Con menos poder del esperado,
por Axel
Buchheister.
Ya sea en el norte
del país, en el mundo evangélico o simplemente llamando a concurrir a sufragar,
Michelle Bachelet trata de atraer votos con una intensidad que no se le conoció
en la primera vuelta, cuando usó el expediente de dejar que los eventos
transcurrieran, en el entendido que el triunfo estaba asegurado, por lo que no
valía la pena arriesgar. Todo se daría como consecuencia de un arrollador apoyo
ciudadano, según sugerían encuestas, tanto que los forjadores del imaginario
político casi la elevaron a los altares.
Tan potente era considerada su candidatura, que políticos de su sector dijeron públicamente que era la única que aseguraba el triunfo opositor. Cualquier otro nombre era un camino condenado al fracaso. Así, su poder era total: nadie se movía, a riesgo de quedar fuera de la foto. El poder aglutina y ella tenía la llave para alcanzarlo.
Pero ahora eso cambió. Llama la atención, porque al obtener el 46,7% está en verdad muy cerca y si se considera que los candidatos más afines a ella en la primera vuelta sumaron un 18%, cabría suponer que tiene la victoria garantizada; que le bastaría seguir en “piloto automático” para llegar a la meta holgadamente. Si la receta sirvió, no habría que cambiarla.
Pero algo hizo que hubiera que cambiarla. Lo que sucedió es que el resultado demostró que el mito no existe; que no tiene la fortaleza que se le atribuyó. Logró un excelente resultado, pero no arrasó como se pronosticaba. De hecho, obtuvo más o menos la misma votación y porcentaje que en la primera vuelta de la elección de 2005. Otra comparación: el Presidente Piñera obtuvo un número de votos algo mayor que ella en primera vuelta en 2009. Si bien esas elecciones fueron con voto obligatorio, lo concreto es que con voto voluntario el mito no fue capaz de movilizar. En suma, es una candidata competitiva, pero no un fenómeno. Y todo ello cuando los Parlamentarios de la Nueva Mayoría en el Congreso sobrepasaron en la elección sus mejores expectativas.
La debilidad del mito no sólo abrió una oportunidad a Evelyn Matthei -aunque escasa, existe-, sino que impuso una nueva urgencia: hay que ganar bien, porque no es suficiente ganar. Porque una victoria por un margen normal, o incluso uno significativo, pero con baja asistencia, le afectará la autonomía de que dispondrá frente a su propio conglomerado. No hay duda de que hasta el 15 de diciembre todos estarán formados tras suyo, aunque ya han empezado las pequeñas reyertas, como la DC en la aprobación del presupuesto de Educación o las declaraciones de los Senadores Montes (electo) y Girardi. Pero el día 16, la victoria -de lograrse- será un hecho y ya no habrá necesidad de someterse, y comenzará la sorda disputa por la porción de la torta que corresponderá a cada cual. Y mucho dependerá de qué tan sólidamente ganó la que “parte y reparte”. Otra cosa habría sido si el mito se hubiere confirmado en primera vuelta.
Todo esto importa para definir si las reformas serán radicales o no. Lo que no sabemos es qué poder tendrá como Presidente para moderar exigencias, frente a un conglomerado oficialista en el Congreso más a la izquierda y decidido. Y parece ser un dato que perdió algo del poder arrollador que se le supuso. El día 15 sabremos cuánto fue.
Incertidumbre institucional,
por Juan Andrés Fontaine.
Hay señales de inquietud en los mercados. Sube
el dólar y baja la Bolsa. Los temores en parte provienen del exterior y afectan
también a otras economías emergentes. Pero ello parece agravado en Chile por el
ingreso en escena de un personaje ausente por décadas: la incertidumbre
institucional.
Michelle Bachelet encabeza a distancia la
carrera Presidencial. En la elección Parlamentaria su coalición ha amasado una
mayoría suficiente para aprobar buena parte de las reformas Constitucionales y Legales
que propugna. La Concertación Gobernó con éxito, y por 20 años, bajo el
predicamento de que las demandas de la ciudadanía podían ser atendidas
progresivamente en una economía que avanza a buen tranco. Derrotada en las
urnas cuatro años atrás por una coalición que ofreció creíblemente acelerar la
marcha, ahora propone un camino muy diferente. Abraza la fórmula ya tantas
veces fracasada en América Latina de hacer creer al electorado que sus
principales dificultades y aspiraciones serán satisfechas rehaciendo la Constitución,
incrementando el poder del Gobierno y aumentando el gasto público.
De resultar Bachelet vencedora, contaría en el
Congreso con los votos necesarios para, por ejemplo, alzar los impuestos sobre
todas las empresas y endurecer la Legislación laboral. Con la ayuda de unos
pocos Parlamentarios más, podría modificar el régimen de propiedad minera y
alterar el grado de autonomía que otorga al Banco Central su Ley orgánica,
intención que, veladamente, insinúa su programa de Gobierno. Incluso la
existencia de Leyes de quórum calificado —que dan estabilidad a esas y otras
instituciones— podría estar amenazada. La incertidumbre institucional que ello
acarrearía causaría daño económico y social, como ya sugieren los mercados.
Pero no se justifica el derrotismo. No es claro
que la opinión pública haya optado mayoritariamente por abandonar la ruta de
paz y progreso por la que ha marchado Chile durante más de dos décadas. Los
resultados electorales del pasado 17 de noviembre están muy influidos por la
popularidad personal de la ex Presidente. La representación obtenida por la
Nueva Mayoría ha sido favorecida —¡oh, paradoja!— por el aborrecido sistema
binominal de elecciones. En una economía tan abierta y tan flexible como la
nuestra, la intención de aplicar a rajatabla el programa propuesto podría
causar un rápido deterioro del clima económico, social y político. La candidata
de la Alianza, Evelyn Matthei, cuyo programa ha sido ampliado con una treintena
de atractivas nuevas medidas, debe llevar al electorado a pensarlo dos veces
antes de aventurarse por el camino de la izquierda.
Los votos de la Biblia,
por Joaquín García Huidobro.
Cuando llegan las elecciones, los políticos se
ponen evangélicos. Bachelet les acaba de asegurar la libertad de culto en una
eventual nueva Constitución. Una promesa sorprendente, porque, que yo sepa,
nadie está pensando en prohibir la diversidad religiosa. Matthei, por su parte,
apostó más fuerte, prometiendo que durante su Gobierno no se hará nada
contrario a la Biblia. Probablemente algunos pastores habrán sonreído, pensando
en los esfuerzos que le supondrá a Evelyn dar cumplimiento a Mateo 5, 22 (“El
que llame a su hermano ‘imbécil’ será reo ante el Sanedrín”: la verdad es que
ella acostumbra a decir cosas bastante más fuertes que esa).
¿Existe algo así como un “voto evangélico”? No.
De hecho, fracasaron estrepitosamente los candidatos que en la última elección
pensaron así, y creyeron que sus correligionarios los iban a llevar al
Congreso. Los evangélicos son diversos y votan de maneras muy variadas. Esto no
significa que su peso político sea irrelevante, pues sería suicida tenerlos en
contra. Pero casi todos los candidatos se las arreglan para no enojarlos, de
modo que, a la larga, cada evangélico vota por quien quiere, por más que no
falten los pastores que emplean la idea del “voto evangélico” como si fuera una
herramienta negociadora. Con todo, el hecho de que no voten en bloque no debe
hacer olvidar la creciente presencia de los evangélicos en nuestra sociedad.
Hace medio siglo, eran personas muy sencillas que recorrían los campos o los
barrios de Santiago con la guitarra y la Biblia en la mano, bien vestidos, y
predicaban la palabra de Dios a unos transeúntes que no siempre mostraban
especial interés por ese tipo de mensajes. Pero como tanto va el cántaro al
agua que, al final, se rompe, han llegado a ser una parte muy numerosa y cada
vez más cultivada de nuestra población. Mientras pensaba en esta columna, en el
metro, se sentó al frente mío una joven con una estética de estudiante
universitaria PPD. Abrió su bolso y, para sorpresa mía, no sacó The Clinic,
sino un estuche de cuero que contenía una Biblia, en una inconfundible edición
de la Sociedad Bíblica. Esa joven evangélica se enfrascó en la lectura y no
levantó la vista en la media hora del viaje.
Los evangélicos de hoy tienen acceso a la
universidad y a todas las formas de la cultura, pero no han perdido su
identidad: no son menos creyentes que sus padres. Su ejemplo, como el de los
EE. UU., muestra que la modernización no implica secularismo, como pensaban
ciertos sociólogos europeos del siglo pasado.
Presentan, con todo, algunas diferencias importantes
respecto de las generaciones anteriores. Por lo general, no son anticatólicos
ni tienen mentalidad de minoría discriminada. Ya hay un Senador evangélico y,
de modo natural, serán más los Parlamentarios con el paso del tiempo, sin
necesidad de hacer de su condición religiosa un capital político. La religión
es algo muy distinto de un medio para acarrear votantes.
Al mismo tiempo, cada vez son más los católicos
que se dan cuenta de que los evangélicos no son unos adversarios, sino unos
aliados en la tarea de llevar el mensaje de Jesucristo a millones de chilenos
que apenas han oído hablar de él. Hoy, los evangélicos no quitan adherentes
convencidos a la Iglesia Católica, sino que llegan a personas que han
abandonado o nunca han tenido práctica religiosa alguna. Las diferencias entre
católicos y evangélicos, aunque deben importar a unos y otros, son
infinitamente más pequeñas que las que existen entre sunitas y chiítas.
Ahora bien, la colaboración que, en ese
escenario, se da entre católicos y evangélicos no debe concebirse simplemente
en términos de “guerras culturales” contra un enemigo “secularista”. Esto no
significa que deban abstenerse de defender ciertos bienes fundamentales, como
la vida o el matrimonio, pero sería lamentable que un mundo evangélico que por
mucho tiempo se definió por su anticatolicismo ahora se defina por otro “anti”.
Se trata, más bien, de aprender a pensar juntos sobre cómo la creencia
religiosa puede contribuir a una vida democrática. En eso tenemos mucho que
aprender, tal como tienen mucho que aprender aquellos liberales que, a la
primera aparición pública de la religión, saltan horrorizados, temiendo que nos
estemos aproximando a un estado teocrático.
Una campaña extraña.
Un observador externo podría asombrarse de una
campaña Presidencial en que se han planteado diferencias estructurales para
abordar los problemas de Chile, repudiando el modelo que por más de 30 años ha
permitido un progreso continuado. Y también le sorprendería que, a dos semanas
de la decisiva votación, no impere un “clima electoral”. Recién hoy puede
desplegarse la propaganda para el balotaje, y los días desde el 17 de noviembre
han sido prácticamente de tránsito, esperas y ajustes. Sin duda, ha sido esta
una campaña extraña, en su primera vuelta (con 3 cambios de candidato en la
centroderecha, y 9 contrincantes en total), y también en su segunda fase, en la
práctica de solo dos semanas de actividad.
Afortunadamente, los anuncios relativos a foros
con efectiva interacción entre ambas candidatas permiten esperar que la
ciudadanía tenga al menos alguna real ocasión de comparar sus respectivos
programas y desempeños, lo que no fue posible en la primera vuelta. Ese debate
de ideas —que se comenta por separado en esta misma página— es indispensable en
cualquier democracia moderna, y permite contrarrestar, o identificar en su
caso, el populismo, las simplificaciones, las inexplicables empatías con los mitos
chavistas (aludidos hace poco con ironía por el Presidente Mujica, de Uruguay,
y con sentido de la oportunidad por el ex Presidente Lula, de Brasil, que en el
extranjero elogia políticas que distan mucho de las que él mismo aplicó y
propicia para su país), y hasta las explícitas aspiraciones a emular el régimen
castrista —como lo ha hecho una Diputado electa de la Nueva Mayoría— amenazando
con “la calle” en caso de no ir en esa dirección.
Cabe desear que en esta quincena la campaña se
centre en ese debate de ideas faltante, y al que las postulantes a la
Presidencia no pueden restarse ni entrabarlo con anacrónicos condicionamientos
que limiten la explicitación de las propuestas.
El mismo observador externo también advertiría
que el actual es un Gobierno de buena gestión, que puede mostrar avances
grandes y obras indiscutibles. Baste considerar, entre otros, el hospital para
La Florida inaugurado en estos días (el primero en 11 años en la Región
Metropolitana), así como abundante Legislación reciente que mejora diversos
aspectos de nuestro ordenamiento socioeconómico, sin gran atractivo
publicitario, pero que individualmente y en su conjunto mejoran sustancialmente
el bienestar de las personas en los más variados ámbitos. Es el caso, por
ejemplo, de la Ley que propicia la ampliación de la matriz energética mediante
fuentes renovables no convencionales; de la que crea la Intendencia de
Seguridad y Salud en el Trabajo; la que establece un subsidio nacional al
transporte público; la que fija el procedimiento para otorgar concesiones
eléctricas. Ya despachadas y para próxima promulgación están también las Leyes
sobre interés máximo convencional; prekínder obligatorio, única de fondos,
nueva Ley de Quiebras. Esta lista podría alargarse mucho y, entretanto, se acumulan
cifras económicas excelentes, que admiran a expertos extranjeros. Se está al
término de un Gobierno realizador.
Casos penosos.
Casi más atención que la campaña ha concitado
la detección, por una investigación periodística de este diario, de anomalías
graves en la inscripción de dos candidaturas Presidenciales, con serio
incumplimiento de requisitos Legales y aun firmas falsas. Candidatos, notarios
y terceros aparecen presuntamente involucrados en estas irregularidades. El
Ministerio Público ha abierto investigación penal, el Poder Judicial indaga
posibles responsabilidades de algunos de sus auxiliares, el Servel intenta
deslindar su responsabilidad. Estando alcanzada la fe pública en algo tan
fundamental como la generación del poder político, cabe esperar que la
investigación Judicial y administrativa llegue sin vacilaciones hasta el fondo
de este caso, incluso hasta una revisión completa de todas las candidaturas
inscritas en todos los niveles, pues resulta hoy plausible que otras estén
también en situación parecida, y eso requiere un esclarecimiento total.
Entretanto, el Presupuesto Nacional se aprobó
con una impresentable postergación por las bancadas opositoras (con la sola
loable excepción del Diputado DC Matías Walker) de la subvención preferencial
para III y IV medio (sin que los dirigentes estudiantiles de izquierda
emitieran protesta alguna), por razones solo políticas. Difícilmente habría
podido encontrarse peor causa para aplicar la disciplina Parlamentaria.
Y, peor aún, trasciende que habría
conversaciones para que el Senador independiente sea postulado como próximo Presidente
del Senado en unos años más. Se entiende así que la Nueva Mayoría prepara de
este modo la conquista de un voto decisivo para los quórums con que podría
imponer sus visiones. La voz del Senador Pizarro (DC), en cuanto a “no pasar la
aplanadora”, parece una advertencia oportuna y plausible de buen espíritu
democrático.
Narcotráfico en el norte.
Y mientras el escrutinio político se centra
principalmente en los temas de igualdad, exclusión y similares, otras
realidades menos glamorosas asestan al país golpes de consideración. Es el caso
del narcotráfico en el extremo norte, que no solo evidencia el grave peligro de
enraizamiento de carteles alimentados por la producción de droga en Bolivia y
Perú, sino la infiltración que eventualmente puedan ellos estar realizando con
éxito en instituciones capitales del Estado de Chile, como las policías, el
Ministerio Público y otras, así como en la extensión de la corrupción hacia
todos los ámbitos sociales.
La cúpula policial ha reaccionado con rapidez,
apartando con rigor a todas las figuras presuntamente comprometidas, en
resguardo de la imparcialidad hasta que se esclarezca el real alcance de este
caso. Sin embargo, esa misma severidad confirma que la estructura propia de
Carabineros necesita flexibilizarse para poder enfrentar desafíos tan nuevos
como los que le plantean la delincuencia interna y la que invade desde el
exterior.
Asimismo, la Subsecretaría de Prevención del
Delito del Ministerio del Interior, con un puñado de funcionarios de encomiable
consagración a su labor, aparece netamente insuficiente para controlar estos
fenómenos con sus medios actuales.
Cuestionamientos a candidaturas independientes.
La inscripción de dos candidaturas Presidenciales
independientes que participaron en la primera vuelta electoral ha quedado en
entredicho tras una investigación periodística que detectó aspectos
cuestionables en los respectivos procesos, como la validación de una enorme
cantidad de firmas por parte de notarios públicos en plazos muy restringidos o,
sencillamente, la captación de adherentes sin revelar el verdadero objetivo del
proceso y la eventual existencia de firmas falsas. Situaciones similares ya habían
sido cuestionadas por la autoridad electoral en el caso de la inscripción de
partidos políticos, algunos de los cuales -a pesar de los reparos- no tuvieron
inconveniente en postular a sus propios candidatos Presidenciales, Parlamentarios
o Consejeros Regionales.
Tras la denuncia periodística, el Servicio
Electoral ha planteado que cumplió con su responsabilidad Legal al momento de
revisar las firmas requeridas para validar la inscripción de las candidaturas
independientes; esto es, verificar que se trate de ciudadanos chilenos que
formen parte del padrón electoral y no estén afiliados a partido político
alguno, además de certificar que el respectivo patrocinio al candidato esté
suscrito ante notario. De lo anterior se desprende que la responsabilidad de verificar
la autenticidad de las firmas y su correlación con el elector corresponde al
notario público. Así lo ha asumido el Ministerio Público, institución que -a
través de la Fiscalía Regional centro norte- ordenó investigar las oficinas de
los notarios que validaron las firmas que respaldaron las candidaturas de
Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt.
Por cierto, los notarios han defendido su
accionar y criticado los aspectos cuestionados en los medios de comunicación.
El resultado de la investigación Judicial permitirá esclarecer las debidas
responsabilidades, pero en el intertanto han surgido propuestas de reformas al
sistema de inscripción de candidaturas independientes que tienden a elevar las
barreras de entrada para la participación de terceros en los procesos
electorales. El propio Presidente del Servel ha planteado la opción de que la
recolección de firmas se efectúe ante el Servicio Electoral.
Cualquier modificación en orden a evitar abusos
o irregularidades es bienvenida, pero en la medida que se vele por no imponer
barreras que a la larga hagan en la práctica imposible o dificulten gravemente
la presencia de opciones independientes en los procesos electorales. Asimismo,
es fundamental que los actuales cuestionamientos sean debidamente resueltos y se
apliquen las sanciones que correspondan, incluyendo una posible revisión del
financiamiento Estatal a las campañas que se vieron respaldadas por
inscripciones que, eventualmente, sean calificadas de fraudulentas. El
resultado de esta indagatoria será clave, no sólo para la discusión de
eventuales cambios al sistema de inscripción, sino también para la confianza de
la ciudadanía en futuros candidatos independientes. Porque si bien los partidos
políticos son piezas constitutivas del sistema democrático y tienen la
responsabilidad de aspirar a ocupar cargos de representación popular, también
las alternativas independientes juegan un rol y forman parte del engranaje
político local.
Política y debate de ideas.
La actual campaña Presidencial ha estado
marcada por una amplia brecha de preferencias entre la candidata Presidencial
de la Nueva Mayoría y la de la Alianza, que no existió en las tres últimas
campañas Presidenciales anteriores. Algunos atribuyen esto al insuficiente
contenido político del actual Gobierno, que ha impedido traducir sus exitosas
cifras económicas en apoyo electoral: la población parece dar por sentado el éxito
económico, y buscaría cosas adicionales en la política. Otros consideran que se
debe a que esta campaña se ha dado sin un real debate de ideas, y que ella ha
transcurrido más bien en un ambiente de “cambio cultural” no respondido, que ha
cuestionado gran parte de los consensos sobre los que se fundó el exitoso
regreso de Chile a la democracia, incluidos el modelo de creación de riqueza,
la calidad de su democracia representativa y el trasfondo Constitucional que
sustenta la convivencia ciudadana.
Que el desarrollo económico por sí solo no
parezca suficiente para interpretar los anhelos ciudadanos es otra forma de
decir que los llamados “movimientos sociales” de 2011 han expresado su malestar
por las asimetrías de poder de negociación (y la desigualdad que eso trasunta)
entre empresas poderosas que lucran y ciudadanos atomizados —los llamados
abusos—; esto se habría traducido en una suerte de “cambio cultural” o “fin de
ciclo político”.
Pero aunque así fuere, esto no ha sido sometido
a un real debate de ideas. Un ejemplo sencillo: para sus detractores, el lucro
y la desigualdad se presentan como íconos de las lacras sociales del modelo y
anclas del descontento de la población. Sin embargo, esos mismos detractores no
han explicado por qué lo serían, pese a que la motivación por obtener legítimas
ganancias en las actividades productivas no se diferencia mayormente de la de
los trabajadores del cobre por obtener bonos por sobre 20 millones de pesos
para terminar sus “conflictos”, o que la desigualdad de los altos ingresos de
quienes dirigen sociedades anónimas importantes no sea muy distinta de la de
los futbolistas nacionales que triunfan en el exterior, los trabajadores del
cobre o los deportistas de élite. ¿Por qué los últimos son legítimamente
aplaudidos, mientras la desigualdad de los primeros es condenada?
Las personas son mucho más complejas y
sofisticadas en sus motivaciones que cuanto suponen las soluciones de quienes
critican al actual modelo —muchas veces con buenas intenciones, pero sin
proyectar sus consecuencias—, y por eso son insuficientes para satisfacer las
aspiraciones de la sociedad. La política necesita que esa sofisticación y
complejidad se exprese en el debate de ideas, pero este ha estado claramente
ausente de la campaña presidencial actual.
Captura en La Araucanía.
El único sospechoso que se mantenía prófugo de
la Justicia de los cinco que participaron en el asalto a una sucursal del Banco
Security perpetrado el 2007 -que terminó con el asesinato de un Carabinero-,
fue capturado el jueves por la PDI en la localidad de Angol. Su detención es un
hecho positivo que permite poner a disposición de los Tribunales a un individuo
que, por sus antecedentes criminales y las acciones delictivas que habría
seguido protagonizando mientras era buscado, supone un claro peligro para la
sociedad.
Según la información que manejan las policías,
Carlos Gutiérrez Quiduleo se encontraba hace varios años escondido en la Comuna
de Ercilla, residiendo de manera alternada en algunas de las comunidades
mapuches ubicadas en ese sector. La dificultad para dar con su paradero hace
suponer que recibió ayuda de forma permanente para burlar la acción policial,
situación que confirmaría las sospechas de que en ese sector de La Araucanía se
ocultan elementos subversivos. Esta situación debe llamar la atención de las
autoridades responsables de la seguridad pública, pues se trata de una zona que
en los últimos años ha sido foco permanente de violencia protagonizada por
grupos radicalizados, los cuales siguen operando con relativa impunidad.
La
facilidad con que parecen desplazarse por algunas áreas de La Araucanía
personas de alta peligrosidad es preocupante, pues se trata de individuos que
desafían el orden público y cometen o han cometido delitos muy graves. Para
impedir que esto siga ocurriendo, es necesario mejorar la labor de inteligencia
que despliegan el Gobierno y las policías en esa zona del país, de manera de
dar con los autores de los ilícitos y de recabar pruebas que permitan al
Ministerio Público acusarlos ante los Tribunales y lograr condenas contra
ellos.
Se desanima la inversión.
A la impaciencia por conquistar mejoramientos
sociales que ha aflorado en el debate político parece haber contribuido la
percepción de que Chile ya está muy cerca de ser país desarrollado y de que
sería hora de empezar a cosechar los frutos. Las dos candidaturas que siguen en
carrera aparentan suponer que un crecimiento económico cercano al 5% por año es
más o menos seguro, que es realista fundar sus planes Fiscales en ese supuesto
y que no hacen falta medidas significativas para lograrlo.
Pero la realidad económica puede ser menos
auspiciosa. Por razones coyunturales muy entendibles, el crecimiento ha
descendido a un ritmo de algo más de 4%. Los pronósticos para el próximo año
son algo inferiores. La inversión rebajó su aumento a tan solo 3% interanual en
el tercer trimestre. La tasa de inversión, que el programa del Presidente
Piñera veía subiendo al 28% al término de su mandato, se ha estabilizado bajo
el 25%. La Cámara de la Construcción da cuenta de una brusca desaceleración de la
inversión en el rubro, debida principalmente al atraso de los proyectos del
sector eléctrico. La Corporación de Bienes de Capital sitúa en tan solo 6.800
millones de dólares el monto total de los grandes proyectos a iniciarse el
próximo año. Casi la mitad corresponde a dos proyectos eléctricos de fuentes no
convencionales —interesantes, pero de comparativamente poco aporte de energía—.
Hay algunas obras públicas, pero no se advierte el vasto esfuerzo de inversión
en infraestructura y sectores productivos que cabría esperar de una economía
que se mueve velozmente hacia el desarrollo.
Son conocidos los factores que están limitando
las inversiones. En energía y en minería, las autorizaciones ambientales y
otros permisos requeridos son un obstáculo mayor. Los nuevos reglamentos de
evaluación ambiental y de consulta indígena son una buena noticia, pero sus
efectos están aún por verse. Muchas de las trabas que removería la llamada
“Agenda Pro Inversión”, anunciada por el Gobierno hace más de un año, permanecen
intocadas. Mientras tanto, el escenario externo se ha vuelto menos favorable al
desarrollo de nuevas iniciativas mineras y puede afectar el ingreso de
inversión extranjera.
El nuevo Gobierno habrá de abocarse a reactivar
la inversión. Para eso es imprescindible mantener un clima propicio a la
iniciativa privada. Muchas de las medidas Constitucionales y Legales
contempladas en el programa de la Nueva Mayoría provocan explicable inquietud.
También preocupa la ausencia de una estrategia convincente para superar los
escollos que obstruyen el avance de las grandes inversiones energéticas y
mineras. Los equipos del futuro Gobierno tienen por delante una tarea ardua y
urgente: sin nuevas inversiones, sus planes económicos, sociales y políticos
tendrían mal pronóstico.
Correspondencia para meditar.
Señor Director:
Emparejar la cancha.
Definitivamente, el programa de la Nueva
Mayoría va a emparejar la cancha. Dejaremos de sobresalir en nuestro continente
para emparejarnos con nuestros vecinos.
Fernando Marín E.
Señor Director:
Recursos en educación.
En el contexto de la Ley de Presupuestos, Parlamentarios
de la Concertación han tenido posiciones divididas en relación con la extensión
de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) a 3° y 4° medio. Con lo anterior,
se genera incertidumbre respecto de lo que ocurrirá con los casi 200 mil
jóvenes vulnerables que podrían dejar de percibir recursos adicionales el
próximo año, para obtener una mejor educación.
De más está decir que el financiamiento
adicional que reciben las escuelas acogidas a la SEP beneficia a un alto
porcentaje de las escuelas Municipales y, en particular, las que atienden a
niños de mayor vulnerabilidad, y que son sin duda los que requieren de una
mayor calidad y equidad en su educación.
Los Parlamentarios de la Concertación se han
cuadrado con un programa de Gobierno que propone gratuidad para aquellos que
pueden pagar su educación superior. Sin embargo, gran parte de ellos no están
dispuestos a aprobar recursos para aquellos que no pueden pagar su educación
escolar, y que son sin duda los que más los necesitan. Es de esperar que en los
días que quedan para aprobar el presupuesto, prime la responsabilidad en esos
parlamentarios, y se aprueben estos recursos.
Constanza Hube P., Investigadora Programa
Legislativo, Libertad y Desarrollo.
La única
batalla que es seguro que se pierde
es esa que
no se está dispuesto a dar.
