Temas nacionales e internacionales de actualidad…

Piñera,

por Adolfo Ibáñez.

 

 

El Gobierno que termina ha trabajado con aplicación y muestra buenas cifras. Hay signos positivos de un bienestar nunca visto en Chile. Esto lo diferencia de la Concertación, que se caracterizó por la dejación de sus gestiones. Sin embargo, ha concluido en un rotundo fracaso político, que será su herencia más perdurable. La decadencia de la derecha y la reaparición de las posturas rupturistas en la izquierda dan testimonio de estar cayendo a un vacío impensable hasta hace poco.

 

 

¿Cómo pudo suceder esto? Los discursos del Presidente entregan una pista: amplios, exhaustivos, y llenos de información precisa. Pero no apuntan a ninguna dirección. El líder debe señalar rumbos claros, objetivos que ordenen y orienten los esfuerzos cotidianos de las personas, de manera que todos se identifiquen y cohesionen: hay que explicar las cosas, hacer que todos se sientan participando en la construcción del proyecto, y convencer de que esas acciones llevan a las altas metas a que aspiramos. Le faltó una mística aglutinadora y solo buscó mostrar cuadros y cifras positivas.

 

 

Piñera desestimó los postulados de la derecha, dejando de lado una valiosa herencia de acciones y actitudes que nos habían sacado de la mediocridad de antaño. Por el contrario, validó muchas políticas concertacionistas que él y la Alianza habían denunciado como erróneas. Más aún, insistió en ser eficiente para hacer funcionar instituciones o políticas inadecuadas que lo desdibujaron. Soslayó las batallas por las múltiples pequeñas reformas necesarias para recuperar el camino de la libertad que nos permite la realización como personas. Fue así como desorientó a sus seguidores y terminó por desafectarlos.

 

 

También se dedicó, con gestos y actos notorios, a desacreditar al núcleo más propio de sus partidarios, con lo cual se labró un ambiente frío y distante en torno a su gestión. De aquí que ¿para qué estar en este lado si no es diferente del otro, y aquel parece ser más simpático? La suma de todo esto liquidó a la Alianza y posibilitó la reaparición de las posturas rupturistas.

 

 

La derecha, por su parte, estaba desgastada por haber sido funcional al carácter anodino y falto de objetivos de la Concertación, y por la sombra que le proyectan los grandes conglomerados empresariales surgidos de la combinación de socialismo y capitalismo a que se había llegado por las sendas anteriores. Esto facilitó el extravío hacia la nada a que condujo Piñera. Vienen tiempos para purgar este fracaso.

 

 

La Nueva Mayoría y la sombra de Piñera,

por Jorge Ramírez.

 

 

Si bien no se Gobierna con cifras, sí se Gobierna contra ellas. La administración de Sebastián Piñera ha logrado notables indicadores respecto a la gestión económica, empleo, reconstrucción y seguridad ciudadana, por mencionar algunas. La opinión pública, al terminar su mandato, y con una visión ya más serena y global respecto de lo que ha sido su período, le confiere un 50% de aprobación a su gestión. Y de manera legítima el Presidente da cuenta tanto de sus avances como de las cuestiones pendientes al cerrar el período Presidencial. Los líderes de la Nueva Mayoría acusan una suerte de intento de proyección política de La Moneda para un próximo período, lo cual parece insólito. Cuestionable sería si acaso lo hiciera en una fase electoral con ánimo intervencionista. ¿O acaso ahora se instauró la máxima de que un Presidente no puede hablar durante los cuatro años de su propia gestión?

 

 

¿De dónde viene, entonces, el malestar generalizado de la Nueva Mayoría respecto de los logros de Piñera? Los desafíos del Gobierno de Bachelet no sólo se reducen a la generación de altas expectativas, al acecho de los movimientos sociales y al juicio crítico de una opinión pública cada día más exigente (el caso Peirano es sólo una breve sinopsis de aquello), sino que también, Bachelet deberá Gobernar en buena parte de su período contra las estadísticas y, más precisamente, contra los indicadores de Piñera. Las constantemente trivializadas cifras de crecimiento y generación de empleos serán naturalmente el patrón de comparación de una parte de la evaluación de la ciudadanía hacia la gestión de Bachelet.

 

 

Por mucho que el electorado de hoy sea más sofisticado y valore cuestiones que van más allá de lo estrictamente “material” (empleo, salarios, seguridad ciudadana), constantemente los datos de opinión pública reflejan que la ciudadanía es extremadamente sensible a la percepción de cada uno de estos indicadores. No por nada Eduardo Frei en su momento sucumbió en términos de popularidad frente a la crisis asiática, Bachelet en su primer mandato encarnó la “protección” en el contexto de una crisis internacional, y hoy Sebastián Piñera, a pesar de todas sus debilidades es -en lo objetivo- aprobado en cuanto a su gestión.

 

 

Conscientes de aquello, en la Nueva Mayoría ya han tomado cartas en el asunto y la arremetida comunicacional contra la figura de Piñera es una realidad. Sin embargo, el nuevo conglomerado comete un error, y es que centra sus dardos en el mensajero, no reconociendo en el éxito de la gestión de Piñera un trabajo del sector. A diferencia del carisma de Bachelet, que es estrictamente personal, los logros de Piñera no sólo deben ser atribuidos a sus capacidades o atributos de liderazgo, firmeza, conducción y decisión, sino que son parte del capital y trabajo de todo un sector. Administrar ese capital, sin desconocer las materias sobre las cuales es posible mejorar, será una de las labores principales de la centroderecha desde la oposición.

 

 

A su vez, en la Nueva Mayoría ya no será posible cuestionar las cifras que son producto de su propio desempeño. Por lo tanto, deberán hacer frente a la sombra de Piñera, ya no desde su crítica, sino que a partir de sus resultados.

 

 

Obra inconclusa,

por Juan Andrés Fontaine.

Finaliza el primer Gobierno de centroderecha elegido democráticamente después de medio siglo. Como ex Ministro, me siento partícipe de su obra, de sus aciertos y sus errores.

Su promesa era ambiciosa: llevar pronto a Chile hacia el desarrollo, hacia una sociedad con más oportunidades y seguridades. Con dedicación personal y acuciosidad admirables, el Presidente Piñera y su equipo examinaron palmo a palmo nuestro mapa económico y social, identificaron sus muchas falencias, formularon planes inteligentes, lograron materializar medidas concretas que ya hacen sentir sus primeros frutos y dejaron encaminados múltiples proyectos que cubren los más variados aspectos del quehacer nacional. El sentido del programa fue ensanchar la libertad individual y apoyar a las personas en su esfuerzo por forjarse una vida más digna. Por ejemplo, encontrar un buen trabajo, iniciar un emprendimiento, escoger una mejor educación, atenderse en un hospital sin lista de espera, librarse de trámites burocráticos, comprar bienes y servicios en mercados competitivos y confiables, vivir en barrios seguros y con más áreas verdes.

Las cifras hablan por sí solas: la receta económica y social funcionó. El Gobierno del Presidente Piñera, ayudado también por el ciclo internacional y la eficiente reconstrucción post 27-F, fue capaz de despertar positivas expectativas y motivar una impresionante ola de inversión, creación de empresas e innovación productiva. Frutos palpables de ella son el alto crecimiento económico, el millón de nuevos empleos y la mejoría en la calidad de vida de todos, pobres y ricos. La Alianza puede estar legítimamente orgullosa de esos logros.

Pero algo parece haber fallado en la receta política, llevando de vuelta a La Moneda a la coalición adversaria. El Gobierno no supo motivar bien a su propia coalición y enfrentó una oposición tan pertinaz como demagógica. Tal vez por ello prefirió rehuir decisiones duras, pero muy necesarias, en energía, en lo laboral, en competitividad. La opinión pública vio entonces los buenos resultados económicos y sociales como un mero golpe de suerte, no como fruto de las reformas impulsadas. Desafiado por el populismo estudiantil, el Gobierno y su coalición parecieron arrastrados al campo adversario, consintiendo en que la desigualdad y los abusos se combaten con más impuestos y controles Estatales, en lugar de más crecimiento, competencia y transparencia.

Aunque también inciden factores externos, las dificultades e incertidumbres políticas terminaron por hacerse sentir en la decepcionante marcha de la economía en 2013. No obstante, en los años previos, el primer Gobierno de la Alianza demostró que, cuando se aplica con convicción y determinación, su receta es capaz de imprimir el dinamismo que Chile necesita. Su obra queda inconclusa, pero es un buen punto de partida para trabajar desde ya por la alternancia.

Hay que tomar partido en Venezuela,

por Hernán Felipe Errázuriz.

Ya no valen la ambigüedad ni la indiferencia frente al Gobierno de Maduro. Hay que tomar partido. Equivocada es la posición de José Miguel Insulza. Dijo que no le corresponde abanderizarse en la crisis venezolana. No se trata de interferir en los asuntos internos de otro Estado, sino de defender el respeto de derechos universales y de la carta democrática de la OEA a su cargo. Con razón el diario El Comercio, de Lima, en su editorial de ayer, lo reprocha y plantea cerrar la OEA por su inoperancia.

Como era previsible, el Gobierno de Maduro es un completo desastre y merece repudio mundial. Peor, está resuelto a conservar el poder a cualquier costo. Lo mismo que hiciera su mentor, que terminó de Presidente vitalicio. ¡Qué otro desenlace podía esperarse del socialismo del siglo XXI y del populismo!

Pocos se han atrevido a criticar al chavismo ante sus provocaciones, amenazas, petrodólares, y su control de los organismos latinoamericanos. Su apoyo en la región ha sido irrestricto por sus clientes del ALBA, Ecuador y Argentina, que contaban con la ambigüedad brasileña. Solo Colombia, Perú y Panamá lo han enfrentado. Ayudó también la debilidad de Obama frente a los excesos del difunto Mandatario caribeño y de su sucesor. En el caso chileno, además, prevaleció el interés por contener el apoyo de Venezuela a la especulación marítima boliviana. Chávez se comprometió a bañarse en costas bolivianas. Entonces, no extrañaba que el Presidente Piñera tomara distancia de los acontecimientos para que Chile no apareciera excluido de la comunidad latinoamericana. Y tuvo éxito; no nos volvió a provocar. Asombrosa fue la frase del Presidente: ¡Viva la diferencia!, para diferenciar sin conflictos el abismo entre los dos sistemas de Gobierno. Luego sirvió como guardia de honor en los funerales de Chávez. Poco antes el Canciller Moreno hacía una gira internacional con Maduro para promover la CELAC. Y hasta ahora las autoridades de gobierno se han negado a reunirse con la oposición venezolana, que también recibió el rechazo de la audiencia solicitada por su líder Henrique Capriles a la Presidente electa.

Ya no tiene los costos de antes enfrentar al gobierno venezolano. Maduro se derrumba, su Gobierno es un desprestigio para el populismo; carece de medios para remunerar a sus clientes internos y externos, y cunden el desabastecimiento, la detención y persecución de sus opositores y la censura de los medios de comunicación. Estas realidades no son posibles de ocultar. Hay mérito para que el Congreso Nacional reaccionara, el cual, con los apoyos de la DC, PPD, RN y la UDI, y la abstención socialista y el rechazo del PC en el caso de la Cámara, ha condenado el totalitarismo del Gobierno venezolano.

Democracia morbosa,

Por Gonzalo Rojas S.

Cerca ya del centenario de tan notable texto orteguiano, nuestra propia democracia se apresta para cumplir, desde el 11 de marzo, con la condición fundamental del morbo que el ilustre madrileño describía por allá por 1917.

Decía Ortega: "Vivimos rodeados de gentes que no se estiman a sí mismas, y casi siempre con razón; quisieran los tales que a toda prisa fuese decretada la igualdad entre los hombres; la igualdad ante la Ley no les basta: ambicionan la declaración de que todos los hombres somos iguales en talento, sensibilidad, delicadeza y altura cordial".

Quizás no se logre en los primeros cien días, tal vez ni en mil, pero la intención es esa, y la vamos a padecer.

Ortega lo veía venir, lo veía avanzar y hubo un momento, ya en plena Segunda República española, en que hubo de pronunciar su famoso rechazo: "No es esto, no es esto".

¿Hay intelectuales en Chile que puedan enfrentar hoy, con esa misma radicalidad, el igualitarismo, la secularización, el sectarismo, la banalidad y la corrupción que caracterizan el ADN de concertados y comunistas?

Varios de los llamados a esta tarea, al leer estas líneas, ya se sienten eximidos: no es para tanto lo que viene, afirman; "yo, ante todo, soy demócrata", sostienen, olvidando que ya Ortega los fulminó, afirmando que "el plano a que la idea democrática se refiere no es un primer plano, no es un 'ante todo' ".

Pero ese es en buena medida el problema de la democracia chilena: la izquierda tiene comunicadores que repiten consignas y posan de intelectuales, y la derecha tiene intelectuales que prefieren posar de demócratas.

Y, entonces, la pobre democracia queda librada por completo, sin complemento alguno, en manos de los partidos. Apenas hay luces desde la filosofía y la historia, desde las artes y la literatura, que les indiquen a los hombres del Parlamento de qué se trata todo esto. Y, cuando algunos intelectuales lo hacen, sus comentarios provocan tal escozor en quienes solo esperan alabanzas, que los aludidos replican con molestia. Varias veces he recibido el mismo comentario proveniente de Parlamentarios amigos: "Esas críticas solo nos dañan". Obvio: los que así hablan únicamente están pensando en su prestigio y en sus votos, no en hacer las cosas bien. Los "gracias por sacar roncha" brillan por su ausencia.

Y que no vengan los políticos a rechazar por definición ese aporte, porque no hay uno solo que al terminar sus días no quiera verse citado en textos, alabado por la historia, halagado por las letras.

Hace más de 15 años, un grupo de profesores de la Universidad Adolfo Ibáñez fundó Intus-Legere, una revista que recordaba la capacidad de los intelectuales de leer dentro, de usar la inte-ligencia. Y aún existe esa publicación, a pesar de la desviación pragmática que ha caracterizado a aquella corporación.

Leer dentro de la democracia, leer sus defectos, contarles a sus actores cómo se ven las cosas desde los libros y el pensar reposado, esa es una tarea sin la cual el régimen democrático deviene en pobre mecanismo. También es cierto que el sectarismo izquierdista con frecuencia minimiza o anula a los intelectuales de signo humanista. Pero si algo caracteriza al pensador de verdad, es que no son los límites los que lo determinan, sino las posibilidades las que lo estimulan.

Sí, hay escasez de proyectos en los partidarios de una sociedad libre; pero, sobre todo, a veces hay anemia en la inteligencia y en muchas ocasiones hay anticuerpos que combaten el pensamiento.

Parece más cómodo cerrarse a esas influencias, descalificarlas. Pero si esa actitud prima, solo se conseguirá ayudar a que se consolide la democracia morbosa que otros van a administrar y a malgastar.

Comisión de actos terroristas en La Araucanía.

El análisis de la reciente sentencia condenatoria dictada por el Tribunal oral de Temuco en contra del activista mapuche Celestino Córdova, no ha aquilatado debidamente que la misma resolución por unanimidad tuvo por acreditada la comisión de un delito terrorista en contra de la familia Seco Fourcade, aunque haya absuelto al imputado por falta de pruebas. En otras palabras, el Tribunal declaró formalmente que en La Araucanía se ha cometido un acto terrorista. Por consiguiente, no cabe sino concluir que en la Región existen grupos que están recurriendo a formas de terrorismo para lograr sus objetivos, lo que resulta de la mayor gravedad, pues la sociedad chilena no puede aceptar que la práctica del terror se instale como medio de resolver los conflictos sociales o lograr respuesta positiva a determinadas demandas, por justificadas que éstas puedan parecer.

Que Judicialmente se haya establecido que en el país se cometió un acto terrorista, hace patente un desafío mayor a la convivencia nacional, que requiere de una respuesta oportuna y proporcionada de la autoridad, puesto que un evento terrorista jamás puede considerarse como un hecho aislado. La propia definición Legal concibe el ilícito terrorista como la perpetración de ciertos delitos comunes con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie. Así, en el terrorismo necesariamente está implícita la reiteración de las acciones delictivas para sembrar inseguridad en la ciudadanía. De hecho, ya en 2001 se registró la primera condena por delito terrorista en el ámbito del llamado conflicto mapuche; ahora, nuevamente un hecho ha merecido Judicialmente esa calificación. En el intertanto, se han sucedido numerosos atentados relacionados con las reivindicaciones de un sector mapuche, varios de los cuales el Ministerio Público ha perseguido como terroristas. Luego de la reciente sentencia, se han vuelto a cometer atentados que se inscriben en el mismo patrón.

Por ello, la reacción de satisfacción del Ministro del Interior frente a la sentencia, en orden a que se ha reconocido la tesis que el Gobierno siempre sostuvo, no es suficiente, conforme al rol que compete a la autoridad encargada de la seguridad pública, que tiene el deber de adoptar las medidas y políticas conducentes a neutralizar las acciones terroristas, cuya existencia se ha establecido, y en definitiva, de llevar tranquilidad a la ciudadanía en la zona afectada. El reconocimiento Judicial de un acto terrorista debiera haber motivado la formulación de acciones concretas en ese sentido.

Se puede comprender una reacción limitada cuando se trata de un Gobierno que está a semanas de concluir su gestión. Menos comprensible resulta la reacción del Ministro del Interior designado por la administración entrante, quien ha dicho que la “Ley antiterrorista no está para resolver los conflictos sociales”. En efecto, no es ese su objetivo, sino disuadir que aquéllos se pretendan resolver mediante la violencia y la amenaza. Más allá de las calificaciones Jurídicas a los hechos, lo cierto es que se ha establecido Judicial e incuestionablemente que hay grupos que están realizando acciones para infundir temor e inseguridad en La Araucanía. Es de gran importancia, entonces, que el nuevo Gobierno explicite la forma de cómo hará frente a esa preocupante realidad.

Demanda boliviana: agentes y agencia.

Excelentes y ponderadas decisiones ha tomado la Presidente electa con la ratificación del abogado Felipe Bulnes como agente y la designación de Claudio Grossman como coagente para la defensa de Chile en la demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Se trata de dos profesionales indiscutidos, que confirman lo expresado por el futuro Canciller respecto de nombrar a "los mejores", independientemente de sus filiaciones. También corresponde elogiar la ratificación de Bulnes, por reafirmar una política de Estado que reconoce que estas designaciones trascienden a los Gobiernos y son respetadas por sus sucesores. Y no podría ser de otra manera: estos juicios se prolongan por más de una Presidencia.

Este acertado paso, sin embargo, no es suficiente para asegurar el pleno éxito en este trascendental litigio. Entre otros problemas, Chile carece de una institucionalidad permanente que sirva de plataforma para la defensa de sus intereses soberanos y patrimoniales en cortes internacionales. Otra vez se improvisará una organización ad hoc exclusivamente para este litigio, como se hizo con la demanda peruana. Se procede así sin recoger la experiencia vivida, como si el país aún estuviera en el siglo pasado, cuando los juicios internacionales en contra de los Estados eran excepcionales y estaban protegidos por la inmunidad soberana de Jurisdicción y ejecución ante Tribunales extranjeros. Ahora los Estados están expuestos a una multiplicidad de riesgos políticos y responsabilidades patrimoniales por demandas ante esos Tribunales, y no pueden excusarse de respetar sus sentencias. Por lo demás, Chile ha renunciado a la inmunidad en varios tratados, y hay una Ley que lo permite en los temas penales, de derechos humanos, financieros, comerciales y de inversionistas extranjeros. De allí que el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales propusiera la creación de una repartición para la defensa Judicial en el exterior de la responsabilidad del Estado.

Tampoco está previsto que el agente se radique en La Haya, como lo hicieran el Perú y Bolivia, que los han designado como Embajadores en Holanda. Parecida fue la situación en los casos de Palena y el Beagle, en que los agentes se domiciliaron en las sedes de funcionamiento del Tribunal respectivo, Londres y Ginebra. Tal cercanía se estima fundamental de acuerdo con la experiencia. Ninguno de los dos patrocinantes de la defensa tendrá dedicación exclusiva: ambos agentes podrán atender a sus clientes privados, dualidad en parte explicable. Mientras a los abogados extranjeros se les remunera reservadamente con honorarios de mercado, no ocurre lo mismo con los agentes que no son Diplomáticos, a quienes no les queda otra opción que recurrir a los ingresos que proporciona el ejercicio particular.

También este caso requiere contrataciones para la comunicación pública mediante canales especializados que difundan la legítima posición chilena y las concesiones extraordinarias -y sin precedentes en el mundo- que el país otorga a Bolivia, y que se contrastan con las falsedades y nula cooperación de la mayoría de los Gobiernos de ese país para aprovechar las oportunidades de intereses compartidos. Ya sabemos que en estos casos no se aplica estrictamente el derecho internacional, y es obvio que la dimensión política y percepción comunicacional se superponen y pueden condicionar lo Jurídico.

Chile ha dado siempre muestras de unidad en la defensa de su territorio, mediante una política de Estado que trasciende gobiernos y convoca equipos de juristas y diplomáticos de excelencia. Pero ya no basta con esos atributos. Aún hay tiempo para corregir las falencias institucionales de nuestra defensa judicial en el extranjero.

La cuarta renuncia.

No ha resultado fácil la nominación de los Subsecretarios en el Gobierno que se inicia hoy, como lo comprueba, después de los tres cambios anteriores, éste de última hora de Carolina Echeverría por Gabriel Gaspar. Ambos ya se habían desempeñado en cargos de esa categoría dentro del Ministerio de Defensa en la anterior administración de Michelle Bachelet y en la de Ricardo Lagos, respectivamente.

 En relación con las personas anunciadas primero en las carteras de Agricultura y Bienes Nacionales habían existido denuncias Judiciales, que podrían dañar su imagen aunque estuvieran superadas, lo que cabe atribuir directamente a fallas internas de información y control en el proceso de selección de esos nombres, como reconoció el propio equipo de la Mandataria electa. En el caso de Claudia Peirano, en Educación, no obstante sus reconocidos méritos humanos y profesionales, primó claramente la presión de quienes —en especial dirigentes del movimiento estudiantil— le reprochaban vínculos con la enseñanza particular y matices de opinión en el tema programático del lucro y la gratuidad.

 La situación de Echeverría es diferente, porque las críticas —que provienen aquí sobre todo de las organizaciones que representan a víctimas de violaciones a los derechos humanos— se refieren al hecho de que su padre, oficial de Ejército en retiro, hubiera podido estar involucrado en ese tipo de delitos, como lo afirma una acción Judicial en su contra presentada recién el viernes pasado. Llama la atención que ello no se mencionara la primera vez que Echeverría ejerció la Subsecretaría de Marina, ni que ahora tampoco se invoque como causal de su marginación la imputación que le han formulado ex marinos de haberles exigido retirar denuncias por torturas a cambio de obtener beneficios económicos, asunto sobre el cual ha eludido pronunciarse. Esto último, de ser efectivo, sí constituiría un grave acto personal suyo, pero no parece preocupar a las nuevas autoridades.

 En cambio, el debate ha girado en torno a la eventual responsabilidad de su padre y a la circunstancia de que, “manchada” para algunos por esa supuesta culpa, la hija deba cargar con sus consecuencias, al privársela del derecho a desempeñar una función pública. Esa peculiar teoría podría afectar por igual e inmerecidamente a un sinnúmero de ciudadanos. La Presidente electa sostuvo la sana doctrina de que eso implica una injusticia y, al igual que había hecho ante las críticas a Peirano, le ratificó públicamente su confianza a Echeverría. Sin embargo, en ambos casos primaron las demandas, mayoritariamente de la extrema izquierda, dentro y fuera de la Nueva Mayoría, lo que abre interrogantes sobre el real alcance del respaldo Presidencial, que hasta ahora solía significar que un funcionario se mantenía en el cargo, no que renunciara a él pese a contar con el apoyo explícito del Gobernante.

 Los problemas que suscitaron algunas designaciones del futuro equipo de Gobierno fueron explicados por errores cometidos por éste y por su coalición de partidos al momento de proponer y evaluar nombres para los distintos cargos. Ello dio pie al compromiso de ser más prolijos en futuros nombramientos, lo que será puesto a prueba al conocerse los 56 Gobernadores nombrados por el nuevo Ejecutivo.

A su vez, la demora en resolver los inconvenientes generados por dichas designaciones se justificó siempre invocando como factor determinante la decisión personal de la Presidenta Bachelet, a la cual se subordinaban los partidos que la apoyan. Aunque formalmente los episodios a que nos referimos hayan concluido con renuncias voluntarias, han quedado en evidencia en la Nueva Mayoría actitudes contradictorias, vacilaciones y una peligrosa aceptación de presiones —ajenas incluso a la coalición— que relativizan la idea de una autoridad Presidencial indiscutida, y que abren dudas sobre el futuro manejo del Ejecutivo ante desafíos que ya se perfilan inminentes, como las manifestaciones anunciadas antes de que termine el mes.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.