Veredicto difícil de entender,
por Axel Buchheister.
El Tribunal Oral de Temuco dictaminó la
culpabilidad de Celestino Córdova por el ataque incendiario que culminó en la
muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, no así respecto de otro muy similar en
contra de la familia Seco Fourcade, en que no hubo fallecimientos que lamentar.
A diferencia de otras causas contra comuneros
mapuches, en que los Tribunales han acusado pruebas débiles, el caso Luchsinger
no podía sino terminar en una condena. Cualquier otra conclusión habría sido
muy grave y perturbadora, dado que se capturó a Córdova casi con “las manos en
la masa”. En efecto, como precisó el Tribunal, se le detuvo poco después del
atentado, cuando huía herido a bala por el interior del predio de las víctimas,
con una linterna colgada al cuello, con ropas oscuras y parcialmente embozado.
Agreguemos otro dato: que de inmediato dijo a sus captores que mantendría
silencio y así ha continuado. Si bien ejerció un derecho, debe asumir los
costos de hacerlo, ya que sin duda la negativa a dar una explicación plausible
sobre su presencia en el lugar en tales circunstancias -como lo haría cualquier
inocente- refuerza la convicción sobre su responsabilidad.
La absolución en el segundo era también
esperable, porque efectivamente la prueba incriminatoria era casi inexistente.
En esto, el Ministerio Público erró al llevar a juicio un caso sin sustento.
Con ello, no sólo se ha expuesto a una derrota, sino que si más adelante surge
alguna prueba contra Córdova, será inútil, porque ya fue declarado inocente.
Lo que resultó inesperado y difícil de entender
es la diversa calificación Jurídica del Tribunal para ambos casos, que son
esencialmente idénticos: atentados incendiarios a casas aisladas en la zona
mapuche. La trama fue la misma y el resultado distinto, nada más porque en uno
el dueño se resistió. Para el Tribunal, en el ataque a la familia Seco Fourcade
sí se configuró la conducta terrorista, mientras que para el otro no, porque no
se acreditó el “dolo especial” de causar el temor de sufrir un delito semejante
por un sector de la población. En el primero, se acreditó porque los testigos,
que son a la vez las víctimas, declararon que los atacantes profirieron
expresiones que denotaban la voluntad de provocar ese temor (“que querían ver a
los huincas arrodillados frente a ellos”), lo que no ocurrió en el caso
Luchsinger Mackay, pero porque no hubo sobrevivientes. Lo curioso es que el Tribunal
reconoce que este caso sí infundió el señalado temor en al menos los vecinos
del lugar, pero dijo que no está demostrado que el acusado haya tenido por fin
causarlo. Es evidente que cuando hay declaraciones de los acusados manifestando
su intención, la situación probatoria se facilita, pero eso no quita que no se
pueda acreditar por una presunción Judicial, pues inequívocamente esa era la
intención de Córdova: ¿cuál otra podía racionalmente tener?
Lo
paradójico del razonamiento del tribunal es que el ataque con resultado más
grave no se considera terrorista, mientras que el otro sí. Pero lo peor es la
lección que entrega a los delincuentes: no deben dejar testigos vivos, ya que
así se aseguran que no se les pueda probar una conducta terrorista. Los Tribunales
debieran hacerse responsables frente a la ciudadanía por lo que resuelven.
Experiencias aleccionadoras,
por Juan Andrés Fontaine.
Cuando, veinticuatro años atrás, el ex
Presidente Aylwin se aprestaba para inaugurar su Gobierno, también había buenas
razones para temer un retroceso económico. Durante la campaña electoral previa
habían sido puestos en tela de juicio el pago de la deuda externa, la autonomía
del Banco Central, la apertura “indiscriminada” a las importaciones y las
privatizaciones. Como sabemos, y para el bien de Chile, nada de ello ocurrió.
Se dice que influyeron en la orientación pro
mercado, que en definitiva siguieron los Gobiernos de la Concertación, los
consejos de los entonces Presidentes del Gobierno español, el socialista Felipe
González, y del mexicano, Carlos Salinas de Gortari, quienes apreciaban la
apertura y modernización alcanzadas por la economía chilena. Pero probablemente
lo más decidor haya sido que en esos días en nuestro vecindario inmediato —en
Argentina y Perú— la inflación galopante, la crisis cambiaria y el
estancamiento económico demostraban una vez más que el atajo populista y Estatista
solo crea una prosperidad ilusoria, seguida de un amargo despertar.
La historia se repite. Acompañada ahora de
Venezuela, nuevamente Argentina —cuya historia califica el semanario británico
The Economist de parábola sobre lo que no debe hacerse en políticas públicas—
vive el duro capítulo final de su aventura. Tanto el “kirchnerismo” como el “chavismo”
ignoran dos principios básicos: que los recursos se hacen siempre escasos ante
las ilimitadas aspiraciones humanas y que sin los incentivos apropiados no es
posible esperar que la economía marche bien. Lo uno, los hace prometer la
satisfacción indiscriminada de “derechos sociales”, sin consideración alguna
sobre su costo; lo otro, los hace suponer que es posible atender las “demandas
sociales” con más impuestos y regulaciones, sin que ello dañe la capacidad de
crecer y crear empleos. La inflación, la depreciación cambiaria, el
desabastecimiento, el estancamiento y la cesantía son su consecuencia
inexorable.
Desde luego, es para Chile lo mejor que
Argentina y Venezuela prosperen y sean un destino atractivo de sus
exportaciones e inversiones. Pero —mientras ello no ocurra— es afortunado que
la experiencia populista y Estatista que han hecho durar todo un decenio
finalmente haya iniciado su crepúsculo. El auge de la soya y del petróleo les
permitió prolongar la efímera bonanza más allá de lo usual, y brindó a sus
líderes envidiable popularidad. El ejemplo podía volverse tentador. Algo de ello se advierte en el programa de
la Nueva Mayoría. Ojalá sus dirigentes hayan considerado Buenos Aires o Caracas
para sus vacaciones.
Poligamia Gubernamental,
por Gonzalo Rojas Sánchez.
Las elecciones se ganan con coaliciones
amplias, pero los Gobiernos necesitan equipos estrechamente unidos.
Es la diferencia entre el 15 de diciembre y el
11 de marzo, ya anticipadamente puesta de manifiesto en estos agitados días de
enero y febrero.
Lo que la Concertación -aumentada con el PC y
otras fuerzas menores- ganó en amplitud, lo va a ir perdiendo en profundidad y
en cohesión. Es una de las paradójicas válvulas de seguridad que tienen las
democracias: mientras más amplia una mayoría conformada por elementos muy
diversos, más garantías tiene la minoría de poder sobrevivir (por eso, los partidos con ideología y
mentalidad totalitarias han procurado siempre eliminar pronto a sus socios de
talante democrático, ya que sus proyectos de control total del Estado requieren
de la férrea disciplina del partido único).
El segundo Gobierno Bachelet va a enfrentar
-más que cualquier otro, desde 1990 en adelante- la durísima realidad de lo
heterogéneo, especialmente perturbadora cuando cada una de las piezas del
engranaje que se quiere hacer funcionar encaja poco con las demás, porque todas
creen tener la condición de motor.
Las disputas de estos días por la concreta
cuestión de las eventuales inhabilidades son solo las primeras escaramuzas y,
además, no serán las más importantes: los sacrificios de nombres que se
anunciarán desde el lunes 24 próximo no aplacarán a los dioses, porque los
sacerdotes de cada una de las corrientes que conforman la nueva administración,
con el paso de los días y de los meses, irán pidiendo más y más sangre de sus
hermanos en la fe, de aquellos no suficientemente ortodoxos. Los dioses del
poder son insaciables y sus ministros, implacables: no conocen la misericordia.
Los comunistas, expertos en estas prácticas,
han querido marcar desde el primer día el estilo con que fiscalizarán a su
propio Gobierno. Son apenas seis Diputados, tienen apenas dos personeros entre
los cuarenta más importantes en el futuro Poder Ejecutivo, pero han levantado
su voz, como si fueran los primeros entre sus pares, para emparejar sus fuerzas
con los socios evidentemente más numerosos, por afines que sean. Pregúntenle a
Fulvio Rossi.
Mientras más sólida sea su presencia, mejor
lograrán neutralizar a sus rivales de alguna hora futura, los
democratacristianos (¿llegará ese momento?), cuando deban enfrentarse en
materias culturales y morales; de paso, con estas denuncias sobre ética
pública, están blindando a Teillier, ideólogo, cómplice o encubridor -según su
propia declaración- del asesinato de los cinco escoltas del Presidente
Pinochet, y, finalmente, un buen día podrán bajarse del carro Gubernamental,
argumentando no haber sido suficientemente acogidos en sus sacrosantas demandas
y denuncias.
Socialistas, PR y PPD, a su vez, encontrarán
numerosos motivos de conflictos entre ellos, por razones ciertamente más
prosaicas: sus electorados potenciales son tan parecidos, que cada Intendente,
Gobernador, Alcalde, Concejal, Core o Seremi del partido del lado será
considerado una amenaza potencial de cara a noviembre de 2017. La aplicación
concreta del programa en cada localidad será el pretexto, y la defensa de la
propia posición, la verdadera razón para descuerarse unos a otros.
A todos con todos los tensionarán las
relaciones que unos u otros entablen con el activismo social, o la influencia
en Chile de la crisis de los chavismos latinoamericanos, o uno que otro
escandalillo que surgirá por aquello de la debilidad humana.
Bachelet ha guardado silencio por ahora: es su
norma fundamental. Pero, desde el 11 de marzo, esta poligamia Gubernamental va
a exigir sus definiciones.
Reemplazo de Senador DC.
La pugna que se ha desencadenado en la
Democracia Cristiana (DC) por definir quién será el reemplazante de la Senador
por el Maule Sur, Ximena Rincón, una vez que ésta asuma como Ministro del Gobierno
de Michelle Bachelet -el próximo 11 de marzo-, vuelve a colocar de relieve la
necesidad de reformular el mecanismo de sustitución de los parlamentarios que
cesen en sus cargos.
Radicar esta definición en las colectividades,
como se resolvió en la reforma Constitucional del 2005, ha demostrado ser un
inconveniente para el normal funcionamiento del sistema político, toda vez que
vulnera la voluntad de los electores expresada en las urnas -alterando con ello
el principio de representatividad- y provoca evidentes tensiones al interior de
las propias colectividades. Si bien se han presentado algunos proyectos de Ley
para modificar el sistema vigente
-entre ellos, uno del actual Gobierno, que propone volver a la modalidad
anterior, en que el reemplazo le correspondía al compañero de lista del Parlamentario
que dejaba su cargo por inhabilidad o incapacidad-, lo cierto es que ninguno
apunta a resolver el problema de fondo originado por el nombramiento de Congresistas
como Ministros de Estado.
Se trata de una cuestionable práctica que se ha
vuelto recurrente en los últimos Gobiernos, y a la que se debería poner
término, pues afecta la independencia del Congreso. Como poder del Estado, esta
institución cumple un importante rol de fiscalización y contrapeso sobre el
Ejecutivo, función que se ve debilitada cada vez que se traslada a uno de sus
miembros al Gabinete. Por ello, junto con definir un mecanismo de reemplazo
apropiado, sería conveniente establecer una inhabilidad que impida a un Parlamentario
en ejercicio renunciar para ejercer
funciones en el Gobierno.
La semana política:
Estado de Derecho: la deuda continúa.
La vigencia del Estado de Derecho y la grave
responsabilidad que cabe a las autoridades presentes y a las que asumirán el 11
de marzo en garantizar su resguardo han sido identificados como un desafío
central para el Chile de hoy. El veredicto Judicial por el caso Luchsinger
MacKay lo ha hecho otra vez evidente. Lo ominoso del crimen, la inusitada
crueldad con que procedieron sus autores y las circunstancias en que fue
cometido, en el contexto de una arremetida de agitación violentista,
significaron un hito en el llamado conflicto mapuche. Un año después, y pese a
todos los esfuerzos desplegados, la respuesta del Estado resulta aún
insatisfactoria en muchos aspectos.
Es difícil entender que el único detenido —y
próximo a ser condenado— lo haya sido de modo casi fortuito, mientras continúan
impunes los otros involucrados. Puede que esto obedezca a una estrategia de
persecución criminal que privilegió lograr una primera condena antes de abordar
las otras aristas. Tal explicación es plausible, considerando los enormes
obstáculos —acciones dilatorias, manifestaciones de presión y hasta el
cuestionamiento opositor por recurrir a la Ley Antiterrorista— que debieron
superar la Fiscalía y el Ministerio del Interior, como querellante, para sacar
adelante este juicio. Con todo, solo el logro de nuevos resultados podría
disipar la recurrente percepción de fracaso del Estado en sus esfuerzos por
penetrar el corazón del fenómeno violentista.
Para la autoridad, se ha dado un primer paso en
romper un “ciclo de impunidad”. Es de esperar que sea así. En el último año el
Gobierno ha reforzado dotaciones, entregado abundantes medios a las policías e
impulsado medidas como la habilitación de cámaras en la carretera (esta última,
de lenta implementación). Como resultado, han disminuido los atentados en La
Araucanía y no se ha repetido uno con la gravedad del caso Luchsinger, pero el
accionar violentista no cesa e incluso se intensifica más al norte, en el
Biobío, además de recrudecer en cada fecha “emblemática”.
La aplicación de la Ley para sancionar a los
extremistas también se produce en un contexto de incertidumbre. Más allá de
controversias Jurídicas, el ataque al
matrimonio Luchsinger MacKay difícilmente podría estimarse sino como un acto de
amedrentamiento terrorista en cualquier lugar del mundo. El conocimiento
del texto de la sentencia permitirá revisar la argumentación de los Jueces, pero cabe temer que se va imponiendo una
suerte de inaplicabilidad fáctica de esta normativa. Aparte de
incomprensible, tratándose de un texto reformulado en democracia, la reticencia
a aplicar una Ley vigente también debilita el Estado de Derecho. El conjunto de
reglas y conductas que supone su plena realización no es una cuestión
divisible, donde las normas puedan depender del mero arbitrio coyuntural de
quienes las aplican.
Otra forma de
discriminación.
Será importante el pronunciamiento de la
Presidenta electa. Como candidata, se manifestó contra la aplicación de la Ley
Antiterrorista en el caso Luchsinger y comprometió en su programa no aplicar
tal Ley “a miembros de pueblos indígenas por actos de demanda social”,
formulación a lo menos ambigua. Además, estimó un “error” el uso de esta
normativa durante los Gobiernos de la Concertación, marcando un giro respecto
de su propia administración anterior.
Lo complejo es que el mismo fallo que evitó
aplicar esta Ley a Celestino Córdova, sí estableció que en otro hecho, el
ataque a una familia de Vilcún, se configuró un delito de incendio en carácter
de terrorista; es decir, la Justicia confirmó que en La Araucanía sí se han
producido actos de terrorismo. ¿Puede entonces una autoridad renunciar a
aplicar en la persecución de esos hechos la Ley que para esos efectos el Estado
se ha dado? ¿No constituiría tal renuncia
una discriminación hacia las víctimas y un quebrantamiento de la igualdad ante
la Ley? Más ampliamente, y contando todas las democracias modernas con
normativas de este tipo, ¿puede Chile sentirse tan inmune en estas materias,
como para prescindir de esta Legislación? Todo esto, al margen de que en rigor
son los Tribunales y el Ministerio Público los que tienen el deber de
aplicarla, más allá de los requerimientos del Ejecutivo.
Por cierto, el problema mapuche no se agota en
el orden público. La población de esa etnia ha sufrido una histórica e
inaceptable postergación. Nada de eso podría justificar, sin embargo, la
contemporización con quienes, manipulando demandas legítimas, recurren al
violentismo. La experiencia internacional
enseña que con los terroristas no se dialoga, sino que se los enfrenta,
precisamente con las armas del Estado de Derecho.
El efecto Maduro.
La represión contra los opositores a Nicolás
Maduro dio pie a intenso debate en Chile. La insólita censura de la FECh a las
protestas de los estudiantes venezolanos originó una saludable reacción de
otras federaciones. Así, un hecho del exterior permitió apreciar la escisión
entre sectores radicalizados que —elegidos a menudo en elecciones de escasísima
participación— controlan una parte del movimiento universitario, y otros
capaces de levantar su voz para enfrentarlos.
La división ante Venezuela se replicó también
en la Nueva Mayoría. Ya en el anterior Gobierno de Bachelet discrepancias
respecto de apoyar o no el ingreso de Caracas al Consejo de Seguridad de la ONU
provocaron duro conflicto en la entonces Concertación. No es descartable que
ahora, cuando el chavismo da signos de decadencia y muestra su faz más represiva,
tales tensiones se repitan y multipliquen.
Los horrores de Corea del Norte.
“La gravedad, escala y naturaleza de esas
violaciones de derechos revela que este Estado no tiene parangón en todo el
mundo contemporáneo”. Estas categóricas conclusiones son parte del informe
elaborado por la Comisión de Investigación de la ONU para Corea del Norte, creada
a principios de 2013, y que el 17 de marzo entregará un documento final que
expone las atrocidades cometidas por el Gobierno de Pyongyang según las
declaraciones de 240 personas -entre víctimas y testigos- que fueron
entrevistados por esta comisión especial.
El reporte viene a corroborar hechos que
estaban en conocimiento de la comunidad internacional, pero que no habían
podido ser demostrados de forma fehaciente. Asesinatos, torturas, violaciones,
secuestros, la existencia de campos de concentración y la división de la
sociedad en castas según el nivel de adhesión al régimen comunista norcoreano,
son algunos de los antecedentes aportados por los testimonios y que llevaron a
la comisión de la ONU a comparar estos crímenes con los cometidos por los Nazis
y recomendar que los principales líderes de ese país sean juzgados por la Corte
Penal Internacional.
Lo relatado en el informe debe motivar una
abierta condena hacia el régimen, que por cerca de medio siglo ha sometido a su
pueblo a todo tipo de vejámenes, vulnerando las garantías fundamentales en
materia de derechos humanos. Cabe esperar que los grupos políticos que en Chile
han expresado respaldo al régimen se sumen ahora sin reservas a las voces de
condena.
Lo expuesto en el documento debiese impulsar
también un cambio de actitud de China y Rusia en el Consejo de Seguridad de la
ONU, que en su calidad de aliados de Pyongyang han prestado asistencia
económica y respaldo político. Asimismo, es un llamado de atención para frenar
el intento del régimen por contar con armas nucleares, por el riesgo que ello
supone para la seguridad internacional.
Despilfarro y necedad ideológica.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha enfrentado las
mayores protestas desde su elección. Las razones tras las manifestaciones son
múltiples. El aumento de la violencia ha hecho de Venezuela el país con la
tercera tasa de homicidios más alta del mundo (79 por 100 mil habitantes), y la
“revolución chavista” ha coartado libertades. Pero el malestar mayor se debe a
la situación económica. La escasez y la inflación de 56%, provocadas por
políticas erróneas, han deteriorado las condiciones de vida.
La crisis solo puede explicarse por la mala
administración y el despilfarro. El país recibe anualmente entre 70 mil y 100
mil millones de dólares por exportaciones petroleras, que van directamente a
las arcas del Estado. Sin embargo, no hay divisas para las empresas no
nacionalizadas, que las requieren para importar insumos y producir. Polar,
productora de alimentos, informó que corre el riesgo de parar sus faenas porque
sus proveedores extranjeros rehúsan darle más crédito. Toyota, incapaz de
importar insumos, ha detenido la fabricación de autos, y las aerolíneas han
reducido su venta de pasajes a venezolanos.
El discurso oficial desprecia a la empresa
privada, pero las industrias nacionalizadas han sido incapaces de reemplazar su
producción. Petróleos de Venezuela (PDVSA) se deteriora por la falta de
inversión. Y, según estimaciones, las empresas nacionalizadas operan al 40% de
su potencial, en parte debido al reemplazo de personal capacitado por
operadores políticos.
En lugar de destinar las divisas al sector
productivo, estas son utilizadas para financiar el alto gasto público (50% del
PIB) y los millonarios subsidios. Aunque Venezuela es una potencia petrolera,
en los últimos dos años se ha visto obligada a duplicar la importación de
gasolinas y otros combustibles (con Estados Unidos como mayor proveedor). Según
la prensa local, PDVSA recupera solo el 2% de lo que paga por las bencinas que
importa. Llenar el estanque de un auto SUV cuesta en Venezuela 0,11 dólares, o
$60. Para sostener esto, el Gobierno destina unos 30 mil millones de dólares:
más de lo que invertiría en salud o educación, juntos.
En lugar
de reconocer las fallas del “modelo revolucionario”, Maduro ha preferido acusar
a Washington y a la “burguesía fascista” de las protestas. A eso se suma el uso
de la violencia, la represión y la coerción de derechos, como una vía para
apuntalar su legitimidad. Pues si bien él fue elegido por estrecho y
cuestionado margen, no goza del carisma ni del talento político de su
antecesor.
El Gobierno deberá tomar medidas en algún
momento. Hoy quienes protestan son los estudiantes. Pero, en una ola
hiperinflacionaria, incluso los subsidios pierden atractivo. Y entonces es
posible que se sumen muchos de quienes por ahora dan sustento político al
chavismo.
Argentina compra tiempo.
En apenas tres meses, el Gobierno argentino ha
sorprendido al tomar una serie de medidas que rechazó durante años: reabrió
negociaciones con sus acreedores del Club de París, permitió una devaluación
del peso y, en un hecho que sorprendió a los propios trasandinos, reconoció el
flagelo de la inflación. Lamentablemente, esta no parece ser una reacción
estructurada dentro de un plan para acometer las reformas urgentes que necesita
el país, sino que, por el contrario, tal como han sido planteados hasta ahora
los cambios, su orientación sería más bien la de ganar tiempo, ante una
situación económica que se deteriora rápidamente.
Después de una década de crecimiento sostenido
por el gasto público, la impresión de moneda, la nacionalización de los fondos
de pensiones y de empresas, y el uso de US$ 25.000 millones de sus reservas
internacionales, el modelo instaurado en 2003 por Néstor Kirchner comenzó a
colapsar el año pasado debido a la fuga de dólares. Pero el mayor golpe ha sido
la inflación. Estimada en 25% en 2013, redujo el poder adquisitivo no solo de
los salarios, sino de las ayudas sociales entregadas por el Estado y que hasta
entonces habían contribuido a los triunfos electorales del kirchnerismo.
La derrota del oficialismo en las Legislativas
de octubre fue la señal de alerta. Las subvenciones, la fijación de precios y
el control cambiario no han podido evitar la desaceleración de la economía y,
más aún, han provocado olas recurrentes de escasez. Ante el deterioro, los
argentinos, empresas y consumidores, se han volcado a una receta que ya
conocen: refugiar sus escasos ahorros en dólares. Sostener el tipo de cambio
comenzó a sangrar las reservas internacionales del país, que hoy se encuentran
en sus mínimos en siete años, y el déficit Fiscal cuadriplicó el año pasado al
registrado en 2012. La necesidad de divisas es urgente. Pero sin un plan Fiscal
responsable y un programa para contener la inflación creíble, los
inversionistas han decidido huir (la inversión extranjera cayó 13% el año
pasado).
Argentina está excluida de los mercados
internacionales desde su default, en 2001. Eso explica el cambio de actitud del
Gobierno. La devaluación parcial del peso y el nuevo índice de inflación, que
arrojó un alza de precios de 3,7% en enero, obedecen a la necesidad de
convencer a los inversionistas y, sobre todo, al Fondo Monetario Internacional,
que ha exigido recurrentemente el sinceramiento de las estadísticas. Para
volver a los mercados de deuda, el país requiere de un acuerdo con sus
acreedores del Club de París, y estos, tal como fue expresado en enero, no
aceptarán ninguna propuesta sin la venia del FMI.
Sincerar las estadísticas debería ser el primer
paso para la implementación de una política macroeconómica responsable,
orientada a solucionar los problemas de fondo. Pero hay pocas señales de eso.
El nuevo índice, la devaluación e incluso la posible reducción de los subsidios
han llegado acompañados de nuevas presiones para congelar precios, más
impresión de moneda y "escraches", protestas instigadas por el
oficialismo, contra empresas internacionales y sus ejecutivos. Así, las medidas
parecen orientadas a convencer al FMI de levantar su voto de censura contra el
país y con ello abrir la puerta para volver a los mercados y obtener nuevo
financiamiento para llegar, al menos, hasta las próximas elecciones, en octubre
de 2015. Sin la posibilidad de Cristina Fernández de presentarse a la
reelección, el camino parece ser dejar la responsabilidad de enfrentar las
duras reformas, y la crisis que parece inevitable, al futuro Gobierno.
Un par de cartas muy decidoras.
Señor Director:
Delito de terrorismo.
En vista del fallo en el juicio por el
asesinato del matrimonio Luchsinger MacKay, creo contarme entre muchos que
necesitan que los Jueces nos expliquen qué constituye entonces una acción
terrorista en nuestro país.
Héctor Ducci Budge
Señor Director:
Universidades y lucro.
Desde el retorno a la democracia el año 1990
han pasado 24 años, cinco Gobiernos y 12 Ministros de educación con
prácticamente el mismo ordenamiento Jurídico institucional que orienta el
desarrollo del sistema universitario en Chile. Y como es bien sabido, la Ley
sobre universidades, que data de 1981, no permite el lucro, es decir, el retiro
de excedentes que se depositan en entidades comerciales fuera del giro
universitario. Asimismo, la normativa Legal sobre acreditación, del 2006, exige
que las prestaciones de servicios desde entidades externas hacia las
universidades se justifiquen en el marco del desarrollo del proyecto educativo
y no sean un modo encubierto de transferencias financieras sin respaldo real.
En consecuencia, resulta encomiable la atención
puesta por el Rector Víctor Pérez en la última semana de que se investiguen las
operaciones relacionadas de “Laureate International” y las universidades de su
propiedad. Lo que llama mucho la atención
y merece conocer la opinión pública es por qué no tuvo el mismo celo y firmeza
en exigir en años anteriores y bajo otros Gobiernos que se investigaran hechos
similares. Además, y él lo sabe, las denuncias sobre dicho asunto que ha
recibido el Mineduc del Consejo Nacional de Educación, la Comisión Nacional de
Acreditación y el Ministerio Público y que está en proceso de revisión, en un
contexto bastante precario para que el Ministerio tome decisiones y actúe, solo
tienen semanas, no años.
Por ello, su reiterada insistencia en que la
actual Ministro no ha cumplido con su deber de investigar parece una pertinaz
persecución que no se justifica, en circunstancias que —y eso es lo paradójico—
ha sido precisamente este Gobierno en los últimos dos años el que mayor interés
y cuidado ha tenido desde 1990 para que las instituciones correspondientes
operen y se hagan las reformas Legales que modernicen el marco normativo
institucional para las universidades chilenas.
Carlos Williamson B.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
