pero una cosa es estar en desacuerdo con el estilo de
Gobierno de la nueva Bachelet, y otra muy distinta es ignorar la inteligencia
de su plan, una estrategia bien urdida que le permite anticiparse a unos
adversarios que parecen un conjunto de espectadores hipnotizados.
Afortunadamente, en política, como en la magia, cabe descubrir los trucos del
adversario. Es posible mostrar a los espectadores que las cosas son de otra
manera y que cabe participar de un espectáculo diferente. Pero eso supone que
el público tiene la posibilidad de reflexionar en serio y no se contenta con
las ilusiones que salen de un sombrero mágico.
Todos somos iguales,
por Andrés Benítez.
“Si quieren conocer el verdadero carácter de
una persona, dadle poder”, sentenció Abraham Lincoln, aludiendo a la
extraordinaria capacidad de cambio que tiene la gente cuando lo adquiere.
Porque, al final, la historia nos muestra que manejar el poder con sabiduría es
una de las virtudes más preciadas de la sociedad. La mayoría, que no tiene
poder, confía en que los poderosos actúen con moderación, buscando el bien
común.
Bachelet no es cualquier Presidente. Es muy
poderosa. No sólo consiguió ser elegida por una amplia mayoría de los votos,
sino que, además, logró que su coalición alcanzara mayorías muy significativas
en el Parlamento. Tanto, que no requiere en la práctica alcanzar acuerdos con
la oposición para llevar a cabo sus reformas. La Presidenta fue muy explícita
en pedir este poder: para cambiar Chile, dijo en la campaña; para derribar el
modelo que los poderosos de siempre -la elite, la derecha- habían impuesto al
país. Todo esto, para lograr un país más inclusivo, más justo, con verdaderas
oportunidades para todos.
Lo curioso es que, para lograr aquello,
Bachelet actúa igual que aquellos que siempre criticó: los poderosos. Porque su
estilo político no tiene nada que ver con integrar, incluir, ni siquiera
escuchar. Ella simplemente actúa con la fuerza que le da el poder. Elabora
proyectos sin preguntarle a nadie, y cuando los anuncia, señala que son
inamovibles. Que está dispuesta a escuchar, pero no a cambiar de opinión. Por
ello, no es raro que dé poco tiempo y espacio para el debate. Para qué, si al
final siempre impondrá su mayoría.
Sí, todos somos iguales. Cuando se alcanza el
poder, la tentación de usarlo sin contemplaciones es infinita. Todo esto, con
buenas intenciones. Nadie duda que la Presidenta las tiene. Ella cree que lo
hace por el bien del país. Está convencida de ello. Pero, aunque tenga razón,
también sabe que el fin nunca justifica los medios. Porque los cambios
radicales, como los que está impulsando en distintas materias -tributaria,
educacional, electoral, ahora en el plano del aborto-, requieren algo más
profundo que el poder. Requieren acuerdos mínimos. Esa es la manera de hacerlos
perdurables.
Ella, como nadie, puede usar su poder
precisamente para aquello. Para buscar, incluso forzar acuerdos. Hacer cambios
pasando la aplanadora. Cuando uno tiene los votos, no tiene mucha gracia. Es
una tarea fácil cuando se tiene mayoría. Lo que vale, en estos casos, es justo
lo contrario: someterse al escrutinio, escuchar, dar tiempo a que salgan las
diferencias, buscar consensos. Esto no significa abandonar sus objetivos
finales. Significa, simplemente, reconocer que uno no tiene todas las
respuestas, que se puede equivocar, que puede haber caminos mejores. Y todo
ello no es señal de debilidad, sino de sabiduría.
Por supuesto que esto no es fácil. Es complejo
escuchar cuando uno tiene el sartén por el mango. Cuando no necesita al otro.
Algunos dirán que nadie hace eso. Que la derecha o la elite jamás actuaron así
cuando tuvieron el poder. Puede ser. Pero entonces, una vez más, todos somos
iguales. Un empate nefasto para Chile, un país que, como dice Bachelet,
necesita más inclusión. Si eso no es así ahora, luego vendrán otros poderosos
que cambiarán todo de nuevo.
La reforma a la educación frente a la
Constitución.
El proyecto de Ley que modifica el régimen de
los colegios particulares subvencionados introduce un cambio radical al sistema
educacional vigente. Así, los establecimientos que persiguen lucro tendrán que
transformarse en entidades que no lo tengan y se prohíbe el copago para que
tengan acceso a la subvención Estatal. Aquellos que opten por transformarse, y
no seguir como colegios pagados o cerrar, podrán transferir sus instalaciones
al Estado y mantenerse como sostenedores bajo ciertas reglas. Además, el
Ministerio de Educación tendrá la facultad de rechazar nuevos colegios
subvencionados, cuando estime que no existe una demanda insatisfecha que los
justifique.
Tales propuestas son altamente debatibles pero,
sobre todo, en ellas no parece haberse otorgado mayor consideración a los
derechos de los sostenedores privados, persigan o no un fin de lucro, y de las
familias de los estudiantes, conforme están garantizados por la Constitución
Política. Los proyectos de Ley deben ajustarse a la normativa Constitucional
vigente, que en materia educacional tiene una rica jurisprudencia, siendo
imprescindible que cualquier reforma respete los derechos de quienes son
afectados.
En la educación básica y media se ha dado
cabida a los emprendimientos con fines de lucro, en consistencia con el derecho
Constitucional a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria
a la moral, el orden público o la seguridad nacional, respetando las normas Legales
que la regulen. Los servicios educacionales rentados no pueden ser estimados contrarios
a los mencionados criterios, desde el momento en que durante varias décadas
fueron expresamente permitidos e incluso incentivados. El Estado, además, no puede establecer normas que discriminen
arbitrariamente entre formas de organización, entregando subsidios a unas y no
a otras, si cumplen las normas
objetivas que regulan la actividad, sobre lo cual existe jurisprudencia Constitucional.
Por otra parte, la transformación que se exige importa un cambio sustancial de
las reglas del juego para quienes realizaron inversiones en el sector: muchos
sostenedores no tendrán otra alternativa que transferir sus establecimientos al
Estado. Ello tiene un cariz expropiatorio, que dudosamente cumple el estándar
del derecho de propiedad, que garantiza que la correspondiente indemnización
debe pagarse siempre al contado y en dinero efectivo, siendo su monto
impugnable ante los Tribunales ordinarios de Justicia. La iniciativa del Gobierno
dispone que el precio lo fijará el Estado y se pagará a plazo, sin recurso Judicial
alguno.
Asimismo, la Carta Fundamental garantiza la
libertad de enseñanza, que envuelve tanto el derecho a organizar y mantener
establecimientos educacionales, sin distinción, como el derecho de los padres
para escoger aquel al cual desean enviar a sus hijos. Así, no corresponde que
el Estado tenga la facultad discrecional de rechazar la acreditación de
establecimientos porque según su parecer no se justifican. Además, discriminar
sin razón objetiva en el otorgamiento de la subvención coarta la decisión de
los padres, lo que no se condice con la libertad que se reconoce. Lo propio
puede decirse de prohibir que las familias realicen aportes adicionales a los
recursos públicos que reciben los establecimientos. Es claro que la faceta Constitucional
será otro aspecto central del debate de esta reforma.
Los rostros de las izquierdas.
Ni el anuncio de la reforma educacional ni el
haber acogido el 21 de mayo demandas reiteradas del movimiento estudiantil
pudieron aplacar a la izquierda más radical. Reducida en número, pero poderosa
en capacidad de provocar efectos mediáticos y, en sus expresiones más extremas,
alterar gravemente el orden público, esa izquierda volvió a hacer patente cuán
distante se siente respecto del Gobierno.
Hay allí una paradoja: la de una coalición,
como es la Nueva Mayoría, que intenta dar un espacio a lo que se ha dado en
llamar "la calle", y manifestantes para quienes cualquier gesto será
insuficiente, porque no les basta recibir concesiones, sino que pretenden
definir por sí mismos los objetivos y políticas públicas. Así, incluso una
administración comprometida con cambios estructurales resulta para esos
sectores sospechosa de entreguismo. El conflicto de la Confech, con
federaciones anarquistas o filoanarquistas negándose ya no solo a condenar la
violencia, sino a solidarizar con una dirigente estudiantil víctima de
amenazas, grafica el fundamentalismo que anima a tales grupos y la
incompatibilidad de sus planteamientos con cualquier proyecto político
democrático.
No es extraño que esos sectores se enfrenten en
las calles con las juventudes comunistas, cuyo compromiso con el oficialismo
aborrecen. La historia ha sido pródiga en ejemplos de enfrentamientos entre el
PC y el anarquismo. Tras ellos está la lógica gradualista que caracterizó la
actuación del comunismo durante la mayor parte del siglo XX. De acuerdo con
dicha lógica -y salvo momentos de excepcional irracionalidad estratégica, como
cuando pretendió enfrentar por las armas al régimen militar-, la consecución de
sus objetivos (incluso aquellos más radicales) pasa por la pragmática,
paulatina y sistemática acumulación de poder. Y desde esa perspectiva, la
experiencia del partido en el último lustro ha sido especialmente exitosa: si
hasta 2010 carecía de representación Parlamentaria, hoy ya ha doblado su número
de Diputados, cuenta con Ministros y altos funcionarios públicos, y parece
encaminada una reforma electoral que le permitirá garantizar su presencia en el
Congreso como actor influyente. En cambio, a la vista de lo ocurrido durante
estos dos meses, su inclusión en la coalición de Gobierno no le ha permitido a
esta el buscado objetivo de controlar esa "calle" con la que cada
tanto intenta congraciarse.
Hay otras izquierdas, sin embargo, que durante
tres décadas han hecho un aporte fundamental a consolidar el desarrollo del
país, representadas por el Partido Socialista, el PPD y los radicales. En todas
esas colectividades existen voces pragmáticas y de profunda convicción
democrática, muy ajenas al infantilismo de las "retroexcavadoras".
Junto con la Democracia Cristiana -en la que, más allá de lamentables
ambigüedades, subsiste una profunda vocación de moderación y diálogo-,
enfrentan hoy la responsabilidad de contribuir a que una discusión pública que
ha llegado a etapas de perniciosa y preocupante crispación se reencauce en una
línea más acorde con el tono usado por la Presidente Bachelet en su discurso
ante el Congreso Pleno.
Lo que ocurra con la reforma tributaria en el
Senado, luego del "trámite buzón" dado a ese proyecto por la Cámara
Baja, permitirá aquilatar el peso de estos sectores y su respectiva capacidad
de incidir verdaderamente en los rumbos de la Nueva Mayoría.
Necesidad de jerarquización.
En períodos de Gobierno cortos, como es el caso
de Chile, la eficacia realizadora de las administraciones resulta fundamental.
Esto significa no solo fijarse metas precisas, sino también priorizar
iniciativas, de modo de concentrar adecuadamente los esfuerzos.
Es comprensible la voluntad de la Presidente de
cumplir con las algo más de 50 medidas comprometidas para sus primeros 100 días
en el poder, pero conviene al éxito de su Gobierno y a la capacidad del país
para procesar debidamente los cambios evitar caer en un vértigo de iniciativas
simultáneas en todos los campos.
El discurso del 21 de mayo, con sus 102
promesas, planteó precisamente ese riesgo. El buen sentido mostrado al
postergar la reforma Constitucional, en un momento en que los debates
tributario y educacional copan la agenda, debiera manifestarse también en una
adecuada jerarquización general de tareas.
Un grupo de presión más.
El Gobierno presentó el proyecto de Ley que
acaba con el lucro en la educación y busca incrementar su gratuidad. Se
justificaría porque la educación es un “derecho social”.
Si bien ese proyecto se refiere a la educación
escolar, no debe olvidarse que la protesta estudiantil que estalló en 2011
contra el lucro y por la gratuidad tuvo su origen en reclamos de los
universitarios y de alumnos de educación media que aspiraban a ir a la
universidad. De ahí se confundió todo y esas dos ideas se elevaron al nivel de
consignas universales. Por eso, en el debate que debería tener lugar en los
días que vienen, es necesario tener presente algo que nadie ha dicho,
probablemente por el riesgo de sufrir una “funa”.
Los estudiantes que han clamado por la
gratuidad de la educación y el fin al lucro en la educación superior, se han
presentado como la encarnación del bien contra los abusos y el aprovechamiento,
la expresión de un nuevo Chile y un altruismo que clama por los derechos de los
que no tienen voz. Pero en realidad no son más que un grupo de presión, con una
organización y convocatoria difícilmente antes vista, que busca estudiar y
formarse profesionalmente gratis (y hasta andar gratis en micro en épocas que
ni siquiera están estudiando), o sea, a costa de los demás. Si lo que define a
los derechos sociales es el título para exigir algo y que otros paguen, lo que
nadie dice es que quienes estudien en la educación superior -sobre todo en la
universidad- y obtengan un título profesional de lo que sea, casi por ese sólo
hecho pasan a formar parte del 10% de las personas más ricas de Chile y que,
por lo mismo, habrán asegurado su vida como muy pocos. Eso contra el bolsillo
no sólo de “los ricos”, sino también de los que no tendrán esa misma
oportunidad.
Entonces, la pregunta es cómo van a retribuir a
la comunidad el tremendo beneficio que habrán recibido, si ellos o sus familias
no pagaron por él. Y no bastan las vaguedades como valorar el aporte que harán
al desarrollo, porque un obrero de la construcción o una dueña de casa también
lo realizan y, además, contribuirán a financiar el regalo. A la comunidad le
interesa que los jóvenes se capaciten profesionalmente, por lo que es razonable
y necesario que haya mecanismos preferentes de financiamiento, cuyo costo sea
acorde a la rentabilidad de las carreras, es decir, que las tasas de interés no
sean impagables. Si el horno político no está para créditos, entonces puede
explorarse la propuesta que los que estudiaron sin costo queden afectos a una
sobretasa tributaria. Pero de ahí a la gratuidad que pretenden, es demasiado.
En suma, no crea en el altruismo por el solo
hecho que es vociferado; suele ser que el verdadero está detrás de acciones que
no se pregonan. Si lo entiende así, lo siguiente será quizás preguntarse por
qué millones de familias, como sucede hoy, han recurrido a los colegios
particulares para sus hijos. Sostener, como ha pretendido el Ministro, que no
saben lo que hacen, es creer que los estudiantes que protestan tampoco lo
saben; y eso no es así.
Visita a comunero condenado.
El Intendente de La Araucanía visitó el pasado
21 de mayo, en la cárcel de Temuco, al comunero mapuche Celestino Córdova,
condenado a 18 años de presidio por el incendio con resultado de muerte del
matrimonio Luchsinger Mackay. El recluso inició una huelga de hambre tan pronto
la Corte Suprema confirmó su sentencia, exigiendo ser transferido al penal
Centro de Estudios y Trabajo de Vilcún. En palabras de la propia autoridad Regional,
no se trató de una visita protocolar, sino que tenía por objeto evitar que la
huelga escalara en su gravedad y conocer los motivos y las peticiones del
ayunante.
Si bien está dentro de las atribuciones de la
autoridad realizar gestiones para interiorizarse de los detalles de una
protesta en un penal, el Intendente no podía desconocer los efectos de la
visita que realizaría -una iniciativa suya- a quien fuera recientemente
condenado por un crimen que conmocionó la opinión pública y a la Región. Ella,
innegablemente, puede ser entendida como un mensaje alentador para quienes
plantean reivindicaciones mediante la violencia; tanto, que incluso motivó
críticas de los Senadores oficialistas por La Araucanía.
En el Gobierno parece haber dos formas de
abordar la situación de violencia que sufre La Araucanía, que están provocando
tensión interna. Por una parte, el Gobierno central, que ha radicado en el
Ministerio de Justicia las peticiones de los comuneros mapuches encarcelados,
mientras que, por la otra, se advierte la búsqueda de una salida de corte más
político, que encarna el Intendente Regional. Corresponde entonces que la
Presidente, en uso de su autoridad, fije una línea al respecto, a la que
debieran someterse todos los funcionarios de Gobierno.
Nuevo proyecto de "Ley Emilia".
El anuncio de que el Gobierno enviará al
Congreso un nuevo proyecto de "Ley Emilia" ha provocado diversas
reacciones entre los especialistas, casi todas contrarias a la iniciativa.
Según lo adelantado por la Presidente, el delito de conducción en estado de
ebriedad con resultado de muerte o lesiones gravísimas consideraría una forma
simple y una agravada. La primera tendría una pena de 3 años y un día a 10 años
de cárcel, mientras que la agravada -cuando el conductor es reincidente, huyó
del lugar del accidente o conducía bajo el efecto de las drogas- implica una
pena que iría de 5 años y un día a 10 años. La diferencia en el rango inferior
de penalidad tiene como principal consecuencia que solo la presencia de
circunstancias atenuantes permitiría al Tribunal autorizar al condenado a
cumplir la pena en libertad.
Las objeciones a esta iniciativa son
fundamentalmente de dos clases. Por una parte, se critica que se Legisle
penalmente a propósito de casos puntuales. Esta Legislación penal surgida a
raíz de algún caso que provoca conmoción suele ser imperfecta, en especial
porque incurre en el defecto de sobredimensionar ciertos elementos que también
están presentes en otros casos, pero que no se advierten si no se realiza un
estudio más global. Esta inadvertencia termina provocando contradicciones
valorativas, es decir, que hechos similares reciban en la práctica castigos muy
diferentes. Por esta razón, los expertos consultados insistieron en que la Legislación
penal en su conjunto requiere una actualización, y en el hecho de que tanto el
Congreso como el Gobierno ya disponen de propuestas concretas y acabadas de
revisión global de la Legislación penal.
También se puede objetar que una iniciativa
como la propuesta adolece de un déficit de proporcionalidad no solo relativo al
resto de los delitos en general, sino también en relación con el homicidio
intencional en general. Quien mata a otro intencionalmente debería recibir
siempre una pena mayor que aquel que lo hace por accidente. Esta objeción
coincide con las valoraciones contenidas en el Código Penal vigente y con las
que están presentes en muchas otras Legislaciones. Por lo tanto, es razonable
pensar que una ruptura de esta proporcionalidad específica solo podría
justificarse -si acaso- con la presencia de elementos objetivos y no meramente
circunstanciales, es decir, en la medida en que la gran temeridad de la
conducta peligrosa haga prácticamente imposible distinguirla de un homicidio
intencional.
Tensiones entre EE.UU. y China.
Este caso trasciende el espionaje tradicional,
por tratarse de infiltración cibernética, destinada a recaudar secretos que no
son oficiales, sino de empresas contratistas de los rubros nucleares, de
energía solar, informática, aeronáutica y metalúrgica. El espionaje habría
beneficiado a empresas Estatales y enriquecido a jerarcas chinos, causando
perjuicios por más de cien mil millones de dólares a Estados Unidos. Los
avances técnicos y científicos logrados serían invaluables para la industria
del gigante asiático, pues le habrían permitido replicar, sin invertir en
investigación y desarrollo, variadas tecnologías y los más modernos aviones de
combate.
La denuncia estadounidense no puede
desvincularse de la difusión de miles de documentos de la Agencia Nacional de
Seguridad de ese país efectuada por su analista Edgar Snowden, que puso en
evidencia que la referida agencia realiza tareas similares a aquellas de que se
acusa a China. Más todavía, incluyó a Jefes de Estado aliados; a la empresa
Petrobras de Brasil; a empresas chinas, como China Telecom y Huawei, y de Hong
Kong. La semana pasada, el Congreso de los Estados Unidos aprobó en primer
trámite un proyecto de Ley para limitar estas actividades supuestamente de
vigilancia.
El procesamiento de los altos oficiales ha sido
calificado por políticos estadounidenses como insuficiente e inconducente. El
espionaje era conocido hace años, pero se sabía que el poderoso Ejército
Popular de Liberación chino no reconocería ni aceptaría el emplazamiento y que
es impensable la extradición de los acusados.
La denuncia y los procesamientos por
ciberespionaje abren un nuevo frente para EE.UU. y coinciden con la visita de
Vladimir Putin a Shanghai y con maniobras conjuntas de las armadas china y
rusa. La coincidencia ha permitido a los Gobernantes chinos acercarse al
Presidente ruso, superando la frialdad con que China ha observado la anexión
rusa de Crimea y los acontecimientos posteriores de autonomía en zonas
ucranianas, que pueden llegar a ser un mal precedente para las minorías étnicas
chinas.
El encuentro entre los Presidentes Putin y Xin
ha permitido concretar una prolongada negociación sobre abastecimiento
energético ruso a China por los próximos 30 años. La Estatal rusa Gazprom se
comprometió a vender a la también Estatal china CNPC, a partir del 2018, gas
por 400 mil millones de euros.
No pocos observadores entenderán ese compromiso
más desde una óptica política que comercial y lo interpretarán, en parte, como
un subproducto del distanciamiento de ambos con Estados Unidos.
A las puertas del Mundial, dificultades para
Dilma.
A solo tres semanas del inicio del Campeonato
Mundial de Fútbol, se suceden las huelgas y protestas en Brasil. Las
manifestaciones y el reconocimiento de que algunas de las dispendiosas obras
públicas construidas para el magno acontecimiento deportivo no estarán
concluidas podrían dañar seriamente la imagen de Brasil como potencia emergente
y dificultar la reelección de su Jefa de Estado, considerada altamente probable
hace unos meses. Las expresiones de descontento ponen en duda lo que se dio por
descontado: el apoyo ciudadano al financiamiento de las millonarias inversiones
para el Campeonato Mundial. Son multitudes las que reclaman que los fondos
deberían haberse utilizado más eficazmente en mejorar los servicios públicos,
otras obras de infraestructura y en beneficios a la población.
Según la encuestadora Datafolha, el apoyo a la
realización del evento deportivo se ha reducido de 79% de la población, cuando
se concedió la sede a Brasil en 2007, a apenas 48% en la actualidad.
Tras el prolongado período de elevado
crecimiento durante los Gobiernos de Cardoso y Lula, la economía brasileña
atraviesa hoy por una etapa de estancamiento cuyo inicio coincide con la
llegada al poder de la Presidente Rousseff. Su crecimiento fue inferior a 2%
entre los años 2011 y 2013, estimándose un menguado 1,5% en 2014, lo que se
suma a una inflación en aumento y a una reducción de la inversión extranjera.
Todo indica que los inciertos resultados del
próximo Campeonato Mundial en materia de organización y de los logros que alcance
el equipo brasileño influirán notoriamente en el humor con que la ciudadanía
enfrentará la primera vuelta de las elecciones Presidenciales del 5 de octubre.
La antesala del Mundial refleja un sentimiento de desazón del electorado, que
según las encuestas se pronuncia mayoritariamente por el cambio antes que por
la continuidad, pero que, a la vez, sigue favorable a la reelección de la
Presidente Rousseff.
Así, el respaldo a la Mandatario se encontraría
en declinación, pero en 48%. Al mismo tiempo, un lento y sostenido incremento
de las intenciones de voto se registra para sus principales rivales, Aecio
Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña fundado por el ex
Presidente Cardoso, y Eduardo Campos, del Partido Socialista Brasileño. La suma
de intenciones de voto indica que habrá una segunda vuelta a fines del mismo
mes de octubre. En la segunda vuelta resultaría elegida Dilma Rousseff con
algunas dificultades. Los dos contendores de la Mandataria, exitosos titulares
de Gobernaciones y más jóvenes que la Presidente, se presentan como los
legítimos continuadores de la obra modernizadora de los ex Presidentes Cardoso
y Lula, la que -afirman- habría sido paralizada por Rousseff.
En la encrucijada, la Presidente y su partido
han optado por un tono conciliador con las protestas y recurrido al salvataje
del ex Presidente Lula. La estrategia puede tener éxito, siempre que el Mundial
mejore el clima en la sociedad civil brasileña.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
