Temáticas de actualidad…

Chile: Una historia fracturada

por Pablo Rodríguez Grez.

La historia de Chile se desenvolvió con relativa normalidad entre 1831 y 1891, a pesar de las sublevaciones contra el Gobierno de don Manuel Montt (1851 y 1859). Si bien las disputas políticas alcanzaban cierta virulencia, como ocurrió a propósito de las luchas teológicas que marcaron la separación de la Iglesia y el Estado, los ánimos se apaciguaban a poco andar. La actividad política se crispó con la guerra civil de 1891, pero las aguas volvieron a su cauce al cabo de pocos años con el restablecimiento del “balmacedismo”, que consiguió elegir a Juan Luis Sanfuentes Presidente de la República el año 1915.

A partir de 1920, el país se enfrenta a una agitación social y política creciente que culmina en el Gobierno de Arturo Alessandri Palma con profundas reformas que tendrían repercusión hasta nuestros días. La Constitución de 1925 (que para muchos no es más que una reforma de la de 1833) fue aprobada en plebiscito por una muy escuálida votación (apenas el 45,37% del padrón electoral), vale decir, 134.421 sufragios.

Lo anterior, unido al hecho de que sus autores incurrieron en un error de magnitud al no establecerse un período de transición, implicó que esta nueva normativa no se consolidara hasta 1932 (segunda administración de Arturo Alessandri). La sucesión Presidencial desde entonces y hasta 1970 se realizó ordenadamente, a pesar de la crisis que provocó la Segunda Guerra Mundial y la convulsión que alentaban sectores rupturistas.

Si algo caracteriza el desarrollo histórico de este período, es la comprensión que, sin grandes abismos, tienen los políticos, estudiosos y analistas de nuestra evolución democrática. Pueden existir visiones diferentes respecto de algunos hechos, contingencias y causas de cada proceso, pero la línea gruesa no difiere en lo sustantivo. Tampoco el panorama internacional, no obstante contradicciones tan grotescas como el pacto nazi-comunista en 1938, que permitió la elección de don Pedro Aguirre Cerda, tuvo mayores consecuencias, gracias, en gran parte, a la moderación y flexibilidad del entonces poderoso Partido Radical.

Las cosas fueron diferentes desde 1973 en adelante. No hay un consenso ciudadano sobre qué ocurrió en Chile, cómo influyeron los factores externos en la política interna, por qué se llegó a una fractura tan profunda que requirió la fundación de una nueva institucionalidad, y un largo período de transición para poner en vigencia una Carta Política renovada. Todo hace presumir que las discusiones y los antagonismos se extenderán durante varias generaciones, salvo que podamos frenar, por un lado, los ímpetus de quienes creen que se presenta la oportunidad de explotar las tensiones para ganar espacios de poder y, por el otro, aliviar las desconfianzas y resquemores que dejó el pasado.

Para repensar nuestra realidad histórica es necesario, al menos, reconocer que el Gobierno Militar, que se comprometió a restaurar la democracia, lo consiguió con la participación ordenada de la ciudadanía. Este hecho no tiene precedentes en el mundo contemporáneo y no puede menospreciarse con el argumento de que el período de transición fue demasiado largo. Tampoco podría desconocerse que la adopción de un nuevo modelo económico, fundado en el respeto a la propiedad, la libre iniciativa y el rol subsidiario del Estado, ha dado generosos frutos, a tal punto que los programas de Gobierno que se conocen plantean, como suprema aspiración, una distribución más equitativa de los mismos.

Si solo fuéramos capaces de admitir estos dos hechos que, objetivamente, no pueden esquivarse, pero sí minimizarse, habríamos conseguido proyectar el futuro sobre bases sólidas.

Hacen mal quienes llaman a ahondar nuestras diferencias. Cada día se suman más factores que desintegran la Unidad Nacional, colocando a un sector contra otro y alentando nuevas formas de enfrentamiento. No logramos evaluar lo avanzado ni poner los intereses de Chile por encima de los propios. Seguimos expuestos a amenazas directas o encubiertas que nos evocan los instantes de mayor discordia en el pasado.

La indiferencia que revelan grandes sectores ciudadanos —especialmente juveniles—, que se niegan incluso a emitir su voto, no hace sino confirmar un claro desconcierto ciudadano en una inmensa masa que aspira a progresar ordenadamente y en un medio que no le sea hostil. De aquí la necesidad de encarar los asuntos más apremiantes que nos afectan (salud, educación, seguridad), lo que no se conseguirá con la sola instalación de una asamblea constituyente y una nueva Carta Política.

El desafío que nos ofrece el futuro es ineludible: aumentar la riqueza, corregir las injusticias, crear las condiciones para que sea el trabajo y no el parasitismo el que determine los beneficios que corresponden a cada uno, aplastar todo atisbo de populismo y concentrar nuestros esfuerzos en generar una sociedad cada día más justa, próspera y eficiente.

El espejismo de la igualdad,

por Axel Kaiser.



Una sociedad que persigue la igualdad por sobre la libertad, afirmó Milton Friedman, no termina ni con la una ni con la otra. Y es que la igualdad es un difuso espejismo imposible de alcanzar por la simple razón de que todos los seres humanos somos por naturaleza desiguales. Ergo, todo lo que resulte de nuestra interacción será desigual.

El socialismo, la ideología igualitarista por excelencia, pretendió negar esta realidad conduciendo al asesinato de más de cien millones de personas y a la creación de las sociedades más desiguales y explotadoras que haya visto la historia moderna. Si hay algo que enseña la historia de esa terca doctrina, es que la búsqueda de la igualdad través del Estado es un imposible que irremediablemente socava la libertad y el bienestar general. Eso no significa, por cierto, que no haya sociedades más iguales que otras.

Suecia es un ejemplo que a nuestros Estatistas les encanta citar. Según ellos, el país nórdico sería la prueba de que el Estado de bienestar funciona creando riqueza e igualdad. La evidencia, sin embargo, dice otra cosa. De partida, el Estado de bienestar sueco comienza a crearse a fines de la década de los 50, cuando Suecia era ya el cuarto país con el mayor ingreso per cápita en el mundo y destacaba por sus niveles de igualdad. En esa época, el Estado sueco tomaba un moderado 21% del PIB en impuestos, menos que el Estado chileno actual. El enriquecimiento de Suecia desde la década de 1870 hasta mediados del siglo XX se debió fundamentalmente a una combinación de instituciones proclives al libre mercado, a mejoras en el capital humano y a una arraigada ética del trabajo combinada con altos niveles de confianza interpersonal (Sanandaji, 2012). Con la introducción gradual del Estado de bienestar a partir de los 60, Suecia se empobreció en relación al mundo cayendo desde el cuarto al decimocuarto lugar en términos de PIB per cápita en 1993.

Una clara indicación de que los suecos estarían mejor sin el Estado benefactor es el hecho de que hacia 2009 los inmigrantes de ese país en Estados Unidos mostraban un ingreso promedio 53% superior al de sus compatriotas en Suecia. Pero ni el ejemplar empeño, creatividad y honestidad sueca pudieron sostener el Estado benefactor. En los 90 este enfrentó una severa crisis que si bien no lo terminó, si dio pie a una serie de profundas reformas liberales gracias a las que el país nuevamente ha salido a flote.

Un país que no hecho esas reformas, persistiendo en el camino Estatista redistribuidor, es Francia. A partir del próximo año, Francia tendrá el gasto público más grande del mundo, alcanzando un 57% del PIB. Hoy la nación gala se encuentra sumida en una profunda crisis económica, con un 11% de desempleo, una deuda pública de más de un 90% del PIB, con nulo o negativo crecimiento económico, un agudo proceso de desindustrialización y un Presidente con la popularidad más baja registrada en la historia de la V República. El mismo Presidente socialista que, en su lucha por mayor igualdad, introdujo 84 nuevos impuestos en los últimos dos años causando verdaderas rebeliones populares y la fuga de numerosos millonarios del país, partiendo por el actor Gerard Depardieu, quien renunció a la ciudadanía francesa en protesta por los excesivos impuestos. Para agravar las cosas, hace unas semanas, Standard & Poor’s volvió a rebajar la calificación de riesgo del llamado “enfermo de Europa”. Más interesante aun son encuestas recientes del diario de izquierda Le Monde. En ellas, el 70% de los franceses declaró que los impuestos son excesivos y el 54% sostuvo que aumentan las desigualdades. Francia nos da así una valiosa lección sobre los resultados de perseguir la igualdad haciendo crecer el Estado.

Pues si efectivamente fuera el caso que un Estado benefactor generoso mejorara la calidad de vida de la población e incrementara la igualdad, entonces el país de Napoleón con su gasto público récord en el mundo, lejos de estar sumido en una crisis económica, política y social, debiera encontrarse en su apogeo.

Nuestra derrota,

por Gonzalo Müller.

El domingo, las palabras de Evelyn Matthei resonaron fuerte —“Soy la única responsable de este resultado”—, un discurso valiente y con fuerza, que contrastaba con las explicaciones de muchos que sólo esquivaban su responsabilidad buscando la de otros. Un verdadero ejemplo de liderazgo y de sentido de responsabilidad, doblemente valioso en boca de quien con mayor autoridad podría haber apuntado a varios por su falta de compromiso en esta campaña.

Nuestra derrota es el fraseo correcto o al menos el más honesto, para describir lo ocurrido en el resultado de la elección, y tan poco escuchado en boca de muchos que iniciaban la búsqueda de culpables o de explicar lo ocurrido sin admitir primero la propia responsabilidad.

Bachelet y su amplio triunfo se explican por lo exitosa que fue en movilizar a sus electores; su alta valoración pública y agenda clara le permitieron retener pese al voto voluntario a casi todos quienes habían votado por el derrotado Eduardo Frei en la segunda vuelta de 2009 y superarlo incluso por 100 mil votos. En cambio, la derecha sólo logró movilizar a poco más del 60% de esa mayoría que había elegido Presidente a Sebastián Piñera en 2009.

La responsabilidad de la desmovilización electoral sufrida por la derecha es un cóctel que pasa por el Gobierno, los partidos y, sobre todo, una pequeña tropa de caudillos que priorizaron permanentemente su interés personal por sobre el colectivo. Así, la división y las peleas volvían a poner a la derecha en la oposición, con apenas cuatro años de Gobierno.

Esto se refuerza si vemos que la unidad de los partidos de la Concertación y el PC construida a partir de Bachelet le permitieron obtener a esta última en primera vuelta el 46%; esto es, casi los mismos votos que sus partidos en la elección Parlamentaria y desde este punto crecer en segunda vuelta en poco más de 400 mil votos.

En contraste, en la Alianza, la profunda división y que no todos trabajaran lealmente por su campaña hicieron que Evelyn Matthei estuviera 500 mil votos por debajo de la votación obtenida por los partidos en la elección Parlamentaria. Esto implicó que, en vez de ir por votos nuevos, tuviera que concentrarse mayormente en recuperar esos votos.

¡Qué distinto hubiera sido si esta unidad y lealtad, obtenida en torno a una nueva generación sub40, hubiera estado presente en la primera vuelta! Se podría haber reducido al menos a la mitad la brecha entre Bachelet y Matthei, y permitido un balotaje más competitivo.

No hay escondites ni excusas para asumir la derrota, menos frente a algunos que se la quieren endosar a las ideas de la derecha, y hablan de una derrota cultural, de una sociedad que cambió, desconociendo en el mismo acto su propia negligencia en la defensa de esas ideas. Y es que resulta difícil que los ciudadanos las prefieran si no son promovidas con convicción como mejores para el desarrollo de las personas.

La construcción de un proyecto de futuro convocante para los chilenos debe asumir rápidamente y con humildad los errores que originaron la derrota, pero dar paso rápidamente al trabajo que permita asumir la responsabilidad de representar a ese casi 40% de los chilenos que nos prefirieron para, a partir de ellos, crecer. Una señal del camino es esta nueva generación que demostró que, pese a pensar distinto en muchos temas, tuvo la vocación de trabajar unida, marcando un cambio positivo que sin duda seguirá dando frutos.

Finalmente, Evelyn Matthei es un liderazgo del que la derecha chilena sólo puede sentir agradecimiento, no únicamente porque con su persistencia y coraje evitó un desastre que podría haber sido bastante mayor, sino que también porque ha dado ejemplo de lo que significa asumir con responsabilidad un desafío tan importante.

La confianza,

por Rodrigo Castro.

Después de  una jornada electoral sin grandes sorpresas, es importante comenzar a contextualizar las expectativas y desafíos que enfrenta el próximo Gobierno y la clase política. Más allá del holgado triunfo de Bachelet, no se debería caer en triunfalismos. En esta jornada no sólo perdió el oficialismo, sino también la Nueva Mayoría. La izquierda fue incapaz de movilizar con su mensaje y propuestas a un número mayor de electores. A través de este proceso eleccionario la ciudadanía planteó diversas demandas; una de ellas -y quizás la más importante- es la necesidad de contar con una sociedad fundada en la confianza.

Existe un viejo proverbio que dice que si quieres ir rápido hazlo solo, pero si quieres llegar lejos hazlo con otros. Para alcanzar ciertos objetivos colectivos de largo plazo, como el desarrollo y la estabilidad económica y política, es indispensable la existencia de altos niveles de confianza, tanto entre las personas como respecto de las instituciones.

La evidencia empírica demuestra que la confianza es clave para el desarrollo económico y la estabilidad política. Sin ir más lejos, los países más desarrollados y las democracias más estables son aquellas que poseen mayores niveles de confianza. Si bien existen excepciones, lo que se observa es que altos niveles de estabilidad institucional y desarrollo económico coexisten con altos niveles de confianza.

Una sociedad con altos grados de desconfianza es una en que los costos de transacción serán por definición más altos, y por esa causa los niveles de inversión serán bajos. Una sociedad en que no confiamos en las promesas que otros nos hacen aumenta los costos contractuales, sean estos comerciales, políticos o sociales. Una sociedad en que las personas no confían en la ejecución de las Leyes tienden a actuar al margen de ella, lo que encarece el cumplimiento de la Ley y por esa vía el ejercicio de derechos. En general, todas las actividades que llevamos a cabo suponen ciertos grados de seguridad en que las cosas ocurran de una manera y no de otra. Cuando esto no sucede las personas dejan de ocupar las instituciones formales y los sistemas sociales comienzan a deteriorarse.

En este contexto, una señal preocupante en Chile es que los niveles de confianza tanto entre las personas como respecto de las distintas organizaciones e instituciones sociales, se han deteriorado en los últimos años. Si bien nuestra sociedad no se ha caracterizado históricamente por poseer altos niveles, lo cierto es que estos han caído últimamente. Otro ejemplo lo constituyen los bajos niveles de confianza en las instituciones, siendo el caso de los partidos políticos el más emblemático. Es importante señalar que sin los partidos políticos la democracia no es posible. En efecto, su funcionamiento depende de ellos y las mejores prácticas y políticas públicas dependen de que los partidos aumenten su legitimidad.

Luego, el gran desafío para el próximo Gobierno será invertir fuertemente en capital social, aquel conjunto de instituciones, normas y reglas que permiten una mayor certeza a nuestras acciones, y que, finalmente aumentan la confianza y nuestro bienestar.

Nombramientos en la Corte Suprema.

“No podemos someter a los Jueces a sufrimientos de esa clase”, sostuvo en entrevista con este diario el saliente Presidente de la Corte Suprema, que mañana resolverá sobre la persona de su sucesor. Con esas palabras, Rubén Ballesteros insta al Senado y al Ejecutivo a poner fin a la seguidilla de episodios de desencuentro que han retardado el nombramiento de los Jueces del máximo Tribunal. Él no critica el actual sistema de nombramientos —por el contrario, valora la participación del Senado en ese proceso—, y ni siquiera considera necesario, al menos por ahora, que la Constitución establezca plazos perentorios para que se efectúen los nombramientos. Esta confianza de la Judicatura en las instituciones vigentes hace resaltar aun más el hecho de que los problemas provienen de la falta de responsabilidad de aquellos políticos que han intervenido en los episodios conflictivos exacerbando ideológicamente las posiciones, o bien, formulando “vetos” con el fin de cobrar cuentas por actuaciones anteriores de los Magistrados que han afectado sus intereses personales o familiares.

En el nombramiento de los Jueces de la Corte Suprema no es posible actuar según la lógica binaria del “cuoteo”, pues los buenos Magistrados no se dejan encasillar sin más en un compartimento determinado. De allí que los políticos hayan tenido que lidiar con valoraciones algo más complejas, y algunos de ellos han demostrado que carecen de las capacidades para hacerlo. En este escenario, el expediente más realista sería atenerse por regla general a los méritos, manifestados en la calidad del trabajo, las calificaciones y la antigüedad de los candidatos, aspectos que son ponderados en las quinas que proceden del mismo Poder Judicial. Aunque eso equivaldría a renunciar a una parte de la cuota de poder discrecional que el mecanismo de nombramiento concede a los Senadores, ciertamente resulta preferible esa limitación parcial y voluntaria a la pérdida de legitimidad asociada a la repetición de bloqueos que dañan la administración de Justicia y, cada vez con mayor claridad, son percibidas como un abuso.

En este contexto se producirá la elección de mañana, de resorte interno exclusivo de la Corte Suprema. En principio, por costumbre la elección como Presidente recae en el Ministro con la mayor antigüedad, pero en este caso el más antiguo, Nibaldo Segura, ha manifestado que por razones personales y médicas no estaría disponible para ese cargo. Si eso se confirma, la elección podría recaer, por ejemplo, en el Ministro Sergio Muñoz, quien ingresó a la Corte en 2005, con solo 56 años. Él es conocido por su iniciativa y capacidad de trabajo, pero también porque manifiesta una cierta manera de abordar y priorizar asuntos de extrema sensibilidad. Esto parece haber quedado de manifiesto en materias ambientales ligadas a proyectos energéticos —a cuyo respecto ha revertido en perjuicio de los proyectos las aprobaciones administrativas ya otorgadas—, o en diversos conflictos en que ha estado en juego el alcance de las potestades del Estado sobre los particulares y en los cuales, según algunos, habría favorecido aquellas interpretaciones que tienden a la ampliación y no a la restricción del poder Estatal.

Estas circunstancias muestran cuán positivo resulta independizar los nombramientos Judiciales de las tendencias que manifiestan los Magistrados en sus fallos, en la medida en que estos sean el producto de un trabajo de calidad. Pues si los miembros de la Corte Suprema deciden nombrar este miércoles al Ministro Muñoz, o a cualquier otro, ello será un reconocimiento a su antigüedad y méritos profesionales, pero no implicará en absoluto una toma de posición sobre un determinado enfoque o aproximación a los conflictos que la Corte debe resolver.

Desafíos eleccionarios.

Uno de los puntos positivos de la jornada de comicios del domingo fue la rapidez y eficiencia en la entrega de los resultados. A menos de dos horas del cierre de las mesas, ya el país sabía el nombre de la nueva Presidente. Esto disipó las críticas que había recibido el Servicio Electoral (Servel) por el caso de las firmas no verificadas para algunas de las candidaturas Presidenciales que compitieron el 17 de noviembre en la primera vuelta.

El año 2012 el Servel experimentó una serie de modificaciones, siendo la más destacada la creación de un nuevo órgano de dirección, el Consejo Directivo. Pero la modernización debiera ir más allá a la luz de las exigencias democráticas del país con la entrada en vigencia del voto voluntario e inscripción automática, la Ley de primarias y —pronto— el voto de los chilenos en el exterior.

Libertad y Desarrollo ha propuesto una nueva organización para el Servicio Electoral, subdividiéndolo en tres áreas: La División de Estudios, que se dedique a levantar información para mejorar la lectura de los procesos electorales e introducir innovaciones en el ordenamiento electoral. La División de Transparencia, abocada exclusivamente al control y fiscalización de ingresos y gastos electorales, estados financieros de los partidos y la validación de información sobre la cual se sostienen los registros de los militantes de partidos políticos y la inscripción de candidaturas, evitando así situaciones como las recientes firmas “falsas” de las inscripciones de algunas candidaturas Presidenciales. Y la División de Promoción de la Democracia, que apunta a enfrentar el tema de las bajas cifras de participación electoral y la sensación de desafección ciudadana, lo que pone de manifiesto la necesidad de promover valores democráticos. Estas propuestas pueden ser un punto de partida para un estudio y debate sobre la modernización del Servel, en el que participen los organismos del Estado, los partidos políticos, los centros de estudio e instituciones académicas.

Junto con ello, está pendiente impulsar una agenda para profundizar la participación democrática en materia electoral. Ello puede incluir las nuevas tecnologías de la información, como el voto por internet y el voto anticipado como existe en otros países. También, mejorar el emplazamiento de los locales de votación, de manera de facilitar la concurrencia de los electores el día de la elección, e impulsar el voto en el exterior de manera decidida en el Congreso.

Balance educacional del Gobierno.

Un reconocido especialista en educación, José Joaquín Brunner, ha criticado en este diario la labor educacional del actual Gobierno, reprochándole básicamente falta de dirección determinada, prioridades claras y manejo adecuado. Desde una perspectiva más general, sin embargo, cabe también sostener que, pese a sus fallas, ha sido una agenda que puso en marcha cambios trascendentes, pero el Gobierno falló en explicarla y comunicarla apropiadamente. El Ejecutivo, aunque con traspiés —cambios de Ministros incluidos—, efectivamente desplegó una agenda intensa, aunque diversos críticos cuestionaron una supuesta falta de foco o no amoldarse a las presiones estudiantiles. La actual administración siempre admitió sus diferencias con parte importante de tales críticas y demandas, por razones de equidad y eficiencia. En cuanto al foco, se orientó a calidad y financiamiento. En algunos casos, esos ejes se reforzaron con aumento de cobertura y mejor gestión.

En educación escolar, el mayor esfuerzo financiero se asignó a la subvención escolar preferencial, que se aumentó y se extendió a la educación media. Simultáneamente, se buscó fortalecer la calidad de la enseñanza Municipal mediante una selección profesional de sus Jefes de Departamento y de los Directores de escuelas y liceos, que vieron incrementada su autonomía, aunque menos que cuanto el Gobierno postuló originalmente. Se aprobó e implementó la Ley de Aseguramiento de la Calidad, que aumentó la fiscalización de los establecimientos escolares con la creación de una Superintendencia especializada, y se instaló una agencia de supervisión y apoyo.

Se postuló atraer y retener a las personas más capacitadas a la profesión docente —principal debilidad de nuestro sistema escolar—, creando la beca “Vocación de profesor”, asignando competitivamente recursos para fortalecer las facultades de educación, promoviendo una renovación de los programas de formación continua y enviando un proyecto de Ley sobre carrera docente. Este no ha avanzado en el Congreso como hubiese querido el Gobierno, pero es difícil imaginar una carrera demasiado distinta para tener buenos profesores en el aula. El actual Estatuto Docente es una barrera para eso. Los cambios curriculares en la educación básica y hasta 2° medio constituyen una pieza angular para una mayor calidad, al igual que el gran mejoramiento de los textos escolares y de disponibilidad de material educativo adecuado en las aulas. Más allá de errores específicos que puedan haberse cometido, hay una transformación coherente y profunda, que influirá en una mejor educación escolar.

Algo similar cabe decir respecto de la educación parvularia. Los cambios en financiamiento, el aumento en cobertura y las reformas administrativas e institucionales para asegurar una mejor calidad son importantes. El Gobierno hizo bien en poner el foco en este nivel e iniciar cambios que, de profundizarse, podrían rendir enormes frutos en el futuro.

En educación superior, si bien el Gobierno inicialmente no logró plantear una agenda precisa, reconoció un financiamiento muy insuficiente de los estudiantes y, sobre todo, que descansaba en exceso en las familias y discriminaba entre aquellos. Así, aumentó las becas, llegando a jóvenes del 60% más vulnerable, y flexibilizó los requisitos de acceso. El próximo año recibirán una beca casi 400 mil estudiantes, más de tres veces el número de beneficiarios cuando asumió el actual Gobierno. También se han modificado los sistemas de crédito, reduciendo las tasas de interés y traspasando el riesgo desde los estudiantes al Estado, para que estos, una vez egresados, en vez de pagar una cuota fija (como ocurría antes de los cambios), paguen una proporción no superior al 10% de sus ingresos. Aunque se ha criticado la poca sensibilidad del Gobierno hacia las universidades Estatales, terminará transfiriéndole a ellas más recursos adicionales que los Gobiernos anteriores. El Ejecutivo también promovió una agenda que buscaba asegurar, reconociendo su heterogeneidad, una mayor calidad de las instituciones de educación superior, pero las diferencias en el Congreso sobre cómo lograr este propósito impidieron su avance.

Argentina: impunidad y saqueos.

Para el Jefe del Gabinete argentino, Jorge Capitanich, lo que ocurrió la semana pasada en 20 Provincias trasandinas fue “una acción premeditada con alevosía para provocar incertidumbre con métodos extorsivos”. Y no solo eso, sino que los saqueos y la huelga policial tenían como objetivo “atacar en esencia el sistema democrático republicano, y que los argentinos no pudiesen conmemorar los 30 años de democracia”, que de todas maneras la Presidente Cristina Fernández celebró el martes pasado, con baile incluido.

Así, una vez más, el Gobierno apela a teorías conspirativas. La propia Presidente expresó que no cree en “las casualidades”, y la siguieron todos sus subordinados, pero ninguno mostró pruebas que demostraran la acusación. El fenómeno de los saqueos se viene repitiendo en Argentina con indesmentible frecuencia, y si bien muchos creen que nada tiene que ver con la pobreza o el hambre, pero sí con el descontento de parte de la población con el Gobierno, son más quienes consideran que la sensación de impunidad, la falta de mano firme (ante los piquetes, por ejemplo) y un apoyo más allá de lo necesario a una Justicia garantista han rebajado la contención de ciertos argentinos ante los delitos y el abandono del respeto a la Ley.

Aunque estaba renuente a intervenir con fuerzas Federales en los desmanes que comenzaron en Córdoba, el Gobierno se vio obligado a mandar tropas después de ocho días de una ola de violencia que se extendió por 20 Provincias y por localidades bonaerenses, con un saldo de una decena de muertos y 1.900 comercios saqueados.

A mediados de la semana pasada, pareció volver la calma, después de que los policías llegaron a un acuerdo para un alza de sus salarios del 35%, que nadie sabe cómo se va a financiar, y que muchos temen tendrá un efecto de contagio en todos los gremios, que quieren ver sus ingresos reajustados de acuerdo a la inflación real.

En prevención de cualquier desborde, el Gobierno prepara operativos de seguridad especialmente para los días 19 y 20, buscando evitar que se repitan, en las mismas fechas de años anteriores, los saqueos prenavideños. En todo caso, el Gobierno no quiere usar militares, afirma que la Constitución lo impide, y tampoco se dispone a decretar un “estado de sitio”, como algunos reclaman, en caso de que la violencia de nuevos asaltos a comercios sobrepase los límites.

La reaparición de Cristina con un discurso en un acto público masivo despejó una incógnita pendiente desde su enfermedad: la Presidente no ha cambiado. Sigue combativa, no parece querer negociar ni cambiar sus políticas que tienen a Argentina sumida en una crisis que ella niega, resaltando el alto crecimiento de los últimos años y los supuestos éxitos sociales que han traído “más inclusión”, aunque a costa de subsidios y prebendas, en vez de trabajo estable y productivo.

Este fin de año, el Gobierno tendrá una preocupación adicional: controlar los precios. Con una inflación que terminará el año con más del 27%, y ahora sin Guillermo Moreno, Capitanich prepara la lucha con los supermercadistas para que congelen los precios de los productos básicos.