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lunes, 23 de diciembre de 2013

Ecos del fin de semana...


















“Bienvenida derrota, porque te voy a digerir”,
por Joaquín García Huidobro.


La política no es como las matemáticas o la física: carece de leyes absolutas. Pero hay una excepción. Existe una ley que no falla nunca, una ley absolutamente implacable: los electorados castigan a los partidos y coaliciones que están desunidos. El domingo pasado vimos, una vez más, cómo se cumplía esa ley inexorable. La centroderecha sufrió una derrota a pesar de tener una buena candidata y de haberlo hecho, en muchos aspectos, bastante bien en La Moneda.


En todo caso, fue una pérdida muy oportuna, porque si la Alianza hubiera llegado a ganar habría dado un espectáculo lamentable. Un Gobierno implica no solo un Presidente y su equipo, requiere partidos que lo respalden seriamente. Hoy, a cuatro años de haber ganado la elección Presidencial, la centroderecha es un corral lleno de fieras indómitas no aptas para Gobernar.


Esto sucedió porque Sebastián Piñera fue elegido antes de tiempo, fruto del desgaste natural de la Concertación, de los desaciertos del Gobierno de Bachelet y de una campaña electoral conducida con inteligencia. Pero la Alianza llegó a La Moneda sin haber hecho una serie de tareas previas. Aunque se sacó buena nota como oposición y ofreció administrar con eficiencia y honradez, sus partidos no estaban preparados para Gobernar y carecían de respaldo doctrinario. A la primera arremetida de los estudiantes, su falta de ideas la hizo tambalearse. Las derrotas son siempre complicadas, y esta no será una excepción. No se han visto los cuchillos largos, pero sí lumas y manoplas esgrimidas con mezquindad. Todos miran para el lado, buscando a quién endosar responsabilidades. Cero autocrítica.


La excepción fue Evelyn Matthei: “Yo soy la única responsable de la derrota”, dijo. Esto es una novedad. Encontrarse con alguien que diga: “yo fui” es una experiencia que uno tiene muy pocas veces en la vida. En Chile nadie es responsable de haber promovido las políticas que hoy nos tienen despoblados; ni de haber defendido la violencia y la lucha de clases como método de transformación social; ni de mirar para otro lado cuando unos compatriotas aullaban de dolor; ni de la corrupción ni de nada. Bienvenidas, entonces, las personas capaces de decir: “yo fui”.


La centroderecha vuelve a la oposición, pero su tarea más importante no consiste en oponerse, sino en encontrarse a sí misma, saber quién es. Al hacer este ejercicio de introspección, lo primero que se descubre es que por algo los españoles hablan de “las” derechas. Hay una enorme y sana pluralidad. Bien administrada, esa multiplicidad es una fuente de intercambio de ideas, y constituye una cualidad necesaria para enfrentarse a un electorado que es cada vez más diverso.


Ahora bien, el primer error que suele cometer este sector político es mirar la diversidad con desconfianza. Si a esto se suma el carácter díscolo de sus integrantes, donde cada uno tiene la mentalidad de un señor feudal en sus dominios, entonces las tensiones y peleas son la consecuencia necesaria. Mala cosa.


A las tradicionales e interminables disputas entre RN y la UDI, ahora se suman las pugnas internas de cada una de esas agrupaciones. Han pasado más de 20 años y todavía no han sido capaces de encontrar un sistema permanente y civilizado para resolver sus controversias. Enfrentan los problemas gritando ante las cámaras, pidiendo medidas disciplinarias, exigiendo un cambio generacional o mandándose a cambiar, como se ha visto en estos días. No son estrategias muy creativas.


Últimamente se ha hablado de la posibilidad de fundar nuevos partidos en el sector, con gente más joven y con menos mañas. Puede ser una buena idea, pero me temo que responda al anhelo utópico de contar con un islote donde todos son buenos, jóvenes y amigos. La experiencia de la UDI debería enseñarles que la juventud se pasa con el tiempo. También que la bondad y la amistad quizás puedan ser características en una etapa inicial, pero en la medida en que la organización tiene éxito y crece, aparecen los malos olores e irritaciones que son típicas de toda aglomeración de masas.


Hace 24 siglos el viejo Aristóteles mostró que la buena vida política supone amistad. Recordarlo es la tarea más importante para la centroderecha en los próximos meses. “Bienvenida derrota, porque te voy a digerir”, decía Chávez. Este no es el momento de las recriminaciones, sino de mirarse a la cara, escucharse y decir: “Me alegro de que estemos vivos, volvamos a empezar”.


Algunas lecciones de las experiencias de México y Brasil,
por Vittorio Corbo.


Desde la crisis del tequila de 1994, México ha logrado avances importantes en el fortalecimiento de sus políticas e instituciones macro financieras y en la integración de su economía al mundo, lo que le ha permitido evitar nuevas crisis y sortear muy bien los shocks externos, incluida la reciente crisis financiera internacional. Sin embargo, su crecimiento ha sido mediocre debido a la muy baja tasa de crecimiento del empleo, de la formación de capital y de la productividad. En el caso particular de la productividad, diferentes estudios muestran que su pobre desempeño ha estado asociado a la reducida competencia, especialmente en los sectores de servicios, a las limitaciones del capital humano, a la débil institucionalidad jurídica, a la alta informalidad y a la falta de seguridad pública.


Durante el mismo período, Brasil también realizó avances importantes en reformas de políticas e instituciones orientadas a estabilizar su economía y crear las bases para un mayor crecimiento. Entre estas reformas se destaca el cambio en la institucionalidad Fiscal, impulsada durante el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que permitió someter a los Gobiernos Estatales y Municipales a una verdadera restricción presupuestaria, y la independencia de facto que le dio a su Banco Central, lo que fue clave para fortalecer las finanzas públicas y controlar la inflación. Por su parte, la administración del Presidente Lula da Silva continuó con el proceso de reformas, esta vez enfocadas en el área social, lo que le permitió una importante reducción de la pobreza, pero en el proceso, descuidó el crecimiento sostenible con efectos negativos en las perspectivas para la nueva clase media.


Sin embargo, a pesar del progreso en el manejo macroeconómico, estos dos países tienen hoy indicadores de crecimiento y de desarrollo social muy inferiores a los que presenta Chile. Así, en el período 1992-2012, Chile creció a una tasa promedio anual del 5,2%, mientras que para el mismo período, el crecimiento de México alcanzó solo un 2,7% y el de Brasil un 3,1%. Como resultado, según cifras del FMI, partiendo en 1992 con un PIB per cápita a PPP de 6.200 dólares en Chile, de 8.400 en México y de 5.400 en Brasil, en el año 2013, el PIB per cápita de Chile alcanzó 19.100 dólares, el de México 15.600 y el de Brasil 12.100. En tanto, en el 2011, la mortalidad infantil, para los niños menores de 5 años, fue de 8,7 por cada 1.000 niños nacidos vivos en Chile, 15,6 en Brasil y 15,7 en México. Para el mismo año, la esperanza de vida al nacer alcanzó 79 años en Chile, 76,9 en México y sólo 73,4 en Brasil. Por su parte, la pobreza, según las cifras de la Cepal, alcanza al 11% de la población en Chile, al 20,9% en Brasil y al 26,3% en México. Con todo, estos tres países presentan altos niveles de desigualdad. El índice de Gini en 2009, según las cifras del Banco Mundial, fue de 52,1 para Chile y 54,7 para Brasil, en tanto en México, en el 2010 alcanzó 47,2. Actualmente, en México, se ha iniciado un proceso de cambio importante. El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que asumió en diciembre del año pasado, trabajó con todas las fuerzas políticas una agenda de ambiciosas reformas orientadas a aumentar su crecimiento y mejorar el bienestar de su población.


Lo más notable es que, en su primer año de Gobierno, la nueva administración logró la aprobación del Congreso de profundas reformas en educación, en los mercados laboral, financiero, y de telecomunicaciones, en la política Fiscal y en el sistema político. Y, recientemente, tal vez la más importante, en el mercado energético, abriendo sus puertas a la inversión privada. Las cinco primeras reformas fueron aprobadas por los tres principales partidos políticos en lo que se llamó el Pacto por México, y las dos últimas obtuvieron el apoyo del PAN y del PRI.


Esta serie de reformas, si son implementadas en forma exitosa y si se complementan con reformas regulatorias que promuevan la competencia, que reduzcan barreras a los negocios a nivel Federal y subnacional y reformas que contribuyan a mejorar la seguridad Jurídica y reducir la desigualdad, debieran resultar en un salto importante en el crecimiento potencial de México.


En el lado opuesto, el Gobierno de Brasil, con la administración de la Presidenta Dilma Rousseff, se ha focalizado más en promover políticas de expansión de la demanda agregada y en políticas sociales que en reformas que logren incrementar su tasa de crecimiento potencial. En el intertanto, el crecimiento del producto está severamente restringido por agudos cuellos de botella en la infraestructura, y una ineficiente y pesada carga tributaria (37,7% del PIB). Además, con el menor crecimiento y los importantes subsidios que se han introducido para promover actividades y evitar alzas de precios, la situación Fiscal y cuasi-fiscal se ha deteriorado y la inflación se ha incrementado. Por su parte, para evitar una aceleración de la inflación, el Banco Central ha respondido con alzas importantes en la tasa de interés. La combinación de una política Fiscal expansiva y una monetaria restrictiva ha impedido la depreciación de su moneda y entorpecido el ajuste al cambio en las condiciones financieras internacionales del último tiempo.


En este contexto, todo apunta a que, con una tasa de inversión por debajo del 20%, con una economía muy cerrada a la competencia interna y externa, y con una tasa de desempleo ya baja, la tasa de crecimiento potencial de Brasil está en el rango del 2 al 2,5% anual. Intentos por llevar el crecimiento a tasas superiores a este rango por períodos prolongados terminan impactando a la inflación y al déficit en cuenta corriente.


Diferentes estudios muestran que para aumentar su crecimiento, Brasil debe introducir reformas estructurales encaminadas a fortalecer la institucionalidad macroeconómica y a mejorar su productividad. Los objetivos prioritarios debieran ser: aumentar la autonomía de su Banco Central, reducir el carácter pro-cíclico de la política Fiscal con la introducción de una regla Fiscal similar a la chilena, aumentar la inversión en infraestructura; mejorar el oneroso y fragmentado sistema tributario; flexibilizar el mercado laboral y mejorar la capacitación de los trabajadores; y reducir el elevado proteccionismo, los requerimientos de contenido local y los subsidios sectoriales que terminan reduciendo la eficiencia.


Con este marco de experiencias de reformas en Brasil y México podemos sacar algunas lecciones para Chile. Nuestro país ha sido muy exitoso en aumentar el PIB per cápita y en mejorar los indicadores sociales, pero los avances en reducir la alta desigualdad de los ingresos han sido más lentos. Lo importante es que, en el intento por acelerar la disminución de la desigualdad, no descuidemos ni pongamos en riesgo el crecimiento. Lo que necesitamos hoy es combinar políticas pro crecimiento en materia de energía, mercado laboral, competencia y capital humano con medidas encaminadas a lograr una distribución más equitativa de las oportunidades a través de acelerar el proceso de mejora en el acceso a una educación preescolar, básica, media y técnica de calidad unido a iniciativas que faciliten el ingreso al mercado laboral de los jóvenes y las madres con bajos niveles de capital humano. Para avanzar en esta agenda y aumentar la sostenibilidad de las reformas es importante trabajar en lograr acuerdos amplios en cuanto a su contenido como en el Chile de los últimos 25 años y el México de hoy.


Abuso de posición dominante
por Axel Buchheister.

El Senador Antonio Horvath renunció a Renovación Nacional, algo que se veía venir, según muchos. Se le han unido en la diáspora otros nombres, pero es discutible su importancia y está por verse si se trata de un fenómeno aislado o algo generalizado.


La importancia de la salida del Senador, en cambio, es indudable: vota e incide en las mayorías en el Congreso, cuando a raíz de la última elección la Nueva Mayoría está cerca de lograr los codiciados quórum. Entonces, esa renuncia no es un hecho menor, porque como dijo el Secretario General de su colectividad, fue electo como RN y ahora sigue como independiente. Si los votantes de centroderecha en Aysén fueran considerados consumidores, el Sernac estaría protestando “elección engañosa”.


Pero no sólo el Sernac debería tomar cartas en el asunto, sino también la Fiscalía Nacional Económica, pues esos votantes han sido clientes cautivos que han carecido de opción y han debido sufrir la falta de competencia, incluso por colusión. En efecto, en la elección Senatorial de 2001 la UDI acordó con RN, entre otras cosas, que Horvath sería candidato único en Aysén, a cambio de que Sebastián Piñera no fuere candidato a Senador en Valparaíso. En 2009, la UDI no hizo nada por levantar una candidatura propia que le hiciera el peso y que lo desafiara. Entonces los votantes del sector en la XI Región no han tenido otra que votar por él, sí o sí. Eso le ha otorgado “independencia” para votar en los proyectos de Ley según su parecer y sin rendir cuentas en el único modo que vale: en las urnas, con competencia.


Para los que hemos estado vinculados  al tema Legislativo, siempre supimos que contar con el voto de Horvath para las posiciones propias de los partidos del sector no siempre era predecible y, en ocasiones, ni siquiera fácil. ¿Sabían eso los votantes de centroderecha de Aysén?; ¿lo aprobaron? o ¿pudieron hacer algo? Esto último sin duda que no, dado que no tenían cómo hacerlo, frente a un candidato siempre único, salvo que votaran por la Concertación.


Por lo mismo, es una renuncia necesaria y bienvenida, en la medida que permite clarificar y transparentar las cosas. También lo es si constituye sinónimo de que los habitantes de Aysén, de tendencia de centroderecha, tendrán la oportunidad -que es un derecho- de “elegir” como corresponde, esto es, entre alternativas. Si votan por Horvath en la próxima elección y su pretendida opción de centro, enhorabuena, porque habrá sido electo con el apoyo de la gente y no por secretaría. También habrá sido un precedente positivo si igualmente es sinónimo de que la política deje de ser “de medio lado”, como ha sido en los últimos 15 años en la centroderecha, sin definiciones y posiciones claras, sino con consignas populares, mimetizándose con las banderas de la izquierda y mucha sonrisa para la foto. Así, en más de una ocasión los adherentes del sector han sabido por quién están votando, pero no por qué. Horvath no ha sido el único a la hora de no contar con el voto.


Que se desgrane el choclo duele y más en los tiempos que vienen. Pero irse por el camino personal y no pagar costos por defender los principios del grupo del que se forma parte, con cuyos votos se salió electo y sin competencia, es un abuso de posición dominante inadmisible.


El Estado contraataca,
por Sergio Urzua.


Michelle Bachelet obtuvo un importante triunfo en la pasada elección Presidencial. Qué duda cabe. Su campaña, más caracterizada por los eslóganes que por la discusión de los complicados detalles de su ambicioso programa, casi no tuvo errores. Pero, terminado el largo proceso electoral, ha llegado el momento de mirar el futuro con sentido de realidad. En hora buena, pues el país enfrenta el desafío de alcanzar el desarrollo y no hay tiempo que perder.


En lo económico, el programa de la futura Presidente plantea cambios mayúsculos. Mucho se ha escrito respecto de la reforma tributaria, por lo que no voy a aburrir con las dificultades de su implementación y el hecho de que de pro inversión tiene poco o nada. Tampoco vale la pena insistir en la cuestionable conveniencia de una AFP Estatal o en la regresividad de gratuidad en la educación superior. Son todas medidas complejas que, de seguro, el equipo económico de la futura Presidente ha repensado, luego de los múltiples cuestionamientos técnicos que emergieron durante la campaña.


Pero me quiero referir al tema laboral. Existe consenso en que modernizar —es políticamente incorrecto hablar de flexibilizar— el mercado del trabajo es prioritario. Nuestra antigua y parchada Legislación se ha transformado en una camisa de fuerza, que no se siente cuando la economía anda bien, pero que molesta mucho cuando la cosa anda mal. Y —para qué nos vamos a engañar— los excelentes números en materia de empleo y salarios de la actual administración no han sido producto de profundas reformas microeconómicas en este mercado.


Por eso sorprende que, más allá del cerrado apoyo dado por la CUT y el PC, poco se haya hablado de las propuestas en esta materia de la futura Presidente. ¿Qué se plantea? En lo esencial, tres ejes: fortalecimiento de la negociación colectiva y actividad sindical, fomento a la participación laboral y un nuevo sistema de capacitación.


Como se lee en el programa, el primer eje busca “aumentar los salarios de los trabajadores” a través del “aumento de su poder de negociación dentro de la empresa”, mientras que los dos últimos son reconocidos transversalmente como esenciales para consolidar el positivo dinamismo del mercado laboral.


Si bien falta información para tener una opinión acabada de las iniciativas en su conjunto —el demonio está en los detalles—, una cosa es clara: el programa relega a un segundo plano a los empleadores. El hecho preocupa, porque avanzar en materias laborales requiere acuerdos entre las distintas partes, los que no florecen automáticamente por una mayor acción del Estado. Además, en este sector, guste o no, sabemos que iniciativas conectadas con las necesidades de las empresas tienen mayor eficacia en el largo plazo. Chile requiere más de este tipo de recetas. Solo queda apostar a que estas se incorporen al conjunto de propuestas del nuevo Gobierno.


B. Central autónomo: garantía de estabilidad.


La economía chilena parece aproximarse a zona de turbulencias. El cobre se ha debilitado. EE.UU. comienza a retirar los estímulos monetarios, y en Chile, como en otras economías emergentes, los mercados bursátiles y cambiarios se sobresaltan. Hay signos inequívocos de desaceleración en las inversiones. Los planes Constitucionales y tributarios de la Presidente electa provocan alguna incertidumbre. Es en tiempos como estos cuando más se valora un Banco Central plenamente autónomo y competente, como el que hemos tenido en Chile en los últimos 24 años.


Aunque el Presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, se ha adelantado a señalar que no ve “en absoluto” una amenaza para la autonomía de la institución, lo cierto es que el programa de la Nueva Mayoría ha sembrado dudas. La nueva Constitución que propone quitaría el carácter de orgánica Constitucional a la Ley del Banco Central, dejando la determinación de sus objetivos y atribuciones, así como su grado de autonomía, al arbitrio de mayorías Parlamentarias circunstanciales. Dos de sus asesores Constitucionales han manifestado que consideran excesiva esa autonomía, y que sus autoridades deberían ser susceptibles de acusación ante el Senado, con el consiguiente riesgo de injerencia política en sus determinaciones. La Ley vigente contempla una fórmula más acotada para hacer efectiva la responsabilidad de los directivos del Banco Central, que exige también la concurrencia del Presidente de la República. Habiéndose creado considerable inquietud sobre las intenciones del nuevo Gobierno, llama la atención que la propia Presidente electa no haya despejado esta incógnita, confirmando su plena adhesión a la autonomía del Banco Central, tal como la hemos conocido y apreciado en Chile por más de dos décadas.


En estos días, uno de los cinco consejeros del Banco Central, Manuel Marfán, ha concluido su período. De acuerdo con la convención adoptada, corresponde que el nuevo integrante del Consejo —a ser designado por el Presidente Piñera, previa aprobación del Senado— provenga de la corriente política del consejero saliente; en este caso, socialista. La decisión es especialmente trascendente, porque quien sea designado tendría una alta probabilidad de resultar elegido Presidente de la institución en tres años más, cuando venza el período del actual titular. El Gobierno y el Senado deben ejercer con gran responsabilidad esta designación clave: sin dilaciones que debilitarían la institución; sin bloqueos Parlamentarios que aparecerían como un menosprecio de su autonomía; sin rebajar la investidura del cargo, asimilándolo a los demás puestos de la administración pública a distribuir, han de acordar un nombre que, por sus calificaciones y su trayectoria previa, dé plenas garantías de su compromiso con la estabilidad económica y financiera.


Bloqueo opositor a discusión Legislativa.


Las declaraciones formuladas por el Presidente del Senado esta semana, señalando que la oposición descartaba seguir tratando en el Congreso los proyectos de Ley sobre las materias que formaban parte de las prioridades del Gobierno que asumirá en marzo, deberían ser prontamente rectificadas para no generar un ambiente que afecta negativamente el desempeño de ese poder del Estado y a la futura administración.


Los Parlamentarios de Gobierno y de oposición tienen la obligación de analizar y evaluar en su propio mérito las iniciativas presentadas por el Gobierno para resolver los problemas que presenta el país en las distintas áreas,  y por ello no cabe formular un bloqueo a priori de su tramitación dado que ello equivale, en la práctica, a una descalificación íntegra y absoluta de todas las propuestas presentadas como negativas o perjudiciales para el país. Trasunta además una cierta  intolerancia hacia el actual oficialismo que se aparta del espíritu y del contenido del mensaje entregado por la mandatario electa luego de su triunfo electoral el domingo pasado, que llamó a todos los sectores a un trabajo conjunto en beneficio del país.


Luego de reunirse con el Ministro Secretario de la Presidencia, con el propósito de “cotejar” la agenda Legislativa del Ejecutivo con las prioridades Legislativas planteadas en el programa de Gobierno de la Nueva Mayoría, el Presidente del Senado anunció el rechazo de proyectos relevantes en tramitación, como los referidos a orden público -la denominada “Ley Hinzpeter”- y a educación -como el proyecto sobre superintendencia de la educación-, entre otros. Sobre ésta y otras iniciativas Legislativas planteadas por el actual Gobierno existen legítimas discrepancias y puntos de vista entre el oficialismo y la oposición, pero lo que corresponde es que ellas sean discutidas y se busquen los consensos para avanzar cuanto antes en materias que son de obvio interés para el país.  Por de pronto, sería una buena señal que la actual administración mostrara disposición a incorporar ideas y sugerencias para recoger los puntos planteados por la coalición ganadora de las últimas elecciones, así como que ésta última reconociera los aspectos positivos que ya han sido acordados en su trámite.


También es deseable que el Ejecutivo reconozca con pragmatismo el escaso período que resta para el término de su mandato y reserve el envío de proyectos y la asignación de las urgencias a las iniciativas que realmente lo justifiquen, sin caer en la tentación de generar un efecto comunicacional con su sola presentación al Congreso.


Uno de los desafíos que enfrenta la mandatario electa y su coalición es administrar el control total logrado en ambas cámaras del Congreso, que le permitirá no sólo aprobar las Leyes comunes, sino también las de quórum calificado e, incluso, las orgánicas Constitucionales, en la medida que logre singulares apoyos adicionales en el Senado. Para administrar ese poder y controlar las altas expectativas requerirá naturalmente de la colaboración de la oposición. Sería un error administrar esa mayoría prescindiendo radicalmente de todo aporte u opinión que pueda plantear la oposición, que es la actitud que se transmite a la opinión  pública con estrategias como la del bloqueo legislativo planteada esta semana.


Salud: dudas sobre el programa.


La elección de Michelle Bachelet como próxima Presidente hace imperativo el análisis de su programa de Gobierno y de sus pronunciamientos durante la campaña. Como es natural en una candidata que representaba a un espectro político tan amplio como el de la Nueva Mayoría, sus ideas respecto de los distintos campos de la actividad nacional fueron genéricas y admiten diversas interpretaciones. En salud, sus propuestas plantean algunas inquietudes que deberían despejarse dentro de un plazo breve.


Entre los asuntos pendientes, la candidatura identificó el déficit de especialidades médicas, la falta de infraestructura en los hospitales y la necesidad de mejorar la calidad de la gestión en la atención primaria. Pero la principal solución a cada uno de estos problemas consistiría solo en aumentar el gasto en salud, lo que técnicamente no parece el mejor camino. La falta de especialistas, así como la de médicos de atención primaria, podría resolverse mediante mayores recursos, pero el sistema propuesto, de destinar 3 a 6 años en la atención primaria, para luego optar a una especialización, es precisamente el que se ha usado en Chile y ha conducido a las carencias actuales. No queda en claro cómo la aplicación del mismo sistema permitirá superar los problemas, más aún si la posibilidad de formar médicos especialistas está limitada por la capacidad actual de los hospitales y, quizá, influida por las sociedades de especialistas.


En cuanto a las carencias en infraestructura, sobre todo en los hospitales, la idea predominante en la Concertación durante los últimos años era la de recurrir al sistema de concesiones. La discusión con el Colegio Médico y con otras agrupaciones era respecto de cuáles servicios se concesionarían, pero el ingreso del Partido Comunista al conglomerado político ha introducido dudas en cuanto a lo que ahora se considera valioso, y cabe esperar cierto grado de discusión y definiciones.


Algo similar podría anticiparse en el tema de la mejor gestión en la administración de la salud primaria, donde el mayor gasto no asegura necesariamente progresos. Lo avanzado hasta ahora por los Gobiernos concertacionistas también ha sido cuestionado por los gremios que obedecen al PC, y no está clara la forma en que se dilucidará este asunto.


En relación con las isapres, la Concertación ha sido muy crítica del sistema de seguros de salud, aunque en el programa se hable de la demanda ciudadana por sentirse asegurados en cuanto al acceso a medicamentos. Igualmente se expresa la oposición a que las personas paguen según su riesgo, pese a lo cual sus Parlamentarios se opusieron al plan básico que presentó el Gobierno, que planteaba que todos pagaran igual. El único compromiso cierto es el de llamar a un equipo de expertos a que redacte una nueva Ley de isapres, cuya discusión posiblemente tomará años.


Señales en la primera semana.


En su primera semana como Presidente electa, Michelle Bachelet ha percibido la buena voluntad con que, como es tradicional, el país acoge su, en este caso, segundo mandato. Personeros de todos los sectores han manifestado deseos de contribuir a que sea exitoso y redunde en progreso nacional, expresiones que ella ha recibido con su habitual afabilidad. Pero, más allá de las encomiables cortesías cívicas, hubo en estos días tres señales políticas importantes.


Una fue el nombramiento de Rodrigo Peñailillo como su representante ante los partidos de su coalición, lo cual confirma y resalta el papel central que él tuvo en la preparación y realización de su campaña Presidencial. No se desprende de allí que él vaya a ser el organizador político del nuevo Gobierno como Ministro del Interior, pero ciertamente es indiciario.


Una segunda señal significativa fue que, ante la inminencia del fallo de La Haya, el 27 de enero próximo, ella formuló una declaración impecable, afirmando que “todos tenemos que ponernos detrás del Presidente de la República, en el sentido de apoyar” su defensa de la posición chilena en la Corte Internacional, anticipando que su Gobierno mantendrá una política de Estado en materia internacional.


La tercera pareció una respuesta al connotado dirigente DC Gutenberg Martínez, quien planteó que para integrar el Gabinete del próximo Gobierno, el P. Comunista debe definir antes su postura sobre temas como “la democracia y la política internacional” y su posición sobre los derechos humanos en Cuba. “Si no hubiera precisiones necesarias por parte del PC, si las cosas simplemente fueran tal cual son hasta el momento, creo que una incorporación (al Gabinete) sería un error”, sostuvo. A esto, Bachelet replicó que “es atribución exclusiva de la Presidenta electa” el decidir quiénes serán sus próximos Ministros. “Seré yo quien defina quiénes serán los o las que conformen un futuro gabinete de mi gobierno”.


Las palabras de Martínez no denotan una mera posición personal. Quien ha sido Presidente del PDC, Parlamentario, actual consejero nacional y un líder histórico de la DC, con alto ascendiente sobre una gran cuota de la misma, cónyuge además de Soledad Alvear, ex Ministro, Senador y ex precandidata Presidencial de su partido, difícilmente habría pronunciado un juicio semejante si no interpretara el sentir de amplios sectores de su colectividad. No cabe, pues, entenderlo sino como un juicio madurado por muchos de sus correligionarios, que no pueden expresar hoy otro tanto, aunque lo piensen, porque están comprometidos, tal como él, a apoyar la gestión de Bachelet, pero con mayor disponibilidad todavía.


Esta interpretación es, por lo demás, consonante con la del Senador Ignacio Walker, Presidente de la DC, quien el sábado, en una columna en este mismo diario, a propósito de una eventual nueva Constitución, la restringió a tres temas: fin del sistema binominal, fin de las Leyes Orgánicas Constitucionales y de sus quórums de aprobación, y fin del control preventivo de dichas leyes por el T. Constitucional.


Y es coherente, igualmente, con lo sostenido por el Constitucionalista DC Patricio Zapata —que durante la campaña integró el equipo especializado de la Presidente electa— en cuanto a que “la única forma de cambiar la Constitución es pasando por el Congreso”; ha defendido la vía institucional, cuestionando a quienes postulan una asamblea constituyente como camino para ese cambio, y ha planteado matices discrepantes con la propuesta de Bachelet en cuanto a suprimir el control preventivo por el TC.


De lo anterior se desprende que, cuando en la Nueva Mayoría se postulan posiciones refundacionales, importantes sectores de ella llaman a ponderar con prudencia y realismo político los pasos que otros quieren dar en tal dirección.

La advertencia póstuma de Boeninger.
Esa sensata mesura evoca las aprensiones de Edgardo Boeninger —ingeniero, economista, académico, ex rector de la U. de Chile, Ministro clave del Presidente Aylwin y Senador, arquitecto operativo de la transición— respecto de una nueva Constitución y una asamblea constituyente. En su libro póstumo (falleció en 2009) “Chile rumbo al futuro. Propuestas para reflexionar” se refiere precisamente a las reformas políticas, área en que tuvo amplia experiencia teórica y práctica, manifestándose “¡totalmente contrario a sustituir la actual Constitución por una nueva! No creo que la actual tenga una ilegitimidad de origen. Las reformas de 1989 y 2005 corrigieron ese defecto. (…) Tampoco creo que debamos introducir normas que orienten al país hacia un Estado Social de Derechos. Pienso que el umbral de las políticas sociales no pueden ser los derechos. Eso haría muy rígidas las políticas públicas. En tercer lugar, se dice que hay que corregir el sesgo económico liberal de la Constitución. A mí, en cambio, me parece que es correcto que en el campo productivo el Estado desempeñe un rol subsidiario. (…) No veo motivos para ese cambio radical. Y en cualquier caso, el peso de la prueba a favor del cambio recae sobre quienes abogan por él. Y esa prueba —salvo el entusiasmo por las reformas— no se ha dado”.


Y respecto del argumento de que una asamblea constituyente fortalecería la democracia, Boeninger afirmó: “No lo creo. Haría del próximo Gobierno una arena de disputas Constitucionales y Jurídicas que distraería tiempo y talento de la agenda económico-social de la que depende el bienestar de las mayorías. Una asamblea constituyente o una democracia plebiscitaria (donde decisiones de política pública se voten cada cierto tiempo) son entretenidas para las élites, pero conducen a una relación manipulada de los mandatarios con el pueblo. Así lo muestran ejemplos cercanos que poseen precarias credenciales democráticas. En suma, ese tipo de propuestas suena bien, pero suelen realizarse mal”.

El talón de Aquiles de la derecha no es Pinochet,
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Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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