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HERNÁN BÜCHI: “REFORMA TRIBUTARIA O EL ARTE DE PERPETUAR LA POBREZA”.

A pesar de tratarse de uno de los cambios estructurales más importantes para cualquier país el Gobierno, abusando de su mayoría Parlamentaria ha reducido el debate a su mínima expresión. Los espacios para que los actores, expertos y afectados expongan sobre las consecuencias de la reforma han sido lamentablemente estrechos y la discusión del detalle de su articulado, inexistente. Quienes promueven la reforma se han limitado a calificar peyorativamente a los que opinan distinto. El Gobierno ha seguido la línea política de aseverar que aumentar los impuestos siempre es bueno, especialmente si se aplican a las empresas. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Aún cuando se trate de un slogan de campaña bien logrado, atacar a las empresas no es el camino adecuado si se quiere genuinamente mejorar la condición de los más vulnerables, tal como lo demuestran las experiencias de la Argentina y Venezuela, en donde las empresas se marchitan a la par que sigue creciendo el número de personas de escasos recursos.

El proyecto de Ley de reforma tributaria es muy complejo. Se aleja radicalmente del ideal democrático en el que las Leyes deben ser pocas para que los ciudadanos puedan conocerlas, y simples y coherentes para que las puedan comprender y cumplir. En nuestro caso, aún para los técnicos más especializados, el proyecto resulta difícil de entender y el mismo Gobierno ya lo está corrigiendo, aun cuando en aspectos que no apuntan al fondo de los problemas planteados. Sin embargo, hay algunos comentarios que podemos hacer.

Menor crecimiento, mayor pobreza y menor recaudación.

La lucha ideológica contra el FUT se ha transformado en un hito político, pero como la realidad suele ser más compleja que los paradigmas ideológicos, han inventado el RUA (registro de utilidades atribuidas) que es aún más alambicado, lo que demuestra que los temas tributarios son espinosos. El punto de fondo es que al final de un período de transición de unos pocos años las empresas pasarán a tributar, en términos prácticos, del 17 – vigente hasta hace poco tiempo – al 35%. Si consideramos las casi nulas exenciones a nivel de la base del impuesto de primera categoría que existen en Chile, a diferencia de otros países con que se nos pretende comparar, estamos frente a una tasa efectiva excepcionalmente alta aún para países desarrollados. Ante un cambio tan radical la carga de la prueba de demostrar que no  se afectará el ahorro y la inversión, y con ello el progreso, debería ser del Gobierno. Si la preocupación es incrementar los ingresos Fiscales, deberían estar mirando la tasa de crecimiento en lugar de pretender sacar una mayor tajada de un producto estático. Bastaría un punto de crecimiento más por año acumulado en el tiempo para que se superara cualquier pretensión de ingreso Fiscal vía mayores impuestos.

El Gobierno plantea que la recaudación total equivaldrá a un 3% del producto; es casi seguro que ello afectará en la misma proporción al ahorro privado. Como el Gobierno piensa gastar esos recursos, o al menos 2 puntos de ellos, esta reforma se traducirá en un menor ahorro neto del país que, dada la situación de déficit de cuenta corriente actual no podrá ser sustituido por ahorro externo e implicará menores inversiones de 2 puntos y con ello un punto de crecimiento menos por año. O dicho de otra manera, Chile será más pobre y los pobres, vía un empleo menos dinámico serán los más afectados.

Ahora bien, se argumenta que el Fisco gastará estos recursos bien y con ellos se mejorará – vía una educación de calidad– la productividad del país y el bienestar para los menos favorecidos. Sin embargo, ya hemos duplicado el gasto en educación sin grandes mejoras en los resultados y la evidencia empírica demuestra que en países con cobertura total un mayor gasto en educación no redunda en una mejor calidad sino que hay otros elementos a considerar que no tienen relación con el incremento del gasto en el sector. Pero además, dado el grado de ideologismo con que se ha planteado la reforma educativa, que aún no se conoce, pero que se insinúa, sólo cabe esperar un empeoramiento de la calidad a costa siempre de los más pobres. Recordemos que entre otras cosas se pretende dar gratuidad a quienes no lo necesitan. El orden debería ser inverso. Primero tener en claro qué políticas realmente mejoran la educación de todos y para aquellas que requieran un financiamiento Estatal extra debieran buscarse ingresos que no afecten el progreso general en el corto y mediano plazo. La experiencia indica que no hay ninguna política que pueda ser exitosa en el largo plazo cuando se está afectando fuertemente el corto y mediano plazo.

¿Más poder al Estado y menos libertad a los ciudadanos?

Probablemente en el fondo de esta propuesta se encuentra la esencia de la ambición histórica de algunos ideólogos de hacer más poderoso al Estado y a los burócratas y menos autónomas a las personas aunque ello sea a costa de un país más pobre. El punto es claro al ver que no hay ninguna consideración por los efectos que las nuevas alzas de impuestos tendrán en los cotizantes de las AFP cuyos ahorros debieran estar exentos de impuesto a la renta. Esto llevará desgraciadamente a que las personas tengan menos ahorros propios y dependan más del Estado en su vejez para subsistir.

Por otra parte el argumento que las empresas siempre se pueden endeudar es falaz. Para endeudarse hay que tener capital y aún en las economías con mercados financieros más desarrollados la semilla de capital la provee fundamentalmente la acumulación en el tiempo del ahorro de las empresas. No es casual que sean las empresas familiares el germen del desarrollo empresarial.

Como dijimos, la propuesta es muy compleja y tiene muchas instancias en las que no sólo se aumentan las tasas de los impuestos sino también la base sobre la cual se aplican. La línea central es siempre la misma: no darle oportunidad al crecimiento y darle mayor poder al Estado. Tal es el caso de los impuestos verdes que se crean en medio de una incertidumbre total en el mercado energético de Chile. Los cambios en la tributación que afectarán a las viviendas las encarecerán. Como la vivienda es el anhelo y la inversión principal de una familia, incrementar su costo equivale a privar de ella a personas que, una vez más, ahora pasarán a depender del Estado para acceder a su casa. ¿No sería más razonable pensar que en el caso de la vivienda, el IVA – impuesto al consumo – se pague a medida que se la consume, esto es, en su período de amortización de 30 a 40 años? Las personas serían más independientes, el Estado menos poderoso y la economía más dinámica.

La discrecionalidad de la autoridad impositiva.

Pero quizás lo más negativo del proyecto sean las facultades que se le dan a la autoridad tributaria para, por vía de la interpretación o de facultades de impugnación, aumentar a discreción la carga impositiva de manera impredecible. Se trata de un desprecio hacia las personas comunes que se encuentran por encima, son anteriores al Estado y tienen derecho – o deberían tenerlo en cualquier país que se pretenda democrático – a hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la Ley, y ello debe ser claro, preciso y anterior al hecho del proceso. Tampoco puede avasallar otro derecho tan esencial como el de la privacidad. Se trata de límites fundacionales al poder del Estado sobre las personas y, aunque no les guste a algunos, imponen una indispensable barrera a lo que el Estado puede pretender hacer.

Que otros países ávidos por recaudar se deslicen por esta pendiente no es argumento porque cada uno tiene sus propios contrapesos. El concepto de elusión – por definición arbitrario – utilizado en países con sistemas de derecho jurisprudencial deviene cierto a través del mecanismo de la jurisprudencia a la que están acostumbrados ya que toda su institucionalidad está originada a través del precedente. En el otro extremo, el uso de la Legislación sobre la elusión en Legislaciones como la brasileña es una de las razones importantes por las que Brasil está estancado ya que es una barrera más a la inversión como lo atestiguan empresas chilenas que han sufrido sus efectos.

De aprobarse esta propuesta es razonable esperar a mediano plazo que la recaudación baje. Así como el aplicar controles cambiarios crecientes para evitar la salida de divisas termina en menos divisas de las que se están pretendiendo atesorar, los mayores controles impositivos terminan en una menor recaudación. La razón es simple: que hasta ahora las Leyes hayan sido razonablemente claras ha ayudado a que el sistema chileno funcione bien, en términos relativos, acorde a nuestro nivel de ingreso. La discrecionalidad e incertidumbre que el proyecto genera tendrá como consecuencia que muchas decisiones de negocios se pierdan o dejen de llevarse a cabo por empresas formales como vemos sucede en el resto de Latinoamérica, pasando a realizarse en la economía informal de manera mucho menos productiva para el país. En los hechos, probablemente sean no más de 100 empresas formales, por efecto encadenado de las transacciones en la economía, las que explican en nuestro país gran parte de la recaudación.

Si se quiere recaudar más el camino es el opuesto: elaborar normas claras, precisas y libres de interpretaciones discrecionales que fomenten y no ahoguen el crecimiento y el progreso.

Por lo demás, vale la pena recordar que no son los funcionarios del Estado los que recaudan desde sus escritorios. Los Gobiernos se esconden detrás de las empresas para recaudar y ni siquiera se atreven a que el ciudadano conozca el monto de los impuestos que hay detrás de su compra. ¡Si el SERNAC quisiera verdaderamente informar a los consumidores debería obligar a que detrás de cada precio se muestren todos los impuestos que pagamos los chilenos!

A pesar del slogan político que la reforma es contra los ricos y pro igualdad, su primera lectura indica que nos hará a todos más pobres, especialmente a los menos favorecidos y con ello, más desiguales.

Valparaíso,

por Cristina Bitar.

Chile se detuvo y los corazones se apretaron viendo cómo las llamas consumían la vida en los cerros de Valparaíso. La cadena de solidaridad que despertó nos dice mucho de lo que todos los chilenos sentimos por el puerto, por alguna razón difícil de explicar racionalmente, cada uno de nosotros se siente parte de él.

Valparaíso es nuestro, cada hombre y mujer de este país es porteño, es el puerto por excelencia, que representa y encarna la vida en un territorio que, angosto y empinado, se cae en el océano Pacífico. Es lo pintoresco, lo distinto, al mismo tiempo evocación del arte, la belleza y la arquitectura de sus palacios, como de lo misterioso y la insinuación de un mundo de bajos fondos, por ahí entre esas callejuelas en que nuestra imaginación sabe sin duda alguna que habitan los “guapos”; todo lo que constituye esa vocación de puerto que nos hace imaginar, en cualquiera de sus callejones, caminando por igual a Pablo Neruda o a Cayetano Brulé, porque realidad y ficción viven en Valparaíso.

La tragedia nos sirvió para ver en Valparaíso muchas de nuestras mayores carencias, esa pobreza estructural que trasciende el progreso individual y que es símbolo de lo que ocurre en tantas ciudades y barrios de nuestro Chile. Hemos crecido, la pobreza ha disminuido a un ritmo impresionante en los últimos 30 años, pero las ciudades siguen sufriendo las carencias de ese Chile pobre de los 60 y los 70. El espacio público afecta la seguridad y la calidad de vida de millones de compatriotas, a las casas ha llegado el electrodoméstico, el televisor de última tecnología y la televisión por cable, pero ahí afuera de la reja, sigue habitando la inseguridad, la falta de áreas verdes, de plazas. Tenemos casas, pero no tenemos barrios.

Eso es lo que nos recordó este incendio, nos hizo chocar con la realidad de un Municipio pobre, de quebradas convertidas en vertederos, de malezas que dan cuenta de esa pobreza urbana y que están esperando la tragedia. Es un verdadero símbolo de este centralismo atávico, el que se nos haga patente a través de una tragedia que ocurre a una hora de Santiago.

Es tanto lo que se podría decir acerca de lo que hay que corregir en Valparaíso, pero esa lista ya la han hecho otros en estos días, desde sus respectivas especialidades, sólo me queda agregar que las sociedades viven de sus símbolos, por eso recordamos a nuestros héroes, porque ellos encarnan los valores que apreciamos, que son el ideal de nación a que aspiramos. Valparaíso, como nuestros héroes, es un símbolo de este país, una ciudad que es más que una ciudad, es parte del orgullo nacional, por eso cuando vive la tragedia y desnuda nuestras carencias, son todas las regiones y todas las ciudades las que sufren. La desesperanza de Valparaíso es la de todos.

Los símbolos hay que cuidarlos, son aliento y esperanza para todos. Probablemente hay en esto una dimensión que vive en el alma de los pueblos y que no se puede contabilizar en una planilla, a la hora de hacer una evaluación de proyecto. Ojalá que esta tragedia sirva para tomar la decisión de hacer que Valparaíso sea efectivamente patrimonio de la humanidad, eso nos haría bien como país, eso ayudaría a todas las Regiones.

El Gitano Rodríguez lo dijo hace ya mucho tiempo, y ahora, al escucharlo, no hay nada más que agregar: “Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede mirar sin que nos falte, la brea, el viento sur, los volantines…”.

Para Dónde Vamos,

por Hermógenes Pérez de Arce.

Los Gobiernos de la Concertación, entre los cuales incluyo, ciertamente, al de Sebastián Piñera, se limitaron a lo largo de 24 años a “rayar la pintura” del modelo de sociedad heredado del Gobierno Militar que, como antes he dicho más de una vez, transformó el país donde quedaba “harina para pocos días más” (Allende) en “la joya más preciada de la corona latinoamericana” (Clinton).

Pero ahora el socialismo está realmente haciendo una revolución y en el país de los cerebros lavados Allende ha sido elegido por votación popular como “el más grande chileno de todos los tiempos”. Y como estamos en democracia, imagínense ustedes para dónde vamos. El otro día leí en una entrevista a mi ex compañero de curso en Leyes, Aníbal Palma, referir que cuando en un anfiteatro estudiantil fue presentado como ex Ministro de Allende el auditorio estalló en una ovación. Imagínense a dónde hemos llegado.

Cuando los socialistas llegaron al poder con el concurso de Kerensky I en los ’70 querían destruir la democracia burguesa por las armas. Ahora han vuelto al poder con el concurso de Kerensky II y se han dado cuenta de que no las necesitan, pues controlan el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Con la tan comentada Reforma Tributaria harán la revolución económica, que pondrá el grueso del capital nacional en sus manos, es decir, las del Estado que controlan. La Reforma Tributaria es la mismísima retroexcavadora de Quintana, pues desmantelará desde sus cimientos el actual sistema económico, en que el desarrollo se basa en el ahorro, la capitalización y el crecimiento privados. Los anteriores Gobiernos de la Concertación fueron subiendo el impuesto a las empresas, es verdad, desde diez por ciento hasta 17 %, y el último, el de Piñera, lo llevó a 20%. Pero se respetaban los cimientos del modelo. Ahora, según el proyecto, ese impuesto será de 35% y me atrevería a apostar que del Congreso saldrá en 40%. Cuatro veces el de 1990, cuando éramos “la joya”. Pero eso no es lo peor: la mala noticia es que los cimientos, el pivote de la capitalización privada, el FUT, será suprimido.

Cuando Nicolás Eyzaguirre manejaba la economía, bajo Lagos, nunca habría pensado hacer eso, sino que fortalecía el capitalismo. Sus leyes MKI y MKII buscaban robustecer el mercado de capitales con el ahorro previsional voluntario y los fondos de inversión privados. Por eso “los empresarios amaban a Lagos”. Ahora, en cambio, la retro va a barrer con las franquicias que alentaron todo eso. Y el propio Nicolás, hogaño completamente volcado al socialismo, maneja la retro en Educación, de donde nadie (tampoco él) sabe qué va a salir, pero yo les voy a anticipar qué: la ENU 2.0.

Michelle 2.0, sin cuya aquiescencia no podría hacerse nada de lo anterior, también maneja la retro en materia Constitucional. Y ha tenido la franqueza de anunciarlo en “El Mercurio” de  15.04.13: “Necesitamos nueva Constitución. Si no terminamos con los cerrojos que nos impiden avanzar, muchas de las cosas que quiero hacer no van a ser posibles”. (Esta cita me la recordó el libro más importante del año pasado, “Procesos Sobre Violación de Derechos Humanos”, de Adolfo Paúl Latorre).

¿Creían ustedes que la Constitución garantizaba cierta estabilidad de los derechos, con sus quórums de dos tercios? Eso habría sido si en Chile se respetara la Constitución, pero los Jueces de izquierda han probado que uno puede pasar por sobre ella con toda tranquilidad e impunidad. Y se hará, porque estamos en un período revolucionario. Por supuesto, el primer objetivo es el derecho de propiedad, que pasará a quedar sujeto a la mayoría simple que ya tiene el Gobierno en el Congreso.

Hay apuestas acerca de si la próxima Constitución chilena va a ser más parecida a la de Brasil, que regula hasta el salario mínimo; o a la de Argentina, que permite todos los zarpazos a la propiedad que les han hecho posible sobrevivir a los Gobiernos K durante la “década robada” (Jorge Lanata); o a la de Venezuela del Gobierno vitalicio. Da más o menos lo mismo, porque la gente informada opina que Brasil será la próxima Argentina; Argentina la próxima Venezuela y Venezuela la próxima Cuba, así es que, con suerte, seremos el próximo Brasil.

Las perspectivas para “la joya más preciada de la corona latinoamericana”, entonces, son tan malas que he visto en el diario que hasta un bacheletista tan reconocido como Jorge Awad, Presidente de la Asociación de Bancos, está preocupado. Y yo les digo una cosa: si eso es así, quiere decir que a todos los que todavía conservamos algún uso de razón nos ha llegado la hora de preocuparnos.

La Cancillería ante demanda boliviana.

Entre sus primeras medidas tras la presentación de Bolivia a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) de su demanda contra Chile, el Canciller Heraldo Muñoz realizará sucesivas reuniones con los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado, además del consejo de ex Cancilleres, las que tendrán lugar hoy, mañana y el miércoles. Allí, ellos podrán conocer y analizar con mayor detalle los argumentos esgrimidos por el Presidente Evo Morales en el documento que presentó al Tribunal la semana pasada y, seguramente, se evaluará la conveniencia de pedir que la CIJ declare su incompetencia para pronunciarse sobre la pretensión boliviana, asunto en el que varios de los convocados han anticipado ya su juicio, aunque otros prefieren estudiar primero el texto en cuestión.

Chile tiene tres meses desde la entrega de esa memoria boliviana a la CIJ para decidir ese paso, que sin duda constituiría una fuerte señal en cuanto a la convicción chilena de la liviandad y falta de base Legal de la demanda, y acerca de la necesidad de que el tema se resuelva en su propio mérito Jurídico, y no —como en parte ocurrió respecto del límite marítimo con Perú— mediante un intento de solución salomónica. En todo caso, las gestiones iniciadas por el Canciller Muñoz muestran no sólo la voluntad de defender los derechos del país que han sido cuestionados, sino que también una actitud prudente que considere el aporte de todos los sectores nacionales. El primer capítulo (que puede ser decisivo) de esta tarea gira en torno, precisamente, a la improcedencia de una intervención de La Haya en un asunto regido por un tratado vigente y anterior al período de Jurisdicción de ese Tribunal.

Es evidente que Evo Morales busca convertir este episodio en un hecho político de efecto interno en su favor, de cara a la elección Presidencial de fin de año, pero también de resonancia internacional, para lo cual ha puesto en marcha una campaña publicitaria que sitúa a Bolivia como víctima de una injusticia histórica —algo que estaría en la raíz de su subdesarrollo económico— y que habrá de ser respondida con claridad por la Diplomacia chilena. Pero, en el fondo, su acción intenta dar un rodeo al tratado de 1904 e invalidar su contenido sin mencionarlo, porque sabe que si lo hace su causa estaría perdida. Por igual motivo, y como lo señaló en una reciente entrevista por televisión el ex Presidente Carlos Mesa (al parecer, principal encargado de la promoción internacional de la demanda), elude el hecho clave de la objeción de Perú a una entrega de soberanía junto a la frontera chileno-peruana, sosteniendo que ello forma parte de una etapa posterior y ajena a nuestra supuesta obligación de negociar la entrega de un acceso al mar.

La construcción teórica de los llamados “derechos expectaticios” en que Morales funda su acción supone que varios Gobiernos chilenos habrían adquirido ya —por el solo hecho de haber tenido la buena voluntad de intentar un acuerdo en la materia que nunca se concretó y donde siempre Bolivia se opuso a las condiciones exigidas y finalmente las rechazó— el compromiso de volver a ofrecerlo, pero con la original característica de que satisfaga a la contraparte. En otras palabras, la negación misma de lo que implica una negociación internacional y de toda posibilidad que alguna se lleve a efecto en el futuro, en cualquier circunstancia histórica o lugar geográfico.

Enfoques Internacionales:

Lo que reveló el avión en Asia.

Desde que se confirmó su desaparición se inició un rastreo que llegó a involucrar a 26 naciones. Una tarea titánica, considerando los miles de kilómetros cuadrados de mar que revisar. El uso de alta tecnología y la necesidad de compartir la información recabada colocaron a los países asiáticos en posición complicada. Radares, satélites, aviones y submarinos de última generación son herramientas también destinadas a la vigilancia y al espionaje. Y los diferentes actores regionales se vieron en la necesidad, a regañadientes, de transparentar su existencia.

Como la mayoría de los 239 pasajeros a bordo del Boeing 777-200 eran chinos, Beijing fue de los primeros -además de Malasia- en disponer sus recursos tecnológicos para iniciar la búsqueda. Comenzó reubicando diez de sus satélites en órbita, pero luego llegó a destinar veintiuno. No fueron pocos los que se sorprendieron al comprobar que China contaba con tal número vigilando esa región.

India, el creciente rival de Beijing, también se sumó a los esfuerzos, pero fue muy parco al compartir la información de sus radares orientados hacia la bahía de Bengala. Unos lo interpretaron como el reconocimiento de que India no tiene tan vigilada esa región, a diferencia de su frontera con Pakistán, o que realmente la capacidad de sus radares es menos eficaz de lo pensado.

Beijing tampoco ahondó en la información obtenida. Según algunos analistas, fue una manera de ocultar el verdadero poder de su tecnología, pero también sus límites. De hecho, expertos estadounidenses han dicho que las fotos satelitales difundidas por China fueron alteradas para encubrir su real capacidad.

Malasia demoró una semana en informar que sus radares habían detectado el avión hacia el este, lejos del mar del Sur de China: una aparente prueba de su interés por no revelar la ubicación y capacidad de sus equipos. O que sus operadores habían desestimado, erróneamente, su presencia en las pantallas. A su vez, Tailandia esperó diez días para informar a Malasia que sus radares habían seguido al avión hacia el estrecho de Malaca antes de desaparecer.

Estos episodios demuestran la compleja situación que vive Asia, una región en la que no existe ninguna alianza u organismo capaz de coordinar los recursos de los diferentes países. A diferencia, por ejemplo, de la OTAN o del programa Five Eyes -cuyos orígenes se remontan a la Segunda Guerra Mundial-, que permite que los servicios de inteligencia de EE.UU., Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelandia compartan información.

A casi un mes y medio de su desaparición, las esperanzas de encontrar algún rastro del vuelo MH370 se desvanecen, dejando en el aire la pregunta de si los países involucrados habrían podido hacer más si la información manejada hubiera sido más detallada o incluso dada a conocer con mayor prontitud.

Una zona candente.

La gira por Asia, a comienzos de este mes, del Secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, demostró una vez más la importancia que el Gobierno de Obama le otorga a la zona. No solo ratificó el compromiso de EE.UU. con la defensa de aliados como Japón y Corea del Sur, sino que además expuso ante China su preocupación por el rol que este gigante está jugando en la región.

La tensión entre los países asiáticos ha ido en aumento en los últimos años. Corea del Sur ve con creciente preocupación la agresividad del Gobierno norcoreano de Kim Jong-un, que cuenta con proyectiles de corto y mediano alcance, además de armas nucleares.

Japón también teme las periódicas provocaciones y amenazas de Norcorea, pero sobre todo mantiene una constante tensión con China, a partir de la disputa por el archipiélago de las Senkaku, que Beijing reclama con el nombre de Diaoyu. El conflicto provoca frecuentes escaramuzas navales y aéreas.

Hagel también tuvo trabajo acercando posiciones entre Seúl y Tokio -donde Washington tiene importantes bases-, pues entre ambos subsisten roces cuyo origen se remonta a los abusos de las tropas japonesas contra la población coreana durante su expansión militar por Asia, en la primera mitad del siglo XX. A eso se agrega la disputa en torno a las islas Dokdo, en manos surcoreanas, y que los japoneses llaman Takeshima.

Otro factor de tensión es el paso dado por el Premier Shinzo Abe, quien levantó la prohibición que desde hacía casi 50 años pesaba sobre Japón para exportar armas. Su primera gran venta serían submarinos a Australia; una situación que preocupa profundamente a China, que también sufrió la invasión japonesa.

El resurgimiento de los nacionalismos en Asia -fenómeno del que Abe es ejemplo paradigmático- ha ido de la mano con una progresiva ampliación y modernización de las respectivas fuerzas militares, fundamentalmente navales. Sumado al llamado "giro hacia el Pacífico", de Barack Obama -que busca aumentar la presencia de EE.UU. en la zona, lo que molesta a Beijing-, se perfila un escenario de alta tensión y volatilidad. Una amenaza para una región que acoge a importantes economías mundiales y que es clave para el comercio internacional.

América Latina, región peligrosa.

Según un informe realizado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, América es el continente donde se cometen más asesinatos en el mundo, con 36% de los 439 mil crímenes ocurridos en 2012. El documento establece que en algunos países latinoamericanos se registran más muertes violentas que en naciones que se encuentran en guerra, y que la mayoría de esos decesos corresponde a homicidios de tipo “interpersonal”, es decir, aquellos cometidos por un familiar o conocido de la víctima, dejando en segundo lugar los vinculados a la delincuencia organizada.

 No es coincidencia que la severa inseguridad que existe en diversos países de la región esté asociada a una debilidad institucional crónica. Allí donde las instituciones y el estado de derecho son frágiles, son más comunes los homicidios, pues el costo para quienes cometen este tipo de crímenes es menor. Así, mientras el informe señala que en el 80% de los asesinatos cometidos en Asia y Europa la justicia es capaz de identificar y juzgar a un responsable, en América Latina sólo la mitad de los homicidas es finalmente sentenciado por un Tribunal, lo que constituye un alto nivel de impunidad.

 Afortunadamente, Chile es el país con la más baja tasa de homicidios en América Latina, con 3,1 asesinatos por cada 100 mil habitantes, lo que corresponde a 550 casos. El informe destaca la disponibilidad de datos en sistemas independientes (Carabineros, Investigaciones, Ministerio Público, Ministerio del Interior, INE, Sernam y Servicio Médico Legal). Ello permite una comparación efectiva y el intercambio de información, lo cual genera como resultado la existencia de estadísticas confiables y una vigilancia más efectiva, aspectos que se ven dificultados en otros países donde no existen o es muy difícil recabar datos creíbles y accesibles.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.