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martes, 27 de mayo de 2014

11 artículos de completa actualidad para meditar y discutir...







Reforma educacional de Bachelet: Menos libertad, menos justicia, por 7 directivos de ONG´s.


Han sido dados a conocer los elementos centrales de la primera reforma sustantiva en materia educacional del Gobierno de la Presidente Bachelet, materializándose los compromisos del programa de la Nueva Mayoría en torno al término del lucro, la selección y el financiamiento compartido. Queremos decirlo en forma clara: se trata de una mala reforma. No solo es técnicamente incorrecta y basada en evidencia no conclusiva, sino que, y más importante aún, es injusta: vulnera la esencia de una sociedad de libertades y responsabilidades, fundada en un concepto de justicia, donde el mérito, la creatividad, el pluralismo y el esfuerzo son componentes clave en el guión que día a día van escribiendo millones de chilenos junto a sus familias.


Es de la naturaleza de un sistema que cuenta con proyectos educativos diversos dar libertad tanto a los padres como a los sostenedores para escoger aquel que quieren desarrollar. Ahora bien, si el diagnóstico es que los padres no saben elegir correctamente el colegio para sus hijos que mejor se ajusta a sus preferencias, la solución no es limitar la diversidad de proyectos educativos, sino mejorar la información que el sistema entrega a quienes toman las decisiones. La clasificación de colegios que por ley debe realizar la Agencia de la Calidad es un primer paso en este sentido. Asimismo, respecto de la selección por criterios académicos, ella está hoy permitida en la Ley desde 7° básico y es una forma de dar mejores alternativas de educación a alumnos especialmente esforzados o con talentos específicos (música, ciencia, deportes, etcétera).


Por otro lado, cuando hablamos de lucro en la educación escolar no nos estamos refiriendo a abuso, sino a la legítima ganancia de quienes inician un proyecto educativo para contribuir a desarrollar el talento de nuestros niños, típicamente profesores o ex profesores. Entre los establecimientos particulares subvencionados, hay cerca de 1,2 millones de alumnos asistiendo a los más de cuatro mil colegios de sostenedores con fines de lucro (36% de la matrícula nacional), los cuales registran una mayor proporción de alumnos vulnerables en su matrícula y un menor nivel de copago respecto de los establecimientos sin fines de lucro.


Además de atender a niños en promedio más vulnerables que los que asisten a establecimientos sin fines de lucro, los planteles con fines de lucro son la mayor fuente no Estatal de educación laica, aportando de manera decisiva a la pluralidad de proyectos educativos existentes. No debemos centrarnos en la naturaleza del sostenedor, sino en sus resultados; conviene juzgar aspectos que tienen que ver con calidad y buen uso de recursos. Esto último es tarea de la Agencia de Calidad y la Superintendencia, respectivamente.


Para finalizar, creemos que el financiamiento compartido ha sido un importante aporte al desarrollo del sector escolar en los últimos 20 años, recogiendo el anhelo de muchos padres de contribuir en la educación de sus hijos con la esperanza de que ellos accedan a una de mejor calidad. Algunos han criticado que el crecimiento del sector con financiamiento compartido ha generado segregación, no en el sentido de discriminación, sino en el sentido de segmentar a los estudiantes de acuerdo con su capacidad de pago. Respecto de este punto, avanzar en instrumentos efectivos que lleven a que el sistema escolar sea más inclusivo y que, al mismo tiempo, se permita a los padres aportar económicamente a la educación de sus hijos es posible.


Existe consenso acerca de que nuestro sistema educativo es perfectible, pero los esfuerzos deben ir principalmente a aumentar la calidad y no a poner trabas a la educación particular. Hay que respetar las decisiones de las familias chilenas y el desarrollo de proyectos distintos que se adecuen a la diversidad que existe entre los chilenos. Lamentablemente, el proyecto de reforma educacional del Gobierno no va en este sentido, y apunta fundamentalmente a transferir al Estado responsabilidades que hoy son de las familias respecto de la educación de sus hijos.


El sombrero de Bachelet.
por Joaquín García Huidobro.


Se equivocan quienes menosprecian la inteligencia de Bachelet. En estos meses nos ha dado muestras de una habilidad política asombrosa. Cosa muy distinta es si esta astucia resulta buena para el país, pero sería miope ignorarla y políticamente letal. Ella es una experimentada ilusionista, que desde su escenario Presidencial maneja a su antojo al país entero.


Hagamos un repaso. Un par de años atrás, muchos pensaban que su Gobierno iba a continuar, con algunos necesarios retoques, la exitosa política económica del Gobierno de Piñera. Ella se dio cuenta de que el público quería otra cosa, y cambió rápidamente el libreto de su presentación. El resultado de las últimas elecciones premió su habilidad.


Llegada al poder, abrió un cofre y nos puso delante el cambio de la Constitución. Pero cuando todos mirábamos para allá, y los políticos y la prensa apenas hablaban de otra cosa, ella sacó del sombrero la reforma tributaria. La acompañó de un gran despliegue escénico, videos incluidos. En la platea, los empresarios quedaron estupefactos; lo mismo sucedió en la galería con los emprendedores. Bachelet puso urgencia al trámite de la Ley y dejó a los Parlamentarios de los palcos ocupados de una cuestión de alta complejidad técnica y sin tiempo para atacar por otro lado.


Antes de que se pudiera armar un bloque común, la varita mágica se posó sobre la reforma educacional, y nos hizo volver la vista hacia otro lado. Los políticos quedaron quietos en las butacas, y la atención se puso sobre la Iglesia, los sostenedores y los expertos.


No contenta con lo anterior, hizo explotar unos petardos, esta vez detrás de nosotros. Una materia tan inocente como los cambios a la Ley de adopción, nos llevó de pronto al AVP: un tema muy delicado, donde la oposición es incapaz de mantener una postura unitaria. Por eso mostró una actitud confusa y contradictoria, poco grata al electorado. Divide y vencerás.


Y así llegamos al discurso del 21 de mayo, donde con un abracadabra nos puso delante el aborto, un tema que nadie esperaba en este momento. Así atacó por otro flanco.


En el caso de Bachelet, la multiplicación de los frentes no corresponde simplemente a una política confusa, incapaz de concentrarse en los temas fundamentales.


Su problema no es de déficit atencional: la suya es la estrategia de una ilusionista, de alguien que conoce a la perfección las fallas de nuestros mecanismos de percepción y las debilidades de nuestra memoria. Ella nos hace mirar lo que tiene en su mano derecha y, mientras desvía nuestra atención, saca ante nuestros ojos asombrados un conejo por la izquierda.


Ante una estrategia así, no hay oposición que se aclare. Ante esta increíble sucesión de trucos, sus adversarios no alcanzan ni a respirar. Tampoco pueden organizar un frente común en torno a una idea, como pasó en la Unidad Popular con la ENU. Ahora cada uno tiene sus propios problemas y carece del tiempo necesario para pensar en los pesares ajenos o de unirse a los otros en una propuesta de oposición.


Esta habilidad de Bachelet no proviene de sus asesores, ni se explica simplemente por unas clases con David Copperfield en Nueva York. La suya es la experiencia que le dieron sus años de Gobierno y su conocimiento de los rincones del alma humana.


¿Es una estrategia genial la de nuestra ilusionista, que nos tiene desconcertados con la multiplicación de los frentes?


Sí.


¿Y no será, sin embargo, una estrategia perversa?


Probablemente lo es. Más que este "multiplica y vencerás", Chile necesita una conducción serena y unitaria, capaz de pensar a largo plazo y agruparnos en torno a los grandes objetivos nacionales. Pero una cosa es estar en desacuerdo con el estilo de Gobierno de la nueva Bachelet, y otra muy distinta es ignorar la inteligencia de su plan, una estrategia bien urdida que le permite anticiparse a unos adversarios que parecen un conjunto de espectadores hipnotizados. Afortunadamente, en política, como en la magia, cabe descubrir los trucos del adversario. Es posible mostrar a los espectadores que las cosas son de otra manera y que cabe participar de un espectáculo diferente. Pero eso supone que el público tiene la posibilidad de reflexionar en serio y no se contenta con las ilusiones que salen de un sombrero mágico.


Todos somos iguales,
por Andrés Benítez.
        

“Si quieren conocer el verdadero carácter de una persona, dadle poder”, sentenció Abraham Lincoln, aludiendo a la extraordinaria capacidad de cambio que tiene la gente cuando lo adquiere. Porque, al final, la historia nos muestra que manejar el poder con sabiduría es una de las virtudes más preciadas de la sociedad. La mayoría, que no tiene poder, confía en que los poderosos actúen con moderación, buscando el bien común.


Bachelet no es cualquier Presidente. Es muy poderosa. No sólo consiguió ser elegida por una amplia mayoría de los votos, sino que, además, logró que su coalición alcanzara mayorías muy significativas en el Parlamento. Tanto, que no requiere en la práctica alcanzar acuerdos con la oposición para llevar a cabo sus reformas. La Presidenta fue muy explícita en pedir este poder: para cambiar Chile, dijo en la campaña; para derribar el modelo que los poderosos de siempre -la elite, la derecha- habían impuesto al país. Todo esto, para lograr un país más inclusivo, más justo, con verdaderas oportunidades para todos.


Lo curioso es que, para lograr aquello, Bachelet actúa igual que aquellos que siempre criticó: los poderosos. Porque su estilo político no tiene nada que ver con integrar, incluir, ni siquiera escuchar. Ella simplemente actúa con la fuerza que le da el poder. Elabora proyectos sin preguntarle a nadie, y cuando los anuncia, señala que son inamovibles. Que está dispuesta a escuchar, pero no a cambiar de opinión. Por ello, no es raro que dé poco tiempo y espacio para el debate. Para qué, si al final siempre impondrá su mayoría.


Sí, todos somos iguales. Cuando se alcanza el poder, la tentación de usarlo sin contemplaciones es infinita. Todo esto, con buenas intenciones. Nadie duda que la Presidenta las tiene. Ella cree que lo hace por el bien del país. Está convencida de ello. Pero, aunque tenga razón, también sabe que el fin nunca justifica los medios. Porque los cambios radicales, como los que está impulsando en distintas materias -tributaria, educacional, electoral, ahora en el plano del aborto-, requieren algo más profundo que el poder. Requieren acuerdos mínimos. Esa es la manera de hacerlos perdurables.


Ella, como nadie, puede usar su poder precisamente para aquello. Para buscar, incluso forzar acuerdos. Hacer cambios pasando la aplanadora. Cuando uno tiene los votos, no tiene mucha gracia. Es una tarea fácil cuando se tiene mayoría. Lo que vale, en estos casos, es justo lo contrario: someterse al escrutinio, escuchar, dar tiempo a que salgan las diferencias, buscar consensos. Esto no significa abandonar sus objetivos finales. Significa, simplemente, reconocer que uno no tiene todas las respuestas, que se puede equivocar, que puede haber caminos mejores. Y todo ello no es señal de debilidad, sino de sabiduría.


Por supuesto que esto no es fácil. Es complejo escuchar cuando uno tiene el sartén por el mango. Cuando no necesita al otro. Algunos dirán que nadie hace eso. Que la derecha o la elite jamás actuaron así cuando tuvieron el poder. Puede ser. Pero entonces, una vez más, todos somos iguales. Un empate nefasto para Chile, un país que, como dice Bachelet, necesita más inclusión. Si eso no es así ahora, luego vendrán otros poderosos que cambiarán todo de nuevo.


La reforma a la educación frente a la Constitución.
        

El proyecto de Ley que modifica el régimen de los colegios particulares subvencionados introduce un cambio radical al sistema educacional vigente. Así, los establecimientos que persiguen lucro tendrán que transformarse en entidades que no lo tengan y se prohíbe el copago para que tengan acceso a la subvención Estatal. Aquellos que opten por transformarse, y no seguir como colegios pagados o cerrar, podrán transferir sus instalaciones al Estado y mantenerse como sostenedores bajo ciertas reglas. Además, el Ministerio de Educación tendrá la facultad de rechazar nuevos colegios subvencionados, cuando estime que no existe una demanda insatisfecha que los justifique.


Tales propuestas son altamente debatibles pero, sobre todo, en ellas no parece haberse otorgado mayor consideración a los derechos de los sostenedores privados, persigan o no un fin de lucro, y de las familias de los estudiantes, conforme están garantizados por la Constitución Política. Los proyectos de Ley deben ajustarse a la normativa Constitucional vigente, que en materia educacional tiene una rica jurisprudencia, siendo imprescindible que cualquier reforma respete los derechos de quienes son afectados.


En la educación básica y media se ha dado cabida a los emprendimientos con fines de lucro, en consistencia con el derecho Constitucional a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad nacional, respetando las normas Legales que la regulen. Los servicios educacionales rentados no pueden ser estimados contrarios a los mencionados criterios, desde el momento en que durante varias décadas fueron expresamente permitidos e incluso incentivados. El Estado, además, no puede establecer normas que discriminen arbitrariamente entre formas de organización, entregando subsidios a unas y no a otras, si cumplen las normas objetivas que regulan la actividad, sobre lo cual existe jurisprudencia Constitucional. Por otra parte, la transformación que se exige importa un cambio sustancial de las reglas del juego para quienes realizaron inversiones en el sector: muchos sostenedores no tendrán otra alternativa que transferir sus establecimientos al Estado. Ello tiene un cariz expropiatorio, que dudosamente cumple el estándar del derecho de propiedad, que garantiza que la correspondiente indemnización debe pagarse siempre al contado y en dinero efectivo, siendo su monto impugnable ante los Tribunales ordinarios de Justicia. La iniciativa del Gobierno dispone que el precio lo fijará el Estado y se pagará a plazo, sin recurso Judicial alguno.


Asimismo, la Carta Fundamental garantiza la libertad de enseñanza, que envuelve tanto el derecho a organizar y mantener establecimientos educacionales, sin distinción, como el derecho de los padres para escoger aquel al cual desean enviar a sus hijos. Así, no corresponde que el Estado tenga la facultad discrecional de rechazar la acreditación de establecimientos porque según su parecer no se justifican. Además, discriminar sin razón objetiva en el otorgamiento de la subvención coarta la decisión de los padres, lo que no se condice con la libertad que se reconoce. Lo propio puede decirse de prohibir que las familias realicen aportes adicionales a los recursos públicos que reciben los establecimientos. Es claro que la faceta Constitucional será otro aspecto central del debate de esta reforma.


Los rostros de las izquierdas.


Ni el anuncio de la reforma educacional ni el haber acogido el 21 de mayo demandas reiteradas del movimiento estudiantil pudieron aplacar a la izquierda más radical. Reducida en número, pero poderosa en capacidad de provocar efectos mediáticos y, en sus expresiones más extremas, alterar gravemente el orden público, esa izquierda volvió a hacer patente cuán distante se siente respecto del Gobierno.


Hay allí una paradoja: la de una coalición, como es la Nueva Mayoría, que intenta dar un espacio a lo que se ha dado en llamar "la calle", y manifestantes para quienes cualquier gesto será insuficiente, porque no les basta recibir concesiones, sino que pretenden definir por sí mismos los objetivos y políticas públicas. Así, incluso una administración comprometida con cambios estructurales resulta para esos sectores sospechosa de entreguismo. El conflicto de la Confech, con federaciones anarquistas o filoanarquistas negándose ya no solo a condenar la violencia, sino a solidarizar con una dirigente estudiantil víctima de amenazas, grafica el fundamentalismo que anima a tales grupos y la incompatibilidad de sus planteamientos con cualquier proyecto político democrático.


No es extraño que esos sectores se enfrenten en las calles con las juventudes comunistas, cuyo compromiso con el oficialismo aborrecen. La historia ha sido pródiga en ejemplos de enfrentamientos entre el PC y el anarquismo. Tras ellos está la lógica gradualista que caracterizó la actuación del comunismo durante la mayor parte del siglo XX. De acuerdo con dicha lógica -y salvo momentos de excepcional irracionalidad estratégica, como cuando pretendió enfrentar por las armas al régimen militar-, la consecución de sus objetivos (incluso aquellos más radicales) pasa por la pragmática, paulatina y sistemática acumulación de poder. Y desde esa perspectiva, la experiencia del partido en el último lustro ha sido especialmente exitosa: si hasta 2010 carecía de representación Parlamentaria, hoy ya ha doblado su número de Diputados, cuenta con Ministros y altos funcionarios públicos, y parece encaminada una reforma electoral que le permitirá garantizar su presencia en el Congreso como actor influyente. En cambio, a la vista de lo ocurrido durante estos dos meses, su inclusión en la coalición de Gobierno no le ha permitido a esta el buscado objetivo de controlar esa "calle" con la que cada tanto intenta congraciarse.


Hay otras izquierdas, sin embargo, que durante tres décadas han hecho un aporte fundamental a consolidar el desarrollo del país, representadas por el Partido Socialista, el PPD y los radicales. En todas esas colectividades existen voces pragmáticas y de profunda convicción democrática, muy ajenas al infantilismo de las "retroexcavadoras". Junto con la Democracia Cristiana -en la que, más allá de lamentables ambigüedades, subsiste una profunda vocación de moderación y diálogo-, enfrentan hoy la responsabilidad de contribuir a que una discusión pública que ha llegado a etapas de perniciosa y preocupante crispación se reencauce en una línea más acorde con el tono usado por la Presidente Bachelet en su discurso ante el Congreso Pleno.


Lo que ocurra con la reforma tributaria en el Senado, luego del "trámite buzón" dado a ese proyecto por la Cámara Baja, permitirá aquilatar el peso de estos sectores y su respectiva capacidad de incidir verdaderamente en los rumbos de la Nueva Mayoría.


Necesidad de jerarquización.
En períodos de Gobierno cortos, como es el caso de Chile, la eficacia realizadora de las administraciones resulta fundamental. Esto significa no solo fijarse metas precisas, sino también priorizar iniciativas, de modo de concentrar adecuadamente los esfuerzos.


Es comprensible la voluntad de la Presidente de cumplir con las algo más de 50 medidas comprometidas para sus primeros 100 días en el poder, pero conviene al éxito de su Gobierno y a la capacidad del país para procesar debidamente los cambios evitar caer en un vértigo de iniciativas simultáneas en todos los campos.


El discurso del 21 de mayo, con sus 102 promesas, planteó precisamente ese riesgo. El buen sentido mostrado al postergar la reforma Constitucional, en un momento en que los debates tributario y educacional copan la agenda, debiera manifestarse también en una adecuada jerarquización general de tareas.


Un grupo de presión más.


El Gobierno presentó el proyecto de Ley que acaba con el lucro en la educación y busca incrementar su gratuidad. Se justificaría porque la educación es un “derecho social”.


Si bien ese proyecto se refiere a la educación escolar, no debe olvidarse que la protesta estudiantil que estalló en 2011 contra el lucro y por la gratuidad tuvo su origen en reclamos de los universitarios y de alumnos de educación media que aspiraban a ir a la universidad. De ahí se confundió todo y esas dos ideas se elevaron al nivel de consignas universales. Por eso, en el debate que debería tener lugar en los días que vienen, es necesario tener presente algo que nadie ha dicho, probablemente por el riesgo de sufrir una “funa”.


Los estudiantes que han clamado por la gratuidad de la educación y el fin al lucro en la educación superior, se han presentado como la encarnación del bien contra los abusos y el aprovechamiento, la expresión de un nuevo Chile y un altruismo que clama por los derechos de los que no tienen voz. Pero en realidad no son más que un grupo de presión, con una organización y convocatoria difícilmente antes vista, que busca estudiar y formarse profesionalmente gratis (y hasta andar gratis en micro en épocas que ni siquiera están estudiando), o sea, a costa de los demás. Si lo que define a los derechos sociales es el título para exigir algo y que otros paguen, lo que nadie dice es que quienes estudien en la educación superior -sobre todo en la universidad- y obtengan un título profesional de lo que sea, casi por ese sólo hecho pasan a formar parte del 10% de las personas más ricas de Chile y que, por lo mismo, habrán asegurado su vida como muy pocos. Eso contra el bolsillo no sólo de “los ricos”, sino también de los que no tendrán esa misma oportunidad.


Entonces, la pregunta es cómo van a retribuir a la comunidad el tremendo beneficio que habrán recibido, si ellos o sus familias no pagaron por él. Y no bastan las vaguedades como valorar el aporte que harán al desarrollo, porque un obrero de la construcción o una dueña de casa también lo realizan y, además, contribuirán a financiar el regalo. A la comunidad le interesa que los jóvenes se capaciten profesionalmente, por lo que es razonable y necesario que haya mecanismos preferentes de financiamiento, cuyo costo sea acorde a la rentabilidad de las carreras, es decir, que las tasas de interés no sean impagables. Si el horno político no está para créditos, entonces puede explorarse la propuesta que los que estudiaron sin costo queden afectos a una sobretasa tributaria. Pero de ahí a la gratuidad que pretenden, es demasiado.


En suma, no crea en el altruismo por el solo hecho que es vociferado; suele ser que el verdadero está detrás de acciones que no se pregonan. Si lo entiende así, lo siguiente será quizás preguntarse por qué millones de familias, como sucede hoy, han recurrido a los colegios particulares para sus hijos. Sostener, como ha pretendido el Ministro, que no saben lo que hacen, es creer que los estudiantes que protestan tampoco lo saben; y eso no es así.


Visita a comunero condenado.
        

El Intendente de La Araucanía visitó el pasado 21 de mayo, en la cárcel de Temuco, al comunero mapuche Celestino Córdova, condenado a 18 años de presidio por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay. El recluso inició una huelga de hambre tan pronto la Corte Suprema confirmó su sentencia, exigiendo ser transferido al penal Centro de Estudios y Trabajo de Vilcún. En palabras de la propia autoridad Regional, no se trató de una visita protocolar, sino que tenía por objeto evitar que la huelga escalara en su gravedad y conocer los motivos y las peticiones del ayunante.


Si bien está dentro de las atribuciones de la autoridad realizar gestiones para interiorizarse de los detalles de una protesta en un penal, el Intendente no podía desconocer los efectos de la visita que realizaría -una iniciativa suya- a quien fuera recientemente condenado por un crimen que conmocionó la opinión pública y a la Región. Ella, innegablemente, puede ser entendida como un mensaje alentador para quienes plantean reivindicaciones mediante la violencia; tanto, que incluso motivó críticas de los Senadores oficialistas por La Araucanía.


En el Gobierno parece haber dos formas de abordar la situación de violencia que sufre La Araucanía, que están provocando tensión interna. Por una parte, el Gobierno central, que ha radicado en el Ministerio de Justicia las peticiones de los comuneros mapuches encarcelados, mientras que, por la otra, se advierte la búsqueda de una salida de corte más político, que encarna el Intendente Regional. Corresponde entonces que la Presidente, en uso de su autoridad, fije una línea al respecto, a la que debieran someterse todos los funcionarios de Gobierno.


Nuevo proyecto de "Ley Emilia".


El anuncio de que el Gobierno enviará al Congreso un nuevo proyecto de "Ley Emilia" ha provocado diversas reacciones entre los especialistas, casi todas contrarias a la iniciativa. Según lo adelantado por la Presidente, el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o lesiones gravísimas consideraría una forma simple y una agravada. La primera tendría una pena de 3 años y un día a 10 años de cárcel, mientras que la agravada -cuando el conductor es reincidente, huyó del lugar del accidente o conducía bajo el efecto de las drogas- implica una pena que iría de 5 años y un día a 10 años. La diferencia en el rango inferior de penalidad tiene como principal consecuencia que solo la presencia de circunstancias atenuantes permitiría al Tribunal autorizar al condenado a cumplir la pena en libertad.


Las objeciones a esta iniciativa son fundamentalmente de dos clases. Por una parte, se critica que se Legisle penalmente a propósito de casos puntuales. Esta Legislación penal surgida a raíz de algún caso que provoca conmoción suele ser imperfecta, en especial porque incurre en el defecto de sobredimensionar ciertos elementos que también están presentes en otros casos, pero que no se advierten si no se realiza un estudio más global. Esta inadvertencia termina provocando contradicciones valorativas, es decir, que hechos similares reciban en la práctica castigos muy diferentes. Por esta razón, los expertos consultados insistieron en que la Legislación penal en su conjunto requiere una actualización, y en el hecho de que tanto el Congreso como el Gobierno ya disponen de propuestas concretas y acabadas de revisión global de la Legislación penal.


También se puede objetar que una iniciativa como la propuesta adolece de un déficit de proporcionalidad no solo relativo al resto de los delitos en general, sino también en relación con el homicidio intencional en general. Quien mata a otro intencionalmente debería recibir siempre una pena mayor que aquel que lo hace por accidente. Esta objeción coincide con las valoraciones contenidas en el Código Penal vigente y con las que están presentes en muchas otras Legislaciones. Por lo tanto, es razonable pensar que una ruptura de esta proporcionalidad específica solo podría justificarse -si acaso- con la presencia de elementos objetivos y no meramente circunstanciales, es decir, en la medida en que la gran temeridad de la conducta peligrosa haga prácticamente imposible distinguirla de un homicidio intencional.


Tensiones entre EE.UU. y China.


Este caso trasciende el espionaje tradicional, por tratarse de infiltración cibernética, destinada a recaudar secretos que no son oficiales, sino de empresas contratistas de los rubros nucleares, de energía solar, informática, aeronáutica y metalúrgica. El espionaje habría beneficiado a empresas Estatales y enriquecido a jerarcas chinos, causando perjuicios por más de cien mil millones de dólares a Estados Unidos. Los avances técnicos y científicos logrados serían invaluables para la industria del gigante asiático, pues le habrían permitido replicar, sin invertir en investigación y desarrollo, variadas tecnologías y los más modernos aviones de combate.


La denuncia estadounidense no puede desvincularse de la difusión de miles de documentos de la Agencia Nacional de Seguridad de ese país efectuada por su analista Edgar Snowden, que puso en evidencia que la referida agencia realiza tareas similares a aquellas de que se acusa a China. Más todavía, incluyó a Jefes de Estado aliados; a la empresa Petrobras de Brasil; a empresas chinas, como China Telecom y Huawei, y de Hong Kong. La semana pasada, el Congreso de los Estados Unidos aprobó en primer trámite un proyecto de Ley para limitar estas actividades supuestamente de vigilancia.


El procesamiento de los altos oficiales ha sido calificado por políticos estadounidenses como insuficiente e inconducente. El espionaje era conocido hace años, pero se sabía que el poderoso Ejército Popular de Liberación chino no reconocería ni aceptaría el emplazamiento y que es impensable la extradición de los acusados.


La denuncia y los procesamientos por ciberespionaje abren un nuevo frente para EE.UU. y coinciden con la visita de Vladimir Putin a Shanghai y con maniobras conjuntas de las armadas china y rusa. La coincidencia ha permitido a los Gobernantes chinos acercarse al Presidente ruso, superando la frialdad con que China ha observado la anexión rusa de Crimea y los acontecimientos posteriores de autonomía en zonas ucranianas, que pueden llegar a ser un mal precedente para las minorías étnicas chinas.


El encuentro entre los Presidentes Putin y Xin ha permitido concretar una prolongada negociación sobre abastecimiento energético ruso a China por los próximos 30 años. La Estatal rusa Gazprom se comprometió a vender a la también Estatal china CNPC, a partir del 2018, gas por 400 mil millones de euros.


No pocos observadores entenderán ese compromiso más desde una óptica política que comercial y lo interpretarán, en parte, como un subproducto del distanciamiento de ambos con Estados Unidos.


A las puertas del Mundial, dificultades para Dilma.


A solo tres semanas del inicio del Campeonato Mundial de Fútbol, se suceden las huelgas y protestas en Brasil. Las manifestaciones y el reconocimiento de que algunas de las dispendiosas obras públicas construidas para el magno acontecimiento deportivo no estarán concluidas podrían dañar seriamente la imagen de Brasil como potencia emergente y dificultar la reelección de su Jefa de Estado, considerada altamente probable hace unos meses. Las expresiones de descontento ponen en duda lo que se dio por descontado: el apoyo ciudadano al financiamiento de las millonarias inversiones para el Campeonato Mundial. Son multitudes las que reclaman que los fondos deberían haberse utilizado más eficazmente en mejorar los servicios públicos, otras obras de infraestructura y en beneficios a la población.


Según la encuestadora Datafolha, el apoyo a la realización del evento deportivo se ha reducido de 79% de la población, cuando se concedió la sede a Brasil en 2007, a apenas 48% en la actualidad.


Tras el prolongado período de elevado crecimiento durante los Gobiernos de Cardoso y Lula, la economía brasileña atraviesa hoy por una etapa de estancamiento cuyo inicio coincide con la llegada al poder de la Presidente Rousseff. Su crecimiento fue inferior a 2% entre los años 2011 y 2013, estimándose un menguado 1,5% en 2014, lo que se suma a una inflación en aumento y a una reducción de la inversión extranjera.


Todo indica que los inciertos resultados del próximo Campeonato Mundial en materia de organización y de los logros que alcance el equipo brasileño influirán notoriamente en el humor con que la ciudadanía enfrentará la primera vuelta de las elecciones Presidenciales del 5 de octubre. La antesala del Mundial refleja un sentimiento de desazón del electorado, que según las encuestas se pronuncia mayoritariamente por el cambio antes que por la continuidad, pero que, a la vez, sigue favorable a la reelección de la Presidente Rousseff.


Así, el respaldo a la Mandatario se encontraría en declinación, pero en 48%. Al mismo tiempo, un lento y sostenido incremento de las intenciones de voto se registra para sus principales rivales, Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña fundado por el ex Presidente Cardoso, y Eduardo Campos, del Partido Socialista Brasileño. La suma de intenciones de voto indica que habrá una segunda vuelta a fines del mismo mes de octubre. En la segunda vuelta resultaría elegida Dilma Rousseff con algunas dificultades. Los dos contendores de la Mandataria, exitosos titulares de Gobernaciones y más jóvenes que la Presidente, se presentan como los legítimos continuadores de la obra modernizadora de los ex Presidentes Cardoso y Lula, la que -afirman- habría sido paralizada por Rousseff.


En la encrucijada, la Presidente y su partido han optado por un tono conciliador con las protestas y recurrido al salvataje del ex Presidente Lula. La estrategia puede tener éxito, siempre que el Mundial mejore el clima en la sociedad civil brasileña.


Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.

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Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

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Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".

Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
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Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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