Por la Unidad
hoy… mañana puede ser tarde,
por Evelyn Matthei.
Cuando pronuncié mi discurso el domingo en la
noche y señalé que asumía toda la responsabilidad de la derrota electoral no
quise transmitir una frase bonita o repetir un lugar común.
Lo hice precisamente por mi preocupación por la
unidad de nuestro sector, único camino que nos puede ayudar a prepararnos para
los nuevos desafíos que debamos enfrentar.
Viví y sufrí durante la campaña un desorden que
no puede darse en las coaliciones, menos aún durante una campaña electoral. Y
lo que más he temido es lo que hoy algunos pretenden hacer: Entrar en el juego
de las recriminaciones mutuas o bien criticar al Gobierno con finalidades u
objetivos personales.
Para que no quede duda alguna y nadie pretenda
utilizar la campaña Presidencial para fines personales: Estoy orgullosa de
haber sido Ministra del Presidente Piñera, como debiéramos estar todos quienes
compartimos estas labores, y además agradecida de su apoyo durante la campaña.
Ya habrá tiempos tranquilos para hacer los
análisis que correspondan y que nos permitan superar errores o debilidades.
Debemos hacerlo con respeto y altura de miras, como partes de un mismo equipo.
Sólo así se empieza a construir el desafío que nos permita volver a Gobernar.
No olvidemos la lección que nos ha dado la Concertación luego de su derrota
hace tan sólo 4 años. Al día siguiente de su caída, demostraron unidad,
integración amplia y cuidado de sus líderes.
Para esta tarea nadie sobra. Pero creo que
debemos confiar con fuerza en las nuevas generaciones. Durante la segunda
vuelta pude apreciar sus deseos de unidad, más allá de sus legítimas
diferencias. Su respeto por la diversidad y su sana vocación de servicio. Su
motivación para seguir unidos hacia el futuro. En ellos no hay cuentas
personales por cobrar ni ambiciones que marquen sus actuaciones. Aprendamos de
ellos, de su entuasiasmo, de su apoyo sin mezquindades ni segundas intenciones
que sin duda vitalizó nuestra campaña.
Hago un urgente llamado a la unidad hoy. Nadie
va a sacar ganancia personal alguna con críticas a través de la prensa. Al
contrario, lo único que se va a lograr es la atomización y el castigo ciudadano
a nuestro sector. Mi llamado es a trabajar, desde ya, pensando en el Chile que
queremos para nuestros compatriotas.
Gobiernos que crean problemas
por Gonzalo Rojas Sánchez.
Se piensa que los Gobiernos y los Parlamentos
deben solucionarle los problemas a la gente. Aunque eso es erróneo, porque su
verdadera tarea es crear las condiciones para que cada uno busque con dignidad,
autonomía y sociabilidad sus propias soluciones, la equivocación permite que se
pueda descubrir una especie muy curiosa y reiterada en el tiempo: los Gobiernos
que buscan crearles problemas a las personas. Así será el segundo período
Bachelet.
Cerca de 3 millones y medio de ciudadanos nos
han puesto a los casi 14 millones restantes —y se han colocado también a sí
mismos— en condiciones muy lamentables: desde marzo habrá un Gobierno y un
Congreso que se dedicarán a crearles problemas a los chilenos.
En nuestro país, los males reales son muchos,
pero hay una enorme posibilidad de inventarse otros problemas, porque la
sensibilidad para el drama está disponible.
¿Qué lleva a los políticos de izquierda al
escenario de la ficción creativa, mientras olvidan o postergan los problemas
reales? Muchas razones avalan su proceder.
El Gobierno Bachelet nos creará múltiples
problemas porque, por una parte, cree que lo que hoy funciona bastante bien,
está mal. Por otra, porque necesita que grupos importantes de personas se hagan
dependientes de su gestión, ya que les ofrecerán aparentes soluciones. En tercer
lugar, porque la diversidad de los partidos que le darán su apoyo hará que sea
necesario generar problemas solucionables para unos y para otros, aunque las
fórmulas resulten contradictorias entre sí. Además, porque así se hace crecer
indefinidamente la burocracia Estatal supuestamente apta para buscar esas
soluciones. Se suma a lo anterior el que, con esos problemas inventados, se
logrará desviar la atención de las crisis reales. Y, finalmente, porque cuando
se imagina un problema, quizás ya se sabe de antemano la solución: se gana en
prestigio, por fatuo que sea ese apoyo.
El abanico de posibilidades para generar
problemas es tan amplio como la vida misma y casi todas esas opciones están
contempladas en el programa Bachelet.
En lo institucional, el empeño por derribar
todo lo que ha significado equilibrio y estabilidad: Constitución moderadora,
dos bloques en el Congreso, Tribunal Constitucional independiente.
En lo educacional, un febril empuje por
convertir un sistema mediocre en un sistema perverso: no podrás enseñar ni
elegir cómo educar a tus hijos, no te empeñarás en alcanzar metas, te enseñarán
una verdad Estatal.
En lo laboral, si creas riqueza, serás sospechoso
de abuso; si eres asalariado, se presumirá que te explotan: la reedición de la
lucha de clases, sin diferenciar entre las situaciones gravemente injustas y
tantos ámbitos claramente beneficiosos.
En lo familiar, dale con disolver lo poco que queda,
sin el más mínimo sentido realista: hacen falta dos, hombre y mujer, para que
los que nazcan crezcan armónicamente, pero se insistirá en que eso es
fundamentalismo.
En los cultos, cuando hoy cada uno cree y reza
como le parece, o pasa por la vida sin referencia alguna al Creador, se
sembrará la discordia entre los creyentes muy mayoritarios y los no creyentes,
solo para contar con el parecer favorable de estos últimos.
En la salud, aunque los especialistas se tomen
la cabeza a dos manos, se propondrán despenalizaciones de ciertas drogas. Y
así, de paso, se crearán graves problemas de seguridad, porque nunca han sido
los narcos gentes que se conformen con nuevos espacios para sus negocios.
La máxima socialista es clara: si los problemas
de una sociedad son abordables con sentido común y buenos conocimientos, vamos
mal. Invente otros, cambie el escenario.
El “mapa del poder” y los equilibrios.
La elección Presidencial y Parlamentaria del 17
de noviembre, así como el balotaje Presidencial, definieron la composición del
Congreso y la titularidad del Ejecutivo para el próximo período, sin perjuicio
de que este debe completarse con la designación del Gabinete, decisión que
compete a la Presidente electa. El Poder Judicial, por su parte, encabezado por
la Corte Suprema —en cuya conformación participan esa propia Corte, el
Ejecutivo y el Legislativo—, tendrá desde hoy una nueva Presidencia elegida por
sus miembros. Así, parte del mapa del poder del Estado se habrá reconfigurado
según una institucionalidad que, como toda democracia, prevé contrapesos para
asegurar un ejercicio equilibrado de las potestades públicas. Esto es
indispensable para la vigencia real de los derechos básicos de todos, minorías
y mayorías por igual, que por definición son cambiantes en democracia, en la
que la alternancia en el poder es de su esencia.
Desde marzo, la hoy Presidente electa contará
con mayoría del conglomerado político que la apoya en ambas ramas del Congreso
y, además, facilidad para lograr quórums de 4/7, necesarios para ciertos
niveles de Legislación, acudiendo a Parlamentarios que han manifestado afinidad
con los proyectos que ella ha anunciado. Aun así, su promesa de aprobar una
“nueva Constitución nacida en democracia” parece irrealizable sin acuerdo con
la oposición, al no contar la Nueva Mayoría con los quórums de 3/5 y 2/3
necesarios. Tal vez esto produzca cierta tensión política, pero tales quórums
aseguran que las normas fundamentales reflejen amplios consensos nacionales, y
no la sola imposición de una mayoría coyuntural.
Pero al ejercicio equilibrado del poder también
contribuyen la existencia de ciertas instituciones autónomas y el papel que
desempeñen en ellas sus autoridades. Es el caso de la Contraloría General de la
República, creada hace 86 años y que, sin necesidad de reformas Legales, ha
dinamizado su acción fiscalizadora bajo la gestión de su actual titular.
También la autonomía del Banco Central —una innovación introducida por la
Constitución de 1980— parece hoy asentada y ha sido decisiva para la
estabilidad monetaria de los últimos 25 años. Su credibilidad entre los agentes
económicos internos y externos constituye un activo de nuestro país. Por eso
mismo, preocupa que el programa de la Nueva Mayoría insinúe debilitar esa
autonomía. El nombramiento de un nuevo miembro de su directorio, que
seguramente será visto como posible candidato a presidir la entidad, será una
señal importante respecto de la continuidad de la celebrada labor que hasta
ahora ha realizado.
Fundamental ha sido también el papel del
Tribunal Constitucional desde 1981. El programa de la Nueva Mayoría propone
reformas profundas, que pueden alterar de modo significativo su contribución a
los equilibrios institucionales. Pero, aparte de eventuales cambios normativos,
será fundamental que sus integrantes mantengan la tradición de independencia
que ha caracterizado a este organismo.
También puede hacer un aporte significativo el
Consejo para la Transparencia. De corta historia (2009), la experiencia
internacional muestra que organismos de esta índole pueden ser determinantes
para hacer valer el control ciudadano sobre el aparato público.
A veces, las actuaciones de instancias como
estas despiertan algún recelo entre quienes integran los poderes tradicionales
del Estado, en particular aquellos elegidos por voluntad popular. Sin embargo,
en vez de ver en ellas un obstáculo para el desarrollo de sus planes y
programas, han de entender y aceptar que sus funciones aportan valiosísimamente
al buen funcionamiento democrático.
Falta de definiciones sobre riquezas mineras.
El activo desarrollo que se ha visto en el
mercado de los hidrocarburos de México y Brasil en el último tiempo
-especialmente destacable es la reforma Constitucional que impulsa el Gobierno
mexicano- contrasta con la falta de nuevas propuestas audaces en el caso
chileno para estimular la exploración y explotación de las riquezas mineras,
sin que ello tampoco fuese parte sustantiva de los programas Presidenciales que
estaban en competencia; muy por el contrario, en el programa de la Nueva Mayoría
parece haber un excesivo énfasis en dotar al Estado de nuevas facultades para
fortalecer su rol supervisor y productor, con escasa intención de abrir nuevas
posibilidades al sector privado, lo que constituye una evidente limitación.
Si bien en el caso de los hidrocarburos
mexicanos el Estado seguirá teniendo la propiedad sobre los mismos, es
significativo que la reforma que ha impulsado el Gobierno del Presidente
Enrique Peña Nieto busque, entre otros aspectos, que el gigante Estatal Pemex
deje de tener el monopolio exclusivo en la extracción de hidrocarburos. Esta
reforma abre la posibilidad de crear un mercado mucho más competitivo en dicho
país, con gigantescas oportunidades de inversión, y supone un profundo cambio
de paradigma que podría servir para iluminar procesos de gran envergadura en
otros países de la región. Brasil, en tanto, pese a las enormes reservas de
hidrocarburos que posee, ha seguido entregando la misión de explotar
fundamentalmente al Estado, lo que probablemente traerá una serie de
ineficiencias. Con todo, los nuevos yacimientos que se han descubierto en aguas
del Atlántico a miles de metros de profundidad han despertado el interés de
grandes consorcios petroleros por participar en la extracción del crudo, además
de intervenir en todos los negocios adyacentes que generará la gigantesca
inversión que demandará su explotación, lo que supone un paso interesante.
En el caso de Chile, la discusión
lamentablemente ha sido de muy corto alcance, y en el horizonte no se divisan
iniciativas innovadoras. En materia de minería el programa de la Nueva Mayoría
tiene como uno de sus ejes el fortalecimiento del Ministerio de Minería y
Sernageomin, y busca que la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) se convierta
en uno de los ejes de la nueva política energética, fomentando especialmente la
explotación de gas. Implica además realizar una capitalización de la compañía
-el actual Gobierno comprometió US$ 300 millones para esos fines, además de
permitir que la empresa mantuviera para sí lo recaudado por la venta de su
participación en Primax-, lo que nuevamente posterga una discusión sobre el rol
y la pertinencia de Enap y su carácter enteramente Estatal.
Inexplicablemente tampoco existen definiciones
sobre el mercado del litio, cuya posibilidad de concesionarlo a operadores
privados -idea que ha sido resistida por la actual oposición- fracasó el año
pasado producto de una serie de desprolijidades en los contratos de explotación
elaborados por el Gobierno, y no hay indicios de que la nueva administración
busque reimpulsarlos como tampoco terminar con el anacrónico carácter de
“estratégico” y no concesible de este mineral. También es llamativa la ausencia
de nuevas definiciones sobre Codelco, que ha experimentado una pérdida de competitividad
producto de sus crecientes costos de producción. El país ha alcanzado una
madurez institucional que le permitiría abordar una discusión serena y
ambiciosa sobre nuevas reformas para explotar mejor sus riquezas mineras, y
sería una lástima renunciar anticipadamente a ello.
Patrimonio saqueado.
En un año abundante en malas noticias para
nuestro patrimonio, se han añadido ahora nuevos robos de piezas escultóricas
desde el casco histórico del Cementerio General. Esta vez, las piezas pérdidas
fueron una estatua en mármol y un bajorrelieve, cuyo peso y volumen denotan la
acción de varias personas, uso de vehículos e implementos ad hoc, así como un
ambiente en el que estos actos pueden cometerse con tranquila impunidad.
Continúa alargándose así la lista de actos vandálicos y robos en mausoleos y
tumbas, que se suman al deterioro por los años y siniestros.
Un mes después del terremoto de 2010 se publicó
en el Diario Oficial la declaración como monumento nacional de dicho casco
histórico, pero eso poco o nada ha contribuido a su mejor conservación ni
facilitado la reparación de los daños del sismo. Por el contrario, una
investigación de la Contraloría de mediados de 2012 constató deficiencias en la
administración y además reveló que hasta entonces el Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN) no había hecho un diagnóstico del estado del cementerio ni
elaborado un plan para su manejo como lugar patrimonial. Con posterioridad, la
Municipalidad de Recoleta (de la cual depende el recinto) y el propio Consejo
han anunciado iniciativas para intentar corregir esas situaciones. Así, en
agosto pasado se llamó a los actuales propietarios de 16 mausoleos históricos
en condiciones deterioradas, pidiéndoles contactar a la administración y
definir un plan de reparaciones. Pero algunas de esas familias expresaron tener
dificultades económicas para asumir una tarea que presenta complejidades
adicionales: por ser un recinto patrimonial, cualquier arreglo debe ser visado
por el CMN. La administración del recinto explicó que se daría un plazo para
recibir las respuestas, antes de adoptar las medidas necesarias para la
reparación, incluido el eventual traslado de los restos y la enajenación de los
mausoleos. Es preciso que se informe a la ciudadanía sobre el avance de esas gestiones.
Transcurridos ya varios días desde los últimos
robos conocidos, parece ilusorio que las piezas robadas sean recuperadas, pero
sí es exigible que se refuerce la seguridad de una necrópolis de gran valor
histórico y artístico para Chile, que —como este diario lo ha planteado
repetidamente— bien podría sustentarse económicamente con dignidad si emulara
el modelo de países avanzados y aprovechara su potencial como atractivo
turístico, como ocurre con otros cementerios tradicionales en el mundo.
Sanción a Fiscal.
El Ministerio Público rechazó la apelación presentada por el
Fiscal que visó el acuerdo con dos de los activistas que en 2011 se tomaron la
sede del ex Congreso Nacional en Santiago e ingresaron por la fuerza a una
sesión de la comisión mixta de presupuesto que revisaba la partida de
Educación. De esta manera, el Fiscal Nacional ratificó la medida disciplinaria
que anteriormente había dispuesto el Fiscal Metropolitano centro norte. Este
había sancionado al prosecutor con una censura por escrito, el traslado a otra Fiscalía,
la imposibilidad de investigar casos de alta complejidad y el no pago de un
bono por gestión.
En octubre se conoció que el Tribunal de Garantía
había aceptado el acuerdo propuesto por la Fiscalía para suspender el
procedimiento contra los imputados por la toma del Congreso a cambio de que
éstos realizaran trabajos comunitarios, los cuales consistirían en dar charlas
para promover la campaña “Marca tu voto”, que respaldaba el llamado a una
asamblea constituyente escribiendo la sigla AC en las papeletas de votación. El
acuerdo causó sorpresa e indignación, porque la “sanción” que contemplaba
parecía más bien un premio e incluso se iba a realizar en la misma
circunscripción donde uno de los activistas castigados era candidato a Senador.
Aunque la Corte de Apelaciones actuó
correctamente al considerar improcedente el acuerdo debido a que promovía “una
ideología política cuya base es el motivo de la interrupción de la sesión” en
el Congreso, resulta del todo adecuado que se adopten medidas en contra del Fiscal
que lo patrocinó y también que se realice una investigación sumaria para
indagar sobre la conducta del Juez que lo condonó. La capacidad de adoptar
sanciones y autorregularse constituye la mejor garantía para alejar las
amenazas a la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial.
Avances y temas pendientes en salud.
En los estudios de opinión pública realizados
en los últimos 25 años, salud siempre aparece entre las principales prioridades
de la población: nunca ha salido de los dos o tres primeros lugares. Esto
refleja la inquietud que despierta en la población, pero no es fácil Legislar
en esta área. Hay posiciones encontradas y también numerosos y fuertes grupos
de presión que influyen en el proceso Legislativo. No sorprende, pues, que a
pesar de que el Gobierno que concluye ha presentado una variada agenda de
proyectos, los avances en ellos hayan sido muy dispares. Se han aprobado 19 de
ellos —algunos muy relevantes, como la Ley de Derechos y Deberes de los
Pacientes, la nueva Ley de Trasplantes o la Ley de Especialistas para Chile—, pero
que no cambian mayormente el funcionamiento del sector, quizá el aspecto más
cuestionado por la población. Tal vez las nuevas Leyes que permiten pagar
asignaciones a funcionarios en hospitales y atención primaria según el trato
que brinden al usuario puedan tener algún efecto a este respecto.
Pero aquellas normativas más decisivas desde el
punto de vista de la atención y los costos de salud tienen pocas perspectivas
de aprobarse. Por ejemplo, la de hospitales clínicos, que busca dar más
flexibilidad a la contratación de personal, particularmente en los nuevos
hospitales de La Florida y Maipú, no parece tener posibilidades de finalizar su
tramitación. Si bien la experiencia acumulada en Chile sugiere que los
hospitales públicos que, por distintas razones, han logrado mayor flexibilidad
en su gestión de personal presentan mejores indicadores de funcionamiento, la
presión de los gremios y visiones algo anticuadas del significado de lo público
atentan contra la modernización que se requiere en este ámbito.
Otro tanto cabe decir de la Ley de Fármacos,
aunque esta tiene cierta posibilidad de finalizar su tramitación. Lleva
prácticamente cuatro años de discusión, se encuentra en comisión mixta, y si
bien se han aprobado varios artículos, aún existen desacuerdos en aspectos como
la intercambiabilidad de los medicamentos, para que el paciente no quede atado
a uno específico. La venta de algunos fármacos en supermercados, como ocurre en
varios países, fue rechazada en la tramitación del proyecto. Estas decisiones,
así como las dificultades para ponerse de acuerdo en la intercambiabilidad de
los medicamentos, han sido denunciadas por el Ministro de Salud como un ejemplo
del lobby que ha acompañado la tramitación de este proyecto y, en realidad, son
difíciles de comprender.
Otro proyecto relevante, pero que tiene aún
menos posibilidades de prosperar, es la reforma a la Ley de Isapres. En este
sector, la Judicialización de los reajustes a los planes elevó este año hasta
casi 200 mil los recursos de protección presentados por afiliados. Un cálculo
indicaba que de haber sido todos ellos acogidos y fijarse las respectivas
costas, el sistema hubiera terminado pagando unos 26 mil millones de pesos a
abogados litigantes, casi el monto total de sus ganancias en 2014. Este panorama
se despeja en parte ahora con el fallo de la Corte Suprema que rechaza algo más
de 4 mil recursos por alzas vinculadas a la incorporación de nuevas
enfermedades AUGE, pero incluso así persiste una situación de incertidumbre
respecto del resto, cuya indefinida prolongación no parece sustentable.
Urge en este tema encontrar un mecanismo que,
salvando las objeciones del Tribunal Constitucional, permita ajustar los
precios de los planes a los siempre crecientes costos de la salud. La propuesta
del Gobierno —que contemplaba un plan garantizado con tarifa plana y un índice
de precios referencial— daba un buen pie para buscar una solución.
Lamentablemente, la discusión Legislativa, en vez de perfeccionar esta idea, ha
avanzado en el sentido opuesto, eliminando el índice e incorporando un abanico
de otros planteamientos, desde la fijación de precios hasta el fin de la
integración vertical mediante holdings. En esas condiciones, y teniendo en
cuenta además que la Presidente electa manifestó en la campaña su intención de
introducir reformas al sistema de Isapres, muy probablemente el actual Gobierno
no logrará aprobar su proyecto en el período que le resta, y la situación de
incertidumbre se prolongará.
Cartas destacadas.
Señor Director:
Ni aplastante ni arrollador.
De los 13,5 millones de ciudadanos habilitados
para votar, sólo 5,7 millones (42%) concurrieron a las urnas en las pasadas elecciones de segunda vuelta Presidencial,
dándose una abstención de 7,8 millones (58%), cifra bastante superior a los que
no estaban inscritos antes de la reforma.
Lejos de reflejar ese apoyo ciudadano (84%) con
que dejó su primer Gobierno, Michelle Bachelet ganó con el 62% de “este” 42%,
que de modo alguno es aplastante, arrollador ni refleja representatividad ni
legitimidad. Pero desde el 31 de enero de 2012 nos rige la Ley 20.568, sobre
inscripción automática y voto voluntario -estrenada en las elecciones Municipales
de ese año con una abstención del 61%-,
y ¡hay que acatarla!
El griterío y la rasgadura de vestiduras de
nuestra clase política respecto de estos porcentajes de “abstinentes” no hacen
sino desprestigiarla más. ¿De qué se queja si era esto lo que quería y “no ha
sabido reencantar a la ciudadanía”, y por lo demás es lo que le conviene a las
mayorías alrededor del mundo que tienen
este sistema, y hacen alarde de los altos porcentajes con que se triunfa o se
pierde, omitiendo señalar el número de votantes que consignan los respectivos
padrones?
Colofón: ¿Qué va a pasar con la Ley 20.640,
sobre elecciones primarias, cuyo estreno este año en el plano Parlamentario fue
un rotundo fracaso?
Jorge Saavedra Moena.
Señor Director:
Asignatura.
La abstención ha hecho pensar en reponer la
asignatura de Educación Cívica. La agresión a autoridades y ex autoridades con
escupitajos hace pensar en reponer en la malla curricular de los colegios y de
los hogares la asignatura Educación.
José Luis Hernández Vidal.
Señor Director:
Voto en el extranjero.
Recientemente en el Senado se aprobó el voto de
los chilenos residentes en el extranjero. Uno de los argumentos esgrimidos para
tomar esta decisión es que en los países desarrollados existe dicha opción y
esto mejora nuestra democracia.
En lo que tal vez no han reparado los Legisladores
es en el impacto que más de 800.000 potenciales votantes (de acuerdo a una
estudio del INE sobre residentes chilenos en el exterior) podrán tener en el resultado de las futuras
elecciones Presidenciales.
Más allá del color político con el que se
identifiquen dichos compatriotas, no parece del todo razonable ni tampoco justo
que aquellos chilenos que emigraron en busca de mejores horizontes y no tienen
ningún nexo con Chile, fuera de la nacionalidad, puedan dirimir quien será el
futuro Presidente de la nación. Al hacerse la comparación con otros países del
orbe, como EE.UU. o cualquiera de los europeos, hay que dimensionar que las
poblaciones de dichos Estados son innumerablemente mayores que la chilena, y por
lo tanto el peso ponderado de quienes viven en el extranjero es insignificante
al lado de los habitantes que residen en sus respectivos países.
En el caso de Chile, 800.000 votantes representan aproximadamente
el 6,1% del total del padrón, cantidad suficiente para dar vuelta cualquier
elección. Baste consignar que en segunda vuelta votaron 5.695.764 personas.
¿Qué hubiera pasado en la elección entre Frei y
Piñera, cuya diferencia final fue de tan solo 223.000 votos? O en la de Lavín y
Lagos, que fue de 38.000 votos en primera vuelta y 277.000 en el balotaje ? La
decisión habría recaído entre aquellos chilenos que hicieron sus vidas en otros
países, y no tiene lógica que sean ellos los que a futuro puedan decidir quién Gobernará
a Chile, porque dicha decisión no repercutirá ni en sus vidas, ni en los países
que los albergan.
Distinto es el caso de quienes están afuera
temporalmente, ya sea por motivos de trabajo o estudio. Sin duda que deberían
tener la oportunidad de votar mientras están en el extranjero, porque volverán
en el corto plazo al país.
Jaime Jankelevich W.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.