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Crecimiento,

por Adolfo Ibáñez.

"Nos hemos olvidado de que para crecer solo vale el esfuerzo sostenido y mancomunado de todos. En cambio, nos 'aguatonamos': problema más del alma que de la cintura..."

Nos encanta repetir curso y por esto no logramos superar la Básica. Por décadas se echó la culpa a los explotadores y al capitalismo internacional. Con la ilustre dictadura aprendimos que las malas políticas estaban en la raíz de nuestros males. Además, en aquellos años de los uniformes se desató una mística que nos empujó más allá de las crisis, y nos permitió vislumbrar que podíamos volar sobre las nubes. Entonces apareció un país vigoroso, que hace casi imposible explicar lo poca cosa que fuimos antes.

Sin embargo, nuestros motores se pararon en 1998 con el mal manejo de la crisis asiática. Las chambonadas de entonces nunca fueron corregidas (se dijo que no había piso político); al revés, solo se han agravado (para lo cual siempre hubo piso político). Pero sucedió que los asiáticos rápidamente salieron airosos y los chinos dieron un tremendo salto: todo esto se tradujo en un inusitado incremento del precio del cobre a partir de 2004, que nos llenó de plata a pesar de todo. A esto se sumó la crisis " subprime " (2008) y su secuela de millones tirados a Wall Street y a los pisos altos de Manhattan, los de los ejecutivos, y la consiguiente inflación de activos que ha producido. Esto nos hizo sentirnos irremediablemente ricos, generando una sensación de bienestar desconocida anteriormente, con lo que cundió la impresión de que el crecimiento se da solo.

Esta situación externa veló pudorosamente el hecho de que entre tanto habíamos regresado al discurseo de las viejas décadas, más Transantiagos, Chaitenes y otros desatinos de magnitud. No se hizo nada serio e innovador para poner en marcha nuestros motores nuevamente, con lo que quedamos entregados a los vaivenes del mundo. Mientras la cosa iiiba era rico sentarse a contar billetes (como los bonos del cobre). Ahora que la cosa vieeene ... ojo, que la resaca siempre es más fuerte que el palabrerío.

Nos hemos olvidado de que para crecer solo vale el esfuerzo sostenido y mancomunado de todos. En cambio, nos "aguatonamos": problema más del alma que de la cintura. En estos días, cuando comienza a manifestarse una desaceleración, debemos recordar que desde aquel año de 1998 la productividad ha estado estancada y la innovación ausente, lo que deja a la riqueza adquirida sin bases sólidas. Y el "Programa", que hoy se nos ofrece como la panacea para todos los males, es volver a repetir curso una vez más. Por el camino del palabreo seguiremos indefinidamente en la Básica. Y la Media volverá a ser una meta lejana: un país de nunca jamás.

Incumpliendo el programa,

por Axel Buchheister.

Las nuevas autoridades han sostenido su férrea voluntad de llevar a cabo el programa de   Gobierno. Ello podría interpretarse como una manifestación de seriedad, cuando no es infrecuente que las promesas de campaña no se cumplan y los Gobiernos terminen haciendo cosas distintas de las anunciadas. Pero la verdad es que la invocación sistemática al programa tiene más bien una finalidad interna: mantener unida una coalición que tiene divergencias de fondo y estilo.

Más allá de eso, ¿se está cumpliendo de cara a la gente? La reforma tributaria es la primera iniciativa importante que pondrá a prueba el cumplimiento. Y ahí comenzamos a encontrar algún incumplimiento o al menos un amago de faltar al texto.

De acuerdo con el programa, se suprimirá el famoso “FUT”, lo que efectivamente se propone. Como ello podría afectar algo la inversión, el programa también dijo que habría en compensación un sistema de depreciación instantánea. No obstante, el proyecto de Ley establece otra cosa: dicha rebaja beneficiará únicamente a las empresas que vendan unos $ 580 millones al año, las más chicas. Y eso no estaba en el programa. También cumple en rebajar la tasa marginal del impuesto a la renta de 40% al 35%, pero se duda que estén los votos para aprobarlo (la Nueva Mayoría los tiene), porque beneficiaría a los “ricos”, a pesar que esté en el programa. Lo que sucede es que a los Parlamentarios de la Nueva Mayoría cuesta disciplinarlos en torno a cualquier cosa que huela a beneficios para los ricos, no importa el programa. Por lo tanto, la adhesión a éste admite posturas rebeldes, cuando se estima que es poco y se quiere más.

Hasta ahí los incumplimientos formales, porque hay un incumplimiento encubierto: sabemos que el 99% de las personas que votó por Michelle Bachelet no leyó el programa, sino que se basó en lo que le dijeron de él: más igualdad y menos abusos, y que entonces los ricos pagarían más impuestos. Por cierto, esos votantes no consideraron estar entre los ricos y pensaron que no les tocarían los incrementos de impuestos. Y aquí es donde está el verdadero incumplimiento, también llamado “letra chica”.

En efecto, la gente común y corriente resulta gravada   -sin contar con los efectos indirectos de muchas de las iniciativas- con varios tributos. Se incrementa el monto del impuesto específico que grava a los vinos y licores; también el que se aplica a las “bebidas”, jugos y similares, que tengan una composición nutricional considerada poco sana (por ejemplo azúcar); se eleva el impuesto al crédito (incluso de consumo e hipotecarios) de 0,4% al 0,8% sobre el monto del préstamo; y se establece un tributo para los vehículos con motor diésel de uso particular. Se aplicará IVA a la venta de inmuebles y para los que tengan una vivienda dada en arriendo, la renta ya no será un 7% sobre el avalúo Fiscal, sino que la efectiva según el contrato, incluyendo en ella las mejoras.

Se darán razones técnicas y se dirá que no es mucho, pero no se cumplió: no sólo los ricos pagarán más impuestos. Es que la educación gratis cuesta plata y lo que pagan los ricos no alcanzará; entonces, hay que buscar razones atendibles para que también paguen otros. Siempre ha sido y será así.

El peligro golpista en Venezuela,

por Andrés Oppenheimer.

Un ex profesor del fallecido Presidente Hugo Chávez acaba de publicar un trabajo sobre la crisis política venezolana, y sus conclusiones son inquietantes: dice que el escenario más probable es un golpe militar.

Andrés Serbin, un politólogo argentino que vivió muchos años en Venezuela y que fue profesor de ciencias políticas de Chávez en la Universidad Simón Bolívar a principios de los 90, dice en su trabajo que la crisis venezolana probablemente se agrave.

La creciente escasez de alimentos, el índice de inflación más elevado del mundo, el récord de homicidios y la sangrienta represión implementada por Maduro contra las manifestaciones de la oposición producen como resultado "una creciente tendencia a la violencia" de todas las partes involucradas.

El documento, titulado "Venezuela en crisis", publicado por la Sociedad Global para la Prevención de los Conflictos Armados (SGPCA), con sede en Holanda, se difundió apenas días antes de que Maduro anunciara el arresto de tres Generales de la Fuerza Aérea acusados de complotar para un supuesto golpe de Estado la semana pasada. Maduro, que denuncia casi todos los días alguna nueva conspiración, no ha dado aún detalles del caso.

El trabajo de Serbin dice que el escenario "más probable" es la anarquía, seguida de "la posibilidad de una intervención militar de los sectores nacionalista-institucionales de la fuerza armada".

Serbin me dijo que esos sectores "nacionalista-institucionales" resienten el poder de los asesores militares cubanos dentro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, así como la creación Gubernamental de grupos paramilitares. Además, esos sectores no quieren involucrarse con la represión a las manifestaciones opositoras, añadió.

"Para evitar la posibilidad de un golpe, es más urgente que nunca que los moderados del Gobierno y de la oposición inicien un diálogo mediado por un actor externo, como el Vaticano", me dijo Serbin.

Algunos conocidos analistas venezolanos se muestran escépticos sobre la posibilidad de un golpe militar, porque los altos mandos militares están ganando más dinero que nunca. Dicen que Venezuela es un país que importa prácticamente de todo y que los militares y sus socios comerciales controlan la mayoría de las importaciones.

Al menos el 43% de las importaciones, incluyendo los alimentos esenciales, son controladas por agencias del Gobierno en muchos casos dirigidas por oficiales militares activos o retirados.

"¿Para qué van a sacar a Maduro, que les da de todo?", me dijo Luis Vicente León, director de la encuestadora venezolana Datanalisis. "Los militares son los primeros interesados en que Maduro siga en el poder".

Otros analistas venezolanos argumentan que el país ya sufrió un golpe militar en cámara lenta: más de 1.600 oficiales militares han sido designados para cargos Gubernamentales desde que Chávez asumió el poder, en 1999, y prácticamente controlan el Gobierno, según un estudio del sociólogo Eduardo Guzmán Pérez.

Control Ciudadano, un grupo no Gubernamental de Venezuela, dice que el 25% del Gabinete de Maduro -incluyendo los Ministerios del Interior y de Finanzas- y el 52% de las Gobernaciones están en manos de militares en actividad o retirados.

Además, Maduro ha ascendido a Generales a un número récord de oficiales, al punto de que las Fuerzas Armadas Bolivarianas, de unos 120.000 efectivos, tienen alrededor de 1.200 Generales, lo que quizás sea un récord mundial para una fuerza militar de ese tamaño. Sin embargo, Chávez tenía un firme control de los militares, y Maduro es un Presidente más débil que en muchos aspectos está controlado por los militares, dicen.

"Bajo Chávez teníamos un control vertical de los miliares", me dijo Rocío San Miguel, la Presidente de Control Ciudadano. "Ahora hay una atomización del control militar, en que los militares se hacen dueños de parcelas de poder, sin control de ninguna naturaleza".

Mi opinión: Aunque Venezuela no tiene un Gobierno militar convencional, ya tiene un Gobierno militarizado, en el que hasta los civiles -como Maduro- se visten con uniformes de apariencia militar. Eso no justifica de ninguna manera un golpe militar para recuperar el Estado de Derecho -la historia ha demostrado que no existe tal cosa como un golpe "bueno"-, pero debería ser motivo de suficiente alarma como para que la comunidad internacional exija una solución negociada de la crisis venezolana.

Hasta los aliados latinoamericanos de Maduro, como Brasil, deberían presionarlo para iniciar negociaciones serias para el restablecimiento de la separación de poderes -incluyendo la creación de un Tribunal electoral independiente- y la libertad de prensa. La alternativa, tal como lo ha señalado Serbin, podría ser un golpe militar, o un autogolpe desde el propio Gobierno, y un nuevo ciclo de violencia aún mayor que podría desembocar en una guerra civil.

Poca claridad en reforma Constitucional.

De los tres grandes pilares que estructuran el programa de Gobierno de Michelle Bachelet —reforma educacional, tributaria y Constitucional—, la discusión hasta ahora se ha concentrado fundamentalmente en los dos primeros. El proyecto de reforma impositiva se presentó la semana pasada y, a partir de la información crecientemente detallada que han ido entregando las autoridades, se ha generado un debate técnico informado con participación de gran diversidad de actores. Sobre la reforma educacional, en cambio, el Gobierno se ha movido más en el terreno de las intenciones y los principios —fin del lucro y de la selección, más equidad, diferencia entre público y Estatal—, que en el de las respuestas concretas a las muchas interrogantes que despierta lo que a la fecha se conoce, o se presume, de su proyecto educativo.

El tercer pilar del programa, la reforma Constitucional, muestra a la sazón más similitudes con la misión encargada al Mineduc que con la que encabeza Hacienda, esto es, que a pesar de su importancia clave, se sabe mucho más de los objetivos que persiguen los cambios a la Carta Fundamental, que de los argumentos que los sustentan y, sobre todo, de los mecanismos por los cuales se alcanzarán. El programa, de hecho, dedica casi toda su extensión a enumerar una serie de derechos y garantías, pero apenas los tres últimos párrafos al “proceso para la elaboración de una Nueva Constitución Política”, del cual únicamente se dice que será “democrático”, “institucional” y “participativo”.

Cabe señalar que a esta indefinición sobre los aspectos de contenido y procedimiento de un cambio tan relevante se agregan señales inconvenientes sobre su tramitación política y Legislativa, mayormente debido a expresiones públicas encontradas de los Ministros de Justicia y de la Secretaría General de la Presidencia respecto de cuál de ellos llevará el proceso. Ello ha dejado entrever una suerte de “competencia” por hacerse cargo de una de las banderas políticas del actual Gobierno, lo que no contribuye al clima constructivo en que debe tener lugar una discusión de esta naturaleza y, por cierto, agrega dudas, en vez de despejarlas.

En lo que sí se parecen las tres grandes reformas del programa es en las visiones dispares que generan al interior de La Nueva Mayoría. Así como no hay consensos en la coalición Gobernante respecto de temas de fondo en materia educativa y tributaria, y eso sin duda será fuente de problemas durante su tramitación Legislativa, tampoco los hay sobre los cambios que se pretende hacer a la Constitución ni sobre la forma de llevarlos a cabo (ni tampoco los plazos). Así lo han puesto en evidencia las declaraciones de actores del conglomerado que no se cierran a opciones de tipo plebiscitario —entre ellos el titular de Justicia y el Presidente del PC— y las de quienes insisten en que el Congreso proporciona el único camino institucional para estos efectos.

De un Gobierno y un conglomerado político que presentan la reforma de la Constitución como eje fundamental de su propuesta al país cabría esperar una claridad mucho mayor sobre el “por qué” y el “cómo”. Voces respetadas por el actual oficialismo —como los ex Ministros Pérez-Yoma y Velasco— han hecho ver tanto el desafío que representa esta reforma para el éxito del Gobierno como la “incertidumbre” de no saber “cómo se va a redactar y aprobar” la nueva Constitución. Y a las opiniones favorables a cambios radicales que reformulen el tipo de Estado en que viven los chilenos se contraponen otras, como las de la actual Presidente del Tribunal Constitucional, quien dijo que  “Me parece delicado y grave someter al país a una revisión íntegra de su pacto constitutivo”.

La importancia de la Carta Fundamental amerita discutir su reforma con precisiones y argumentos que hasta ahora han estado ausentes.

¿Que paguen más quienes más ganan?

En defensa de su proyecto de reforma tributaria, las autoridades de Gobierno afirman que ella reduciría las desigualdades de ingresos, ya que gravaría con impuestos más altos a quienes más ganan. Desde luego, ello no se aplica a las alzas en la tributación de bebidas alcohólicas o azucaradas, cuyo consumo se extiende a todos los segmentos, ni tampoco al mayor IVA para las viviendas a que aspira la clase media. Son las modificaciones al impuesto a la renta las que, pese a rebajar desde 40 al 35% su tasa máxima, se estima le conferirían más progresividad al sistema: al incluir en su base ya no solo las utilidades empresariales retiradas por sus socios o accionistas, sino también la porción que ha sido reinvertida en ellas, se capturarían altas rentas que hoy eludirían dicho gravamen.

Pero no es fácil determinar con exactitud la incidencia distributiva -directa e indirecta- de los impuestos al capital. La reforma propuesta eleva la tributación sobre las rentas generadas por las empresas. Es cierto que entre sus dueños se cuentan los más ricos del país, pero también participan los millones de ahorrantes de los fondos de pensiones, los centenares de miles de accionistas de los fondos mutuos y numerosas entidades de beneficencia. Estos accionistas -que mal cabría considerar ricos- pueden ser "víctimas" del intento de hacer pagar más a los que tienen más.

El caso más preocupante es el de los cotizantes de las AFP. En la actualidad, a diferencia de otros accionistas, ellos pierden el impuesto de primera categoría que han pagado los dividendos en las sociedades anónimas en que están invertidos sus ahorros, porque no pueden acreditar esa suma contra sus impuestos personales. Con la reforma, ese perjuicio se agrava, pues el impuesto de primera categoría sube de 20 a 25% y se introduce, además, una retención de 10% sobre utilidades atribuibles a tales acciones. Ejecutivos del sector estiman en 6% la reducción total que esto ocasionaría en las pensiones de los chilenos. Consultado, el Ministro de Hacienda responde que corregir ese daño tributario "no está contemplado".

En relación con los efectos indirectos de la reforma, la autoridad ha descartado que afecte la inversión y el empleo. En el caso de las pequeñas empresas, sostiene que la reforma es neutra, e incluso favorable, debido a la ventaja de la fórmula propuesta de depreciación instantánea. En el caso de las empresas medianas y grandes, la autoridad confía en que puedan suplir en el mercado crediticio la estrechez de caja causada por la mayor carga. Otros expertos difieren. Por una parte, la reforma deroga regímenes tributarios especiales para las pymes, que parecen haberles sido muy útiles; por otra, cabe suponer que el mayor endeudamiento de las empresas medianas y grandes involucra costos y riesgos tanto para sus dueños como para sus acreedores. Si, a consecuencia de la reforma, el nivel de capitalización de las empresas resultase deteriorado, sería sorprendente que ello no afectare su capacidad de invertir y crear empleos.

Es importante que los efectos directos e indirectos de la reforma se evalúen cuidadosa y técnicamente durante la tramitación del proyecto. El riesgo, como suele ocurrir, es que quienes terminen pagando más no sean precisamente los que más ganan en el país.

Necesarias definiciones.

Los primeros lineamientos de la reforma educacional anunciada por el Gobierno han originado una profunda discusión acerca de los aspectos fundamentales de un sistema que garantice la libre enseñanza. Para la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), el debate debe considerar, como asuntos cruciales, el aporte que significa la provisión mixta, el valor de la pluralidad de proyectos y la necesaria autonomía en la gestión, administración y línea curricular de los establecimientos, como principios determinantes de un sistema en el que conviven diversos modelos y las familias pueden libremente elegir la educación de sus hijos.

Inquietos, los sostenedores de la educación particular no ponen en duda el rol del Estado como garante del derecho a la educación, pero les preocupa que se lo quiera convertir en el único agente. Hoy la calidad no está garantizada en un determinado tipo de establecimientos, sino que se logra en aquellos donde la comunidad escolar busca -en conjunto- la excelencia de acuerdo con un proyecto definido, independientemente de su carácter público o privado.

Diversos actores han expresado su inquietud respecto del efecto que pueda tener el término del financiamiento compartido en los colegios particulares, pues mediante el copago se ha conseguido el desarrollo de proyectos diferenciados, agregando diversidad al sistema. Tal inquietud es atendible. Se suele argumentar la supuesta necesidad de terminar con el copago como una forma de evitar la segregación y asegurar mayor igualdad. La experiencia no avala tal visión: incluso en un sistema escolar de alta calidad y equitativo, como el coreano, los padres no dudan en destinar parte de sus recursos para mejorar la educación de sus hijos pagando para que ellos asistan, fuera del horario de clases, a academias privadas con fines de lucro, como se ha recordado en estos días. Tal conducta hace patente lo vano de pretender inhibir la natural inclinación de las familias por ampliar las oportunidades de los suyos. Los padres dispuestos a matricular a sus hijos en escuelas con financiamiento compartido no hacen nada distinto de aquellos que, con más recursos, los inscriben en colegios particulares pagados. Solo el prejuicio ideológico puede ver algo reprochable en aquello, en lugar de valorarlo como manifestación de involucramiento en la formación de sus niños.

La complejidad y relevancia de la tarea comprometida por el Gobierno hace necesario que el Ministro de Educación acoja las inquietudes de todos quienes han sido protagonistas del sistema y considere sus razonables argumentos.

Enfoques Internacionales:

Pocas esperanzas en Venezuela.

Con la destitución de la Diputado María Corina Machado, anunciada por el líder del Parlamento, Diosdado Cabello, duro dirigente del chavismo, el régimen dio un nuevo paso para acorralar a los líderes opositores que gozan de más proyección internacional. Hace unas semanas, fue el encarcelamiento injustificado de Leopoldo López, quien fue a prisión por supuestamente instigar la violencia en las protestas. López era en ese momento la cabeza más visible de la oposición, tras las grandes movilizaciones que comenzaron el 12 de febrero.

María Corina Machado, una ingeniera de 46 años, quien obtuvo la más alta votación en las Legislativas de 2010, hostigada por el régimen e inhabilitada de su cargo, con lo que perdió la inmunidad Parlamentaria, podrá ahora ser juzgada en los Tribunales. Estos, tal como se ha denunciado, están manejados políticamente por Jueces nombrados por el chavismo, y totalmente leales al régimen. La Diputado es acusada de traición a la patria, por haber aceptado ser Embajadora alterna de Panamá en la OEA, un cargo simbólico que le permitía hablar en el foro, cerrado exclusivamente a los representantes de los países miembros de la organización. El Presidente de la Asamblea Nacional ya ha adelantado algunos cargos contra Machado: conspiración, instigación a la delincuencia, incitación a la guerra civil, violación de la autoridad, intimidación al público y atentado contra la institucionalidad democrática. Machado dice que en Venezuela no hay peligro de guerra civil, sino "una guerra del Gobierno contra los civiles".

Si esta imputación contra la líder opositora fuera aceptada por la comunidad internacional, bien podría impedírsele en Brasil a un Diplomático de Itamaraty aceptar el ofrecimiento para que forme parte de la delegación chilena mientras nuestro país esté en el Consejo de Seguridad. La acusación contra Machado merece un pronunciamiento de las Cancillerías de Unasur que promueven el diálogo entre venezolanos, y el repudio de la región, por ser alevosa e injusta.

Machado fue recibida en el Congreso peruano al día siguiente de ser destituida, y por seguridad viajó de vuelta a su país acompañada de tres Legisladores. Días después fue al Parlamento de Brasil, donde logró el apoyo de Senadores opositores; no así del oficialismo. En Chile, donde la Nueva Mayoría está dividida frente a la situación venezolana, la Cámara desechó un proyecto de acuerdo para que la Presidente "manifieste de manera categórica el rechazo de nuestro país a la situación que se vive en Venezuela... la sistemática violación de los derechos humanos y la falta de garantías por parte de la ciudadanía". Solo dos Diputados oficialistas votaron a favor, Daniel Farcas y Jorge Sabag.

Unasur vuelve a Caracas. ¿Será relevante?

Esta semana, la comisión de Cancilleres de Unasur visita por segunda vez Caracas. Su primer viaje fue muy poco fructífero. Aparte de llamar a la pacificación de las calles, no hubo más que algunos encuentros con sectores políticos que todavía no dan muestras de querer sentarse a dialogar. Peor aún, la propia Machado, quien es una interlocutora indispensable en el eventual diálogo, ha dicho que no cree en la imparcialidad de Unasur, puesto que en 2013 no cumplió con su compromiso de velar por que se hiciera un recuento de votos en las elecciones que ganó Nicolás Maduro. Los Cancilleres de Brasil y Chile recogieron el guante; respondieron que buscan las condiciones del diálogo y crear confianzas, para evitar que siga la violencia. Pero su papel sería el de meros "ayudadores" -descartando una interferencia- para que los venezolanos encuentren "el camino de la paz". El Canciller Heraldo Muñoz dio ayer más precisiones respecto de la línea de nuestras autoridades frente al tema, al recalcar que para nuestro país, lo "esencial" no es defender ni al Gobierno ni a la oposición, sino promover el diálogo. Y junto con rechazar la posibilidad de un derrocamiento del Gobierno, también abogó por el respeto a los derechos humanos y, en particular, por la libertad de expresión.

Con todo, no parece muy probable que Unasur logre un resultado concreto en esta misión a Caracas, con lo que, una vez más, defraudaría a los venezolanos. De hecho, ya algunos sectores, adelantándose al eventual fracaso de la Unasur, han empezado a mirar al Vaticano como una alternativa de mediación. Será para Maduro difícil, pero no imposible, aceptar esa intermediación, después de que la Iglesia Católica venezolana señalara que es el Gobierno el culpable de la crisis, por tratar de imponer un "sistema de corte totalitario que pone en duda su perfil democrático".

Censura del Presidente turco a las redes sociales.

En el mundo de las redes sociales, donde la ciudadanía ya no acepta la censura a los medios, prohibir Twitter y Facebook puede ser una decisión audaz, controvertida y contraproducente. Sin embargo, el Premier turco, Recep Tayyip Erdogan, se aventuró a hacerlo precisamente antes de las elecciones Municipales de su país, y, aun así, su partido ganó por el 45 por ciento de los votos.

A pesar de las acusaciones de corrupción, de la caída de la economía y de las críticas al autoritarismo, se cree que Erdogan puede triunfar en las Presidenciales de agosto. La inclinación a aumentar sus poderes es evidente, y las acciones para debilitar la Judicatura, la persecución a medios de comunicación y ahora a las redes sociales hacen temer por el desarrollo democrático de Turquía, miembro de la OTAN y aspirante a la Unión Europea.

Elecciones en Afganistán.

Unos siete millones de afganos -de un total de 12 millones habilitados- habrían participado en las elecciones Presidenciales y Provinciales celebradas el sábado en la nación centroasiática, lo que constituye un espaldarazo al proceso democrático que permitirá, por primera vez en la historia, un traspaso de mando entre autoridades electas en ese país. Aunque no se esperan resultados definitivos, sino hasta dos o tres semanas, el nivel de participación constituye un éxito, dadas las amenazas de boicot realizadas por la milicia rebelde talibán -en la jornada hubo más de 100 muertos- y el hecho de que es la primera vez que los comicios son supervisados casi íntegramente por el Gobierno local, con una intervención muy reducida de las tropas de la OTAN desplegadas en suelo afgano.

Se cree que lo más probable es que ninguno de los ocho candidatos conquiste la mayoría absoluta, por lo que sería necesario concurrir a una segunda vuelta. Existían tres candidatos favoritos -todos ex Ministros del gobierno saliente, liderado por el Presidente Hamid Karzai- para definir a los dos postulantes que deberían ir al balotaje.

Pese a la relativa calma en la que se desarrolló la votación, Afganistán sigue presentando enormes desafíos de seguridad a más de 12 años de la invasión iniciada a fines de 2001. La insurgencia talibán todavía representa un desafío gigantesco y el país se encuentra dividido en ocho etnias y numerosos caudillos que dominan partes del territorio y hacen difícil un Gobierno centralizado desde Kabul, la capital. Estados Unidos y la OTAN han anunciado que retirarán sus tropas y Karzai se ha negado a negociar un acuerdo básico de seguridad que facilite la permanencia de un contingente reducido en Afganistán, con el propósito de evitar que el país vuelva a convertirse en un santuario para grupos islámicos violentos y hostiles a Occidente.

Las alzas de impuestos siempre se cargan a los precios,

por lo que siempre afectan a los más débiles,

por lo que es mentira que afectarán a los más ricos.