“Bienvenida derrota, porque te voy a digerir”,
por Joaquín García Huidobro.
La política no es como las matemáticas o la
física: carece de leyes absolutas. Pero hay una excepción. Existe una ley que
no falla nunca, una ley absolutamente implacable: los electorados castigan a
los partidos y coaliciones que están desunidos. El domingo pasado vimos, una
vez más, cómo se cumplía esa ley inexorable. La centroderecha sufrió una
derrota a pesar de tener una buena candidata y de haberlo hecho, en muchos
aspectos, bastante bien en La Moneda.
En todo caso, fue una pérdida muy oportuna,
porque si la Alianza hubiera llegado a ganar habría dado un espectáculo
lamentable. Un Gobierno implica no solo un Presidente y su equipo, requiere
partidos que lo respalden seriamente. Hoy, a cuatro años de haber ganado la
elección Presidencial, la centroderecha es un corral lleno de fieras indómitas
no aptas para Gobernar.
Esto sucedió porque Sebastián Piñera fue
elegido antes de tiempo, fruto del desgaste natural de la Concertación, de los
desaciertos del Gobierno de Bachelet y de una campaña electoral conducida con
inteligencia. Pero la Alianza llegó a La Moneda sin haber hecho una serie de
tareas previas. Aunque se sacó buena nota como oposición y ofreció administrar
con eficiencia y honradez, sus partidos no estaban preparados para Gobernar y
carecían de respaldo doctrinario. A la primera arremetida de los estudiantes,
su falta de ideas la hizo tambalearse. Las derrotas son siempre complicadas, y
esta no será una excepción. No se han visto los cuchillos largos, pero sí lumas
y manoplas esgrimidas con mezquindad. Todos miran para el lado, buscando a
quién endosar responsabilidades. Cero autocrítica.
La excepción fue Evelyn Matthei: “Yo soy la
única responsable de la derrota”, dijo. Esto es una novedad. Encontrarse con
alguien que diga: “yo fui” es una experiencia que uno tiene muy pocas veces en
la vida. En Chile nadie es responsable de haber promovido las políticas que hoy
nos tienen despoblados; ni de haber defendido la violencia y la lucha de clases
como método de transformación social; ni de mirar para otro lado cuando unos
compatriotas aullaban de dolor; ni de la corrupción ni de nada. Bienvenidas,
entonces, las personas capaces de decir: “yo fui”.
La centroderecha vuelve a la oposición, pero su
tarea más importante no consiste en oponerse, sino en encontrarse a sí misma,
saber quién es. Al hacer este ejercicio de introspección, lo primero que se
descubre es que por algo los españoles hablan de “las” derechas. Hay una enorme
y sana pluralidad. Bien administrada, esa multiplicidad es una fuente de
intercambio de ideas, y constituye una cualidad necesaria para enfrentarse a un
electorado que es cada vez más diverso.
Ahora bien, el primer error que suele cometer
este sector político es mirar la diversidad con desconfianza. Si a esto se suma
el carácter díscolo de sus integrantes, donde cada uno tiene la mentalidad de
un señor feudal en sus dominios, entonces las tensiones y peleas son la
consecuencia necesaria. Mala cosa.
A las tradicionales e interminables disputas
entre RN y la UDI, ahora se suman las pugnas internas de cada una de esas
agrupaciones. Han pasado más de 20 años y todavía no han sido capaces de
encontrar un sistema permanente y civilizado para resolver sus controversias.
Enfrentan los problemas gritando ante las cámaras, pidiendo medidas
disciplinarias, exigiendo un cambio generacional o mandándose a cambiar, como
se ha visto en estos días. No son estrategias muy creativas.
Últimamente se ha hablado de la posibilidad de
fundar nuevos partidos en el sector, con gente más joven y con menos mañas.
Puede ser una buena idea, pero me temo que responda al anhelo utópico de contar
con un islote donde todos son buenos, jóvenes y amigos. La experiencia de la
UDI debería enseñarles que la juventud se pasa con el tiempo. También que la
bondad y la amistad quizás puedan ser características en una etapa inicial,
pero en la medida en que la organización tiene éxito y crece, aparecen los
malos olores e irritaciones que son típicas de toda aglomeración de masas.
Hace 24 siglos el viejo Aristóteles mostró que
la buena vida política supone amistad. Recordarlo es la tarea más importante para
la centroderecha en los próximos meses. “Bienvenida derrota, porque te voy a
digerir”, decía Chávez. Este no es el momento de las recriminaciones, sino de
mirarse a la cara, escucharse y decir: “Me alegro de que estemos vivos,
volvamos a empezar”.
Algunas lecciones de las experiencias de México y
Brasil,
por Vittorio Corbo.
Desde la crisis del tequila de 1994, México ha
logrado avances importantes en el fortalecimiento de sus políticas e
instituciones macro financieras y en la integración de su economía al mundo, lo
que le ha permitido evitar nuevas crisis y sortear muy bien los shocks
externos, incluida la reciente crisis financiera internacional. Sin embargo, su
crecimiento ha sido mediocre debido a la muy baja tasa de crecimiento del
empleo, de la formación de capital y de la productividad. En el caso particular
de la productividad, diferentes estudios muestran que su pobre desempeño ha
estado asociado a la reducida competencia, especialmente en los sectores de
servicios, a las limitaciones del capital humano, a la débil institucionalidad
jurídica, a la alta informalidad y a la falta de seguridad pública.
Durante el mismo período, Brasil también
realizó avances importantes en reformas de políticas e instituciones orientadas
a estabilizar su economía y crear las bases para un mayor crecimiento. Entre
estas reformas se destaca el cambio en la institucionalidad Fiscal, impulsada
durante el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que permitió someter a los Gobiernos
Estatales y Municipales a una verdadera restricción presupuestaria, y la
independencia de facto que le dio a su Banco Central, lo que fue clave para
fortalecer las finanzas públicas y controlar la inflación. Por su parte, la
administración del Presidente Lula da Silva continuó con el proceso de
reformas, esta vez enfocadas en el área social, lo que le permitió una importante
reducción de la pobreza, pero en el proceso, descuidó el crecimiento sostenible
con efectos negativos en las perspectivas para la nueva clase media.
Sin embargo, a pesar del progreso en el manejo
macroeconómico, estos dos países tienen hoy indicadores de crecimiento y de
desarrollo social muy inferiores a los que presenta Chile. Así, en el período
1992-2012, Chile creció a una tasa promedio anual del 5,2%, mientras que para
el mismo período, el crecimiento de México alcanzó solo un 2,7% y el de Brasil
un 3,1%. Como resultado, según cifras del FMI, partiendo en 1992 con un PIB per
cápita a PPP de 6.200 dólares en Chile, de 8.400 en México y de 5.400 en
Brasil, en el año 2013, el PIB per cápita de Chile alcanzó 19.100 dólares, el
de México 15.600 y el de Brasil 12.100. En tanto, en el 2011, la mortalidad
infantil, para los niños menores de 5 años, fue de 8,7 por cada 1.000 niños
nacidos vivos en Chile, 15,6 en Brasil y 15,7 en México. Para el mismo año, la
esperanza de vida al nacer alcanzó 79 años en Chile, 76,9 en México y sólo 73,4
en Brasil. Por su parte, la pobreza, según las cifras de la Cepal, alcanza al
11% de la población en Chile, al 20,9% en Brasil y al 26,3% en México. Con
todo, estos tres países presentan altos niveles de desigualdad. El índice de
Gini en 2009, según las cifras del Banco Mundial, fue de 52,1 para Chile y 54,7
para Brasil, en tanto en México, en el 2010 alcanzó 47,2. Actualmente, en
México, se ha iniciado un proceso de cambio importante. El Gobierno del
Presidente Enrique Peña Nieto, que asumió en diciembre del año pasado, trabajó
con todas las fuerzas políticas una agenda de ambiciosas reformas orientadas a
aumentar su crecimiento y mejorar el bienestar de su población.
Lo más notable es que, en su primer año de Gobierno,
la nueva administración logró la aprobación del Congreso de profundas reformas
en educación, en los mercados laboral, financiero, y de telecomunicaciones, en
la política Fiscal y en el sistema político. Y, recientemente, tal vez la más
importante, en el mercado energético, abriendo sus puertas a la inversión
privada. Las cinco primeras reformas fueron aprobadas por los tres principales
partidos políticos en lo que se llamó el Pacto por México, y las dos últimas
obtuvieron el apoyo del PAN y del PRI.
Esta serie de reformas, si son implementadas en
forma exitosa y si se complementan con reformas regulatorias que promuevan la
competencia, que reduzcan barreras a los negocios a nivel Federal y subnacional
y reformas que contribuyan a mejorar la seguridad Jurídica y reducir la
desigualdad, debieran resultar en un salto importante en el crecimiento
potencial de México.
En el lado opuesto, el Gobierno de Brasil, con
la administración de la Presidenta Dilma Rousseff, se ha focalizado más en
promover políticas de expansión de la demanda agregada y en políticas sociales
que en reformas que logren incrementar su tasa de crecimiento potencial. En el
intertanto, el crecimiento del producto está severamente restringido por agudos
cuellos de botella en la infraestructura, y una ineficiente y pesada carga
tributaria (37,7% del PIB). Además, con el menor crecimiento y los importantes
subsidios que se han introducido para promover actividades y evitar alzas de
precios, la situación Fiscal y cuasi-fiscal se ha deteriorado y la inflación se
ha incrementado. Por su parte, para evitar una aceleración de la inflación, el
Banco Central ha respondido con alzas importantes en la tasa de interés. La
combinación de una política Fiscal expansiva y una monetaria restrictiva ha
impedido la depreciación de su moneda y entorpecido el ajuste al cambio en las
condiciones financieras internacionales del último tiempo.
En este contexto, todo apunta a que, con una
tasa de inversión por debajo del 20%, con una economía muy cerrada a la competencia
interna y externa, y con una tasa de desempleo ya baja, la tasa de crecimiento
potencial de Brasil está en el rango del 2 al 2,5% anual. Intentos por llevar
el crecimiento a tasas superiores a este rango por períodos prolongados
terminan impactando a la inflación y al déficit en cuenta corriente.
Diferentes estudios muestran que para aumentar
su crecimiento, Brasil debe introducir reformas estructurales encaminadas a
fortalecer la institucionalidad macroeconómica y a mejorar su productividad.
Los objetivos prioritarios debieran ser: aumentar la autonomía de su Banco
Central, reducir el carácter pro-cíclico de la política Fiscal con la
introducción de una regla Fiscal similar a la chilena, aumentar la inversión en
infraestructura; mejorar el oneroso y fragmentado sistema tributario;
flexibilizar el mercado laboral y mejorar la capacitación de los trabajadores;
y reducir el elevado proteccionismo, los requerimientos de contenido local y
los subsidios sectoriales que terminan reduciendo la eficiencia.
Con este marco de experiencias de reformas en
Brasil y México podemos sacar algunas lecciones para Chile. Nuestro país ha
sido muy exitoso en aumentar el PIB per cápita y en mejorar los indicadores
sociales, pero los avances en reducir la alta desigualdad de los ingresos han
sido más lentos. Lo importante es que, en el intento por acelerar la
disminución de la desigualdad, no descuidemos ni pongamos en riesgo el
crecimiento. Lo que necesitamos hoy es combinar políticas pro crecimiento en
materia de energía, mercado laboral, competencia y capital humano con medidas
encaminadas a lograr una distribución más equitativa de las oportunidades a
través de acelerar el proceso de mejora en el acceso a una educación
preescolar, básica, media y técnica de calidad unido a iniciativas que
faciliten el ingreso al mercado laboral de los jóvenes y las madres con bajos
niveles de capital humano. Para avanzar en esta agenda y aumentar la
sostenibilidad de las reformas es importante trabajar en lograr acuerdos
amplios en cuanto a su contenido como en el Chile de los últimos 25 años y el
México de hoy.
Abuso de posición dominante
por Axel Buchheister.
El Senador Antonio Horvath renunció a
Renovación Nacional, algo que se veía venir, según muchos. Se le han unido en
la diáspora otros nombres, pero es discutible su importancia y está por verse
si se trata de un fenómeno aislado o algo generalizado.
La importancia de la salida del Senador, en
cambio, es indudable: vota e incide en las mayorías en el Congreso, cuando a
raíz de la última elección la Nueva Mayoría está cerca de lograr los codiciados
quórum. Entonces, esa renuncia no es un hecho menor, porque como dijo el Secretario
General de su colectividad, fue electo como RN y ahora sigue como
independiente. Si los votantes de centroderecha en Aysén fueran considerados
consumidores, el Sernac estaría protestando “elección engañosa”.
Pero no sólo el Sernac debería tomar cartas en
el asunto, sino también la Fiscalía Nacional Económica, pues esos votantes han
sido clientes cautivos que han carecido de opción y han debido sufrir la falta
de competencia, incluso por colusión. En efecto, en la elección Senatorial de
2001 la UDI acordó con RN, entre otras cosas, que Horvath sería candidato único
en Aysén, a cambio de que Sebastián Piñera no fuere candidato a Senador en
Valparaíso. En 2009, la UDI no hizo nada por levantar una candidatura propia
que le hiciera el peso y que lo desafiara. Entonces los votantes del sector en
la XI Región no han tenido otra que votar por él, sí o sí. Eso le ha otorgado
“independencia” para votar en los proyectos de Ley según su parecer y sin
rendir cuentas en el único modo que vale: en las urnas, con competencia.
Para los que hemos estado vinculados al tema Legislativo, siempre supimos que
contar con el voto de Horvath para las posiciones propias de los partidos del
sector no siempre era predecible y, en ocasiones, ni siquiera fácil. ¿Sabían
eso los votantes de centroderecha de Aysén?; ¿lo aprobaron? o ¿pudieron hacer
algo? Esto último sin duda que no, dado que no tenían cómo hacerlo, frente a un
candidato siempre único, salvo que votaran por la Concertación.
Por lo mismo, es una renuncia necesaria y
bienvenida, en la medida que permite clarificar y transparentar las cosas.
También lo es si constituye sinónimo de que los habitantes de Aysén, de
tendencia de centroderecha, tendrán la oportunidad -que es un derecho- de
“elegir” como corresponde, esto es, entre alternativas. Si votan por Horvath en
la próxima elección y su pretendida opción de centro, enhorabuena, porque habrá
sido electo con el apoyo de la gente y no por secretaría. También habrá sido un
precedente positivo si igualmente es sinónimo de que la política deje de ser
“de medio lado”, como ha sido en los últimos 15 años en la centroderecha, sin
definiciones y posiciones claras, sino con consignas populares, mimetizándose
con las banderas de la izquierda y mucha sonrisa para la foto. Así, en más de
una ocasión los adherentes del sector han sabido por quién están votando, pero
no por qué. Horvath no ha sido el único a la hora de no contar con el voto.
Que se desgrane el choclo duele y más en los
tiempos que vienen. Pero irse por el camino personal y no pagar costos por
defender los principios del grupo del que se forma parte, con cuyos votos se
salió electo y sin competencia, es un abuso de posición dominante inadmisible.
El Estado contraataca,
por Sergio Urzua.
Michelle Bachelet obtuvo un importante triunfo
en la pasada elección Presidencial. Qué duda cabe. Su campaña, más
caracterizada por los eslóganes que por la discusión de los complicados
detalles de su ambicioso programa, casi no tuvo errores. Pero, terminado el
largo proceso electoral, ha llegado el momento de mirar el futuro con sentido
de realidad. En hora buena, pues el país enfrenta el desafío de alcanzar el
desarrollo y no hay tiempo que perder.
En lo económico, el programa de la futura
Presidente plantea cambios mayúsculos. Mucho se ha escrito respecto de la
reforma tributaria, por lo que no voy a aburrir con las dificultades de su
implementación y el hecho de que de pro inversión tiene poco o nada. Tampoco
vale la pena insistir en la cuestionable conveniencia de una AFP Estatal o en
la regresividad de gratuidad en la educación superior. Son todas medidas
complejas que, de seguro, el equipo económico de la futura Presidente ha
repensado, luego de los múltiples cuestionamientos técnicos que emergieron
durante la campaña.
Pero me quiero referir al tema laboral. Existe
consenso en que modernizar —es políticamente incorrecto hablar de flexibilizar—
el mercado del trabajo es prioritario. Nuestra antigua y parchada Legislación
se ha transformado en una camisa de fuerza, que no se siente cuando la economía
anda bien, pero que molesta mucho cuando la cosa anda mal. Y —para qué nos
vamos a engañar— los excelentes números en materia de empleo y salarios de la
actual administración no han sido producto de profundas reformas
microeconómicas en este mercado.
Por eso sorprende que, más allá del cerrado
apoyo dado por la CUT y el PC, poco se haya hablado de las propuestas en esta
materia de la futura Presidente. ¿Qué se plantea? En lo esencial, tres ejes:
fortalecimiento de la negociación colectiva y actividad sindical, fomento a la
participación laboral y un nuevo sistema de capacitación.
Como se lee en el programa, el primer eje busca
“aumentar los salarios de los trabajadores” a través del “aumento de su poder
de negociación dentro de la empresa”, mientras que los dos últimos son
reconocidos transversalmente como esenciales para consolidar el positivo
dinamismo del mercado laboral.
Si bien falta información para tener una
opinión acabada de las iniciativas en su conjunto —el demonio está en los
detalles—, una cosa es clara: el programa relega a un segundo plano a los
empleadores. El hecho preocupa, porque avanzar en materias laborales requiere
acuerdos entre las distintas partes, los que no florecen automáticamente por
una mayor acción del Estado. Además, en este sector, guste o no, sabemos que
iniciativas conectadas con las necesidades de las empresas tienen mayor
eficacia en el largo plazo. Chile requiere más de este tipo de recetas. Solo
queda apostar a que estas se incorporen al conjunto de propuestas del nuevo Gobierno.
B. Central autónomo: garantía de estabilidad.
La economía chilena parece aproximarse a zona
de turbulencias. El cobre se ha debilitado. EE.UU. comienza a retirar los
estímulos monetarios, y en Chile, como en otras economías emergentes, los
mercados bursátiles y cambiarios se sobresaltan. Hay signos inequívocos de
desaceleración en las inversiones. Los planes Constitucionales y tributarios de
la Presidente electa provocan alguna incertidumbre. Es en tiempos como estos
cuando más se valora un Banco Central plenamente autónomo y competente, como el
que hemos tenido en Chile en los últimos 24 años.
Aunque el Presidente del Banco Central, Rodrigo
Vergara, se ha adelantado a señalar que no ve “en absoluto” una amenaza para la
autonomía de la institución, lo cierto es que el programa de la Nueva Mayoría
ha sembrado dudas. La nueva Constitución que propone quitaría el carácter de
orgánica Constitucional a la Ley del Banco Central, dejando la determinación de
sus objetivos y atribuciones, así como su grado de autonomía, al arbitrio de
mayorías Parlamentarias circunstanciales. Dos de sus asesores Constitucionales
han manifestado que consideran excesiva esa autonomía, y que sus autoridades
deberían ser susceptibles de acusación ante el Senado, con el consiguiente
riesgo de injerencia política en sus determinaciones. La Ley vigente contempla
una fórmula más acotada para hacer efectiva la responsabilidad de los
directivos del Banco Central, que exige también la concurrencia del Presidente
de la República. Habiéndose creado considerable inquietud sobre las intenciones
del nuevo Gobierno, llama la atención que la propia Presidente electa no haya
despejado esta incógnita, confirmando su plena adhesión a la autonomía del
Banco Central, tal como la hemos conocido y apreciado en Chile por más de dos
décadas.
En estos días, uno de los cinco consejeros del
Banco Central, Manuel Marfán, ha concluido su período. De acuerdo con la
convención adoptada, corresponde que el nuevo integrante del Consejo —a ser
designado por el Presidente Piñera, previa aprobación del Senado— provenga de
la corriente política del consejero saliente; en este caso, socialista. La
decisión es especialmente trascendente, porque quien sea designado tendría una
alta probabilidad de resultar elegido Presidente de la institución en tres años
más, cuando venza el período del actual titular. El Gobierno y el Senado deben
ejercer con gran responsabilidad esta designación clave: sin dilaciones que
debilitarían la institución; sin bloqueos Parlamentarios que aparecerían como
un menosprecio de su autonomía; sin rebajar la investidura del cargo,
asimilándolo a los demás puestos de la administración pública a distribuir, han
de acordar un nombre que, por sus calificaciones y su trayectoria previa, dé
plenas garantías de su compromiso con la estabilidad económica y financiera.
Bloqueo opositor a discusión Legislativa.
Las declaraciones formuladas por el Presidente
del Senado esta semana, señalando que la oposición descartaba seguir tratando
en el Congreso los proyectos de Ley sobre las materias que formaban parte de
las prioridades del Gobierno que asumirá en marzo, deberían ser prontamente
rectificadas para no generar un ambiente que afecta negativamente el desempeño
de ese poder del Estado y a la futura administración.
Los Parlamentarios de Gobierno y de oposición
tienen la obligación de analizar y evaluar en su propio mérito las iniciativas
presentadas por el Gobierno para resolver los problemas que presenta el país en
las distintas áreas, y por ello no cabe
formular un bloqueo a priori de su tramitación dado que ello equivale, en la
práctica, a una descalificación íntegra y absoluta de todas las propuestas
presentadas como negativas o perjudiciales para el país. Trasunta además una
cierta intolerancia hacia el actual
oficialismo que se aparta del espíritu y del contenido del mensaje entregado
por la mandatario electa luego de su triunfo electoral el domingo pasado, que
llamó a todos los sectores a un trabajo conjunto en beneficio del país.
Luego de reunirse con el Ministro Secretario de
la Presidencia, con el propósito de “cotejar” la agenda Legislativa del
Ejecutivo con las prioridades Legislativas planteadas en el programa de Gobierno
de la Nueva Mayoría, el Presidente del Senado anunció el rechazo de proyectos
relevantes en tramitación, como los referidos a orden público -la denominada “Ley
Hinzpeter”- y a educación -como el proyecto sobre superintendencia de la
educación-, entre otros. Sobre ésta y otras iniciativas Legislativas planteadas
por el actual Gobierno existen legítimas discrepancias y puntos de vista entre
el oficialismo y la oposición, pero lo que corresponde es que ellas sean
discutidas y se busquen los consensos para avanzar cuanto antes en materias que
son de obvio interés para el país. Por
de pronto, sería una buena señal que la actual administración mostrara
disposición a incorporar ideas y sugerencias para recoger los puntos planteados
por la coalición ganadora de las últimas elecciones, así como que ésta última
reconociera los aspectos positivos que ya han sido acordados en su trámite.
También es deseable que el Ejecutivo reconozca
con pragmatismo el escaso período que resta para el término de su mandato y
reserve el envío de proyectos y la asignación de las urgencias a las
iniciativas que realmente lo justifiquen, sin caer en la tentación de generar
un efecto comunicacional con su sola presentación al Congreso.
Uno de los desafíos que enfrenta la mandatario
electa y su coalición es administrar el control total logrado en ambas cámaras
del Congreso, que le permitirá no sólo aprobar las Leyes comunes, sino también
las de quórum calificado e, incluso, las orgánicas Constitucionales, en la
medida que logre singulares apoyos adicionales en el Senado. Para administrar
ese poder y controlar las altas expectativas requerirá naturalmente de la
colaboración de la oposición. Sería un error administrar esa mayoría
prescindiendo radicalmente de todo aporte u opinión que pueda plantear la
oposición, que es la actitud que se transmite a la opinión pública con estrategias como la del bloqueo
legislativo planteada esta semana.
Salud: dudas sobre el programa.
La elección de Michelle Bachelet como próxima
Presidente hace imperativo el análisis de su programa de Gobierno y de sus
pronunciamientos durante la campaña. Como es natural en una candidata que
representaba a un espectro político tan amplio como el de la Nueva Mayoría, sus
ideas respecto de los distintos campos de la actividad nacional fueron
genéricas y admiten diversas interpretaciones. En salud, sus propuestas
plantean algunas inquietudes que deberían despejarse dentro de un plazo breve.
Entre los asuntos pendientes, la candidatura
identificó el déficit de especialidades médicas, la falta de infraestructura en
los hospitales y la necesidad de mejorar la calidad de la gestión en la
atención primaria. Pero la principal solución a cada uno de estos problemas
consistiría solo en aumentar el gasto en salud, lo que técnicamente no parece
el mejor camino. La falta de especialistas, así como la de médicos de atención
primaria, podría resolverse mediante mayores recursos, pero el sistema
propuesto, de destinar 3 a 6 años en la atención primaria, para luego optar a
una especialización, es precisamente el que se ha usado en Chile y ha conducido
a las carencias actuales. No queda en claro cómo la aplicación del mismo
sistema permitirá superar los problemas, más aún si la posibilidad de formar
médicos especialistas está limitada por la capacidad actual de los hospitales
y, quizá, influida por las sociedades de especialistas.
En cuanto a las carencias en infraestructura,
sobre todo en los hospitales, la idea predominante en la Concertación durante
los últimos años era la de recurrir al sistema de concesiones. La discusión con
el Colegio Médico y con otras agrupaciones era respecto de cuáles servicios se
concesionarían, pero el ingreso del Partido Comunista al conglomerado político
ha introducido dudas en cuanto a lo que ahora se considera valioso, y cabe
esperar cierto grado de discusión y definiciones.
Algo similar podría anticiparse en el tema de
la mejor gestión en la administración de la salud primaria, donde el mayor
gasto no asegura necesariamente progresos. Lo avanzado hasta ahora por los Gobiernos
concertacionistas también ha sido cuestionado por los gremios que obedecen al
PC, y no está clara la forma en que se dilucidará este asunto.
En relación con las isapres, la Concertación ha
sido muy crítica del sistema de seguros de salud, aunque en el programa se
hable de la demanda ciudadana por sentirse asegurados en cuanto al acceso a
medicamentos. Igualmente se expresa la oposición a que las personas paguen
según su riesgo, pese a lo cual sus Parlamentarios se opusieron al plan básico
que presentó el Gobierno, que planteaba que todos pagaran igual. El único
compromiso cierto es el de llamar a un equipo de expertos a que redacte una
nueva Ley de isapres, cuya discusión posiblemente tomará años.
Señales en la primera semana.
En su primera semana como Presidente electa,
Michelle Bachelet ha percibido la buena voluntad con que, como es tradicional,
el país acoge su, en este caso, segundo mandato. Personeros de todos los
sectores han manifestado deseos de contribuir a que sea exitoso y redunde en
progreso nacional, expresiones que ella ha recibido con su habitual afabilidad.
Pero, más allá de las encomiables cortesías cívicas, hubo en estos días tres
señales políticas importantes.
Una fue el nombramiento de Rodrigo Peñailillo
como su representante ante los partidos de su coalición, lo cual confirma y
resalta el papel central que él tuvo en la preparación y realización de su
campaña Presidencial. No se desprende de allí que él vaya a ser el organizador
político del nuevo Gobierno como Ministro del Interior, pero ciertamente es
indiciario.
Una segunda señal significativa fue que, ante
la inminencia del fallo de La Haya, el 27 de enero próximo, ella formuló una
declaración impecable, afirmando que “todos tenemos que ponernos detrás del
Presidente de la República, en el sentido de apoyar” su defensa de la posición
chilena en la Corte Internacional, anticipando que su Gobierno mantendrá una
política de Estado en materia internacional.
La tercera pareció una respuesta al connotado
dirigente DC Gutenberg Martínez, quien planteó que para integrar el Gabinete
del próximo Gobierno, el P. Comunista debe definir antes su postura sobre temas
como “la democracia y la política internacional” y su posición sobre los
derechos humanos en Cuba. “Si no hubiera precisiones necesarias por parte del
PC, si las cosas simplemente fueran tal cual son hasta el momento, creo que una
incorporación (al Gabinete) sería un error”, sostuvo. A esto, Bachelet replicó
que “es atribución exclusiva de la Presidenta electa” el decidir quiénes serán
sus próximos Ministros. “Seré yo quien defina quiénes serán los o las que
conformen un futuro gabinete de mi gobierno”.
Las palabras de Martínez no denotan una mera
posición personal. Quien ha sido Presidente del PDC, Parlamentario, actual consejero
nacional y un líder histórico de la DC, con alto ascendiente sobre una gran
cuota de la misma, cónyuge además de Soledad Alvear, ex Ministro, Senador y ex
precandidata Presidencial de su partido, difícilmente habría pronunciado un
juicio semejante si no interpretara el sentir de amplios sectores de su
colectividad. No cabe, pues, entenderlo sino como un juicio madurado por muchos
de sus correligionarios, que no pueden expresar hoy otro tanto, aunque lo
piensen, porque están comprometidos, tal como él, a apoyar la gestión de
Bachelet, pero con mayor disponibilidad todavía.
Esta interpretación es, por lo demás,
consonante con la del Senador Ignacio Walker, Presidente de la DC, quien el
sábado, en una columna en este mismo diario, a propósito de una eventual nueva
Constitución, la restringió a tres temas: fin del sistema binominal, fin de las
Leyes Orgánicas Constitucionales y de sus quórums de aprobación, y fin del
control preventivo de dichas leyes por el T. Constitucional.
Y es coherente, igualmente, con lo sostenido
por el Constitucionalista DC Patricio Zapata —que durante la campaña integró el
equipo especializado de la Presidente electa— en cuanto a que “la única forma
de cambiar la Constitución es pasando por el Congreso”; ha defendido la vía
institucional, cuestionando a quienes postulan una asamblea constituyente como
camino para ese cambio, y ha planteado matices discrepantes con la propuesta de
Bachelet en cuanto a suprimir el control preventivo por el TC.
De lo anterior se desprende que, cuando en la
Nueva Mayoría se postulan posiciones refundacionales, importantes sectores de
ella llaman a ponderar con prudencia y realismo político los pasos que otros
quieren dar en tal dirección.
La advertencia póstuma de Boeninger.
Esa sensata mesura evoca las aprensiones de
Edgardo Boeninger —ingeniero, economista, académico, ex rector de la U. de
Chile, Ministro clave del Presidente Aylwin y Senador, arquitecto operativo de
la transición— respecto de una nueva Constitución y una asamblea constituyente.
En su libro póstumo (falleció en 2009) “Chile rumbo al futuro. Propuestas para
reflexionar” se refiere precisamente a las reformas políticas, área en que tuvo
amplia experiencia teórica y práctica, manifestándose “¡totalmente contrario a
sustituir la actual Constitución por una nueva! No creo que la actual tenga una
ilegitimidad de origen. Las reformas de 1989 y 2005 corrigieron ese defecto.
(…) Tampoco creo que debamos introducir normas que orienten al país hacia un
Estado Social de Derechos. Pienso que el umbral de las políticas sociales no
pueden ser los derechos. Eso haría muy rígidas las políticas públicas. En
tercer lugar, se dice que hay que corregir el sesgo económico liberal de la
Constitución. A mí, en cambio, me parece que es correcto que en el campo
productivo el Estado desempeñe un rol subsidiario. (…) No veo motivos para ese
cambio radical. Y en cualquier caso, el peso de la prueba a favor del cambio
recae sobre quienes abogan por él. Y esa prueba —salvo el entusiasmo por las
reformas— no se ha dado”.
Y respecto del argumento de que una asamblea
constituyente fortalecería la democracia, Boeninger afirmó: “No lo creo. Haría
del próximo Gobierno una arena de disputas Constitucionales y Jurídicas que
distraería tiempo y talento de la agenda económico-social de la que depende el
bienestar de las mayorías. Una asamblea constituyente o una democracia
plebiscitaria (donde decisiones de política pública se voten cada cierto
tiempo) son entretenidas para las élites, pero conducen a una relación
manipulada de los mandatarios con el pueblo. Así lo muestran ejemplos cercanos
que poseen precarias credenciales democráticas. En suma, ese tipo de propuestas
suena bien, pero suelen realizarse mal”.
El talón de Aquiles de la derecha no es Pinochet,
es haber abdicado de los principios que la
sustentan.