A diez días, y no hay olor a elección,
por Sergio Melnick.
Faltan 10 días para la segunda vuelta, y no hay
ni olor, ni color, ni sensación, ni ambiente de elección en nuestro país.
Apenas se vislumbra propaganda, los medios de comunicación apenas tocan el tema
(porque no hay noticias relevantes de campaña), la franja es inocua y habrá dos
debates entre las candidatas que podría ser la única novedad. Parece que ambas
candidaturas quedaron sin oxígeno financiero, cansadas, entregadas a sus
destinos y sin ánimo real de disputa. Quizás la gran mayoría silenciosa del 50%
que no votó quiere que las cosas se mantengan en su curso habitual, que ha
mostrado un progreso notable en los últimos 30 años y no quiere aventuras
políticas irresponsables.
Bachelet sigue hablando slogans y consignas,
evadiendo los temas concretos que no domina y caminando por los costados de la
realidad. Matthei simplemente no la desafía ni la emplaza en nada; dada su
posición actual, tiene la obligación estratégica obvia de tomar riesgos fuertes
de campaña, pero ello no parece estar en su agenda. También tiene que proponer
ideas novedosas y llenas de futuro más que ofertones a lo Bachelet, ya que en
ese campo nunca le ganará. Si no lo hace, ambas cosas como mínimo, sus
posibilidades, que ya son bajas, pasarán a ser simplemente nulas. Emplazar a
Bachelet es fácil. Dice en sus avisos que otorgará más y mejor empleo,
exactamente lo contrario a lo que hizo en su Gobierno. Propone cambios
radicales en educación, algo que ya prometió y no hizo. Es más, en su campaña
2006 ofreció “la más grande revolución en educación” y no hizo absolutamente
nada. Anuncia fuertes aumentos de impuestos, señalando que ello no afecta ni a
la economía ni a las pymes, habiendo tenido un muy magro resultado en su gestión
económica como Presidente. Anuncia una nueva Constitución, pero no dice cómo,
ni plantea que deba ser aprobada por el 75% o más de la población para ser
legítima. Ofrece bonos, pensiones, salud, etc., una panacea en el mundo
terrenal, coronada por la aseveración de Karol Cariola, próxima Diputado de la
Nueva Mayoría, de que Bachelet es el primer paso al socialismo, un proyecto
añejo y fracasado en todas partes en que se intentó.
Lo concreto es que el gran empleo lo ha creado
el Gobierno de Piñera, las colas auge las eliminó Piñera. La reconstrucción
ejemplar la realizó Piñera. La máxima creación histórica de empresas ha
ocurrido en el Gobierno de Piñera. El crédito estudiantil bajó del 6% al 2% en
el Gobierno de Piñera y aumentó las becas de educación superior de 100 mil a
400 mil. El 7% de los jubilados lo devolvió Piñera y fue él también que logró
el posnatal de seis meses, la Ley de tolerancia cero al alcohol y sacó el humo
de los lugares cerrados. Es en este Gobierno que hemos alcanzado la mayor participación
de mujeres en el mercado laboral, así como un aumento notable de los salarios
reales por las condiciones prácticamente de pleno empleo. Piñera ha restaurado
a más de US$ 22.000 millones el fondo del cobre, del que Bachelet se había
gastado la mitad. De la misma manera, el déficit Fiscal que dejó Bachelet del
4% del PIB (informe FMI) se habrá reducido al 1% o menos. El ingreso ético
familiar se creó en el Gobierno de Piñera, no de Bachelet, se creó el subsidio
habitacional para la clase media, se estimuló a los buenos alumnos a las
carreras de pedagogía, se hizo una reforma tributaria, se aumentó el royalty
minero, se creó el Sernac financiero, se tuvo la inflación siempre controlada,
algo que no ocurrió durante la gestión Bachelet. Ha sido en este Gobierno que
se logró la elección de Cores, la portabilidad numérica de los celulares, el
voto voluntario, se aprobaron dos líneas nuevas para el Metro, aumentó en 35%
el presupuesto en educación, se aprobó la obligatoriedad kínder en Chile, se
avanzó decididamente en la ventanilla única y Chile Atiende, se crearon 60
liceos de excelencia, se mejoró el funcionamiento del Transantiago, se
equilibraron las cuentas de Enap destrozada por Bachelet. Se renovó el tren a
Rancagua. Se reestructuró la Onemi, se creó el Ministerio de desarrollo social.
Es también en este Gobierno que disminuyó la pobreza, que aumentó con Bachelet,
y disminuyó un poco la desigualdad que también aumentó con Bachelet.
Todo lo anterior es lo concreto y se refleja
directamente en la calidad de vida de las personas. El resto es aire, es tema
sólo de los políticos, del oscuro juego del poder, del clientelismo y de la
vuelta de los operadores políticos. Por cierto que hay muchas cosas que mejorar
en Chile, como ocurre en todos los países del globo. No hay países sin
problemas. La pregunta es si el fenomenal progreso de Chile en 30 años debe ser
tirado por la borda en una propuesta de cambios radicales sin fundamentos y que
al final son sólo titulares que en la práctica sólo conducen a nuevos tipos de
transantiagos si son implementados.
Uno esperaría que en una democracia moderna la
racionalidad tuviera una mayor participación en las grandes decisiones. De otra
manera sólo veremos al país retroceder una vez más en su historia.
Dos semanas de vértigo en Argentina,
por Julio Burdman.
Estos quince días posteriores al regreso de la
Presidente Cristina Fernández, tras 47 días de licencia por enfermedad, han
sido vertiginosos en Argentina. Los cambios que introdujo en el Gabinete y en
la dinámica del Gobierno -aunque no en los lineamientos políticos e ideológicos
de su administración, que son los mismos-
han sido tal vez los más profundos del ciclo kirchnerista.
La razón de los mismos no fue el resultado de
las Legislativas, que el Gobierno no considera adverso, sino el reconocimiento
de que hay problemas que exigen correcciones: la economía necesita más dólares,
más energía y menos inflación. Para la tarea renovó a todo el equipo económico:
Jorge Capitanich (Jefe de Gabinete), Axel Kicillof (Ministro de Economía), Juan
Carlos Fábrega (Presidente del Banco Central).
Una de las medidas con más impacto social del
nuevo equipo económico, a semanas de la temporada de verano, ha sido el “dólar
turista”, un 30% más caro que el oficial, con el que busca frenar la fuga de
divisas vía gastos en el exterior. Esto, sumado al alejamiento del Secretario
de Comercio Guillermo Moreno -el gran implementador de los controles de precios
y el comercio exterior y, por ende, una figura muy antipática para los
mercados-, el cierre del acuerdo de compensación a la empresa española Repsol
por la reestatización de la petrolera YPF, el aumento de la tasa de devaluación
del peso y el próximo lanzamiento de un nuevo índice de inflación, dan forma a
lo que algunos consideran un “giro pragmático” del Gobierno, que para los
opositores de centroderecha es cosmético e insuficiente y para el ala izquierda
del oficialismo ya se encuentra en el límite de lo tolerable.
En este contexto aparecieron, imprevistamente o
no tanto, los saqueos a comercios y domicilios particulares en la Provincia de
Córdoba, una de las más pobladas del país y también la que tiene las peores
cifras socioeconómicas. Hay que aclarar que en la Argentina los saqueos
adquieren una connotación particular. En otros países y culturas son un
fenómeno asociado al caos que sobreviene durante las catástrofes y las
hambrunas. Aquí son un fenómeno político. Esto viene dado por la memoria de dos
Gobiernos democráticos, el de Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa, que cayeron
entre saqueos instigados y desorden en las calles. Por eso, el regreso del
vandalismo a comercios podría remitirnos
a la pregunta sobre la Gobernabilidad. Pero, como decía Marx, la historia se
repite primero como tragedia y luego como farsa, y estos saqueos lucen bastante
farsantes.
No se trata de negar que hay un malestar social
en los sectores más desfavorecidos de la Provincia argentina de Córdoba. No
obstante, lo ocurrido no puede separarse del autoacuartelamiento de la policía Provincial.
Allí la fuerza pública, por un reclamo salarial, decidió hacer una huelga de la
forma en que los policías saben protestar: quedándose en sus cuarteles e
instalaciones y dejando las calles liberadas. Fue así que algunos delincuentes se
lanzaron a las calles, saqueando comercio y domicilios particulares. Luego,
como se sabe, el caos es contagioso, y pudo verse en los tumultos a
oportunistas de ocasión, que espontáneamente contribuían con delitos menores a
empeorar la situación.
No puede decirse que los saqueos hayan estado
originados en el hambre o la desesperación: casas de indumentaria deportiva y
electrodomésticos, no solo de alimentos, estuvieron entre los blancos de los
vándalos. ¿Puede hacerse una lectura política de los incidentes? ¿O acaso todo
se explica por la crisis de autoridad causada por la retirada policial y la
llegada de los “bandoleros”, como los llamó el Gobernador José Manuel De la
Sota, un peronista opositor al kirchnerismo?
Sin duda que hubo ingredientes políticos
contribuyendo a la organización del caos. Pero las hipótesis cruzadas solo
contribuyen a la confusión. De la Sota levantó la voz contra el Gobierno
central, diciendo que ante la huelga policial debieron enviarle refuerzos
nacionales (Policía Federal, Gendarmería) que no llegaron a tiempo. Los
opositores Provinciales del Gobernador fueron más equilibrados y llamaron a
calmar los ánimos y a identificar a los delincuentes que iniciaron los saqueos.
Hay otro aspecto que genera suspicacias, y es el hecho de que la crisis
coincidió con los cambios de autoridades en el Ministerio de Seguridad de la
Nación, con lo que a la nueva Ministro, Cecilia Rodríguez, le toca asumir en un
contexto de tensión, y hay quienes creen que eso no es una casualidad.
Por último, hay otro aspecto que contribuye al
aire conflictivo, y es que la izquierda radicalizada hizo una buena elección en
Córdoba en las Legislativas del 27 de octubre, pero acusa al Gobernador de
hacer fraude y “robarles” una banca en la Cámara de Diputados nacional. Esta
izquierda, movilizada y en plena efervescencia, lanza nafta sobre el fuego al
acusar a De la Sota de ser responsable por el deterioro económico y apoya los
saqueos por considerar que son protestas legítimas. En suma, hay varios actores
que aportan a que el caos tenga poco de espontáneo y bastante de organizado, y
todos contribuyen en cierta medida. Pero hay un dato insoslayable: tal vez nada
hubiera ocurrido si la policía no liberaba las calles cordobesas.
Alianza del Pacífico-Chile y Brasil: Los desafíos
pendientes,
por Hermann von Mühlenbrock.
Desde hace algún tiempo, autoridades y
dirigentes tanto de Chile como de Brasil han enviado diferentes mensajes
señalando que de alguna forma Chile y sus empresarios le han dado la espalda a
Brasil, al privilegiar sus relaciones comerciales con los países de la Alianza
del Pacífico, en desmedro de otros países de la región.
Es bueno recordar y tener presente que esta
iniciativa es un acuerdo comercial, no político, entre países que tienen una
visión de desarrollo similar, y que su único objetivo es facilitar el comercio
entre los países que la integran. Es una alianza no excluyente y abierta al
ingreso de terceros. En el marco de esa iniciativa, ya se han alcanzado
acuerdos en ámbitos tales como migración, reconocimientos académicos, normas de
origen, bolsas de comercio, homologación tributaria, desgravación arancelaria
de casi la totalidad de los productos, entre otros. Por estas razones ha
despertado el interés de muchos países, algunos de los cuales (20 en total) han
señalado su deseo de ser considerados como observadores.
Los empresarios de las naciones que la
conforman han apoyado entusiastamente esta iniciativa y la proyectan como un
acuerdo muy serio y real, que permitirá no solo el crecimiento del comercio de
sus integrantes, sino que también su proyección con empresas binacionales para
participar con más fortaleza en los países del Asia Pacífico.
Lo anterior no afecta en nada nuestro interés
de participar en otros mercados, como es el caso de Brasil. Entendemos que
Brasil ha optado por focalizarse preferentemente hacia el consumo interno, dada
la magnitud de su mercado, y desde esa perspectiva los empresarios chilenos
hemos priorizado a ese país para realizar nuestras inversiones en el exterior y
sobre esa base hemos construido una relación fructífera y con visión de futuro.
Con ocasión de la visita a nuestro país del ex
Presidente Lula, pudimos analizar con toda franqueza esta realidad, así como el
estado de nuestras relaciones comerciales. En el marco de este intercambio de
ideas, se destacó el hecho de que los empresarios chilenos se encuentran
representados en Brasil por más de cien empresas que a la fecha han invertido
alrededor de 22 mil millones de dólares. Si a estas cifras se añaden aquellas
no catastradas, la cantidad invertida supera los US$ 26 mil millones, la
inversión más alta que las empresas chilenas han materializado en todo el
mundo, y de la cual prácticamente el 50% se ha concretado en los últimos tres
años.
Estas inversiones generan, entre empleos
directos e indirectos, más de cien mil puestos de trabajo. En relación con la
inversión brasileña en Chile, esta bordea los dos mil millones de dólares y el
comercio bilateral está bastante balanceado y es cercano a los diez mil millones
de dólares.
Por otra parte, en dicha reunión se analizó
también la forma de aumentar nuestro intercambio comercial, para lo cual
señalamos la importancia del encuentro empresarial que sostendremos en Brasilia
con nuestros pares de la Confederación Nacional de Industrias de Brasil el
próximo 10 de diciembre.
En la actualidad y dada la política comercial
de Brasil, las empresas brasileñas tienen una gran oportunidad para aprovechar
los acuerdos comerciales que Chile posee con la región y el mundo, lo cual,
además, sería muy positivo para una mayor integración regional. En lo
particular, creemos que la industria exportadora de Brasil puede aprovechar
especialmente los tratados de libre comercio que Chile ha suscrito con los
países del Asia Pacífico, donde a través de normas de origen chileno, sus
productos pueden resultar muy competitivos al ingresar a esos mercados con cero
arancel y, por la vía del encadenamiento productivo, aprovechar las
preferencias arancelarias negociadas por Chile con estos países.
También conversamos y estuvimos de acuerdo en
señalar que la verdadera integración regional solo se logrará cuando tengamos
una completa integración de infraestructura física de caminos, puertos,
telecomunicaciones, corredores bioceánicos e integración energética. Sin
energía no podríamos alcanzar el desarrollo y, para lo mismo, no solo debemos
respaldar la interconexión entre los distintos países, sino que también
tendríamos la obligación moral de usar todos nuestros recursos naturales,
especialmente los provenientes de la hidroelectricidad. En esta materia la
experiencia brasileña puede ser de mucha importancia para asesorarnos en el
diseño de una mejor y más limpia matriz energética.
La complementariedad entre Chile y Brasil es
enorme, y dados el cariño y amistad que se tienen nuestros pueblos, existe un
amplio espacio para avanzar mucho más. La Alianza del Pacífico, muy por el
contrario de ser considerada por algunos como un instrumento que le da la
espalda a Brasil, es una verdadera aliada de la integración regional.
Nuevos golpes a Valparaíso.
Tristemente simbólico de los problemas que
afectan al casco histórico de Valparaíso fue el asalto sufrido hace unos días
precisamente por uno de los expertos enviados por la Unesco a evaluar el estado
de esa zona, a 10 años de su declaratoria como patrimonio de la humanidad. El
observador resultó lesionado al intentar resistir que le arrebataran sus
equipos fotográficos mientras recorría las inmediaciones de la iglesia La
Matriz. La caminata no era parte de su programa oficial, por lo que —como
cualquier turista— no estaba acompañado de una comitiva que lo resguardara.
Esto evidencia la inseguridad a que se
enfrentan diariamente los turistas: al 3 de noviembre pasado se habían
registrado en el plan de Valparaíso 4.435 delitos, principalmente hurtos, robos
con sorpresa, lesiones, robos violentos y con intimidación. Funcionarios del
Consejo de Monumentos Nacionales deploran el “abandono” en que se halla esa
zona, y el Alcalde ha planteado la necesidad de una policía patrimonial. Sería
simplista, sin embargo, reducir el problema solo a una cuestión de efectivos
policiales disponibles. El caso de la plaza Echaurren —donde las rondas diarias
de Carabineros, de positivo efecto en principio, han llevado a un mero cambio
en las rutinas de los delincuentes, que siguen actuando— muestra que la
inseguridad se encuentra también vinculada con el deterioro general del sector
y el insuficiente avance de las iniciativas para revertirlo.
El panorama de la zona patrimonial no es
enteramente oscuro. Tras un lento y dificultoso inicio, el Programa de
Recuperación y Desarrollo Urbano —que consideraba recursos por 73 millones de
dólares aportados por el Gobierno y el BID— concluyó con logros como la
recuperación del Palacio Baburizza. Esfuerzos públicos y privados han permitido
la restauración del edificio Unión Obrera, el rescate del edificio Cousiño y el
desarrollo de un potente polo turístico en los cerros Alegre y Concepción. Pero
tales avances conviven con la suciedad de las calles, rayados, jaurías de
perros vagos, y obras que llevan años esperando materializarse, como la
recuperación del Mercado Puerto. Incluso una iniciativa tan valiosa como la
restauración de los ascensores ha sufrido un golpe frustrante con la caída del
Artillería (se cortaron los cables), lo que dilatará el reinicio de su
operación.
Aparte de la mala fortuna y de accidentes
gravísimos (desde la explosión de gas en la calle Serrano en 2007 hasta el
incendio que volvió a destruir este año la iglesia San Francisco, cuando ya
estaba casi del todo restaurada), han pesado también en este escenario el
retraso en la elaboración de un plan de gestión patrimonial y la falta de
consensos respecto del desarrollo futuro, evidenciada en la polémica por la
construcción de un mall en el sector Barón.
En contraste, el reciente festival Puerto de
Ideas, que convocó a intelectuales y a un público ávido en el centro cultural
levantado en la ex cárcel (otro logro de estos años), fue una muestra de las
potencialidades que ofrece Valparaíso cuando se emprenden iniciativas con
objetivos claros y bien gestionadas. Lamentablemente, la realidad cotidiana del
puerto dista aún mucho de eso.
Para que Valparaíso se erija en un caso
comparable con el de Cartagena de Indias, por ejemplo, requerirá un enfoque
muchísimo más enérgico, en el que se apele, eventualmente mediante Ley
específica, a un facilitamiento sustancial del aporte privado a su
recuperación. El Estado central siempre tendrá motivos válidos para no asignar
directamente sino fondos lentos e insuficientes.
La prueba Pisa y el debate sobre la educación en
Chile.
Los resultados de la prueba Pisa conocidos esta
semana sirven para confirmar el diagnóstico que existe desde hace tiempo sobre
el estado de la educación escolar en Chile, a la vez que dejan de manifiesto
que la discusión pública sobre el tema no atiende los principales problemas en
esta materia y ha ido adquiriendo una dirección que aleja al país de soluciones
prácticas que podrían ayudar a mejorar la calidad.
La prueba Pisa se aplica cada tres años a
alumnos de 15 años, quienes son examinados en tres materias: matemáticas,
lenguaje y ciencias. Los resultados del test aplicado en 2012 muestran un alza
muy leve, la cual ha servido para ubicar a Chile como el país mejor ranqueado
en América Latina, aunque todavía lejos del promedio de la Ocde y a enorme
distancia de China-Shanghai, que exhibe la performance más elevada a nivel
mundial. Cuando se compara el rendimiento de estudiantes de colegios privados y
Municipales, las diferencias son amplias, mientras que también es posible
advertir un estancamiento en el avance general que se venía registrando en la
última década. Nada de esto es demasiado novedoso, y más bien corresponde al
escenario que ha venido configurándose acerca del estado de la educación
chilena, que exhibe progresos, pero que aún no consigue preparar adecuadamente
a muchos jóvenes que son incapaces de entender bien lo que leen (un tercio del
total) y de realizar operaciones matemáticas que les permitan desenvolverse
adecuadamente en el mercado laboral (la mitad del total).
Sin embargo, pese a la persistencia en el
tiempo de los mismos problemas, el debate público sobre la educación continúa
girando en torno a concepciones ideologizadas que apuntan hacia conceptos como
la gratuidad o la entrega de un mayor rol al Estado. En cambio, brillan por su
ausencia o tienen un espacio secundario en la discusión aquellos aspectos que
tienen que ver con lo que sucede en el aula, desde la preparación y evaluación
de los profesores hasta los contenidos programáticos a los que se ven expuestos
los alumnos.
También se pasan por alto elementos centrales
que explican el éxito de los países a los cuales les va mejor en la prueba
Pisa, como el nivel de exigencia y la responsabilidad que tienen los mismos
alumnos y sus familias en el éxito escolar. Todo lo contrario, gana terreno en
Chile una cultura que tiende a poner énfasis casi exclusivo en garantizar los
derechos de los estudiantes -varios de ellos muy discutibles- y a prestar poca
atención a los deberes y el compromiso personal que conlleva la etapa escolar.
La posibilidad de mejorar la calidad de la
educación y permitir que ésta se convierta en un vehículo de crecimiento
personal, movilidad social y aumento de la productividad laboral pasa por crear
un sistema que entregue incentivos adecuados a todos los actores del mismo,
ponga a disposición del público y las autoridades información fidedigna y útil
acerca del rendimiento escolar, arraigue una cultura de permanente evaluación y
permita así que las familias elijan de entre una oferta variada el establecimiento
al que confiarán la educación de sus hijos. Mientras el debate no aborde de
manera central estos temas, será difícil que se produzcan avances
significativos y lo más probable es que se pierda un tiempo precioso en
discusiones que no conducen a soluciones efectivas.
Interrogantes sobre el Ministerio Público.
Desde la perspectiva institucional, son
preocupantes a diversos respectos algunos de los cursos de acción que ha venido
siguiendo el Ministerio Público. Es obvio que la reforma Constitucional que lo
creó en 1997 y la Legislación cuyo conjunto configuró la reforma procesal penal
respondieron a una necesidad modernizadora de nuestro sistema Judicial penal
que había sido largamente postergada. Grandes acuerdos políticos transversales,
gestados desde 1992 en adelante, hicieron posible un cambio indispensable, sin
el cual cabe preguntarse si nuestro país habría, por ejemplo, calificado como
miembro de la OCDE: el anacrónico sistema penal antes vigente y hoy en
paulatina extinción era incompatible con una democracia contemporánea.
Era sabido (e inevitable) que dicha innovación
enfrentaría muchos problemas y aun crisis ocasionales, y requeriría tiempo y
múltiples ajustes evidenciados por la práctica, antes de equilibrarse en
régimen con relativa estabilidad. Los colegisladores y sus asesores técnicos
confiaban, no obstante, en que las grandes innovaciones organizacionales
cristalizadas en el Ministerio Público lo estatuirían como un organismo mucho
más dinámico y distinto de los entes públicos tradicionales, una verdadera
vanguardia conceptual y funcional en nuestro ordenamiento. De allí —entre otras
razones, por cierto— que el Constituyente y el Legislador le confirieran al
Ministerio Público un grado de autonomía amplísimo, equivalente al de un Poder
del Estado clásico. De allí, también, que deliberadamente se omitiera
estructurarlo con una carrera funcionaria de antiguo estilo, y se optara por
prever un constante ingreso de profesionales jóvenes, atraídos por una labor
desafiante, innovadora, creativa, que cumplirían durante algunos años, ricos en
experiencia en las Fiscalías, y luego emigrarían, si lo desearen, a otras áreas
de la vida abogadil, permeándolas a su vez de ideas y visiones nuevas. Los
reemplazarían continuamente nuevas cohortes profesionales jóvenes. Incluso la
función misma del Fiscal demanda más ese perfil que el del funcionario
tradicional “de carrera”.
Lo que el Legislador no previó fue que, a tan
corto andar, la nueva institución comenzara a mostrar no pocos síntomas de
preferir la versión del funcionariado antiguo, según la cual quien ingresa a la
institución tiende a sentirse dueño vitalicio del cargo, exige estabilidad
indefinida en el mismo, según una “carrera” en la que los ascensos son más
determinados por el tiempo y el acomodo a la mentalidad funcionaria que a los
méritos medidos por logros efectivos. Las actitudes de los nuevos funcionarios
se han asimilado velozmente a las de los antiguos, y las demandas gremiales son
similares: aumentos de personal —lo que se justificaría si pudiere probarse
eficacia y eficiencia—, alzas de sueldos, más recursos adicionales para todos
los efectos. El recambio generacional rápido y constante es denunciado como
“fuga de Fiscales”. Y, por cierto, se ha ido ya a paro ilegal de funcionarios
—ya por más de una semana, sin que se hayan iniciado sumarios administrativos
(porque, al decir de algunos Fiscales Regionales, no ha mediado realmente
“paralización”, sino “movilizaciones”)—, y aun se insinúa que los propios Fiscales
podrían hacer otro tanto, lo que resulta difícil de creer, pues significaría
que están infringiendo la Ley precisamente los encargados de la persecución
penal de sus infractores.
Entretanto, la cúpula institucional, que no
parece en condiciones de controlar esta situación, ha enviado sendos oficios a
los Ministros de Hacienda y de Justicia, reclamando sustanciales fondos
adicionales, entre otros fines para evitar la “fuga de Fiscales”, y las
responsabilidades no son fáciles de exigir, porque la autonomía del Ministerio
Público, que se quiso establecer con máximo vigor, en aras de su independencia
en el proceso penal, hace que la fiscalización del mismo tenga un procedimiento
único y diferente del de las demás altas autoridades del Estado, pero que nunca
se ha aplicado. Probablemente convenga reestudiar si se justifica mantener ese
procedimiento excepcional, en vez de sujetarlo a la fiscalización normal de la
Cámara de Diputados y, en cuanto proceda, también al control correspondiente de
la Contraloría, que hoy excluye virtualmente del todo el art. 71 de la LOC del
Ministerio Público. De otro modo, sucede que prácticamente nadie fiscaliza a
las Fiscalías, lo cual se muestra cada vez más como una modalidad
inconveniente.
Haití: solidaridad mal entendida.
La misión de Naciones Unidas en Haití
(Minustah) está aproximándose a una derivación peligrosa. Chile debe plantear
un cambio profundo en su contribución y en la estrategia de la ONU en ese país.
El significativo contingente militar extranjero —que incluye a cerca de 500
efectivos chilenos, una participación algo desproporcionada para nuestro
tamaño— contribuye a que las autoridades de esa isla no asuman la obligación de
darle estabilidad política. Tan evidente es esa irresponsabilidad que el Presidente
del Senado haitiano pretende ahora que los soldados extranjeros intervengan en
su pugna con el Presidente Martelly. Semejante intervención, por su
interferencia en asuntos internos soberanos, transformaría a los militares
foráneos en fuerza de ocupación, con riesgos de vida para los uniformados y
civiles. Chile no puede permanecer inmóvil y prestarse —por acción u omisión—
para semejante intromisión.
Hace varios años que este diario, al igual que
múltiples otras voces, ha venido planteando la necesidad urgente de fijar un
plan de salida, disminuir sustancialmente las tropas y, cuanto antes,
reemplazar la actual asistencia chilena en Haití. Incluso en Afganistán —más
pobre que Haití y cuya situación compromete a la seguridad mundial— se han
reducido en más de la mitad los soldados extranjeros, y en el corto plazo los
habrá, proporcionalmente, menos que en Haití. Se ha representado que la
destinación de contingente militar chileno a esa isla, oportuna y valiosa en un
comienzo, ha pasado a ser más que grande por su número y por el gasto que
significa, y, además, se ha eternizado sin razones suficientes, habiendo otras
mejores opciones de cooperación.
Desde luego, las prioridades respecto de la
ayuda exterior para Haití han cambiado. Con fondos similares, e incluso
menores, se podría prestar un apoyo más eficaz para sus servicios vitales,
prácticamente inexistentes, tales como agua, energía eléctrica y salud, y para
servicios policiales y de Justicia. Se sabe que no hay una amenaza militar en
Haití; el problema de orden público se debe a la falta o debilidad de las
instituciones y de las policías, y a los militares no les competen esas tareas
ni están entrenados para ellas.
Sin embargo, mientras otros ejércitos ya
disminuyeron sus efectivos en ese país, Chile los ha mantenido, con desembolsos
del erario nacional que superan cientos de millones de dólares.
Cuesta entender el inmovilismo de Naciones
Unidas. Más incomprensible es que los Gobiernos y el Senado chilenos hayan
renovado anual y mecánicamente, con escasas disidencias y condiciones, el envío
de tropas que están resultando, de hecho, inconducentes para responder a las
necesidades del pueblo de Haití y, además, contraproducentes para que sus
autoridades asuman sus responsabilidades democráticas: esa presencia militar
constituye hoy una suerte de desincentivo —o de excusa— para ello.
Parecería que lo que ahora está primando en
Haití es la estrategia fácil del uso de las fuerzas armadas extranjeras.
Corresponde aplicar sin más tardanzas otras formas de solidaridad para con un
pueblo que ha sufrido lo indecible por catástrofes políticas y de la
naturaleza.
Pronunciamiento de Cuba por caso Guzmán.
Aprovechando el viaje que el Presidente Piñera realizará en
enero a Cuba para participar de una nueva versión de la cumbre Celac, la UDI le
solicitó al Mandatario abordar con el Jefe de Estado de ese país, Raúl Castro,
la eventual presencia en la isla de los inculpados en el crimen del ex Senador
Jaime Guzmán.
Aunque la visita del Mandatario chileno tiene
otros fines, la petición solicitada por la colectividad oficialista es
legítima, pues se trata de un tema pendiente en la relación bilateral, más aún
si se considera que el caso continúa abierto y que a la fecha ninguno de los
involucrados en el hecho se encuentra en prisión. Por lo demás, el propio Gobernante
cubano se comprometió en la anterior cumbre Celac -realizada en enero de este
año en Chile- a investigar los antecedentes que le hizo llegar la UDI en
aquella ocasión, en cuanto a que responsables directos de la muerte de Guzmán
se encontrarían en ese país o habrían recibido apoyo del Gobierno de la isla.
El silencio de las autoridades cubanas frente a
los requerimientos que en diversas oportunidades le han formulado tanto esta
administración como Gobiernos anteriores sobre el tema, es reflejo del escaso
interés de La Habana por colaborar en la captura de los culpables, situación
que da fuerza a las versiones que sostienen que el régimen de la isla ha
cobijado y prestado ayuda a varios de los involucrados para evadir la acción de
la Justicia.
Mientras existan situaciones pendientes en esta
causa y no se localice a los autores del asesinato de Guzmán, el Estado chileno
tiene el deber de insistir en todas las instancias internacionales pertinentes,
con el objetivo de que Cuba se pronuncie. Tratativas Diplomáticas que también
debiese impulsar el próximo Gobierno, una vez que asuma en marzo del próximo
año. Por su cercanía con el régimen cubano, sería esperable que la candidata de
la Nueva Mayoría contribuya a esta tarea en caso de resultar electa.
Correspondencia para la reflexión.
Señor Director:
Procesos a militares.
He terminado la lectura del libro “Procesos
sobre violación de Derechos Humanos”, del abogado y Capitán de navío (r) Adolfo
Paúl Latorre, quedando impresionado del acopio de antecedentes y macicez de los
razonamientos jurídicos que contiene, que evidencian de modo irrefragable cómo
la mayoría de nuestros Jueces, al juzgar a los miembros de las FF.AA. y
Carabineros, han abusado de sus facultades Jurisdiccionales y, sobre el texto
explícito de la Ley, han impuesto arbitrariamente su voluntad.
En dicho libro aparece cómo nuestros soldados
están siendo víctimas de ilegalidades e injusticias a través de sentencias
pronunciadas por Magistrados que aplican torcidamente la Ley.
Desgraciadamente todos, o la gran mayoría de
quienes los aplaudieron ayer, hoy los han olvidado, permaneciendo en una cómoda
indiferencia frente a sus penurias.
El odio sembrado con fecundidad en nuestro
Chile desde fines de los años 60 y comienzos de los 70 ha relegado al olvido el
hecho histórico indesmentible de que nuestras FF.AA. y de Orden, por esencia
garantes del orden institucional, el 11 de septiembre de 1973 se vieron en el
deber ineludible de asumir el Gobierno (que a la sazón era un desgobierno), con
el solo propósito de evitar una guerra civil, restaurar la democracia y el
orden político y social quebrantados, lo que cumplieron.
Rafael Rivera Sanhueza.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
