Una gran Convención
por Gonzalo Rojas S.
El 16 de diciembre es un punto de partida en
Chile. Si los defensores de una sociedad libre y responsable comprueban la
noche anterior que no se pudo, la única pregunta válida es cómo se va a poder
hacia adelante. Muchos volverán a mirar hacia atrás para saber qué falló. Pero
ese análisis ha sido ya diez veces formulado. Habrá que asumirlo en sus más
duras coordenadas y decidirse a comenzar a construir de nuevo.
Harán falta dos cosas: un proyecto social y
político y una nueva organización funcional a esa iniciativa.
El proyecto está escrito, pero en medio de la
vorágine superficial de los últimos años, ni los democrataindependientes ni los
renovados le han dado una oportunidad. Está en la parte final del notable libro
de Sebastián Burr, pero ya se sabe que en los partidos de la Alianza lo más que
se lee son los sesudos comentarios publicados en las redes antisociales y una
que otra encuesta.
En todo caso, el proyecto está. No es solo un
programa Presidencial, sino más bien una gran formulación para la práctica de
una recta ordenación social. Pero no basta con un proyecto. Porque si no hay un
cambio radical en las organizaciones, esas ideas nunca llegarán a medirse con
sus contrapartes socialistas y, por lo tanto, nunca podrán demostrar su
superioridad.
Hace falta, con carácter de todo o nada,
reformular las agrupaciones políticas hoy existentes. La situación nacional a
partir de marzo va a ayudar: serán tan dañinas las medidas Gubernamentales y
tan extremas las presiones de la calle, que el actual agotamiento de los dos
partidos de la Alianza simplemente va a transformarse en decrepitud: no van a
poder reaccionar con eficacia. No porque estén integrados por una manga de
ineptos —ya que permanece en ellos aún alguna gente buena—, sino porque la
confianza en sus capacidades ha sido minada al extremo y no podrán contar con
una adhesión significativa de tantos patriotas que buscarán nuevos modos de
proteger a Chile.
Una gran Convención: solo por ahí se comienza a
dar la señal correcta. En mayo próximo, en un lugar en el que quepan muchos
miles de personas libremente inscritas y durante dos días completos, con una
logística seria (no de esas parafernálicas al estilo convencional yanqui),
tienen que reunirse todos los patriotas para oír simplemente esta propuesta:
los dos actuales partidos se disuelven, tres nuevas entidades —una liberal, una
socialcristiana y una humanista-conservadora— se configuran de acuerdo con una
trilogía de principios propuestos por parte de una comisión de 15 notables
(cinco de cada partido actual y cinco independientes), que habrían trabajado
desde enero en esa iniciativa.
Cada asistente firma en alguna de las tres
opciones, después de que lo hayan hecho los Parlamentarios, los Alcaldes y los Concejales,
y de que se haya comunicado ese resultado. Si no le gusta ninguna, problema
suyo, pero no podrá quejarse de que todo haya seguido igual. Y después, a
buscar las demás firmas.
¿Y por qué tienen que disolverse los dos
partidos actuales?
Primero, porque dentro de ambos hay un gran
totum revolutum, por lo que apenas representan ya una doctrina, una historia o
una mística; porque no atraen como nuevos militantes sino a clientelas
mediocres e indisciplinadas, mientras pierden a algunas de sus mejores figuras,
hastiadas de tanta claudicación.
Segundo, porque ya hay suficientes fuerzas que
buscan abrirse paso por sus costados y que, en cuanto sea derogado el
binominal, fraccionarán aún más las opciones para enfrentar a la izquierda.
Y tercero, porque existen miles de DC que vagan
errantes, buscando una opción que no los obligue al adulterio político.
¿Suficiente, o es mejor seguir apostando al
33%?
¡No discriminemos!,
por Jesús Triguero.
Es un hecho de la realidad, a la cual no
podemos sustraernos, que hoy, en la antesala de un cambio de Gobierno, en los
ámbitos académico, estudiantil y político, se ha planteado en nuestro país, por
diversos actores, un amplio debate referido a la necesidad de realizar
profundas modificaciones a las políticas públicas vigentes en el ámbito
educacional a nivel escolar.
En esta perspectiva, con un enfoque crítico y a
la vez constructivo sobre las distintas temáticas que son parte de este debate
público, se hace necesario insistir en que la educación es un derecho inherente
a la persona, que presenta un carácter de bien público de naturaleza
estratégica. Al Estado le corresponde, entonces, asegurar que todas las
personas -sin exclusiones- puedan acceder, progresar y egresar de un sistema
educacional consagrado históricamente como de provisión mixta, que se debe
caracterizar por asegurar a todos un servicio de calidad probada.
En materia de política educativa, las
decisiones que afectan la estructura, financiamiento, propósitos y gestión del sistema educacional de nuestro
país deben guiarse en su diseño por el principio de que el núcleo de calidad de
la enseñanza y el aprendizaje se define esencialmente en el aula, en la
relación educativa del que enseña y el que aprende, y ello depende
esencialmente de la calidad humana y profesional del docente. Eso, a su vez, se
encuentra en íntima relación con las características que haya tenido su proceso
formativo y se puede ejercitar positivamente cuando las condiciones laborales,
el clima organizacional y la retribución por su trabajo son adecuados.
Debiera contar necesariamente con una dotación
significativa de recursos adicionales para la atención de aquellos alumnos
provenientes de contextos socioeconómicos y culturales vulnerables, en procura
de la equidad, sin discriminar por la dependencia del establecimiento donde
estudian, para hacer efectiva la igualdad de oportunidades en materia de
aprendizaje. Ajustarse, además, en forma irrestricta a las normas fundamentales
que regulan en general la gestión del sistema educativo, respetando
principalmente en la letra y el espíritu del marco normativo que en materia del
derecho a la educación y a la libertad de enseñanza establece nuestra Carta
Fundamental.
Superando las divergencias ideológicas
existentes de quienes tienen la responsabilidad de su diseño, deben articularse
como el fruto consensuado de políticas de Estado, contando con la participación
de todos los actores que forman parte del sistema educativo. Resulta
indiscutible el beneficio que esto trae consigo en términos de seguridad y
estabilidad para quienes tienen la responsabilidad de conducir la gestión
educativa.
Establecer
un sistema de financiamiento público diferenciado, beneficiando a la educación
pública en detrimento de la particular subvencionada, sería una discriminación
inaceptable que perjudicaría a la mayoría de los alumnos que forman parte del
sistema educacional. Recordemos que 55 de cada 100 alumnos que se educan en
Chile lo hacen en la educación particular subvencionada por voluntad de sus
padres, y sólo 38 lo hacen en la educación pública.
Infantilismo constitucional,
por Fernando Saenger G.
Una Constitución es la norma básica y
fundamental que sustenta a una nación. Organiza, designa y relaciona los
poderes públicos. Por ser suprema es el pilar jerárquico del resto del
ordenamiento.
El 11 de marzo de 1990, al reanudarse nuestro
sistema democrático, comienza una sucesión interminable de reformas. En 24 años
son casi 30. La de EE.UU. (de 1787), solo tiene 27 enmiendas; la española
(1978), dos, y la de Francia (1958), solamente seis.
En el Gobierno de Lagos se promulga la reforma
más importante. El Tribunal Constitucional es objeto de una profunda
modificación, para ser actualmente un órgano vital, esencial y fundamental en
la vida Jurídica del país. Se eliminaron los Senadores designados y vitalicios,
se enmendó el Congreso Nacional en ambas ramas, se reestructuraron normas de
las Fuerzas Armadas, etcétera.
Se cambiaron normas para hacer más expeditas
las reformas de su texto. Expuso el Presidente Lagos: “La nueva Constitución
marca un momento trascendental para todos los chilenos, pero sobre todo para
las nuevas generaciones, porque son ellas las llamadas a proseguir la tarea de
perfeccionar nuestra democracia, ampliar nuestras libertades, elevar los
niveles de justicia social, hacer de Chile un país cada vez más grande, como lo
soñaron los padres de la Patria, respetado por las virtudes y por la buena vida
de sus habitantes”.
“Tenemos, por fin, una Constitución
democrática, acorde con el espíritu de Chile, con el alma permanente de Chile.
Representa nuestro mejor homenaje a la Independencia, a las Glorias Patrias, a
la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional. Esta nueva
Constitución constituye uno de nuestros más importantes legados para el Chile
del bicentenario, para las nuevas generaciones a las que tocará tomar en sus
manos la dirección de nuestra comunidad política y llevarla hacia un Chile más
democrático, más justo, más libre e igualitario, para el bien de todos y cada
uno de sus habitantes.” (Reforma Constitucional, LexisNexis, pág. 18).
Al leer la parte final, se podrá observar que
quien la promulgó y ordenó publicar fue el propio Lagos, con la firma de sus Ministros.
No hay referencia —ni en el decreto que ordena la publicación como en quienes
la suscriben— al Gobierno militar, eliminándose hasta el preámbulo que aquella
en su texto original contenía. Sin dudas, nos regimos por una Constitución.
La C.P. de 1833, y hasta 1925, tuvo ocho
modificaciones. La de 1925, hasta 1973, solo tuvo 10, y la actual, en 23 años,
29.
En las campañas políticas y estudiantiles
escuchamos frases como “reformas Constitucionales a todo” y “asamblea constituyente”.
Una avalancha y marea interminable de cambios, modificaciones, readecuaciones
que nadie sabe para qué, o su contenido o finalidad.
Francisco Encina, en su Historia de Chile, y
refiriéndose al período de la anarquía de 1823 a 1830, relataba que una de las
causas de la anarquía fueron “las esperanzas cifradas en las Constituciones
políticas”. Y lo unía al errado “concepto de la libertad”, sin deberes,
añadiéndole “la libertad y la crisis de la sanción”; “la falta de respeto a las
Leyes, unido a la licencia y a la amoralidad política”. Finalmente, señalaba,
como propio de nuestra idiosincrasia, “la creencia en la eficacia todopoderosa
de las leyes”.
Casi dos siglos después, estos caracteres y
atributos están plenamente vigentes. Es una orgía y una hemorragia interminable
de reformas, algunas absurdas, que a lo único que nos van a llevar es a la
desestabilización y a la desorganización social y política.
Estamos de acuerdo en que hay que mejorar la
educación, la salud, la vivienda, la pobreza, etcétera. Pero no lo vamos a
mejorar solamente con cambiar una Constitución por otra, o enmendar Leyes o
reglamentos.
Muchos pretenden solucionar todos los problemas
del país mediante plebiscitos. Otro espejismo y falsa panacea para engañar a
multitudes que desconocen las técnicas más elementales. El plebiscito solo es
posible cuando existen discrepancias entre el Presidente y el Congreso,
exclusivamente en materia de reforma Constitucional. No hay plebiscito para las
Leyes u otras materias.
Tenemos una democracia representativa. No hay
iniciativa popular, veto popular, recall, etcétera. En los últimos años, se
incluyeron las consultas no vinculantes y plebiscitos en materia Municipal.
Las soluciones que se proponen son quiméricas y
si se accediera a todo lo que pretenden actores sociales, estaríamos cayendo en
el desorden más gigantesco que nos llevaría a un quiebre Constitucional.
Chile es ahora una prestigiosa república
latinoamericana. Es modelo en el mundo entero, por su estabilidad, crecimiento
económico y social. No debemos farrearnos esta posición.
Corrupción y transparencia.
El índice de Percepción de Corrupción que
elabora Transparencia Internacional, sobre el cual informamos ayer, deja a
Chile con un punto y un lugar menos de preferencia en América Latina, en vez
del primero de versiones anteriores, y lo rebaja dos puestos a nivel mundial.
Si bien con ello pierde —es de esperar que transitoriamente— un liderazgo regional
significativo en ese aspecto, en verdad mantiene una posición satisfactoria y
muy relevante no sólo en comparación con países como Brasil, Perú o Argentina,
y por cierto Venezuela (cada día más deteriorada en todo tipo de indicadores),
sino igual o muy cercana a naciones desarrolladas como Francia y Estados
Unidos.
En el comentario de los expertos, esta mínima
caída puede deberse al cuestionamiento a algunas instituciones nacionales en
una de las encuestas realizadas o a las dificultades en el desarrollo de
determinados proyectos de negocios, pero, vista nuestra realidad, habría que
destacar sobre todo varias denuncias recientes en entidades Estatales
importantes y las limitaciones que aún subsisten en materia de transparencia,
pese a los notorios avances del último tiempo, ya que es allí donde se requiere
completar la tarea que evita las zonas oscuras en que se pueden producir actos
de corrupción en la esfera pública. Es efectivo que el Estado cumple en general
la Ley en cuanto a transparentar las actuaciones de sus organismos
dependientes, pero resulta difícil para los ciudadanos el acceso a datos que
les permitan ordenar y cruzar la información entregada, de manera, por ejemplo,
de poder confrontar los aspectos financieros con los resultados de un proyecto.
Ello es especialmente cierto en lo referido a los antecedentes relativos a los
Municipios.
Si en cuanto a los grandes temas, en especial
económicos, estamos bien, es al bajar a los escalones inferiores donde surge
ese tipo de problemas. Así, en las licitaciones y concesiones el Portal Público
es un evidente avance que, sin embargo, no impide que en la práctica se divida
un proyecto en varios para eludir la normativa aplicable, y eso cuesta
establecerlo. El Consejo para la Transparencia señala ayer la conveniencia de
impulsar cambios Legales que eliminen las opacidades del sistema, para lograr
la llamada “usabilidad de la información”. Y el Ministro Cristián Larroulet ha
pedido al Congreso aprobar los proyectos de Ley cerca ya de su despacho final y
relativos al lobby (donde acaba de fracasar una sesión de la comisión mixta por
falta de quórum), a cambios Legales sobre los correos de funcionarios Estatales,
a la probidad pública y a la transparencia Municipal.
A diferencia del debate, incluso en sede Judicial
y en el Tribunal Constitucional, en cuanto a los límites de la información
exigible en asuntos de relaciones exteriores y defensa, hay suficiente consenso
acerca de la conveniencia de regular lo relativo a los partidos políticos,
concretamente respecto de su financiamiento y eliminando en lo posible el
carácter anónimo de las donaciones. Varias de tales sugerencias chocan sí con
el obvio interés de parte de la clase política por mantener un cierto grado de
opacidad, pero cuentan con un respaldo ciudadano que se expresa en su
desconfianza (a veces exagerada dados los avances ya obtenidos) de la
información del Estado y las instituciones en su conjunto. Por lo mismo, es
importante robustecer lo existente y perfeccionarlo cubriendo sus vacíos.
Avances concretos en innovación.
Es destacable la calidad de las instituciones
que están llegando al país: la U. de California en Davis, con vasta experiencia
en investigación agrícola en EE.UU.; el australiano Instituto de
Sustentabilidad Minera, de la Universidad de Queensland, referente mundial en
temas de sustentabilidad de la industria en la cadena productiva de la minería;
el centro alemán Fraunhofer, y el consorcio de universidades españolas
lideradas por el centro tecnológico Leitat, de España. Todos ellos están
calificados en el primer nivel mundial.
El Foro de Innovación y Emprendimiento de la Alianza
del Pacífico, que comienzó ayer, incluye entre sus objetivos el de potenciar el
vínculo entre el emprendimiento y el capital de riesgo en los países del
bloque. Su realización en Santiago marca otro de los hitos de 2013, que el
Gobierno ha definido como el “Año de la Innovación”, período en el que se han
registrado ciertos avances interesantes. Un ejemplo es la reciente noticia de
que cuatro nuevos centros de innovación de excelencia se instalarán en Chile a
partir de 2014, en el marco del Programa de Atracción de Centros de Excelencia
Internacionales de Investigación y Desarrollo (I+D) para la Competitividad 2.0,
que impulsa Corfo. Estos centros ejecutarán proyectos por 125 millones de
dólares.
La llegada de estos conglomerados se da en el
marco de un programa Gubernamental que comenzó en 2009 por iniciativa de Corfo
y que hoy totaliza 12 instituciones, con una inversión de casi 400 millones de
dólares en el país. Esto ha sido posible gracias al compromiso de recursos Gubernamentales
por un período de 10 años, como una forma de alentar la inversión propia de las
entidades.
Transcurridos cuatro años desde que comenzó
esta iniciativa, se observa ya un diseño que considera los incentivos
correctos: competencia de varios centros por exhibir resultados; requerimientos
para que estos operen con instituciones nacionales, y un aporte compartido de
recursos, que involucra de manera directa a Chile y a dichos centros.
En términos generales, esta es una iniciativa
que muestra de buena forma cómo el rol subsidiario del Estado, promoviendo
desarrollos que espontáneamente no se darían, sumado al contexto de seriedad
institucional del país, permiten avanzar en innovación. Se trata de un área en
la cual existen déficits históricos, y que al mismo tiempo juega un papel
fundamental en la incorporación de valor agregado para distintas industrias,
especialmente aquellas en las cuales se tienen —o se podrían tener— ventajas
comparativas significativas.
Es interesante, asimismo, destacar la no usual
continuidad de esta iniciativa, que ha traspasado dos Gobiernos, permitiendo no
solo lograr los objetivos perseguidos, sino también mostrar que cuando las
políticas públicas se hacen con orientación de largo plazo, se consiguen
resultados importantes y concretos.
Lento avance en acreditación de instituciones de
salud.
El proceso de acreditación de hospitales y
clínicas del país ha evolucionado de manera lenta y sin mayor urgencia, no
obstante constituir un valioso objetivo que permitirá mejorar los estándares de
atención médica y procedimientos clínicos, siguiendo las mejores prácticas de países
desarrollados. Lograr esta certificación supone indudables complejidades
técnicas y profundos cambios organizacionales en las entidades de salud,
especialmente en hospitales públicos, pero ello es parte inevitable de un
proceso que no admitiría nuevas postergaciones -considerando el tiempo
transcurrido-, y cabría esperar que se cumpla el plazo impuesto en el decreto Presidencial
que reprogramó para julio del próximo año la puesta en marcha de esta
exigencia, que se hará de manera gradual.
La acreditación de entidades de salud -que por
ahora es voluntaria- será un requisito exigible para todas aquellas entidades
de salud que entreguen algunas de las prestaciones contempladas en el Plan
Auge, lo que además de dar cumplimiento a uno de los cuatro pilares del mismo
-asegurar una atención de calidad a los pacientes- supone introducir estándares
de servicio y confiabilidad que con el tiempo deberían beneficiar al sistema de
salud en general. Se trata de una meta ambiciosa, cuyo avance ha sido más lento
que lo esperado, especialmente en el sector público, donde se atiende el mayor
número de usuarios Auge. Conforme el catastro del Ministerio de Salud, de un
total de 28 hospitales de alta complejidad que en julio de 2014 deberán contar
con su acreditación, a la fecha sólo seis de ellos la han logrado y otros 22 se
encuentran realizando el trámite. Si se toma en cuenta que cada acreditación
demanda un tiempo considerable -y que es llevada a cabo por un ente externo que
certifica una serie de parámetros-, para cumplir con estos procesos será
necesario agilizarlos. Es posible que parte del retraso en todos estos años se
explique por la reticencia que despierta en ciertos sectores someter a
examinación los procedimientos aplicados, especialmente en recintos públicos,
pues podría dejar en evidencia incómodas diferencias respecto de la calidad que
ofrecen ciertos prestadores privados. Esos temores resultan infundados, y la
acreditación es precisamente uno de los mecanismos que puede ayudar de manera
significativa a que se mejoren los procedimientos y se corrijan ineficiencias,
lo que a la larga aumentará el interés por recurrir a sus servicios.
Es positivo que el sistema de salud se haya
impuesto un plazo perentorio. Ello supone ingentes desafíos, en especial porque
no contar con la acreditación implicará que la institución verá limitado su
campo de acción, lo que ciertamente supondría un grave detrimento para las
finanzas del establecimiento no acreditado, pues con seguridad los pacientes
buscarían otro lugar para atenderse. De ocurrir algo así, existirá la tentación
de recurrir a una nueva prórroga, pero ello dejaría al descubierto una incapacidad
de la institucionalidad para hacer frente a desafíos exigentes. Para que este
proceso llegue a buen término, sin embargo, es fundamental que las autoridades
a cargo del mismo garanticen que la institucionalidad estará a la altura de las
circunstancias. Ello ocurre en varias dimensiones. Una de ellas es asegurar que
se cumplirá con las fechas previstas, pero igualmente relevante es que exista
atenta supervisión de las entidades a cargo de efectuar la acreditación, para
asegurar la existencia de procedimientos imparciales y transparentes. Tampoco
puede desatenderse que una vez cumplida con la acreditación, debe asegurarse la
capacidad de fiscalizar que dichos estándares se sigan cumpliendo.
Nueva evaluación PISA.
Se han divulgado los resultados de la Prueba
Pisa 2012. En esta medición, el énfasis estuvo puesto en comprensión
matemática, esto es, en la detección de habilidades en esta disciplina para
desenvolverse en el mundo contemporáneo, definidas a partir del juicio de
destacados expertos internacionales. Participaron en esta ocasión 65 países,
número que ha ido en aumento desde que esta medición se inició en 2000, con
periodicidad trienal. Muestra el interés de las más variadas naciones en
evaluarse en las distintas disciplinas consideradas. Además de la ya
mencionada, se miden competencias en lenguaje y ciencias, que han sido
enfatizadas en mediciones pasadas. El grupo medido está compuesto por jóvenes
de 15 años.
Junto con Chile, participaron en esta oportunidad
otros siete países latinoamericanos, y hay buenas noticias para el nuestro: en
las tres disciplinas ocupa el primer lugar de la región, a una distancia
importante de los demás, y respecto de 2000 se observa un avance en el
desempeño en las tres. Por cierto, hay otras novedades no tan positivas: los
progresos son más bien modestos y nuestros desempeños están bastante por debajo
de los que se observan en la OCDE, a la que pertenecemos desde 2010 y que
incluye a varios países con resultados muy destacables.
Es evidente, por tanto, que Chile necesita
redoblar sus esfuerzos para avanzar en educación. Ahora que se debate tanto
sobre ella, es importante mirar con detención los antecedentes que aporta esta
prueba. Más allá de la percepción que pueda existir de la misma, es un
instrumento serio, cuyo estudio debería permitir focalizar adecuadamente los
esfuerzos para los próximos años. Desde luego, un análisis desapasionado de
estos resultados, si bien evidencia problemas, no permite concluir que nuestro
sistema educativo está en crisis. Tampoco que su problema esté en la
composición público-privada de la matrícula ni en una falta de preferencia por
la educación pública.
Se confirma, al igual que en las pruebas
anteriores, que nuestro sistema educacional es de los más segregados: la
composición social de los estudiantes es muy parecida dentro de cada escuela,
pero muy distinta entre ciertas escuelas y otras. Es tentador atribuirlo al
diseño de nuestro sistema educacional, pero si estos datos se controlan por la desigualdad
y la alta cobertura educacional de nuestro país (por ejemplo, entre 5 y 34
puntos porcentuales superior a la de los otros latinoamericanos participantes
en este examen), esa imputación se desvanece. Esto no significa que no debamos
preocuparnos por esa segregación, pero es importante no equivocar los
instrumentos. De lo contrario, solo se tensará el sistema educativo, sin lograr
inclusión ni mejoras en los desempeños.
Hay tres áreas que los países de buenos
desempeños combinan apropiadamente.
En primer lugar, invierten muy bien en la
preparación, selección, evaluación y compensación de sus docentes y directores.
Por sí solos, ninguno de estos ejes es suficiente. En Chile ha habido logros en
este ámbito, pero son modestos y falta mucho por hacer.
La segunda dimensión apunta a un buen
equilibrio entre apoyo, exigencias y autonomía de los docentes y
establecimientos. Hay distintas maneras de diseñar adecuadamente este
equilibrio, pero ninguna de las habituales en los países de buenos desempeños
se observa en el nuestro. Por ejemplo, la evaluación de los docentes en la
educación pública es muy descentralizada y con poca injerencia del director de
la escuela. A su vez, este está sometido actualmente a un proceso de evaluación
mejor, pero aún muy débil, y su involucramiento en la selección de su cuerpo
docente es casi inexistente.
La tercera dimensión se refiere a una inversión
que se haga cargo realmente de las diferencias entre establecimientos en cuanto
a la vulnerabilidad de sus estudiantes. Al respecto, Chile no está bien
evaluado en el informe PISA, y eso debe ser abordado con decisión.
Curiosamente, estos asuntos, de la mayor relevancia, están casi ausentes en el
debate educativo nacional.
Proceso de nombramiento de
Ministro de la Corte Suprema.
Un nuevo capítulo de tensión institucional se
vive con la postergación de la ratificación por el Senado de la propuesta del
Ejecutivo para designar al Ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua
Carlos Aránguiz como nuevo Ministro de la Corte Suprema. Cabe recordar que la
Constitución dispone desde 1997 que el nombramiento de los Ministros del máximo
Tribunal se hará, además de su origen en una quina elaborada por ese mismo Tribunal
y posterior selección por el Presidente de entre los nombres incluidos en ella,
por aprobación de los dos tercios del Senado.
Promovido en su momento como un mecanismo de
legitimación ciudadana y democrática de los Ministros así nombrados, el riesgo
de agregar elementos excesivamente políticos al proceso de nombramiento se ha
venido confirmando penosamente. Si bien en algunos países extranjeros como
Estados Unidos los Ministros de su máximo Tribunal son sometidos a durísimos
procesos confirmatorios en el Senado —que incluso pueden llegar a ser, por
momentos, agraviantes—, Chile no debe perder la dignidad y sobriedad con que
trata a sus Magistrados.
No es positivo, pues, para el prestigio de la
Corte el que las propuestas del Presidente sean sometidas a vaivenes propios de
cualquier proyecto de Ley o de la discusión política. Tampoco resultan sanos
—ni atenidos a la Constitución— los vetos públicos y anticipados provenientes
de Senadores, anteriores a la audiencia en que el Magistrado expone y es
interrogado. Es en dicha audiencia que esa corporación debe formarse convicción.
El Senado debe ahí ejercer su atribución con la categoría propia de tratarse de
una Cámara Alta, de reflexión, de acuerdos, con visión de Estado y ajena a la
fiscalización política.
Es, en consecuencia, lamentable que se dilate
la votación en el Senado del Ministro Aránguiz, actual Presidente de la Corte
de Rancagua, de comprobada independencia. En este contexto debe reconocerse la
altura con que el Senador Letelier (PS) —reelecto por amplia mayoría y
procesado en su oportunidad por este mismo Magistrado— señaló no tener
objeciones al nombre de Aránguiz como futuro Ministro de la Corte Suprema.
El sistema introducido en 1997 está dando
muestras de notoria inadecuación a las expectativas cívicas. Por cierto, la
intervención del Senado en este proceso brinda una irrenunciable oportunidad de
escrutinio público, y es incomparablemente mejor que lo dispuesto por la Carta
de 1925, en que solo intervenían los poderes Ejecutivo y Judicial, resolviendo
lejos del conocimiento ciudadano. Pero tampoco es satisfactorio el
procedimiento actual, en el que el Gobierno y la oposición de turno negocian
indefinidamente durante meses algo que, en los hechos, aparece como un cuoteo
de un Ministro para cada uno, por turnos, y sujetando todo a las preferencias
político-ideológicas que cada coalición le atribuya al Magistrado propuesto, a
la luz de cómo perciban sus fallos anteriores, sin mayor consideración para con
su valía Jurídica.
Todo indica que este indeseable fenómeno —que
no aporta al prestigio de los poderes del Estado— se ve, además, estimulado por
el hecho de que el Ejecutivo no tenga un plazo Constitucionalmente fijado para
formular su propuesta, una vez que recibe la quina de la Corte Suprema. Si
dicho plazo existiese, las negociaciones referidas probablemente se
circunscribirían a un marco mucho más razonable. Hay aquí un mejoramiento
pendiente, pero ningún Gobierno ha querido autoimponerse esta limitación de
plazos mientras está ejerciendo el poder. Entretanto, el país debe contemplar
cómo el máximo nivel de su Judicatura queda entregado a un juego político
obviamente lesivo para la confianza ciudadana.
Presidente Piñera inauguró primer recinto acuático de cara a los
juegos Odesur.
