Temas del momento e imágenes informativas...

Manipulación populista,

por Hernán Felipe Errázuriz.

Los videos panfletarios del Gobierno sobre la reforma tributaria son demostrativos de torpeza. Terminaron siendo contraproducentes: su falsa y divisoria narrativa es parecida a la de Gobiernos populistas que han llevado a sus países a la confrontación y al estancamiento. Sus autores se equivocaron de siglo y de país.

La manipulación y gruesos errores del proyecto tributario han dañado una iniciativa que, bien formulada, es aceptable por razones políticas y sociales, y razonable, para evitar los abusos de quienes eluden sus obligaciones en perjuicio de quienes las cumplen.

Con la reforma surgió preocupación por sus efectos colaterales en los emprendimientos, el ahorro, el empleo y en los bajos ingresos. Esas inquietudes no son banales; merecían medirse y aclararse, en vez de desacreditarlas.

La reforma puede gravar a personas de los más distintos ingresos en sus futuras pensiones y por la propuesta aplicación del IVA a las nuevas viviendas, incluidas las sociales. Asimismo, repugnan los anacrónicos impuestos de timbres a los créditos, también de aplicación general; la incorporación del impuesto a las ganancias de capital, aunque sea con excepciones, a la primera y segunda vivienda habitada por su dueño, incluso cuando son heredadas, y la falta de claridad de los cambios en la tributación neta de las pequeñas y medianas empresas. Cabría preguntar si queremos o no un país de propietarios, de emprendedores, y que incentive el ahorro para pensionarse y no depender del Estado para una vejez cada vez más extendida. Ya sabemos lo que pasa con las pensiones estatales en las crisis: se congelan; así ocurrió en Chile y ahora en Europa.

La incertidumbre creció debido a la desconfianza por las omnipotentes facultades a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y por la incorporación del concepto de utilidades atribuibles, que en su texto actual puede gravar rentas que no son ni serán percibidas.

Tampoco puede menospreciarse el alza respecto de la tributación de las empresas: casi un 100% respecto del primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, que puede ser la única Jefe de Estado en nuestra historia contemporánea que no alzó los tributos en un mandato. Entonces la tributación proyectada se asoció al fantasma del Transantiago, un desastre del voluntarismo, la imprevisión y la incompetencia, que terminó indignando a millones de chilenos.

Más adelante, la anticipación del proyecto de reforma electoral -según algunos, despachado para distraer las críticas al alza impositiva- creó el debate sobre el buen destino de los mayores impuestos. Habría que asegurar transparencia y que los recursos no vayan a los bolsillos de las varias decenas de nuevos Parlamentarios y de sus asesores.

La tarea que corresponde ahora es recuperar la confianza en la reforma y corregir los despropósitos del proyecto: el instrumento es el Senado, no son los panfletos.

Difícil legalidad,

por Pablo Rodríguez Grez.

La organización social más perfecta supone el pleno imperio del Estado de Derecho. Ello implica, a lo menos, la concurrencia de cuatro exigencias fundamentales: existencia de un sistema de normas jurídicas, derivadas las unas de las otras, coherentemente organizadas (Constitucionales, Legales y reglamentarias); cumplimiento espontáneo o coercitivo de todas ellas por parte de los imperados; determinación sobre cómo deben aplicarse las normas a los casos concretos, resolviendo los conflictos que se susciten en el orden temporal; y separación de las potestades públicas, evitando su concentración en el ejercicio del poder. Se podrían agregar muchos otros requisitos, pero serían ellos marginales o menos significativos.

Cabe analizar, entonces, en qué medida estas exigencias se cumplen o si nos hallamos muy distantes de lograrlo.

Desde luego, el sistema normativo se hace cada día más inestable, incorporándose a él modificaciones que rompen principios e instituciones largamente asentados en nuestra tradición jurídica. Caso típico de lo que ocurre es la Ley Sobre Protección de los Derechos del Consumidor (N° 19.496), que arrasa con el efecto relativo de los contratos, la cosa juzgada, la intangibilidad de las convenciones, la conmutatividad de las prestaciones, y el efecto de las sentencias judiciales. La certeza jurídica, uno de los mayores atributos del derecho, se diluye, abriendo espacio a la arbitrariedad.

Esta y otras normas semejantes (especialmente las relacionadas con la defensa del medio ambiente) rompen la coherencia del ordenamiento, impiden su adecuada aplicación e imposibilitan la confianza de la comunidad en su fuerza normativa. Y qué decir de las presiones que se ejercen cada día para instalar una "asamblea constituyente" que, al margen de la institucionalidad vigente, elabore una nueva Constitución, que nacería con patente de ilegitimidad. Todavía más, el proceso legislativo es, muy probablemente, uno de los escollos principales para el mejoramiento y renovación de nuestras leyes. Hay proyectos de ley indispensables para encarar problemas que no deberían perpetuarse, o se sujetan a una tramitación engorrosa que dura decenas de años o quedan abandonados.

Si observamos el cumplimiento de la ley, saltan a la vista las mayores preocupaciones de la sociedad chilena: los elevados índices de delincuencia que afectan a casi todas las ciudades del país, la situación dramática que vive la Región de la Araucanía, envuelta en un conflicto que no parece apaciguarse, y los excesos y peligros que encierra el aumento del narcotráfico, especialmente para nuestra juventud y los sectores más modestos.

En lo relativo a la aplicación de la ley, no puede desconocerse la existencia de una falange de jueces que, abierta y desafiantemente, escogen la ley aplicable según su psicología e ideología, subordinando lo que ella ordena a sus íntimas convicciones morales, filosóficas y políticas. Desde esta perspectiva, el ejercicio de la jurisdicción se transforma en un instrumento llamado a cumplir una función eminentemente política, que desvirtúa la esencia de su cometido.

Finalmente, no puede ignorarse que el Poder Ejecutivo ejerce sobre los demás poderes del Estado una suerte de tuición, concentrando facultades y controles que le permiten invadir la autonomía de los demás órganos del Estado. Todos los avances institucionales no han sido capaces, por ejemplo, de desatar las amarras que limitan la organización y funcionamiento de la judicatura, sometida, en el manejo financiero de sus recursos, a los designios de los demás poderes públicos.

Creo indispensable, frente a este panorama, reflexionar muy seriamente. Es justo promover nuevas ideas sobre educación, institucionalidad y estructuras tributarias, pero poco o nada se logrará debilitando el Estado de Derecho que, dígase lo que se quiera, es reconocido hoy día como uno de los pilares esenciales de la democracia política. Por imperfecto que este sea, en la medida que se obstruya su buen funcionamiento, no solamente se erosionarán la libertad y la sana convivencia ciudadana, sino que nos expondremos a precipitarnos por el camino de la anarquía y la desintegración.

Perfeccionar el Estado de Derecho, asumiendo la necesidad de modernizar la máquina del Estado, es la tarea primordial de nuestro tiempo.

Cualquier sacrificio de la autoridad y los dirigentes políticos que apunte a consolidar del Estado de Derecho será una contribución valiosa para que en este país predomine el respeto entre los ciudadanos y la paz social. Todo dentro del derecho. Nada fuera de su regulación. Solo así podemos asegurar que no retrocederemos ante la historia.

Hacia una derecha convergente

por Gonzalo Müller.

Encontrar  un camino que le permita a la derecha retomar protagonismo y sintonía se resume así: renovarse y volver a sintonizar con la ciudadanía. Esto no pasa sólo por escucharla con atención, sino que también por incorporarla activamente en participación.

La derecha no tiene espacio ni derecho a mirarse el ombligo y menos a quedarse en la reflexión inconducente. Sería sumar otro error más y no entender que junto con proyectar cómo se reconstruye como alternativa de gobierno, debe cumplir el mandato de representación que le dio casi el 40% de los chilenos en la última elección.

En este camino, la derecha debe asumir al menos tres cosas. Primero, que no existe una sola forma de ser de derecha; segundo, que debe reconstruir las confianzas entre sus distintos partidos y movimientos, y tercero, que la gobernabilidad como sector pasa por aprender a ponerse de acuerdo en cómo enfrentar al menos las tres grandes reformas que hoy plantea la izquierda en el gobierno.

Lo que debemos entender es que no hay una sola forma de ser de derecha, sino que muchas expresadas en partidos y también en movimientos -no sólo políticos como Evópoli y Amplitud, que debieran tender a estructurarse como colectividades-, sino que también otras agrupaciones, que desde el ámbito académico o social promueven las ideas de libertad, impulsan agendas públicas y debates.

Aprender a trabajar y relacionarse con las organizaciones ciudadanas es un buen primer paso para alcanzar una mayor conexión con las necesidades, inquietudes y anhelos que no siempre fueron acogidas por las actuales estructuras partidarias. Una derecha más vinculada al mundo social es requisito para la construcción de propuestas y una plataforma que cuente con una importante adhesión ciudadana.

Asumiendo que existen estas distintas maneras de ser de derecha, surge la necesidad de definir cómo se relacionan entre ellas;  si desde los parámetros tradicionales del orden y la hegemonía -como ha sido hasta ahora-, o si vale la pena plantear un nuevo paradigma de relación, que reconozca las diferencias y las valore. Asumir que cada partido o movimiento aporta algo y es capaz de encontrarse en un punto común desde el cual construir y avanzar es el primer paso hacia una convergencia que guíe las relaciones entre estos grupos distintos.

Una primera señal positiva de esta convergencia se ha producido en el debate de la reforma tributaria, donde a pesar de tener posiciones matizadas y distintas, la derecha ha logrado consolidar una actuación colectiva, que le ha permitido ser escuchada de mejor forma por la ciudadanía, e incluso por la autoridad.

Encontrar el equilibrio, donde cada perfil político distinto se transforma en un aporte y no en una agresión, requiere de una fuerte construcción de confianzas, las mismas que serán necesarias para definir qué temas y propuestas serán parte de lo que se pone en común y pasará a ser promovido por todos. Esta reflexión de lo que es común a todos, constituiría la base de aquello a lo que se estaría invitando a la ciudadanía a ser parte, es decir, el corazón de lo que será la plataforma de gobierno de la derecha para el futuro.

El video y la democracia,

por Axel Buchheister.

El video lanzado por el Gobierno para respaldar su reforma tributaria es condenable, ya que atenta no sólo contra el ambiente de entendimiento y concordia que debe primar en la sociedad, sino también contra la democracia y la Ley.

A estas alturas no queda duda que el Gobierno dio un paso político en falso con el video, tanto que no se comprende que no lo haya bajado de los portales de internet. Baste con mencionar las tensiones que provocó con la DC, las críticas que ha recibido de personas afines, como Andrés Velasco, o que el Presidente de la CPC, que se ha esforzado por contemporizar y buscar el diálogo, haya tenido que salir a calificarlo de “arbitrario, injurioso, que promueve el odio y la división de los chilenos”; una muy buena síntesis de las críticas que merece.

Es preocupante que el video sea un síntoma que la descalificación y la intolerancia serán la tónica que utilizará el Gobierno para aprobar sus iniciativas, rompiendo el clima de concordia de la sociedad. En todo caso, curioso que lo haga cuando tiene los votos necesarios para lograrlas, pues podría proyectar una imagen más convocante y positiva, e igual aprobar lo que pretende. Con ese modo, sólo conseguirá que la oposición, hasta ahora desperfilada, se una en su contra. Y no sólo ella, pues el ciudadano de la calle huele las imposturas y también se puede volver en contra. Quizás la sospecha ciudadana respecto de la reforma fue la motivación última del video, ya que hay datos que el apoyo estaría cayendo: la gente se está dando cuenta que no sólo “los ricos” la pagarán.

Pero lo verdaderamente grave es que el video constituye un atentado a la democracia y un desacato a la Ley. En democracia, las autoridades pueden y deben participar en el debate, pero cosa muy distinta es que el Gbierno, aprovechando que administra los recursos de todos, los utilice para denostar a los adversarios y descalificar planteamientos legítimos. Hacerlo es una forma “chavista” de ver la democracia y de negar el derecho a disentir.

Por eso mismo, la Ley dispone que los servicios públicos no pueden incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones, o informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan. Y aquí hubo gasto público para hacer un video que no informa de ninguna prestación, sino que denuesta, desinforma y hasta falta a la verdad (las secretarias no tributan proporcionalmente más que los jefes). La versión de que no hubo gasto, porque las redes sociales en que se difundió no tienen costo, no se sustenta: alguien lo produjo y eso no es gratis. Más aún, agrega la Ley, ya sin relación con el gasto, que mientras no existan prestaciones concretas, el Poder Ejecutivo sólo puede informar sobre el contenido de los programas y acciones que resuelva propiciar, y que en el caso de las iniciativas de Ley, deberá señalar su sujeción a la aprobación Legislativa correspondiente. Más claro, imposible.

La Contraloría tiene la palabra y éste no es un asunto menor, precisamente cuando hay un Gobierno que circunstancialmente posee mayoría absoluta en el Poder Legislativo: si se deja pasar, el riesgo que cundan las prácticas antidemocráticas será peligrosamente alto.

Sowell versus los igualitaristas,

por Axel Kaiser.

Thomas Sowell es uno de esos intelectuales que resultan extremadamente incómodos para aquellos que creen que las llamadas "desigualdades de cuna" deben ser corregidas mediante mecanismos de coacción estatal. De pasado marxista, origen afroamericano y nacido en condiciones de extrema pobreza, Sowell no solo logró entrar a estudiar a Harvard y hacer su doctorado en la Universidad de Chicago, sino que se convirtió en uno de los economistas afroamericanos más renombrados de Estados Unidos.

Según Sowell, aquellos que pretenden, como el filósofo John Rawls, corregir todas las desventajas o diferencias que no son producto del control y decisión de las personas, más que "justicia social", lo que quieren alcanzar es "justicia cósmica". Quienes buscan este tipo de justicia creen haber descubierto la fórmula para conocer a cabalidad cuáles son los factores que definen nuestro destino y en qué proporción lo hacen. En otras palabras, de algún modo son capaces de ponderar elementos genéticos, culturales, familiares, geográficos, históricos, ambientales, etc., para así establecer hasta qué punto cada uno de nosotros merece o no tener lo que tiene y estar donde está.

Pero no conformes con eso, la "justicia cósmica" pretende algo por definición imposible, dice Sowell: corregir diferencias que no han sido el producto de las instituciones humanas a través de esas mismas instituciones, como si la voluntad de quienes las controlan y diseñan tuviera tuición sobre la inmensa complejidad e infinidad de factores que inciden sobre el desarrollo de nuestras vidas. Sowell explica que esta búsqueda de "justicia cósmica" a través de la coacción estatal es incompatible con la libertad y el Estado de Derecho -rule of law -, el que consiste precisamente en la aplicación de las mismas reglas y el mismo estándar a todas las personas independientemente de sus diferencias. Y es que si las reglas son incapaces de garantizar justicia, solo el crudo poder queda como alternativa.

Un ejemplo puede contribuir a aclarar la idea. El fútbol es un caso de igualdad ante la ley en el sentido que defiende Sowell. A todos los jugadores, sin considerar sus condiciones de origen, su talento, sus genes y otros factores fuera de su control, se les aplican las mismas reglas y los resultados se aceptan como justos, precisamente porque las reglas son iguales para todos. Ahora bien, si quisieran corregirse las desventajas no merecidas entre futbolistas para crear verdadera "meritocracia", habría que partir por establecer cuotas de jugadores desaventajados o históricamente marginados en los mejores equipos. Adicionalmente, el proceso de selección en las ligas juveniles no podría limitarse a elegir a los de mejor desempeño, pues eso implicaría no tomar consideración de factores más allá del control de los niños que entran a la carrera de futbolista. Las reglas de aplicación general para todos que hoy caracterizan al fútbol serían así reemplazadas por la decisión arbitraria de una autoridad que se asume capaz de determinar quién "merece" poder jugar fútbol y en qué equipo. El problema que se presenta aquí es doble: por un lado se agrede la dignidad de las personas que han sido deliberadamente dejadas fuera por supuestamente no tener "méritos" a pesar de sus excelentes resultados. Pero también se agrede la dignidad de los beneficiados con la cuota, pues estos han sido ayudados por ser considerados inferiores en algún sentido que merecía la corrección. Así, de ser tratados como sujetos de igual dignidad que los demás, estos pasan a ser tratados como objetos de un proyecto ideológico. Pero más allá del problema moral, ¿se imagina usted lo que ocurriría con la calidad del fútbol si la idea de dignidad y mérito, según la entiende arbitrariamente alguna autoridad de la FIFA, en lugar del desempeño de acuerdo a reglas igualitarias para todos, fuera el criterio para determinar quién juega en qué equipo y en qué partidos?

Lo mismo se aplica a la educación. Un sistema educativo en que la autoridad es la encargada de definir arbitrariamente qué es lo justo y qué es lo digno según lo criterios de su filósofo favorito, es incompatible con la igualdad que garantizan reglas imparciales. En esta lógica, prohibir por ley a los colegios seleccionar, sometiendo al mismo estándar a todos los alumnos, implica transitar desde la imparcialidad de normas generales a la discrecionalidad de quién se arroga la capacidad de determinar de manera vinculante quién merece entrar a qué colegio. Como en el caso del fútbol, esta selección a dedo no solo sería discriminatoria, sino que dañaría severamente la calidad de la educación en general. La experiencia personal de Sowell resulta relevante en este punto. Según Sowell, si no hubiera sido porque una profesora en su colegio en Harlem les exigió lo mismo o más que a los niños blancos de buenos colegios, él y muchos de sus compañeros no habrían salido jamás de la pobreza.

Los pobres, nos dice Sowell, no son "mascotas" que merecen un trato especial, sino seres humanos con dignidad igual que cualquier otro y con la capacidad cierta de salir adelante. Es este reconocimiento de la idéntica estatura moral entre personas que reclama Sowell lo que justifica la aplicación de las mismas reglas del juego para todos, independientemente de nuestras diferencias y sin perjuicio del apoyo que se puede dar a quienes lo necesiten para cumplir con el estándar. Pues si usted no creyera que los seres humanos, pobres y ricos, mujeres y hombres, gays y heterosexuales, y suma y sigue, somos moralmente iguales, es decir, igualmente libres y responsables, ¿cómo podría justificar un trato igualitario para todos? Así como negar la idéntica estatura moral de las personas es la única forma de justificar tratos discriminatorios a través de la ley, del mismo modo solo la negación de la igual dignidad entre seres humanos puede justificar tratos preferenciales que no son más que otra forma de discriminación. Un orden institucional, entonces, que realmente respeta la dignidad de las personas reconoce, como diría Kant, su libertad y diversidad, buscando siempre la igualdad ante la ley y jamás a través de ella.

La gratuidad en contexto,

por Felipe Larraín B. y Sergio Urzúa S.

Poco sabemos aún respecto del detalle de la tan anunciada reforma estructural que ha planteado el Gobierno sobre el sistema educacional chileno. Si bien el ambicioso plan de cambios esbozado en el programa de la Nueva Mayoría incluye modificaciones en cada uno de los niveles, no hay duda de que la propuesta de "gratuidad universal y efectiva en todos los niveles de la educación superior" es la que ha generado a la fecha mayor atención.

¿Cuál es el costo de esta propuesta? Si bien no existe un dato oficial -¿no le parece increíble?-, distintas estimaciones sugieren que al menos esto debería costar US$ 1.500 millones al año, es decir, más del 60% del presupuesto actual dedicado a educación superior. Si bien para estimar el costo incremental es necesario ajustar la cifra por los programas de financiamiento hoy vigentes, en términos agregados este sería el costo aproximado de entregar gratuidad en las universidades del CRUCh. Ahora bien, si como han planteado expertos ligados a la Nueva Mayoría, el objetivo final es cubrir la totalidad del gasto privado en este nivel, el costo podría encumbrarse sobre los US$ 4.500 millones, equivalentes al 1,7% del producto de Chile (OCDE).

Cualquiera sea el caso, estamos hablando de montos históricos, que beneficiarán a la población más aventajada -12 años de educación de pobre calidad limitan las posibilidades de que familias más vulnerables envíen a sus hijos a la educación superior-, y en último término serán pagados por todos los chilenos.

Pero más allá de la regresividad de la medida, tema ya planteado por técnicos de distintas afinidades políticas, es necesario preguntarse por la real conveniencia de que Chile realice tamaño esfuerzo. Pongámoslo en perspectiva: Suponiendo que con la reforma tributaria el Estado logra recolectar en el mediano plazo recursos frescos por US$ 8.200 millones, cosa que parece cada vez más difícil, ¿verdaderamente la idea es gastarse al menos 20% de estos recursos entregando gratuidad? Esto parece al menos cuestionable.

En este sentido, la idea de gratuidad en educación superior -originada en las demandas de los estudiantes, recogida por unos pocos expertos e incluida en el programa de Gobierno de una coalición que incluye al Partido Comunista- parece obviar completamente las enormes necesidades de nuestro sistema de educación prebásico, básico y medio. Nadie puede argumentar que el retorno social de cada peso gastado en educación superior es mayor que el retorno social de invertir en primera infancia o en educación básica. Esto refutaría toda la evidencia internacional al respecto. Por supuesto que el costo de oportunidad de los recursos no sería relevante en un contexto en el que los recursos públicos fuesen ilimitados, pero ese mundo ideal no existe.

Por eso cuesta entender, por ejemplo, por qué mientras uno de los anuncios más importantes del programa de la Nueva Mayoría en materia de primera infancia (el aumento de cobertura en salas cuna a través de la incorporación de "90 mil niños y niñas en el tramo 0 a 2 años", tramo de edad en que incluso la literatura no es clara respecto de los efectos positivos de separar al hijo de la madre) tiene un costo anual aproximado de US$ 300 millones, los cambios en educación superior son al menos cinco veces superiores. ¿Qué explica esta desigualdad en la distribución de los recursos públicos? ¿Quizás el derecho social de acceso a educación superior? Difícil. El derecho de un niño a tener educación prebásica y básica de calidad parece más apremiante, por eso la necesidad de invertir en educación temprana es reconocida transversalmente como una prioridad.

De hecho, Educación 2020 ha planteado la existencia de un déficit de US$ 600 millones en cuanto a educación parvularia, para alcanzar lo que en su visión es "la reforma educativa que Chile necesita". A la luz de los resultados recientes respecto del impacto de la educación preescolar en Chile, en donde no se encuentran resultados positivos robustos, probablemente esos US$ 600 millones sean insuficientes.

Un sistema de educación superior de calidad debe ser una viga estructural de nuestra estrategia de crecimiento y desarrollo. Pero gratuidad no es sinónimo de calidad. Los esfuerzos en este nivel deben apuntar a alinear los incentivos de los estudiantes, premiando el esfuerzo y promoviendo la meritocracia. Necesitamos asegurar que ningún estudiante talentoso sea excluido del sistema producto de su origen socioeconómico. Del mismo modo, es necesario resolver los problemas de agencias entre las universidades y el Estado, promoviendo la competencia y transparencia en el sistema. Por supuesto, todo lo anterior requiere una revisión del sistema de financiamiento universitario, pero no es obvio que la gratuidad contribuya a alcanzar estos objetivos.

Ahora bien, si queremos realmente mejorar la distribución de oportunidades, el desafío está en lo que ocurre en los primeros años del proceso educativo. Es en ese período crítico del desarrollo donde debemos priorizar los esfuerzos. Necesitamos predistribuir, para redistribuir.

El cuento de la caída de EE.UU.,

por Andrés Oppenheimer.

Cuando leí el documento sobre la "crisis del capitalismo" emitido la semana pasada por el partido gobernante de Venezuela, no pude evitar preguntarme si sus autores viven en este planeta, o si han estado leyendo las noticias últimamente. El documento es tan disparatado, que uno se pregunta si el problema de Venezuela es político o psiquiátrico.

No hay dudas de que el capitalismo es un sistema perfectible, y que debe ser ajustado cada tanto para darles mayores oportunidades a los más desprotegidos. Pero creer que el capitalismo y su cara más visible, EE.UU., están sufriendo una caída inexorable -tal como creen el partido gobernante venezolano y un sorprendente número de venezolanos, argentinos, bolivianos y otros latinoamericanos-, es una negación flagrante de la realidad. De hecho, lo que está ocurriendo es lo contrario.

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien inauguró el III Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que produjo el documento titulado "Documento Ideológico y Pragmático: la crisis del capitalismo y sus rasgos más relevantes", o bien ignora, o elige ignorar varios hechos que presagian un significativo ascenso económico de Estados Unidos en los próximos años.

El hecho más inmediato es la revolución energética estadounidense. Gracias a una nueva tecnología conocida como "fracking", o perforación horizontal, la producción energética de Estados Unidos se ha disparado. EE.UU., que hasta 2008 era un importador neto de petróleo, probablemente supere a Arabia Saudita y a Rusia para convertirse en el mayor productor de petróleo del mundo para fines de esta década, según la Agencia Internacional de Energía.

"El reciente incremento de la producción estadounidense de petróleo y gas natural ha sido nada menos que asombroso", escribe Edward L. Morse, director de investigación de materias primas de Citi, en la revista Foreign Affairs. "Durante los últimos tres años, Estados Unidos ha sido el productor de hidrocarburos de más rápido crecimiento del mundo, y nada indica que esa tendencia cambiará en el futuro próximo".

"Estas tendencias le darán un empujón significativo a la economía de Estados Unidos", escribe Morse. El país pasará de tener un déficit comercial petrolero de US$ 354.000 millones en 2011, a un superávit de casi US$ 20.000 millones en petróleo y gas para el año 2020. Y el cartel de países productores de petróleo de la OPEC se hará cada vez más irrelevante, señala.

La revolución del "fracking" es un fenómeno estadounidense que a otros países, como China, Rusia, los miembros de la Unión Europea, Venezuela o Nigeria, les resultará muy difícil replicar, dicen los economistas.

La razón es que EE.UU. es uno de los pocos países en que los dueños de la tierra son propietarios de todo lo que hay debajo de sus propiedades -incluidos petróleo y gas-, por lo que tiene un ecosistema único en el que miles de propietarios de tierras compiten para producir más energía, y más barata.

En otros países , donde los gobiernos son dueños del petróleo y el gas, los dueños de la tierra y sus representantes políticos tienden a oponerse al "fracking", porque a ellos les tocan muchos de los problemas y pocos de los beneficios de la nueva tecnología. Francia, Alemania y otras naciones europeas han suspendido estas operaciones, por las preocupaciones ambientales de los terratenientes.

Pero la revolución energética de EE.UU. es tan sólo una de las razones por las que los predicadores de "la crisis del capitalismo" están soñando despiertos. La revolución de la innovación -que ya nos ha dado Google y Apple, y que muy pronto nos dará el consumo masivo de impresoras 3-D, vehículos autoconducidos y viajes espaciales de empresas privadas- sigue floreciendo en Silicon Valley.

El año pasado , Estados Unidos fue otra vez, indiscutiblemente, el país que registró, por un margen muy amplio, el mayor número de patentes en todo el mundo. EE.UU. registró 148.000 patentes en 2013, Japón 54.200, Alemania 16.700, China y Hong Kong juntos, alrededor de 7.000, y Venezuela 15, según los datos de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

Mi opinión: una mirada desapasionada de la realidad demuestra que aunque Washington tiene que cuidarse de no permitir que su revolución energética dañe el medio ambiente, las cosas pintan bien para Estados Unidos en los próximos años. Mientras tanto, Venezuela tiene uno de los índices de inflación más altos del mundo -se estima que alcanzará el 75% este año-, sufre de una creciente escasez de alimentos, y tendrá en 2014 el menor crecimiento económico de Latinoamérica, según todas las instituciones financieras internacionales.

Muchos de nosotros sabemos de sobra esto, pero es sorprendente ver cuántos dirigentes políticos latinoamericanos siguen engañando a sus pueblos con cuentos sobre "la inexorable decadencia" del capitalismo estadounidense. En muchos casos son sus propios países los que están en caída libre.

Los coscorrones de la UNESCO,

por Sebastián Gray.

En Chile nos enorgullecemos de ser ordenados, pujantes, innovadores y globalizados. Tenemos internet, televisión, celulares y autopistas. Malls por docenas. Tenemos tratados de libre comercio y nos sentamos a la mesa del club de los países ricos (la OCDE), aunque sea como espectadores por ahora. El mundo mira a Chile con interés y confianza. Pero para situarnos con autonomía en el escenario global, debemos actuar a la altura de las expectativas globales. Es por eso que los recientes informes de la UNESCO, lapidarios respecto al cuidado de dos sitios del Patrimonio de la Humanidad que existen en nuestro país –Valparaíso y 16 iglesias en Chiloé– son un balde de agua fría a nuestras pretensiones de modernidad y progreso.

Con respecto a Valparaíso, la organización internacional nos dice que nos hemos demorado demasiado en hacer poco, y que en todo caso no hemos logrado materializar una institucionalidad específica para las necesidades de protección y conservación del lugar. También nos dice que no vamos por buen camino. Prueba de ello es que aún se levantan torres de veinte pisos en el casco histórico y se promueve la construcción de un enorme centro comercial en primera línea frente al mar. En Chiloé, la aparición de un edificio de tamaño descabellado en medio de un paisaje urbano valioso y de pequeña escala, a escasa distancia de la iglesia más importante del conjunto, UNESCO nos dice lo obvio: que es inconcebible que haya ocurrido, que hay que achicar el monstruo, que hay que proteger mejor el resto, y que si no lo hacemos, arriesgamos perder la distinción.

El bochorno es nacional, no local. El Estado de Chile no ha demostrado asumir su plena responsabilidad al aceptar la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad en estos lugares, delegando en las autoridades locales, insuficientemente preparadas, sin recursos y desprovistas de instrumentos de planificación adecuados, la gestión de nuestro patrimonio. También queda claro que no podremos avanzar sin una sólida participación de la ciudadanía en las decisiones respecto a los lugares que habitamos. Hasta ahora, el concepto de participación ciudadana ha sido mal entendido en Chile, limitándose a plebiscitos sobre proyectos ya formulados, cuando en realidad se trata de involucrar a los habitantes desde el origen mismo del problema. Así se hace en el mundo al que aspiramos semejarnos. En este sentido, los coscorrones de la UNESCO nos ayudan a sensibilizar a la opinión pública y a las autoridades sobre lo que es moderno, y a ver con claridad nuestros desafíos y metas. Dentro de todo, un avance.

Agresión a Carabineros.

La reciente marcha que convocó la CUT por la conmemoración del Día del Trabajador finalizó en una serie de incidentes y actos vandálicos en la capital, en los cuales a lo menos cinco Carabineros fueron objetos de graves agresiones. Dos motoristas de dicha institución fueron atacados con bombas molotov -producto de lo cual sus vehículos resultaron dañados- y un Subteniente de la institución fue brutalmente golpeado por una turba, quien logró ser rescatado gracias a un grupo de transeúntes.

A raíz de estos hechos, la Intendencia Metropolitana presentó cinco querellas por agresión a Carabineros, en tanto el Gobierno condenó estos hechos y expresó su solidaridad con el oficial herido. Cabe esperar una enérgica reacción de la autoridad central para perseguir a los responsables de estos hechos, pues acciones de este tipo, además de poner en grave riesgo la integridad física del personal policial, en la medida que queden en la impunidad se harán recurrentes y violentos, lo que resta eficacia al cuidado y protección de la seguridad ciudadana.

En los últimos años, Carabineros ha tomado una serie de resguardos para velar por el correcto actuar del personal policial en las manifestaciones públicas, y cuando se ha detectado un uso inadecuado de sus facultades, acertadamente se han aplicado medidas disciplinarias, que en algunos casos han implicado cursar la baja de la institución. Sin embargo, hay que llamar la atención sobre el hecho de que las medidas de prudencia exigidas a Carabineros no pueden llegar al extremo de dejar en la indefensión a quienes representan la Ley y el resguardo del orden público. En especial porque las agresiones al personal policial han mostrado un preocupante aumento, y cada año son cientos los uniformados que resultan con lesiones de distinta gravedad. Ataques como los ocurridos el 1 de mayo hacen indispensable revisar los procedimientos instruidos, porque queda en evidencia el grado de exposición al que quedan sometidos los efectivos policiales.