Una necesaria renovación,
por Gonzalo Müller.
La decisión de Evelyn Matthei de darle
protagonismo en esta segunda vuelta a una nueva generación de liderazgos
políticos menores de 40 años, ha generado un efecto positivo no sólo en su
campaña para enfrentar esta segunda vuelta Presidencial, sino que puede
terminar impactando mucho más allá en la conducción y liderazgos del futuro de
la centroderecha.
El contexto de la decisión es el permanente
conflicto y división instalados en una generación desgastada de políticos que
mantienen diferencias, la mayoría de ellas personales, que les impiden trabajar
juntos. No hay en ellos grandes diferencias en las ideas, pero no han sido
capaces de sentarse a la misma mesa, ya que las diferencias o intereses
individuales han pesado más que su sentido de responsabilidad colectivo. Esta
sensación permanente de pasarse la cuenta, ha desgastado y alejado a muchos
electores y termina siendo un obstáculo permanente frente a las necesidades de
consolidar y transmitir Gobernabilidad por parte de la campaña oficialista.
La renovación propuesta por Matthei lee bien
las señales que los ciudadanos enviaron en la primera vuelta Presidencial, y
sobre todo en la elección Parlamentaria, la necesidad de renovación de rostros
y liderazgos fue transmitida con fuerza: en la próxima bancada de Diputados de
la Alianza, más del 40 por ciento de los elegidos tiene menos de 40 años,
constituyen una generación donde abundan las diferencias de pensamiento, pero
que hasta ahora están demostrando una convicción de trabajar juntos.
La sensación de que no se puede seguir raspando
la olla de los liderazgos y que se debe abrir la puerta a nuevos rostros
sintoniza perfectamente la demanda ciudadana de cambio y renovación de la
política, que ha marcado no sólo esta elección Presidencial, sino también la
anterior. En gran parte, la derrota de Frei, la irrupción de Marco
Enríquez-Ominami y el triunfo de Sebastián Piñera se explican bajo estas mismas
fuerzas.
Esta señal de renovación y unidad es clave para
concretar el primer paso de la estrategia declarada por la campaña oficialista,
el pasar del 25% de primera vuelta rápidamente al 36% de los votos obtenidos
por los Parlamentarios de RN y la UDI en todo el país, pero también es
importante mirando al segundo desafío: volver a conquistar con esos miles de
chilenos que el 2009 votaron y le dieron la mayoría al Presidente Piñera y que
el pasado 17 de noviembre no fueron a votar.
La abstención es así el verdadero adversario de
Matthei. Sólo una amplia participación puede hacer de esta segunda vuelta una
elección competitiva. Por eso se entiende que debe arriesgar más y provocar
más; por el contrario, Bachelet sabe que la inercia la puede hacer ganar, asume
que la baja participación ciudadana es un dato que no la preocupa ni la distrae
mucho de su diseño original.
Si con el voto voluntario es clave darle
razones al electorado para ir a votar, motivarlos para que voten, la apuesta de
provocar una renovación al interior del comando Presidencial y reforzar así la
unidad apunta en el sentido correcto; validar y apoyar esta renovación
necesaria es un estímulo más para quienes habían sido alejados por las peleas o
divisiones, una manera de volver a conectarse con ellos. Al escuchar al joven Alcalde
Rodrigo Delgado, decir que la política se ha ido alejando de los problemas de
los vecinos y que la mejor manera de llevarlos a votar es mostrarles que su
vida y la de sus familias puede verse impactada positivamente por un nuevo Gobierno
de la Alianza, es parte de un discurso que en los hechos demuestra que ha sido
capaz de escuchar a la ciudadanía.
¿Es viable el voto electrónico?,
por José Orlandini.
En pocos días viviremos la segunda vuelta Presidencial,
luego del proceso democrático del 17 de noviembre pasado. Dentro de este
escenario, vale la pena hacerse la pregunta sobre si Chile debería implementar
elecciones vía voto electrónico.
Para resolver esta interrogante, lo primero que
debemos preguntarnos es si nuestro país necesita o no un nuevo sistema de
votación. En caso de que Chile se inclinara por adoptar el voto electrónico, el
segundo paso sería determinar qué modelo de voto electrónico elegir. A nivel
mundial existen múltiples modalidades, de las cuales hay tres que son las más
utilizadas y exitosas.
La primera consiste en el reemplazo de la
papeleta por un equipo fuera de línea (Brasil). En este caso, la persona debe
concurrir a su local de votación, identificarse al llegar y luego votar
presionando la tecla adecuada en el equipo. Al final del día de las votaciones,
los equipos son recolectados y llevados a un lugar central, donde son
“descargados” todos los datos con las preferencias electorales de los
ciudadanos.
La segunda opción, consiste en el reemplazo de
la papeleta por un equipo en línea (Venezuela). En este modelo, la persona
también debe concurrir a su local de votación, luego identificarse -de forma
manual o biométricamente-, para luego votar presionando la tecla adecuada en el
equipo. En este caso, la máquina está conectada en línea con el centro de
procesamiento central, por lo que los datos que contienen el voto son recibidos
y procesados inmediatamente.
Finalmente, podemos mencionar el modelo de
seguridad electrónica que permite completa independencia del equipo (como
ocurre en varios países de Europa). En este caso, no es necesario que la
persona concurra a ningún lugar físico. Puede votar desde el computador, en su
casa, o en cualquier lugar del mundo, siguiendo un protocolo de seguridad.
Si Chile aplicara esta última modalidad, los
miles de chilenos residentes en el extranjero podrían ser incorporados
fácilmente al sistema de votación y probablemente muchas personas que hoy no
votan (recordemos que el voto es voluntario), participarían de los procesos
eleccionarios, pues podrían hacerlo desde la comodidad de su hogar, lo que
probablemente aumentaría la participación de la ciudadanía, con todos los
beneficios que ello supone para el fortalecimiento de la democracia.
En Sonda consideramos que Chile tiene la
plataforma TI, las comunicaciones y el personal técnico especializado
suficiente para implementar cualquiera de estas tres metodologías de votación
electrónica, tal como lo han experimentado en Venezuela y Brasil, y
próximamente Perú. En este último caso, las autoridades de ese país se
encuentran desarrollando un sistema de voto en línea, remoto, que se
implementará para las elecciones Regionales y Municipales del 2014.
No cabe duda de que el voto electrónico será,
tarde o temprano una realidad. Por eso es importante empezar a evaluar cuál de
los sistemas se acomoda más a nuestra
cultura cívica y, al mismo tiempo, harán más eficiente, participativo y
transparente el proceso. Esto es un enorme desafío que debemos abordar de
manera coordinada, tanto fuerzas políticas como sociedad civil y mundo privado,
y con el apoyo de las tecnologías actuales.
Designaciones en la Corte Suprema.
Ayer fracasaron nuevamente las gestiones
realizadas en el Senado para lograr un acuerdo entre el Gobierno y la oposición
en torno al nombramiento del ahora Presidente de la Corte de Apelaciones de
Rancagua, Carlos Aránguiz, como integrante de la Corte Suprema. La Ministro de
Justicia invocó una vez más los indudables méritos profesionales de ese Magistrado,
informando que el Ejecutivo mantendrá su postulación pese al rechazo opositor.
Los Parlamentarios de la Nueva Mayoría, por su parte, insisten en que el
designado sea el Ministro Carlos Cerda, basados en un supuesto acuerdo verbal
anterior, que el Gobierno niega, o a lo menos en un criterio que estiman “sano
y natural”, dadas sus repetidas propuestas frustradas en favor de ese último
candidato.
En verdad, ambos nombres corresponden a Jueces
destacados, sin perjuicio de lo cual se les reprocha, aunque no se diga
expresamente, en el primer caso, su actuación en el proceso por Coimas, donde
hubo cinco Diputados de la Concertación desaforados y, en el segundo, sus
decisiones en causas de derechos humanos y en el “caso Riggs”, objeciones
ajenas, en principio, a las razones que deberían avalar lo que se resuelva en
la materia. Lo que está en cuestión así es, en definitiva, no tanto el actual
sistema, que cuenta con la participación de los poderes Judicial, Ejecutivo y
Legislativo, lo cual parece adecuado, sino la forma concreta en que se viene
aplicando, pues aunque aquel conduce a imponer sucesivos consensos entre
Gobierno y Congreso, esto no tendría especial gravedad si se respetara en cada
caso la naturaleza y la calidad de la función Judicial.
En lo que se refiere al Ministro Aránguiz,
además del injustificado reproche por los efectos políticos partidistas de sus
resoluciones como Magistrado, cabe sospechar que se busca por la Nueva Mayoría
postergar la decisión sobre su nombramiento en espera de un cambio de Gobierno
y de un refuerzo de su dotación Parlamentaria, que le sean más favorable. Ya en
el caso reciente de la Ministro Chevesich, fue difícil obtener, y ello gracias
al voto de algunos Senadores DC, la aprobación para una brillante trayectoria
profesional debido, precisamente, a un resentimiento de origen similar. Sin
embargo, es por su esencia el Senado la institución de la que se espera —a
diferencia de la Cámara de Diputados, de naturaleza más política— una visión
serena del interés nacional y el mayor cuidado por el funcionamiento normal de
la institucionalidad.
Resulta evidente un germen de sospechas, por
una parte, y de intento de intervencionismo, por otra, en las relaciones de los
Poderes del Estado, y en especial respecto del Judicial. Situaciones como la de
las constantes decepciones en la opinión pública por fallos de los Tribunales,
y sobre todo de algunos Jueces de garantía, en materia penal, así como
iniciativas de vigilancias de su actuación en el estilo del proyectado
Observatorio Judicial, y estos mismos conflictos por nombramientos, muestran
tanto la existencia de críticas, algunas probablemente razonables, como de
fallas en los mecanismos que regulan la vinculación entre instituciones
fundamentales del Estado y de ellas con la ciudadanía. Por lo mismo, se hace
necesaria, quizás, una nueva revisión del sistema, pero sobre todo una actitud
responsable de cada autoridad y un uso cuidadoso de sus atribuciones
respectivas en el plano que a cada una le corresponde.
La importancia de Arica en la lucha contra el
narcotráfico.
Por su ubicación geográfica, como puerta de
entrada norte al país, Arica-Parinacota es una Región de gran relevancia para
las investigaciones contra el tráfico de drogas ilegales, sustancias que son
ingresadas a nuestro territorio principalmente desde Perú y Bolivia. Este
carácter estratégico se asume también por la importancia que le asigna a esa
zona el Plan Frontera Norte, programa que comenzó a operar en 2011 en las Regiones
más septentrionales del país y que podría ver ampliado su radio de acción a Atacama,
debido al fuerte incremento en los decomisos que se han registrado allí,
especialmente este último año.
El Plan Frontera Norte es una muestra de los
esfuerzos que el Estado está realizando para impedir que Chile sea utilizado
como vía de tránsito de sustancias ilícitas por los carteles del narcotráfico.
Sin embargo, como toda política de este tipo requiere como sustento la solidez
institucional de las entidades públicas encargadas de aplicarlo, ámbito en el
que se han detectado graves falencias en la ciudad de Arica y que generan un
cuadro de corrupción que debe ser enfrentado. Existe suficiente evidencia
empírica a nivel mundial, y particularmente en países de la región, sobre la
capacidad que tienen los narcotraficantes de infiltrar los distintos órganos
del aparato Estatal destinados a enfrentar la actividad ilícita que éstos
realizan, y los efectos negativos que provocan en las sociedades donde logran
su cometido.
En el último tiempo se han conocido en Arica
varios casos en que, por ejemplo, Jueces de garantía fueron vinculados a un
empresario acusado de defraudar al Municipio, un ex Alcalde y ex integrantes
del Concejo Municipal terminaron formalizados por fraude al Fisco y, ahora
último, cuatro Carabineros pertenecientes al OS-7, se encuentran acusados de
tráfico de drogas y asociación ilícita, causa por la que además el Ministerio
Público abrió una investigación contra un Fiscal. Aun cuando se trata de
episodios puntuales y de distinta naturaleza, son las primeras señales de un
debilitamiento institucional que debe llamar la atención de las autoridades a
nivel central y Regional, quienes deben adoptar -sin dilaciones- las medidas
necesarias para que estas situaciones no se repitan. De lo contrario, existe un
alto riesgo de que la corrupción penetre de manera extendida a distintos
organismos públicos, poniendo en jaque el entramado institucional en esa Región
y, de paso, perjudicando las diversas labores que se destinan para enfrentar el
narcotráfico.
Lo ocurrido con la reciente detención de los Carabineros
en la Región de Arica-Parinacota constituye, asimismo, un llamado de atención
respecto de la conveniencia de fusionar ambas policías, toda vez que mantener
una sola institución facilitaría las posibilidades de infiltrar al personal
policial y, por ende, su accionar.
Pero el tráfico de drogas no es el único
problema que se debe enfrentar de manera urgente en Arica-Parinacota. Al
tratarse de una región por donde ingresa y transita una cantidad importante de
droga (este año ya se ha decomisado más de una tonelada sólo en esa zona), el
consumo de estas sustancias ilícitas también es alto, por lo que los programas Estatales
deben enfocarse también a combatir este problema.
Firmas irregulares e institucionalidad.
Es evidente que, ante las irregularidades y
eventuales ilegalidades detectadas por una investigación periodística de este
diario, el proceso de inscripción de candidaturas independientes requiere
drásticas correcciones. La confianza en las instituciones y partidos políticos
se encuentra en niveles muy reducidos, y episodios como este contribuyen a su
deterioro. El mundo político está justamente estremecido, y la ciudadanía,
irritada. La fe pública y fondos públicos están en juego. Es tentador, a la luz
de tales antecedentes, postular la modificación de cuerpos Legales y la
ampliación de atribuciones de los organismos públicos. Pero se debe actuar con
prudencia para no desvirtuarlos o confundir sus objetivos. Y, por cierto,
también procede evaluar si las disposiciones vigentes se están aplicando en
plenitud.
Las trabas para declarar una candidatura
independiente, sobre todo si se quiere asegurar grados importantes de
competencia política, no deberían ser excesivas. Las actuales parecen
razonables y, por tanto, corresponde verificar que ellas se cumplan, lo que no
puede descuidarse. Sin embargo, a juzgar por lo investigado por este diario, la
desprolijidad en la recolección de firmas es abrumadora y muy indicativa de que
nadie le estaba prestando atención. ¿Prueba de un vacío Legal? Es discutible,
pero la actuación en este caso de ciertas notarías demanda un análisis por
separado, como se hace en esta misma página.
Tampoco son del todo atendibles las excusas del
Servicio Electoral en cuanto a los orígenes del problema detectado. Según la
normativa vigente, en particular las Leyes Orgánicas Constitucionales sobre
Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, y sobre Votaciones Populares
y Escrutinios, podría desprenderse que la tarea del Servel es solo verificar el
cumplimiento formal de los requisitos Legales. Pero el artículo 17° de esta
última Ley es taxativo respecto de que el Servel debe rechazar las
declaraciones de candidaturas que incumplan tales requisitos. De ahí debería
colegirse que su tarea es más que un mero chequeo formal de antecedentes,
porque por esa sola vía es imposible que verifique aquello que la Ley dispone.
Esto es un asunto debatible, pero sorprende que
el Servel insista, sin mayor deliberación, en los procedimientos que ha seguido
hasta ahora. Los controles que aplicó este diario en su indagación no son
complejos. Aplicarlos por ese servicio no atentaría contra la normativa que
regula su actuación, y permitirían verificar mejor el cumplimiento de lo que la
Ley exige a las candidaturas a cargos de elección popular.
En cambio, el Servel ha optado por pedir una
ampliación de funciones y del número de sus funcionarios, y otras voces de
algunos centros de estudio han hecho propuestas similares. Sin embargo, muchas
de esas nuevas funciones parecen alejarse de su vital y preciso papel.
En la normativa comparada, por la importancia
de las votaciones, estos organismos cumplen un papel muy restringido, y son muy
especializados y específicos. Esta concepción no debería alterarse. De hecho,
el que se haya Legislado hace poco para dotarlo de un Consejo Superior, en
línea con la experiencia de otras naciones, apunta precisamente a otorgarle
mayor independencia, por la importancia de su función, y también refuerza su
especificidad. Las graves irregularidades ahora observadas no deberían hacer
perder el foco de los asuntos en debate.
Parece lamentable que el Servel abdique de su
tarea de controlar que los candidatos cumplan con los requisitos Legales para
serlo. De recientes declaraciones de sus personeros se desprende que ese
servicio no está disponible para un control que no sea meramente formal, ni
siquiera cuando hay antecedentes para presumir posibles irregularidades. Por
cierto, no se trata de imponerle una carga desproporcionada, pero sin un mínimo
de amplitud de miras y de responsabilidad cívica no es posible un ejercicio
satisfactorio de la función pública.
Y la responsabilidad de los notarios.
En este mismo caso de inscripciones
presuntamente irregulares, es indispensable una revisión rigurosa del sistema
notarial. Este es supervisado por el Poder Judicial y se esperaría que para ese
efecto operaran controles confiables, que impidan prácticas que contravengan
las disposiciones Legales. Pero si esta supervisión se limitare a aspectos
meramente formales, no tendría mayor alcance. Es obvio que el sistema de
notarios y conservadores requiere cambios urgentes, largamente planteados por
este diario, pero no cabe ver solo en la ausencia de esas reformas las causas
de este problema. Pues no se trata aquí de un asunto de eficiencia o equidad,
sino de incumplimiento de normas Legales.
De acuerdo con la Legislación vigente, los
notarios están facultados para “autorizar” las firmas que se estampen en los
documentos, aunque estos no sean públicos. “Autorizar” quiere decir dar fe de
que quienes aparecen suscribiendo dichos documentos efectivamente lo han hecho.
Por eso la Ley les permite autorizar las firmas solo cuando se estampen en su
presencia o les conste su autenticidad, es decir, siempre que los notarios “den
fe del conocimiento o de la identidad de los firmantes”. Como resguardo
adicional, se establece expresamente como requisito para la autorización que el
notario deje constancia de la fecha en que se firmaron los documentos. De esta
manera se hace imposible que los suscriptores de documentos privados
autorizados ante notario manipulen sus fechas a su sola voluntad.
Sin embargo, todo indica que en la práctica se
ha ido relajando el estándar Legal descrito. Los notarios rara vez autorizan
firmas de un modo presencial, y la regla general es que deleguen la
verificación de la identidad en algunos de sus colaboradores. Luego —y aunque
tal vez no sea el caso de todas las notarías—, es frecuente que los clientes
habituales con los cuales una notaría ha desarrollado una relación de cierta
confianza cuenten con la posibilidad de acreditar la identidad de los firmantes
—incluso tratándose de escrituras públicas— mediante una copia de los
correspondientes documentos de identidad. Estas prácticas, que presentan una
serie de ventajas y en general funcionan razonablemente, entrañan sin embargo
algunos riesgos y provocan asimetrías. Por ejemplo, para quien recibe un trato
de cliente frecuente en una notaría, es mucho más simple y económico en tiempo
obtener la autorización y protocolización de los documentos para sus negocios.
Uno de los principales riesgos que presenta
esta situación parece haberse materializado en las recolecciones de firmas por
algunos candidatos en el proceso eleccionario en curso. Si el notario ya no
está en condiciones de dar fe, sino que es él mismo quien hace fe en los
antecedentes que le entrega quien contrató sus servicios, entonces la fe pública
se desintegra y la función notarial se vuelve superflua. Por esa misma razón,
pierden todo sustento las disposiciones Legales que exigen la autorización
notarial, y los honorarios que se cobran por ellas se convierten, expresado en
términos benévolos, en una suerte de enriquecimiento sin causa.
Es útil contar con un mecanismo que refuerce la
autoridad y el valor probatorio de los documentos que contienen declaraciones
de voluntad, pero dicha utilidad desaparece si la firma o la autorización
notarial pierde su valor. Este proceso de deterioro ya se ha hecho notar en
otras ocasiones —en algunas de ellas ha amenazado incluso la confiabilidad de
los repertorios— y, por tanto, es de esperar que ahora se reaccione con
suficiente energía.
Aumento de incendios forestales.
El fuerte incremento que ha experimentado el número de
incendios forestales en la presente temporada constituye un llamado de alerta
para las autoridades y la población en general, lo que supone redoblar las
medidas de prevención y dotar de mayores recursos a los organismos de
emergencia, especialmente cuando se aproximan los meses de verano, donde
previsiblemente se incrementará la cantidad de siniestros.
De acuerdo con cifras de Conaf, en la temporada
2013-2014 -que para estos efectos se inicia en julio- se han registrado un
total de 587 siniestros a la fecha, contra los 345 que se registraron a igual
fecha de la temporada anterior, concentrándose principalmente en las Regiones
de Valparaíso y Metropolitana. La superficie afectada también ha visto un incremento,
pasando de 1.538 hectáreas a 2.918. En ello han incidido fuertemente variables
climatológicas, ya que la falta de lluvias ha favorecido la propagación del
fuego, pero corresponde investigar en detalle para precisar las causas del
fenómeno y perseguir las responsabilidades del caso.
En años recientes el país ha sido testigo de
graves incendios forestales, como el ocurrido a fines de 2011 en Torres del
Paine, producto de la negligencia de un turista, que se vio potenciado por la
falta de elementos preventivos en dicha reserva forestal. De estos eventos cabe
extraer valiosas lecciones, entre otras contar con capacidades de prevención y
alerta temprana de los organismos especializados, y personal altamente
entrenado.
La temporada 2011-2012 fue especialmente
violenta en este tipo de siniestros -con más de 91.000 hectáreas afectadas,
donde casi la mitad de debió a intervención humana directa-, por lo que cabe
esperar que pese al poco auspicioso comienzo de la actual temporada, se hayan
tomado los resguardos del caso. En tal
sentido, es positivo que la Onemi haya declarado alertas preventivas para las Regiones
Metropolitana y O’Higgins ante las altas temperaturas que se esperan estos
días.
Correspondencia para recapacitar.
Señor Director:
“No haré nada contra la Biblia”.
El compromiso que asumió la candidata Presidencial
de la Alianza en un templo evangélico, “No haré nada contra la Biblia”, ha
causado revuelo en el país y algunos personajes públicos han exigido
explicaciones.
Es incomprensible el rechazo a ese compromiso
en un país en que la mayoría de la población se declara cristiana, y, como tal,
venera la Biblia como Palabra de Dios. Hay que considerar que nuestra división
del tiempo en semanas de siete días, uno de ellos dedicado al descanso, que tanto
influye en nuestra vida personal y social, proviene de la Biblia; que el hecho
de dar a este año la cifra 2013, en lo cual todos concordamos, proviene de la
Biblia, que considera la plenitud del tiempo en el nacimiento de Jesucristo.
Nuestra sociedad se funda en valores que
provienen de la Biblia. En efecto, el derecho a la vida que cada uno exige ser
respetado proviene del precepto bíblico “No matarás”; el derecho que cada uno
exige al fruto obtenido por su trabajo y a que su trabajo sea remunerado justamente
proviene del precepto bíblico “No robarás”; todos esperamos que nuestras
relaciones sociales se funden en el precepto bíblico “No mentirás ni levantarás
falso testimonio”.
Mucho más humana y grata sería nuestra
convivencia social si se basara en el precepto bíblico “Amarás a tu prójimo
como a ti mismo”, o, según la profundización que le da Jesús, “ámense unos a
otros como yo los he amado”. La alternativa a esta Ley de Dios es la Ley del
más fuerte o, lo que es lo mismo, la Ley de la selva, como lo demuestra la
historia humana a saciedad.
Todos sabemos que en este momento en Chile la
frase “no haré nada contra la Biblia” significa dos cosas: “no impulsaré una Ley
de aborto” y “no impulsaré una Ley de unión homosexual”. Ambas son contra la
Biblia.
Respecto de la primera, la Biblia manda “No
matarás”; y, según la misma Biblia, ya es un ser humano quien está en el seno
materno, como afirma el profeta Isaías: “El Señor desde el seno materno me
llamó; desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre” (Is 49,1).
Y respecto de la segunda, la Biblia dice:
“Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos
una sola carne”. Negar que la Palabra de Dios, contenida en la Biblia, fue dada
por Dios para que sea norma también de la vida pública, es una especie de
apostasía para un cristiano.
Felipe Bacarreza Rodríguez, Obispo de Santa
María de Los Ángeles
Señor
Director:
CUT
y trabajadores
La Presidente de la CUT, en su
reunión con la señora Bachelet, expresó que le daban el apoyo a ella “para
terminar la esclavitud de los trabajadores”. No sé cómo la candidata podrá
intervenir en lo que sucede en Cuba, Corea del Norte, China y Venezuela, que
son países en que sí se puede decir que hay esclavitud de trabajadores. Nunca
en mis años de trabajo, que son varios, he escuchado a algún trabajador
chileno, por izquierdista que fuera, que haya dicho que se sentía que era
esclavo en su trabajo. También llama la atención que la Presidente de la CUT se
atribuya la representación de todos los trabajadores (no todos los sindicatos
están afiliados a la CUT). Además, hay que tener presente que sólo el 6 u 8 %
de los trabajadores son afiliados a un sindicato.
Señor Director:
Nombramiento de Jueces.
A raíz de la negativa de algunos Parlamentarios de
la oposición a aceptar el nombramiento de determinados Jueces a la Corte
Suprema porque alguna vez éstos emitieron fallos en contra de lo que esos Parlamentarios
estimaban justo, me pregunto si es válido que yo presente mi oposición al
ascenso de un Carabinero que hace algunos días me cursó un parte.
Juan M. Reveco Bravo.
Señor Director:
Los ciclistas.
El problema de los ciclistas es que quieren tener a
la vez los derechos de los peatones y de los automovilistas.
Isidoro Loi.
Señor
Director:
Descalificaciones.
Es curioso comprobar cómo el ser humano, mientras
menos recto moralmente, más absoluto es en descalificar a sus semejantes.
Lo anterior se puede apreciar en la saña con que el
ex candidato Presidencial Franco Parisi ha atacado a la aspirante al cargo
Evelyn Matthei, calificándola lapidariamente de “mala”. Sin considerar la
mayúscula siutiquería de tildar a la otra candidata de “dama de la política”,
Parisi reafirma sus falencias éticas llamando a quienes lo apoyaron a no votar,
con un nulo espíritu republicano.
La mínima prudencia marinera aconseja mantenerse
sumergido, o fondeado, cuando el temporal arrecia.
Patricio Mackenna Salas.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
