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martes, 18 de febrero de 2014

Temas nacionales e internacionales de actualidad…












Protestas estudiantiles en el socialismo del siglo XXI,
por Eugenio Guzmán.



Las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela dejan en evidencia las paradojas del socialismo del siglo XXI inaugurado por Hugo Chávez. Es decir, en el más puro estilo populista, eliminando toda intermediación institucional —bien sea de partidos o de cualquier órgano administrativo del Estado—, una vez controlado el poder político, se han realizado todo tipo de acciones que sólo acrecientan el poder del Ejecutivo.


Es así que, bajo un sistema presuntamente democrático, se han llevado a cabo toda suerte de reformas tendientes a acrecentar el poder del Gobernante. Resulta difícil pensar que un sistema como ése pueda calificarse de democrático: control sobre la prensa y, con ello, límites a la libertad de expresión; control de la economía, no sólo a través de la imposición de regulaciones, sino que a través de la intervención directa en materia de fijación de precios, expropiaciones, controles de cambio (precios de la divisa); y, por último, lo más grave: la intervención politizada del sistema Judicial y la entronización de la discrecionalidad del régimen y sus adherentes.


Esta es la primera paradoja. Las promesas iniciales de la “revolución bolivariana” eran acabar con la corrupción y avanzar hacia un sistema democrático real e igualitario, pero ha terminado reproduciendo los mismos vicios que pretendía erradicar.


Una segunda paradoja tiene que ver con las protestas estudiantiles que están en las noticias internacionales hace varios días. En ellas no se hacen demandas ideológicas, sino que sobre aspectos mínimos de la vida cotidiana y que son centrales a la idea de una sociedad democrática saludable: seguridad ciudadana, inflación bajo control y acceso a bienes básicos. No se debe olvidar que la inflación (oficial) actualmente alcanza el 56,3%, el índice de escasez en enero afectó a uno de cada cuatro productos básicos, y la violencia criminal se cobra un saldo de entre 39 y 79 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes —según se trate de estadísticas oficiales o de ONG—, vale decir, entre 11.500 y 23.5000 personas asesinadas (al inicio del Gobierno de Chávez, dicha tasa era de 25 homicidios cada 100 mil habitantes. En comparación, la de nuestro país es de 3,3). La respuesta del oficialismo ha sido amenazar con sanciones a los medios de comunicación que “hagan promoción de la violencia”; en buenas cuentas, que muestren la forma en que se están llevando a cabo las protestas, en cumplimiento de su función periodística.


La tercera paradoja se relaciona con los muertos en las protestas y el llamado de Maduro a la pacificación del país. Lo sorprendente es que la lógica detrás del planteamiento de “pacificación” expresa una falta de comprensión de lo que está ocurriendo. Maduro no entiende que es el propio modelo bolivariano el que está haciendo crisis y que, en definitiva, lo que ocurre hoy es la resultante de un programa político, económico y social que fracasó en la mayoría de las políticas que ha diseñado e impulsado para superar los numerosos problemas del país. En buenas cuentas, un modelo de desarrollo “sesentero” que ha descuidado la mayoría de los recursos humanos y materiales de una economía rica en ellos.


No es de extrañar, entonces, que para Maduro lo que está ocurriendo no sea otra cosa que una conspiración en contra suya por parte de “fascistas de la derecha venezolana”. No cuando lo único fascista es la política de un Gobierno con las características que apreciamos.


Por último, no deja de llamar la atención que mientras países como Cuba, Argentina, Bolivia y Nicaragua solidarizan fervientemente con el Gobierno de Maduro —con duros epítetos para los venezolanos que se manifiestan en las calles—, el nuestro emita una tímida declaración pidiendo respetar el Estado de derecho, sin llamar las cosas por su nombre. No es casualidad que durante una década y media los sucesivos gobiernos chilenos se hayan comportado con una suerte de asepsia respecto de todo lo que ocurre en Venezuela, con la única excepción de la administración de Lagos.


Marzo a la vista,
por Sergio Melnick.


Como sabemos, el fallo de La Haya simplemente no fue realizado en derecho, sino en la subjetividad de Jueces, que hacen una Justicia a la medida de sus propias convicciones e intenciones, más que de la Ley. Definir un punto totalmente arbitrario de 80 millas para hacer una diagonal, es una subjetividad simplemente inaceptable. Perú, entonces, seguirá disputando temas fronterizos, y Bolivia se envalentonará.


Respecto del Gabinete del próximo Gobierno, los nombramientos de Bachelet fueron interesantes y, a mi juicio, positivos, especialmente por mostrar muchas caras nuevas y poca repetición del plato. No sabemos, sin embargo, el peso político que pueden tener las nuevas caras, y eso lo veremos sólo en la acción. Los partidos recibieron sus cuotas de poder, y eso define gran parte del escenario que empieza en marzo, luego la relación de ellos con el Gobierno cambia inmediatamente. Los partidos quedan, los Gobiernos se van.


Sin embargo, algunos nombramientos fueron muy desprolijos, y todo se ha manejado dentro de un hermetismo poco prudente, un chascarro de principiantes que no se espera de una ex mandataria y coalición con experiencia en el Gobierno. Probablemente caerán dos o más funcionarios, aun antes de asumir sus cargos. La Presidente, en su momento de máxima autoridad, ha cedido fácilmente a las presiones, y de esa manera ha reconocido sus decisiones como un error.


Los errores no son tan graves en sí mismos, pero sí son simbólicamente muy delicados. Primero, porque se enfatizó demasiado que sólo Bachelet tomaba esas decisiones y, por ende, deberá cargar errores de manera muy prematura. Segundo, por su total incapacidad de resistir presiones, fortaleciendo de paso a quienes seguirán ejerciéndolas.


Tercero, por no dar la cara en forma pública frente a tamaños errores. Finalmente, porque ha quedado en evidencia que la mayor oposición que tendrá Bachelet provendrá más bien de la Nueva Mayoría. La caza de brujas ha sido entre los miembros de su propia coalición y las pugnas internas sólo se irán agravando con el tiempo, a medida que se adopten decisiones que difícilmente acomodarán a tanto partido diferente.


Todo esto configura una clara señal anticipatoria para este nuevo Gobierno, como lo fue la piocha caída y perdida por algunos momentos al asumir su Gobierno anterior, en 2006. Si la piocha caída anticipó la pérdida del poder de la Concertación, después de 20 años, todo el affaire de los nombramientos puede estar anticipando serios problemas de Gobernabilidad y liderazgo. Sólo lo sabremos después de un tiempo.


Marzo, entonces, recibe una nueva coalición de Gobierno con un germen de conflictos internos no menor y claros problemas de liderazgo. El acuerdo es en torno al tan mentado programa de Gobierno, pero este es demasiado general, y se hizo así, justamente, para hacer posibles los acuerdos. Ahora viene la implementación, una etapa detallada y práctica. Ahí las diferencias serán mayores.


También lo serán las velocidades de acción, que pondrán mucha presión sobre el Gobierno, buena parte de la cual estará en las calles.


Por otro lado, la nueva administración debe aclarar públicamente su estrategia en el tema Constitucional, en que ya se ve difícil la asamblea constituyente y el cambio radical, lo que molestará a algunos partidos. Además, se debe mandar muy prontamente la propuesta de cambios tributarios, en un escenario económico más lento de lo esperado, lo que dificultará su trámite. El Gobierno también debe dar precisiones sobre cómo se llevará a la práctica la gratuidad educacional (esto es muchísimo más complejo de lo que parecen creer, sobre todo si al mismo tiempo se espera mejorar la calidad y lograr que un mayor porcentaje de la oferta educativa sea pública).


A su favor tendrá, por cierto, la difícil situación de lo que será su oposición, totalmente desintegrada, sin agenda, sin liderazgos claros y en proceso de reingeniería total.


Va a ser un año políticamente interesante, un festín de noticias para quienes las comentamos.


Educación: pasividad muy cara
por Gonzalo Rojas Sánchez.


La pasividad apenas se nota. O, más bien, apenas la notan los mismos pasivos, porque quienes están activos, desde la vereda contraria, se frotan las manos con la apatía de sus rivales.


Grave situación, porque en Chile está en marcha un programa orgánico de control social a través de la educación.


No es ningún misterio, pero la conciencia de padres y profesores, de sostenedores y rectores, de las confesiones religiosas y los intelectuales, ha sido hasta ahora soft y diet . Algo se ha reaccionado, pero aún con timidez y falta de coordinación.


El sistema de control ya diseñado está en las declaraciones, en el programa y en los Parlamentarios de Bachelet. Incluso, está en las organizaciones (reales o de fachada) que la apoyarán hasta que decidan lanzarse a la calle. Queremos la "construcción de un Proyecto Nacional de Educación, hegemónicamente público en su composición, su orientación y su función hacia los estudiantes y hacia la sociedad", afirmaba el Presidente de la FECh 2013.


¿Qué pasó cuando la candidata dijo que "para que las universidades reciban recursos van a tener que firmar un convenio con el Ministerio" y agregó que "una universidad podría decidir no entrar en el convenio, pero el Estado no le va a pasar un peso"? ¿Hubo una reunión urgente de los rectores amagados con la estatización que significa firmar convenios que dañarán la libertad de los proyectos educativos? ¿Están trabajando contra el tiempo, conscientes de que serán acorralados centímetro a centímetro? ¿Entienden que, si su frente común es sólido, también podrán resistir los sostenedores de colegios particulares y los millones de padres que han preferido esa educación para sus hijos?


Nadie puede sorprenderse del proyecto socializante de control educacional. Y no vamos a recordar aquí la ENU. Basta con citar a Valentín Letelier, en 1893: "Concentremos todas nuestras fuerzas para convertir al Estado Docente en un reducto inexpugnable que nos permita dar a la educación pública su carácter de educación nacional, sin tendencias oligárquicas, sin distinciones sectarias, sin propósitos de lucro". Por eso Bernardo Subercaseaux lo llama acertadamente un "Gramsci avant Gramsci".


Para suprimir esas "distinciones sectarias" -léase hoy segregación y carencia de inclusión- se usará la Ley de no discriminación.


Pero, de nuevo: ¿Entienden los directivos educacionales que se les viene una marea de recursos en variadísimos campos en los que sus instituciones serán acusadas de discriminar? Porque serán amagadas por no enseñar técnicas abortivas o las ventajas del socialismo, o por mostrar la superioridad de una religión sobre otras. Y serán acusadas por disponer de lugares diferenciados para profesores, administrativos y alumnos.


La contratación y promoción de personal, la ausencia de ciertas visiones en la extensión, las limitaciones autoimpuestas en algunos experimentos, el rechazo al reconocimiento de organizaciones contrarias al espíritu de la institución o la negativa a autorizar ciertas actividades, todo eso será acusado de discriminatorio. Y, para cerrar el círculo, los idearios institucionales sufrirán acoso en sus principios y objetivos.


Más aún, dado el desprestigio que sufrió el sistema de acreditación, sus mecanismos podrían ser reformulados desde la ideología y la burocracia, sumándose al control. No cuesta nada.


Al poco tiempo de comenzar el mandato socialista en España, escribió Julián Marías: "El Gobierno tiene pleno derecho a Gobernar y hasta a no hacerlo demasiado bien. Pero una cosa es Gobernar y otra acometer apresuradamente la transformación de la sociedad española en todos su campos".


Problemas y desafíos de la derecha.


Los conflictos internos y la pérdida de influencia que vive la Alianza tienen largas raíces, pero se han agravado por la reciente derrota electoral. También la difícil relación de sus dos grandes partidos, y en especial de la directiva de Renovación Nacional, con el Presidente Piñera, impidió que la derecha se beneficiara realmente de su breve paso por el poder. Sin embargo, esa misma situación terminó contribuyendo a que surgieran allí nuevos referentes que legítimamente intentan atraer a parte del centro político, como Evópoli, Amplitud y Red Liberal. La UDI y RN no pueden menospreciarlos ni ignorar que ellos se originan en parte por sus propios errores y problemas internos, y que pueden aportar a una renovación de la centroderecha que permita la convivencia de legítimas diferencias en un marco básico común de valores y principios.


Las “dos almas”, liberal y conservadora (para simplificar los términos), han coexistido en el sector por muchas décadas, compitiendo internamente, pero con un cierto equilibrio en la práctica que evitaba quiebres definitivos. Hoy, en cambio —debido quizás a la actual tendencia a privilegiar la libre opción en la conducta personal como rasgo político distintivo—, tal disyuntiva parece dominar el escenario público. La reticencia que manifiesta el Diputado UDI Felipe Ward frente a Evópoli por supuestos proyectos personales de sus principales figuras, centrada justamente en aspectos valóricos, lo lleva a dudar de la identificación del grupo con la centroderecha, lo que no ocurriría a su juicio con los integrantes de Amplitud, aunque en ésta algunos han expresado igualmente opiniones similares. En RN, por su parte, está pendiente un eventual acuerdo con sus ex Parlamentarios, hoy reunidos en Amplitud, para la integración de las comisiones en el Congreso, de cara a la próxima Legislatura.


Un asunto con efectos políticos mayores es el del posible apoyo de los nuevos grupos a porciones de la agenda bacheletista, como ocurrirá probablemente con los Parlamentarios independientes. Ello plantea la conveniencia de que los nuevos referentes al interior de la centroderecha consoliden sus respectivos proyectos políticos conformando una sola colectividad, como lo ha propuesto en Amplitud el Diputado Joaquín Godoy y espera decidirlo Evópoli en abril. Así se aclararía el tema de su verdadero “domicilio político” de cada grupo y podrían establecerse las reglas, acuerdos y naturales discrepancias de una futura coalición entre ellos, y con los partidos de la Alianza. Además, los sectores emergentes entenderían que su representatividad no es un derecho adquirido y deben ganárselo con las armas de la política, convenciendo a otros actores del sistema con sus propios liderazgos, presencia territorial y propuestas de interés colectivo.


En lo que se refiere a la UDI y RN, en la primera, pese al fracaso de sus sucesivas alternativas Presidenciales, el ambiente es más unitario y no afecta su contenido doctrinario aunque presiona sí, con mayor o menor énfasis, en la renovación de sus cuadros directivos. En la segunda, pese al evidente alcance de las cuatro renuncias de Parlamentarios recién elegidos al Congreso, existe una cierta resignación y apertura a que haya en el sector varios partidos diferentes, pero aliados, que ojalá incluyan también al PRI. Pero serán las bases —en general, menos afectas a las demandas liberales— las que decidan el grado de renovación o continuidad de lo que significa la Presidencia de Carlos Larraín, y contengan o amplíen las deserciones.


Durante los cuatro años del período Presidencial que se inicia, la tarea misma de ser oposición y los imprevisibles avatares del próximo Gobierno serán los que determinen en su nueva estructura la orientación y la capacidad de recuperación del hoy golpeado, pero indispensable, espacio político de la derecha.


Incentivos para promover la conservación del patrimonio.


El lamentable estado en que se encuentran varios puntos de Valparaíso -ciudad declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco-, el incendio provocado por turistas extranjeros el 2011 que arrasó con miles de hectáreas del parque Torres del Paine, y el ruinoso estado en que se mantuvo por décadas el tradicional Palacio Pereira, son  ejemplos de la importancia que tiene dotar al país de una institucionalidad adecuada para la correcta conservación de nuestro patrimonio cultural.


Un avance acertado en esa dirección es el proyecto de Ley que ingresó el Gobierno al Congreso, con el que se busca perfeccionar varios aspectos de la normativa de monumentos nacionales que data de 1970, agilizando la mantención de los mismos, ampliando su uso cotidiano y asegurando su conservación con nuevos incentivos para que las personas resguarden la riqueza patrimonial de Chile; ya sea a través de beneficios tributarios, como mediante medidas disuasivas, pues se contemplan mayores sanciones a quienes dañen la infraestructura patrimonial del país, entre otras herramientas. Sin embargo, surgen algunas dudas en cuanto a la efectividad que tendrán estas medidas para cumplir con el propósito de conservar nuestra riqueza patrimonial. Que uno de los principales organismos dedicados a resguardar el patrimonio nacional, como es el Consejo de Monumentos, sea incorporado a la estructura del futuro Ministerio de Cultura, según lo establece el proyecto de Ley que crea esta nueva cartera Ministerial y que se discute en sede del Legislativo, puede resultar contradictorio. Incorporar al Consejo a una entidad que por sus dimensiones y diseño organizacional supone un esquema de administración más burocrático, parece inconveniente cuando el propósito es precisamente agilizar su funcionamiento. De hecho, para acelerar los trámites de restauración de un edificio patrimonial -proceso que actualmente puede demorar 40 días- el proyecto de monumentos contempla la constitución de 15 Consejos Regionales que tendrán la facultad de autorizar intervenciones y llevar un catastro de los monumentos en sus respectivas zonas.


A su vez, la iniciativa Legal extiende las exenciones del impuesto territorial ya no sólo a los monumentos históricos sin fines comerciales, sino también a aquellos en los que sus dueños le decidan dar esa finalidad. Esto es positivo, porque al permitir realizar distintos tipos de emprendimientos, motivará su conservación. En este sentido, habrá que tener especial cuidado con este incentivo, dado que el proyecto no fija el destino comercial que se les podrá dar a esos inmuebles, dejando esa definición a los Municipios mediante el plan regulador. El criterio que los Gobiernos locales apliquen será fundamental para garantizar su adecuada conservación. De igual forma, sería favorable que se exploren fórmulas de financiamiento con recursos del Estado que ayuden a los privados a conservar los inmuebles patrimoniales. El reemplazo de las zonas típicas o pintorescas por una zona de valor patrimonial y cultural es otro cambio significativo que permitirá adaptar la conservación de los inmuebles al entorno donde están insertos.


Finalmente, existe un importante desafío que será coordinar a los organismos Gubernamentales involucrados en el cuidado del patrimonio nacional, entre ellos, el Ministerio del Medio Ambiente, y ajustar otras normativas que también regulan esta materia.


¿Hacia dónde va Venezuela?



Las protestas de la semana pasada en Caracas y las principales ciudades de Venezuela demostraron con fuerza inusitada la polarización que se vive en ese país. Y no solo porque las calles fueron tomadas masivamente por partidarios y opositores al chavismo. La presencia de civiles armados, la destrucción de propiedad pública y privada, estudiantes heridos y, lo más grave, la muerte de personas dejaron la sensación de que Venezuela podría haber llegado a un punto sin retorno.


La inseguridad, la crítica situación de la economía y la constante persecución a los opositores han delineado un escenario en el cual resulta difícil predecir el futuro. Pero es evidente la urgencia de que los venezolanos tiendan puentes que les permitan trabajar unidos para una efectiva reconciliación y reconstrucción nacionales.


En un régimen democrático existen sectores oficialistas y opositores, del mismo modo en que hay adversarios, pero no enemigos. Sin embargo, el Gobierno venezolano instaló hace años la lógica de un “enemigo” que merece ser ridiculizado y denigrado, y que amenazaría la obra y el legado chavistas. Desde esa perspectiva —y a pesar de todos los comicios que se han celebrado bajo Chávez y Maduro—, Venezuela necesita recuperar su vocación democrática, única manera de que el país supere este momento de crisis. Eso pasa por establecer una institucionalidad que responda a las legítimas demandas de la ciudadanía. De toda.


Garantizar una efectiva libertad de expresión es fundamental. Lo ocurrido la semana pasada, cuando el Gobierno impulsó un “apagón informativo” al impedir que la radio y la televisión transmitieran las manifestaciones estudiantiles, lo demuestra. Aún más grave fue la orden de retirar de las parrillas de los cableoperadores la señal de NTN24, canal con sede en Bogotá que estaba transmitiendo las protestas en vivo desde Caracas. Y a eso se agrega el pretender ahora controlar las informaciones sobre delincuencia dentro de un “plan de pacificación”.


Que Maduro afirme que las marchas de estudiantes —las mayores desde que sucedió a Chávez— intentaban derrocar su Gobierno o que el país enfrenta un “rebrote nazi fascista”, incluso acusando al ex Mandatario colombiano Álvaro Uribe, solo aumenta la polarización. A nadie beneficia una Venezuela políticamente inestable y violenta. Mucho menos un golpe de Estado. Muy por el contrario, su futuro interesa no solo a los propios venezolanos, sino a toda América Latina. Por eso, en este escenario de volatilidad sería deseable que los diferentes Gobiernos de la región, en lugar de cerrar filas en torno a los bandos en pugna (como ya lo han hecho algunos, al correr a solidarizar con Maduro), ofrecieran su ayuda para la reconstrucción del diálogo y las confianzas.


Autodefensas legitimadas.


Durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón, quien llegó al poder en 2006 con la promesa de barrer con los carteles de narcotráfico, la población mexicana sufrió un sinnúmero de secuestros, ajusticiamientos, extorsiones y asesinatos masivos por parte de estos grupos criminales: una guerra que dejó más de 60 mil muertos. Y que en cierta forma explica el surgimiento de grupos de autodefensa en el Estado de Michoacán (oeste del país), en febrero de 2013. Civiles de diferentes ámbitos que decidieron tomar las armas —producto de la supuesta inacción de las autoridades políticas y de las fuerzas policiales y militares— en contra del principal cartel de ese Estado: los Caballeros Templarios.


La aparentemente exitosa campaña de las autodefensas de Michoacán sentó ejemplo y hoy existirían grupos similares en al menos trece de los 31 Estados. A fines de enero, el Gobierno anunció un acuerdo con parte de estas milicias para que se conviertan en grupos de defensa rural, bajo la condición de que registren sus armas ante el Ejército. Esto, a pesar de que voces críticas aseguran que las autodefensas reciben apoyo de la policía Federal e incluso de carteles rivales de los Templarios. La decisión puede interpretarse como un espaldarazo a estos grupos irregulares e instala la interrogante de si con ella no se reconoce también una imposibilidad de las fuerzas Federales para mantener el Estado de Derecho.


El nacimiento de estas autodefensas respondió al hartazgo y frustración de los habitantes de Michoacán, y su sola aparición debió ser interpretada de inmediato por el Gobierno de Peña Nieto como una alerta. Una demostración de que había zonas del país donde la autoridad Federal no tenía una presencia concreta y efectiva, dejando un vacío institucional factible de ser llenado por estos grupos. Pero que también pudo haber sido copado por fenómenos similares al de Pablo Escobar, quien en un momento de su carrera criminal se abocó a la construcción de casas, la pavimentación de calles y la instalación de tendido eléctrico en Colombia. En otras palabras, asumió funciones propias del Estado.


En un régimen democrático, el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, siempre dentro de una normativa Constitucional. A partir de esa premisa, cualquier otra expresión de autoridad debiera ser desarticulada. En 1999 nacieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), creadas por hacendados y políticos, en un intento por frenar el avance de las FARC. Con los años, las AUC acabaron convertidas no solo en un grupo armado más, sino también en un nuevo cartel de la droga. Es de esperar que el Gobierno mexicano no permita que los grupos de autodefensa de su país tengan una evolución similar.


Nueva medición del IPC en Argentina.


En respuesta a la solicitud realizada por el Fondo Monetario Internacional a fines del 2012, el Gobierno argentino presentó el jueves el nuevo índice oficial para medir el alza de precios en ese país, reemplazando así al antiguo sistema utilizado por el Indec (Instituto de Estadísticas). El anterior mecanismo se encontraba fuertemente cuestionado debido a la escasa credibilidad que generaba esa metodología, ya que en ocasiones el IPC oficial llegó a ser hasta tres veces menor que lo registrado por consultoras privadas. Diferencias que en parte se explicaban porque el índice Gubernamental sólo consideraba los precios de productos en Buenos Aires.


Es un avance que el Ejecutivo de ese país haya acogido las recomendaciones del organismo internacional en esta materia, ya que ello abre espacio para contar con información más rigurosa sobre la inflación en Argentina, aspecto que es primordial para evitar que se produzcan distorsiones que terminen alterando el normal funcionamiento de la economía. Sin embargo, el Gobierno debe dar pruebas de que se comprometerá a respetar esta institucionalidad y permitir su funcionamiento autónomo. El nuevo instrumento -que ahora mide los precios en todo el país- determinó que en enero el costo de vida se elevó un 3,7%, siendo el nivel más alto de los últimos 12 años, cuando llegó al 4%.


 Sincerar los índices de inflación es un primer paso que le permitirá a las autoridades económicas de ese país evaluar de mejor forma qué medidas adoptar para enfrentar la escalada de precios que experimenta Argentina en el último tiempo -el año pasado la cifra no oficial registró un incremento anual de 28%- y revertir la difícil situación económica por la que atraviesa esa nación, que ya ha debido enfrentar una fuerte devaluación de su moneda frente al dólar. En este sentido, flexibilizar el control cambiario es otra medida que podría contribuir a mejorar el actual escenario.


Las expectativas de Bolivia.


Recientes gestos del Gobierno boliviano tienden a acentuar una imagen negativa de la actitud del Presidente Piñera hacia su país, a diferencia de las esperanzas para una solución de sus demandas que funda en la próxima llegada al poder de Michelle Bachelet. Así, por una parte, el Canciller David Choquehuanca declara que “Piñera ya no es un interlocutor válido, ya está de salida...”, y por otra, aunque hasta ahora el Presidente Morales aparece como el único Jefe de Estado de América del Sur que no ha confirmado su presencia en el cambio de mando del 11 de marzo, ya desde el fallo de La Haya tanto él como otros personeros han dejado abierta la posibilidad de entendimiento con la nueva mandataria.


En esa oportunidad, Morales dijo que “no se descarta cualquier diálogo”, y ahora el ex Presidente Carlos Mesa sostuvo ante un diario chileno que “con Bachelet es posible que en seis u ocho meses se retome el diálogo”, idea reiterada también por Choquehuanca. Es probable que tal ánimo optimista se haya visto estimulado por algunas opiniones cercanas a las futuras autoridades y también por observadores independientes, que han sido críticas de la política regional seguida durante el actual Gobierno, e incluso por otras, como las del ex candidato Marco Enríquez-Ominami, abiertamente partidarias de un vuelco en la línea tradicional de la Cancillería chilena en esta materia.


Es verdad que el Presidente Piñera ha rechazado el intento de la nación vecina de que la Corte Internacional de Justicia fuerce a Chile a cambiar lo acordado por el Tratado de 1904, y frente a los últimos dichos bolivianos afirmó el domingo que ellos, en vez de contribuir a resolver estos problemas, los agravan. Pero esa es la realidad, más allá del trato personal ofensivo del Gobernante paceño al chileno tras la negativa de éste a cualquier renuncia a soberanía territorial. Experiencias anteriores han demostrado, por lo demás, que la solución de una franja propia hasta la costa a que aspira Bolivia —en el extremo norte, para no afectar la continuidad geográfica chilena—, requeriría el consentimiento de Perú, al cual no le interesa esa fórmula, hoy aun más complicada por el reciente fallo de La Haya.


La misma estrategia boliviana de supuestos “derechos expectaticios” hace más difícil las tratativas bilaterales, que luego podrían ser invocadas como argumento para tales pretensiones. Sin embargo, es posible la reanudación de la agenda que se estableció en el anterior mandato de la hoy Presidenta electa, dentro de las líneas que se han adelantado sobre su política de aumento de los vínculos regionales. Los logros que se obtengan pueden ser allí más o menos positivos según lo razonables que sean sus objetivos concretos.


Parece evidente sí, que ella buscará reforzar lazos con los países ribereños del Atlántico, lo que el propio Sebastián Piñera considera natural y en nada contrapuesto a seguir impulsando la Alianza del Pacífico, ojalá con participación de esas naciones. Por cierto, en cada caso todo dependerá de sus políticas internas, que no han beneficiado precisamente la integración y, en las de mayor peso económico, no pasan por una etapa muy favorable, aun sin hablar de aquellas, incluida Bolivia, involucradas en la utopía bolivariana. 


Una par de  cartas para meditar.


Señor Director:


FECh y Venezuela.



La última declaración pública de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, respecto de la situación de los estudiantes en Venezuela, solo puede ser calificada con una palabra, vergüenza.


Su declaración no solo deja en evidencia el sesgo ideológico detrás de los estudiantes de la federación, que claramente no representan a toda la comunidad universitaria, sino que además dejan entrever cómo olvidan a una de las figuras clave en la educación de nuestro país, Andrés Bello, profesor y rector desde los inicios de nuestra casa de estudios, además de venezolano humanista que dedicó su vida a la libertad, hoy coartada en su patria. Y sin comprensión ni fundamentos nuestra federación pone en duda la situación que atraviesa el pueblo venezolano, declarando que los periodistas han faltado a su profesión al tergiversar los hechos.


Lamentamos profundamente lo ocurrido en Venezuela los últimos días y solidarizamos con los estudiantes venezolanos que pacíficamente han salido a la calle a manifestar su preocupación y descontento por su patria.


En relación con la FECh, tal como ellos manifiestan no sentirse representados por los estudiantes venezolanos, muchos estudiantes de la Universidad de Chile no nos sentimos representados por esta federación. Esperemos que con el transcurso de las horas la federación se pronuncie, retractando su comunicado, pidiendo disculpas y solidarizando con los estudiantes venezolanos.


Gabriel Lazcano.


Nota de la Redacción.


Resulta increíble, y casi intolerable por su absoluta falta de consecuencia, la defensa que hacen algunos sectores de izquierda de la dictadura de Maduro en Venezuela, donde se ejerce la intolerancia contra la oposición, se reprime brutalmente las movilizaciones de la juventud, se intenta que exista una sola verdad oficial, silenciando o apoderándose de los medios que difunden la realidad, se utiliza grupos paramilitares para amedrentar a la oposición.


Señor Director:


Incongruencias políticas.


Chile y Venezuela tienen en común movimientos estudiantiles que han decidido salir a exigir sus derechos a la calle. El Partido Comunista en Chile defiende a ultranza el derecho de estos de tomarse calles, colegios, universidades, etc., para luchar por lo que creen justo, pero en el caso de los estudiantes venezolanos esta lucha la denomina sediciosa, reaccionaria e imperialista. Entonces: ¿salir a la calle para luchar por lo que uno cree es un derecho inalienable o es sedición?


La Nueva Mayoría ha criticado ácidamente al Gobierno por las denominadas “Becas Piñera” para los frustrados de las elecciones parlamentarias, guardando silencio sobre el hecho de que su conglomerado cometió el mismo pecado con las “Becas Bachelet”. Estas han beneficiado, entre otros, a dos precandidatos Presidenciales -Gómez y Orrego-, con cargos bastante más interesantes, con contratos de carácter indefinido y de mayor exposición pública para futuras contiendas.


Entonces: ¿está bien designar en cargos públicos a personas que han perdido elecciones como premio de consuelo o no?


Cristián Gabler, Abogado.


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difícilmente son engañados.



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Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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