Ecos temáticos de la semana…

Gobernar para las clases medias,

 por Eugenio Guzmán.

La metamorfosis de la Concertación en Nueva Mayoría se la ha visto principalmente como un giro hacia la izquierda, que consistiría en la incorporación definitiva del Partido Comunista. Dicha incorporación, sin embargo, no es el único factor. Por lo pronto, desde un punto de vista electoral, desde hacía tiempo, a través de acuerdos informales por la vía de los hechos, la adhesión de éste en las urnas se había expresado en diversas oportunidades. Así, desde la Presidencial de 1999 esto fue claro y se concretó paulatinamente en las elecciones posteriores.

Existe otro factor que es más complejo de identificar y administrar, y tiene que ver con los sectores a los que quiere dirigir un discurso, a saber: las clases medias. El giro programático así lo insinúa. De hecho, si observamos una de las principales demandas que generaron las movilizaciones en el Gobierno de Piñera, las de educación, no hacían otra cosa que reflejar los problemas que enfrentan los sectores medios. En efecto, desde 1990 a la fecha más de un 30% de las familias chilenas dejaron la pobreza y comenzaron a acceder a bienes y servicios que antes no tenían, entre ellos la educación subvencionada particular (con y sin financiamiento compartido) y la educación superior (más del 60% de los estudiantes que ingresan al sistema universitario sus padres no provienen de él, según Jorge Castillo y Gonzalo Cabezas).

Pero estos sectores sociales anidan en su interior una contradicción; por una parte, desde un punto de vista económico-social son heterogéneos, pero desde un punto de vista político-cultural, son homogéneos, lo que se expresa en su impaciencia y en que son herederos de una tradición que le asigna un rol central al Estado.

En lo económico-social su heterogeneidad se manifiesta de muchas formas, pero tal vez la más clara es que en muchos casos su ascenso social no ha estado caracterizado por mayores niveles de seguridad económica. De hecho, cualquier evento crítico (desempleo o enfermedad) hace tambalear sus finanzas. Hay otros grupos que, aunque exhiben mayor seguridad económica y sienten que los eventos críticos no los amenazan con devolverlos a la pobreza, sí se ven privados de los beneficios de la sociedad de consumo. Por último, están también quienes teniendo aun mayor seguridad, consideran como eventos críticos lo que tiene que ver con el acceso a determinados bienes.

Desde un punto de vista político-cultural, se trata de sectores que han construido su identidad de manera mixta, es decir, fueron los receptores de una red social organizada desde el Estado que les permitía, en algunos casos, acceder a la vivienda, la salud y la educación, entre otros. Pero, por otra parte, el acceso a un sinnúmero de otros bienes ha sido el resultado de su propio esfuerzo. Claro está que para sostenerlo requieren eximirse de la carga que sus hijos y ellos mismos enfrentan para gozar de educación privada, acceso a la universidad, isapres, automóvil, etc. Esto da lugar a una identidad que exige más Estado en algunos casos y menos en otra.

Algunos desean la gratuidad en educación superior, pero al mismo tiempo quieren que los impuestos específicos a los combustibles disminuyan y quieren carreteras gratis, pues se les dice que sus impuestos las financian. Y muchos preferirían no hacer aportes al colegio subvencionado de sus hijos; sin embargo, quieren seguir gozando de la exclusividad del colegio en que estudian. Algo similar ocurre en salud.

En resumen, se trata de sectores que integran en su visión de la realidad la inmediatez, propia de una historia de esfuerzos personales de acceso al consumo, pero también de cierto asistencialismo heredado de sus historias de vida. Por primera vez hoy son contribuyentes y por lo tanto exigen más. Son menos ideológicos y más heterogéneos en sus demandas, y gobernar para ellos es mucho más caro de lo que era para los sectores más populares.

¿Un Chile a la europea?

(Editorial diario El Comercio, Perú.)

Si el gobierno de Bachelet cambia el modelo chileno, el Perú debe consolidar el liderazgo económico de la región.

Por años, sucesivos Gobiernos en Chile han logrado resultados económicos que han convertido a su país en “el milagro” de América Latina. Hoy, esta nación posee la renta per cápita más alta de la región, la cual aumentó desde aproximadamente US$5.000 en 1990 a casi US$20.000 a la actualidad y el Banco Mundial la considera dentro del grupo de países con ingresos altos en el mundo.

Durante ese mismo período, además, Chile logró reducir la cantidad de ciudadanos que se encuentra debajo de la línea de pobreza del 40% al 15%, más que el resto de países latinoamericanos. Y, según las Naciones Unidas, es el país que tiene el mayor índice de desarrollo humano por este lado del orbe.

La receta que Chile ha seguido para obtener estos impresionantes resultados no es un secreto: por décadas el país del sur ha apostado por la libertad económica. Muestra de ello es que, durante los 20 años de existencia del Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, Chile ha sido calificado consistentemente como una de las economías más libres del planeta. De hecho en el ránking del 2014, ocupa el puesto 7 de todo el mundo y el primero de América Latina.

No obstante, a pesar de que la mencionada apuesta le ha pagado tan bien a Chile, Michelle Bachelet está considerando seriamente la posibilidad de colocar sus fichas en otro lado. La Presidente de Chile ha anunciado su intención de elevar los impuestos, aumentar las prestaciones sociales que brinda el Estado e incluso promulgar una nueva Constitución para profundizar este tipo de cambios.

Aún es incierto si la señora Bachelet tendrá el apoyo para implementar todas estas iniciativas. Su partido no tiene los 80 votos necesarios para cambiar la Carta Magna y la coalición con la que llegó al poder está integrada por grupos disímiles, los comunistas y los demócratas cristianos, que no necesariamente coinciden en la dirección hacia la que debería caminar su país. Sin embargo, las convicciones de la Presidente de que el “modelo chileno” debería llegar a su fin parecen ser firmes. Según ella “la verdadera amenaza de Chile es no hacer las reformas”. Existe, por tanto, una posibilidad de que la economía chilena termine “europeizándose”. Es decir, que se adelgace la libertad económica con la finalidad de alimentar a un Estado de bienestar más nutrido.

Las razones para este cambio de rumbo son conocidas y las enfrenta cualquier país que ha experimentado un crecimiento importante: una vez que la torta crece, a los políticos les es más fácil dedicarse a repartirla populistamente en vez de profundizar las reformas que permitirían que la misma crezca más y con mayor velocidad. Dichos políticos, sin embargo, pasan por alto que el principal inconveniente de convertirse en un país con un Estado de bienestar europeo es que es imposible hacerlo sin adquirir también los problemas económicos de Europa. Es decir, un estancamiento de la productividad y la competitividad que ha llevado a que estos países hoy estén buscando desmantelar aunque sea parte de sus insostenibles sistemas de prestaciones sociales.

En el Perú, de hecho, algo de esto también ha sucedido. El Gobierno de Humala ha aprovechado los recursos que ha traído el crecimiento económico para expandir considerablemente los presupuestos y el alcance de los programas sociales sin medir las consecuencias de esta decisión. Un ejemplo es el Programa Juntos. En el primer año de este Gobierno pasó de beneficiar a 950 mil personas a asistir a 1.500.000. Un número que sigue creciendo sin que nada asegure que será financieramente sostenible o que los receptores de la ayuda estén desarrollando medios para lograr producir en un futuro su propia riqueza.

El Perú debería ver lo que ocurre en Chile y tomar de ello dos lecciones. La primera, que debemos estar preparados para ver más políticos prometiendo una “mejor” repartición de la torta, pues es una tendencia natural pero que trae negativas consecuencias para el crecimiento. La segunda, que si Chile implementa el cambio de rumbo que propone Bachelet, deberíamos aprovechar el momento para profundizar la apertura de nuestra economía y tomar el liderazgo económico de la región que el vecino del sur, probablemente, abandonaría.

Los desafíos del Ministro Eyzaguirre.

Existe un consenso general en cuanto al protagonismo central de la reforma a la educación en el programa del nuevo Gobierno, tanto por lo complejo de su contenido y la cantidad de factores que han de ser abordados, como por la importancia que sus efectos deberían tener en otros temas que se estiman también prioritarios, entre ellos el acceso a las oportunidades de desarrollo personal, la mejor calidad de la formación y la disminución de la desigualdad que se reprocha a nuestra sociedad. En todo esto, la mayor responsabilidad directa recae sin duda en el Ministro Nicolás Eyzaguirre, quien habrá de conjugar variables muy diversas, no sólo en los aspectos técnicos, sino también en relación con las demandas de los movimientos sociales y el rol que frente a ellas tendrán las fuerzas políticas, en especial los Parlamentarios encargados de darles una solución Legislativa adecuada y razonable.

Consciente de ese desafío, el Ministro se ha mostrado prudente en las señales dadas hasta ahora, privilegiando un diálogo abierto con los distintos sectores, aun en la etapa previa a la presentación oficial de los proyectos que concretarán la reforma, e incluyendo en su equipo asesor a personas vinculadas a los dirigentes estudiantiles. Estos constituyen el grupo potencialmente más duro para una futura negociación, pese a lo cual el Ministro no cuenta todavía con una respuesta favorable de ellos para iniciar las conversaciones. La razón invocada está en una diferencia interna que se habrá de resolver en una próxima asamblea respecto de si es necesario o no conocer primero las medidas concretas del Gobierno, más allá de los grandes objetivos anunciados en la campaña.

Al parecer, tampoco la propia Presidente ha decidido aún si enviará al Congreso un planteamiento global que abarque el conjunto de la reforma o si comenzará con algunos proyectos específicos de más fácil despacho, pero que sean indicativos de la orientación general que se busca. Es probable que, en este último caso, las posiciones maximalistas que hoy predominan en el movimiento social (como lo revelan varias de las demandas de la primera marcha de este año el próximo sábado, a la que adhieren grupos de alumnos) no se den por satisfechas, ya que ellas pretenden un cambio de fondo del sistema en cuanto al objetivo mismo de la educación, lo que exige disponer del contenido total de la propuesta y podría trabar cualquier acuerdo global con los estudiantes.

Si bien ése es el nudo más difícil, están además los puntos de vista y expectativas de otros actores, como el magisterio o el sector de la enseñanza particular subvencionada, y los de los mismos Parlamentarios que, incluido por ejemplo el Senador del PS Carlos Montes, han dejado en claro su voluntad de analizar en su mérito los proyectos para perfeccionarlos si resulta conveniente. Es evidente que Eyzaguirre deberá contar con un apoyo sólido del oficialismo (para evitar tropiezos como el que sufrió el Ministro Bulnes durante la administración pasada, cuando el Presidente Piñera citó a los estudiantes a La Moneda sin avisarle previamente al titular del Mineduc), pero además requerirá perseverancia, flexibilidad, respaldo técnico, un fino manejo político y, sobre todo, sintonía con las verdaderas aspiraciones educacionales de las familias chilenas para sus hijos, que no siempre coinciden con las demandas de la calle.

El diálogo requiere disposición a revisar posturas.

A partir de la asunción del mando por parte de la Presidente Michelle Bachelet el martes último, ha sido evidente el propósito de imprimirle a su gestión un sello de urgencia y eficacia en la concreción de los compromisos asumidos en la campaña, particularmente, en las primeras 50 medidas anunciadas en la campaña.

Siendo necesaria y positiva esa actitud en la administración entrante, debe evitarse que sea interpretada como una justificación para excluir el diálogo y análisis que debe existir en torno a las propuestas que se formulen para concretar el programa de Gobierno, porque ello desnaturalizaría el ambiente de colaboración que debe existir en democracia y podría generar una polarización que termine debilitando la misma eficacia gubernativa que se quiere promover.

En este sentido, han existido declaraciones contradictorias de las nuevas autoridades y de representantes de la Nueva Mayoría. La Presidente recalcó en sus primeras palabras que el Gobierno estaría totalmente abierto al diálogo, acogiendo con su llamado especialmente a los que no habían votado por ella o no habían concurrido a votar en la última elección. Sin embargo, han existido declaraciones contradictorias de Ministros, señalándose en algunos casos que habría disposición al diálogo, pero siempre que éste se oriente en el sentido del cumplimiento textual del programa de Gobierno. En el extremo, un Diputado del Partido Comunista señaló que no aceptarían ningún cambio en las medidas que estaban incluidas en el dicho programa.

El nuevo Gobierno enfrenta la necesidad de obtener respuestas rápidas y concretas en variados ámbitos en que realizó promesas de reformas profundas, para satisfacer así las enormes expectativas que sembró en la población y evitar motivos que justifiquen demandas de los movimientos sociales. Además, la exclusión del debate aparece como una vía atractiva para evitar que surjan tempranas desavenencias entre los partidos de la Nueva Mayoría, lo que lleva a exacerbar la letra del programa hasta un punto que no parece adecuado.

Los programas de Gobierno contienen los objetivos que se pretenden alcanzar, pero su materialización admite diferentes alternativas, que deben ser evaluadas a la luz de los proyectos específicos que se presenten y el debate que se suscite. Estimar que esas propuestas son inmutables, prescinde erróneamente de la contribución que significan otras visiones, como también el aporte valioso de expertos y de los diversos actores de la vida nacional, limitando así la profundidad de nuestra democracia y transformando el Congreso en un mero receptáculo de las disposiciones del Ejecutivo. No resulta posible aceptar un llamado a dialogar si se pone como condición aceptar íntegramente lo que se plantea.

Conjugar la necesidad de llevar adelante su programa y demostrar, al mismo tiempo, una apertura efectiva al diálogo exigirá del nuevo Gobierno una especial destreza política, particularmente para hacer frente a los grupos que ven en el control del Ejecutivo y del Congreso por parte de la Nueva Mayoría la oportunidad para imponer reformas más radicales. La Presidente ha dado pasos en la instalación que deberían ser secundados por el resto de la administración y mantener así el espíritu republicano que marcó el traspaso de esta semana.

Restricción a la venta de medicamentos.

En una  de sus primeras declaraciones realizadas a la prensa, la Ministro de Salud manifestó, entre otros aspectos, su rechazo a la venta de medicamentos en supermercados, argumentando que Chile es uno de los países de Latinoamérica con mayor tasa de automedicación y que el tema es “cómo complicar la venta de medicamentos, no facilitarla”, agregando que su interés es restringir aún más su comercialización.

Así, se cierra toda posibilidad de que a futuro se pueda implementar esta medida, lo que resulta lamentable, ya que se trata de una iniciativa que iría en directo beneficio de la población, pues permitiría un acceso más expedito a medicamentos que no requieren receta médica, especialmente para las personas que habitan en zonas del país donde existe un número insuficiente de farmacias. De hecho, en la Región Metropolitana, por ejemplo, hay varias Comunas que no cuentan con recintos de este tipo y el promedio a nivel nacional es de una farmacia cada nueve mil personas, en circunstancias que en Latinoamérica esa proporción es una cada tres mil. Además, la venta en góndolas de supermercados permitiría introducir mayor competencia entre los actores del sector, incentivando una baja de precios que ayudaría a aliviar el bolsillo de los chilenos.

Aplicar esta restricción carece de sentido, debido a que desde que entró en vigencia la Ley de fármacos, hace pocos meses, esos mismos medicamentos sin receta se pueden vender en las góndolas de las farmacias. Si lo que se pretende es bajar los niveles de automedicación, existen otros mecanismos para lograr ese objetivo, entre ellos, una mayor fiscalización por parte de las autoridades, el desarrollo de programas educativos y campañas para informar a la población de los riesgos que conlleva esa práctica, sobre todo cuando se trata de remedios que requieren prescripción médica.

Enfoques Internacionales: 0,22% en El Salvador.

Si bien el Tribunal electoral dio a Sánchez Cerén como el ganador de las elecciones recién pasadas, su contrincante de derecha consideró el triunfo "ilegítimo" y denunció un "fraude". Tras ganar la primera vuelta, las encuestas mostraban al ex Comandante rebelde liderando las preferencias por más de diez puntos, por lo que la estrechísima diferencia de los resultados no debería sorprender sino en la medida en que fue mucho menor de lo previsto.

Sánchez Cerén ha dicho que él está en la línea de José Mujica, de Uruguay, y de Dilma Rousseff, de Brasil, dos Presidentes que antaño participaron en guerrillas izquierdistas y que hoy lucen credenciales socialdemócratas. El ex Comandante salvadoreño ha rechazado la posibilidad de alinearse con el eje venezolano, y descartó seguir el ejemplo del tercer ex rebelde que Gobierna en la región, Daniel Ortega, de Nicaragua.

El "Comandante Leonel González", chapa de Sánchez, fue uno de los cinco líderes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN, que firmaron la paz en enero de 1992, tras lo cual miles de guerrilleros se desmovilizaron y entregaron sus armas en el plazo de un año. Actualmente ejerce el cargo de Vicepresidente en el Gobierno de Mauricio Funes, un periodista partidario de la guerrilla pero no miembro de ella, y que ganó las elecciones pasadas como candidato del FMLN, convertido en partido político tras los acuerdos de paz. Desde entonces, el FMLN ha participado en la vida política salvadoreña como un partido de izquierda no radical.

Tras dos décadas de Gobiernos de derecha, el triunfo de Funes, hace cinco años, alertó sobre los peligros de que el proceso de paz en El Salvador perdiera el impulso democrático si es que su administración se inclinaba hacia el ALBA. Hasta ahora eso no ha ocurrido, pero se mantiene en ciertos círculos el temor de que con Sánchez Cerén se reactiven sectores extremistas que busquen cambiar el modelo.

Historia de un proceso

La pacificación de El Salvador es uno de los casos más exitosos de mediación de Naciones Unidas. Con el fin de la Guerra Fría, la lucha de los guerrilleros marxistas en Centroamérica fue perdiendo impulso, y Estados Unidos, que apoyaba contundentemente al Gobierno salvadoreño, fue interesándose en poner término a la lucha. Fue en los últimos días de gestión de Javier Pérez de Cuéllar como Secretario General de la ONU cuando se firmó la paz.

Las condiciones fueron estrictas y muy vigiladas. A cambio de la desmovilización y entrega incondicional de las armas, los rebeldes obtenían la seguridad de que se incorporarían a la vida política, que se reduciría el amplio papel de las Fuerzas Armadas y que se les otorgarían tierras para que se instalaran los desmovilizados. No fue fácil la implementación de los acuerdos, pero en un año ya se habían cumplido todas las etapas establecidas, siendo el tema de la distribución de tierras el más complicado.

Para los escépticos del resultado del proceso de paz impulsado por el Presidente Juan Manuel Santos en Colombia, el caso salvadoreño puede arrojar luces sobre cómo se lleva a puerto una pacificación interna. Es cierto que en El Salvador no existía el complejo tema del narcotráfico y sus vínculos estrechos con la guerrilla, pero sí hubo en ese país otros temas complejos, como las violaciones a los derechos humanos cometidas por ambos bandos. Horribles crímenes se perpetraron en nombre de las ideologías antagónicas, tanto por la guerrilla marxista, las Fuerzas Armadas y los "Escuadrones de la muerte", los cuales fueron investigados por una Comisión de la Verdad y, más tarde, sus autores recibieron los beneficios de una Ley de amnistía amplia, lo que, supuestamente, ayudó a la reconciliación nacional.

La llegada al poder de un ex miembro importante de la guerrilla y firmante de la paz cierra un capítulo de este proceso y, al mismo tiempo, desata inquietudes sobre su futura gestión.

Desafíos del próximo Gobierno: ganar confianza opositora.

Con un crecimiento de apenas el 1,9 por ciento el año pasado y una pobreza que incluye al 40 por ciento de la población, el Gobierno que asumirá en junio tendrá una tarea complicada para mejorar la situación económica del país. Sánchez Cerén ha dicho que quiere seguir a Mujica en cuanto a la preocupación por el desarrollo y la inversión social. En ese sentido, continuará los planes sociales de Funes, que han ayudado a aumentar la escolaridad, mejorado las pensiones de los mayores, la atención de salud de las mujeres y el trabajo de los campesinos.

A la economía se suma otro desafío para Sánchez, el de la seguridad ciudadana. Con más de 10 mil violentos pandilleros, el Gobierno deberá desarticular esas bandas, las que, en todo caso, han declarado una tregua que consiguió bajar las muertes a la mitad en dos años.

Por las suspicacias de los opositores, Sánchez tendrá que hacer algo más que llamarlos a construir "una agenda común": deberá ganarse su confianza y convencerlos de que no cambiará el modelo democrático.

Difícil convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur.

El Canciller, en lo que denomina nueva política latinoamericana, se propone promover la convergencia de la Alianza del Pacífico con el Mercosur. El desafío es loable y complejo. Mientras la Alianza avanza resueltamente, el Mercosur sigue empantanado por casi un cuarto de siglo, por su débil compromiso con el libre comercio, uno de los pilares del desarrollo económico y de la diplomacia chilena. Las repercusiones de la asimetría de Brasil en el Mercosur y su politización creciente son dificultades adicionales: su Presidente pro tempore es Nicolás Maduro y está próxima a concretarse la plena incorporación de Bolivia y Ecuador.

Las exportaciones de la Alianza del Pacífico exceden sobradamente a las del Mercosur. En apenas un año lo ha superado ampliamente en la integración, mediante la liberación total de más del 90% de las exportaciones recíprocas; la eliminación de las visas de sus ciudadanos para transitar entre los países miembros, y significativos progresos en la flexibilización de las reglas de origen, de compras públicas, de integración financiera, en la homologación de las normas tributarias y en iniciativas sobre becas, investigación científica, turismo, promoción comercial y sedes diplomáticas conjuntas.

No hay precedente en Latinoamérica de progresos más amplios y rápidos en la integración regional que los acuerdos entre Chile, Colombia, Perú y México. Los cuatro países fundadores de la Alianza han capitalizado sus afinidades en materias Fiscales, monetarias, cambiarias, comerciales y de inversiones extranjeras. A la vez, se han favorecido del alto crecimiento, de su posicionamiento en el Pacífico y de las vastas redes comerciales, únicas en la región. Sacrificar estos activos en favor de la convergencia con el Mercosur debería estar fuera de discusión.

Los progresos, pragmatismo, valores compartidos y producción de más de la mitad de las exportaciones latinoamericanas provocan interés dentro y fuera del continente por participar en la Alianza. Con razón registra a cerca de treinta países como observadores, en tanto el Mercosur cuenta con apenas dos, ninguno de América del Norte; tampoco asiático ni europeo.

El propósito integrador de la Alianza del Pacífico no se contradice con la búsqueda convergencias con otras asociaciones regionales, ni debe merecer recelo de países de la Cuenca Atlántica. Es parte del regionalismo abierto, otro fundamento de la Diplomacia chilena.

Un par de  cartas para meditar.

Señor Director:

Cuoteo político.

Cuando un partido de Gobierno  reclama ante las designaciones de cargos Regionales, en las que habría sido perjudicado en cuanto al número de sus integrantes elegidos, muestra la disputa “de siempre”, por el funesto “cuoteo político”.

Mientras esa práctica no sea erradicada de nuestra idiosincrasia política, permitirá que se siga privilegiando la mediocridad antes que la idoneidad

¿Cuánto tiempo debemos esperar para tener en nuestro país protocolos transparentes en las designaciones de cargos y que la discusión sea por quién ofrece más calidad y no por la cantidad para cumplir el mentado “cuoteo político”?

Luis Enrique Soler Milla.

Señor Director:

Un desafío para la educación superior.

Durante la semana pasada, miles de jóvenes hicieron su ingreso a la educación superior. Sin duda, para sus familias, este hito constituye el fin de un proceso educativo que tardó, al menos, doce años en concretarse, mediando no pocos esfuerzos económicos para garantizar una formación que encaminara a los hijos a las exigencias de la educación terciaria.

En las aulas de los diversos centros de educación superior, quienes reciben a los nuevos estudiantes se enfrentan con un desafío considerable al constatar que aquellos doce años de educación formal, en la mayor parte de los estudiantes, no fueron suficientes para desarrollar las habilidades básicas que les permitan enfrentar en forma óptima los nuevos desafíos. Carencias en la capacidad de análisis lógico, comprensión lectora, reglas ortográficas y de aprender a aprender, forman parte de la realidad a enfrentar.

Más allá de las estrategias que los centros de educación superior dispongan para abordar esta situación, es urgente que la reforma educacional tenga una visión holística de las inequidades que hoy enfrenta el sistema educacional chileno. Mucho se ha hablado de que es necesario acortar la duración de las carreras, un difícil desafío cuando el nivel superior de formación debe hacerse cargo de las falencias e inequidades que hoy afectan a la educación primaria y secundaria.

Pamela Castro Araya, Directora Nacional de Área Ciencias Sociales Santo Tomás.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.