Terrorismo,
por Adolfo Ibáñez.
El fin de año y la llegada del nuevo se
transformó en la gran fiesta del terrorismo. Así como ahora recordamos el
macabro asesinato de los Luchsinger MacKay, el próximo enero será el
aniversario de los incendios criminales que marcaron este cambio de año en La
Araucanía. Y, así, seguiremos sumando acontecimientos infaustos, hasta que las
llamas nos calcinen.
En el plano Judicial, el abogado querellante de
los Luchsinger MacKay celebra que se haya reconocido la validez de las
numerosas pruebas que se han reunido en contra del único inculpado, que lo está
solo por haber caído herido durante aquel hecho luctuoso. Es decir, al cabo de
un año todavía se está iniciando el proceso.
No es
solo la Justicia lo que está mal. Somos todos en el país los que estamos
desenfocados con lo que ocurre en aquella zona. Pareciera que hay algo en el
plano de los conceptos que no se condice con la realidad de las cosas y que
permite que el terrorismo se despliegue impunemente no solo a costa de las
personas, de sus vidas y de sus bienes, sino que también de las instituciones y
del ordenamiento general que regula la convivencia nacional.
Es sabido que este terrorismo tiene el respaldo
de organismos internacionales, con el falso título de constituir una causa
noble y humanitaria. También dentro del país cuenta con el respaldo tácito de
un amplio sector del espectro político: el curiosamente llamado mundo
progresista, que reúne todos los postulados fracasados durante los últimos cien
años y que, no obstante, aún goza de buena salud en nuestro país.
El terrorismo es una imposición violenta que
nace de la automagnificación de sus protagonistas, unida al desprecio por los
demás. De aquí derivan la implacabilidad y la frialdad con que es usado, como
una formidable herramienta política disuasiva y amedrentadora, para despejarles
el campo a sus impulsores, camuflados de idealistas iluminados.
Más allá del hecho político y noticioso, el
dominio del terror nos daña mortalmente, llevándonos a la disolución social.
Liquida la comunicación y la confianza en las personas, y la proyección hacia
el futuro. Reduce, hasta clausurarlos, el horizonte vital y el vuelo espiritual
de cada uno de nosotros. Liquida la vida civilizada, objetivo hacia el cual ha
apuntado la humanidad a lo largo de milenios desarrollando un complejo
entramado institucional.
De la persona altiva, digna y libre que hemos
buscado ser por millones de años, retrocedemos a formar una especie biológica
tan primaria que solo puede reptar.
Solo falta un beso,
por Joaquín García Huidobro.
Berta y Emilia viven juntas desde hace 38 años.
Tanto se quieren, que Berta ha sido capaz de cuidarla durante largos dos años,
cuando una depresión impedía a Emilia valerse por sí misma. En todo este
tiempo, no son más de 4 ó 5 los días en que han dormido en casas distintas.
Comparten todo, y nada más razonable que una herede a la otra y reciba pensión
a su muerte. Berta tiene una pequeña parcela, y Emilia unos departamentos
minúsculos en el centro de Santiago. Con los arriendos de estas propiedades
consiguen vivir modestamente.
Cualquiera pensaría que el AVP es la solución
perfecta para ellas. El Gobierno ha empujado con todas sus fuerzas el proyecto
y dentro de unos días se hará realidad esa fórmula que reconocerá el valor de
haber hecho una vida juntas, y no dejará a la sobreviviente en una situación
desmedrada.
Pero no, el AVP no les servirá de nada.
¿Por qué? ¿Acaso les falta afecto? No, se
quieren mucho. Cada una ha dado la vida por la otra.
¿No han vivido suficiente tiempo juntas? Dentro
de poco llegarán a 40 años de vida en común.
El problema no es ese. Sucede que Berta y
Emilia son primas, viudas y heterosexuales. Se fueron a vivir juntas, pero no
en la misma cama. El AVP, en cambio, está pensado solo para
"parejas", de manera que, según dicen, debe haber afecto sexual de
por medio.
Les bastaría un beso, unas horas de pasión para
ser reconocidas por la Ley y dejar su futuro resuelto. Pero no, su unión no es
suficientemente sexy o vanguardista.
Parece que hay que castigarlas a ellas y a los
numerosos chilenos y chilenas que mantienen convivencias de afectos muy hondos,
llenas de solidaridad, que se prolongan en el tiempo, pero que tienen la
desgracia de no calzar con la agenda de nadie.
¿Existe algún Ministro que pueda dar cuenta de
esta anomalía?
Ninguno.
Los más inspirados, declaman que se está
cumpliendo una promesa Presidencial (ojalá tuvieran el mismo fervor para
referirse a la prometida seguridad ciudadana). Lo que no logran explicar es por
qué la solución de las dificultades de los convivientes exige excluir a Berta y
Emilia de los mismos beneficios.
Tampoco en el Congreso se escuchan
explicaciones convincentes. Un Parlamentario de derecha ha señalado que el AVP
le parece un "tremendo avance para construir una sociedad más inclusiva en
Chile". Muy bonito, pero ¿por qué esta inclusión excluye a Berta y a
Emilia? Dice que le parece muy importante "tener una regulación Legal para
las relaciones que nacen del afecto". Como si entre ambas no hubiese
cariño.
¿Por qué no llaman a las cosas por su nombre?
¿Por qué no dicen, mejor, que en el Chile que nos proponen solo algunos afectos
importan, mientras que los otros resultan insignificantes?
Nadie da una respuesta a este tipo de
preguntas, porque probablemente nadie tiene nada que decir, ya que el AVP es un
juego en el que todos hacen trampas. Del AVP se habla mucho, pero me temo que,
en el fondo, a nadie le interesa.
Para unos, el AVP es una barrera, un recurso
para dejar tranquilos a los activistas de la causa gay y, de esta manera,
evitar el "matrimonio" homosexual. La pretensión es un poco ingenua,
porque desconoce la evidencia internacional que nos muestra cómo el AVP es la
antesala del matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Otros, en cambio, saben que el horno no está
para bollos y proponen esta fórmula que, una vez aprobada, hará más fácil
discutir dentro de un par de años el "matrimonio igualitario", como
les gusta llamarlo. Para ellos es un trampolín.
Además, si se lo mira de cerca, nuestro AVP es
tan parecido al matrimonio, que no parece que en el futuro pueda haber muchas
resistencias a introducir un "matrimonio" homosexual. Para ser igual
al matrimonio, le falta al AVP el deber de fidelidad. Esta omisión es
importante, porque muestra que nuestros Legisladores se han tragado los
prejuicios conservadores acerca de la promiscuidad de los homosexuales y no se
atreven a imponerles una exigencia que es elemental para que el afecto sea
auténtico y no un entusiasmo veraniego.
Si en realidad el AVP no les interesa, por sí
mismo ni al Gobierno ni a la mayoría de los Parlamentarios, mucho menos les
quitará el sueño resolver casos como el de Berta y Emilia.
Por tanto, si ellas quieren recibir sus
beneficios, que pongan algo de su parte, que metan un poco de romanticismo en
su relación, que se inscriban como pareja ante el Ministro de fe y a la salida
de la ceremonia hagan lo que el público está esperando:
"¡El beso, el beso!".
Trato distinto en casos judiciales.
La Ministro de la Corte de Apelaciones de San
Miguel, que quedó en definitiva a cargo de la querella presentada por
familiares de los escoltas Presidenciales que fallecieron en el atentado en el
Cajón del Maipo en septiembre de 1986, declaró de inmediato la prescripción en
el caso y lo sobreseyó. Entre los querellados estaba el Diputado comunista
Guillermo Teillier, quien dijo en una entrevista a este diario haber autorizado
la realización del atentado.
Es preocupante que esa decisión sea evidencia
de un doble estándar en materia de aplicación de la Ley y en la tramitación de
los juicios. En efecto, al acoger la diferenciación entre delitos de lesa
humanidad y aquellos que no lo son, que no estaba considerada por nuestra Legislación
a la época en que ocurrieron los hechos, resulta haber una Justicia distinta
para unos que para otros en los hechos de violencia política del pasado.
Llama particularmente la atención que la
prescripción se haya declarado sin mayor trámite, lo que contrasta con el
proceso por la muerte del ex Presidente Salvador Allende, en que bastó una
querella para que se investigara exhaustivamente para ratificar la conclusión
que ya ha consignado la historia: que se trató de un suicidio. La prescripción
en otros casos no ha sido óbice para investigar y aclarar los hechos, sobre
todo que puede, incluso, extenderse hasta por 30 años, plazo que no ha
transcurrido desde la muerte de los escoltas.
Los Tribunales debieran realizar una
investigación completa, para entregar certeza a la ciudadanía de que todas las
causas se tratan por igual, sin distinción. De lo contrario, pudiera prevalecer
la suposición de que las personas influyentes pueden sustraerse a la Justicia o
que hay diferentes criterios para enfrentar casos semejantes.
Señales poco auspiciosas de la PSU.
Ayer se
inició a lo largo del país el proceso de matriculación de los más de 95 mil
jóvenes que ingresarán a la educación superior vía Prueba de Selección
Universitaria. Podría decirse que eso es en sí mismo un hecho alentador, pues
Chile tiene cifras de acceso a ese nivel educativo comparables a las de la
OCDE. Sin embargo, para un país en que la educación ha ocupado un lugar tan
central en la discusión pública nacional del último lustro, hay datos que se
desprenden del proceso de selección y admisión de este año que mueven a
preocupación.
Uno de los más relevantes es la constatación,
según la información entregada por el Consejo de Rectores de las Universidades
Chilenas (Cruch), de que la apuesta por dar mayor peso al ranking de notas de
los estudiantes en la ponderación de las postulaciones no ha tenido uno de los
efectos esperados: aumentar la proporción de alumnos provenientes de la
educación pública entre los nuevos seleccionados a la universidad. Por segundo
año consecutivo desde que el ranking se incluye en la ponderación, se mantiene
en 26% el total de postulantes de la educación Municipal que fue aceptado en
una universidad.
Si bien por varios motivos no era razonable
esperar un aumento brusco de los alumnos de educación pública que ingresan a la
universidad —los distintos pesos asignados por cada casa de estudios, los
apenas dos años transcurridos desde su inclusión y otros—la apuesta del ranking
sí era lograr un crecimiento visible que diera sustento al concepto de base:
dar un espaldarazo a aquellos jóvenes que se habían esforzado a lo largo de su
vida escolar por obtener los mejores resultados académicos.
Esa idea —el premio al esfuerzo— sigue siendo
valiosa y digna de impulsar. Sin embargo, a la luz de los resultados, parece
reforzarse la noción de que los problemas de la educación chilena, tal como ha
señalado una amplia gama de expertos, tienen menos que ver con la selección y
el acceso, y más que ver con la calidad en los niveles tempranos de
escolaridad. En la educación pública esto es particularmente notorio, pues de
ahí provienen los alumnos que llegan con los mayores déficits al primer año de
universidad.
No obstante aquello, es patente que el debate
educacional chileno ha estado virtualmente monopolizado por el acceso y cómo
ampliarlo aún más —con un foco desmedido en la asignación de cada vez mayores
recursos públicos—, en desmedro de una discusión seria por la calidad que
tendría su foco principal en los contenidos que se enseñan, la forma como se
enseñan y las capacidades profesionales de quienes enseñan.
Respecto de esto último —y ante la casi total
ausencia de debate sobre los currículums y los métodos de enseñanza—, la PSU
también trajo una noticia poco grata, cual fue la cantidad de universidades
que, en lugar de aumentar sus puntajes de corte de ingreso a la carrera de
Pedagogía Básica. Según la información del CRUCH, en cerca de la mitad de las
34 instituciones adscritas a la PSU bajó el puntaje mínimo que obtuvieron
quienes desean formarse como profesores.
Así, aunque la calidad profesional de los
profesores ha sido objeto de duras críticas en años recientes —para lo cual los
malos resultados en las distintas pruebas Inicia han dado el principal
argumento—, y aunque desde el Estado, en reconocimiento del problema, se han
diseñado incentivos e invertido recursos para atraer a jóvenes mejor preparados
a esa carrera, parece un contrasentido que la exigencia mínima disminuya en
muchas universidades, en lugar de elevarse. Más aún cuando gran parte de esas
universidades ni siquiera alcanzan el puntaje mínimo de 550 en la PSU que
propone el Mineduc para ingresar a Pedagogía. Los esfuerzos por premiar con
becas, mejorar las remuneraciones, aumentar las horas no lectivas y otras
iniciativas diseñadas para hacer más atractiva la carrera docente, sólo darán
resultados como complemento de una formación docente de mejor calidad, lo cual
comienza por una selección más rigurosa —esto es, mayores exigencias— de
quienes van a seguirla, y que hoy son conscientes de las bajas remuneraciones y
el relativo prestigio social de la profesión.
Renuncias en Renovación Nacional.
La renuncia de tres Diputados al partido
Renovación Nacional constituye un hecho que merece reparos desde el punto de
vista de la fe pública, pues con ello se ha defraudado la confianza de muchos
electores que, previsiblemente, les dieron su voto asumiendo una pertenencia
política que ya no es tal.
Las razones que llevaron a estos tres Diputados
a presentar su dimisión al partido suponen en sí mismo un hecho político cuyas
consecuencias para Renovación Nacional, y la Alianza en general, recién se
decantan, y es válido que los planteamientos doctrinarios de un partido o su
forma de conducción puedan ser desafiados. Pero habría sido conveniente que los
argumentos esgrimidos para la desafección con el partido y la concreción de la
partida se hubiesen explicitado con claridad frente al electorado antes de las
elecciones, para que la ciudadanía hubiese tenido la oportunidad de juzgar la
pertinencia de esta decisión, y el partido, la posibilidad de disponer de los
cupos facilitados. Al ser un hecho posterior, sin embargo, la confianza
ciudadana se ve defraudada; por lo mismo, la decisión de competir en una
elección, cobijado por un partido, y al cabo renunciar al mismo, debería ser
evitada como señal de sana práctica, más aún en quienes se erigen como símbolos
de nuevas formas de hacer política.
Lo ocurrido con los ahora ex Diputados de
Renovación Nacional es un hecho que ya se ha repetido en el pasado -conocidos
fueron los casos de los llamados “Parlamentarios díscolos” en la Concertación-,
y es muy posible que, dada la agitación que vive la escena política actual,
existan nuevos casos de renuncias de Parlamentarios con filiación partidaria.
Es relevante que los propios actores del quehacer político se preocupen de
resaltar la importancia de los partidos en la vida democrática, evitando
prácticas que resientan aún más la debilitada imagen que ya tienen ante la
ciudadanía.
Hidroelectricidad estancada.
En la última década, la hidroelectricidad ha
pasado de ser bastante más de la mitad de la potencia instalada en el Sistema
Interconectado Central (SIC) a poco más del 40% de su capacidad. Tal
disminución se debe a que en ese período solo se han construido dos centrales
hidráulicas importantes, Ralco y Angostura, más algunas de menor tamaño. Los
demás proyectos han enfrentado una oposición tan agresiva -y casi inexplicable,
si consideramos que se trata de energía limpia- que no se han podido llevar a
cabo.
A diferencia de otros países, en donde se dan
graves impactos ambientales o debe desplazarse gran número de habitantes al
construir centrales hidroeléctricas, en Chile la oposición a ellas es impulsada
por razones estéticas o de ambientalismo a ultranza. En las zonas en que se
desarrollan estos proyectos, su impacto directo sobre los escasos habitantes es
limitado, salvo para los pocos que deben ser desplazados, y también es limitado
en la flora y la fauna. Sin embargo, respecto de casi todos los cursos de agua
potencialmente utilizables se forman grupos de presión locales que,
crucialmente, reciben el apoyo del público sensible a la publicidad que ataca
esos proyectos.
En reemplazo de la hidroelectricidad, la matriz
energética se ha movido hacia la termoelectricidad, esto es, gas y sobre todo
carbón, cuya participación ha aumentado en 33% (de 12 a 16%). Pero por la
creciente oposición a las centrales a carbón -traducida en Judicialización-, no
es claro si su participación seguirá aumentando. En todo caso, la oposición
ambientalista a una fuente de energía que casi no contamina ha aumentado
drásticamente las emisiones que sí lo hacen.
Muchos sectores ideológicos prefieren cerrar
los ojos a los efectos de la futura escasez de oferta de generación sobre los
precios de la energía. Además, pocos advierten que la falta de inversión en
hidroelectricidad perjudicará el desarrollo de las fuentes de Energía
Renovables No Convencionales (ERNC). Estas son en su mayoría intermitentes (a
excepción de la biomasa y la geotermia), en el sentido de no poder asegurar el
suministro durante todas las horas del día. Necesitan, por tanto, de un
respaldo en aquellas horas en que no generan, lo cual puede ser muy caro. En el
caso de una central fotovoltaica, por ejemplo, el respaldo de menor costo
consiste en un embalse que pueda almacenar agua durante el día, y descargarla
durante las horas en que la central solar no opera.
Un sistema eléctrico sin hidroelectricidad,
como el del norte (SING), tiene baja capacidad para incorporar energías no
convencionales, porque eso requiere centrales de respaldo a gas, de alto costo
de operación, lo que eleva el costo total del sistema. La interconexión entre
los sistemas SIC y SING, recién aprobada por el Congreso, podría admitir un
mayor empleo de energías no convencionales, porque se podrían usar los embalses
de la zona central para respaldar las ERNC producidas en plantas solares del
desierto nortino. Pero esto tiene como límite las capacidades de los embalses
existentes. Por tanto, un esquema eficiente que aumente la penetración de la
energía solar sería construir en paralelo centrales hidráulicas de pasada, con
pequeños embalses que permitan la operación durante las horas sin sol.
Adecuada fiscalización de la capacitación laboral.
En línea con las teorías económicas que
impulsan la inversión en capital humano como mecanismo clave para el
crecimiento de los países, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
(Sence) ha desarrollado, por casi 40 años, una serie de iniciativas para
promover el conocimiento y la adquisición de nuevas competencias entre los
trabajadores. Cuenta para ello con dos herramientas fundamentales: la
implementación de programas sociales para sectores de escasos recursos y las
franquicias tributarias a disposición de las empresas privadas.
La normativa entiende la capacitación laboral
como un proceso destinado a “promover, facilitar, fomentar y desarrollar las
aptitudes, habilidades o grados de conocimientos de los trabajadores”, con el
claro objetivo de abrirles oportunidades de desarrollo, mejorar sus condiciones
de vida y elevar la productividad nacional, un desafío pendiente en la economía
chilena y que guarda estrecha relación también con la incorporación y manejo de
las nuevas tecnologías.
Este proceso, a todas luces positivo tanto para
el beneficio privado de cada trabajador como para el mercado laboral en su
conjunto, se ve opacado por la presencia de empresas, intermediarios y
beneficiarios que, atraídos por los incentivos tributarios, así como por las
oportunidades de utilidades asociadas al sistema, aprovechan sus debilidades
para obtener ganancias ilegítimas. Recientes cambios a los procedimientos,
introducidos por las autoridades del Sence, y estadísticas dadas a conocer por
la institución dan cuenta de estas irregularidades. Cursos que no cumplen con
los estándares mínimos para ser considerados capacitación laboral, falta de
control de asistencia y abusos en el uso de la franquicia tributaria han
llevado al organismo y al Ministerio del Trabajo a implementar prácticas como
la identificación por huella dactilar de los alumnos y la regulación de
plataformas de capacitación, como aquellas que usan tecnologías de enseñanza a
distancia.
Las instituciones intermediarias afectadas por
estas modificaciones reclaman por el cambio en las reglas de juego y acusan
que, a causa de estas medidas, terminan pagando justos por pecadores. Sin
embargo, el actuar de las autoridades no es más que la consecuencia de los
abusos reiterados que ahora se busca evitar. Estas reformas, de hecho, deben ir
acompañadas de un proceso mayor de reflexión sobre los objetivos que se
persiguen al destinar recursos de los contribuyentes a la capacitación de
trabajadores de empresas, cuyo beneficio directo es privado, tal como ocurre en
general con la educación. Incluso en ese aspecto, la ex Ministro del Trabajo y
ex candidata Presidencial de la Alianza planteó dudas sobre el impacto que
tenían los US$ 300 millones que el Estado destina a capacitación, por medio de
la franquicia tributaria, en los salarios y empleo de los beneficiados.
También surgen dudas sobre la fiscalización
desarrollada en el pasado por las autoridades del Sence, como organismo
encargado de autorizar los cursos asociados a estos descuentos tributarios,
teniendo en cuenta el extenso período de incubación de las denuncias que hoy se
conocen. En un ambiente como el descrito, el fortalecimiento de las exigencias
y de los procesos de rendición de cuentas en torno a las actividades que se
acogen a las franquicias Sence constituye un deber ineludible, pues están en
juego la fe pública y el adecuado resguardo de los recursos de todos los
chilenos.
Enfoques Internacionales:
Memorias comprometedoras.
Parte de la respuesta la ha dado Bob Woodward,
el veterano periodista, famoso por destapar el escándalo de Watergate: si la
publicación de memorias de altos funcionarios se ha vuelto cosa usual, lo que
no es corriente es "que un ex miembro del Gabinete, y menos un Secretario
de Defensa, que ocupaba un puesto clave en la cadena de mando, publique un
retrato tan antagónico de un Presidente en ejercicio".
En "Duty: Memoirs of a Secretary at
War", Gates no oculta el malestar que sentía durante los años que sirvió a
Obama, en parte por razones personales, al sentirse pasado a llevar por otros
asesores, y por sus diferencias políticas. Dice Gates, a cargo de las guerras
de Afganistán y de Irak, que el Presidente "no creía en su propia
estrategia, y no consideraba que la guerra era suya. Para él, lo único
importante era salir", retirar las tropas. Gates se desahoga en sus
memorias, hablando sobre el disgusto que le producían las discusiones sobre
temas militares del entorno de Obama, pues no siempre era consultado para tomar
ciertas decisiones. El ex funcionario, conocido por su tranquilidad, aparece
iracundo, y dice que ponía "cara de póquer" para evitar transmitir
sus verdaderos puntos de vista y sus sentimientos.
Los libros de memorias, siempre que sus autores
sean sinceros, son una fuente importantísima para que analistas políticos e
historiadores armen el puzzle de una determinada época. Son testimonios
relevantes para encontrar "culpables" o responsables de determinadas
políticas, y sirven como lección que evite cometer los mismos errores en el
futuro.
Ciertas interrogantes, sin embargo, surgen en
casos, como el de Gates, en los que el análisis crudo de una forma de Gobernar
puede afectar directamente a una administración, al hacer públicas las
debilidades del Gobernante en ejercicio y las disputas al interior del equipo.
En el caso del libro de un Secretario de Defensa de EE.UU. en tiempos de
guerra, como lo fue Gates, las revelaciones además podrían eventualmente
afectar la seguridad nacional. En 2010, el Pentágono quemó 9.500 copias de un
libro escrito por un oficial que estuvo encubierto en Afganistán, por
considerarlo perjudicial para la tarea del Gobierno y de los militares.
Robert McNamara, Secretario de Defensa al
inicio de la guerra de Vietnam, escribió sus memorias veinte años después de
que terminó el conflicto y a casi treinta de dejar el cargo. Quizás por eso se
atrevió a reconocer que había sido un grave error que se pagó muy caro.
Golpe a la monarquía española.
La segunda imputación a la infanta Cristina,
hija del Rey de España, tiene preocupados a quienes ven que el caso Judicial
por corrupción golpea la imagen de la familia real, y temen que esto redunde en
una crisis de credibilidad en una institución clave de la democracia española.
Los cargos que enfrenta la infanta tienen que
ver con supuestos delitos de blanqueo de capitales y de fraude Fiscal,
derivados de su participación en una empresa que tiene en sociedad con su
marido, Iñaki de Urdangarin, quien, a su vez, está acusado de delitos contra el
Fisco, los cuales, a juicio del Juez, no pueden haber sido ignorados por
Cristina.
Esta situación es ampliamente analizada por la
prensa española que, más o menos proclive a la monarquía, ve en este caso un
debilitamiento de la institución que ha traído estabilidad a España tras el fin
del régimen del General Francisco Franco.
Desde que el caso explotó, en 2011, el Rey y su
entorno han sufrido otros embates a su imagen. Conocido es el episodio de la
cacería en Botswana, donde Juan Carlos sufrió un accidente que lo obligó a
revelar su viaje en plena crisis económica, lo cual restó puntos a su
popularidad y credibilidad como Jefe de Estado.
Según el diario El País, el caso Urdangarin
"ha provocado una permanente tensión entre la institución y la
familia", dado que la estrategia de aislamiento del marido de la infanta
ha sido boicoteada por ella misma y por la Reina, quien los recibió en la
Navidad, después de que el Rey, en su mensaje de fin de año, reconociera que
"la falta de ejemplaridad en la vida pública ha afectado el prestigio de
la política y de las instituciones".
La Casa Real había dado señales importantes de
estar consciente de la gravedad implícita en el desprestigio, y, por ejemplo,
hace ya dos años anunció que haría públicas las finanzas del monarca, en un
acto de transparencia que hasta 2011 había evitado. Con todo, una columnista
del diario ABC escribió que a "un Rey que era admirado y respetado en todo
el mundo por haber conseguido la paz entre los españoles, hoy se le cuestiona
hasta la capacidad de pilotar a su familia". Nadie olvida el histórico
momento cuando el Rey, en 1981, dio un rotundo espaldarazo a la democracia al
oponerse al golpe de Estado del Comandante Antonio Tejero. Ese activo rol en
política ha sido muy diferente al de otros monarcas europeos que tienen un
poder protocolar.
En el caso de su hija, Juan Carlos ha dicho que
todos los españoles son iguales ante la Ley. Siguiendo esa premisa, sería
importante que Cristina se presente ante el Juez, pues no hacerlo haría una
diferencia clara con la mujer del socio de su marido, que está procesada desde
el inicio.
Es indudable que, con este caso Judicial, la
monarquía española sufre un embate que podría afectar seriamente la continuidad
del sistema, en momentos en que la segunda preocupación de la sociedad española
-después de la situación económica- es la corrupción.
