Temas nacionales e internacionales de importancia...

La reforma tributaria de Bachelet, por Mario Montes.

Sobre la reforma tributaria firmada ayer por la Presidente que Michelle Bachelet, que será enviada hoy al Parlamento, diremos poco en estos momentos, esperaremos a conocerla completamente antes de comentarla a fondo, lo que  no se contradice con una leve mirada a los anuncios realizados por la Gobernante en la ceremonia y en la cadena de Radio y TV de la noche.

Lo primero que nos pareció extraño fue constatar que se rebajará los impuestos personales a quienes tienen las más altas remuneraciones en el país, enseguida nos pareció un absurdo, en relación a lo dicho por la mandatario, que su refora no alterará el crecimiento, es la duplicación del impuesto de timbres y estampillas que grava los créditos, por lo tanto afecta a la pymes y a la clase media.

El aumento de los impuestos a las empresas, más la eliminación del FUT tendrán, sin duda alguna, un fuerte impacto en la inversión, especialmente de las empresas pequeñas y medianas, pues las obligará a endeudarse para crecer, a mayores costos, y no les beneficiará para nada la depreciación instantánea, pues, básicamente son empresas de servicios que casi no tienen activos fijos.

Consideramos positivo que se aumenten los impuestos a las bebidas alcohólicas, droga lícita que provoca graves adicciones, serios problemas de salud y accidentes brutales por la irresponsabilidad, pero, nos parece absurdo que también se suba el ILA que afecta a las bebidas analcohólicas azucaradas, que seguramente se hará las extensivo, como sucede ahora a las aguas minerales.

Nos parece importante que se anuncie una subida de los impuestos a la importación de vehículos particulares que usen diésel como combustible, que ciertamente son más contaminantes, pero, creemos que hubiese sido mucho más efectivo y produciría una mayor recaudación que a estos móviles se les aplique, como impuesto verde, un fuerte específico que desincentive su uso.

La restricción del crédito especial de IVA a las empresas constructoras,  limitándolo solo a las viviendas con un valor inferior a las UF 2.000, poco más de 46 millones de pesos, lo que implicará un aumento de precio de las propiedades habitacionales que dificultará o definitivamente alejará la posibilidad de que las clases medias y emergente puedan satisfacer el sueño de la casa propia.

Una visión preliminar, conociendo solamente los antecedentes entregados por la Primer Mandatario, nos hace pensar que los aumentos tributarios planteados por La Moneda profundizarán la desaceleración de la economía, que el Banco Central proyectó entre 3 y 4% para este año, provocando un aumento del desempleo y, por ende, incrementará la brecha entre los más pobres y los más ricos.

La nueva Constitución, por Eugenio Guzmán.

Parece claro que la Nueva Mayoría hará todos los esfuerzos para aprobar una nueva Constitución. Sin embargo, aún parece estar en el debate la disyuntiva sobre el mecanismo para diseñarla. Es decir, si su elaboración tendrá lugar en el Congreso o por medio de un órgano ad hoc, como una asamblea constituyente.

Lo anterior genera una serie de interrogantes respecto de las estrategias que empleará la coalición de Gobierno. Por lo pronto, los partidarios de la “retroexcavadora” saben que sus chances de posicionamiento y recuperación de la izquierda pasan por impulsar una asamblea. De allí que las presiones hacia quienes sostienen posturas institucionales serán significativas.

Otro problema central es el contenido y forma de la nueva carta fundamental. En efecto, si atendemos al programa de Gobierno, la verdad es que en lo formal, nos enfrentamos al riesgo de que se imponga una Constitución cargada de retórica y florida en detalles. El programa formula una serie de planteamientos que, rotulados como derechos, plantean dudas sobre cómo entenderlos y sobre si debieran ser incluidos en una Constitución. Una máxima o valor, aunque sea compartida socialmente, no necesariamente implica que sea un derecho. Después de todo, un derecho es exigible frente al Estado, para lo cual éste pone a disposición de las personas los medios para que así sea.

Al respecto, tres ejemplos. Primero, en relación al género, el programa dice que “se debe promover la igualdad de derechos y obligaciones entre mujeres y hombres dentro de la familia en relación con las tareas domésticas y el cuidado de los hijos e hijas”. Lo primero que salta a la vista es, ¿qué se entiende por “tareas domésticas” y “cuidado de los hijos e hijas”? Segundo, ¿implica esto que las personas pueden interponer un recurso de protección en los casos de disparidad en las tareas domésticas? Por último, ¿qué sucedería si una pareja acepta esta disparidad de mutuo acuerdo? ¿Deberá la autoridad cambiar a la fuerza dicho acuerdo?

Un segundo ejemplo lo encontramos en reconocimiento de los pueblos indígenas. “El Estado debe fomentar la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones”. ¿Significa entonces que si el Estado no hace lo propio puede ser sujeto de demanda por parte de los afectados? Más aún, se entenderá que en una escuela pública o privada, quienes se declaren pertenecientes a una determinada etnia originaria pueden exigir de la institución un tipo de educación especial. En este respecto, el excesivo celo por incorporar normas tendientes a fomentar y asegurar el multiculturalismo es una restricción al progresismo, precisamente por la vía de fomentar la fragmentación social.

Finalmente, se señala que “se deberá reconocer también el derecho a la identidad sexual, la orientación sexual y los derechos sexuales y reproductivos de las personas”. No queda claro si con esta formulación se busca evitar la discriminación o algo más que no parece evidente. Si el objetivo es la no discriminación, ¿qué valor puede tener una especificación tal, cuando ese principio ya está consagrado en la Carta Magna? Siguiendo esa línea, debiéramos enumerar un conjunto mucho más amplio de posibles discriminaciones.

También podrían mencionarse ejemplos relativos al derecho de propiedad, los derechos sociales, los derechos culturales y otros, como asimismo relativos a garantías (Banco Central, reforma a la Constitución, Estado plural y pluricultural). Todos ellos comportan grados importantes de ambigüedad, pero sobre todo pueden correr el riesgo de transformarse en retórica y/o de entrabar el funcionamiento del sistema social y político.

Felices Fumando Opio, por Hermógenes Pérez de Arce.

Cuando más progresó Chile (fue en el último lustro del Gobierno Militar y el primero de sus sucesores civiles, mientras todavía éstos no lograban echar a perder “el modelo”), el impuesto a la renta de las empresas era diez por ciento y se acababa de crear el FUT, Fondo de Utilidades Tributables: si usted no retiraba utilidades sino que las invertía, no pagaba el impuesto personal (global complementario), progresivo y mucho más alto. La gente se puso a ahorrar e invertir y el crecimiento llegó a dos dígitos. Porque antes de eso, cuando la plata de los altos impuestos la recogía el Estado, la dilapidaba; en cambio, cuando quedó en manos de particulares, éstos la hicieron rendir. Paradójicamente, la recaudación Fiscal aumentaba año a año, gracias al crecimiento. Era el “milagro chileno”.

Algo similar sucedió a raíz del traspaso de fondos de jubilación y de la salud previsional, de manos Estatales a la administración privada. Y también a raíz de las privatizaciones de empresas Estatales. Los efectos de ese traspaso fueron tan espectaculares que casi todo el mundo trató de imitarnos.

Pero hoy se hace y se anuncia todo lo contrario. Se traspasan cada vez más recursos de particulares a la burocracia Estatal. Los Gobiernos posteriores a 1990 se dedicaron a subir impuestos y a aumentar el tamaño del Estado. Entonces el país empezó a crecer cada vez menos. Menos bajo Frei que bajo Aylwin; menos bajo Lagos que bajo Frei; menos bajo Bachelet que bajo Lagos. Porque porciones cada vez mayores de recursos eran sustraídas de manos de los particulares, que las empleaban productivamente, y puestas en manos de la burocracia Estatal, que las dilapidaban.

Ahora acabo de ver en “La Segunda” la foto de la Presidenta y sus Ministros riendo y aplaudiendo. ¡Cómo no van a estar felices, si han presentado un proyecto para hacer pasar otros ocho mil doscientos millones de dólares de los particulares a las manos de ellos, que encabezan la burocracia Estatal!

¿Alguien seriamente cree que esos ocho mil doscientos millones de dólares van a tener un mejor rendimiento administrados por el Estado que por empresas y agentes privados? Supongo que nadie con algo de experiencia y sentido común. Habrá ahí una pérdida social neta.

Pero no se puede negar que han vendido bien “su pomada”. He oído incluso a gente que no es de Gobierno diciendo muy seriamente: “si esos recursos son empleados para mejorar la educación, estamos de acuerdo en los mayores impuestos”. Increíble, porque la Reforma Educacional que hará este Gobierno será del mismo sesgo Estatista que la Tributaria: sacar a gran parte de la enseñanza que está en manos de los Municipios o de particulares subvencionados, y ponerla en manos Estatales. Y para ello se creará otro monstruo centralizado Estatal (siendo que ya existe el Ministerio de Educación), donde serán contratados muchos miles de correligionarios de los partidos de Gobierno, que están esperando ansiosos para dilapidar los ocho mil doscientos millones de dólares.

Y eso sucede en un país en que, comprobadamente, la educación Municipal o Estatal es la peor. La particular subvencionada es menos mala que la anterior y la particular pagada la mejor, pues logra niveles iguales o superiores a los de países desarrollados. La receta de sentido común sería instar por una generalización de la enseñanza particular pagada, pero se hará todo lo contrario: se generalizará la Estatal centralizada.

Porque los recursos para que todos los alumnos pudieran ir al colegio particular pagado de su elección están, pero se malgastan en burocracia: trece BILLONES de pesos anuales, en este momento.

Camilo Escalona dijo de la Asamblea Constituyente (acuérdense de mí, en eso va a terminar la Reforma Constitucional de Bachelet) que era como fumar opio. La Reforma Tributaria y la Educacional serán otro tanto. Catarsis publicitaria, Presidente y Ministros aplaudiendo y riéndose al anunciar los respectivos proyectos. El éxtasis de las primeras "aspiraciones".

Pero los que fuman opio, pasados el efecto placentero, la catarsis y los aplausos, terminan sintiéndose y estando mucho peor. Lástima que sólo tendremos posibilidad de rehabilitación en cuatro años más.

La exclusión de los institutos profesionales no es la solución, por Gonzalo Vargas Otte.

El pasado martes 4 de marzo, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Ley que establece que solo las universidades podrán impartir siete carreras del área de salud: Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología, Nutrición, Obstetricia, Tecnología Médica y Terapia Ocupacional. Adicionalmente, se establece que los institutos profesionales que actualmente ofrecen alguna de estas carreras, no podrán recibir nuevos alumnos a partir de un año de promulgada la Ley.

Los motivos esgrimidos para tomar esta decisión se refieren a la calidad de la formación requerida, lo que obviamente es de la mayor importancia. Sin embargo, el proyecto no aporta sobre este tema. El supuesto es que, por el solo hecho de que una institución se denomine "Instituto Profesional", su calidad no puede ser la adecuada; mientras que por el solo hecho de que una institución se llame "Universidad", la calidad sí será la adecuada. Uno de los argumentos utilizados es que la excelencia de estas carreras requiere del grado académico de licenciado, que la misma legislación impide impartir a los institutos profesionales.

En efecto, cuando en 1981 se establecieron los institutos profesionales, estos podían impartir cualquier título profesional, con la excepción de 12 títulos que, por la vía de requerir el grado académico de licenciado, estaban reservados exclusivamente a las universidades. Con los años, esa lista fue ampliada a 18 y, con este proyecto de Ley, se llegaría a 25 títulos profesionales prohibidos para los institutos profesionales.

De acuerdo a la Ley, para el título profesional se requiere "una formación general y científica para un adecuado desempeño profesional", y en el caso del grado de licenciado, se requieren "todos los aspectos esenciales de un área de conocimiento o disciplina adecuada". En la práctica, los títulos profesionales otorgados por un instituto profesional deben contener la formación general y científica que al mismo tiempo cubran los elementos esenciales de la disciplina profesional.

La única diferencia concreta es que, en el caso de los institutos profesionales, la Ley les impide certificarlos a través de un grado académico. De hecho, como bien observó la OCDE en 2009, se trata de una distinción anacrónica, y que no se condice con la realidad del mundo desarrollado. Tal es el caso de los Institutes of Technology en Estados Unidos, las Grande Ecole en Francia, o los Fachhochschule en Alemania, que aunque no se denominan universidades, sí pueden impartir grados académicos.

De acuerdo con el proyecto de Ley, nada pueden hacer los institutos profesionales en términos de calidad para poder impartir estas carreras. El texto del proyecto señala que debido a que se trata de carreras que requieren de una "profunda formación profesional", los institutos profesionales no pueden impartirlas. De hecho, el proyecto no establece ninguna regulación respecto de los contenidos, duración, o mecanismos de aseguramiento de la calidad que deberán cumplir estas siete carreras cuando solo puedan ser impartidas por universidades. Por ejemplo, de acuerdo al nuevo texto, un instituto profesional que esté acreditado no podrá impartir las carreras, mientras que una universidad que no esté acreditada sí podrá hacerlo. Se trata, entonces, de una discriminación arbitraria, solo en razón de su denominación. La única solución sería, entonces, que los institutos profesionales cambien su denominación por la de universidades.

Adicionalmente, la legislación vigente establece que los institutos profesionales pueden impartir carreras técnicas solo en aquellas áreas del conocimiento en las que también impartan títulos profesionales. Si este proyecto de Ley entra en vigencia, los institutos profesionales también deberán descontinuar las carreras técnicas del área de la salud. Cabe destacar que esta exigencia no se establece en el caso de las universidades.

En definitiva, el proyecto de Ley impide, arbitrariamente, un ámbito de acción legítimo para los institutos profesionales, y también afecta sus atribuciones para impartir carreras técnicas en un área prioritaria para Chile. Por último, nada impide que utilizando los mismos argumentos y la misma lógica, se continúe agregando otras carreras a la lista de títulos profesionales reservados exclusivamente a las universidades.

En un país que aspira a seguir avanzando en acceso y calidad en la formación profesional, resulta a lo menos desorientador ver decisiones que alteran la configuración del sistema de educación superior, a través de medidas que nada aportan al acceso ni a la calidad.

Desafío político de la reforma tributaria.

El proyecto Legislativo que concreta uno de los tres mayores objetivos programáticos de la Presidente Bachelet, que ingresará hoy al Congreso, ha motivado ya, antes de conocerse el detalle de su articulado, variados análisis de su contenido y alcances económicos, que ahora se ampliarán, al disponerse de las precisiones técnicas que se echaban de menos. Pero este paso —sin perjuicio de la importancia indudable de ese debate— implica también el primer gran desafío político para el nuevo Gobierno.

No se trata, por cierto, de algún obstáculo que le impida contar de antemano con la necesaria aprobación Parlamentaria, ya que en ambas Cámaras la Nueva Mayoría tiene los votos suficientes. Más bien se trata de la conveniencia de que en la tramitación del proyecto se convenza al conjunto de la ciudadanía del sentido y las ventajas de esta iniciativa, de manera que ella sea aceptada, incluso más allá de los problemas que muchos observadores le reprochan, como un instrumento adecuado para mejorar el acceso y la calidad de la educación —principal objetivo que persigue el aumento de la recaudación tributaria—, en especial de los sectores más vulnerables.

Dado que, aun entre los expertos partidarios de la reforma (como lo manifestó antenoche en un programa televisivo el ex Ministro de Hacienda Andrés Velasco), se proponen diversas modificaciones específicas, y habrá asimismo propuestas concretas al respecto de la oposición, la forma en que se conduzca la discusión respectiva y se tomen en cuenta tales sugerencias será una prueba muy significativa del espíritu de diálogo que en los últimos días ha sido la tónica expresada por el Gobierno frente a las consignas demoledoras de algunos voceros de colectividades oficialistas. Si aquí, donde el panorama es más simple y menos conflictivo, como se aprecia incluso en el ámbito empresarial, no se abren caminos de entendimiento, cabe temer mucha mayor tensión en las arduas reformas de la educación y la Constitución.

En otra faceta del mismo asunto, resulta indispensable que los cambios tributarios vayan acompañados de otras medidas verdaderamente eficaces y de aplicación paralela pro inversión y crecimiento, que reduzcan los potenciales efectos negativos de este proyecto en tales aspectos. Y tampoco cabe prescindir en este terreno de la mirada de los especialistas desde el exterior, que observarán atentamente el desarrollo de esta iniciativa y sus consecuencias, así sean favorables o traumáticas, para una nación tan vinculada a gran parte del mundo y sujeta a las oscilaciones económicas consiguientes. Es un hecho que esta primera reforma derivada del cambio electoral interno repercutirá afuera y mostrará de manera ejemplar cómo actúan en concreto las “dos almas” de la coalición Gobernante y si sus actores más influyentes son capaces de llegar a acuerdos entre sí y con el resto de las tendencias políticas y sociales del país.

Inversiones en Cuba.

Una vez más, Cuba está en problemas. En esta ocasión la causa directa parece ser la crisis económica que afecta a su benefactor, Venezuela. La ayuda anual venezolana se estima en 6 mil millones de dólares, incluyendo los 115 mil barriles de petróleo que envía diariamente a la isla. Previendo que ante las dificultades económicas de sus generosos protectores la ayuda puede disminuir sustancialmente, Raúl Castro ha preparado una Ley que busca estimular la inversión de parte de empresas extranjeras en Cuba. Los resultados se verán con el paso del tiempo, pero las experiencias anteriores de apertura han generado más frustración que beneficios.

La revolución de Fidel Castro se sostuvo durante la Guerra Fría gracias al apoyo soviético, que encontró en la isla un aliado a pocos kilómetros de Estados Unidos, y, en consecuencia, le atribuyó al comunismo castrense una importancia estratégica. Pero desaparecidos los soviéticos, los Castro debieron buscar fórmulas de sobrevivencia diferentes. Se decretó un período especial que implicó graves sacrificios para los cubanos, y Raúl Castro, entonces encargado de la economía, produjo una suerte de apertura, permitiendo un restringido funcionamiento de los mercados. En esa oportunidad se autorizó la entrada de capitales extranjeros para trabajar en empresas mixtas con el Estado cubano. Pero, luego de que apareciera Chávez en Venezuela, tales planes comenzaron a ser abandonados y de 400 han pasado a ser 200 las empresas mixtas. Algunas con capitales chilenos enfrentaron toda suerte de acusaciones antes de desaparecer.

Mas la necesidad vuelve a imponerse. Este año la cosecha de papas parece ser de las peores del último tiempo, la deserción de los médicos cubanos ha obligado a reajustar sus salarios, la mano del Gobierno se endurece contra los disidentes, los apoyos extranjeros no alcanzan y es necesario nuevamente recurrir al mercado. No obstante, ello no implica ninguna apertura política y solo en estos días se ha sabido de la censura de información respecto del barco norcoreano que transportaba armas desde Cuba, se ha asegurado que no habrá internet en los hogares y se ha ascendido al yerno de Raúl Castro a General, manteniendo así el imperio del nepotismo.

El conocido pragmatismo del hermano menor de Fidel ha producido una nueva Ley que les ofrecerá a las empresas extranjeras mejores condiciones que en la vuelta anterior: solo 15% de impuestos después de ocho años de gracia, podrán no estar asociadas con el Gobierno y tendrán garantías de que no serán expropiadas. Pero no podrán contratar a sus trabajadores, que serán asignados por las autoridades cubanas. Se trata de un pequeño paso en la dirección correcta, solo que, en medio de las restricciones políticas y con las reticencias con que el Gobierno aprueba esta Ley, no parece asegurar larga vida a quienes quieran arriesgarse a invertir en Cuba.

Enfoques Internacionales: Costoso ensimismamiento de Morales.

Sucede que el Presidente boliviano se niega a hacerse cargo del costo para las relaciones bilaterales de la presentación ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya tramitación persistirá, según lo han vuelto a repetir él mismo y, más recientemente, su Vicepresidente, en Santiago, la semana recién pasada.

Morales rehúsa asumir las negativas implicancias de cualquier negociación sobre su aspiración marítima para la defensa Judicial chilena, y la obligación irrenunciable de los Gobernantes nacionales de resguardar la integridad y soberanía territoriales. Menos advierte las derivaciones políticas internas, en Chile, de transferencias territoriales, y sus repercusiones en los lazos con Perú. Evo Morales, reconocidamente errático y vehemente, deja de serlo, para tornarse inflexible, cuando se trata de abordar la demanda marítima. Prefiere ignorar que, según la reciente encuesta Bicentenario, se han reducido del 13% al 8% los partidarios de dar a Bolivia una franja de territorio chileno para una salida soberana al mar. Interesante será medir en la encuesta de este año si el fallo por la delimitación marítima con Perú aumenta o no ese porcentaje ampliamente mayoritario -especialmente en jóvenes, habitantes del centro del país y personas de bajos ingresos- que se opone a toda concesión. Este incremento en el rechazo podría estar influido por el trato agraviante respecto de Chile en que ha persistido Morales. Hace unos días, la Cancillería chilena se vio forzada a emitir una declaración para responder a sus dichos en el aniversario marítimo y manifestar disconformidad con sus interpretaciones sobre la historia de la relación bilateral.

Las previsibles dificultades de entendimiento con Morales muy probablemente derivaron en que en el capítulo internacional del programa de la Presidente Bachelet no se mencionaran las relaciones con Bolivia; solo se plantean en el acápite relativo a Defensa y bajo el razonable y genuino interés de alcanzar la normalización en los lazos recíprocos.

El condicionamiento territorial y la demanda ante La Haya podrían perjudicar por tiempo indefinido las legítimas oportunidades de bienestar de los pueblos de Chile y Bolivia, y la cooperación entre sus Gobiernos.

Excepciones preliminares y renuncias de Embajadores.

En el umbral de la presentación de la memoria boliviana en La Haya, prevista para el 17 de abril, se han sucedido cambios de Diplomáticos relevantes en ambos países. Además, se ha procedido en Chile a nominar integrantes del equipo asesor que contribuirá a estudiar las excepciones preliminares para impugnar la admisibilidad de la demanda y la jurisdicción de la CIJ, y seguir con los procedimientos de la defensa. El tiempo corre: solo se dispone de un máximo de tres meses desde la presentación de la memoria para interponer las excepciones. En opinión de varios juristas, a diferencia de lo acontecido en la demanda peruana, hay buenos argumentos, para presentarlas. Para muchos, la petición encubierta de Bolivia es la cesión de territorios amparados por el Tratado de 1904, no estándole permitido a la Corte la revisión de un tratado internacional de fronteras.

Conocida es la petición de renuncia al Embajador en La Haya y coagente en la disputa sobre delimitación marítima con Perú, Juan Martabit. Por el momento, y en la inminencia de la presentación de la memoria boliviana, la titularidad de la sede se encuentra vacante y hay antecedentes para presumir que ni el agente ni el coagente chileno la ocuparán, como antes ha ocurrido por agentes chilenos en litigios similares y sucede actualmente con la representación y agencia bolivianas. También se pidió la renuncia al Embajador Pedro Suckel y se encuentra vacante su cargo de Director General adjunto para las Relaciones con Países Limítrofes. Simultáneamente, se solicitó la renuncia al Cónsul en La Paz, Embajador Jorge Canelas, que será reemplazado por el saliente Embajador en Buenos Aires, Milenko Skoknic, antes integrante del equipo que participó en la mediación Papal con Argentina y ahora observador en las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC. Martabit, Canelas y Suckel, distinguidos profesionales de la carrera Diplomática, con aquilatada experiencia y valioso conocimiento de las relaciones vecinales, han quedado fuera del servicio exterior en un momento clave para las relaciones con Bolivia y la defensa de la soberanía.

Por su parte, Bolivia reemplazó como Cónsul en Santiago al ex Comandante en jefe de su Ejército General Ramiro de la Fuente, por la ex Ministro de Educación Magdalena Cajías, hermana de uno de los juristas a cargo de la demanda boliviana.

Todo indica que en el futuro próximo Bolivia ha optado por los estrados y campañas comunicacionales para conducir las relaciones con Chile. Responder en esos dos ámbitos será una tarea principal de la Cancillería chilena.

Rusia y Occidente.

Pese a las sanciones dispuestas por Estados Unidos y la Unión Europea en contra de Rusia, parece un hecho que la anexión de Crimea a este último país se ha ido consolidando en el terreno, sin que exista posibilidad de que se revierta en el corto plazo. El aislamiento Diplomático con el que pretende castigar Occidente al Gobierno del Presidente Vladimir Putin no parece argumento suficiente como para disuadirlo.

La preocupación actual pasa porque el conflicto continúe escalando y se amplíe. La súbita alza de popularidad interna del mandatario ruso sugiere que éste ha encontrado un filón que puede seguir explotando. El Ejército ruso ha ubicado unos 50 mil efectivos en la frontera con Ucrania, lo cual preocupa a Kiev y ha generado advertencias de parte de Washington. La república rebelde de Transnistria, en la frontera entre Ucrania y Moldavia, ha solicitado su anexión a Rusia, lo cual podría abrir otro foco de tensión si Moscú se siente tentado a acceder a la petición.

En la medida en que Putin perciba que las potencias occidentales no están realmente dispuestas a enfrentarlo con firmeza, es muy probable que persista en su actitud expansionista, ignorando los principios del derecho internacional y utilizando la fuerza y la amenaza para alcanzar sus objetivos. Washington y la Unión Europea deben ser capaces de mostrar decisión si no esperan quedarse en advertencias vacías que pueden dejar al desnudo su debilidad y terminar alimentando la voracidad de un Gobernante ruso al que hasta ahora nadie está en condiciones de detener. Las negociaciones que se llevan adelante entre Rusia, EE.UU., la UE y el Gobierno ucraniano son una oportunidad para mostrar esa determinación. En ese sentido, la reunión que ayer sostuvieron en París los Jefes de la Diplomacia rusa y estadounidense no arrojó resultados concluyentes en esa dirección.

Una carta para meditar.

Señor Director:

Declaraciones odiosas.

Las últimas declaraciones del Senador Quintana son el simple reflejo de lo que hace tiempo vienen pregonando otras figuras de ese sector, y que pretenden imponer cambios por las buenas o por las malas.

Lo grave es que no es necesario remontar muchos años para recordar que este tipo de declaraciones fueron pavimentando el camino para generar uno de los momentos de mayor división en nuestra historia reciente.

¿Será necesario recordarles a nuestros Gobernantes que su mandato es para con todos los chilenos y no sólo para con sus votantes? Por el bien de Chile, esperemos que no.

Manuel José Errázuriz Tagle.