Protestas estudiantiles en el socialismo del siglo XXI,
por Eugenio Guzmán.
Las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela dejan en
evidencia las paradojas del socialismo del siglo XXI inaugurado por Hugo
Chávez. Es decir, en el más puro estilo populista, eliminando toda
intermediación institucional —bien sea de partidos o de cualquier órgano
administrativo del Estado—, una vez controlado el poder político, se han
realizado todo tipo de acciones que sólo acrecientan el poder del Ejecutivo.
Es así que, bajo un sistema presuntamente democrático, se han llevado a
cabo toda suerte de reformas tendientes a acrecentar el poder del Gobernante.
Resulta difícil pensar que un sistema como ése pueda calificarse de
democrático: control sobre la prensa y, con ello, límites a la libertad de
expresión; control de la economía, no sólo a través de la imposición de
regulaciones, sino que a través de la intervención directa en materia de
fijación de precios, expropiaciones, controles de cambio (precios de la
divisa); y, por último, lo más grave: la intervención politizada del sistema Judicial
y la entronización de la discrecionalidad del régimen y sus adherentes.
Esta es la primera paradoja. Las promesas iniciales de la “revolución
bolivariana” eran acabar con la corrupción y avanzar hacia un sistema
democrático real e igualitario, pero ha terminado reproduciendo los mismos
vicios que pretendía erradicar.
Una segunda paradoja tiene que ver con las protestas estudiantiles que
están en las noticias internacionales hace varios días. En ellas no se hacen
demandas ideológicas, sino que sobre aspectos mínimos de la vida cotidiana y
que son centrales a la idea de una sociedad democrática saludable: seguridad
ciudadana, inflación bajo control y acceso a bienes básicos. No se debe olvidar
que la inflación (oficial) actualmente alcanza el 56,3%, el índice de escasez
en enero afectó a uno de cada cuatro productos básicos, y la violencia criminal
se cobra un saldo de entre 39 y 79 homicidios anuales por cada 100.000
habitantes —según se trate de estadísticas oficiales o de ONG—, vale decir,
entre 11.500 y 23.5000 personas asesinadas (al inicio del Gobierno de Chávez,
dicha tasa era de 25 homicidios cada 100 mil habitantes. En comparación, la de
nuestro país es de 3,3). La respuesta del oficialismo ha sido amenazar con
sanciones a los medios de comunicación que “hagan promoción de la violencia”;
en buenas cuentas, que muestren la forma en que se están llevando a cabo las
protestas, en cumplimiento de su función periodística.
La tercera paradoja se relaciona con los muertos en las protestas y el
llamado de Maduro a la pacificación del país. Lo sorprendente es que la lógica
detrás del planteamiento de “pacificación” expresa una falta de comprensión de
lo que está ocurriendo. Maduro no entiende que es el propio modelo bolivariano
el que está haciendo crisis y que, en definitiva, lo que ocurre hoy es la
resultante de un programa político, económico y social que fracasó en la
mayoría de las políticas que ha diseñado e impulsado para superar los numerosos
problemas del país. En buenas cuentas, un modelo de desarrollo “sesentero” que
ha descuidado la mayoría de los recursos humanos y materiales de una economía
rica en ellos.
No es de extrañar, entonces, que para Maduro lo que está ocurriendo no
sea otra cosa que una conspiración en contra suya por parte de “fascistas de la
derecha venezolana”. No cuando lo único fascista es la política de un Gobierno
con las características que apreciamos.
Por último, no deja de llamar la atención que mientras países como Cuba,
Argentina, Bolivia y Nicaragua solidarizan fervientemente con el Gobierno de
Maduro —con duros epítetos para los venezolanos que se manifiestan en las
calles—, el nuestro emita una tímida declaración pidiendo respetar el Estado de
derecho, sin llamar las cosas por su nombre. No es casualidad que durante una
década y media los sucesivos gobiernos chilenos se hayan comportado con una suerte
de asepsia respecto de todo lo que ocurre en Venezuela, con la única excepción
de la administración de Lagos.
Marzo
a la vista,
por Sergio Melnick.
Como
sabemos, el fallo de La Haya simplemente no fue realizado en derecho, sino en
la subjetividad de Jueces, que hacen una Justicia a la medida de sus propias
convicciones e intenciones, más que de la Ley. Definir un punto totalmente
arbitrario de 80 millas para hacer una diagonal, es una subjetividad
simplemente inaceptable. Perú, entonces, seguirá disputando temas fronterizos,
y Bolivia se envalentonará.
Respecto
del Gabinete del próximo Gobierno, los nombramientos de Bachelet fueron
interesantes y, a mi juicio, positivos, especialmente por mostrar muchas caras
nuevas y poca repetición del plato. No sabemos, sin embargo, el peso político
que pueden tener las nuevas caras, y eso lo veremos sólo en la acción. Los partidos
recibieron sus cuotas de poder, y eso define gran parte del escenario que
empieza en marzo, luego la relación de ellos con el Gobierno cambia
inmediatamente. Los partidos quedan, los Gobiernos se van.
Sin
embargo, algunos nombramientos fueron muy desprolijos, y todo se ha manejado
dentro de un hermetismo poco prudente, un chascarro de principiantes que no se
espera de una ex mandataria y coalición con experiencia en el Gobierno.
Probablemente caerán dos o más funcionarios, aun antes de asumir sus cargos. La
Presidente, en su momento de máxima autoridad, ha cedido fácilmente a las
presiones, y de esa manera ha reconocido sus decisiones como un error.
Los
errores no son tan graves en sí mismos, pero sí son simbólicamente muy
delicados. Primero, porque se enfatizó demasiado que sólo Bachelet tomaba esas
decisiones y, por ende, deberá cargar errores de manera muy prematura. Segundo,
por su total incapacidad de resistir presiones, fortaleciendo de paso a quienes
seguirán ejerciéndolas.
Tercero,
por no dar la cara en forma pública frente a tamaños errores. Finalmente,
porque ha quedado en evidencia que la mayor oposición que tendrá Bachelet
provendrá más bien de la Nueva Mayoría. La caza de brujas ha sido entre los
miembros de su propia coalición y las pugnas internas sólo se irán agravando
con el tiempo, a medida que se adopten decisiones que difícilmente acomodarán a
tanto partido diferente.
Todo esto
configura una clara señal anticipatoria para este nuevo Gobierno, como lo fue
la piocha caída y perdida por algunos momentos al asumir su Gobierno anterior,
en 2006. Si la piocha caída anticipó la pérdida del poder de la Concertación,
después de 20 años, todo el affaire de los
nombramientos puede estar anticipando serios problemas de Gobernabilidad y liderazgo.
Sólo lo sabremos después de un tiempo.
Marzo,
entonces, recibe una nueva coalición de Gobierno con un germen de conflictos
internos no menor y claros problemas de liderazgo. El acuerdo es en torno al
tan mentado programa de Gobierno, pero este es demasiado general, y se hizo
así, justamente, para hacer posibles los acuerdos. Ahora viene la
implementación, una etapa detallada y práctica. Ahí las diferencias serán
mayores.
También lo
serán las velocidades de acción, que pondrán mucha presión sobre el Gobierno,
buena parte de la cual estará en las calles.
Por otro
lado, la nueva administración debe aclarar públicamente su estrategia en el
tema Constitucional, en que ya se ve difícil la asamblea constituyente y el
cambio radical, lo que molestará a algunos partidos. Además, se debe mandar muy
prontamente la propuesta de cambios tributarios, en un escenario económico más
lento de lo esperado, lo que dificultará su trámite. El Gobierno también debe
dar precisiones sobre cómo se llevará a la práctica la gratuidad educacional
(esto es muchísimo más complejo de lo que parecen creer, sobre todo si al mismo
tiempo se espera mejorar la calidad y lograr que un mayor porcentaje de la
oferta educativa sea pública).
A su favor
tendrá, por cierto, la difícil situación de lo que será su oposición,
totalmente desintegrada, sin agenda, sin liderazgos claros y en proceso de
reingeniería total.
Va a ser
un año políticamente interesante, un festín de noticias para quienes las
comentamos.
Educación: pasividad muy cara
por Gonzalo Rojas Sánchez.
La pasividad apenas se nota. O, más bien,
apenas la notan los mismos pasivos, porque quienes están activos, desde la
vereda contraria, se frotan las manos con la apatía de sus rivales.
Grave
situación, porque en Chile está en marcha un programa orgánico de control
social a través de la educación.
No es ningún misterio, pero la conciencia de
padres y profesores, de sostenedores y rectores, de las confesiones religiosas
y los intelectuales, ha sido hasta ahora soft y diet . Algo se ha reaccionado,
pero aún con timidez y falta de coordinación.
El
sistema de control ya diseñado está en las declaraciones, en el programa y en
los Parlamentarios de Bachelet. Incluso, está en las organizaciones (reales o
de fachada) que la apoyarán hasta que decidan lanzarse a la calle. Queremos la
"construcción de un Proyecto Nacional de Educación, hegemónicamente
público en su composición, su orientación y su función hacia los estudiantes y
hacia la sociedad", afirmaba el Presidente de la FECh 2013.
¿Qué pasó cuando la candidata dijo que
"para que las universidades reciban recursos van a tener que firmar un
convenio con el Ministerio" y agregó que "una universidad podría
decidir no entrar en el convenio, pero el Estado no le va a pasar un
peso"? ¿Hubo una reunión urgente de los rectores amagados con la
estatización que significa firmar convenios que dañarán la libertad de los
proyectos educativos? ¿Están trabajando contra el tiempo, conscientes de que
serán acorralados centímetro a centímetro? ¿Entienden que, si su frente común
es sólido, también podrán resistir los sostenedores de colegios particulares y
los millones de padres que han preferido esa educación para sus hijos?
Nadie puede sorprenderse del proyecto
socializante de control educacional. Y no vamos a recordar aquí la ENU. Basta
con citar a Valentín Letelier, en 1893: "Concentremos todas nuestras
fuerzas para convertir al Estado Docente en un reducto inexpugnable que nos
permita dar a la educación pública su carácter de educación nacional, sin
tendencias oligárquicas, sin distinciones sectarias, sin propósitos de
lucro". Por eso Bernardo Subercaseaux lo llama acertadamente un
"Gramsci avant Gramsci".
Para suprimir esas "distinciones
sectarias" -léase hoy segregación y carencia de inclusión- se usará la Ley
de no discriminación.
Pero, de nuevo: ¿Entienden los directivos
educacionales que se les viene una marea de recursos en variadísimos campos en
los que sus instituciones serán acusadas de discriminar? Porque serán amagadas
por no enseñar técnicas abortivas o las ventajas del socialismo, o por mostrar
la superioridad de una religión sobre otras. Y serán acusadas por disponer de
lugares diferenciados para profesores, administrativos y alumnos.
La contratación y promoción de personal, la
ausencia de ciertas visiones en la extensión, las limitaciones autoimpuestas en
algunos experimentos, el rechazo al reconocimiento de organizaciones contrarias
al espíritu de la institución o la negativa a autorizar ciertas actividades,
todo eso será acusado de discriminatorio. Y, para cerrar el círculo, los
idearios institucionales sufrirán acoso en sus principios y objetivos.
Más aún, dado el desprestigio que sufrió el
sistema de acreditación, sus mecanismos podrían ser reformulados desde la
ideología y la burocracia, sumándose al control. No cuesta nada.
Al poco tiempo de comenzar el mandato
socialista en España, escribió Julián Marías: "El Gobierno tiene pleno
derecho a Gobernar y hasta a no hacerlo demasiado bien. Pero una cosa es Gobernar
y otra acometer apresuradamente la transformación de la sociedad española en
todos su campos".
Problemas y desafíos de la derecha.
Los conflictos internos y la pérdida de
influencia que vive la Alianza tienen largas raíces, pero se han agravado por
la reciente derrota electoral. También la difícil relación de sus dos grandes
partidos, y en especial de la directiva de Renovación Nacional, con el
Presidente Piñera, impidió que la derecha se beneficiara realmente de su breve
paso por el poder. Sin embargo, esa misma situación terminó contribuyendo a que
surgieran allí nuevos referentes que legítimamente intentan atraer a parte del
centro político, como Evópoli, Amplitud y Red Liberal. La UDI y RN no pueden
menospreciarlos ni ignorar que ellos se originan en parte por sus propios
errores y problemas internos, y que pueden aportar a una renovación de la
centroderecha que permita la convivencia de legítimas diferencias en un marco
básico común de valores y principios.
Las “dos almas”, liberal y conservadora (para
simplificar los términos), han coexistido en el sector por muchas décadas,
compitiendo internamente, pero con un cierto equilibrio en la práctica que
evitaba quiebres definitivos. Hoy, en cambio —debido quizás a la actual
tendencia a privilegiar la libre opción en la conducta personal como rasgo
político distintivo—, tal disyuntiva parece dominar el escenario público. La
reticencia que manifiesta el Diputado UDI Felipe Ward frente a Evópoli por
supuestos proyectos personales de sus principales figuras, centrada justamente
en aspectos valóricos, lo lleva a dudar de la identificación del grupo con la
centroderecha, lo que no ocurriría a su juicio con los integrantes de Amplitud,
aunque en ésta algunos han expresado igualmente opiniones similares. En RN, por
su parte, está pendiente un eventual acuerdo con sus ex Parlamentarios, hoy
reunidos en Amplitud, para la integración de las comisiones en el Congreso, de
cara a la próxima Legislatura.
Un asunto con efectos políticos mayores es el
del posible apoyo de los nuevos grupos a porciones de la agenda bacheletista,
como ocurrirá probablemente con los Parlamentarios independientes. Ello plantea
la conveniencia de que los nuevos referentes al interior de la centroderecha
consoliden sus respectivos proyectos políticos conformando una sola
colectividad, como lo ha propuesto en Amplitud el Diputado Joaquín Godoy y
espera decidirlo Evópoli en abril. Así se aclararía el tema de su verdadero
“domicilio político” de cada grupo y podrían establecerse las reglas, acuerdos
y naturales discrepancias de una futura coalición entre ellos, y con los
partidos de la Alianza. Además, los sectores emergentes entenderían que su
representatividad no es un derecho adquirido y deben ganárselo con las armas de
la política, convenciendo a otros actores del sistema con sus propios
liderazgos, presencia territorial y propuestas de interés colectivo.
En lo que se refiere a la UDI y RN, en la
primera, pese al fracaso de sus sucesivas alternativas Presidenciales, el
ambiente es más unitario y no afecta su contenido doctrinario aunque presiona
sí, con mayor o menor énfasis, en la renovación de sus cuadros directivos. En
la segunda, pese al evidente alcance de las cuatro renuncias de Parlamentarios
recién elegidos al Congreso, existe una cierta resignación y apertura a que
haya en el sector varios partidos diferentes, pero aliados, que ojalá incluyan
también al PRI. Pero serán las bases —en general, menos afectas a las demandas
liberales— las que decidan el grado de renovación o continuidad de lo que
significa la Presidencia de Carlos Larraín, y contengan o amplíen las
deserciones.
Durante los cuatro años del período
Presidencial que se inicia, la tarea misma de ser oposición y los imprevisibles
avatares del próximo Gobierno serán los que determinen en su nueva estructura
la orientación y la capacidad de recuperación del hoy golpeado, pero
indispensable, espacio político de la derecha.
Incentivos para promover la conservación del
patrimonio.
El lamentable estado en que se encuentran
varios puntos de Valparaíso -ciudad declarada patrimonio de la humanidad por la
Unesco-, el incendio provocado por turistas extranjeros el 2011 que arrasó con
miles de hectáreas del parque Torres del Paine, y el ruinoso estado en que se
mantuvo por décadas el tradicional Palacio Pereira, son ejemplos de la importancia que tiene dotar al
país de una institucionalidad adecuada para la correcta conservación de nuestro
patrimonio cultural.
Un avance acertado en esa dirección es el
proyecto de Ley que ingresó el Gobierno al Congreso, con el que se busca
perfeccionar varios aspectos de la normativa de monumentos nacionales que data
de 1970, agilizando la mantención de los mismos, ampliando su uso cotidiano y
asegurando su conservación con nuevos incentivos para que las personas
resguarden la riqueza patrimonial de Chile; ya sea a través de beneficios
tributarios, como mediante medidas disuasivas, pues se contemplan mayores
sanciones a quienes dañen la infraestructura patrimonial del país, entre otras
herramientas. Sin embargo, surgen algunas dudas en cuanto a la efectividad que
tendrán estas medidas para cumplir con el propósito de conservar nuestra
riqueza patrimonial. Que uno de los principales organismos dedicados a resguardar
el patrimonio nacional, como es el Consejo de Monumentos, sea incorporado a la
estructura del futuro Ministerio de Cultura, según lo establece el proyecto de Ley
que crea esta nueva cartera Ministerial y que se discute en sede del
Legislativo, puede resultar contradictorio. Incorporar al Consejo a una entidad
que por sus dimensiones y diseño organizacional supone un esquema de
administración más burocrático, parece inconveniente cuando el propósito es
precisamente agilizar su funcionamiento. De hecho, para acelerar los trámites
de restauración de un edificio patrimonial -proceso que actualmente puede
demorar 40 días- el proyecto de monumentos contempla la constitución de 15 Consejos
Regionales que tendrán la facultad de autorizar intervenciones y llevar un
catastro de los monumentos en sus respectivas zonas.
A su vez, la iniciativa Legal extiende las
exenciones del impuesto territorial ya no sólo a los monumentos históricos sin
fines comerciales, sino también a aquellos en los que sus dueños le decidan dar
esa finalidad. Esto es positivo, porque al permitir realizar distintos tipos de
emprendimientos, motivará su conservación. En este sentido, habrá que tener
especial cuidado con este incentivo, dado que el proyecto no fija el destino
comercial que se les podrá dar a esos inmuebles, dejando esa definición a los Municipios
mediante el plan regulador. El criterio que los Gobiernos locales apliquen será
fundamental para garantizar su adecuada conservación. De igual forma, sería
favorable que se exploren fórmulas de financiamiento con recursos del Estado
que ayuden a los privados a conservar los inmuebles patrimoniales. El reemplazo
de las zonas típicas o pintorescas por una zona de valor patrimonial y cultural
es otro cambio significativo que permitirá adaptar la conservación de los
inmuebles al entorno donde están insertos.
Finalmente, existe un importante desafío que
será coordinar a los organismos Gubernamentales involucrados en el cuidado del
patrimonio nacional, entre ellos, el Ministerio del Medio Ambiente, y ajustar
otras normativas que también regulan esta materia.
¿Hacia dónde va Venezuela?
Las protestas de la semana pasada en Caracas y
las principales ciudades de Venezuela demostraron con fuerza inusitada la
polarización que se vive en ese país. Y no solo porque las calles fueron
tomadas masivamente por partidarios y opositores al chavismo. La presencia de
civiles armados, la destrucción de propiedad pública y privada, estudiantes
heridos y, lo más grave, la muerte de personas dejaron la sensación de que
Venezuela podría haber llegado a un punto sin retorno.
La inseguridad, la crítica situación de la economía y la constante persecución a los opositores han delineado un escenario en el cual resulta difícil predecir el futuro. Pero es evidente la urgencia de que los venezolanos tiendan puentes que les permitan trabajar unidos para una efectiva reconciliación y reconstrucción nacionales.
En un régimen democrático existen sectores oficialistas y opositores, del mismo modo en que hay adversarios, pero no enemigos. Sin embargo, el Gobierno venezolano instaló hace años la lógica de un “enemigo” que merece ser ridiculizado y denigrado, y que amenazaría la obra y el legado chavistas. Desde esa perspectiva —y a pesar de todos los comicios que se han celebrado bajo Chávez y Maduro—, Venezuela necesita recuperar su vocación democrática, única manera de que el país supere este momento de crisis. Eso pasa por establecer una institucionalidad que responda a las legítimas demandas de la ciudadanía. De toda.
Garantizar una efectiva libertad de expresión es fundamental. Lo ocurrido la semana pasada, cuando el Gobierno impulsó un “apagón informativo” al impedir que la radio y la televisión transmitieran las manifestaciones estudiantiles, lo demuestra. Aún más grave fue la orden de retirar de las parrillas de los cableoperadores la señal de NTN24, canal con sede en Bogotá que estaba transmitiendo las protestas en vivo desde Caracas. Y a eso se agrega el pretender ahora controlar las informaciones sobre delincuencia dentro de un “plan de pacificación”.
Que Maduro afirme que las marchas de estudiantes —las mayores desde que sucedió a Chávez— intentaban derrocar su Gobierno o que el país enfrenta un “rebrote nazi fascista”, incluso acusando al ex Mandatario colombiano Álvaro Uribe, solo aumenta la polarización. A nadie beneficia una Venezuela políticamente inestable y violenta. Mucho menos un golpe de Estado. Muy por el contrario, su futuro interesa no solo a los propios venezolanos, sino a toda América Latina. Por eso, en este escenario de volatilidad sería deseable que los diferentes Gobiernos de la región, en lugar de cerrar filas en torno a los bandos en pugna (como ya lo han hecho algunos, al correr a solidarizar con Maduro), ofrecieran su ayuda para la reconstrucción del diálogo y las confianzas.
Autodefensas legitimadas.
Durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón, quien llegó al poder en 2006 con la promesa de barrer con los carteles de narcotráfico, la población mexicana sufrió un sinnúmero de secuestros, ajusticiamientos, extorsiones y asesinatos masivos por parte de estos grupos criminales: una guerra que dejó más de 60 mil muertos. Y que en cierta forma explica el surgimiento de grupos de autodefensa en el Estado de Michoacán (oeste del país), en febrero de 2013. Civiles de diferentes ámbitos que decidieron tomar las armas —producto de la supuesta inacción de las autoridades políticas y de las fuerzas policiales y militares— en contra del principal cartel de ese Estado: los Caballeros Templarios.
La aparentemente exitosa campaña de las autodefensas de Michoacán sentó ejemplo y hoy existirían grupos similares en al menos trece de los 31 Estados. A fines de enero, el Gobierno anunció un acuerdo con parte de estas milicias para que se conviertan en grupos de defensa rural, bajo la condición de que registren sus armas ante el Ejército. Esto, a pesar de que voces críticas aseguran que las autodefensas reciben apoyo de la policía Federal e incluso de carteles rivales de los Templarios. La decisión puede interpretarse como un espaldarazo a estos grupos irregulares e instala la interrogante de si con ella no se reconoce también una imposibilidad de las fuerzas Federales para mantener el Estado de Derecho.
El nacimiento de estas autodefensas respondió al hartazgo y frustración de los habitantes de Michoacán, y su sola aparición debió ser interpretada de inmediato por el Gobierno de Peña Nieto como una alerta. Una demostración de que había zonas del país donde la autoridad Federal no tenía una presencia concreta y efectiva, dejando un vacío institucional factible de ser llenado por estos grupos. Pero que también pudo haber sido copado por fenómenos similares al de Pablo Escobar, quien en un momento de su carrera criminal se abocó a la construcción de casas, la pavimentación de calles y la instalación de tendido eléctrico en Colombia. En otras palabras, asumió funciones propias del Estado.
En un régimen democrático, el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, siempre dentro de una normativa Constitucional. A partir de esa premisa, cualquier otra expresión de autoridad debiera ser desarticulada. En 1999 nacieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), creadas por hacendados y políticos, en un intento por frenar el avance de las FARC. Con los años, las AUC acabaron convertidas no solo en un grupo armado más, sino también en un nuevo cartel de la droga. Es de esperar que el Gobierno mexicano no permita que los grupos de autodefensa de su país tengan una evolución similar.
Nueva medición del IPC en Argentina.
En respuesta a la solicitud realizada por el
Fondo Monetario Internacional a fines del 2012, el Gobierno argentino presentó
el jueves el nuevo índice oficial para medir el alza de precios en ese país,
reemplazando así al antiguo sistema utilizado por el Indec (Instituto de
Estadísticas). El anterior mecanismo se encontraba fuertemente cuestionado
debido a la escasa credibilidad que generaba esa metodología, ya que en
ocasiones el IPC oficial llegó a ser hasta tres veces menor que lo registrado
por consultoras privadas. Diferencias que en parte se explicaban porque el
índice Gubernamental sólo consideraba los precios de productos en Buenos Aires.
Es un avance que el Ejecutivo de ese país haya
acogido las recomendaciones del organismo internacional en esta materia, ya que
ello abre espacio para contar con información más rigurosa sobre la inflación
en Argentina, aspecto que es primordial para evitar que se produzcan
distorsiones que terminen alterando el normal funcionamiento de la economía.
Sin embargo, el Gobierno debe dar pruebas de que se comprometerá a respetar
esta institucionalidad y permitir su funcionamiento autónomo. El nuevo
instrumento -que ahora mide los precios en todo el país- determinó que en enero
el costo de vida se elevó un 3,7%, siendo el nivel más alto de los últimos 12
años, cuando llegó al 4%.
Sincerar
los índices de inflación es un primer paso que le permitirá a las autoridades
económicas de ese país evaluar de mejor forma qué medidas adoptar para
enfrentar la escalada de precios que experimenta Argentina en el último tiempo
-el año pasado la cifra no oficial registró un incremento anual de 28%- y
revertir la difícil situación económica por la que atraviesa esa nación, que ya
ha debido enfrentar una fuerte devaluación de su moneda frente al dólar. En
este sentido, flexibilizar el control cambiario es otra medida que podría
contribuir a mejorar el actual escenario.
Las expectativas de Bolivia.
Recientes gestos del Gobierno boliviano tienden
a acentuar una imagen negativa de la actitud del Presidente Piñera hacia su
país, a diferencia de las esperanzas para una solución de sus demandas que
funda en la próxima llegada al poder de Michelle Bachelet. Así, por una parte,
el Canciller David Choquehuanca declara que “Piñera ya no es un interlocutor
válido, ya está de salida...”, y por otra, aunque hasta ahora el Presidente
Morales aparece como el único Jefe de Estado de América del Sur que no ha
confirmado su presencia en el cambio de mando del 11 de marzo, ya desde el
fallo de La Haya tanto él como otros personeros han dejado abierta la posibilidad
de entendimiento con la nueva mandataria.
En esa oportunidad, Morales dijo que “no se
descarta cualquier diálogo”, y ahora el ex Presidente Carlos Mesa sostuvo ante
un diario chileno que “con Bachelet es posible que en seis u ocho meses se
retome el diálogo”, idea reiterada también por Choquehuanca. Es probable que
tal ánimo optimista se haya visto estimulado por algunas opiniones cercanas a
las futuras autoridades y también por observadores independientes, que han sido
críticas de la política regional seguida durante el actual Gobierno, e incluso
por otras, como las del ex candidato Marco Enríquez-Ominami, abiertamente
partidarias de un vuelco en la línea tradicional de la Cancillería chilena en
esta materia.
Es verdad que el Presidente Piñera ha rechazado
el intento de la nación vecina de que la Corte Internacional de Justicia fuerce
a Chile a cambiar lo acordado por el Tratado de 1904, y frente a los últimos
dichos bolivianos afirmó el domingo que ellos, en vez de contribuir a resolver
estos problemas, los agravan. Pero esa es la realidad, más allá del trato
personal ofensivo del Gobernante paceño al chileno tras la negativa de éste a
cualquier renuncia a soberanía territorial. Experiencias anteriores han
demostrado, por lo demás, que la solución de una franja propia hasta la costa a
que aspira Bolivia —en el extremo norte, para no afectar la continuidad
geográfica chilena—, requeriría el consentimiento de Perú, al cual no le
interesa esa fórmula, hoy aun más complicada por el reciente fallo de La Haya.
La misma estrategia boliviana de supuestos
“derechos expectaticios” hace más difícil las tratativas bilaterales, que luego
podrían ser invocadas como argumento para tales pretensiones. Sin embargo, es
posible la reanudación de la agenda que se estableció en el anterior mandato de
la hoy Presidenta electa, dentro de las líneas que se han adelantado sobre su
política de aumento de los vínculos regionales. Los logros que se obtengan
pueden ser allí más o menos positivos según lo razonables que sean sus objetivos
concretos.
Parece evidente sí, que ella buscará reforzar
lazos con los países ribereños del Atlántico, lo que el propio Sebastián Piñera
considera natural y en nada contrapuesto a seguir impulsando la Alianza del
Pacífico, ojalá con participación de esas naciones. Por cierto, en cada caso
todo dependerá de sus políticas internas, que no han beneficiado precisamente
la integración y, en las de mayor peso económico, no pasan por una etapa muy
favorable, aun sin hablar de aquellas, incluida Bolivia, involucradas en la
utopía bolivariana.
Una par de cartas
para meditar.
Señor
Director:
FECh y Venezuela.
La última declaración pública de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, respecto de la situación de los estudiantes en Venezuela, solo puede ser calificada con una palabra, vergüenza.
Su declaración no solo deja en evidencia el sesgo ideológico detrás de los estudiantes de la federación, que claramente no representan a toda la comunidad universitaria, sino que además dejan entrever cómo olvidan a una de las figuras clave en la educación de nuestro país, Andrés Bello, profesor y rector desde los inicios de nuestra casa de estudios, además de venezolano humanista que dedicó su vida a la libertad, hoy coartada en su patria. Y sin comprensión ni fundamentos nuestra federación pone en duda la situación que atraviesa el pueblo venezolano, declarando que los periodistas han faltado a su profesión al tergiversar los hechos.
Lamentamos profundamente lo ocurrido en Venezuela los últimos días y solidarizamos con los estudiantes venezolanos que pacíficamente han salido a la calle a manifestar su preocupación y descontento por su patria.
En relación con la FECh, tal como ellos manifiestan no sentirse representados por los estudiantes venezolanos, muchos estudiantes de la Universidad de Chile no nos sentimos representados por esta federación. Esperemos que con el transcurso de las horas la federación se pronuncie, retractando su comunicado, pidiendo disculpas y solidarizando con los estudiantes venezolanos.
Gabriel Lazcano.
Nota de la Redacción.
Resulta increíble, y
casi intolerable por su absoluta falta de consecuencia, la defensa que hacen
algunos sectores de izquierda de la dictadura de Maduro en Venezuela, donde se
ejerce la intolerancia contra la oposición, se reprime brutalmente las
movilizaciones de la juventud, se intenta que exista una sola verdad oficial,
silenciando o apoderándose de los medios que difunden la realidad, se utiliza
grupos paramilitares para amedrentar a la oposición.
Señor Director:
Incongruencias políticas.
Chile y Venezuela tienen en común movimientos
estudiantiles que han decidido salir a exigir sus derechos a la calle. El
Partido Comunista en Chile defiende a ultranza el derecho de estos de tomarse
calles, colegios, universidades, etc., para luchar por lo que creen justo, pero
en el caso de los estudiantes venezolanos esta lucha la denomina sediciosa,
reaccionaria e imperialista. Entonces: ¿salir a la calle para luchar por lo que
uno cree es un derecho inalienable o es sedición?
La Nueva Mayoría ha criticado ácidamente al Gobierno
por las denominadas “Becas Piñera” para los frustrados de las elecciones
parlamentarias, guardando silencio sobre el hecho de que su conglomerado
cometió el mismo pecado con las “Becas Bachelet”. Estas han beneficiado, entre
otros, a dos precandidatos Presidenciales -Gómez y Orrego-, con cargos bastante
más interesantes, con contratos de carácter indefinido y de mayor exposición
pública para futuras contiendas.
Entonces: ¿está bien designar en cargos
públicos a personas que han perdido elecciones como premio de consuelo o no?
Cristián Gabler, Abogado.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.