Meditaciones al comienzo del verano…

El deber de votar,

por Agustín Squella.

Vivimos el tiempo de los derechos, y no de cualesquiera derechos, sino el de una clase especial de ellos —los derechos fundamentales— que adscriben a todo individuo de la especie humana por su sola condición de tal.

Tiempo de los derechos porque su catálogo se ha ido incrementando desde que empezó a hablarse de ellos bajo ese nombre —siglo XVII— y se dio inicio a su consagración a nivel de los derechos nacionales y, más tarde, en el ámbito internacional. Tiempo de los derechos porque los Estados democráticos los declaran en un capítulo destacado de sus Constituciones políticas y porque, más allá de los Estados, se encuentran reconocidos en declaraciones y tratados internacionales, de manera que tanto los derechos nacionales como el derecho internacional les dan hoy una base de sustentación objetiva. Tiempo de los derechos porque, tanto a nivel del derecho interno de los Estados como en el campo internacional, no están meramente declarados, sino también garantizados, lo cual quiere decir que las personas cuentan con acciones y recursos para hacerlos valer ante Cortes nacionales, regionales o universales. Tiempo de los derechos, en fin, porque los sistemas de protección se han expandido desde el ámbito nacional al regional, y desde este a uno de tipo universal. En nuestro caso, por ejemplo, se puede recurrir a las Cortes de Apelaciones, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en ciertos casos, a la Corte Penal Internacional.

El primer documento sobre derechos humanos a nivel internacional es muy reciente y tuvo que ocurrir una guerra mundial, con toda su secuela de horrores, para que la mayoría de los Estados lo suscribiera: me refiero a la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en el seno de la ONU en diciembre de 1948. Un hecho notable, sin embargo, es que a nivel regional americano esa declaración haya sido precedida en meses por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por la Conferencia Internacional Americana.

Fíjese usted en el nombre del segundo de esos documentos: declaración de “derechos y deberes”, dice, y hacia el final de su texto, después de fijar los derechos, establece distintos deberes. ¿Cuáles? Entre otros, el de toda persona, cuando esté Legalmente capacitada para ello, “de votar en las elecciones populares del país de que sea nacional”. Poco antes, en su mismo articulado, señala que toda persona “tiene el derecho de participar en las elecciones populares”. Así las cosas, la Declaración Americana estableció el sufragio como un derecho y como un deber, y lo más probable es que sus redactores no imaginaran que más de medio siglo después iban a surgir voces que afirmaran, por razones académicas o de mera conveniencia electoral, que porque el sufragio es un derecho no puede ser, a la vez, un deber.

Atrapado no en la cultura de los derechos (que es un bien), sino en la contracultura de los deberes (que es un mal), nuestro Congreso Nacional aprobó la inscripción automática y el voto voluntario, que es lo mismo que haber dicho a los ciudadanos: “no se molesten en inscribirse ni tampoco en ir a votar”. Aplausos de todos lados, porque por causa de la contracultura de los deberes nadie quiere oír hablar de estos, como si vivir en sociedad concediera únicamente derechos y no impusiera deberes. Parlamentarios deseosos no de ser fieles a sus convicciones, sino de complacer a futuros electores perezosos de ciudadanía, cedieron en cuanto a la obligatoriedad del sufragio. Mal que mal habría elecciones dentro de poco —Municipales, Parlamentarias y Presidenciales—, y no se atrevieron a contrariar a quienes permanecían fuera del padrón electoral, especialmente jóvenes, a los que dijeron algo así como: “Ahora van a ser inscritos de manera automática, pero olvídense de la obligación de votar”.

Lo que esos Parlamentarios no advirtieron, o no les importó lo más mínimo, es que estaban vulnerando la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

La economía en 2013,

por Rolf Lüders.

Las elecciones le han dado a Michelle Bachelet y a la Nueva Mayoría una clara victoria. El triunfo lo obtuvo la coalición ganadora a pesar de las todavía -en general- relativamente buenas condiciones económicas. Mientras los ganadores nombran sus cuadros ejecutivos y afinan su programa económico, corresponde hacer un balance de lo sucedido en 2013.

Este fue un año que en materia económica internacional fue más bien plano. No obstante, se continuaron saneando las cuentas Fiscales en EE.UU. y en Europa.  Mientras  tanto,  el  PIB  mundial crecerá -sin presiones inflacionarias significativas- aproximadamente a la misma tasa (utilizando tipos de cambio de mercado, un 2,2%) a la que lo hizo en 2012.  Crecerán a una tasa algo superior al 1% los países desarrollados, y lo harán a una tasa algo superior al 5% los países emergentes.

Económicamente EE.UU. siguió recuperándose de la recesión, tanto así que el miércoles la Fed -su banco central- anunció que terminaría con su programa de compras de activos orientado a incentivar el consumo. Lo hará reduciendo, a partir de enero del próximo año, los US$ 85 mil millones mensuales que ha estado comprando, hasta eliminar las mismas a fines de 2014. Eso sí, se comprometió a mantener las bajas tasas de interés.

Chile crecerá en 2013  al 4,2%, comparado con un 5,6% el año pasado. La diferencia se explica en buena medida por la significativa desaceleración de la demanda interna (desde un 7,1 a un 3,9%), causada principalmente por la caída en la inversión y, muy especialmente, por aquella en minería. La tasa de aumento del consumo, en cambio, sólo se reducirá en un 0,4%.  La caída en los niveles de inversión es preocupante, porque afecta el potencial de crecimiento futuro de la economía. 

No obstante, hasta ahora la mencionada desaceleración no ha tenido mayores efectos negativos sobre el empleo y ha evitado que se produzcan presiones inflacionarias indeseadas.  La fuerte reducción en la tasa de inversión -producida principalmente por la postergación de proyectos en la minería del cobre- se ha traducido, a pesar de la baja del precio del mineral, en una mejora importante del déficit en cuenta corriente, bordeando este último el 3% del PIB. Las bajas tasas de inflación y el menor déficit Fiscal han permitido al Banco Central, para reactivar la demanda, bajar la tasa de política monetaria en un 0,5%. Dado el escenario externo, ésta política ha repercutido en una significativa alza del tipo de cambio.

En resumen, se ha reducido en Chile significativamente la tasa de crecimiento de la inversión, sin que por ahora ese fenómeno haya afectado mayormente al empleo, a los salarios y al consumo. La actual situación en el mercado del cobre aleja el fantasma de la enfermedad holandesa (el tipo de cambio se ha depreciado significativamente), pero para que la industria manufacturera y la agricultura puedan aprovechar plenamente las oportunidades que se les abren y el país pueda seguir desarrollándose, urge resolver los cuellos de botella, especialmente en materia energética, y cuidar del buen clima de inversión.

Las primeras señales.

Además de los abundantes comentarios que suscitó la votación del domingo 15, esta semana marcó el inicio de una nueva etapa política, donde se multiplican las declaraciones, las críticas e incluso los cambios de domicilio partidista y hasta de bando. El solo anuncio de que en la segunda mitad de enero la futura Mandatario decidirá su Gabinete Ministerial alentó muchas esperanzas (y también opiniones), y fue a propósito de la afirmación de Gutenberg Martínez de que sería un error que el PC se incorporara allí sin aclarar su posición sobre los derechos humanos en Cuba que Michelle Bachelet precisó que será únicamente ella quien defina sus colaboradores. Pero —sumando una alusión de Ignacio Walker al “referente castrista” del comunismo chileno— el episodio mostró que en un sector de la DC subsisten las dudas acerca de la viabilidad de esa nueva coalición política, que otro grupo aplaude, al igual que el Presidente del PPD, para quien “sacar al pizarrón” al PC por Cuba es una exageración. Se ha dicho que Bachelet se habría molestado, asimismo, por actitudes de los partidos que tenderían a proteger sus liderazgos emergentes y por enviarle inaceptables mensajes por la prensa vinculados al Ministerio.

Por otra parte, la pugna por los cargos directivos en el Congreso y en sus comisiones (es el caso de la protesta falangista a la postulación de Isabel Allende a la Presidencia del Senado anunciada por el timonel del PS), y los rumores de pactos dentro de la Nueva Mayoría, como una bancada conjunta PS-PPD ante la eventual fusión de los comités DC y PR, indican posibles reajustes internos, en los que influirá el documento que el PC aprobará hoy y que probablemente consagrará su próximo ingreso al Gobierno. Pese a todo ello, a lo menos en esta etapa, la suma del poder está en manos de la Presidenta electa.

Bloqueo Legislativo.

 Es manifiesto el deseo del Presidente Piñera de mantener hasta el final el ritmo del trabajo Gubernativo y, de hecho, el Ministro Segpres, Cristián Larroulet, ha procurado avanzar en varias materias específicas. Sin embargo, el titular del Senado, DC Jorge Pizarro, le notificó que la oposición rechazará —como ya lo está haciendo— el despacho de toda iniciativa que no cuente con su aprobación, lo que se aplica especialmente a la Ley de resguardo del orden público (antiencapuchados), una rebaja impositiva y normas educacionales. La razón básica invocada es que la nueva mayoría Parlamentaria se jugará desde marzo por las opciones programáticas de su Gobierno, por lo que no tiene sentido que concurra a aprobar proyectos de la actual administración. Si bien lo más significativo está en la señal que se da en cuanto al estilo del futuro trabajo Legislativo, cabe observar que estaba claro que el aumento de la subvención escolar era un aporte positivo y que la rebaja tributaria beneficiaba a las pymes.

Impacto electoral en la Alianza.

 Pese al esfuerzo (aun en la prensa del jueves) de Evelyn Matthei, su candidata, y de algunos dirigentes, por lograr que sus adherentes mantengan la unidad más allá de legítimas diferencias y del necesario análisis de los errores cometidos, en estos días se han sucedido allí declaraciones agresivas y variadas acusaciones por las culpas en el fracaso electoral, que afectan tanto a los partidos y sus directivas, como al Gobierno. Costará mucho, sin duda, que ese estado de ánimo se supere, aunque el relevo generacional que se apreció al final de la campaña parece tener una visión más amplia que debería favorecer una nueva forma de entender la centroderecha. En todo caso, mientras en la UDI el debate existe, pero con mayor prudencia, han renunciado ya a Renovación Nacional, por una parte y como era previsible, el Senador Antonio Horvath, que se une a su colega Carlos Bianchi en un dúo independiente con énfasis Regional que puede dar mayoría a reformas bacheletistas importantes, y por otra, figuras discrepantes de la mesa de RN que sólo se marginarán o bien irán rumbo al movimiento más juvenil y liberal Evópoli, en vías de convertirse en el tercer partido del sector, donde quizás puedan recalar también los de la “nueva derecha” que no logran desplazar a Carlos Larraín y su gente.

Otras pistas probables.

 En pocos días se acumulan síntomas de diversos temas para el debate que viene: Uno, las tensiones latinoamericanas que habrá de manejar la Presidente, derivadas del recelo brasileño y el abierto repudio del Alba ante la Alianza del Pacífico; de la oscilante actitud de Evo Morales al sentirse engañado por la agenda anterior de Bachelet, pero que dice confiar en que el socialismo de ésta le dé salida al Pacífico; y de los eventuales efectos del fallo de La Haya y las dudas que plantea su mismo entorno sobre la política exterior de este Gobierno. Dos, los intentos de limitar las atribuciones del Tribunal Constitucional, incluido el control preventivo de las Leyes (cuya importancia destaca su Presidente, Marisol Peña, y que provoca polémica incluso en la Nueva Mayoría), más los cambios que se avecinan de varios de sus integrantes, en relación sobre todo al previsible proceso de reforma o reemplazo de la Carta Fundamental.

“Inflación” de horas extras en Municipios.

Un logro destacable pero poco conocido del actual Gobierno son los avances en racionalizar el pago de horas extraordinarias en el aparato público, área que con frecuencia se ha prestado a abusos. Así, en las 18 Subsecretarías que son parte del plan ChileGestiona —y que abarcan el 85% del Estado central—, el promedio anual de horas extraordinarias por funcionario bajó de 69,8 en 2009 a 48,5 en el primer semestre de este año. Por cierto, este resultado no significa que hayan dejado de producirse algunas situaciones irregulares, pero una revisión de distintas fiscalizaciones efectuadas por la Contraloría permite concluir que hoy los mayores problemas a este respecto estarían concentrados en otra área del Estado, los Municipios. Funcionarios que aparecen cumpliendo jornadas de trabajo inverosímiles, de 12 horas los siete días de la semana; justificaciones genéricas relativas a “tareas impostergables” que no se explicitan, o la comprobación fehaciente de que las horas extraordinarias pagadas nunca se trabajaron, son algunos elementos que emergen de las auditorías realizadas por el órgano fiscalizador en distintas Municipalidades.

La lectura de esos informes parece confirmar que en muchas Comunas del país el sistema mismo de las horas extras se ha desnaturalizado. Si su sentido es el de remunerar adecuadamente extensiones extraordinarias de la jornada laboral demandadas por la urgencia de un determinado requerimiento, el que se transformen en una práctica habitual es indicativo de graves problemas de gestión o, derechamente, de abusos. Tal conclusión se ratifica cuando algunos de los propios involucrados admiten que el pago de supuestas horas extras se ha utilizado para recompensar a funcionarios a los que se estima particularmente meritorios, o para mejorar sueldos demasiado bajos. A esto se agrega el que, en muchos casos, los beneficiados son figuras cercanas al Alcalde.

La referida experiencia de ChileGestiona es demostrativa de que estas situaciones no necesariamente son un sino inevitable de la gestión pública. Al contrario, una adecuada programación de tareas, mecanismos de control eficaces y uso de indicadores pertinentes contribuyen a mejorar sustancialmente la productividad y a evitar abusos. Es un hecho el rezago que buena parte de los Municipios presenta en temas de modernización, así como su precariedad en materia de recursos humanos. Un proyecto como la Ley de Transparencia Municipal, actualmente en discusión en el Senado, abordaba en su texto original varios de los problemas que hoy traban la gestión Comunal. Si bien durante su discusión ha sufrido cambios relevantes —como la eliminación de la propuesta para establecer un sistema de Alta Dirección Pública Municipal—, es anticipable que su aprobación en cualquier caso mejoraría significativamente los mecanismos de control y fiscalización en el interior de los Municipios, lo cual, a la luz de lo constatado, constituye una urgencia. Es de esperar que así sea comprendido por los Parlamentarios, que hasta ahora, aunque han respaldado diversos aspectos de la iniciativa, han tendido a centrar el debate en los reclamos de los gremios Municipales y en las demandas por aumentar las dietas de los Concejales.

Esta labor fiscalizadora de los Municipios que la Contraloría ha intensificado es una línea que debe mantenerse permanentemente en el futuro, y tanto más en la medida en que se vaya concretando la tendencia a la descentralización que constantemente exigen Regiones y Comunas, así como a la luz de los cambios que el próximo Gobierno ha anunciado en el ámbito Municipal.

Revisión a los planes de empleo de emergencia.

La excesiva duración que presentan los programas de empleo de emergencia que cuentan con apoyo Estatal -que en promedio se acercan a los cinco años-, demuestra que dichos planes no están cumpliendo los objetivos para los cuales fueron diseñados. No resulta razonable que con los fuertes índices de empleo que exhibe el país, la presencia de este tipo de programas siga tan masificada, por lo que se hace necesario revisar su continuidad y limitar su utilización, permitiendo que se mantengan sólo cuando existan razones plenamente justificadas, como, por ejemplo, ocurrió tras el terremoto de 2010.

Los datos del Ministerio del Trabajo indican que a octubre de este año existe un total de 57 mil personas beneficiadas con algún tipo de programa con apoyo Estatal, dentro de los cuales una porción significativa (22.800) forma parte de los programas ProEmpleo, que son quienes se ajustan mayormente a aquellos considerados de “emergencia”. Es llamativa la cantidad, considerando que la economía chilena se encuentra en una situación que podría considerarse de pleno empleo, lo que se traduce en una fuerte demanda por la contratación de trabajadores. Por ello, no se entiende por qué tantos miles siguen permaneciendo bajo esta modalidad especial. El contrasentido es aún mayor, si se considera que diversos sectores productivos reclaman escasez de mano de obra, como ha sido el caso de la agricultura, la minería o la construcción, cuya demanda de empleos muchas veces no requiere de calificaciones especiales.

Tampoco resulta razonable el tiempo promedio de duración que presenta este tipo de empleos, que de acuerdo con los datos de la autoridad se extiende por cinco años. En algunas Regiones, como el caso de Atacama, incluso supera los seis años, lo que debe ser motivo de atención, pues ello revela que se ha desnaturalizado el carácter de “emergencia” y han pasado a ser empleos permanentes, sin que exista claridad si dichos puestos de trabajo se justifican o reúnen los requisitos para clasificar en este tipo de programas Estatales. Es razonable que el Ministerio del Trabajo haya tomado la decisión de analizar dichos programas y busque acotar el tiempo de permanencia, si bien cabría esperar que ello se hubiese hecho con bastante más antelación, y dicha evaluación continúe una vez que se instale el nuevo gobierno.

Parte importante de los empleos de emergencia se canalizan a través del programa de Inversión en la Comunidad, donde los Municipios juegan un rol relevante, pues son éstos los que solicitan este tipo de empleos y quienes entregan los antecedentes que justifican las contrataciones. Este tipo de planes ha jugado un rol relevante en ciertos momentos, ya sea en períodos recesivos o frente a desastres naturales, y es natural que sean los Municipios las entidades que canalicen las solicitudes, pues así es posible orientar estos empleos hacia los sectores que más los necesitan. Sin embargo, parece evidente que la provisión de estas plazas se ha convertido en una herramienta político-electoral en manos de algunos Alcaldes, por lo que se hace urgente buscar otro tipo de controles, además del Municipal, para justificar estos empleos. Lo contrario abre espacio para el clientelismo y prácticas que desnaturalizan este tipo de programas, y supone un uso deficiente de recursos públicos.

Tampoco es saludable que los trabajadores permanezcan demasiado tiempo en empleos de emergencia, ya que al ser éstos en general de baja calificación, se pierde una oportunidad para que opten a cursos de capacitación u otro tipo de actividades que contribuyan a su desarrollo personal, y pierdan la motivación para salir a buscar mejores empleos.

Medidas para atenuar impacto de reavalúos.

El Gobierno ingresó el martes al Congreso el anunciado proyecto de Ley que plantea postergar en 18 meses el reavalúo de los bienes agrícolas. De aprobarse, esa iniciativa beneficiaría a los propietarios de alrededor de 180 mil predios sujetos al pago de contribuciones, cuya retasación entraría en vigencia el 1 de enero de 2016, en vez del 1 de julio de 2014. Las autoridades han justificado el proyecto como una manera de compensar la sequía de este año y las heladas que en meses recientes afectaron a un número importante de agricultores de las Regiones V y VII.

También el reavalúo de propiedades urbanas que comienza a regir a partir de enero de 2014 ha sido analizado por el Ministerio de Hacienda, buscando medidas para mitigar su efecto. Entre otras, se consideraría modificar el nivel del impuesto territorial que actualmente se aplica y que define los montos de las contribuciones, y mejorar el método de zonificación de propiedades, para que sea más preciso y realista.

En lo inmediato, recién se ha enviado al Congreso otro proyecto, para rebajar el impuesto territorial a los adultos mayores cuyos ingresos mensuales no superen los $550 mil y que sean propietarios de viviendas avaluadas hasta en cien millones de pesos. De acuerdo con la normativa propuesta, en tales casos los pagos por concepto de contribuciones no podrán ser mayores al 10% de los ingresos anuales de los beneficiados.

Es comprensible el impulso que el Ejecutivo ha dado a estas iniciativas tomando en cuenta la impopularidad de un impuesto como este —considerado por muchos como una doble tributación— y lo gravoso que resulta en el corto plazo, cuando los predios y las viviendas suben de valor comercial, pero sin que ello genere necesariamente flujos inmediatos (o incluso mediatos) a sus propietarios.

Con todo, es necesaria cierta cautela respecto de cuánta flexibilidad se puede permitir al aplicar medidas que afectan la recaudación impositiva. Las contribuciones son una importante fuente de ingresos para los Municipios, que les permiten proveer servicios de aseo y ornato, retiro de basura y mantención de parques, entre otros. Además, tienden a promover la movilidad urbana, que permite la reconversión de barrios y el rejuvenecimiento de las ciudades. Y, por último, aunque gravosas en el corto plazo, las mayores contribuciones son el reflejo de la plusvalía de las viviendas en el mediano o largo.

Desde esta perspectiva, lo razonable en esta materia —como en muchas otras políticas públicas— es avanzar con gradualidad, considerando las externalidades positivas y negativas sobre los diferentes grupos de interés involucrados. Cabe sopesar, además, la pertinencia de seguir concentrando beneficios en determinados grupos etarios de la población, con la consiguiente discriminación respecto de otros que pueden encontrarse en similares condiciones de vulnerabilidad.

Robos a cajeros automáticos.

En menos de una hora, tres cajeros automáticos fueron robados el miércoles, con lo que se completó un total de siete episodios similares durante la última semana. Aunque es normal que en la cercanía de las fiestas de fin de año se incremente este tipo de robos y en el balance global del año se registra una caída de éstos respecto de 2012, la seguidilla debe llamar la atención de las policías y del Ministerio Público, los cuales deben redoblar sus esfuerzos por detener a los responsables y llevarlos ante la Justicia.

Los tres robos ocurrieron en Santiago: en una estación de servicios, al interior de una clínica y en el Centro de Justicia. En diciembre se ha producido lo que Carabineros denomina un “alza estacional” en estos atracos, que, en todo caso, han caído en 2013 respecto de 2012. Mientras el año pasado a esta fecha se habían registrado 624 casos (de los cuales se consumaron 207), este año el número de incidentes alcanza los 300 (115 de los cuales fueron consumados). Esta disminución se debe al aumento de las penas asociadas a este ilícito, a las mayores precauciones que se han tomado para dificultar el robo de los aparatos y al aumento de vigilancia de la policía.

Es necesario que todas las partes involucradas sigan colaborando, para evitar que cobre fuerza este rebrote parcial que se viene advirtiendo en las últimas semanas. Los delincuentes han comenzado a utilizar nuevas técnicas para robar los cajeros, abandonando la vía de los llamados “alunizajes” y recurriendo, por ejemplo, a explosiones con gas licuado. Por ello, es necesario que la prevención se multiplique, para proteger los 8.994 cajeros automáticos que existen a lo largo del país.

Centrales sindicales.

El movimiento de los trabajadores por conseguir mejores condiciones laborales ha estado plagado de controversias, disputas y divisiones originadas en consideraciones políticas. Sin embargo, en el mundo existen diversas organizaciones que agrupan a los sindicatos, y todas ellas son reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Del mismo modo, caben en un país distintas asociaciones que bien podrían ser reconocidas por las autoridades de Gobierno y por las agrupaciones empresariales como auténticos representantes de los sindicatos nacionales. La existencia de varias agrupaciones, lejos de debilitar los planteamientos de los trabajadores, podría darles mayor fuerza.

No obstante, la historia muestra una coexistencia difícil entre las centrales sindicales, dejando al descubierto la lucha política que se da en muchos sindicatos chilenos. Desde la creación de la Gran Federación Obrera de Chile (GFOCh), en 1909, devenida 10 años más tarde en Federación Obrera de Chile (FOCh), algunos dirigentes han subrayado que solo la unidad de todos los trabajadores en una organización única podría darles una representatividad que fuerce a los empresarios a otorgarles mejores condiciones de trabajo. Pero muy tempranamente se evidenció el intento de controlar políticamente la actividad sindical. Y entre esos dos polos transcurre la historia del movimiento de los trabajadores.

En 2003 se produjo un quiebre en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y se creó la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que, junto a la Central Autónoma, venía a complementar las centrales sindicales chilenas. Si bien la CUT retiene a la mayor cantidad de sindicalizados —que en Chile superan levemente el millón de personas—, las otras dos centrales reúnen a una importante proporción de trabajadores, y sus sindicatos afiliados equivalen a casi un quinto de los de la CUT. Las autoridades harían bien en entenderse con todas las organizaciones, pero la presión de la calle consigue distraerlas de esa razonable actitud, y las lleva a concentrar su preocupación en aquellas que les crean problemas importantes de orden público y de atención ciudadana. En consecuencia, la CUT —con el peso de tener entre sus filas a gremios con alto poder de presión, como los de funcionarios públicos y profesores— logra atrapar al Gobierno con sus tácticas, con lo cual las otras centrales quedan abandonadas, semiignoradas y con menor posibilidad de negociar y de representar los intereses de sus asociados.

Pese a lo anterior, las centrales paralelas cumplen un papel importante, como lo ha dicho el ex Presidente de la UNT, Diego Olivares, pues obligan a las dirigencias de la agrupación más numerosa a un mayor autocontrol en sus conductas, ante el riesgo de perder afiliados. También aquí la competencia prueba su importancia en moderar las actuaciones de los agentes. Cuando hay una sola central, como ha ocurrido en algunos momentos de la historia de Chile, la presión política por controlarla y manipular a sus dirigentes, o por colocar a representantes políticos a cargo del sindicato único, alcanza tal intensidad, que rápidamente es seguida por grandes disputas internas, pues siempre existen dirigentes sindicales que aspiran a representar genuinamente las inquietudes laborales de quienes los eligieron. Por eso, desde el punto de vista de los trabajadores es conveniente que exista más de una central, y corresponde al Gobierno no dificultar las condiciones para su constitución y darles un trato imparcial. La presión callejera logra, sin embargo, torcer esta actitud y las autoridades terminan por dialogar con quien “mete más ruido”, en palabras de Olivares. Cabe esperar de las nuevas autoridades más firmeza en mantener el equilibrio de las centrales sindicales chilenas.

Correspondencia importante.

Señor Director:

Marchas estudiantiles.

Si hoy la universidad se paga, y hay estudiantes que hacen paros, tomas, destruyen, no estudian y marchan, ¿quién va a estudiar cuando estas las paguemos todos los chilenos (“gratis”)?

La lógica indicaría que los alumnos valoran algo más los esfuerzos que hacen sus papás por pagarles la universidad, pero aun así hay quienes paran, se las toman, destruyen, no estudian y marchan igual. ¿Quién les va a exigir ir a clases y no destruir lo que paga Moya?

Sebastián Valdés de Ferrari.

Señor Director:

Condena al Fisco por tsunami.

Habría sido más oportuno y republicano si la Tercera Sala de la Corte Suprema - encabezada por el recién nombrado Presidente del máximo Tribunal, Ministro Sergio Muñoz – hubiera dictado el fallo que condena al Fisco indemnizar a una de las víctimas del tsunami antes de las elecciones Presidenciales, y no cuatro días después.

Miguel Huerta Marín.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.