Un día de definiciones...

Interés en la política, incumbencia y abstención,

por Eugenio Guzmán.

Uno de los fenómenos más notorios de los últimos 20 años es el deterioro de la imagen y apego a los partidos políticos. En efecto, en el caso de partidos con representación Parlamentaria, ésta ha bajado de 67% en 1994 a 25% (CEP), y entre ellos el más afectado es la DC, la que de presentar porcentajes cercanos al 35% en 1994 hoy no supera el 6%. Y si bien esto podría ser sólo atribuido a los partidos más grandes, la verdad es que observamos una tendencia plana en el caso de otros tales como el PC y Humanistas, quienes finalmente no superan el 2% en promedio.

Ahora bien, ¿es este fenómeno exclusivo de nuestro país? La verdad es que en Chile los porcentajes de identificación parecen más bajos a juzgar por los datos comparativos entre países (Encuesta Mundial de Valores). Al confrontar los resultados para 45 países, la diferencia entre nuestro país y el resto es de 24 puntos porcentuales para el período 2005-2008. Adicionalmente, en el caso chileno se trata de un proceso paulatino; así, la caída alcanza los 34 puntos porcentuales, mientras que en el resto de la muestra es sólo de 1,8. Si bien en el caso de democracias “jóvenes”, particularmente las del bloque soviético u otras de América Latina, también se aprecia cierta baja, en el caso de Chile la caída es 3 veces superior (en las nuevas democracias la caída es de 9,8 puntos porcentuales).

Entre las explicaciones que se dan para este hecho podría estar la alta tasa de reelección de los Parlamentarios en ejercicio. Al respecto, si bien Chile presenta altos niveles de reelección (de cada 10 Parlamentarios que se presentan a la reelección 8 son reelectos) en comparación con otras democracias sobre las que existen antecedentes. No obstante, en países como Estados Unidos, Alemania, Japón y Australia los porcentajes incluso llegan a ser superiores a los de nuestro país. Entre los responsables que se suele señalar para explicar este hecho es el sistema electoral; sin embargo, esto no parece tan claro al considerar otros factores.

Pero en general, la tasa de reelección puede ser un indicador engañoso, en la medida en que ésta podría ser muy alta, aun cuando sean muy pocos los que se repostulen (si de 120 se repostulan 2 y ambos salen elegidos, entonces la tasa de incumbencia es 100%). Es por eso que a lo que deberíamos mirar es a la tasa de recambio; es decir, el porcentaje de Parlamentarios que dejan la Cámara de una elección a otra. Ella nos mostraría los efectos de la competencia de mejor forma. Si miramos este porcentaje, Chile deja de tener los más altos porcentajes, siendo similar al de democracias consolidadas.

En general, lo anterior estaría indicando que la falla en la identificación partidaria no necesariamente está relacionada con la incumbencia. Ahora bien, ¿podemos decir lo mismo de la abstención?, la verdad es que no. Existe razonable evidencia que muestra que la identificación de partidos y la abstención corren por carriles semejantes. Es decir, quienes se abstienen de participar, además de no hacerlo porque no tienen el hábito, la política no les importa, en sus hogares la política no representa un tema de interés y en general son pragmáticos y no ven que la política les cambie la vida, también tienen, tal vez por lo mismo, bajos niveles de adhesión a los partidos políticos.

En este sentido, el desafío de los partidos políticos es cómo conectar con el electorado, y hasta ahora, la fórmula empleada de fugarse hacia temáticas más radicales no parece funcionar necesariamente, sino basta ver los números de la última elección.

Sector público: Reajustes con acuerdo,

por Felipe Larraín.

Los beneficios de llegar a acuerdo no siempre son solo cuantitativos. Ello quedó demostrado en el buen clima que imperó en la reciente negociación de reajuste entre el Gobierno y los trabajadores del sector público. Por tercer año consecutivo (2011, 2012 y 2013) se logró un acuerdo entre el Ejecutivo y los gremios, lo que es inédito en un mismo Gobierno al menos durante las últimas cuatro décadas.

En la semana recién pasada, con el despacho en el Congreso de la Ley que reajusta las remuneraciones del sector público a contar del 1 de diciembre de 2013, se ratificó el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y 13 de los 14 gremios representados, coordinados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El diálogo fue la clave y la buena disposición la tónica imperante. Los acuerdos no terminan con una parte obteniendo todo lo que quiere. Pero en la medida que haya buena disposición a escuchar lo que es realmente importante para la contraparte y flexibilidad de ambas partes, los acuerdos son posibles. Así, por ejemplo, el planteamiento inicial de los gremios fue un reajuste del 8,8% y el Ejecutivo propuso 4%. El resultado fue de 5%, en línea con el alza de remuneraciones del sector privado. Esto completa un reajuste promedio de 2,3% real durante la administración del Presidente Piñera, que casi duplica el 1,2% real promedio de las últimas dos décadas.

Los beneficios económicos son evidentes, pues el contenido de dicho acuerdo va más allá del 5% de reajuste de remuneraciones, e incluye, entre otros, ajustes a los aguinaldos de Fiestas Patrias, Navidad, bono de escolaridad, bono de vacaciones y un bono especial por éxito de negociación, todos ellos con valores diferenciados de tal manera que aquellos que ganan menos reciban un monto mayor.

Son más de 600 mil los funcionarios públicos favorecidos, en tanto que los otros beneficios tienen una cobertura superior a los 850 mil trabajadores activos. A su vez, los bonos de Navidad y Fiestas Patrias llegan a un universo de casi dos millones de pensionados.

Adicionalmente, la Ley de reajuste contempla algunos puntos específicos para determinados sectores o áreas geográficas cuyos términos fueron negociados a través del año en distintas mesas de trabajo que se habían constituido para este efecto. Entre estos, destaca la incorporación de una nueva Comuna (Cochamó) al beneficio de asignación de zona, basado en criterios objetivos que vienen de un estudio de una universidad de prestigio. Además, el Estado asume en forma gradual (en tres años) el costo de hacer imponible la bonificación de zonas extremas, una aspiración de muchos años de los gremios que ahora fue acogida. Adicionalmente, el Ejecutivo acordó traspasar al régimen de contrata a aquellos trabajadores que prestan servicios a honorarios desde enero de 2008.

El Gobierno también envió un instructivo Ministerial similar al que se había enviado en 2012, orientado a regular las causales de la no renovación de las contratas, con lo que se minimiza la posibilidad de decisiones arbitrarias y discriminatorias al momento de renovar los contratos en el sector central del Estado. Similar procedimiento se extendió al sector de educación. Asimismo, se acordó continuar trabajando en una serie de iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios.

La bitácora de negociaciones de reajuste del sector público en esta administración tiene amplio saldo a favor: en 2011, logramos acuerdo con 11 de los 14 gremios; en 2012, con la totalidad de ellos y, finalmente, en 2013, al que ya nos hemos referido, 13 de los 14 gremios concurrieron a suscribir el protocolo de acuerdo.

El resultado final deja un buen recuerdo y resultados concretos más allá del entendimiento y confianza entre las partes. Estos son los frutos de un trabajo continuo que se inició el año 2010 entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores. Ambas partes hemos cosechado lo que sembramos en campo fértil: el diálogo paciente, continuo y franco, con respeto por el interlocutor. Los frutos son un legado no solo para una sociedad que avanza en paz, sino para quienes creen que el enfrentamiento y la violencia no son la vía.

Definiciones pendientes.

Como es natural, la primera preocupación política de los chilenos está hoy centrada en la segunda vuelta Presidencial, que determinará tanto la identidad y las opciones programáticas de la futura Presidente, como la orientación básica del siguiente Gobierno y, en buena medida, las condiciones en que se desarrollará la vida pública del país con los correspondientes efectos para la situación personal de cada ciudadano. Sin embargo, los cambios ocurridos en el tipo de demandas sociales y en la fragmentación de las corrientes partidistas, pero a la vez las nuevas alianzas entre ellas, precipitarán definiciones que marcarán el panorama nacional del próximo período.

Esto no tiene que ver solamente con el resultado de la votación, pues el fenómeno se da al interior de las distintas colectividades y coaliciones. El viernes último tuvimos un ejemplo con la discrepancia expresada en este diario por los Diputados DC Gabriel Silber y Jorge Sabag acerca de la ubicación de su partido en la Nueva Mayoría, pues mientras el primero lo calificaba como “de centro-izquierda y de vanguardia” en sus propuestas progresistas, evocando el recuerdo de Radomiro Tomic en los años 70, para el segundo, “como decía Eduardo Frei Montalva, está más allá de izquierdas y derechas”. Es una vieja disyuntiva que ya se tradujo en la escisión del Mapu y la Izquierda Cristiana y que hoy afecta la unanimidad del respaldo interno a ciertos puntos del programa de Michelle Bachelet, lo que puede concretarse en algunos de sus eventuales proyectos de Ley. Las distintas posturas doctrinarias que hoy conviven en la DC intentarán resolver sus discrepancias en un Congreso ideológico que se comenzará en abril próximo.

En la misma coalición, aunque quizás con menos publicidad, hay discrepancias en el PPD y en el PS respecto del porvenir del tradicional eje PS-DC así como de las políticas de buscar consensos o imponer las mayorías Parlamentarias conseguidas. Incluso en el siempre disciplinado Partido Comunista, que debe resolver el 22 de diciembre su incorporación a un eventual Gobierno, se aprecian dudas, en especial en la juventud, sobre una mayor identificación con la ex Presidente, la participación en un eventual Gabinete suyo y la suscripción de una especie de estatuto de garantías para aclarar las suspicacias falangistas por los títulos democráticos del PC y su aceptación de la violencia política o de los regímenes dictatoriales de izquierda.

Algo equivalente ocurre en la Alianza. Por una parte, varios resultados electorales y los imprevistos que han marginado a casi todos los “coroneles” de la UDI de sus posiciones de mayor influencia y facilitan su reemplazo generacional, conducen a una revisión tanto de la forma de defender sus principios económicos y valóricos como de la recuperación de su carácter “popular”, tema que se abordará en el Consejo General de enero. En RN, el enfrentamiento entre la actual directiva y un sector implica, asimismo, debate acerca de una “nueva derecha”, de realidad hasta ahora algo confusa, y el desafío más concreto de un auge de la tendencia liberal que asoma con fuerza en todos los sectores. Parece evidente que todo esto repercutirá pronto en el panorama político nacional, comenzando por las distintas reuniones de definición doctrinaria ya programadas, cualquiera sea el resultado del próximo domingo.

Abandono de las riberas del Mapocho.

Las riberas del río Mapocho en Santiago —y, en general, las de cualquier río que atraviese una ciudad importante— pueden transformarse en espacios públicos de valor y fuente de agrado para sus habitantes, o bien ser abandonados a su suerte y transformarse en botadero de desperdicios y fuente de delincuencia.

La administración de dichas riberas es de cargo de los Municipios respectivos, porque el cauce del río constituye un espacio público, y los bienes de uso público están bajo la administración de aquellos, y deben preocuparse de su limpieza y del retiro de la basura que se deposite en ellas. Esto, sin perjuicio de que la Dirección Nacional de Aguas, dependiente del MOP, deba realizar operativos anuales para la mantención y reparación de obras fluviales, junto con acciones de despeje y encauzamiento de los lechos de ríos y esteros, como prevención necesaria ante las crecidas.

El que muchas riberas presenten un aspecto deplorable —como este diario lo ha mostrado—, con sectores llenos de desperdicios, rayados en las murallas, demandas gráficas de sindicatos y otras agrupaciones, pone a los Municipios respectivos en una situación embarazosa. Es cierto que muchos de ellos se debaten en permanentes penurias financieras por una insuficiente recaudación de los impuestos territoriales —contribuciones y patentes comerciales, entre otros—, que les dificulta mantener esas riberas como espacios públicos valiosos y dignos. Típicamente, es el caso de aquellos con vastos sectores vulnerables, exentos de contribuciones, lo que a su vez da lugar a patentes comerciales exiguas.

Sin embargo, eso no exime a los Municipios de responsabilidad. En el corto plazo, podrían reasignar recursos para mantener limpias sus riberas. Y en el mediano, podrían obtener fondos del Gobierno central para transformarlas en parques, que modifiquen su aspecto de manera definitiva. En algunos casos, eso se puede hacer siguiendo el plan de desarrollo urbano y el nuevo plano regulador de la Región Metropolitana, que los contempla donde no se hayan constituido los desarrollos inmobiliarios a cargo de hacerlo; en otros, mediante proyectos específicos que no formen parte del plan regulador.

Chile, que aspira al desarrollo y pretende dar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos, debe incluir entre sus planes para lograrlo la construcción de espacios públicos de calidad, y las riberas del Mapocho son un caso obvio.  Los parques, bien mantenidos, se transforman en lugares de esparcimiento y mejor calidad de vida para sus vecinos, y además agregan valor a los terrenos circundantes, lo cual, bien manejado, se puede traducir en ingresos para el Municipio, que le permitan mantenerlos en buenas condiciones.

No es razonable que Santiago tenga las riberas del Mapocho en el estado en que se encuentran algunas de ellas, ni que los Municipios pretendan esquivar sus responsabilidades al respecto. Hay aquí una gran oportunidad para transformar sectores abandonados en espacios amables para la ciudadanía.

Nombramientos clave.

Los nombramientos de los Ministros de la Corte Suprema están siendo cada vez más difíciles de aprobar. Es razonable que este proceso incluya al sistema político, pero no es correcta la forma en que este último está interpretando su función. Parece olvidar que el Presidente propone al Senado un nombre a partir de una quina elaborada por la Corte Suprema. Por tanto, es evidente que los nombres ratificados en esta etapa cumplen los méritos para ser integrantes del máximo Tribunal en opinión de sus pares; en caso contrario, no estarían incluidos en la lista que se entrega al Presidente de la República.

En rigor, la institucionalidad está pensada para que el Jefe de Estado elija entre las opciones posibles aquella que, en su manera de aplicar la Justicia, se acerque más a su propia convicción sobre esta materia. El Senado es llamado a pronunciarse para servir de eventual contrapeso en caso de que se estime que la persona elegida por el Presidente, en el desempeño de sus funciones, pueda poner en riesgo la aplicación de principios que la Cámara Alta estime indispensables de satisfacer.

Sin embargo, este proceso se ha convertido en una burda negociación de nombres que poca relación tiene con el objetivo fundamental que persigue la institucionalidad. La experiencia de otros países muestra que estos procesos de confirmación pueden ser muy controvertidos, pero siempre se basan en la trayectoria profesional de los Jueces nominados. Lo que se observa en Chile está muy alejado de esa realidad y daña a nuestras instituciones republicanas y también a la política.

Es decidor contrastar la experiencia con el Banco Central. En ese caso, desde los inicios, se instaló la idea de que los nombramientos debían corresponder a personas de alta competencia técnica y se ha definido un proceso de nombramiento que respeta las sensibilidades originales de los Consejeros que se reemplazan. El énfasis está debidamente puesto en las calificaciones de los elegidos. En las próximas semanas, el Presidente tendrá que nombrar al Consejero que reemplace al saliente Manuel Marfán, actual Vicepresidente del instituto emisor, quien ha cumplido una destacada labor, transversalmente reconocida. A diferencia de los penosos episodios que se registran respecto de nombramientos para la Corte Suprema, no se anticipan aquí grandes complicaciones. Por cierto, habrá presiones y seguramente algunas rencillas, pero no se prevén los entrampamientos que causan los nombramientos en el máximo Tribunal. Sería prudente que la oposición revisara su actuación en este último caso.

Inseguridad y desarrollo económico.

La prensa internacional difundió el informe “Seguridad ciudadana con rostro humano”, presentado por el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) la semana pasada en Madrid. El estudio da cuenta del grave problema que supone la delincuencia para América Latina, al punto de representar una merma del Producto Interno Bruto que bordea los dos dígitos en países como Honduras.

Aunque el documento concluye, acertadamente, que se trata de un problema multidimensional que no puede ser abordado sólo mediante estrategias policiales, otorga una responsabilidad injustificada al modelo de desarrollo económico y a los desafíos pendientes en materia de distribución de la riqueza. “El acceso a la movilidad social continúa siendo muy bajo y genera un grupo de gente que quiere parte de su pastel”, sostuvo el responsable del PNUD para la región, Heraldo Muñoz.

Por cierto que las políticas públicas deben tener especial atención en la reducción de la pobreza y en la igualdad de oportunidades a lo largo del tiempo para toda la población, pero la persistencia de carencias en estas materias no puede considerarse como justificación para el delito y la violencia. Lo anterior, no sólo porque las estadísticas de desarrollo confirman los avances en calidad de vida que registran los países de la región que han apostado por políticas económicas abiertas a la inversión privada, sino también porque se termina relacionando de manera infundada e injusta al delito con los sectores de menos recursos.

Más arriesgada aún parece la vinculación entre delincuencia y equidad, como plantean los expertos del organismo, considerando que se trata de una situación que también se presenta en países con bajo nivel de inseguridad ciudadana y que tampoco sirve para explicar comportamientos que, a fin de cuentas, deben ser rechazados por la sociedad en su conjunto.

Enfoques Internacionales: Desmanes en Argentina.

No es la primera vez que ocurre —hace un año fueron Bariloche y varias otras ciudades—, pero lo grave de la jornada de furia en Córdoba es que se produjo a raíz de una huelga de los policías, que antepusieron sus intereses salariales a su deber de protección de la ciudadanía. Un paro en un sector tan sensible puede tener efectos explosivos, y tanto más aún cuando hay conflictos sociales latentes, y una situación de crisis económica que puede llevar a la desesperación. Sin embargo, hay consenso en que quienes en Córdoba salieron a robar, destruir negocios y asaltar viviendas estaban organizados, querían crear pánico y no estaban motivados por el hambre. De eso dan cuenta las fotos en las redes sociales que mostraban los “botines”, que no eran precisamente objetos de primera necesidad.

La actuación del Gobierno Provincial no fue ejemplar, sino más bien negligente. El Gobernador (peronista disidente) no estaba en el país en momentos en que debía enfrentar un conflicto salarial que evidentemente podía terminar mal. Y la solución en menos de 24 horas demuestra que era posible el diálogo.

Pero no cabe exculpar al Gobierno de Cristina Fernández de responsabilidad en el control de los disturbios. En casos como ese, y ante un pedido de la Gobernación Provincial, el Estado está obligado a proveer tropas Federales para mantener el orden. No lo hizo, y en Argentina se estima que fue por razones políticas. Las declaraciones del Jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, dan cuenta de eso y ponen de manifiesto la rivalidad entre José Manuel de la Sota y la Presidente, quien quiere evitar a toda costa que el cordobés ocupe un lugar prominente en el liderazgo del peronismo. Así, las pugnas políticas pueden afectar ya incluso la seguridad y la vida misma de los argentinos.

Ante este nuevo “cordobazo” (menos violento que el de 1969), proceden medidas urgentes para evitar que se repliquen tales actos en otras localidades. En Buenos Aires ya se creó un comité de coordinación de seguridad de la Provincia (donde hubo intentos de saqueos tras un temporal que dejó sin luz ni agua a amplios sectores) y del Gobierno Federal para enfrentar el vandalismo. En varias Provincias se han hecho despliegues especiales de fuerzas de seguridad, y en otras se han pedido refuerzos de contingentes Federales.

Los desmanes forman parte de una “cultura de la protesta”, que puede cobrar impulso por la persistente crisis, y la incertidumbre ante el nuevo rumbo que tomará la economía argentina. Tras el ajuste postelectoral del Gabinete, parecía que Capitanich sería un factor de apertura y diálogo con distintos sectores. La reacción del Gobierno ante el “cordobazo” hizo dudar a muchos de la real voluntad de acercar posiciones.

Petróleo y desigualdad en Brasil.

Con la concesión para explotar uno de los yacimientos “presal”, Brasil dará un salto significativo en su producción de petróleo y gas. El Gobierno hizo bien en desoír las manifestaciones en contra de una supuesta “privatización” del crudo, y adjudicar la licitación por 35 años a un consorcio mixto. En este, Petrobras, la empresa Estatal, tiene 40%, una parte importante de la sociedad con Shell, Total, y dos empresas chinas; por ende, el Estado brasileño asegura una buena participación en las utilidades. Brasil no podía darse el lujo de mantener bajo el mar, sin explotar, reservas tan importantes, por no tener el financiamiento suficiente para hacerlo. Con los aportes de las petroleras internacionales, en 2019 comenzará a producir, y en 15 años llegará a su capacidad máxima, de 1,4 millones de barriles diarios y 40 millones de metros cúbicos diarios de gas. El consorcio pagará 6.900 millones de dólares a Brasil, además de entregar el 41% del excedente de petróleo, tras descontar costos de producción.

Un negocio redondo que, según aseguró Dilma Rousseff, “cambiará la vida de los brasileños”, porque se establecen “las bases de un país más justo y menos desigual”. La principal preocupación de la Presidente ha sido mejorar las oportunidades de los más pobres. Habrá un fondo que les financiará educación y salud. En 10 años, 36 millones de pobres han salido de esa condición, en buena medida gracias a generosos planes sociales y subsidios que han podido financiarse por el sostenido crecimiento económico de Brasil.

Ahora, sin embargo, preocupa que la desaceleración de la economía, que cayó 0,5% en el tercer trimestre, pueda afectar ese progreso.

Sudáfrica sin Mandela y sin herederos.

Con la muerte de Nelson Mandela desaparece el más emblemático protagonista de la lucha contra el régimen de segregación racial que durante años impuso la minoría blanca de Sudáfrica.

Abogado de profesión, Mandela se sumó a la oposición al apartheid y en 1962 fue condenado a cadena perpetua. Estuvo 27 años en prisión, durante los cuales su figura creció como líder político. Al llegar Frederik de Klerk a la Presidencia, en 1989, inició el desmantelamiento del régimen y derogó las Leyes segregacionistas, liberó a importantes políticos negros en prisión (entre ellos Mandela), legalizó el partido del Congreso Nacional Africano (CNA) y el país se dio una nueva Constitución.

La dupla Mandela-De Klerk, quienes recibieron el Nobel de la Paz en 1993, fue clave para el éxito de la transición sudafricana, que culminó con Mandela como el primer Jefe de Gobierno negro de Sudáfrica (1994-1999).

Su importancia para consolidar un Estado democrático y multirracial, así como su trabajo por lograr la reconciliación nacional, es reconocida por todos, pero su peso simbólico y moral parece haber sido más eficaz que su legado político. Sus herederos en el CNA no han estado a la altura, y Sudáfrica sufre hoy por la corrupción y el inmovilismo político, la crisis económica y la inseguridad.

Correspondencia para meditar.

Señor Director.

Agresión al Presidente.

Me parece insólito que se le agreda al mayor representante del país y no sea castigado el agresor. En otros países sería larga su condena por este delito contra el Presidente.

Hugo Muñoz Reyes.

Señor Director:

Noción ética de la educación.

La importancia de la educación cívica salta a la vista luego de lo que ocurrió en Córdoba, en donde la obediencia a la Ley por parte de nuestros vecinos fue (y es) meramente condicional. Una sociedad que se configura en torno a esta concepción de la autoridad está destinada al fracaso: la negación de la moral y el individualismo hace imposible el “desarrollo” de un país (desarrollo que no sólo es medible en términos económicos).

En Chile, poco se ha reflexionado sobre esto, sobre todo porque la noción de la educación que promueven hoy ciertos movimientos sociales es meramente instrumental (para salir de la pobreza) y no humana (para la realización de la persona). Vale la pena detenernos a pensar no sólo cómo vamos a entender la educación y de qué forma la entregaremos, sino también para qué estamos educando.

A propósito de las conmemoraciones que se hicieron hace unos días por los 50 años de la muerte del gran escritor y profesor C. S. Lewis, recomiendo su libro que apunta en este sentido: La abolición del hombre, en el que defiende la necesidad de la Ley natural en la educación de los jóvenes.

Cristóbal Aguilera.

Señor Director:

Gratuidad de la universidad.

Los que vivimos la experiencia universitaria sabemos que prácticamente la totalidad de quienes ingresan buscan una herramienta que les permita aumentar sus ingresos futuros, y no un proceso de formación íntegra que los convierta en mejores ciudadanos. Desde ese punto de vista, las universidades son transmisoras de oficios más que formadoras de personas. Los Leonardo, Descartes, Leibniz, Spinoza, etc., chilenos, lo son más por vocación que por formación. Esa es la realidad.

Si su labor primordial es darles herramientas a algunos para ganarse la vida más eficientemente, cabe preguntarse por qué el Estado debe financiar dichos instrumentos y no otros extrauniversitarios, como son la industria o el comercio.

El tratar de justificar la gratuidad de la universidad en la formación de buenos y útiles ciudadanos no resiste análisis. Los profesionales son vitales en la sociedad moderna, pero lo son al igual que los comerciantes, los basureros u otros oficios que no requieren estudios universitarios.

Lo que hoy se trata de vender como un bien social no necesariamente lo es. Lo que sí puede derivar en un bien social es el uso que cada uno haga de las herramientas que la universidad entrega. Quizás ahí deberíamos enfocarnos. Estudiar en Chile es muy caro y nadie quiere tener que sufrir por endeudarse. Pero también los comerciantes se endeudan, y nadie plantea gratuidad para ellos. No debemos perder de perspectiva que el principal bien que da la educación universitaria es privado, sobre todo en una sociedad donde el cartón significa casi siempre más ingresos: carrera más rentable, carrera más codiciada.

Cristián Gabler, Abogado.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.