Una propuesta indecente,
por Joaquín García Huidobro.
En 20 siglos de
existencia, la Iglesia católica ha pasado por crisis variopintas, desde los Papas
corruptos del año 1000 hasta las persecuciones de la Revolución Francesa o de
Stalin. La cuestión de la pedofilia, sin embargo, tiene un carácter singular.
Ella afecta las confianzas más básicas en una tarea tan delicada como es la
educación de niños y jóvenes (no olvidemos que la Iglesia es la institución no Estatal
que más personas ha educado en la historia humana). Además, las consecuencias
de estos abusos en las víctimas son devastadoras.
Nadie pide que los
clérigos o el personal que trabaja en instituciones eclesiásticas sean todos
como el Padre Hurtado o san Francisco de Asís. Pero hay cosas inaceptables, y
una de ellas es la pedofilia.
Por eso, tras el
desconcierto y vacilaciones iniciales, no nos debe extrañar que desde 2002 la
Santa Sede haya tomado medidas muy drásticas, que incluyen la plena
colaboración con la Justicia civil y la separación inmediata de su cargo cuando
alguien resulta sospechoso de estas conductas. Benedicto fue durísimo en estas
materias y Francisco ha seguido la misma ruta.
Aprendida la dolorosa
lección, la celeridad de los últimos procesos eclesiásticos no admite
comparación con la que cabe observar en ningún Estado respecto de sus
funcionarios acusados de corrupción. Tratándose de la Iglesia católica esto no
es un mérito: debe ser así. Por eso, hoy la Iglesia está en condiciones de
resistir el escrutinio de cualquier observador imparcial.
¿Puede considerarse que
las recientes "recomendaciones" del Comité para los Derechos del Niño
de la ONU a la Santa Sede reúnen esas características de imparcialidad?
Me parece que no.
Simplemente voy a dar tres argumentos que muestran que este documento, más que
cumplir la función de promover los derechos de los niños, parece un ajuste de
cuentas respecto de una institución que no les resulta nada de simpática a los
miembros del Comité.
En primer lugar, el
documento hace caso omiso de las medidas tomadas por la Iglesia en la última
década. Es más, apenas incluye alguno que otro elemento de los aportados por el
representante de la Santa Sede en la audiencia donde se escucharon sus descargos,
del 16 de enero pasado. Varios observadores han señalado que, al parecer, el
informe ya estaba escrito antes de oír la defensa de la Iglesia, y el Comité se
limitó a corregir un par de detalles. No se destacan, por ejemplo, las medidas
tomadas por la Santa Sede, ni se reconoce la celeridad de los procesos (entre
2011 y 2013 han sido dimitidos 384 sacerdotes a causa de abusos sexuales). Es
más, con su falta de matices da la impresión de que la Iglesia Católica fuera
la responsable de buena parte de la pedofilia mundial.
La situación de los
menores en el mundo es grave. Hay que recordar que 150 millones de niñas y 73
millones de niños menores de 18 años han experimentado alguna forma de
violencia sexual; las mutilaciones femeninas están a la orden del día en muchas
naciones, y Bélgica está a punto de aprobar una Ley de eutanasia infantil. En
este contexto, la contribución general de la Iglesia a la protección de la
infancia es muy positiva; los tristes casos que hemos visto constituyen una
minoría, y se están tomando medidas correctoras.
Con toda tranquilidad, el
Comité le recomienda a la Iglesia: "Cooperación con las autoridades
civiles, suspensión de los sospechosos, ampliación de los plazos de
prescripción, desarrollo de programas preventivos". Pero todas estas
medidas ya han sido puestas en vigor hace un buen tiempo. La circular de la
Congregación de la Fe a las Conferencias Episcopales sobre abusos del clero,
por poner un ejemplo, está disponible en internet en todos los idiomas, y bien
podría alguno de los 18 miembros del Comité haberse tomado el trabajo de
leerla. Así habrían evitado recomendar que se haga lo que ya existe y, lo que
es más grave, confundir a la opinión pública en un tema muy sensible.
En segundo lugar, el
Comité dice que hay un "código de silencio impuesto a todos los miembros
del clero bajo pena de excomunión", que impide denunciar los abusos. Aquí
el disparate es mayúsculo. En la Iglesia hay excomuniones, por cierto. Se
aplican, por ejemplo, a quien intente matar al Papa, al clérigo que viole el
secreto de la confesión, o al sacerdote frescolín que quiera absolver en
confesión a su cómplice en cierto tipo de pecados. Pero jamás ha habido algo
así como una excomunión para los denunciantes de abusos, ¿de dónde habrá sacado
esa gente un dato semejante? No lo dicen, simplemente se limitan a hacer
afirmaciones sin tener el mayor respaldo. La Legislación canónica establece el
derecho de las víctimas a denunciar casos como estos y siempre se recomienda
hacerlo, respetando la voluntad de la víctima o sus parientes.
Dejo para el último el
tercer desaguisado del Comité. Entre otras recomendaciones, le dice a la
Iglesia que revise su postura sobre el aborto, las conductas homosexuales y la
anticoncepción.
Yo comprendería que Barak
Obama o una organización pro choice hicieran algo semejante, y le propusieran a
la Iglesia incluir el aborto entre sus prácticas pastorales. Pero que realice
esa sugerencia abortista un organismo dedicado a defender a la infancia, es
bastante singular. Y que le haga esta propuesta indecente nada menos que a una
confesión cristiana, como es la Iglesia católica, es ya para el Guiness: ¿Se
imaginan a Cristo matando guaguas?
Energía,
Adolfo Ibáñez.
El país está enfrentado a una severa crisis de
energía. Ya no es un tema para mañana o pasado. Es un problema urgente. Hasta
ahora ningún Gobierno lo ha asumido con realismo. Las medidas tomadas solo han
encarado los conflictos del momento y no han planteado una política que abra el
futuro.
Últimamente el Gobierno nos sorprendió con su
decisión de licitar tres amplios lotes, ubicados en tres hermosas puntillas de
nuestro litoral norte. Y la Corte Suprema le dio la luz verde a la central
Punta Alcalde, localizada en la costa al sur de Huasco. Estas medidas no
solucionan el problema de fondo, sino que agudizarán los reclamos de los
vecinos en contra de la instalación de estos mastodontes. Los terrenos a
licitar serán el origen de otras tantas querellas, y la central nueva será una
más en el collar de hierro y carbón con que se está matando nuestro bellísimo
litoral. Cabe señalar que las bellezas costeras de las Regiones nortinas no
tienen defensores solo porque aún no llega una ONG o algún europeo a enseñarnos
que esos lugares son verdaderamente hermosos. Entretanto, no somos capaces de
verlo por nosotros mismos.
La necesidad de nuevas centrales continuará y,
al final, en cada puntilla de la costa tendremos una central engalanada con sus
colores institucionales. Serán una réplica de lo que sucede en las ciudades,
donde los letreros de las grandes cadenas se repiten hasta el infinito y nos
hablan de un país uniformado y robotizado. Con el agravante de que perderemos
la belleza de nuestro paisaje y que uniformaremos a todos los chilenos en una
protesta interminable a lo largo del país y del tiempo. En los ríos del sur
pasará lo mismo, igual que con los paneles solares que comienzan a pavimentar el
desierto y con las hélices que perturban el camino a La Serena. Ya no se trata
de limpidez o de ecología. Se trata de que no podemos vivir ahogados por los
diferentes tipos de centrales.
Es indispensable definir lugares donde reunir
el creciente número de centrales que se necesitarán irremediablemente. Cada Región
debería contar con uno a lo menos. Así se podrían establecer normas
medioambientales ajustadas a cada uno de ellos, evitando la multiplicación de
polémicas. También es necesario superar la superstición de la fuente nuclear,
con el objeto de instalar centrales más grandes y limpias. Y no olvidar a las
fuentes geotérmicas.
Si el conflicto radica en la eternidad y
validez de las discusiones, hay que disminuir los factores de divergencia sin
menoscabo de las personas.
Hora de negociar y comprometerse,
por Hernán Felipe Errázuriz.
En las costas del Asia Pacífico se despliegan
misiles, portaaviones, submarinos y bombarderos por disputas sobre límites
marítimos. En cambio, Chile y Perú han resuelto pacíficamente esas diferencias.
No ha sido fácil. Muchos años de desencuentros, seis de litigios y una
sentencia arbitraria que dio una solución, aunque sin satisfacer completamente
a ninguna de las partes. Con todo, ambas se han comprometido a cumplirla. Un
ejemplo de sensatez, que debería llevarse a buen a término.
Para ello, Perú
debe incorporar el derecho internacional del mar con la participación de su
Poder Legislativo y no mediante una simple declaración del Ejecutivo. Debe Legislar
y dar certeza Jurídica, como lo hiciera Chile.
A la vez, debería removerse el obstáculo
proveniente de las pretensiones sobre un terreno yermo, de apenas entre una
hectárea y cerca de tres, en parte inundado por las mareas. Son arenas
estériles, semiaisladas para los peruanos, accesibles por mar territorial
chileno. Su insignificante playa sería costa seca para Perú, al encontrarse al
sur del Hito 1, que fija el paralelo que sirve de límite marítimo. Así lo
decidió la casi unanimidad de los Jueces de La Haya, incluyendo al designado
por Perú. El fallo reforzó la posición chilena en cuanto a que el límite
terrestre comienza también en el paralelo del Hito 1, al borde del mar, y que,
por tanto, esos terrenos pertenecen a Chile. Perú discrepa, y desde 2005,
arbitraria y unilateralmente, sitúa el inicio de la frontera terrestre en el
punto 266, que paradójicamente llama Concordia, a 260 metros al suroeste del
Hito 1 de la línea de la Concordia.
La Corte no pudo establecer el inicio del
límite terrestre: no era de su competencia. Pero los Magistrados estaban
conscientes de la discrepancia entre el inicio del límite marítimo y el
terrestre, y, por lo mismo, su indicación del paralelo del Hito 1 es relevante
para resolverla. Corresponde a los Gobiernos de Chile y de Perú negociar y
poner punto final al desajuste. No deberían mantener estos terrenos como tierra
de nadie, expuestos a la autotutela de cada parte, sin saber hasta dónde
llegará la defensa fáctica de sus derechos. La alternativa de iniciar un
arbitraje por los arenales parece una desproporción y una demostración de falta
de liderazgo de los Gobiernos. Los eligieron para resolver y no para diferir.
Lo razonable es la negociación, y tienen varias
opciones. Algunas podrían ser controvertibles, tales como asignarlos al mejor
postor, dejarlos para la humanidad o sortearlos. La mejor opción negociada
sería dividirlos o compartir el dominio honrando su nombre de punto de
Concordia. ¿Se atreverán los Gobernantes de Chile y Perú? No partieron bien en
esta disputa por los arenales. Sin necesidad, los mencionaron y magnificaron en
su declaración posfallo, sin abrirse a la negociación. Un error que puede aún
corregirse en beneficio de ambos pueblos.
Soberanía y Ministro del Interior
por Gonzalo Rojas Sánchez.
Ningún chileno contemplaba
como destino turístico para los próximos días una navegación por la zona que
desde La Haya se nos ha quitado. Pero qué importa ese dato. Lo que ha dolido es
la pérdida -en el grado que sea- de lo que era nuestro.
Solo puede vislumbrarse
una ventaja a partir de lo sucedido: que todos, ciudadanos de a pie y
funcionarios públicos, aprendamos a valorar y a defender la soberanía sobre
cada porción del territorio.
¿Solo en nuestras
fronteras? Por cierto que no. La dimensión limítrofe es una de las tantas
coordenadas en que se concreta la soberanía. Otras muchas tienen que ver con
esos espacios interiores, con esos múltiples ambientes del Chile profundo, que
hoy también están amenazados y en los que a veces hay una evidente privación de
soberanía.
Ya en 1963 escribió el
maestro Silva Bascuñán, en su Tratado de Derecho Constitucional: "El
territorio sirve para sostener la independencia con que se prepara y manifiesta
el querer del Estado; proporciona el marco dentro del cual se aplican las
reglas que adopta y se cumplen las decisiones de sus gobernantes".
Da lo mismo nuestro
reciente comportamiento electoral: todos
los chilenos sabemos que en nuestra patria hay lugares físicos, porciones del
territorio, en los que no se está aplicando la Legislación vigente ni se hacen
cumplir las decisiones de los Gobernantes.
Zonas cada mes más
extensas de La Araucanía entran en un limbo Jurídico, mientras otras parecen
campos de batalla; enormes porciones de las Regiones australes pasan a dominio
de ecologistas profundos, quienes desafían las normas comunes y abogan por
zonas de exclusión humana; poblaciones completas -de la calle tal a la calle
cual- quedan bajo dominio de los narcos locales: Carabineros no entra ahí, es
la frase reiterada; ni por tierra ni por mar se puede acceder a ciertos
puertos, ya que el sindicato al mando establece su propia frontera para
proteger la huelga; durante largos meses, campus universitarios completos han
sido tomados, sin que los rectores pidan el desalojo, los profesores puedan
ocupar sus oficinas, el 99% de los alumnos logre asistir a clases.
En escala menor -pero el
fenómeno es el mismo-, grandes y céntricas avenidas son cerradas para que pasen
miles de manifestantes; parques completos son copados por adolescentes de
exuberante actividad nocturna; calles o caminos son cortados para reclamar por
olores o basuras; playas supuestamente privadas resultan inaccesibles para
otros usuarios; extensas vías de circulación son entregadas los fines de semana
a ciclistas, corredores, patinadores y skaters : muchos de ellos, en otro
momento, seguramente son entusiastas manifestantes a favor o en contra de
situaciones similares; casas sin habitantes pasan a las manos de okupas que se
resisten a toda acción reivindicatoria o policial.
Por cierto, ninguno de los
anteriores es tema del Ministerio de Relaciones Exteriores, al que
habitualmente asociamos con los problemas de soberanía. Todos son
prioritariamente asuntos de Interior, aunque en muchas de aquellas situaciones
ciertamente hay influencia o presencia de extranjeros.
Va a ser esta una de las tareas más arduas para el joven
Ministro Peñailillo: asegurarles a los chilenos que pueden vivir en un país
soberano, en que el Estado controla el cien por ciento del territorio,
corrigiendo así los desaciertos de la actual administración.
Para eso, por una parte,
hará falta clarificar bien la participación de elementos foráneos y, por otra,
hacer declaración explícita a favor de la soberanía y del Estado de Derecho.
Bajo escrutinio público
estará.
Argentina y Justin Bieber tienen mucho en común,
por Andrés Oppenheimer.
Un chiste que circula en
internet dice que si Argentina fuera una
celebridad, sería Justin Bieber: un adolescente rico e irresponsable que
siempre se mete en problemas, repite los mismos errores, y les echa la culpa a
otros.
El chiste, que fue contado
por primera vez por el profesor de la Universidad Internacional de Florida,
Jerry Haar, en una reciente conferencia en Miami, no podría describir mejor lo
que está ocurriendo en Argentina en estos momentos, y lo que ha ocurrido tantas
veces en el país sudamericano en las últimas seis décadas.
Al igual que Bieber, el
cantante de 19 años que, entre otros roces con la Ley, fue recientemente
arrestado en Miami Beach por conducir su Lamborghini amarillo a exceso de
velocidad y aparentemente alcoholizado, la Presidente argentina Cristina
Fernández de Kirchner vive desafiando al mundo. Ha dilapidado la mayor bonanza
de materias primas de la historia reciente del país en una fiesta populista, y
ahora culpa a otros por la inflación, la masiva fuga de capitales y la economía
que se desmorona.
"Qué c... hice de
malo? ¿Por qué me detienen?", le preguntó Bieber al agente de policía de
Miami Beach que lo arrestó en su Lamborghini la madrugada del 23 de enero,
según lo consigna el informe policial de su arresto.
El discurso televisado a
la nación que pronunció el martes la Presidente Fernández no fue demasiado
diferente. Podría resumirse en unas pocas palabras: ¿Por qué me culpan a mí de
los actuales problemas del país?
Fernández culpó a los
banqueros argentinos, a los dueños de supermercados y a los medios opositores
por el brote inflacionario y la fuga de capitales que padece el país. Sin
embargo, los problemas actuales de Argentina fueron resultado del gasto
desenfrenado del Gobierno en subsidios para ganar votos.
Desde 2003, cuando el
difunto esposo de Fernández, Néstor Kirchner, asumió la Presidencia, el gasto
del Gobierno central aumentó desde el 15 por ciento hasta el 29 por ciento del
PIB del país, según un nuevo estudio realizado por la Fundación Mediterránea y
el instituto de investigación IERAL.
El dinero se usó
principalmente para subsidiar la electricidad, el transporte y otros servicios
públicos. Al mantener los precios subsidiados, al otorgar enormes asignaciones
en efectivo a los pobres, Fernández creó una ilusión de riqueza, aduciendo haber
inventado un nuevo "modelo" económico. Esa ilusión fue creída por
muchos mientras los precios mundiales de las materias primas se mantuvieron
altos y Fernández tuvo dinero para repartir, pero se acabó cuando los precios
de las materias primas se estancaron.
La inflación llegó al 26
por ciento el año pasado, y según algunas estimaciones, será muy superior este
año. El Gobierno de Fernández alega que la inflación fue del 10,5 % en 2013,
pero esa cifra no es aceptada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) ni por
ninguna otra institución financiera mundial.
No resulta sorprendente
que los argentinos, cada vez más nerviosos, estén corriendo a comprar dólares y
departamentos en Miami para protegerse de nuevas devaluaciones.
Las reservas del Banco
Central se han desmoronado de 53 mil millones de dólares en enero de 2011 a 28
mil millones de dólares hoy.
Y a diferencia de otros
países que pasan por épocas difíciles, Argentina no puede conseguir inversiones
extranjeras o préstamos, porque repetidamente se ha declarado en default. Los
historiadores dicen que Argentina ha suspendido sus pagos a sus acreedores al
menos cinco veces desde que se independizó de España a principios del siglo
XIX.
"Las crisis
financieras argentinas son un fenómeno recurrente", me dijo Walter Molano,
un economista que acaba de publicar un libro titulado "En el país de la
plata: 200 años de desarrollo político-económico en Argentina". Muchos
otros países latinoamericanos han suspendido el pago de sus deudas, pero
Argentina llama más la atención porque lo ha hecho de manera repetida
recientemente, en 1982, 1989 y 2001, me dijo Molano desde Londres.
¿Cómo terminará esta
última crisis?, le pregunté. "Como siempre", respondió Molano.
"Habrá un nuevo Gobierno que tendrá que imponer un paquete (de medidas de
austeridad) con aumentos de los precios de la electricidad cada tres meses, y
un acuerdo con el FMI para conseguir una línea de crédito de 10 mil a 12 mil
millones de dólares para poder recuperar la confianza y volver a acceder a los
mercados de crédito".
Mi opinión : Ya hemos visto esta película muchas veces.
Al igual que en otras oportunidades, Argentina ha gastado más de lo que tenía,
y -a diferencia de Chile, por ejemplo- no ahorró durante los años de
"vacas gordas" para poder vivir bien durante los años de "vacas
flacas".
Al igual que Justin
Bieber, Argentina -un país potencialmente riquísimo, pero arruinado por sus
políticas populistas- debería tomar responsabilidad por sus acciones y dejar de
culpar a otros por sus propios errores.
La caída del peso y sus efectos.
En septiembre de 1999, y
después de una dura y poco exitosa defensa del peso realizada por el Banco
Central en el contexto de la crisis asiática, la autoridad monetaria optó por
abandonar la política de banda cambiaria y dejar flotar libremente al tipo de
cambio. Desde entonces, han sido las fuerzas del mercado las que han
determinado su valor, si bien dejando la opción de intervenciones
excepcionales.
La decisión fue acertada.
Un tipo de cambio flotante facilita los equilibrios en nuestras cuentas
macroeconómicas y externas, actuando como una variable de ajuste ante los
cambios en los mercados internacionales, particularmente cuando las autoridades
Fiscales y monetarias han apostado por la seriedad y responsabilidad en el
diseño de políticas.
El contexto global.
La reciente depreciación
del peso chileno respecto del dólar debe ser entendida desde una perspectiva
global. Evidentemente influenciada por factores internacionales, viene a
revertir la fuerte apreciación que aquel, junto a muchas otras monedas de
países emergentes, sufrió como resultado de lo que el Ministro de Hacienda del
Brasil, Guido Mantega, catalogó en julio de 2011 como la "guerra de las
divisas", señalando a Estados Unidos como responsable.
Pero aun cuando el
retroceso de nuestra moneda se ha agudizado durante las últimas semanas, un
análisis de las cifras demuestra que este se inicio el año pasado como
resultado de los ajustes propios de los nuevos equilibrios en los mercados
internacionales. La evolución de las condiciones económicas en EE.UU., China y
Europa ha sido determinante. Basta recordar el efecto mundial del anuncio de
Ben Bernanke, cuando en mayo de 2013 anticipó el eventual término de la
política monetaria expansiva de la Reserva Federal: las monedas de Rusia,
México, Sudáfrica, Turquía, Brasil, India e Indonesia cayeron entre 3% y 15%
respecto del dólar. En Chile, el peso cayó entonces 6%.
Las mismas razones
explican lo observado en 2014, toda vez que el anuncio de Bernanke se ha
transformado en realidad. Durante los últimos meses, los mercados han observado
cómo la autoridad monetaria estadounidense ha disminuido su política expansiva
en 20 mil millones de dólares, lo que ha elevado las tasas de los bonos del
Tesoro a diez años, transformándolos nuevamente en instrumentos de inversión
atractivos para quienes habían buscado refugio en las economías emergentes.
A esto cabe agregar la
conocida situación de China, que también ha contribuido a debilitar nuestra
moneda. Su anuncio de que modificará su política de crecimiento desde la
inversión al consumo interno ha sido recibida con cautela por los mercados, principalmente
por las dudas respecto de la salud de su sistema financiero, caracterizado por
un excesivo control del Estado, y de su real capacidad para mantener sus altas
tasas de crecimiento (su sector manufacturero mostró esta semana el menor
crecimiento en seis meses). Tal cautela no solo afecta el precio de los
commodities, sino que contagia a las otras economías emergentes.
Así, la disminución de
liquidez en los mercados mundiales, las expectativas de mejores condiciones
económicas en Estados Unidos y las dificultades que enfrenta quien ha sostenido
el dinamismo de gran parte de la economía mundial, explican el debilitamiento
de muchas de las divisas. Sin embargo, es necesario también hacer notar que en
este grupo existen distintas realidades, siendo la de Chile muy distinta a la
de países como Turquía y, por supuesto, Argentina, que durante enero vieron
caer sus monedas en 6% y 23%, respectivamente.
La oportunidad de Chile.
Los efectos de la reciente
depreciación del peso son diversos. En lo positivo, el mayor tipo de cambio
está mejorando las condiciones de nuestros exportadores, que vieron caer su
competitividad durante años de encarecimiento del peso respecto del dólar. La
situación también hace al país más "barato" y por tanto atractivo
para los inversionistas internacionales.
En lo negativo, el mayor
tipo de cambio provoca presiones inflacionarias -un ejemplo es el alza en los
precios de las gasolinas, que ya afectó el IPC de enero-, reduce el poder
adquisitivo y golpea el consumo interno.
Pero si a nuestra sólida
posición financiera se suma un manejo especialmente cuidadoso de la política
monetaria, que aproveche los espacios para una baja de tasas manteniendo al
mismo tiempo la inflación controlada, la depreciación puede ser una oportunidad
para revertir en parte el letargo en que está entrando nuestra economía. Por
cierto, hubiese sido óptimo haber contado con un conjunto de reformas
estructurales que sustentaran este proceso, pero cabe albergar la esperanza de
que ellas sean retomadas, en lugar de sumergirse en reformas tributarias que no
fomentarán el ahorro.
Crisis en Ucrania.
El nuevo polvorín de
Europa del Este. En eso parece estar convertida Ucrania, sumergida en una grave
crisis política desde noviembre, cuando el Gobierno se negó a firmar un acuerdo
de asociación con la Unión Europea (UE), supuestamente bajo presión de Rusia.
El rechazo de la gente fue categórico y desde entonces las protestas masivas
que comenzaron en Kiev se han multiplicado hacia otras ciudades, aumentando la
inestabilidad.
En ese contexto, la
renuncia del Primer Ministro Nikolai Azarov no fue suficiente para la
oposición, que defiende un acercamiento definitivo con la UE y exige la salida
incondicional del Presidente, Viktor Yanukovich.
Vladimir Putin, quien
considera a este país como parte de su esfera de influencia, ofreció en
diciembre créditos por 15 mil millones de dólares, de los cuales ya ha
entregado 3 mil millones, además de la rebaja del 30% en el precio del gas que
le vende. Pero, temiendo que Yanukovich también pudiera caer, ha condicionado
la entrega del resto del dinero.
El duro actuar de las
fuerzas de seguridad, sumado a episodios como el secuestro y tortura del
opositor Dmitri Bulatov, ha traído mayor rechazo al Gobierno y -contra los
deseos de Moscú- una progresiva intervención de Occidente. Por ejemplo, el
Vicepresidente de EE.UU., Joe Biden -quien ha tenido seis conversaciones
telefónicas con Yanukovich por este tema desde noviembre-, ha enfatizado que
las medidas necesarias para resolver la crisis incluyen el retiro de las
fuerzas de seguridad de las calles, la liberación de los manifestantes
detenidos y llevar a la Justicia a los autores de abusos contra la población.
Asimismo, las reuniones
que la titular de la Diplomacia de la UE, Catherine Ashton, ha mantenido con
líderes de la oposición han fortalecido a quienes exigen la salida de
Yanukovich y una reforma a la Constitución. La misma Ashton se reunió ayer con
el Presidente, ofreciendo apoyo para llevar a cabo esas reformas y ayuda
económica, pero condicionándola a la conformación de un Gobierno de transición.
El Gobierno no ha descartado la posibilidad de convocar a elecciones
anticipadas, como una forma de solucionar la crisis.
El viernes, en el contexto de la inauguración de
los Juegos Olímpicos de Invierno, en el balneario ruso de Sochi, Yanukovich se
reunió con Putin, en un encuentro que concitaró la atención mundial. El
poderoso Presidente de Rusia, quien ha cultivado una imagen de solidez y
determinación, sabe que no puede permitirse dejar caer a su aliado ucraniano.
No cuando Ucrania está convertida en la nueva frontera entre Rusia y la Unión Europea.
Además, Putin no desea que
la crisis se agrave durante los JJ.OO. que, a un costo de 50 mil millones de
dólares, ya son los más caros de la historia. Él espera que este evento
deportivo se convierta en una vitrina que muestre a Rusia en todo su esplendor
y reafirme su figura como el líder que ha recuperado la gloria y el poder de su
país. Pero si la situación en Ucrania se sigue agravando y Yanukovich cae, los
juegos de Sochi se verían eclipsados y la imagen de Putin quedaría seriamente
comprometida.
Problemas con nuestros vecinos.
La Haya falló la reclamación peruana por
delimitación marítima, en un dictamen que no podemos dejar de considerar
absurdo y poco apegado a derecho, pero creemos, que luego de que un Gobierno
chileno aceptara conceder Jurisdicción en este tema a ese Tribuna, no queda
otra solución que ejecutar la sentencia.
Distinto es el caso del "triángulo
terrestre", que aparece reclamando ahora Perú es diferente, pues la Diplomacia
peruana lleva años fabricando un nuevo conflicto con nuestro país por un
terreno cuyo mar es chileno y que de acuerdo a todos los tratados pertenece a
Chile por estar al sur del hito1.
Por el otro lado desde Bolivia el Gobernante de
ese país extrema sus groserías contra nuestro Mandatario en una absurda
reivindicación de una salida al mar que nunca tuvo la Audiencia de Charcas, Alto
Perú, y a la que sus Gobernantes señalan como causa de su vergonzoso retraso, a
pesar de la inmensa riqueza del país altiplánico.
Son dos conflictos complejos, que a nuestro
entender requieren en forma imperiosa, sobre todo después que el padre del Presidente
del Perú hablara ayer de un “puntal para la guerra”, una enérgica reacción de
nuestra Cancillería y la movilización disuasiva de nuestras fuerzas armadas a
la zona norte del país.
Creemos que hemos sido demasiado pacientes con
países cuyos Gobiernos falsean la historia y usan la prefabricación de
conflictos para ocultar una absoluta inoperancia, especialmente el boliviano,
tapar una impactante corruptela y/o fortalecer carreras políticas con las que
sus cabecillas pretenden eternizarse en el poder.
Chile envió
nota de protesta a Perú por triángulo terrestre.
El Gobierno de Chile envió una carta formal de
protesta al Perú a raíz de la controversia originada por el llamado “triángulo terrestre”.
Así lo confirmó el Mandatario chileno,
Sebastián Piñera a un medio periodístico de ese país.
"Yo estoy convencido de que el triángulo
terrestre es chileno por dos razones: en primer lugar porque el Tratado de 1929
y las actas de 1930, y los actos y hechos del año 68-69 así lo
determinaron", reseñó el Jefe de Estado.
Piñera sostuvo que puede que haya una
discrepancia entre Perú y Chile respecto de dónde comienza el límite terrestre
pero en lo que siempre han coincidido es que "la frontera terrestre
comienza en el mismo punto en que comienza la frontera marítima".
"El fallo de La Haya fue clarísimo al
establecer que la frontera marítima comienza en el Hito 1 y, por tanto, también
la frontera terrestre, y eso refuerza enormemente la posición chilena",
argumentó Piñera.
"Hemos enviado y hemos intercambiado
tantas notas, hemos hecho tantos acuerdos, pero lo que quiero decir es el tema
de fondo: Yo estoy convencido de que el triángulo terrestre es chileno y eso
así lo ha sostenido, así lo ha defendido y lo va a seguir defendiendo
Chile", indicó Piñera.