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martes, 28 de enero de 2014

Un par de noticias y algunos temas para meditar…










Sobre el fallo de La Haya.

No es muy corriente que coincidamos con las palabras del Presidente Sebastián Piñera, que lamentó el detrimento para Chile que implica el fallo de La Haya, y con la Presidente electa, Michelle Bachelet, que calificó el dictamen como una “pérdida dolorosa”.


Dicho lo anterior creemos que es importante no olvidar que embarcarnos en este proceso es una responsabilidad de Michelle Bachelet, que no solamente no impugnó la absurda reclamación peruana, sino que dio al Tribunal Internacional la competencia que no tenía.


La sentencia de  la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya  leída ayer por el Presidente del Tribunal, Peter Tomka, reconoce el límite a partir del hito 1, por 80 millas, y luego produce un quiebre al sur que entrega a Perú territorio marítimo en aguas técnicamente internacionales.


Chile no perdió un centímetro ni una gota de agua de nuestro mar territorial,  ese sobre el que hay soberanía, de 12 millas náuticas, se fijó el límite definitivo, terminando con la última divergencia, y mantuvo la zona en que nuestros pescadores artesanales realizan su captura.


La reclamación peruana era inmensamente dañina para los intereses chilenos, pues además de incluir la zona en que se cosecha el 99% de la pesca dejaba en situación de semi enclaustramiento a Arica, Pisagua e Iquique, lo que sin duda habría provocado un desastre social.


Nos cuesta entender la “satisfacción” manifestada por el Presidente de Perú, Ollanta Humala, sobre todo si consideramos que la zona donde está la gran masa de peces fue confirmada como propiedad chilena y las expectativas peruanas quedaron totalmente defraudadas.


Consideramos que un efecto colateral del fallo en comento es que sepultó la viabilidad de la demanda de Bolivia por una salida al mar, pues simplemente no deja espacio para que ese país obtenga una salida con soberanía al océano Pacífico.


Queremos felicitar a la Cancillería chilena que realizó una defensa con los argumentos y la fuerza necesaria para provocar un fallo bastante más apegado al derecho de lo que era esperable, revirtiendo las permanentes derrotas que habíamos sufrido en este campo.


Aunque algunos busquen sacar algún provecho político buscando exaltar reacciones nacionalistas extremas, el fallo, que es obligatorio, debe ejecutarse con prontitud para permitir a los ex contendientes ponerse a trabajar en conjunto por el desarrollo de ambas naciones.


Carroza pide la extradición de terrorista francesa.


Creemos que la otra noticia importante de ayer es el anuncio del Juez Mario Carroza de que inició los tramites de la extradición de la francesa Marie Emmanuelle Verhoeven, la “Comandante Ana”, que habría sido la jefe de inteligencia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la época en que ese movimiento planificó el asesinato del Senador Jaime Guzmán, ocurrido el 1 de abril de 1991.


Carroza pretende que la ex terrorista no evite declarar como “testigo” en el brutal asesinato del Parlamentario, ocurrido en democracia,  en estos momentos en que la francesa se encuentra que fue detenida, desde  el sábado,  por la policía alemana en el Aeropuerto de Hamburgo cuándo se aprestaba a abordar un vuelo con destino a Dubai.


Es importante recordar que durante la época y en Gobiernos de la concertación este personaje fungió como funcionario del Gendarmería, donde tuvo contacto con los detenidos por el asesinato y es muy posible que haya sido una pieza importante en el planeamiento y la ejecución de la fuga de estos elementos de la cárcel de Alta Seguridad.


Desafíos frente al cambio climático,
por Guy Edwards / Alison Kirsch.


Chile se encuentra en un momento decisivo. El precio del cobre está cayendo, la brecha entre la demanda y la producción de energía es cada vez más grande, y Michelle Bachelet asumirá nuevamente la Presidencia en marzo.


En este período de cambio, el país enfrenta el reto de conservar el equilibrio entre mantener un crecimiento económico fuerte y la energía que esto requiere, y garantizar el progreso de objetivos climáticos y energía limpia.


Chile está avanzando en su compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% al 2020, por debajo de los niveles del 2007. El país duplicó recientemente su meta de energía renovable de 10% al 2024 a 20% al 2025, lo que Bachelet quiere mejorar hasta 30% al 2030. Sin embargo, inquieta que en la campaña Presidencial no se tratara el tema de cambio climático.


Para satisfacer el hambre por la energía que tiene la minería, Michelle Bachelet apoya una variedad de proyectos en Chile, incluyendo la costosa importación de gas natural licuado.


En el medio del debate de energía está la controversia inevitable de HidroAysén, el proyecto hidroeléctrico que Bachelet ha llamado “inviable”. Pero la creciente presión para abastecer la demanda de energía en Chile podría forzarla a reconsiderar su posición sobre esta fuente formidable de energía.


Mientras tanto, en las negociaciones sobre cambio climático de las Naciones Unidas, Chile es parte de un grupo progresivo que incluye a Colombia, Costa Rica y Perú. La Alianza Independiente de Latinoamérica y el Caribe (Ailac) busca aplacar las diferencias entre los países en vía de desarrollo y los países desarrollados, y abrir paso a un acuerdo legal de reducción de emisiones el 2015.


La Ailac apoya una ambición colectiva notable: todos los países del grupo tienen compromisos de reducir sus emisiones antes del 2020. Para solidificar su liderazgo en este momento de cambio, Chile tiene que aumentar esta ambición antes del 2020. La Presidente Bachelet, con sus promesas de reformas grandes, tiene la oportunidad de reafirmar la posición de su país como líder global en cambio climático. Bachelet está bien puesta para tender un puente en la creciente competencia entre los países de la Ailac, muchos de los cuales son de la Alianza del Pacífico, y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que incluye a Venezuela y Ecuador en asuntos climáticos.


En diciembre, Perú será la sede de la conferencia climática de las Naciones Unidas. Con la atención enfocada en América Latina, es un gran momento para Chile y la Ailac de ejercer una mayor influencia en la política climática en la región. Sin embargo, la Ailac sólo puede marcar una pauta internacional si las políticas internas reflejan la retórica ambiciosa del grupo en la ONU.


Con Chile al borde del cambio, retroceder o fracasar en la implementación de sus políticas climáticas internas sólo servirá para diluir la voz progresiva y el liderazgo del país y sus vecinos latinoamericanos. La futura Presidente Bachelet debe fortalecer las políticas climáticas para preparar el país para dirigir América Latina hasta un acuerdo ambicioso y legal para todos los países en el 2015.


Tareas pendientes para el próximo Congreso.


El próximo 11 de marzo comenzará a funcionar el nuevo Congreso, en donde ostentarán mayoría los representantes de la nueva colación Gobernante: la Nueva Mayoría.


El ambicioso programa que la futura administración ha propuesto al país tendrá una dimensión Legislativa clave, y en ese ámbito se jugará parte importante de sus tres ejes principales: reforma educativa, reforma tributaria y reforma Constitucional. Sin perjuicio de las prioridades Legislativas que defina el próximo Ejecutivo a partir de su programa, existe una serie de proyectos ya en tramitación que, por diversas razones, ameritan tener continuidad durante el presente año, pues abordan ámbitos que impactan a largo plazo la vida nacional y, por ende, trascienden la agenda del Gobierno de turno.


En materia laboral, por ejemplo, en los últimos años el país ha disminuido de manera importante la tasa de desempleo; sin embargo, hay segmentos rezagados, como las mujeres y los jóvenes. Además, nuestro mercado laboral tiende a ser rígido en numerosos aspectos, y hacerlo más flexible es necesario para que el empleo no se deteriore significativamente cuando la economía pierda dinamismo.


Así, parece conveniente seguir impulsando el proyecto que crea un estatuto laboral para jóvenes que están cursando la educación superior, el cual contempla flexibilizar la jornada de trabajo para hacerla compatible con los estudios. En la misma línea se encuentra el llamado Estatuto Laboral-Agrícola, que tiene por objeto modernizar las normas del Código del Trabajo y actualizarlas a las nuevas realidades de la actividad agrícola, planteando en términos generales la discontinuidad de la jornada diaria en caso de que ésta requiera distribución, la creación de un contrato indefinido en caso de existir dos o más contratos por faena, celebración de pactos colectivos, registro de trabajadores agrícolas de temporada y anualización de rentas.


En otro ámbito, pese a que existe consenso en que la principal forma de mejorar la calidad de la educación es mejorar la calidad de los profesores, el proyecto de Ley de Carrera Docente no ha logrado avanzar con facilidad en el Congreso. La iniciativa buscaba reformar el Estatuto Docente, pero, debido a la falta de acuerdo, la reemplazó un proyecto centrado exclusivamente en el inicio de la Carrera Docente y que crea incentivos para los buenos alumnos que decidan estudiar Pedagogía, aumenta las horas no lectivas a los profesores para que puedan preparar sus clases y establece una evaluación obligatoria al egresar de la carrera. La reforma del Estatuto Docente sigue siendo fundamental, pero aunque más acotado, el nuevo proyecto amerita apoyo, pues es de los que apuntan al corazón del problema: la calidad de la enseñanza.


También quedará pendiente la iniciativa que, junto con exigir una autorización obligatoria para jardines infantiles y salas cuna, entrega el rol de fiscalizador a la Superintendencia de Educación Escolar, terminando con la doble función que estaba cumpliendo la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) como juez y parte, todo lo cual supone un perfeccionamiento del modelo actual.


En materia de modernización del Estado, parece conveniente impulsar el proyecto que establece un sistema de atención a las personas y crea el Servicio Nacional de Atención Ciudadana, que tiene por objetivo darle sustento Legal a una práctica actualmente conocida como Chileatiende, creando un servicio público que permita efectuar consultas y trámites de distintas instituciones públicas, mediante una red de atención. Esta iniciativa contribuye a modernizar el aparato público, eliminando la duplicidad de trámites y acercando los servicios públicos a la ciudadanía.


En cuanto a modernización de la democracia, por último, quedará pendiente el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. Este aborda temas como la estructura y democracia interna de las colectividades, exigiendo estándares en términos de orgánica y participación, y avanza hacia introducir más transparencia y eliminar barreras a la constitución de partidos, todas materias que atañen a mejorar el funcionamiento —y reducir el desprestigio— de instituciones políticas esenciales.


Promulgación de la Ley de Fármacos.


La Ley de Fármacos aprobada recientemente es un avance para el país, en la medida que crea condiciones para que exista más competencia en este mercado, por la vía de exigir más información sobre las alternativas disponibles para los consumidores.  El Gobierno puso acertadamente prioridad a esta iniciativa, aunque lamentablemente el Congreso bloqueó algunas modernizaciones, como la posibilidad de venta de medicamentos en lugares diferentes a las farmacias, que habrían reportado beneficios adicionales al público.


La nueva Ley, entre varios aspectos, facilitará la adquisición de remedios bioequivalentes, que naturalmente tienden a tener un precio menor. Esto será posible debido a que la Ley obliga a los médicos a partir de ahora a prescribir fármacos colocando la denominación genérica de los mismos, para que así el paciente tenga la opción de decidir qué comprar según sus posibilidades.


Otra disposición positiva que establece esta iniciativa es la venta de remedios que no requieren receta médica en las góndolas de las farmacias, aun cuando hubiese sido  deseable que esta medida se ampliara también a los supermercados como se discutió durante la tramitación del proyecto -pero que luego se desechó-, ya que habría facilitado el acceso a esos productos y también hubiese incentivado la competencia de precios entre los distintos establecimientos. La venta fraccionada o por unidades de los medicamentos constituye otra de las ventajas de esta Ley, debido a que permitirá adquirir sólo la cantidad que las personas necesitan, implicando un ahorro importante para los consumidores.


Hay que poner atención en la reglamentación que se dicte para poner en aplicación estas reformas, porque existe el peligro que regulaciones excesivas puedan generar costos que resten parte de las ventajas buscadas o que afecten la capacidad de competir de pequeñas farmacias a las que resulta difícil financiar su aplicación.


Inquietudes universitarias.


Recientes entrevistas a los Rectores de las universidades privadas que participan del sistema único de admisión revelan su inquietud ante la incertidumbre creada con los anuncios de reformas. Dichas universidades contribuyen en forma importante al sistema nacional de educación superior, pese a lo cual no son tomadas en cuenta a la hora de elaborar tales procesos de admisión. Su incorporación hace dos años significó un aumento del 20% en los postulantes, y sus seleccionados obtienen puntajes PSU superiores a los de muchas de las universidades tradicionales. La propia Comisión Nacional de Acreditación ha reconocido implícitamente su calidad, confiriéndoles acreditaciones por períodos extensos.


En opinión de sus Rectores, los anuncios de cambios, mientras no se concreten, tienden a paralizar a los protagonistas de la educación superior. Si bien la situación de cada institución es diferente, la amplitud de los planteamientos formulados por la Nueva Mayoría los afecta a todos. Y aunque dicen compartir los objetivos centrales expuestos por la Presidente electa, en orden a facilitar el ingreso de los jóvenes con menos recursos a las universidades, no es clara la forma en que operará la gratuidad general anunciada.


Como en Chile aún no existe cobertura general para los preescolares, y hay claras falencias en la educación escolar obligatoria, surgen las primeras dudas respecto de los planes Gubernamentales. Se observan, además, muchos otros problemas gravísimos, fuera del ámbito de la educación, que también debieran ser considerados al momento de destinar unos mil millones de dólares anuales para financiar incluso a quienes perfectamente pueden pagar sus estudios. Pero más allá del gasto, el Estado deberá pagar según un arancel de referencia, que hoy no cubre todos los costos de una escuela universitaria. Si se prohíbe el copago, entonces cada universidad debería acomodarse a ese arancel. Pero los planteles, además de otorgar educación conducente a títulos y grados, participan en la elaboración de nuevos conocimientos mediante la investigación, todo lo cual hasta ahora se ha financiado en alguna medida con los propios aranceles, además de los fondos concursables. Se plantean dudas respecto de lo que sucederá en este terreno, por cuanto el esfuerzo por financiar a todos los estudiantes significará, muy probablemente, que el Estado no podrá hacerlo con la investigación y querrá que las universidades privadas solo se dediquen a la docencia.


En estas circunstancias, no resulta fácil planificar el futuro ni mucho menos contar con el apoyo financiero de la banca, como lo han señalado algunos directivos universitarios. La dependencia de todo el sistema del Estado tampoco parece aceptable para ciertas instituciones que, en un escenario así, optarían por convertirse en universidades de élite, sin recibir dineros Estatales que pudieren comprometer su autonomía. Naturalmente, esto llevaría a una mayor segmentación de la educación superior chilena. Así, se vuelve urgente que el nuevo Gobierno proceda con rapidez a despejar las dudas.


Caso “firmas”: un mal precedente.


Varias particularidades de la elección Presidencial de 2013 fueron señaladas como indicaciones positivas de que la democracia chilena, pese a sus posibles falencias, es cada vez más abierta y participativa. Entre ellas, que hubo primarias (con distinta suerte) en las dos principales coaliciones políticas, que fueron los primeros comicios presidenciales con voto voluntario y que por primera vez dos mujeres fueron las candidatas más votadas para llegar a La Moneda.


El hecho de que hubiera un total de nueve candidatos Presidenciales, cifra sin precedentes, también fue señalado como una consecuencia bienvenida de la nueva Ley de financiamiento electoral, uno de cuyos fines era, precisamente, hacer posible que más personas pudieran optar a ser candidatos a la Presidencia, aportando así mayor diversidad y riqueza a la campaña, a la vez que fortaleciendo la democracia en su dimensión más básica: la competencia electoral entre distintas propuestas políticas.


Que a poco de concluida la elección se hiciera público, gracias a una indagación periodística, el llamado “caso firmas” ha —sin duda— ensombrecido lo anterior. Más allá de las eventuales responsabilidades penales y políticas que puedan derivar de las investigaciones —en la Justicia y en el Congreso— sobre posibles irregularidades en la inscripción de firmas para validar algunas candidaturas, es claro desde ya que ese proceso no tuvo lugar en forma que garantizara su pulcritud democrática. Si bien ello no afecta en nada el resultado ni la validez de la pasada elección, no debe subestimarse su importancia de cara a futuros procesos electorales, pues en la medida en que casos como éste socavan la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de sus instituciones democráticas, terminan debilitando la democracia misma.


Más grave aún resulta, desde esta perspectiva, el que los cuestionamientos se hayan centrado, hasta el momento, en dos candidaturas independientes, una de las cuales llegó incluso a obtener el 10% de los votos a nivel nacional. El aporte de figuras nuevas, independientes de los partidos y ajenas a la política “tradicional”, era un objetivo buscado de una Ley que, como se vio, hizo posible ampliar a nueve los candidatos en liza. Por ello, le hace un flaco favor a la democracia el que precisamente esas candidaturas —que encarnan a menudo explícitamente una promesa de nuevos aires y de corregir malas prácticas— aparezcan envueltas en situaciones que contradicen esa promesa.


La responsabilidad se extiende a varios actores. A los candidatos que pudieron haber validado firmas sin la presencia de un notario, como exige la Ley, o que pudieron haber ejercido presiones al efecto; a los funcionarios de las notarías involucradas que avalaron aquello o que, incluso, pudieron haber falsificado documentos a posteriori para hacer pasar por válidas las firmas, según se investiga en una de las aristas; al mundo político, varios de cuyos representantes en la comisión investigadora admitieron saber (y lamentar) que no es poco usual que operen mecanismos deshonestos en el proceso de validación de rúbricas de todo tipo de candidaturas hace mucho tiempo; al Servel, que no cuenta con normas ni recursos para poner a prueba las firmas que le son entregadas y que suele dar por buenas sin mayor estudio.


La disposición de los candidatos involucrados a aclarar este asunto, la eficacia de las instancias investigativas judiciales y políticas para establecer lo ocurrido, y la vigilancia sostenida de la opinión pública durante el proceso serán indispensables para que este caso deje lecciones que ayuden a evitar que la legitimidad de futuros procesos electorales se vea empañada.


Enfoques Internacionales: La corrupción roja.


Las revelaciones de más de dos millones de documentos distribuidos indican que decenas de miles de chinos mantienen bienes ocultos en sociedades registradas en paraísos Fiscales. La nómina incluye a miembros de la Asamblea Popular, familiares de cinco de los siete miembros del Comité Permanente del Politburó, directivos de empresas Estatales, un cuñado del Presidente y un yerno del saliente Primer Ministro, Wen Jiabao. Las mencionadas sociedades mantienen inversiones en numerosos países extranjeros, incluida una inversión minera en Chile, según las filtraciones de ICIJ.


Se trata de sociedades constituidas en las Islas Vírgenes británicas, paraíso Fiscal caribeño que ofrece fórmulas de confidencialidad para las transferencias de fondos, y secretismo en la contabilidad, los activos y la identidad de los dueños de las compañías.


Las filtraciones dañan la imagen y la autoridad del sistema chino frente a sus ciudadanos, y también crean desconfianza en la comunidad internacional de negocios. La severidad de las Leyes sobre lavado de activos, actualmente en aplicación en Chile y en el grueso de las democracias occidentales, debería desalentar y, en todo caso, conducir a tomar medidas de precaución e investigación sobre la legitimidad de los fondos en asociaciones, negocios e inversiones conjuntas en el exterior provenientes de China.


Otra vez queda en evidencia la inoperancia y distorsiones de los controles cambiarios: en China rige un estricto régimen de control en la venta de divisas, con exigentes permisos y un límite de cincuenta mil dólares. Al igual que en Rusia, los enriquecimientos ilegítimos provienen de la subfacturación de las exportaciones de las empresas Estatales, y de los pagos ilegales por autorizaciones burocráticas.


La reacción oficial ante las denuncias ha sido la de descalificarlas, aumentar la censura informativa y perseguir a quienes protestan organizadamente por la falta de probidad en la dirigencia. Pero, muy probablemente, el Presidente Xi intensificará su campaña en contra de la corrupción para resguardar su integridad moral, la del Partido Comunista chino y la de su Gobierno.


Sin embargo la tarea será ímproba mientras se mantenga la falta de transparencia en los patrimonios de las altas autoridades, el rígido control y la censura de los medios de información y los sitios de internet, la ausencia de un poder judicial independiente, y un sistema en que el Estado controla el poder político y económico a través de miles de empresas públicas y una burocracia partidista poderosa en extremo.


Un mal balance entre la seguridad y las libertades.


El Presidente Obama parece haber fracasado en satisfacer su promesa de poner orden y limitar la recolección masiva y encubierta de información a través de la interferencia en las comunicaciones.


El reciente lanzamiento de su política en la sede del Ministerio de Justicia tuvo el simbolismo de demostrar que las agencias de seguridad de los Estados Unidos están sujetas a su Ley y Constitución. Sin embargo, no se anunciaron medidas concretas para garantizar el respeto de las libertades y la privacidad de millones de ciudadanos estadounidenses y extranjeros inocentes que son objeto de espionaje. Hay una demanda colectiva por una supervisión externa de estas operaciones, por cuentas públicas anuales de los servicios que las tienen a su cargo y por fórmulas adecuadas al debido proceso en las tramitaciones ante las cortes secretas que las autorizan. También, se plantean propuestas de revisión del Acta Patriótica, que permite al Gobierno ordenar a las compañías de telecomunicaciones entregar informaciones relativas a una investigación autorizada sobre terrorismo.


Un avance positivo es la propuesta Presidencial de estudiar soluciones técnicas para que la información recogida masivamente quede en depósitos electrónicos, fuera de la NSA (National Security Agency). Dicha agencia quedaría así obligada a obtener autorizaciones Judiciales expeditas para utilizarla. Este compromiso ha sido considerado como un buen punto de partida de políticas más respetuosas de las libertades.


Pero, para muchos, el Mandatario carece de voluntad y no pretende limitar significativamente las atribuciones y tareas de los dieciséis servicios de la inteligencia estadounidense, que cuentan con más de cien mil funcionarios y un presupuesto anual superior a los 50 mil millones de dólares. Estos servicios han llegado a espiar a millones de personas, incluidos los aliados más cercanos de los Estados Unidos, como la Canciller Angela Merkel. Se sabe que uno de los escasos compromisos adquiridos por Obama ha sido ofrecer disculpas privadas y comprometerse a no espiar a un selecto número de Mandatarios de países aliados.


Hay quienes sostienen que el Presidente ha cambiado de posición desde que manifestara haberse puesto al lado de Martin Luther King cuando a este lo espiaba el Gobierno de su país. Ahora declaró que no ofrecería disculpas por las intromisiones, porque hacerlo sería equivalente a presentar excusas porque sus servicios de inteligencia son más eficientes.

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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