Bachelet y el futuro,
por
Sergio Melnick
Nadie puede dudar que Bachelet ganó y en buena ley. Por cierto,
contra todos mis análisis basados en la expectativa de una mínima racionalidad
nacional. El desenlace ya lo veremos en cuatro años. Por ahora es evidente que
no soy capaz de leer adecuadamente a nuestra sociedad, como en realidad nadie
lo fue en sus pronósticos. Chile parte ahora en una aventura un poco juvenil
para mí (lo que puede ser bueno o malo), pero ha sido la opción elegida
democráticamente y eso nunca lo debemos perder de vista, ganadores y
perdedores.
Como país, ciertamente nos conviene que le vaya bien y para ello
requiere una oposición constructiva, a diferencia de la que tuvo Piñera. Yo, al
menos, espero contribuir a ese tono, en la medida en que el Gobierno sea
razonable, que es lo que deseo. Tenemos la obligación moral de darle el
beneficio de la duda y ser republicanos. La pregunta de fondo es qué significa
realmente que le vaya bien. Ahí empiezan las grandes discrepancias.
Para mí significa, entre otras cosas, llegar al pleno empleo,
que haya mucha inversión, disminuir la pobreza, terminar con los campamentos,
tener la inflación controlada, luchar contra la corrupción, aumentar el capital
social y la tolerancia, terminar con los encapuchados, tener buenas regulaciones
y controles de lo privado y público, bajar los costos de Codelco, avanzar
decididamente en ciencia y tecnología, descentralizar el país de verdad,
combatir decididamente la delincuencia, tener energía barata, mejorar la salud
primaria, manejar bien las cuentas públicas, cuidar el medio ambiente, eliminar
las congestiones urbanas, y llegar a unos dos millones de estudiantes en
educación terciaria, abriendo el debate real de qué es la calidad de la
educación en el siglo 21.
Nada de ello está muy claro en el programa de Bachelet y
esperamos que lo vaya aclarando en el camino. Finalmente, si quiere cambiar la
Constitución, espero que entienda que para que sea realmente legítimo, como
desean, ese contrato social debe ser aprobado por un mínimo del 75% de la población,
de modo que las minorías sean adecuadamente consideradas. De otra manera sólo
sería seguir las peores prácticas chavistas de América Latina. En suma, espero
un poco de sabiduría y humildad, considerando que el 60% de la población se
abstuvo, lo que yo leo como un acuerdo básico con lo que hay, y que exigen la
buena gestión de Gobierno más que cambios radicales. Para esos cambios hubo
nueve candidatos en primera vuelta que igualmente no motivaron nada.
La primera duda es quiénes van a mandar realmente en este nuevo Gobierno.
De verdad, yo espero que no se repitan el plato los viejos tercios que
perdieron en 2010 por sus malas prácticas, y que los Girardi, Navarro, Andrade,
Pizarro, Teillier y otros similares tengan poca influencia en la Presidente. La
nueva coalición de partidos es realmente muy brava y eso pondrá a prueba el
liderazgo de Bachelet. Su principal fortaleza parece ser más bien emocional que
técnica o decisional. La enorme diversidad ideológica no es trivial para los
acuerdos, pero se puede. Para ello basta ver el programa de Gobierno que
apareció a última hora y nunca bajó de los titulares. La clave de un buen Gobierno
no está en las intenciones, sino en cómo se realizan los proyectos. Bachelet
tiene ya muy malos ejemplos de su gestión anterior, que esperamos no se
repitan.
Por parte de la derecha, la derrota fue simplemente aplastante y
ha quedado literalmente pulverizada y desorientada. Los partidos y sus líderes
dieron jugo todo el rato, como dirían los más jóvenes, y siguen haciéndolo.
Quizá, entonces, sólo están cosechando lo que plantaron. En materia política
hubo una tremenda falencia del Gobierno, cuya primera tarea histórica era
obviamente proyectar su tremenda obra y lograr el reconocimiento a través de un
nuevo período de su coalición. El Gobierno ha sido francamente excepcional en
su gestión, con logros contundentes y observables, pero en política y
comunicaciones simplemente no atinó jamás y ahí están los resultados.
La principal oposición de Piñera, al final del día, fue él mismo
y la propia derecha que él no logró manejar, seducir, ni liderar. Básicamente
descuidó a sus aliados, a sus amigos, a sus colaboradores, y maltrató
severamente a la coalición durante septiembre pasado en medio de las
elecciones. Los datos son ahora elocuentes: la coalición de Gobierno no logró
siquiera el 40% de los votos, el peor resultado en décadas, y la Ley de voto
voluntario produjo el efecto contrario al que ofrecieron nuestros políticos. Se
equivocaron de cabo a rabo, como también en el período de Gobierno, que es
claramente inadecuado y que ojalá se cambie ahora.
Finalmente, Evelyn merece un gran reconocimiento público. Peleó
solita, sin recursos, y no sólo contra sus adversarios políticos, sino además
contra su propio sector. Aun así obtuvo casi un 40% de apoyo, lo que no es
menor en esas condiciones.
Problemas del voto voluntario,
por
Mauricio Morales.
Los impulsores del voto voluntario prometieron un aumento de la
participación y un cambio en las estrategias de los partidos para abordar a los
nuevos electores. Nada de eso ha ocurrido.
Entre estos impulsores destacan Carolina Tohá, quien en 2009 publicó una columna titulada “Por un
voto voluntario este año”. El Gobierno, a través de la Segpres, publicó el
documento “Diez mitos sobre el voto voluntario y el voto desde el extranjero”.
Entre esos 10 mitos estaba la caída de la participación (¡suponían una participación
del 69%!). Hasta ahora, no hemos escuchado explicación alguna de los impulsores
de la reforma respecto de los efectos del voto voluntario. Si un médico comete
una negligencia o si a un arquitecto se le cae un edificio, serán juzgados. Los
diseñadores de instituciones, en cambio, “están pasando piola”.
La participación apenas bordeó el 42% en la segunda vuelta de
2013. Los defensores del voto voluntario argumentan, erróneamente, que es un
volumen “normal” para una democracia consolidada. Si en Suiza votó el 40% en su
última elección Parlamentaria, entonces Chile estaría en la órbita del
desarrollo. El problema es que la participación en Suiza es más la excepción
que la regla. En España, Francia, Suecia, Alemania y Holanda, la participación
en los últimos comicios no ha bajado del 60%.
Respecto al sesgo de clase del voto, esta segunda vuelta replicó
el patrón de la primera. Las Comunas ricas tuvieron más participación que las
pobres. En Vitacura votó el 63% y en Puente Alto el 33%. Los porfiados de
siempre han llegado a sugerir que excluyendo las Comunas del distrito 23 (Las
Condes, Vitacura y Lo Barnechea) no habría sesgo de clase. Obvio: ahí habita
gran parte del segmento ABC1 del país. Es lo mismo que si alguien sugiriera que
eliminando a Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, el volumen
de títulos por el torneo de fútbol no estaría tan concentrado. O que si alguien
dijera que eliminando al 10% más rico, Chile sería un país más igualitario.
Además, el análisis suele realizarse incluyendo todas las Comunas del país y
sin considerar los tamaños poblacionales de cada una de ellas. Se ponderan de
igual forma Comunas como Puente Alto y Lago Verde. Sin embargo, Chile no es el
promedio de sus 346 Comunas. Hay diferencias de volumen y de ingresos. Es
evidente que el sesgo de clase se da con mayor fuerza en la Región
Metropolitana, en Valparaíso y en Los Ríos. Es decir, en más de la mitad de
Chile. ¿No es eso un problema?
Una vez que se reconozcan las falencias de nuestra participación
electoral, recién podremos abordar una agenda de reformas. Se sugiere el
transporte público gratuito el día de la elección, o que el Servel asigne a
cada elector el local de votación más cercano a su domicilio. Si bien son
reformas que van en la dirección correcta, están lejos de resolver el problema.
Lo que se necesita es un cambio en los planes de estudio. No basta con un curso
de educación cívica en enseñanza media. Se requiere de didácticas y prácticas
democráticas que sean aprendidas desde la enseñanza básica. De lo contrario,
tendremos generaciones políticas que jamás ejercerán su derecho a votar.
Elecciones y convicciones,
por
Julio Isamit.
El domingo la centroderecha obtuvo uno de los peores resultados
electorales de los últimos 20 años. Hoy vemos una cierta desazón entre los
partidarios de las libertades económicas y sociales. Esto se debe en parte, por
supuesto, al resultado electoral, pero por sobre todo se debe a un extendido
sentimiento de orfandad política, generado por complejos a la hora de defender
nuestras ideas, lo que ha engendrado una crisis de identidad y la tan conocida
falta de “relato”.
Mientras algunos están preparando cuchillos largos, hay otros
distribuyendo Ministerios, cargos y preparándose para volver al poder. Otros,
en cambio, estaremos promoviendo las ideas con las que Chile ha avanzado, para
corregir lo que no está bien y mantener a nuestro país como el de más progreso
de América Latina. En esa labor tenemos tres grandes desafíos.
El primero es generar un diagnóstico propio, empalmado con los
ideales de justicia que tradicionalmente han inspirado nuestro actuar:
instituciones sociales y políticas sólidas, y una economía social de mercado.
De otro modo, estaremos utilizando el discurso Estatista que pone el acento en
la desigualdad por sobre la justicia y la derrota de la pobreza, en la
gratuidad universal por sobre la calidad educacional, o en la intervención Estatal
por sobre la iniciativa privada. Por el contrario, lo urgente es atacar el
centralismo, la falta de competencia en los mercados o el ineficiente acceso a
la salud y educación.
Segundo, empaparnos del Chile real, poner el foco en los
problemas comunes de los chilenos, lejano de demandas de élite que muchas veces
bordean la frivolidad. Al fin y al cabo, son las ideas del emprendimiento libre
y plural las que han generado como nunca oportunidades para los más pobres.
Tercero, entrar en la arena política. En los últimos años hemos
visto florecer iniciativas de gente joven y capaz. Nuestro desafío es articular
en el campo político las convicciones que hoy se muestran acotadas al plano
social o de las ONG. Habrá en el Parlamento un grupo importante de jóvenes que
levantarán ideas de signo contrario; se necesita, por tanto, un grupo de
jóvenes sub-30 partidarios de la dignidad de la persona humana, la libertad
económica o una educación justa, libre y de calidad, orgullosos de sus ideas,
con vocación de mayoría y un sentido de amistad cívica republicana.
Esas son convicciones profundas que no desaparecen por una
derrota electoral ni se atenúan por un descenso ocasional en las encuestas o en
las urnas. En la vida se pueden perder elecciones, pero no las convicciones.
Las
mortíferas señales norcoreanas,
por Raúl Sohr.
La ejecución de Jang
Song-thaek, en Corea del Norte, ahonda el misterio sobre la lucha de poder que
se libra en Pyongyang. Abundan las versiones sobre la defenestración del tío
del Brillante Camarada Kim Jong-un, el aparente líder indisputado
del régimen estalinista. Así como ayer se rendía pleitesía al igualmente
despótico Jang, el número dos de la nomenklatura norcoreana hoy se proclama que:
“Debemos ser guerreros para salvaguardar el centro del partido con nuestras
vidas (…) con la convicción de que no conocemos a otro más que al gran camarada
Kim Jong-un”, palabras de Kim Yong-nam, Presidente del Presídium, en el
discurso de apertura de los actos recordatorios de la muerte hace dos años de
Kim Jong-il que Gobernó hasta 2011.
Hay varias hipótesis
sobre la estrepitosa caída de Jang, que fue forzado a participar en una reunión
partidaria para ser arrestado allí y, luego de ser humillado ante las
cámaras de televisión, fue sometido a un juicio sumario en el que habría
confesado que orquestaba un golpe de Estado para deponer a su sobrino. Hasta
ese momento se pensaba que el clan de los Kim, que Gobierna el país desde 1948,
estaba a salvo de los embates de sus propios miembros.
Algunas versiones señalan
que Jang , que mantenía buenas relaciones con China, buscaba una apertura
económica. Tras esta meta habría intentado limitar la influencia de las fuerzas
armadas sobre el aparato productivo del país. Esto habría generado la ira de
algunos Generales que terminaron exigiendo su cabeza. Otros observadores
sudcoreanos van más lejos y apuntan a que Jang era partidario de
abandonar la política nuclear del país. Ello permitiría levantar las sanciones
internacionales y mejorar las relaciones tanto con Corea del Sur como China y
con Occidente. Ello es aún prerrequisito para desmantelar el cerco Diplomático
y abrir las compuertas a inversiones extranjeras. Esta postura, si
efectivamente era tal, implicaba un viraje radical en la trayectoria de un
régimen autárquico. Es probable que semejantes políticas condujeran a un
conflicto frontal con Kim Jong-un y sus seguidores. En definitiva el sobrino
reinante optó por acabar con la vida de su tío y sus más estrechos
colaboradores.
Pasará tiempo hasta que
se establezca con certeza qué ocurrió. Pero es claro que Corea del Norte
es un régimen de temer. Si desea un anticipo sobre el modus operandi de
un Gobierno preste atención a cómo resuelve sus problemas domésticos.
Fíjese en los métodos empleados para superar las diferencias al interior de su
sociedad e instituciones. El grado de violencia o de respeto entre sí es un
claro indicador de cómo actuarán frente al enemigo. En la historia reciente hay
ejemplos como la, tan mentada en estos días, “noche de los cuchillos
largos”. Ella alude a la matanza a sangre fría, a mediados de 1934, de
unos 400 de los más estrechos aliados y también algunos
enemigos del dictador Adolfo Hitler. El nazismo superó todas las
cotas conocidas en cuanto a barbarie y crueldad. ¿Era posible prever semejante
ruptura de toda inhibición ética y el desborde desenfrenado de instintos destructivos?
Desde muy temprano, el régimen nazi envió señales de lo que era capaz. Para
resolver pugnas e intrigas internas, Hitler recurrió al simple expediente de
asesinar a quienes consideró una amenaza. Pyongyang, por su parte, ha
dado una señal escalofriante.
Franqueza con sentido de país.
Advirtiendo en forma previa que sería incluso “políticamente
incorrecto”, la cruda franqueza con que se expresó el Ministro Carlos Aránguiz
en su exposición ante la comisión de Constitución del Senado, propuesto por el
Ejecutivo para integrar la Corte Suprema, es inusual —el eufemismo es de rutina
en algunas de las materias que abordó—. Precisamente por eso resulta
refrescante y, más importante aún, saludable para el mejoramiento de nuestra
institucionalidad.
Así, planteó un análisis crítico sobre el actual diseño
institucional de la Corte Suprema. “Está mal diseñada actualmente —sostuvo—.
Creo excesiva su cantidad de Ministros, que está preocupada de mucha cosa chica
(…) mucha minucia”, que ejemplificó mediante el problema indisciplinario del Oficial
de sala del Juzgado de Nueva Imperial. Abogó por “desmilitarizar este
verticalismo (…), en el sentido de que solo lo venido desde arriba es lo
correcto (…). De abajo también surgen buenas iniciativas”.
Calificó como buena la reforma procesal penal, pero estima que
su “gran problema” es la “descoordinación entre las instituciones que
participan”. Y ejemplificó eso a propósito de la VI Región, donde advierte falta
de coordinación entre el Ministerio Público y las policías. E, invocando que
“alguna vez tenemos que decir las cosas como son”, juzgó que estas últimas “no
han estado a la altura de la reforma”. “Uno mira los partes”, afirmó, y son
“los mismos que existían antes de la reforma y los mismos procedimientos
policiales de antes de la reforma. (…) Si se ha invertido una cantidad de
recursos humanos y patrimoniales para que estas instituciones se aggiornen a
estos nuevos tiempos, pero siguen haciendo las cosas exactamente igual,
lógicamente que eso contribuye a que sus actuaciones policiales sean mal
valoradas por los Jueces. Es absolutamente necesario renovar la policía en sus
procedimientos. (…) La policía sigue pensando en el sistema antiguo, (en) que
bastaba con sus afirmaciones para acreditar un caso de droga”.
No menos crítico fue respecto de aquellos Jueces que configuran
lo que llamó “guetos garantistas”, pequeños pero con apoyos de opinión, que
creen que “esa actitud corresponde a los términos de la reforma”, pero cuando
sus fallos pasan a la Corte de Apelaciones, son revocados. Estima inadmisible
que, a pretexto de la independencia del Poder Judicial, “se instale
definitivamente una conducta de intocabilidad para Jueces que no están
discerniendo bien su rol”.
Son palabras fuertes, pero fundamentadas, que evocan las del
entonces Ministro y luego Presidente de la Corte Suprema Mario Garrido Montt,
en 1993, cuando declaró que el sistema Judicial penal se encontraba “obsoleto y
totalmente colapsado” —palabras que pesaron determinantemente en que el país se
abriera a la modernización de aquel—. Y se requiere coraje para emitirlas ante
el Senado y el país cuando se aspira a la culminación de una sobresaliente
carrera Judicial. Cabe desear que los poderes públicos y las instituciones
aludidas aprecien el sentido de mejoramiento institucional que ellas tienen, y,
en vez de considerarlas una expresión de hostilidad, reflexionen sobre cómo
avanzar en la corrección de lo que se objeta. Al menos en un aspecto, la descoordinación,
existe ya la instancia Legal específicamente competente, la Comisión
Coordinadora de la Reforma Procesal Penal, injustificablemente subutilizada
hasta ahora. A los demás respectos, la experiencia internacional es rica en
ejemplos exitosos que podrían adaptarse a la realidad chilena. No es fácil,
pero sí posible, si median voluntad política e institucional.
Informe sobre derechos humanos y rol del INDH.
El Instututo Nacional de Derechos Humanos (INDH) emitió el
informe anual con su opinión sobre la situación de este ámbito en Chile. El
documento incursiona -como ha hecho en años anteriores- en aspectos y
consideraciones inspirados en una concepción ideológica propia de un sector que
ha ido ganando espacio en países europeos continentales, haciendo exclusión de
otras que también participan en el debate sobre el tema y estableciendo como
definitivo aquello que es opinable.
El informe trata diversos temas. Por ejemplo, manifiesta
preocupación por el excesivo número de denuncias que se han realizado este año
por supuestos casos de violencia innecesaria, apremios ilegítimos o tratos
degradantes por parte de efectivos de Carabineros, Investigaciones o Gendarmería,
y el escaso número de ellas que termina en sanciones. Es esta una materia que
no debe ser indiferente a la ciudadanía, y respecto de la cual debiera
acentuarse el control por parte de las autoridades competentes, entre otras
medidas, a través de investigaciones acuciosas y efectivas.
Sin embargo, hay otros temas abordados en que se cuestionan
materias o se demandan soluciones que están dentro del ámbito de las legítimas
opciones dentro del juego democrático o que exceden lo que es posible dentro
del estado de desarrollo del país. Entre esos casos está el tratamiento que se
propone dar al derecho a la educación de calidad o la vivienda adecuada,
deslizando críticas a las políticas vigentes y a la regulación Constitucional
de estos temas. Esto implica transformar en exigibles contra el Estado derechos
o beneficios cuya obtención depende de
la destinación de recursos y la adopción de políticas que permiten legítimas
diferencias sobre su conveniencia. Al mismo tiempo, demanda unos tiempos de
concreción que son incompatibles con la noción de un derecho exigible. Otros
aspectos cuestionables son las críticas a la Legislación vigente en materias de
aguas, acusando una concentración de los derechos de aprovechamiento o
criticando los costos que tiene el agua potable para quienes no se benefician
de subsidios; o bien la necesidad de establecer el voto para quienes residen en
el extranjero -cuando hay posiciones diversas al respecto que se debaten el en
Congreso- y la crítica que el país no cuenta con una política pública integral
respecto de la juventud.
El problema de dichos planteamientos es que se pretenda
identificar una determinada visión o agenda con una definición única de los
derechos humanos, como consecuencia de lo cual deja de haber a su respecto
legítimas diferencias y deberían ser asumidas sin más. Estas diferencias deben
ser resueltas por aquellas instituciones llamadas a Legislar. La adopción de
posturas maximalistas por parte del INDH en la materia que le compete no
contribuye al enriquecimiento del debate; el organismo debiera ser muy
cauteloso, velando por la redacción de un informe plenamente transparente en
cuanto a los debates que animan la discusión sobre los derechos humanos,
evitando la identificación excluyente con determinadas banderas extremas y
siendo capaz de mostrar y catalizar las distintas visiones sobre el tema. En
este ámbito le cabe un rol muy especial a los miembros del Consejo del INDH,
llamados a buscar que los informes sirvan para enfocar la atención en la
protección de los derechos humanos y no en la promoción de agendas
controversiales.
Contratos de adhesión.
El Diario Oficial publica en su edición de ayer el reglamento
que fija los mecanismos para que las personas puedan aceptar o rechazar cambios
a los contratos financieros de adhesión. Se zanja así el problema suscitado a
raíz de la circular N° 3549, del 30 de abril pasado, por la que la
Superintendencia de Bancos puso fin al consentimiento tácito para el reajuste
de comisiones y dio lugar al nuevo requisito de tener la autorización expresa
de los clientes.
Así, el nuevo “Reglamento sobre manifestación expresa de la
aceptación del consumidor en contratos de adhesión de productos y servicios
financieros” se encuentra ya vigente, y se aplicará a proveedores de créditos
de consumo, cuentas corrientes, cuentas vista, cuentas de ahorro, líneas de
crédito, tarjetas de crédito y, en general, productos y servicios financieros,
cuyas condiciones estén expresadas en contratos de adhesión.
Cabe recordar que la propia Corte Suprema anuló una cláusula
—antes de uso habitual en los contratos de crédito masivo— que permitía a una
empresa crear títulos ejecutivos de deuda que obligaban al cliente, y que ellos
pudieran traspasarse sin su consentimiento. Por su parte, la nueva Ley del
Consumidor dispone que si se cambian las condiciones al cliente, el proveedor
que presta el servicio financiero debe avisarle, y el cliente pronunciarse. Si
este no lo acepta, tiene derecho a poner término al contrato.
En línea con lo anterior, el nuevo reglamento establece que en
caso de que el cliente no responda al proveedor, este podrá terminar el
contrato. La versión originalmente propuesta contemplaba que cuando se pusiere
término a un contrato, de inmediato el banco podría congelar la línea de
crédito. El texto final —acertadamente— establece que habrá un plazo de 60
días, en los cuales no debe cambiar ninguna condición, manteniéndosele al
cliente la línea de crédito por dicho plazo.
Por su parte, la nueva normativa se hace cargo de las nuevas
tecnologías para dar un consentimiento expreso en la celebración de contratos,
pudiendo hacerse —además de mediante un documento firmado— por distintos medios
tecnológicos: páginas o sitios web de los proveedores, correos electrónicos,
comunicaciones telefónicas con grabación, mensajes de texto, dispositivos de autentificación
biométrica, cajeros automáticos y terminales de venta electrónicos.
En síntesis, con el nuevo reglamento se llega a una solución
razonable para modificar los contratos de adhesión cuando las circunstancias lo
requieran, sin representar un alto costo para las empresas ni para las
personas.
Reparación del Teatro Municipal.
Los considerables daños que sufrió el Teatro Municipal de
Santiago, a raíz del incendio que destruyó una parte significativa de su
infraestructura en noviembre, significaron
pérdidas por a lo menos $ 2.650
millones, lo que implicará un considerable esfuerzo humano y financiero para
lograr su plena reconstrucción.
Ha sido valioso comprobar el interés de empresas y personas
individuales por hacer llegar donaciones al Teatro, lo que supone un compromiso
con esta institución y un reconocimiento al enorme valor artístico y cultural
que ella representa para el país. Es destacable, asimismo, que la
administración del teatro haya tenido una ágil y eficiente respuesta para
mantener en pie la programación, para lo cual se han contratado escenarios
alternativos.
Si bien se ha informado que hay seguros comprometidos, éstos
cubrirán sólo una parte de los daños y los aportes privados tampoco resultarán
suficientes para cubrir la diferencia, caso en que la Municipalidad de
Santiago, como responsable de esta institución, debería asumir el resto de los
costos, para asegurar la continuidad de los espectáculos y de sus cuerpos
estables. El incendio dejó al descubierto en el teatro graves falencias en
materia de seguridad -como no contar con rociadores y poseer sistemas anticuados
para la detección de humo-, lo que hace ineludible que se asuman las cuotas
propias de responsabilidad y se corrijan estas deficiencias.
La importancia que el Teatro tiene para el país hace aconsejable
que se estudien nuevos mecanismos de financiamiento por parte de la Municipalidad,
que complementen las donaciones y auspicios privados, pues los recursos de que
dispone el Teatro son insuficientes, al punto que aún no ha sido posible saldar
la reconstrucción tras el terremoto de 2010, de modo de no poner en riesgo su
excelencia y prestigio internacional.
Tarifas de saturación en autopistas urbanas.
Algunas autopistas urbanas desean comenzar a cobrar la tarifa de
saturación en las horas punta, debido a la congestión. Durante estas, los
respectivos contratos las autorizan para cobrar varias veces el valor base en
algunos tramos. Aunque hasta ahora el Gobierno —mostrando prudencia ante la
reacción de la población potencialmente afectada— no ha dado la autorización
necesaria, las concesionarias, además de recordar que se trata de una fórmula
contemplada en sus contratos, argumentan que se estarían dando las condiciones
para su uso, y que eso serviría como mecanismo para reducir la congestión, lo
cual, ciertamente, no debería ser un factor para sus mayores utilidades.
La menor congestión podría conseguirse con una tarificación bien
diseñada, pero el sistema establecido en los contratos de las autopistas
urbanas no es el mejor. De acuerdo con las bases de licitación, la
concesionaria debe medir en el semestre anterior la velocidad de los vehículos
en los períodos de punta. Si ella cae por debajo de los 50 km en bloques de
media hora, durante un período de cuatro semanas, la empresa puede ser
autorizada a cobrar la tarifa de saturación.
Este esquema adolece de ciertas deficiencias. Desde luego, las
mediciones las realiza la misma empresa que se beneficia al detectar bajas
velocidades de desplazamiento, y aunque sus datos sean correctos, al no existir
un mecanismo independiente, da pie a suspicacias. Además, las tarifas de
saturación están determinadas por la congestión verificada en meses anteriores
a su aplicación. Esto significa que un conductor podría tener que pagarlas por
transitar en las autopistas durante febrero o en semanas como la del 18 de
septiembre, cuando el tráfico es mínimo. Asimismo, las tarifas de saturación
aumentan los ingresos del concesionario —que ya son altos—, por lo que crean
incentivos a no adoptar medidas que mejoren los flujos de tráfico. Desde el
punto de vista de la imagen del sistema de concesiones, habría sido deseable
que los ingresos por este concepto se compartieran con el Estado, o que se
usara un mecanismo como el valor presente de los ingresos, que habría acortado
el plazo de concesión y permitido adelantar nuevas inversiones.
Ello no excluye el hecho de que siempre existirán viajes que se
podrían realizar a horas que no sean de punta, o personas que se cambien de
modo de transporte al subir el precio. Así, aunque la mayoría no modifique sus
hábitos, el efecto sobre la congestión puede ser significativo, porque cuando
se llega a un estado cercano a la hipercongestión, la velocidad de
desplazamiento cambia bruscamente ante variaciones en la demanda. Por cierto,
el crecimiento del parque automovilístico podría eliminar en corto tiempo los
beneficios iniciales de la mayor tarifa, pero habría un respiro transitorio, si
bien hay que preguntarse a qué precio.
En el esquema actual, y pese a que los concesionarios están en
su derecho al querer cobrar una tarifa de saturación prevista en sus contratos,
puede ser poco prudente implementarla. Ya existe molestia en la ciudadanía por
tener que enfrentar alzas anuales superiores al IPC por el uso de las
autopistas, así como una percepción de que el servicio ha empeorado, a resultas
precisamente de la congestión. Esto, a su vez, despierta reacciones populistas:
ya hay quienes en el Congreso plantean modificar los contratos de concesión,
tal como se hizo con el Transantiago. Este es un riesgo que, presumiblemente,
la Asociación de Concesionarios ha analizado con sus asociados. En todo caso,
el Ministerio de Obras Públicas deberá considerar estos problemas al diseñar
futuros contratos de concesión.
Correspondencia para la meditación.
Señor Director:
Bloqueo Legislativo.
Qué lástima la actitud de algunos Parlamentarios. Con el bloqueo
Legislativo que pretende imponer la oposición queda más que en evidencia que
para algunos políticos prima la visión de Gobierno por sobre la de Estado.
María Sofía Silva Baeza.
Señor Director:
Cierre de empresas.
Hace unos días nos enteramos del cierre de la filial Madeco
Mills, empresa dedicada a la fabricación y venta de tubos de cobre. Durante
2013 otras dos empresas socias de Asimet debieron cerrar filiales de sus
negocios, y las razones son exactamente las mismas: pérdida de competitividad
—debido al aumento de precio de costos de producción, principalmente energía
eléctrica—; ausencia de economías de escala y cambios producidos en el mercado,
en el que se perdieron ventajas comparativas frente a productos sustitutos
(importados) de menor valor.
Como Asimet no podemos sino expresar nuestra más profunda
preocupación frente a esta situación, que, lamentablemente, no representa casos
aislados dentro de la industria. Nuestro gremio ha sido enfático en señalar la
falta de políticas públicas que fomenten el desarrollo y competitividad de la
industria manufacturera nacional, en el convencimiento de que sin ella será muy
difícil que Chile alcance el estatus de nación desarrollada al que tanto
aspiramos.
Esperamos que las nuevas autoridades que asumen en marzo estén
atentas a estas señales, y puedan profundizar los esfuerzos tendientes a
generar una política industrial moderna que apoye el desarrollo industrial de
Chile.
Gastón Lewin G., Presidente Asociación de Industrias
Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet).
Señor Director:
Voto voluntario y abstención.
Es verdad que todo
cambia. Nuestras abuelas lucharon
por ir a sufragar y ahora no lo hacen. Quizás, el cambio debiera ser
votar a través de Internet.
Leyla Sammur Atala.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
