Temas para reflexionar a pocos días del balotaje…

Firmas para independientes,

por Cristina Bitar.

Se ha abierto, con fundamento, una investigación acerca de la veracidad de las firmas que patrocinaron dos candidaturas Presidenciales independientes. Hasta el momento, la asociación gremial que reúne a notarios y conservadores acaba de suspender a los dos miembros de su orden que dieron fe de la validez de las firmas cuestionadas y el Ministerio Público lleva adelante una investigación que augura más de alguna sanción que puede ser penalmente menor, pero política y socialmente muy grave.

Si se comprueba que alguna o ambas candidaturas que hoy son objeto de investigación fueron inscritas mediante un procedimiento fraudulento, ello abre el espacio para poner también bajo cuestionamiento la elección Presidencial en su conjunto por un problema formal. Afortunadamente, hasta ahora el sistema político se ha comportado con gran responsabilidad y nadie ha abierto esa puerta por la obvia razón de que ambas candidaturas que pasaron a segunda vuelta están libres de un reproche de esta naturaleza y porque la votación de los impugnados, aunque en un caso es relativamente considerable, no alcanza a modificar el resultado de la elección, aunque imaginariamente se imputara por completo a alguna de las dos ganadoras. No ocurre lo mismo, sin embargo, con la necesidad de una segunda vuelta.

Es evidente que el sistema de firmas actualmente imperante para patrocinar candidaturas independientes, así como para constituir partidos políticos no ofrece garantías de seriedad y está bajo un nivel de sospecha social que hace necesario cambiarlo. El sistema que adoptemos debe dar la posibilidad a los independientes de competir en igualdad de condiciones, pero ello no puede garantizarse mediante mecanismos que se presten con relativa facilidad al fraude, pues ello daña nuestra democracia. De paso, de comprobarse el fraude, la institución de nuestros notarios sufrirá un duro golpe, lo que es también muy grave, pues estos ministros de fe cumplen un rol esencial para dar certeza Jurídica a las personas y mitigar el crecimiento de la litigiosidad.

La investigación Judicial debe ser minuciosa y las sanciones, si corresponden, deben ser ejemplarizadoras, pues uno de los grandes activos de Chile y su democracia es tener un sistema electoral carente de toda sospecha de corrupción, fraude o cohecho. Este año, sin embargo, dos hechos de distinta gravedad amenazan ese prestigio: primero, el eventual fraude con las firmas que comentamos, y el segundo, que ha pasado inadvertido en esta dimensión, es la campaña para marcar los votos en apoyo de la asamblea constituyente. En este segundo caso no tengo ninguna duda de que sus promotores no han tenido la menor intención de introducir un elemento de fraude, pero sí se ha validado la posibilidad de que las personas marquen de cualquier manera los votos emitidos, y eso está socavando gravemente la garantía del secreto del voto. Hoy se ha hecho con una finalidad política discutible en su mérito pero exenta de mala intención, pero abierta esta puerta mañana podría ser utilizada para hacer marcaciones que permitieran conocer la forma en que votan ciertos electores. Eso, creo yo, no se puede permitir.

Nuestra democracia ha madurado en casi dos décadas y media, pero esta elección nos ha dejado la clara lección de que es imprescindible dar un salto tecnológico y pasar al voto electrónico, con mecanismos de esta naturaleza para la inscripción de candidaturas y las elecciones mismas.

El ocaso de la influencia chavista

por Andrés Oppenheimer.

Es difícil saber si el Presidente venezolano Nicolás Maduro logrará superar el caos económico que está causando y mantenerse en el poder, pero es cada vez más evidente que —en el plano externo— la influencia de Venezuela en el resto de Latinoamérica está cayendo tan rápidamente como las reservas internacionales del país bolivariano.

La semana pasada, Venezuela perdió un nuevo aliado potencial en la región cuando la candidata de izquierda Xiomara Castro —la esposa del Presidente depuesto Manuel Zelaya, que había sido un seguidor del hombre fuerte venezolano Hugo Chávez— terminó en un lejano segundo lugar en las elecciones Presidenciales de Honduras.

Según los resultados oficiales, el candidato de derecha Juan Orlando Hernández ganó las elecciones por más de cinco puntos. Castro disputó el resultado, pero la mayoría de los observadores internacionales avalaron los resultados oficiales, y hasta el Presidente “revolucionario” de Nicaragua, Daniel Ortega, felicitó a Hernández por su victoria.

Pocas semanas antes, la Presidenta populista argentina Cristina Fernández de Kirchner sufrió una dura derrota en las elecciones Legislativas del 27 de octubre al no lograr una supermayoría en el Congreso que le hubiera permitido cambiar la Constitución y postularse para un tercer mandato en el 2015.

Fernández regresó al palacio Presidencial a fines de noviembre luego de un mes de ausencia por motivos médicos. Su primera aparición pública fue con un perrito llamado “Simón”, en homenaje al héroe venezolano Simón Bolívar, que según dijo había recibido como regalo de Adán Chávez, el hermano del difunto Presidente.

Sin embargo, al margen de ese gesto simbólico, el Gobierno argentino ya no puede esperar ayuda de Venezuela, como la que recibió entre los años 2005 y 2008. Por el contrario, tras su derrota electoral y ante una economía debilitada tras varios años en que Fernández despilfarró la mayor bonanza de la historia reciente de su país, la Presidenta argentina está haciendo un giro hacia la derecha.

La semana pasada, el     Gobierno argentino anunció un acuerdo por el que indemnizará a la petrolera española Repsol, la empresa que había expropiado en el 2012 para supuestamente “recuperar la soberanía” del país. El Gobierno había festejado la expropiación como un triunfo nacional, amenazando con no pagar un céntimo a la empresa española.

Ahora, el Gobierno de Fernández anunció que le pagará más de US$ 5.000 millones a Repsol. La empresa española había llevado el caso a Tribunales internacionales, bloqueando otras inversiones petroleras en el país.

En otro ejemplo del giro político de Fernández, Argentina está negociando con el Fondo Monetario Internacional, el organismo contra el cual —al igual que Chávez— solía despotricar en sus ardorosos discursos.

El fin de la bonanza de las materias primas, y la ausencia de una Venezuela con chequera para ayudar a los amigos ha hecho que Argentina se haya quedado con escasez de dólares y necesite inversiones.

En Centroamérica y el Caribe, Petrocaribe —la institución Gubernamental venezolana que ofrece petróleo subsidiado a países de la región— ha aumentado al 60% los pagos en efectivo que exige a sus países miembro, que hasta ahora pagaban un 50% en efectivo. A principios de noviembre, Guatemala anunció que se salía de Petrocaribe porque las nuevas condiciones ya no le convenían.

“En los últimos seis meses, EE.UU. ha superado a Petrocaribe como el principal suplidor de combustibles a los países de Centroamérica y el Caribe”, me dijo Jorge Piñón, un experto en petróleo de la Universidad de Texas, en Austin. “Las cosas han cambiado mucho”.

Y, meses antes, Venezuela había perdido otro potencial aliado en la región cuando Paraguay eligió al empresario de centroderecha Horacio Cartes en las Presidenciales de ese país.

Venezuela también sufrió un duro revés entre sus aliados ideológicos cuando pocas semanas atrás el ideólogo del chavismo, Heinz Dieterich, el profesor alemán residente en México a quien se le atribuye haber inventado la frase del “socialismo del siglo XXI”, afirmó que Maduro es un “farsante”.

Mi opinión: La influencia política y económica de Venezuela ha sido proporcional a sus reservas de divisas, y está cayendo rápidamente. Las reservas internacionales de Venezuela han caído desde una cifra récord de US $42.000 millones en el 2008, a US $20.000 millones actualmente. Ya no hay para repartir.

La economía venezolana se ha desmoronado, la inflación ya supera el 50% anual —una de las más altas del planeta—, hay escasez de alimentos, y Maduro agudiza la crisis todos los días con medidas económicas cada vez más contraproducentes.

No sé qué pasará en Venezuela, pero en el resto de Latinoamérica hay síntomas cada vez más visibles de que la influencia chavista es cada vez menos importante y más anecdótica, como el nuevo perrito de la Presidenta argentina.

La gratuidad de la educación es una falacia.

En el debate público, y particularmente en la campaña electoral, se ha extendido el planteamiento en todos los sectores de que la “gratuidad” de bienes públicos, como la salud y la educación, es una meta a la que Chile debería aspirar. Las diferencias parecen radicar sólo en lo que se refiere hasta qué porcentaje de la población se garantizaría dicho beneficio. Sin embargo, el concepto es engañoso, tanto porque conlleva la falsa idea de que para los ciudadanos no tendría costo acceder a esos servicios, como por el hecho de que presenta al Estado como otorgador de dádivas que son supuestas y no reales.

La realidad es muy diferente, porque bienes como la educación o la salud tienen un alto costo que siempre será financiado por los ciudadanos, ya sea que ello se realice mediante un pago directo de sus bolsillos o por una vía indirecta, mediante aportes o subvenciones Estatales financiadas con los impuestos que también son extraídos de sus ingresos. Y estos impuestos los pagan casi todos los chilenos, ya sea a través del impuesto a la renta, los menos, o a través del IVA -cerca del 40% de los ingresos del Estado- y otros gravámenes especiales.

En el caso de la educación, por ejemplo, un sistema más justo es el que reconoce que hay personas que pueden financiar por sus propios medios la educación de sus hijos, pero que también abre posibilidades de ayuda a quienes no pueden hacerlo, con una contribución parcial o total que garantice la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Ese es el rol que cumplen, por ejemplo, la subvención educacional preferente, la subvención educacional normal y el financiamiento compartido. Quienes reciben esos aportes totales o parciales no gozan de una supuesta “gratuidad” otorgada por el Estado, sino que participan de un sistema que les brinda la oportunidad de enfrentarse en la misma posición a quienes les entrega ese bien.

En apariencia podría parecer más eficiente que el Estado evitara toda la burocracia de las subvenciones y simplemente financiara la operación de los colegios, por ejemplo, pero existen diferencias cualitativas sustanciales entre uno y otro sistema. Por de pronto, cuando se entrega una subvención a los padres o se permite un cofinanciamiento, se respeta su derecho a elegir el establecimiento educacional que ellos estiman más apropiado y que mejor responda a sus preferencias. Así habrá quienes escojan entidades con o sin fines de lucro, con formación religiosa o laica, con acento en lo científico, artístico o deportivo; todo lo que permite que se reconozca y exprese mejor la diversidad que existe en la sociedad.

Por el contrario, bajo la noción de “gratuidad” se tiende a pensar que el Estado es el dispensador de la educación y quien tiene por lo tanto el derecho a definir su inspiración y contenido, dejando así la libertad de elección sólo a quienes la pueden financiar directamente, pero privando de ese derecho a quienes no tienen suficientes recursos. Eso termina por generar ciudadanos de primera y de segunda clase, estos últimos sin derecho a elegir y sólo destinatarios pasivos de lo que el Estado les entregue. En el fondo, lo que está de por medio en este debate no es si los bienes públicos son gratuitos o no, pues nunca lo son, sino el grado de control que el Estado debe tener sobre ellos y hasta qué punto los ciudadanos tienen derecho a decidir qué hacen con sus impuestos.

Reavalúo y nuevos contribuyentes.

Debido al reavalúo de bienes raíces no agrícolas, entre 100 mil y 200 mil propiedades hasta ahora exentas deberán comenzar a pagar contribuciones, pues su valor se ha elevado más allá del umbral de exención. Esto ha causado preocupación en el Gobierno, ya que pocas medidas son más impopulares que el pago de impuestos, especialmente en aquellos que nunca antes los habían pagado. Por eso, el Ministerio de Hacienda está analizando medidas para mitigar su impacto.

El temor a la reacción ciudadana se observa en el retraso de al menos un año de la entrada en vigencia del nuevo avalúo de viviendas, así como en el proyecto de Ley que congelaría las contribuciones de los adultos mayores. El escaso apoyo a este impuesto (a diferencia de otros) obedece en parte a que algunos piensan que constituye una doble tributación —sobre los ingresos y sobre la casa financiada con el ahorro de ellos—. Esta combinación de problema político e insuficiente convicción de la legitimidad de las contribuciones debilita su aplicación.

Por otra parte, las contribuciones, que generan ingresos a los Municipios, tienen como contraprestación servicios proveídos por estos y que, en teoría, son a la vez deseados por el público y difíciles de proveer en forma privada: aseo y ornato en la Comuna, parques y otras amenidades Comunales. Esto se manifiesta en que los Municipios con más ingresos por contribuciones son los que proveen mejores servicios a sus habitantes.

Existen muchos argumentos a favor de aplicar el reavalúo. Una de las causas del alza de precios de los inmuebles son las restricciones que imponen los vecinos a la construcción, y sería injusto que quienes se benefician de restricciones que perjudican a quienes desean vivir en el barrio se vean favorecidos con el mayor valor y no paguen nada a cambio. Luego, cuando los propietarios exentos se transforman en contribuyentes, se sienten más empoderados —porque son sus recursos— para exigir eficiencia a la burocracia Comunal y que el Alcalde responda a sus intereses. Esto no ocurre cuando los fondos Municipales provienen del Estado central o del Fondo Común Municipal.

Un tercer aspecto es que el alza de contribuciones le da movilidad a la ciudad. Cuando suben las contribuciones de quienes viven en una vivienda demasiado grande y cara para sus ingresos y necesidades, estos se inclinan más a mudarse y vender a quienes tienen una necesidad efectiva de una vivienda con esas características.

Por estos factores, parece razonable una aplicación gradual de las contribuciones, para suavizar su efecto sobre los nuevos contribuyentes, pero sin olvidar, de un modo realista, que un mayor número de ciudadanos tiene viviendas cuyo valor ha aumentado.

Encuesta de consumo cultural.

Los resultados de la encuesta nacional de participación y consumo cultural arrojan luces sobre las maneras en que los chilenos se acercan a la cultura y constituyen una valiosa herramienta para el análisis y la planificación en un ámbito donde escasean los datos fidedignos y abundan las apreciaciones generales.

Esta es la tercera versión del sondeo, realizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La existencia de los estudios previos (2005 y 2009) permite establecer comparaciones y extraer tendencias tanto a nivel Regional como Nacional.

El gran incremento experimentado por la proporción de personas que señala concurrir al cine (45,2% de los encuestados señaló haber asistido en 2012, contra 34,9% en 2009) contrasta con la caída que muestran otros espectáculos, como el teatro, los conciertos en vivo y la danza. La innovación en formatos y en los servicios ofrecidos en sala puede explicar el auge del cine y constituir una muestra de la receptividad del público a cambios de esta naturaleza, ausentes en otras disciplinas que aún mantienen los mismos estándares de antaño.

La encuesta evidencia una caída en la asistencia de chilenos a bibliotecas, pese a que al mismo tiempo reveló que más personas están leyendo libros. Esta aparente incongruencia ha provocado que surjan voces críticas contra el sondeo. Sin embargo, es importante reconocer que la encuesta se limita a preguntar al público sobre sus hábitos de consumo y participación cultural. Una manera de contar con datos más fidedignos sería que las bibliotecas públicas y otras entidades culturales lleven un detallado conteo del uso que la ciudadanía hace de ellas. Eso daría luces concretas acerca del consumo en este ámbito y minimizaría las ambigüedades que hoy existen en esta materia.

Apertura de hospitales concesionados.

El Presidente de la República inauguró en La Florida el hospital “Dra. Eloísa Díaz”, el primero en el país construido mediante el sistema de concesiones. Antes de dos semanas se abrirá el de Maipú, desarrollado de la misma manera. Ambos tienen un tamaño considerable, y en conjunto cubrirán las necesidades de una población cercana al millón de personas.

La construcción bajo el sistema de concesiones fue adoptada durante los Gobiernos de la Concertación, tomando pie en el éxito experimentado en el país por otras inversiones de envergadura que solo pudieron hacerse mediante esta modalidad. En el sector salud hubo prolongados debates sobre qué se concesionaría y, finalmente, ante la presión de los gremios, se optó por entregar al concesionario la responsabilidad de construir el hospital, a cambio de lo cual se dejaría en sus manos la operación no sanitaria del establecimiento —esto es, aquellas materias que no tienen relación con la atención de salud, como los estacionamientos, la seguridad y la alimentación—. Si bien no era el ideal de los expertos, constituía una forma de avanzar con la construcción de grandes hospitales. El de La Florida es el primero que se levanta en la Región Metropolitana desde 2002, y se está terminando en un plazo récord y dentro de los presupuestos programados, lo que es muy excepcional.

Esta experiencia debe continuarse, pero ya se asoman manifestaciones de protesta en el nuevo clima político que se ha venido imponiendo en el país. Si bien el Colegio Médico respaldó un modelo de concesiones que incluye infraestructura y servicios logísticos, ahora han surgido protestas por los avances en los planes de concesionar nuevos hospitales. El de Antofagasta ya está a punto de iniciarse y se preparan las bases para otros establecimientos en Santiago. Estos últimos han motivado recolección de firmas, protestas y hasta huelgas de hambre para impedirlo.

No obstante, los técnicos recomiendan la concesión de los hospitales, incluyendo los servicios clínicos, y cada vez son más los que prefieren la concesión de toda la atención sanitaria —incorporando la atención primaria— de algún servicio de salud. Si el objetivo es ofrecer atención de calidad a un costo lo más bajo posible, este camino, que se está experimentando en diversas partes del mundo, resulta atractivo, siempre que se proceda con cautela. Así lo había dispuesto la Concertación, pero está por verse cómo habrá de continuar esta línea ante la incorporación del Partido Comunista a la Nueva Mayoría, pues ellos se han opuesto aun al tímido modelo seguido hasta ahora. Decidor de los debates que podrían suscitarse es que, mientras el Presidente inauguraba el recinto de La Florida, afuera la Diputado electa Camila Vallejo participaba en una protesta por lo que consideraba la “privatización de la salud pública”.

Menores en conflicto con la Justicia.

Hace algunos días, en el Centro Metropolitano Norte del Sename, en Tiltil –que atiende a 97 jóvenes recluidos permanentemente por delitos de mayor connotación– ocurrió el asesinato de uno de ellos, presumiblemente cometido por un grupo de otros internos.

El Centro aplicaba un inédito modelo público-privado de gestión, que implicó, por un lado, hacer un contrato de concesión con la entidad privada Cercap, que se adjudicó la licitación pública de los programas de tratamiento para la reinserción de los menores en conflicto con la Justicia, así como proporcionarles alimentación, vestuario, y mantener la relación directa con los adolescentes . A su vez, Sename debía monitorear el desempeño de Cercap en esas áreas.

Adicionalmente, se ha conocido que en junio de este año –a seis meses de la puesta en marcha del convenio– la Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros, integrada por profesionales de distintas instituciones, entre ellas Unicef, el Ministerio Público, la Defensoría, ONGs y la Seremi de Justicia Metropolitana, evacuó un informe que puso en evidencia varios fallas que ocurrían en dicho Centro, a saber: falta de segregación entre los jóvenes agrupados en cuatro casas, mezclando edades y perfiles conductuales, lo que incide en una dinámica de amenazas, y agresiones verbales y físicas”. También se detectó presencia de tráfico de medicamentos entre los jóvenes y consumo de drogas al interior del Centro. Respecto de los programas de tratamiento y reinserción se detectó una baja o nula adherencia de algunos jóvenes a la oferta de actividades y un escaso interés por asistir a los programas educacionales. Y lo que era más grave: que los funcionarios de Cercap carecen de la práctica necesaria con adolescentes.

A raíz de la negativa evaluación que hizo Sename del desempeño de Cercap se puso término al contrato con la concesionaria cuatro años antes de lo estipulado. La Ministro de Justicia, Patricia Pérez, en entrevista a este diario, admitió que los privados aún no están en condiciones técnicas de hacerse cargo de la tarea de rehabilitación de menores, como se diseñó. Este reconocimiento es un paso positivo para transparentar el grave problema que tienen el Estado y la comunidad en el trabajo con los menores en conflicto con la Justicia. Todo ello podría haberse evitado, considerando que Cerpac se adjudicó la licitación con apenas 80,5 puntos, siendo el puntaje mínimo 80, lo que ilustra sobre lo precario de su oferta que ganó a dos competidores.

Pero lo ocurrido nos habla no sólo de las limitaciones de las capacidades técnicas de los privados. El Sename, en sus administración directa de centros para este tipo de menores, también es objeto de una mirada crítica a sus estrategias. Es compartido por expertos que el modelo de intervención que ha demostrado mayor eficacia en la rehabilitación es el denominado cognitivo-conductual, que plantea que las personas en el curso de la vida han podido adquirir ideas erróneas, llegar a tener emociones distorsionadas y comportamientos destructivos, y que para hacer cambios se requiere apuntar al manejo de la agresividad, potenciar habilidades sociales, desarrollar un razonamiento moral en los individuos y prevenir la reincidencia, entre otros programas.

A la luz de los luctuosos hechos ocurridos en el Centro Metropolitano Norte, sería deseable revisar con premura las estrategias en uso por parte del Sename y avanzar en el proyecto de Ley que crea un servicio para los menores en conflicto penal y otro para los que requieren protección por abandono. Mientras ello no ocurra, Sename no podrá enfocar debidamente sus esfuerzos.

Enfoques Internacionales:

Esperanzas por acuerdo con Irán

Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China consiguieron que los iraníes pusieran su firma a un compromiso que los obliga a limitar considerablemente el desarrollo de sus centrales nucleares y de la producción de uranio enriquecido. Eso es positivo, pues nadie imaginó que lo hicieran. El discurso de Irán ha sido que tiene el derecho inalienable a desarrollar tecnología nuclear. Y así es, para cualquier país, bajo la condición de que cumpla con las disposiciones de los tratados nucleares que ha ratificado. El acuerdo actual reconoce entre líneas ese derecho, pero limita la capacidad del programa nuclear iraní para dar un salto cualitativo.

Con uranio enriquecido al 5%, que solo sirve para usos civiles, ya no sería una amenaza. Es la garantía de que Teherán no podría hacer una bomba. Además, debe degradar el uranio que ya tiene más de ese porcentaje de enriquecimiento. ¿Lo hará? Cabe una duda razonable. Por eso, el proceso de verificación que se acordó es muy estricto, con cámaras de vigilancia e inspecciones diarias en las instalaciones nucleares por parte de expertos de la AIEA, la agencia atómica de la ONU.

Los iraníes parecen proclives a cumplir, pues tienen demasiada necesidad de abrirse al mundo para salir de la grave crisis económica en que los han sumido las sanciones impuestas por la ONU, Unión Europea y Estados Unidos. Al menos durante estos seis meses, es probable que veamos una voluntad real de cumplir lo pactado, para que se levanten las primeras sanciones lo más pronto posible y así fluyan las divisas, puedan vender algunos productos y recuperar depósitos congelados.

Hacia adelante no hay certezas, salvo que el nuevo Presidente Rohani parece más confiable que su antecesor, Ahmadinejad. A Rohani se le reconoce como un reformador, que ha venido luchando por una apertura en Irán desde el Gobierno de Mohamed Jatami. Como negociador nuclear, estuvo a punto de llegar a acuerdo para frenar el programa, antes de que cambiaran los vientos en su país y volviera al poder el ala fundamentalista. Ahora debe demostrar que tiene la voluntad real de cumplir los acuerdos, para tranquilidad de Estados Unidos y del mundo.

Las dudas que subsisten

Con este acuerdo con Irán, Barack Obama logró finalmente anotarse un éxito, después de tantos malos ratos en política exterior durante el año que termina. Sin embargo, puede ser un arma de doble filo: es un triunfo de su Diplomacia y una promesa de campaña cumplida, pero puede volverse en su contra si los ayatolás violan las disposiciones, dejándolo expuesto a las críticas de los duros.

En casa, Congresistas preparan nuevas sanciones en caso de que Irán incumpla. En el exterior, importantes aliados, como Israel o Arabia Saudita, se sienten defraudados. Mientras el primero desconfía de los iraníes, cuyos líderes —mas no el actual Presidente— han declarado que Israel no debe existir, y hace lobby para echar por tierra este proceso en el que no cree, los sauditas consideran que elevar el estatus de Irán en la región es muy peligroso y provocaría un desequilibrio entre sunitas y chiitas, que los inquieta. Obama tendrá que actuar con cautela para impedir que estos países boicoteen el proceso, y deberá convencerlos de que un Irán reincorporado a la comunidad internacional, bajo un mando moderado, es beneficioso para todos.

Siendo Irán uno de los pilares del régimen de Damasco, el acuerdo también tendrá un efecto en la búsqueda de paz para los sirios: Irán querrá participar en la conferencia internacional para terminar con la guerra civil. Rusia apoya su presencia, pero es muy difícil que lo acepten, al menos en la primera ronda, por la actual oposición de Washington y de los rebeldes.

Por 10 años el mundo vivió con el temor ante el avance del programa nuclear iraní. Con todas sus limitaciones, cabe reconocer que hay menos riesgo con este acuerdo que sin él.

Tensión China-Japón: no solo por unos islotes.

A pesar de que para Japón “es totalmente inaceptable” que China haya establecido una “zona de defensa aérea” sobre las islas que ambos países declaran como suyas, no parece tener interés en escalar el conflicto hasta el límite militar. Aun así, Tokio, apoyado por EE.UU., ha enviado aviones a sobrevolar dicha zona, como señal de que no acepta su imposición. Japón hace décadas estableció una zona similar, que se superpone con la china; sin embargo, ha habido un régimen laxo para su control. La tensión se siente en el ambiente político-estratégico. Japón no reconoce una “disputa” con China por las islas, sino solo un “problema” sobre el que puede dialogar, pero no bajo las condiciones de China.

Este impasse entre Beijing y Tokio no se condice con sus buenas relaciones económicas, pero sí indica la voluntad de China de recuperar su estatus de potencia regional, perdido por años frente a Japón. Otras disputas en el mar de China del Sur dan cuenta de ello, así como el aumento del presupuesto de defensa y la modernización de las FF.AA. chinas.

Para Chile, siempre es inquietante que dos socios clave puedan entrar en un conflicto mayor.

Correspondencia para la meditación.

Señor Director:

Estado Subsidiario o Benefactor.

Imagino que muchas personas se estarán preguntando la causa de la insistencia de algunos conglomerados políticos en la necesidad de cambiar la Constitución, considerando que reformas tan importantes como la del binominal, tributaria, educacional y otras son perfectamente factibles de realizar con la actual Constitución.

A mi juicio, lo que se pretende realizar es un cambio profundo en el actual marco económico que proporciona la Constitución que nos rige. La actual Carta Fundamental establece un Estado Subsidiario, el que se pretendería reemplazar, en la nueva Constitución, por un Estado Benefactor.

Este último ha sido implantado en varios países de Europa y sería una de las causas de la actual crisis que los aqueja. Tanto así, que España desde hace un tiempo y, recientemente, Holanda están empeñados en abandonar dicho modelo.

Gastón Josephson Reizin.

Señor Director:

Crisis en Haití.

Resulta evidente que bajamos la fiebre, pero no solucionamos la enfermedad. Después de diez años, pareciera conveniente evaluar si la medicina que estamos aplicando es la adecuada y, por cierto, si el paciente ha cooperado. Mi diagnóstico: huele a peligro.

Eduardo Aldunate Hermann.

Señor Director:

El socialismo de hoy.

En el bestiario nacional el ser de derecha significa practicar el egoísmo y el abuso, ser aprovechador, beato y fascista. Por lo mismo, y más allá de lo peyorativo y poco serio del planteamiento, alguna gente que se define de derecha se “avergüenza” de ello, es renuente a reconocerlo y se lo calla. Lo curioso es que hoy esta renuencia se ha trasladado al socialismo. Quienes se definen socialistas estallan en furia y llaman campaña del terror cuando alguien señala que lo que buscan es instalar un gobierno socialista. ¡¿Cómo puede ser eso?!

Uno pensaría que el socialismo plantea una forma de sociedad —la socialista— bajo el convencimiento que es lo mejor para las personas, por lo cual uno se pregunta el porqué del desagrado. ¿Se avergüenzan hoy de lo que piensan? ¿No busca la lucha política la instauración del modelo de sociedad que uno piensa es el mejor para todos? Ahora que Andrade ha dicho que sería importante que una hija de Allende sea Presidenta del Senado, reivindicando nuevamente el Gobierno de la UP, sería importante que especificaran si vienen a administrar el actual modelo neoliberal renunciando a sus viejos credos, o a cambiarlo por uno socialista como sería lo lógico. Excepto, obviamente, que hoy sean lo mismo.

Cristián Gabler, Abogado.

Señor Director:

Abstención.

La inmensa mayoría de este país, la mitad que no votó, es la gran mayoría. Los que pueden cambiar el destino. Las transformaciones se hacen desde dentro, no desde el balcón de la crítica. No da lo mismo quién gobierne, ni con cuántos votos lo haga. La participación hará la diferencia y puede haber sorpresas. Los derechos implican deberes. La libertad es, también, responsabilidad.

Josefina Sutil Servoin.

Ayuda memoria:

PASCUA LAMA, TRANSANTIAGO, CENTRALES A CARBÓN, MONSANTO,  CORRUPCIÓN, INEPTITUD, ABUSOS DE LA POLAR, FRAUDE DE LOS EXONERADOS, SON ALGUNAS DE LAS DAÑINAS “HERENCIAS” DE MICHELLE BACHELET…AUN ESTAMOS A TIEMPO PARA EVITAR QUE ESTA INCAPAZ VUELVA A LA MONEDA, PONTE A TRABAJAR POR EVITARLO.