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martes, 25 de febrero de 2014

Resumen temático de la semana…









Veredicto difícil de entender,
por Axel Buchheister.


El Tribunal Oral de Temuco dictaminó la culpabilidad de Celestino Córdova por el ataque incendiario que culminó en la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, no así respecto de otro muy similar en contra de la familia Seco Fourcade, en que no hubo fallecimientos que lamentar.


A diferencia de otras causas contra comuneros mapuches, en que los Tribunales han acusado pruebas débiles, el caso Luchsinger no podía sino terminar en una condena. Cualquier otra conclusión habría sido muy grave y perturbadora, dado que se capturó a Córdova casi con “las manos en la masa”. En efecto, como precisó el Tribunal, se le detuvo poco después del atentado, cuando huía herido a bala por el interior del predio de las víctimas, con una linterna colgada al cuello, con ropas oscuras y parcialmente embozado. Agreguemos otro dato: que de inmediato dijo a sus captores que mantendría silencio y así ha continuado. Si bien ejerció un derecho, debe asumir los costos de hacerlo, ya que sin duda la negativa a dar una explicación plausible sobre su presencia en el lugar en tales circunstancias -como lo haría cualquier inocente- refuerza la convicción sobre su responsabilidad.


La absolución en el segundo era también esperable, porque efectivamente la prueba incriminatoria era casi inexistente. En esto, el Ministerio Público erró al llevar a juicio un caso sin sustento. Con ello, no sólo se ha expuesto a una derrota, sino que si más adelante surge alguna prueba contra Córdova, será inútil, porque ya fue declarado inocente.


Lo que resultó inesperado y difícil de entender es la diversa calificación Jurídica del Tribunal para ambos casos, que son esencialmente idénticos: atentados incendiarios a casas aisladas en la zona mapuche. La trama fue la misma y el resultado distinto, nada más porque en uno el dueño se resistió. Para el Tribunal, en el ataque a la familia Seco Fourcade sí se configuró la conducta terrorista, mientras que para el otro no, porque no se acreditó el “dolo especial” de causar el temor de sufrir un delito semejante por un sector de la población. En el primero, se acreditó porque los testigos, que son a la vez las víctimas, declararon que los atacantes profirieron expresiones que denotaban la voluntad de provocar ese temor (“que querían ver a los huincas arrodillados frente a ellos”), lo que no ocurrió en el caso Luchsinger Mackay, pero porque no hubo sobrevivientes. Lo curioso es que el Tribunal reconoce que este caso sí infundió el señalado temor en al menos los vecinos del lugar, pero dijo que no está demostrado que el acusado haya tenido por fin causarlo. Es evidente que cuando hay declaraciones de los acusados manifestando su intención, la situación probatoria se facilita, pero eso no quita que no se pueda acreditar por una presunción Judicial, pues inequívocamente esa era la intención de Córdova: ¿cuál otra podía racionalmente tener?


Lo paradójico del razonamiento del tribunal es que el ataque con resultado más grave no se considera terrorista, mientras que el otro sí. Pero lo peor es la lección que entrega a los delincuentes: no deben dejar testigos vivos, ya que así se aseguran que no se les pueda probar una conducta terrorista. Los Tribunales debieran hacerse responsables frente a la ciudadanía por lo que resuelven.


Experiencias aleccionadoras,
por Juan Andrés Fontaine.


Cuando, veinticuatro años atrás, el ex Presidente Aylwin se aprestaba para inaugurar su Gobierno, también había buenas razones para temer un retroceso económico. Durante la campaña electoral previa habían sido puestos en tela de juicio el pago de la deuda externa, la autonomía del Banco Central, la apertura “indiscriminada” a las importaciones y las privatizaciones. Como sabemos, y para el bien de Chile, nada de ello ocurrió.


Se dice que influyeron en la orientación pro mercado, que en definitiva siguieron los Gobiernos de la Concertación, los consejos de los entonces Presidentes del Gobierno español, el socialista Felipe González, y del mexicano, Carlos Salinas de Gortari, quienes apreciaban la apertura y modernización alcanzadas por la economía chilena. Pero probablemente lo más decidor haya sido que en esos días en nuestro vecindario inmediato —en Argentina y Perú— la inflación galopante, la crisis cambiaria y el estancamiento económico demostraban una vez más que el atajo populista y Estatista solo crea una prosperidad ilusoria, seguida de un amargo despertar.


La historia se repite. Acompañada ahora de Venezuela, nuevamente Argentina —cuya historia califica el semanario británico The Economist de parábola sobre lo que no debe hacerse en políticas públicas— vive el duro capítulo final de su aventura. Tanto el “kirchnerismo” como el “chavismo” ignoran dos principios básicos: que los recursos se hacen siempre escasos ante las ilimitadas aspiraciones humanas y que sin los incentivos apropiados no es posible esperar que la economía marche bien. Lo uno, los hace prometer la satisfacción indiscriminada de “derechos sociales”, sin consideración alguna sobre su costo; lo otro, los hace suponer que es posible atender las “demandas sociales” con más impuestos y regulaciones, sin que ello dañe la capacidad de crecer y crear empleos. La inflación, la depreciación cambiaria, el desabastecimiento, el estancamiento y la cesantía son su consecuencia inexorable.


Desde luego, es para Chile lo mejor que Argentina y Venezuela prosperen y sean un destino atractivo de sus exportaciones e inversiones. Pero —mientras ello no ocurra— es afortunado que la experiencia populista y Estatista que han hecho durar todo un decenio finalmente haya iniciado su crepúsculo. El auge de la soya y del petróleo les permitió prolongar la efímera bonanza más allá de lo usual, y brindó a sus líderes envidiable popularidad. El ejemplo podía volverse tentador. Algo de ello se advierte en el programa de la Nueva Mayoría. Ojalá sus dirigentes hayan considerado Buenos Aires o Caracas para sus vacaciones.


Poligamia Gubernamental,
por Gonzalo Rojas Sánchez.


Las elecciones se ganan con coaliciones amplias, pero los Gobiernos necesitan equipos estrechamente unidos.


Es la diferencia entre el 15 de diciembre y el 11 de marzo, ya anticipadamente puesta de manifiesto en estos agitados días de enero y febrero.


Lo que la Concertación -aumentada con el PC y otras fuerzas menores- ganó en amplitud, lo va a ir perdiendo en profundidad y en cohesión. Es una de las paradójicas válvulas de seguridad que tienen las democracias: mientras más amplia una mayoría conformada por elementos muy diversos, más garantías tiene la minoría de poder sobrevivir (por eso, los partidos con ideología y mentalidad totalitarias han procurado siempre eliminar pronto a sus socios de talante democrático, ya que sus proyectos de control total del Estado requieren de la férrea disciplina del partido único).


El segundo Gobierno Bachelet va a enfrentar -más que cualquier otro, desde 1990 en adelante- la durísima realidad de lo heterogéneo, especialmente perturbadora cuando cada una de las piezas del engranaje que se quiere hacer funcionar encaja poco con las demás, porque todas creen tener la condición de motor.


Las disputas de estos días por la concreta cuestión de las eventuales inhabilidades son solo las primeras escaramuzas y, además, no serán las más importantes: los sacrificios de nombres que se anunciarán desde el lunes 24 próximo no aplacarán a los dioses, porque los sacerdotes de cada una de las corrientes que conforman la nueva administración, con el paso de los días y de los meses, irán pidiendo más y más sangre de sus hermanos en la fe, de aquellos no suficientemente ortodoxos. Los dioses del poder son insaciables y sus ministros, implacables: no conocen la misericordia.


Los comunistas, expertos en estas prácticas, han querido marcar desde el primer día el estilo con que fiscalizarán a su propio Gobierno. Son apenas seis Diputados, tienen apenas dos personeros entre los cuarenta más importantes en el futuro Poder Ejecutivo, pero han levantado su voz, como si fueran los primeros entre sus pares, para emparejar sus fuerzas con los socios evidentemente más numerosos, por afines que sean. Pregúntenle a Fulvio Rossi.


Mientras más sólida sea su presencia, mejor lograrán neutralizar a sus rivales de alguna hora futura, los democratacristianos (¿llegará ese momento?), cuando deban enfrentarse en materias culturales y morales; de paso, con estas denuncias sobre ética pública, están blindando a Teillier, ideólogo, cómplice o encubridor -según su propia declaración- del asesinato de los cinco escoltas del Presidente Pinochet, y, finalmente, un buen día podrán bajarse del carro Gubernamental, argumentando no haber sido suficientemente acogidos en sus sacrosantas demandas y denuncias.


Socialistas, PR y PPD, a su vez, encontrarán numerosos motivos de conflictos entre ellos, por razones ciertamente más prosaicas: sus electorados potenciales son tan parecidos, que cada Intendente, Gobernador, Alcalde, Concejal, Core o Seremi del partido del lado será considerado una amenaza potencial de cara a noviembre de 2017. La aplicación concreta del programa en cada localidad será el pretexto, y la defensa de la propia posición, la verdadera razón para descuerarse unos a otros.


A todos con todos los tensionarán las relaciones que unos u otros entablen con el activismo social, o la influencia en Chile de la crisis de los chavismos latinoamericanos, o uno que otro escandalillo que surgirá por aquello de la debilidad humana.


Bachelet ha guardado silencio por ahora: es su norma fundamental. Pero, desde el 11 de marzo, esta poligamia Gubernamental va a exigir sus definiciones.


Reemplazo de Senador DC.


La pugna que se ha desencadenado en la Democracia Cristiana (DC) por definir quién será el reemplazante de la Senador por el Maule Sur, Ximena Rincón, una vez que ésta asuma como Ministro del Gobierno de Michelle Bachelet -el próximo 11 de marzo-, vuelve a colocar de relieve la necesidad de reformular el mecanismo de sustitución de los parlamentarios que cesen en sus cargos.


Radicar esta definición en las colectividades, como se resolvió en la reforma Constitucional del 2005, ha demostrado ser un inconveniente para el normal funcionamiento del sistema político, toda vez que vulnera la voluntad de los electores expresada en las urnas -alterando con ello el principio de representatividad- y provoca evidentes tensiones al interior de las propias colectividades. Si bien se han presentado algunos proyectos de Ley para modificar el sistema vigente    -entre ellos, uno del actual Gobierno, que propone volver a la modalidad anterior, en que el reemplazo le correspondía al compañero de lista del Parlamentario que dejaba su cargo por inhabilidad o incapacidad-, lo cierto es que ninguno apunta a resolver el problema de fondo originado por el nombramiento de Congresistas como Ministros de Estado.


Se trata de una cuestionable práctica que se ha vuelto recurrente en los últimos Gobiernos, y a la que se debería poner término, pues afecta la independencia del Congreso. Como poder del Estado, esta institución cumple un importante rol de fiscalización y contrapeso sobre el Ejecutivo, función que se ve debilitada cada vez que se traslada a uno de sus miembros al Gabinete. Por ello, junto con definir un mecanismo de reemplazo apropiado, sería conveniente establecer una inhabilidad que impida a un Parlamentario en ejercicio renunciar para ejercer  funciones en el Gobierno.


La semana política:
Estado de Derecho: la deuda continúa.


La vigencia del Estado de Derecho y la grave responsabilidad que cabe a las autoridades presentes y a las que asumirán el 11 de marzo en garantizar su resguardo han sido identificados como un desafío central para el Chile de hoy. El veredicto Judicial por el caso Luchsinger MacKay lo ha hecho otra vez evidente. Lo ominoso del crimen, la inusitada crueldad con que procedieron sus autores y las circunstancias en que fue cometido, en el contexto de una arremetida de agitación violentista, significaron un hito en el llamado conflicto mapuche. Un año después, y pese a todos los esfuerzos desplegados, la respuesta del Estado resulta aún insatisfactoria en muchos aspectos.


Es difícil entender que el único detenido —y próximo a ser condenado— lo haya sido de modo casi fortuito, mientras continúan impunes los otros involucrados. Puede que esto obedezca a una estrategia de persecución criminal que privilegió lograr una primera condena antes de abordar las otras aristas. Tal explicación es plausible, considerando los enormes obstáculos —acciones dilatorias, manifestaciones de presión y hasta el cuestionamiento opositor por recurrir a la Ley Antiterrorista— que debieron superar la Fiscalía y el Ministerio del Interior, como querellante, para sacar adelante este juicio. Con todo, solo el logro de nuevos resultados podría disipar la recurrente percepción de fracaso del Estado en sus esfuerzos por penetrar el corazón del fenómeno violentista.


Para la autoridad, se ha dado un primer paso en romper un “ciclo de impunidad”. Es de esperar que sea así. En el último año el Gobierno ha reforzado dotaciones, entregado abundantes medios a las policías e impulsado medidas como la habilitación de cámaras en la carretera (esta última, de lenta implementación). Como resultado, han disminuido los atentados en La Araucanía y no se ha repetido uno con la gravedad del caso Luchsinger, pero el accionar violentista no cesa e incluso se intensifica más al norte, en el Biobío, además de recrudecer en cada fecha “emblemática”.


La aplicación de la Ley para sancionar a los extremistas también se produce en un contexto de incertidumbre. Más allá de controversias Jurídicas, el ataque al matrimonio Luchsinger MacKay difícilmente podría estimarse sino como un acto de amedrentamiento terrorista en cualquier lugar del mundo. El conocimiento del texto de la sentencia permitirá revisar la argumentación de los Jueces, pero cabe temer que se va imponiendo una suerte de inaplicabilidad fáctica de esta normativa. Aparte de incomprensible, tratándose de un texto reformulado en democracia, la reticencia a aplicar una Ley vigente también debilita el Estado de Derecho. El conjunto de reglas y conductas que supone su plena realización no es una cuestión divisible, donde las normas puedan depender del mero arbitrio coyuntural de quienes las aplican.


Otra forma de discriminación.


Será importante el pronunciamiento de la Presidenta electa. Como candidata, se manifestó contra la aplicación de la Ley Antiterrorista en el caso Luchsinger y comprometió en su programa no aplicar tal Ley “a miembros de pueblos indígenas por actos de demanda social”, formulación a lo menos ambigua. Además, estimó un “error” el uso de esta normativa durante los Gobiernos de la Concertación, marcando un giro respecto de su propia administración anterior.


Lo complejo es que el mismo fallo que evitó aplicar esta Ley a Celestino Córdova, sí estableció que en otro hecho, el ataque a una familia de Vilcún, se configuró un delito de incendio en carácter de terrorista; es decir, la Justicia confirmó que en La Araucanía sí se han producido actos de terrorismo. ¿Puede entonces una autoridad renunciar a aplicar en la persecución de esos hechos la Ley que para esos efectos el Estado se ha dado? ¿No constituiría tal renuncia una discriminación hacia las víctimas y un quebrantamiento de la igualdad ante la Ley? Más ampliamente, y contando todas las democracias modernas con normativas de este tipo, ¿puede Chile sentirse tan inmune en estas materias, como para prescindir de esta Legislación? Todo esto, al margen de que en rigor son los Tribunales y el Ministerio Público los que tienen el deber de aplicarla, más allá de los requerimientos del Ejecutivo.


Por cierto, el problema mapuche no se agota en el orden público. La población de esa etnia ha sufrido una histórica e inaceptable postergación. Nada de eso podría justificar, sin embargo, la contemporización con quienes, manipulando demandas legítimas, recurren al violentismo. La experiencia internacional enseña que con los terroristas no se dialoga, sino que se los enfrenta, precisamente con las armas del Estado de Derecho.


El efecto Maduro.


La represión contra los opositores a Nicolás Maduro dio pie a intenso debate en Chile. La insólita censura de la FECh a las protestas de los estudiantes venezolanos originó una saludable reacción de otras federaciones. Así, un hecho del exterior permitió apreciar la escisión entre sectores radicalizados que —elegidos a menudo en elecciones de escasísima participación— controlan una parte del movimiento universitario, y otros capaces de levantar su voz para enfrentarlos.


La división ante Venezuela se replicó también en la Nueva Mayoría. Ya en el anterior Gobierno de Bachelet discrepancias respecto de apoyar o no el ingreso de Caracas al Consejo de Seguridad de la ONU provocaron duro conflicto en la entonces Concertación. No es descartable que ahora, cuando el chavismo da signos de decadencia y muestra su faz más represiva, tales tensiones se repitan y multipliquen.


Los horrores de Corea del Norte.


“La gravedad, escala y naturaleza de esas violaciones de derechos revela que este Estado no tiene parangón en todo el mundo contemporáneo”. Estas categóricas conclusiones son parte del informe elaborado por la Comisión de Investigación de la ONU para Corea del Norte, creada a principios de 2013, y que el 17 de marzo entregará un documento final que expone las atrocidades cometidas por el Gobierno de Pyongyang según las declaraciones de 240 personas -entre víctimas y testigos- que fueron entrevistados por esta comisión especial.


El reporte viene a corroborar hechos que estaban en conocimiento de la comunidad internacional, pero que no habían podido ser demostrados de forma fehaciente. Asesinatos, torturas, violaciones, secuestros, la existencia de campos de concentración y la división de la sociedad en castas según el nivel de adhesión al régimen comunista norcoreano, son algunos de los antecedentes aportados por los testimonios y que llevaron a la comisión de la ONU a comparar estos crímenes con los cometidos por los Nazis y recomendar que los principales líderes de ese país sean juzgados por la Corte Penal Internacional.


Lo relatado en el informe debe motivar una abierta condena hacia el régimen, que por cerca de medio siglo ha sometido a su pueblo a todo tipo de vejámenes, vulnerando las garantías fundamentales en materia de derechos humanos. Cabe esperar que los grupos políticos que en Chile han expresado respaldo al régimen se sumen ahora sin reservas a las voces de condena.


Lo expuesto en el documento debiese impulsar también un cambio de actitud de China y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, que en su calidad de aliados de Pyongyang han prestado asistencia económica y respaldo político. Asimismo, es un llamado de atención para frenar el intento del régimen por contar con armas nucleares, por el riesgo que ello supone para la seguridad internacional.


Despilfarro y necedad ideológica.


El Gobierno de Nicolás Maduro ha enfrentado las mayores protestas desde su elección. Las razones tras las manifestaciones son múltiples. El aumento de la violencia ha hecho de Venezuela el país con la tercera tasa de homicidios más alta del mundo (79 por 100 mil habitantes), y la “revolución chavista” ha coartado libertades. Pero el malestar mayor se debe a la situación económica. La escasez y la inflación de 56%, provocadas por políticas erróneas, han deteriorado las condiciones de vida.


La crisis solo puede explicarse por la mala administración y el despilfarro. El país recibe anualmente entre 70 mil y 100 mil millones de dólares por exportaciones petroleras, que van directamente a las arcas del Estado. Sin embargo, no hay divisas para las empresas no nacionalizadas, que las requieren para importar insumos y producir. Polar, productora de alimentos, informó que corre el riesgo de parar sus faenas porque sus proveedores extranjeros rehúsan darle más crédito. Toyota, incapaz de importar insumos, ha detenido la fabricación de autos, y las aerolíneas han reducido su venta de pasajes a venezolanos.


El discurso oficial desprecia a la empresa privada, pero las industrias nacionalizadas han sido incapaces de reemplazar su producción. Petróleos de Venezuela (PDVSA) se deteriora por la falta de inversión. Y, según estimaciones, las empresas nacionalizadas operan al 40% de su potencial, en parte debido al reemplazo de personal capacitado por operadores políticos.


En lugar de destinar las divisas al sector productivo, estas son utilizadas para financiar el alto gasto público (50% del PIB) y los millonarios subsidios. Aunque Venezuela es una potencia petrolera, en los últimos dos años se ha visto obligada a duplicar la importación de gasolinas y otros combustibles (con Estados Unidos como mayor proveedor). Según la prensa local, PDVSA recupera solo el 2% de lo que paga por las bencinas que importa. Llenar el estanque de un auto SUV cuesta en Venezuela 0,11 dólares, o $60. Para sostener esto, el Gobierno destina unos 30 mil millones de dólares: más de lo que invertiría en salud o educación, juntos.


En lugar de reconocer las fallas del “modelo revolucionario”, Maduro ha preferido acusar a Washington y a la “burguesía fascista” de las protestas. A eso se suma el uso de la violencia, la represión y la coerción de derechos, como una vía para apuntalar su legitimidad. Pues si bien él fue elegido por estrecho y cuestionado margen, no goza del carisma ni del talento político de su antecesor.


El Gobierno deberá tomar medidas en algún momento. Hoy quienes protestan son los estudiantes. Pero, en una ola hiperinflacionaria, incluso los subsidios pierden atractivo. Y entonces es posible que se sumen muchos de quienes por ahora dan sustento político al chavismo.


Argentina compra tiempo.


En apenas tres meses, el Gobierno argentino ha sorprendido al tomar una serie de medidas que rechazó durante años: reabrió negociaciones con sus acreedores del Club de París, permitió una devaluación del peso y, en un hecho que sorprendió a los propios trasandinos, reconoció el flagelo de la inflación. Lamentablemente, esta no parece ser una reacción estructurada dentro de un plan para acometer las reformas urgentes que necesita el país, sino que, por el contrario, tal como han sido planteados hasta ahora los cambios, su orientación sería más bien la de ganar tiempo, ante una situación económica que se deteriora rápidamente.


Después de una década de crecimiento sostenido por el gasto público, la impresión de moneda, la nacionalización de los fondos de pensiones y de empresas, y el uso de US$ 25.000 millones de sus reservas internacionales, el modelo instaurado en 2003 por Néstor Kirchner comenzó a colapsar el año pasado debido a la fuga de dólares. Pero el mayor golpe ha sido la inflación. Estimada en 25% en 2013, redujo el poder adquisitivo no solo de los salarios, sino de las ayudas sociales entregadas por el Estado y que hasta entonces habían contribuido a los triunfos electorales del kirchnerismo.


La derrota del oficialismo en las Legislativas de octubre fue la señal de alerta. Las subvenciones, la fijación de precios y el control cambiario no han podido evitar la desaceleración de la economía y, más aún, han provocado olas recurrentes de escasez. Ante el deterioro, los argentinos, empresas y consumidores, se han volcado a una receta que ya conocen: refugiar sus escasos ahorros en dólares. Sostener el tipo de cambio comenzó a sangrar las reservas internacionales del país, que hoy se encuentran en sus mínimos en siete años, y el déficit Fiscal cuadriplicó el año pasado al registrado en 2012. La necesidad de divisas es urgente. Pero sin un plan Fiscal responsable y un programa para contener la inflación creíble, los inversionistas han decidido huir (la inversión extranjera cayó 13% el año pasado).


Argentina está excluida de los mercados internacionales desde su default, en 2001. Eso explica el cambio de actitud del Gobierno. La devaluación parcial del peso y el nuevo índice de inflación, que arrojó un alza de precios de 3,7% en enero, obedecen a la necesidad de convencer a los inversionistas y, sobre todo, al Fondo Monetario Internacional, que ha exigido recurrentemente el sinceramiento de las estadísticas. Para volver a los mercados de deuda, el país requiere de un acuerdo con sus acreedores del Club de París, y estos, tal como fue expresado en enero, no aceptarán ninguna propuesta sin la venia del FMI.


Sincerar las estadísticas debería ser el primer paso para la implementación de una política macroeconómica responsable, orientada a solucionar los problemas de fondo. Pero hay pocas señales de eso. El nuevo índice, la devaluación e incluso la posible reducción de los subsidios han llegado acompañados de nuevas presiones para congelar precios, más impresión de moneda y "escraches", protestas instigadas por el oficialismo, contra empresas internacionales y sus ejecutivos. Así, las medidas parecen orientadas a convencer al FMI de levantar su voto de censura contra el país y con ello abrir la puerta para volver a los mercados y obtener nuevo financiamiento para llegar, al menos, hasta las próximas elecciones, en octubre de 2015. Sin la posibilidad de Cristina Fernández de presentarse a la reelección, el camino parece ser dejar la responsabilidad de enfrentar las duras reformas, y la crisis que parece inevitable, al futuro Gobierno.


Un par de cartas muy decidoras.


Señor Director:


Delito de terrorismo.


En vista del fallo en el juicio por el asesinato del matrimonio Luchsinger MacKay, creo contarme entre muchos que necesitan que los Jueces nos expliquen qué constituye entonces una acción terrorista en nuestro país.


Héctor Ducci Budge


Señor Director:


Universidades y lucro.


Desde el retorno a la democracia el año 1990 han pasado 24 años, cinco Gobiernos y 12 Ministros de educación con prácticamente el mismo ordenamiento Jurídico institucional que orienta el desarrollo del sistema universitario en Chile. Y como es bien sabido, la Ley sobre universidades, que data de 1981, no permite el lucro, es decir, el retiro de excedentes que se depositan en entidades comerciales fuera del giro universitario. Asimismo, la normativa Legal sobre acreditación, del 2006, exige que las prestaciones de servicios desde entidades externas hacia las universidades se justifiquen en el marco del desarrollo del proyecto educativo y no sean un modo encubierto de transferencias financieras sin respaldo real.


En consecuencia, resulta encomiable la atención puesta por el Rector Víctor Pérez en la última semana de que se investiguen las operaciones relacionadas de “Laureate International” y las universidades de su propiedad. Lo que llama mucho la atención y merece conocer la opinión pública es por qué no tuvo el mismo celo y firmeza en exigir en años anteriores y bajo otros Gobiernos que se investigaran hechos similares. Además, y él lo sabe, las denuncias sobre dicho asunto que ha recibido el Mineduc del Consejo Nacional de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación y el Ministerio Público y que está en proceso de revisión, en un contexto bastante precario para que el Ministerio tome decisiones y actúe, solo tienen semanas, no años.


Por ello, su reiterada insistencia en que la actual Ministro no ha cumplido con su deber de investigar parece una pertinaz persecución que no se justifica, en circunstancias que —y eso es lo paradójico— ha sido precisamente este Gobierno en los últimos dos años el que mayor interés y cuidado ha tenido desde 1990 para que las instituciones correspondientes operen y se hagan las reformas Legales que modernicen el marco normativo institucional para las universidades chilenas.

Carlos Williamson B.


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Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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