Temas para reflexionar…

 Imagen de la nueva delimitación marítima dictaminada por La Haya,
 indicando la zona reclamada en su demanda por el Perú, tomada de Emol.

Rápida mirada al fallo de La Haya.

Fue un despropósito que Chile aceptara la demanda de Perú ante la  Corte Internacional de Justicia de La Haya r, al que torpemente el Gobierno de Michelle Bachelet le dio la posibilidad de revisar los tratados de límites vigentes, proceso en el que no teníamos nada que ganar y posiblemente mucho que perder.

El fallo entregado ayer, en el que se concretó la perdida de parte de las 200 millas de la zona económica exclusiva marítima, no nos parece tan malo considerando que nuestro territorio sigue incólume, que se fijó un límite definitivo y que se preservan la franja en que nuestros pescadores artesanales realizan sus capturas.

La petición que incluía la demanda peruana era inmensamente dañina para los intereses chilenos, pues además de incluir la zona en que se cosecha el 99% de la pesca dejaba en situación de semi enclaustramiento a Arica, Pisagua e Iquique, lo que sin duda habría provocado un desastre social.

Sin duda no nos gusta que se haya limitado a 80 millas la extensión del límite como proyección del hito 1 por el paralelo, pero la verdad es que no la satisfacción que ha demostrado el Presidente peruano porque sin duda las expectativas de ese país se vieron totalmente defraudadas.

Creemos importante recordar y destacar que la zona marítima adjudicada a Perú, en aguas internacionales, como exclusiva económicamente, que no es reconocida mundialmente, reconocimiento que alcanza solamente a las 12 millas de la costa, y en la que debe respetar la libre circulación y las comunicaciones.

Por una vez creemos que la Cancillería chilena ha actuado con la fuerza necesaria en la defensa de los intereses nacionales y después de decenas de años de derrotas jurídicas ha revertido la tendencia demostrando los sólidos argumentos chilenos y obteniendo un resultado parcialmente ajustado a derecho.

 

¿Seguirá la crisis en RN?,

por Eugenio Guzmán.

Una cuestión central después del Consejo Nacional de RN es si la crisis del partido, en particular las renuncias de sus Parlamentarios, podría darse por superada. Después de todo, la declaración oficial deja en evidencia que la posición, hasta el momento, no habría cambiado mucho de la que se tenía hasta antes de la cita. En efecto, el diagnóstico parece el mismo en relación con la responsabilidad del Gobierno en la derrota electoral, a lo que se agregan las críticas a los dirigentes renunciados.

Lo contradictorio es que se invita a Sebastián Piñera a reintegrarse al partido y, al mismo tiempo, se critica a su Gobierno como responsable de los fracasos político-electorales acaecidos. Por si fuera poco, se sumaron las declaraciones de Ossandón en que sostiene que todo obedece a un plan diseñado para dañar a RN. Así, no es de extrañar que entre los telespectadores del programa Tolerancia Cero que contestaron la pregunta sobre si Piñera retornaría a su partido, más de un 85% señalara que no lo creía.

Por su parte, la inclusión de críticas a los Diputados que dejaron el partido en el documento final del Consejo podría leerse como un triunfo de Carlos Larraín y un respaldo a su gestión como timonel. No obstante, lo que está en juego en las renuncias no se puede entender en razón de las explicaciones que han dado de ellas los salientes, y, en consecuencia, las críticas a los dichos no permiten comprenden lo que se encuentra detrás. Por lo general, las personas siempre desarrollan justificaciones de sus decisiones, o más exactamente sus conductas, sin que ellas sean las que las explican. Dicho de otro modo, las imputaciones de “clasismo, machismo y antisemitismo” o los desacuerdos en relación con temas Legislativos (por ejemplo, el proyecto sobre el Acuerdo de Vida en Pareja), aunque revelan diferencias, expresan malestar con una forma de conducción.

Ciertamente dichas renuncias revelan diferencias ideológicas (liberales-conservadores); sin embargo, esta tensión ha estado presente en la derecha por bastante tiempo (como también se lo observa en la Concertación, hoy Nueva Mayoría), y a pesar de ello los partidos han podido salvar las distancias. Si bien se debe hacer la salvedad de que en RN los niveles de tensión han sido permanentes, debido a los grupos político-ideológicos que le dieron origen, hasta ahora no se había producido una situación como esta. En todo caso, la pregunta es sobre cuán extendido se encuentra dicho malestar y qué capacidad tienen los Diputados salientes de arrastrar a otros dirigentes que no están dispuestos a esperar a mayo para un cambio de directiva.

Por otra parte, el hecho de haber destacado en la declaración del Consejo los acuerdos alcanzados con la DC —aunque para ser precisos fueron con todos los partidos de la Concertación (PS, PPD, PR y DC)— abre otra arista al problema, que tiene que ver nuevamente con el rol que tendrá Larraín en los primeros meses del próximo Gobierno y con su socio, la UDI. En efecto, si hasta ahora no parece clara la estrategia que tendrá el sector frente al nuevo Gobierno, declaraciones como estas parecen oscurecer más el panorama.

Aunque en esta oportunidad Larraín aparece fortalecido, sólo los acontecimientos políticos de las próximas semanas — vale decir, el Gabinete de Bachelet y el resultado de La Haya— pueden evitar que el tema siga en la discusión. De no ser así, el tema podría seguir escalando. De hecho, mientras la piedra de tope siga siendo el Gobierno de Piñera, difícilmente se puede decir que el tema está zanjado. Y si bien el verano es un bálsamo que aplaca los humores, no lo es tanto como para evitar que nuevamente se enerven en marzo. 

Un laboratorio de conflictos

por Gonzalo Rojas Sánchez.

“La cuestión de La Araucanía ha tomado en estos últimos años proporciones gigantescas”, ya que el Gobierno ha incurrido en una política de “desaciertos y errores que lo desautorizan completamente, porque prueban su incompetencia para dar solución a esta cuestión”.

¿Cuándo fueron pronunciadas estas palabras? Exactamente el 9 de agosto de 1868, y son de José Victorino Lastarria, a quien nadie podría acusar de autoritario o integrista.

Casi 150 años después, leemos una declaración de once entidades gremiales y sociales de La Araucanía que afirman que “los Gobiernos han aplicado políticas erráticas e incoherentes, que solo han alentado la escalada de violencia.”

El paralelismo es impresionante, pero no hay que engañarse: lo que hace siglo y medio era un conflicto específico, hoy es en realidad un gran laboratorio para el diseño rupturista de las izquierdas chilenas.

No se trata de una siniestra conspiración, sino simplemente de la actividad habitual de comunistas, indigenistas, ecologistas, anarquistas y otras diversas tropas de asalto, que ensayan en esa zona diseños de conflicto que van a extenderse a otros ámbitos sociales. Numerosos antropólogos, sociólogos, politólogos, educadores, historiadores y juristas, financiados desde fuera de Chile y por nuestro propio Estado, estudian el día a día del conflicto en La Araucanía. El texto es solo un pretexto; el relato sobre temas indígenas, un simple ensayo del gran desacato. Se trata de ver cuánto y cómo reaccionan la sociedad y el Estado frente a amenazas radicales. Hasta ahora, la planilla de respuestas consigna una escasa resistencia.

Por eso, los puertos han sido también objeto del tira y afloja. El Presidente de la CPC ha sostenido que “estamos frente a una huelga ilegal, donde se pone en peligro el Estado de Derecho, incitada por gente anárquica”. Ultraport, de Mejillones, declara que “una minoría de ese 10% resistente (de los trabajadores) trata de imponerse por la fuerza y de forma ilegal sobre el 90%”. La Araucanía queda muy lejos, pero es reciclable en todas partes.

Durante el año laboral próximo, veremos cómo en las universidades y en los colegios, en algunas Regiones, localidades o barrios, en ciertas industrias de alta incidencia, en fin, incluso hasta en las Fuerzas Armadas —todo, escogido con las pinzas de hábiles escrutopos— van a surgir diversos conflictos destinados a “liberar territorios”, a conquistar para las fuerzas del antisistema espacios desde los cuales puedan expandir su influencia. Es la teoría y la praxis okupa llevada a muchos ámbitos.

¿Estamos a las puertas de una guerra civil en Chile? ¿De una guerra civil de verdad, en que se dividan las Fuerzas Armadas y los habitantes de una misma patria se maten unos a otros con tanto entusiasmo como impiedad? No. Aunque un buen amigo vislumbra ese futuro próximo, el escenario será distinto. No estamos delante de una guerra civil en campos de batalla, sino de una aguda confrontación entre civiles en múltiples escenarios de conflicto.

Los servicios de seguridad ciertamente ya lo intuyen, pero, al depender del poder político, no están en condiciones de comunicar abiertamente sus conclusiones. Hay que forzarlos, entonces, a un silencio que confirme nuestros pronósticos o al desmentido que pueda poco después comprobarse como erróneo.

Las organizaciones de La Araucanía esperan “que las autoridades que asumen el Gobierno de Chile en marzo próximo, así como quienes integrarán el próximo Parlamento, se hagan cargo de la gravedad de lo que ocurre.”

No, eso no sucederá, porque el nuevo Gobierno y la nueva mayoría Parlamentaria se nutrirán del problema, no de las soluciones.

Nuestros hijos y las redes sociales,

por Marcela Aravena.

El rápido desarrollo tecnológico, los avances en la informática y la creación de nuevas plataformas tecnológicas permiten el desarrollo de diversas modalidades de comunicación que sitúan a niños y adolescentes en un mundo caracterizado por la inmediatez y dinamismo.

El uso de redes sociales en la última década ha sido cada vez más frecuente y globalizado. En Chile, según un estudio de VTR del año 2012, respecto de los hábitos de jóvenes entre 14 y 18 años en redes sociales, existe un uso del 100% de Facebook. Los resultados indican que el 43% comparte sus claves de Facebook, Twitter y e-mail. El 74% ha recibido solicitudes de desconocidos y el 22% las acepta. Finalmente, el 83% reconoce que entre los riesgos en internet se encuentran: pedófilos y acosadores (68%), hackers (23%), psicópatas (21%) y cyberbullying (8%).

La alta conectividad de niños y adolescentes ha generado una importante preocupación en padres y profesores, quienes observan con inquietud la forma en que estos utilizan redes sociales. Por su parte, los medios  de comunicación nos advierten sobre los riesgos que surgen en el uso de internet, construyendo un discurso colectivo basado en los temores asociados a las herramientas tecnológicas, por sobre los recursos personales y sociales para potenciar las buenas prácticas on-line.

En este contexto, para acercarnos a niños y adolescentes en su exploración en este mundo, es importante generar una comprensión de lo que cada persona en particular necesita, sus motivaciones y la manera en que utilizan las plataformas para comunicarse. Junto con esto, se requiere revisar de manera integral cómo se está produciendo su desarrollo, cuáles son los recursos personales que poseen, las dificultades presentadas y establecer lazos de confianza y cercanía que nos permitan aproximarnos.

En un estudio realizado en los años 2012 y 2013, con 23 adolescentes en una muestra con establecimientos de tipo Municipal, particular subvencionado y particular en la Región Metropolitana, se concluyó que falta generar espacios conversacionales que permitan relevar prácticas de buen trato en relaciones sociales on-line.

Asimismo, se estableció que es importante generar procesos reflexivos que permitan que adolescentes tempranos participen y analicen su experiencia, adquiriendo un rol protagónico que facilite el desarrollo de su autonomía.

Se requiere realizar una intervención temprana que involucre a padres y comunidad escolar, siendo estos actores complementarios y muy relevantes para  abordar integralmente el tema (Aravena, Aspillaga, Maureira & Ríos, 2012).

Dado lo anterior, es prioritario comenzar a trabajar desde temprana edad en la generación de vínculos cercanos y relaciones de confianza.

Frente a los dinámicos y rápidos cambios que se van produciendo en el contexto, no podemos sólo centrarnos en aprender de las innovaciones tecnológicas, sus propiedades, beneficios y riesgos, sino que debemos incorporar prácticas de reflexión conjunta entre y con los jóvenes, de autocuidado y de regulación emocional, que favorecerán el bienestar psicológico y social.

La Alianza y su tarea para el 2014,

por Gonzalo Müller.

La reacción frente a la derrota en cada partido ha sido distinta. En la UDI se procesan la tensión, las críticas y las responsabilidades hacia adentro, a veces con dureza, pero con la necesaria reserva de quienes ante todo han decidido seguir caminando juntos; en RN este mismo proceso ha sido acompañado de críticas destempladas hacia el Gobierno, de renuncias de Parlamentarios y dirigentes, junto a la creación de movimientos que buscan abrir espacio para nuevos electores en la coalición de derecha.

Esta fragmentación partidaria en RN, que sin duda debilita, se justifica sólo si cumple con su promesa fundacional de convocar a esos nuevos electores y liderazgos, que antes no habían votado o trabajado por la Alianza por no encontrar un movimiento o partido que los identificara. Si no es así, de estas divisiones sólo quedará el costo de no haber sabido resolver la tensión interna.

Tanto en RN como en la UDI, la mayoría de los diagnósticos de fondo a estas alturas son compartidos: la responsabilidad en la derrota electoral del Gobierno y de los Presidentes de partido, unida al déficit político permanente de no querer institucionalizar la coalición política, dejando a las directivas cada una preocupada casi exclusivamente de su propio interés y sin avanzar con una estrategia común.

Si vamos revisando las derrotas Parlamentarias, e incluso la Presidencial, un rasgo dominante es que donde uno de los partidos es mayoritario, el otro deja de competir, abandonando en la práctica el objetivo común de elegir al menos un Parlamentario en ese Distrito o Circunscripción. No existe hoy en la Alianza un fuerte ánimo de ser verdaderos socios, los liderazgos actuales acumulan demasiadas recriminaciones mutuas, historias de desencuentros y heridas personales que se han traducido en guías de acción política, con todo el daño que esto va generando. Esto, tal vez más que otros factores, explica los pobres resultados en las urnas.

En sentido contrario, pese a los propios errores, en el Gobierno se ha logrado generar una cultura transversal de cooperación entre los militantes de los distintos partidos y los independientes. La obligación de hacer un buen Gobierno ha generado una cercanía humana en torno a un desafío común, y estos miles de personas que asumieron las tareas de Gobierno en todo el país son un capital indispensable para cualquiera que mire con honestidad y ganas de mejorar el futuro de la Alianza.

Son muchos los que sienten que la renovación de liderazgos y de conducción política es necesaria, caras nuevas que permitan recuperar confianza tanto al interior de los partidos, como entre ellos y el electorado. Esto no puede postergarse, sino que debe ser asumido como parte de los cambios que inician este año.

Sobre la base de este capital humano, con experiencia y vocación de ser Gobierno, los partidos debiesen estar cuidando y convocando desde ya para formar parte de los procesos de renovación interna, de la construcción de las propuestas y programas, a quienes, con conocimiento práctico de muchos de los problemas del país, serán clave para tener un oposición con gran capacidad fiscalizadora en cada Ministerio, servicio o repartición pública. ¿Quiénes mejor que ellos, que lograron construir juntos respetando sus diferencias partidarias, son un cimiento que puede corregir el espíritu de división y canibalismo permanente de algunos caudillos?

Si la Alianza quiere mirar su futuro con esperanza, debe entender que sus desafíos pasan por resolver correctamente muchos de los fenómenos que vivirá este año, y que su capacidad de entenderlos y aprovecharlos será la que defina si puede reconstruirse rápidamente como alternativa de Gobierno o deberá pasar un largo tiempo en la oposición.

Un “fracaso del Estado”.

Es posible que en Santiago y en las demás Regiones no se haya tomado aún conciencia de la situación que se vive en La Araucanía. Una inserción publicada el domingo por un heterogéneo conjunto de gremios, empresas y agrupaciones de víctimas habla ya sin ambages del “fracaso del Estado” en la zona. Este fracaso no tendría que ver con la falta de protección de derechos fundamentales de segunda o tercera generación, sino con la más elemental de las tareas Estatales, aquella que justifica en primer lugar que los particulares renuncien a la autotutela, para entregar a la autoridad el monopolio de la fuerza. Esta conservación institucionalizada de las condiciones elementales para la propia subsistencia es el requisito básico para que pueda existir cualquier derecho. Cuando el Estado, por las razones que sea, no puede o no quiere garantizarlas durante un lapso prolongado, se socava indefectiblemente el fundamento de su autoridad y de las potestades que ejerce.

Lo anterior nada tiene que ver con las demandas que puedan mantener ciertos grupos del pueblo mapuche, pues en Chile existen los mecanismos institucionales para encauzarlas. Por lo tanto, esas demandas —justificadas o no— deberían ser desvinculadas de una vez del fenómeno violentista. La prolongación de este aparece, en cambio, fuertemente relacionada con la incapacidad de los organismos de inteligencia y las policías para prevenir estos hechos, y con una análoga incapacidad de la Fiscalía y las mismas policías para investigarlos adecuadamente, dar con sus responsables y allegar pruebas convincentes en los respectivos procesos. Indiscutiblemente, indagar esta clase de hechos es complejo y supone dificultades que no están presentes en los delitos comunes. Pero, por otra parte, sus autores pertenecen a organizaciones que cuentan con medios relativamente limitados, carecen en su mayoría de una genuina instrucción subversiva, se encuentran operando desde hace tiempo en un sector acotado y realizan ataques relativamente homogéneos. Es inaceptable que el Estado de Chile se muestre incapaz de esclarecer estos atentados y proporcionar el mínimo de seguridad a que tienen derecho los habitantes de la región.

En este contexto se ha sugerido una segunda posible explicación para el problema: la idea de que los Tribunales penales competentes serían especialmente estrictos en la apreciación de la prueba en estos casos, absolviendo a los acusados en circunstancias en que otros Tribunales los condenarían. Esto implica sostener que existe un sesgo, un tratamiento desigual que beneficiaría a los acusados de estos hechos, a costa del Estado y de las legítimas pretensiones de las víctimas. No habría un problema de deficiencia de la prueba, sino de su valoración por parte de Jueces con orientación sesgada. Si existiera, este sesgo podría explicarse por razones que irían desde una supuesta simpatía del Juez con la causa de los grupos violentistas —algo difícil de imaginar—, hasta el miedo a ser objeto de cuestionamientos o, incluso, de represalias. Cualquiera de estas hipótesis sería, en caso de ser efectiva, un hecho de la mayor gravedad, y, por lo mismo, debe ser investigada con rigor y sobre la base de antecedentes concretos; es decir, mediante el análisis detallado de los procesos y su comparación rigurosa con los criterios que los Tribunales utilizan en otros tipos de casos. Mientras esto no se haga, las causas del fracaso del Estado en La Araucanía seguirán siendo oscuras y susceptibles de manipulación.

Educación: el foco en los profesores.

La educación ha estado en el centro del debate nacional de los últimos años, pero ahí donde hay un clamor compartido por el bajo nivel de su calidad, hay al mismo tiempo un enfoque centrado casi exclusivamente en el acceso y en los recursos públicos que se invierten en el sector, esto es, temas que inciden sólo indirectamente en la calidad de la educación. Tal como sostiene la casi unanimidad de los expertos, la calidad educativa tiene que ver mucho más con lo que pasa en el aula de clases, que con discusiones presupuestarias o Legislativas. Sin embargo, ocurre que el actor clave en ese proceso de formar mentes jóvenes —el profesor— no ha sido puesto lo suficientemente al centro del debate, tal como tampoco lo ha sido el contenido de las mallas curriculares, como si fuera posible avanzar de manera sustantiva en calidad de la educación sin mirar a fondo la realidad de quiénes enseñan y cómo lo hacen, y de cuáles son las materias que enseñan.

Más aun, el foco de la discusión —a consecuencia de las movilizaciones estudiantiles de 2011— ha estado puesto fundamentalmente en el nivel universitario, cuando los graves problemas de aprendizaje que demuestran esos alumnos tienen su raíz en su deficiente formación escolar. De ahí que otro consenso de los expertos sea que concentrar los esfuerzos prioritariamente en la educación superior es resignarse a mantener un problema insoluble, pues se reproduce en cada generación de niños que recibe una formación de mala calidad.

Pero es precisamente a edades tempranas en que el rol del profesor tiene mayor impacto en el alumno, de ahí que cualquier estrategia que no da carácter prioritario y urgente a la calidad profesional de quienes educan a los niños está condenada, en el mejor de los casos, a preservar un lamentable estado de cosas en que muchos de ellos salen de la Básica sin conocimientos y habilidades básicas, pues a menudo han sido formados por profesores que no dominan a cabalidad los contenidos o los métodos de enseñanza. Se trata de un círculo perverso que debiera ser el eje de todo intento por abordar en serio una reforma a la educación que logre mejoras objetivas de calidad.

De acuerdo con un reciente sondeo de la Universidad Diego Portales a más de 500 Directores de colegio, “mejorar la formación inicial docente” es la medida más importante para mejorar la educación en Chile. Los pobres resultados de la Prueba Inicia, que se aplica a graduados de las escuelas de Pedagogía, son clara evidencia de que la carrera docente está en problemas, como también lo son una tasa de deserción del 25% en el primer año, el descenso de 37% en el número de titulados en los últimos tres años y la mitad de vacantes que no se llenaron vía PSU este año.

Desde el Ejecutivo se han diseñado becas y otros incentivos para atraer mejores alumnos a esa carrera, pero el descenso de los puntajes de corte este año sugiere que dichos esfuerzos distan mucho de ser suficientes. El proyecto de carrera docente enviado al Congreso por el Mineduc contempla, entre otras cosas, bonos en la remuneración de los mejores egresados, pero es dudoso que eso haga una diferencia sustancial en una profesión con difíciles condiciones de trabajo y escaso prestigio social, además de bajos sueldos.

Estas y otras iniciativas que ponen el foco en los profesores son bienvenidas, pero arriesgan tener poco impacto mientras el foco en educación siga centrado en acceso e inversión. El gremio docente, cabe señalar, ha sido piedra de tope antes que impulsor de soluciones en muchos sentidos, como demostró con su férrea oposición a la evaluación de sus miembros, medida que debido a eso fue aprobada en una versión que no eleva en lo grueso las exigencias del desempeño profesional. Pero también las autoridades, la clase política y muchos líderes de opinión han avalado —o contribuido a establecer— un debate nacional sobre educación que pareciera dar por sentado que cualquier avance en equidad se traducirá, automáticamente, en un avance en calidad.

Esa no es la experiencia de Chile, un país que ha hecho indispensables inversiones y logrado sustanciales progresos en materia de acceso a la educación, pero que hoy constata que ello es apenas un paso necesario hacia la calidad, de ningún modo una garantía.

Países problema y grandes crisis.

Cada mes, el país al que le corresponde Presidir el CS prepara una agenda tentativa de temas a debatir formal o informalmente entre los miembros. Ese temario es afinado en reuniones bilaterales y sirve de marco para el trabajo. Por supuesto, puede ser modificado de acuerdo con la contingencia mundial. Hay temas álgidos, como la crisis de Siria, Corea del Norte, la situación en Irak, Libia o el conflicto israelí-palestino, que, por su relevancia, ocupan parte de la agenda del CS. Otros, sin embargo, podrían ser de escasa relevancia para un observador desprevenido, por el efecto menor que tienen en el resto del sistema internacional, pero para el CS alcanzan notoriedad, especialmente cuando la protección de civiles obliga a tomar decisiones urgentes.

Cinco resoluciones adoptó el CS sobre Sudán y Sudán del Sur el año pasado; otras cinco sobre Somalia, y tres sobre la República Central Africana. En comparación, mucha menos atención parece habérsele dado al Medio Oriente y Asia, excluidos Irak y Afganistán, que tuvo cuatro resoluciones en 2013. Y menos todavía a Bosnia y Chipre, sobre los cuales se adoptó una resolución para cada uno.

¿Qué pasa en Sudán, Somalia, Liberia, la República Centroafricana, Congo o Mali, que ocupa tanto tiempo del Consejo de Seguridad ONU? Cada país tiene su propia crisis, las cuales en conjunto muestran un panorama pesimista del continente, con excepciones que lo negativo tiende a ocultar.

En Sudán del Sur, tras su independencia de Sudán en 2011, una crisis política desató enfrentamientos entre grupos étnicos diversos que se disputan el control de zonas ricas en petróleo. Se han cometido abusos y violencia extrema, que, según el CS, "amenazan la paz y seguridad" de la región, lo cual amerita aumentar el número de cascos azules que están desplegados en el país desde 2009, 10 mil a noviembre del año pasado. Al de Sudán del Sur, se suma el problema de Darfur, donde también la ONU tiene desplegado contingente militar y de ayuda humanitaria para proteger a civiles de ataques de islamistas radicales.

Somalia preocupa a la ONU por ser la base de los famosos piratas que asaltan barcos de carga y secuestran a sus tripulantes para cobrar jugosos rescates, que pagan, en general, las aseguradoras. El diagnóstico es que la inestabilidad política y la corrupción de las autoridades somalíes están en el trasfondo de las dificultades para controlar la piratería naval. Los incidentes con piratas tuvieron el último año una baja considerable, gracias a la acción conjunta de la comunidad internacional.

Según Ban Ki-moon, Liberia "está en riesgo de genocidio", razón por la cual la ONU mantiene alerta ante un país que vive enfrentamientos desde un golpe de Estado en marzo pasado. El Presidente derrocado era cristiano, en un país en que las rivalidades religiosas y étnicas son el primer problema de violencia. Rica en oro, diamantes, uranio y madera, Liberia vive en la pobreza tras años de guerras civiles.

Las misiones en Congo, Mali, Sahara, Chipre y Bosnia.

El 31 de marzo, el CS deberá revisar si extiende el mandato de la misión que actualmente supervisa los acuerdos de la República Democrática del Congo. En la RDC, la violencia tiene larga data y las raíces de la actual crisis se remontan a 1994, tras el genocidio de los tutsis por los hutus en Ruanda. Los rebeldes del M23 son tutsis, y hay otro grupo insurgente formado por hutus. El Gobierno, apoyado por la ONU -que tiene en el país la misión más grande del mundo, con 26 mil efectivos, incluida una brigada autorizada para entrar en combate-, logró vencer al M23 y firmar un acuerdo de cese el fuego que hoy está roto.

En Mali, la ONU tiene una misión de 6.600 efectivos. Se busca restablecer y mantener el orden Constitucional luego de un golpe de Estado en 2002, y la rebelión de los tuaregs y elementos extremistas que se tomaron el norte del país para establecer un régimen islámico. En 2013, Francia fue fundamental para recuperar territorios tomados por los rebeldes, y hoy mantiene desplegados todavía casi dos mil soldados, adicionales a los cascos azules de la ONU.

El Sahara Occidental fue colonia española hasta 1975, momento en el cual Marruecos ocupó el territorio. Los saharauis piden independencia y los marroquíes quieren darles solo autonomía. El Frente Polisario, los rebeldes que lucharon contra Marruecos, hoy controla el territorio. Naciones Unidas está involucrada fuertemente en la búsqueda de una salida política y negociada al asunto.

Dos territorios europeos ameritaron resoluciones del CS el último año: Chipre y Bosnia-Herzegovina. En Chipre se busca un acuerdo definitivo para la convivencia entre los grecochipriotas y los turcochipriotas, que comparten la isla. Este mes debe renovarse el mandato para la misión que la ONU mantiene en el país desde 1964, y que se reforzó tras la invasión turca de 1974. Se trata fundamentalmente de efectivos militares que resguardan "la línea verde" que divide los territorios de ambas comunidades.

En el caso de Bosnia y otras ex repúblicas yugoslavas, la ONU mantiene un permanente monitoreo para ver si se cumplen las condiciones impuestas en los tratados de paz que se firmaron cuando se terminó el sangriento conflicto, incluida la cooperación con la Corte Penal Internacional, que juzga a los criminales de guerra.

Estar al tanto de lo que ocurre en todos esos y otros países, para dar una opinión relevante, será tarea titánica para la Diplomacia chilena.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.