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viernes, 6 de diciembre de 2013

Temas de candente contingencia...












A diez días, y no hay olor a elección,
por Sergio Melnick.


Faltan 10 días para la segunda vuelta, y no hay ni olor, ni color, ni sensación, ni ambiente de elección en nuestro país. Apenas se vislumbra propaganda, los medios de comunicación apenas tocan el tema (porque no hay noticias relevantes de campaña), la franja es inocua y habrá dos debates entre las candidatas que podría ser la única novedad. Parece que ambas candidaturas quedaron sin oxígeno financiero, cansadas, entregadas a sus destinos y sin ánimo real de disputa. Quizás la gran mayoría silenciosa del 50% que no votó quiere que las cosas se mantengan en su curso habitual, que ha mostrado un progreso notable en los últimos 30 años y no quiere aventuras políticas irresponsables.


Bachelet sigue hablando slogans y consignas, evadiendo los temas concretos que no domina y caminando por los costados de la realidad. Matthei simplemente no la desafía ni la emplaza en nada; dada su posición actual, tiene la obligación estratégica obvia de tomar riesgos fuertes de campaña, pero ello no parece estar en su agenda. También tiene que proponer ideas novedosas y llenas de futuro más que ofertones a lo Bachelet, ya que en ese campo nunca le ganará. Si no lo hace, ambas cosas como mínimo, sus posibilidades, que ya son bajas, pasarán a ser simplemente nulas. Emplazar a Bachelet es fácil. Dice en sus avisos que otorgará más y mejor empleo, exactamente lo contrario a lo que hizo en su Gobierno. Propone cambios radicales en educación, algo que ya prometió y no hizo. Es más, en su campaña 2006 ofreció “la más grande revolución en educación” y no hizo absolutamente nada. Anuncia fuertes aumentos de impuestos, señalando que ello no afecta ni a la economía ni a las pymes, habiendo tenido un muy magro resultado en su gestión económica como Presidente. Anuncia una nueva Constitución, pero no dice cómo, ni plantea que deba ser aprobada por el 75% o más de la población para ser legítima. Ofrece bonos, pensiones, salud, etc., una panacea en el mundo terrenal, coronada por la aseveración de Karol Cariola, próxima Diputado de la Nueva Mayoría, de que Bachelet es el primer paso al socialismo, un proyecto añejo y fracasado en todas partes en que se intentó.


Lo concreto es que el gran empleo lo ha creado el Gobierno de Piñera, las colas auge las eliminó Piñera. La reconstrucción ejemplar la realizó Piñera. La máxima creación histórica de empresas ha ocurrido en el Gobierno de Piñera. El crédito estudiantil bajó del 6% al 2% en el Gobierno de Piñera y aumentó las becas de educación superior de 100 mil a 400 mil. El 7% de los jubilados lo devolvió Piñera y fue él también que logró el posnatal de seis meses, la Ley de tolerancia cero al alcohol y sacó el humo de los lugares cerrados. Es en este Gobierno que hemos alcanzado la mayor participación de mujeres en el mercado laboral, así como un aumento notable de los salarios reales por las condiciones prácticamente de pleno empleo. Piñera ha restaurado a más de US$ 22.000 millones el fondo del cobre, del que Bachelet se había gastado la mitad. De la misma manera, el déficit Fiscal que dejó Bachelet del 4% del PIB (informe FMI) se habrá reducido al 1% o menos. El ingreso ético familiar se creó en el Gobierno de Piñera, no de Bachelet, se creó el subsidio habitacional para la clase media, se estimuló a los buenos alumnos a las carreras de pedagogía, se hizo una reforma tributaria, se aumentó el royalty minero, se creó el Sernac financiero, se tuvo la inflación siempre controlada, algo que no ocurrió durante la gestión Bachelet. Ha sido en este Gobierno que se logró la elección de Cores, la portabilidad numérica de los celulares, el voto voluntario, se aprobaron dos líneas nuevas para el Metro, aumentó en 35% el presupuesto en educación, se aprobó la obligatoriedad kínder en Chile, se avanzó decididamente en la ventanilla única y Chile Atiende, se crearon 60 liceos de excelencia, se mejoró el funcionamiento del Transantiago, se equilibraron las cuentas de Enap destrozada por Bachelet. Se renovó el tren a Rancagua. Se reestructuró la Onemi, se creó el Ministerio de desarrollo social. Es también en este Gobierno que disminuyó la pobreza, que aumentó con Bachelet, y disminuyó un poco la desigualdad que también aumentó con Bachelet.


Todo lo anterior es lo concreto y se refleja directamente en la calidad de vida de las personas. El resto es aire, es tema sólo de los políticos, del oscuro juego del poder, del clientelismo y de la vuelta de los operadores políticos. Por cierto que hay muchas cosas que mejorar en Chile, como ocurre en todos los países del globo. No hay países sin problemas. La pregunta es si el fenomenal progreso de Chile en 30 años debe ser tirado por la borda en una propuesta de cambios radicales sin fundamentos y que al final son sólo titulares que en la práctica sólo conducen a nuevos tipos de transantiagos si son implementados.


Uno esperaría que en una democracia moderna la racionalidad tuviera una mayor participación en las grandes decisiones. De otra manera sólo veremos al país retroceder una vez más en su historia.


Dos semanas de vértigo en Argentina,
por Julio Burdman.


Estos quince días posteriores al regreso de la Presidente Cristina Fernández, tras 47 días de licencia por enfermedad, han sido vertiginosos en Argentina. Los cambios que introdujo en el Gabinete y en la dinámica del Gobierno -aunque no en los lineamientos políticos e ideológicos de su administración, que son los mismos-  han sido tal vez los más profundos del ciclo kirchnerista.


La razón de los mismos no fue el resultado de las Legislativas, que el Gobierno no considera adverso, sino el reconocimiento de que hay problemas que exigen correcciones: la economía necesita más dólares, más energía y menos inflación. Para la tarea renovó a todo el equipo económico: Jorge Capitanich (Jefe de Gabinete), Axel Kicillof (Ministro de Economía), Juan Carlos Fábrega (Presidente del Banco Central).


Una de las medidas con más impacto social del nuevo equipo económico, a semanas de la temporada de verano, ha sido el “dólar turista”, un 30% más caro que el oficial, con el que busca frenar la fuga de divisas vía gastos en el exterior. Esto, sumado al alejamiento del Secretario de Comercio Guillermo Moreno -el gran implementador de los controles de precios y el comercio exterior y, por ende, una figura muy antipática para los mercados-, el cierre del acuerdo de compensación a la empresa española Repsol por la reestatización de la petrolera YPF, el aumento de la tasa de devaluación del peso y el próximo lanzamiento de un nuevo índice de inflación, dan forma a lo que algunos consideran un “giro pragmático” del Gobierno, que para los opositores de centroderecha es cosmético e insuficiente y para el ala izquierda del oficialismo ya se encuentra en el límite de lo tolerable.


En este contexto aparecieron, imprevistamente o no tanto, los saqueos a comercios y domicilios particulares en la Provincia de Córdoba, una de las más pobladas del país y también la que tiene las peores cifras socioeconómicas. Hay que aclarar que en la Argentina los saqueos adquieren una connotación particular. En otros países y culturas son un fenómeno asociado al caos que sobreviene durante las catástrofes y las hambrunas. Aquí son un fenómeno político. Esto viene dado por la memoria de dos Gobiernos democráticos, el de Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa, que cayeron entre saqueos instigados y desorden en las calles. Por eso, el regreso del vandalismo  a comercios podría remitirnos a la pregunta sobre la Gobernabilidad. Pero, como decía Marx, la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, y estos saqueos lucen bastante farsantes.


No se trata de negar que hay un malestar social en los sectores más desfavorecidos de la Provincia argentina de Córdoba. No obstante, lo ocurrido no puede separarse del autoacuartelamiento de la policía Provincial. Allí la fuerza pública, por un reclamo salarial, decidió hacer una huelga de la forma en que los policías saben protestar: quedándose en sus cuarteles e instalaciones y dejando las calles liberadas. Fue así que algunos delincuentes se lanzaron a las calles, saqueando comercio y domicilios particulares. Luego, como se sabe, el caos es contagioso, y pudo verse en los tumultos a oportunistas de ocasión, que espontáneamente contribuían con delitos menores a empeorar la situación.


No puede decirse que los saqueos hayan estado originados en el hambre o la desesperación: casas de indumentaria deportiva y electrodomésticos, no solo de alimentos, estuvieron entre los blancos de los vándalos. ¿Puede hacerse una lectura política de los incidentes? ¿O acaso todo se explica por la crisis de autoridad causada por la retirada policial y la llegada de los “bandoleros”, como los llamó el Gobernador José Manuel De la Sota, un peronista opositor al kirchnerismo?


Sin duda que hubo ingredientes políticos contribuyendo a la organización del caos. Pero las hipótesis cruzadas solo contribuyen a la confusión. De la Sota levantó la voz contra el Gobierno central, diciendo que ante la huelga policial debieron enviarle refuerzos nacionales (Policía Federal, Gendarmería) que no llegaron a tiempo. Los opositores Provinciales del Gobernador fueron más equilibrados y llamaron a calmar los ánimos y a identificar a los delincuentes que iniciaron los saqueos. Hay otro aspecto que genera suspicacias, y es el hecho de que la crisis coincidió con los cambios de autoridades en el Ministerio de Seguridad de la Nación, con lo que a la nueva Ministro, Cecilia Rodríguez, le toca asumir en un contexto de tensión, y hay quienes creen que eso no es una casualidad.


Por último, hay otro aspecto que contribuye al aire conflictivo, y es que la izquierda radicalizada hizo una buena elección en Córdoba en las Legislativas del 27 de octubre, pero acusa al Gobernador de hacer fraude y “robarles” una banca en la Cámara de Diputados nacional. Esta izquierda, movilizada y en plena efervescencia, lanza nafta sobre el fuego al acusar a De la Sota de ser responsable por el deterioro económico y apoya los saqueos por considerar que son protestas legítimas. En suma, hay varios actores que aportan a que el caos tenga poco de espontáneo y bastante de organizado, y todos contribuyen en cierta medida. Pero hay un dato insoslayable: tal vez nada hubiera ocurrido si la policía no liberaba las calles cordobesas.


Alianza del Pacífico-Chile y Brasil: Los desafíos pendientes,
por Hermann von Mühlenbrock.


Desde hace algún tiempo, autoridades y dirigentes tanto de Chile como de Brasil han enviado diferentes mensajes señalando que de alguna forma Chile y sus empresarios le han dado la espalda a Brasil, al privilegiar sus relaciones comerciales con los países de la Alianza del Pacífico, en desmedro de otros países de la región.


Es bueno recordar y tener presente que esta iniciativa es un acuerdo comercial, no político, entre países que tienen una visión de desarrollo similar, y que su único objetivo es facilitar el comercio entre los países que la integran. Es una alianza no excluyente y abierta al ingreso de terceros. En el marco de esa iniciativa, ya se han alcanzado acuerdos en ámbitos tales como migración, reconocimientos académicos, normas de origen, bolsas de comercio, homologación tributaria, desgravación arancelaria de casi la totalidad de los productos, entre otros. Por estas razones ha despertado el interés de muchos países, algunos de los cuales (20 en total) han señalado su deseo de ser considerados como observadores.


Los empresarios de las naciones que la conforman han apoyado entusiastamente esta iniciativa y la proyectan como un acuerdo muy serio y real, que permitirá no solo el crecimiento del comercio de sus integrantes, sino que también su proyección con empresas binacionales para participar con más fortaleza en los países del Asia Pacífico.


Lo anterior no afecta en nada nuestro interés de participar en otros mercados, como es el caso de Brasil. Entendemos que Brasil ha optado por focalizarse preferentemente hacia el consumo interno, dada la magnitud de su mercado, y desde esa perspectiva los empresarios chilenos hemos priorizado a ese país para realizar nuestras inversiones en el exterior y sobre esa base hemos construido una relación fructífera y con visión de futuro.


Con ocasión de la visita a nuestro país del ex Presidente Lula, pudimos analizar con toda franqueza esta realidad, así como el estado de nuestras relaciones comerciales. En el marco de este intercambio de ideas, se destacó el hecho de que los empresarios chilenos se encuentran representados en Brasil por más de cien empresas que a la fecha han invertido alrededor de 22 mil millones de dólares. Si a estas cifras se añaden aquellas no catastradas, la cantidad invertida supera los US$ 26 mil millones, la inversión más alta que las empresas chilenas han materializado en todo el mundo, y de la cual prácticamente el 50% se ha concretado en los últimos tres años.


Estas inversiones generan, entre empleos directos e indirectos, más de cien mil puestos de trabajo. En relación con la inversión brasileña en Chile, esta bordea los dos mil millones de dólares y el comercio bilateral está bastante balanceado y es cercano a los diez mil millones de dólares.


Por otra parte, en dicha reunión se analizó también la forma de aumentar nuestro intercambio comercial, para lo cual señalamos la importancia del encuentro empresarial que sostendremos en Brasilia con nuestros pares de la Confederación Nacional de Industrias de Brasil el próximo 10 de diciembre.


En la actualidad y dada la política comercial de Brasil, las empresas brasileñas tienen una gran oportunidad para aprovechar los acuerdos comerciales que Chile posee con la región y el mundo, lo cual, además, sería muy positivo para una mayor integración regional. En lo particular, creemos que la industria exportadora de Brasil puede aprovechar especialmente los tratados de libre comercio que Chile ha suscrito con los países del Asia Pacífico, donde a través de normas de origen chileno, sus productos pueden resultar muy competitivos al ingresar a esos mercados con cero arancel y, por la vía del encadenamiento productivo, aprovechar las preferencias arancelarias negociadas por Chile con estos países.


También conversamos y estuvimos de acuerdo en señalar que la verdadera integración regional solo se logrará cuando tengamos una completa integración de infraestructura física de caminos, puertos, telecomunicaciones, corredores bioceánicos e integración energética. Sin energía no podríamos alcanzar el desarrollo y, para lo mismo, no solo debemos respaldar la interconexión entre los distintos países, sino que también tendríamos la obligación moral de usar todos nuestros recursos naturales, especialmente los provenientes de la hidroelectricidad. En esta materia la experiencia brasileña puede ser de mucha importancia para asesorarnos en el diseño de una mejor y más limpia matriz energética.


La complementariedad entre Chile y Brasil es enorme, y dados el cariño y amistad que se tienen nuestros pueblos, existe un amplio espacio para avanzar mucho más. La Alianza del Pacífico, muy por el contrario de ser considerada por algunos como un instrumento que le da la espalda a Brasil, es una verdadera aliada de la integración regional.


Nuevos golpes a Valparaíso.


Tristemente simbólico de los problemas que afectan al casco histórico de Valparaíso fue el asalto sufrido hace unos días precisamente por uno de los expertos enviados por la Unesco a evaluar el estado de esa zona, a 10 años de su declaratoria como patrimonio de la humanidad. El observador resultó lesionado al intentar resistir que le arrebataran sus equipos fotográficos mientras recorría las inmediaciones de la iglesia La Matriz. La caminata no era parte de su programa oficial, por lo que —como cualquier turista— no estaba acompañado de una comitiva que lo resguardara.


Esto evidencia la inseguridad a que se enfrentan diariamente los turistas: al 3 de noviembre pasado se habían registrado en el plan de Valparaíso 4.435 delitos, principalmente hurtos, robos con sorpresa, lesiones, robos violentos y con intimidación. Funcionarios del Consejo de Monumentos Nacionales deploran el “abandono” en que se halla esa zona, y el Alcalde ha planteado la necesidad de una policía patrimonial. Sería simplista, sin embargo, reducir el problema solo a una cuestión de efectivos policiales disponibles. El caso de la plaza Echaurren —donde las rondas diarias de Carabineros, de positivo efecto en principio, han llevado a un mero cambio en las rutinas de los delincuentes, que siguen actuando— muestra que la inseguridad se encuentra también vinculada con el deterioro general del sector y el insuficiente avance de las iniciativas para revertirlo.


El panorama de la zona patrimonial no es enteramente oscuro. Tras un lento y dificultoso inicio, el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano —que consideraba recursos por 73 millones de dólares aportados por el Gobierno y el BID— concluyó con logros como la recuperación del Palacio Baburizza. Esfuerzos públicos y privados han permitido la restauración del edificio Unión Obrera, el rescate del edificio Cousiño y el desarrollo de un potente polo turístico en los cerros Alegre y Concepción. Pero tales avances conviven con la suciedad de las calles, rayados, jaurías de perros vagos, y obras que llevan años esperando materializarse, como la recuperación del Mercado Puerto. Incluso una iniciativa tan valiosa como la restauración de los ascensores ha sufrido un golpe frustrante con la caída del Artillería (se cortaron los cables), lo que dilatará el reinicio de su operación.


Aparte de la mala fortuna y de accidentes gravísimos (desde la explosión de gas en la calle Serrano en 2007 hasta el incendio que volvió a destruir este año la iglesia San Francisco, cuando ya estaba casi del todo restaurada), han pesado también en este escenario el retraso en la elaboración de un plan de gestión patrimonial y la falta de consensos respecto del desarrollo futuro, evidenciada en la polémica por la construcción de un mall en el sector Barón.


En contraste, el reciente festival Puerto de Ideas, que convocó a intelectuales y a un público ávido en el centro cultural levantado en la ex cárcel (otro logro de estos años), fue una muestra de las potencialidades que ofrece Valparaíso cuando se emprenden iniciativas con objetivos claros y bien gestionadas. Lamentablemente, la realidad cotidiana del puerto dista aún mucho de eso.


Para que Valparaíso se erija en un caso comparable con el de Cartagena de Indias, por ejemplo, requerirá un enfoque muchísimo más enérgico, en el que se apele, eventualmente mediante Ley específica, a un facilitamiento sustancial del aporte privado a su recuperación. El Estado central siempre tendrá motivos válidos para no asignar directamente sino fondos lentos e insuficientes.


La prueba Pisa y el debate sobre la educación en Chile.


Los resultados de la prueba Pisa conocidos esta semana sirven para confirmar el diagnóstico que existe desde hace tiempo sobre el estado de la educación escolar en Chile, a la vez que dejan de manifiesto que la discusión pública sobre el tema no atiende los principales problemas en esta materia y ha ido adquiriendo una dirección que aleja al país de soluciones prácticas que podrían ayudar a mejorar la calidad.


La prueba Pisa se aplica cada tres años a alumnos de 15 años, quienes son examinados en tres materias: matemáticas, lenguaje y ciencias. Los resultados del test aplicado en 2012 muestran un alza muy leve, la cual ha servido para ubicar a Chile como el país mejor ranqueado en América Latina, aunque todavía lejos del promedio de la Ocde y a enorme distancia de China-Shanghai, que exhibe la performance más elevada a nivel mundial. Cuando se compara el rendimiento de estudiantes de colegios privados y Municipales, las diferencias son amplias, mientras que también es posible advertir un estancamiento en el avance general que se venía registrando en la última década. Nada de esto es demasiado novedoso, y más bien corresponde al escenario que ha venido configurándose acerca del estado de la educación chilena, que exhibe progresos, pero que aún no consigue preparar adecuadamente a muchos jóvenes que son incapaces de entender bien lo que leen (un tercio del total) y de realizar operaciones matemáticas que les permitan desenvolverse adecuadamente en el mercado laboral (la mitad del total).


Sin embargo, pese a la persistencia en el tiempo de los mismos problemas, el debate público sobre la educación continúa girando en torno a concepciones ideologizadas que apuntan hacia conceptos como la gratuidad o la entrega de un mayor rol al Estado. En cambio, brillan por su ausencia o tienen un espacio secundario en la discusión aquellos aspectos que tienen que ver con lo que sucede en el aula, desde la preparación y evaluación de los profesores hasta los contenidos programáticos a los que se ven expuestos los alumnos.


También se pasan por alto elementos centrales que explican el éxito de los países a los cuales les va mejor en la prueba Pisa, como el nivel de exigencia y la responsabilidad que tienen los mismos alumnos y sus familias en el éxito escolar. Todo lo contrario, gana terreno en Chile una cultura que tiende a poner énfasis casi exclusivo en garantizar los derechos de los estudiantes -varios de ellos muy discutibles- y a prestar poca atención a los deberes y el compromiso personal que conlleva la etapa escolar.

La posibilidad de mejorar la calidad de la educación y permitir que ésta se convierta en un vehículo de crecimiento personal, movilidad social y aumento de la productividad laboral pasa por crear un sistema que entregue incentivos adecuados a todos los actores del mismo, ponga a disposición del público y las autoridades información fidedigna y útil acerca del rendimiento escolar, arraigue una cultura de permanente evaluación y permita así que las familias elijan de entre una oferta variada el establecimiento al que confiarán la educación de sus hijos. Mientras el debate no aborde de manera central estos temas, será difícil que se produzcan avances significativos y lo más probable es que se pierda un tiempo precioso en discusiones que no conducen a soluciones efectivas.


Interrogantes sobre el Ministerio Público.


Desde la perspectiva institucional, son preocupantes a diversos respectos algunos de los cursos de acción que ha venido siguiendo el Ministerio Público. Es obvio que la reforma Constitucional que lo creó en 1997 y la Legislación cuyo conjunto configuró la reforma procesal penal respondieron a una necesidad modernizadora de nuestro sistema Judicial penal que había sido largamente postergada. Grandes acuerdos políticos transversales, gestados desde 1992 en adelante, hicieron posible un cambio indispensable, sin el cual cabe preguntarse si nuestro país habría, por ejemplo, calificado como miembro de la OCDE: el anacrónico sistema penal antes vigente y hoy en paulatina extinción era incompatible con una democracia contemporánea.


Era sabido (e inevitable) que dicha innovación enfrentaría muchos problemas y aun crisis ocasionales, y requeriría tiempo y múltiples ajustes evidenciados por la práctica, antes de equilibrarse en régimen con relativa estabilidad. Los colegisladores y sus asesores técnicos confiaban, no obstante, en que las grandes innovaciones organizacionales cristalizadas en el Ministerio Público lo estatuirían como un organismo mucho más dinámico y distinto de los entes públicos tradicionales, una verdadera vanguardia conceptual y funcional en nuestro ordenamiento. De allí —entre otras razones, por cierto— que el Constituyente y el Legislador le confirieran al Ministerio Público un grado de autonomía amplísimo, equivalente al de un Poder del Estado clásico. De allí, también, que deliberadamente se omitiera estructurarlo con una carrera funcionaria de antiguo estilo, y se optara por prever un constante ingreso de profesionales jóvenes, atraídos por una labor desafiante, innovadora, creativa, que cumplirían durante algunos años, ricos en experiencia en las Fiscalías, y luego emigrarían, si lo desearen, a otras áreas de la vida abogadil, permeándolas a su vez de ideas y visiones nuevas. Los reemplazarían continuamente nuevas cohortes profesionales jóvenes. Incluso la función misma del Fiscal demanda más ese perfil que el del funcionario tradicional “de carrera”.


Lo que el Legislador no previó fue que, a tan corto andar, la nueva institución comenzara a mostrar no pocos síntomas de preferir la versión del funcionariado antiguo, según la cual quien ingresa a la institución tiende a sentirse dueño vitalicio del cargo, exige estabilidad indefinida en el mismo, según una “carrera” en la que los ascensos son más determinados por el tiempo y el acomodo a la mentalidad funcionaria que a los méritos medidos por logros efectivos. Las actitudes de los nuevos funcionarios se han asimilado velozmente a las de los antiguos, y las demandas gremiales son similares: aumentos de personal —lo que se justificaría si pudiere probarse eficacia y eficiencia—, alzas de sueldos, más recursos adicionales para todos los efectos. El recambio generacional rápido y constante es denunciado como “fuga de Fiscales”. Y, por cierto, se ha ido ya a paro ilegal de funcionarios —ya por más de una semana, sin que se hayan iniciado sumarios administrativos (porque, al decir de algunos Fiscales Regionales, no ha mediado realmente “paralización”, sino “movilizaciones”)—, y aun se insinúa que los propios Fiscales podrían hacer otro tanto, lo que resulta difícil de creer, pues significaría que están infringiendo la Ley precisamente los encargados de la persecución penal de sus infractores.


Entretanto, la cúpula institucional, que no parece en condiciones de controlar esta situación, ha enviado sendos oficios a los Ministros de Hacienda y de Justicia, reclamando sustanciales fondos adicionales, entre otros fines para evitar la “fuga de Fiscales”, y las responsabilidades no son fáciles de exigir, porque la autonomía del Ministerio Público, que se quiso establecer con máximo vigor, en aras de su independencia en el proceso penal, hace que la fiscalización del mismo tenga un procedimiento único y diferente del de las demás altas autoridades del Estado, pero que nunca se ha aplicado. Probablemente convenga reestudiar si se justifica mantener ese procedimiento excepcional, en vez de sujetarlo a la fiscalización normal de la Cámara de Diputados y, en cuanto proceda, también al control correspondiente de la Contraloría, que hoy excluye virtualmente del todo el art. 71 de la LOC del Ministerio Público. De otro modo, sucede que prácticamente nadie fiscaliza a las Fiscalías, lo cual se muestra cada vez más como una modalidad inconveniente.


Haití: solidaridad mal entendida.


La misión de Naciones Unidas en Haití (Minustah) está aproximándose a una derivación peligrosa. Chile debe plantear un cambio profundo en su contribución y en la estrategia de la ONU en ese país. El significativo contingente militar extranjero —que incluye a cerca de 500 efectivos chilenos, una participación algo desproporcionada para nuestro tamaño— contribuye a que las autoridades de esa isla no asuman la obligación de darle estabilidad política. Tan evidente es esa irresponsabilidad que el Presidente del Senado haitiano pretende ahora que los soldados extranjeros intervengan en su pugna con el Presidente Martelly. Semejante intervención, por su interferencia en asuntos internos soberanos, transformaría a los militares foráneos en fuerza de ocupación, con riesgos de vida para los uniformados y civiles. Chile no puede permanecer inmóvil y prestarse —por acción u omisión— para semejante intromisión.


Hace varios años que este diario, al igual que múltiples otras voces, ha venido planteando la necesidad urgente de fijar un plan de salida, disminuir sustancialmente las tropas y, cuanto antes, reemplazar la actual asistencia chilena en Haití. Incluso en Afganistán —más pobre que Haití y cuya situación compromete a la seguridad mundial— se han reducido en más de la mitad los soldados extranjeros, y en el corto plazo los habrá, proporcionalmente, menos que en Haití. Se ha representado que la destinación de contingente militar chileno a esa isla, oportuna y valiosa en un comienzo, ha pasado a ser más que grande por su número y por el gasto que significa, y, además, se ha eternizado sin razones suficientes, habiendo otras mejores opciones de cooperación.


Desde luego, las prioridades respecto de la ayuda exterior para Haití han cambiado. Con fondos similares, e incluso menores, se podría prestar un apoyo más eficaz para sus servicios vitales, prácticamente inexistentes, tales como agua, energía eléctrica y salud, y para servicios policiales y de Justicia. Se sabe que no hay una amenaza militar en Haití; el problema de orden público se debe a la falta o debilidad de las instituciones y de las policías, y a los militares no les competen esas tareas ni están entrenados para ellas.


Sin embargo, mientras otros ejércitos ya disminuyeron sus efectivos en ese país, Chile los ha mantenido, con desembolsos del erario nacional que superan cientos de millones de dólares.


Cuesta entender el inmovilismo de Naciones Unidas. Más incomprensible es que los Gobiernos y el Senado chilenos hayan renovado anual y mecánicamente, con escasas disidencias y condiciones, el envío de tropas que están resultando, de hecho, inconducentes para responder a las necesidades del pueblo de Haití y, además, contraproducentes para que sus autoridades asuman sus responsabilidades democráticas: esa presencia militar constituye hoy una suerte de desincentivo —o de excusa— para ello.


Parecería que lo que ahora está primando en Haití es la estrategia fácil del uso de las fuerzas armadas extranjeras. Corresponde aplicar sin más tardanzas otras formas de solidaridad para con un pueblo que ha sufrido lo indecible por catástrofes políticas y de la naturaleza.


Pronunciamiento de Cuba por caso Guzmán.


Aprovechando  el viaje que el Presidente Piñera realizará en enero a Cuba para participar de una nueva versión de la cumbre Celac, la UDI le solicitó al Mandatario abordar con el Jefe de Estado de ese país, Raúl Castro, la eventual presencia en la isla de los inculpados en el crimen del ex Senador Jaime Guzmán.


Aunque la visita del Mandatario chileno tiene otros fines, la petición solicitada por la colectividad oficialista es legítima, pues se trata de un tema pendiente en la relación bilateral, más aún si se considera que el caso continúa abierto y que a la fecha ninguno de los involucrados en el hecho se encuentra en prisión. Por lo demás, el propio Gobernante cubano se comprometió en la anterior cumbre Celac -realizada en enero de este año en Chile- a investigar los antecedentes que le hizo llegar la UDI en aquella ocasión, en cuanto a que responsables directos de la muerte de Guzmán se encontrarían en ese país o habrían recibido apoyo del Gobierno de la isla.


El silencio de las autoridades cubanas frente a los requerimientos que en diversas oportunidades le han formulado tanto esta administración como Gobiernos anteriores sobre el tema, es reflejo del escaso interés de La Habana por colaborar en la captura de los culpables, situación que da fuerza a las versiones que sostienen que el régimen de la isla ha cobijado y prestado ayuda a varios de los involucrados para evadir la acción de la Justicia.


Mientras existan situaciones pendientes en esta causa y no se localice a los autores del asesinato de Guzmán, el Estado chileno tiene el deber de insistir en todas las instancias internacionales pertinentes, con el objetivo de que Cuba se pronuncie. Tratativas Diplomáticas que también debiese impulsar el próximo Gobierno, una vez que asuma en marzo del próximo año. Por su cercanía con el régimen cubano, sería esperable que la candidata de la Nueva Mayoría contribuya a esta tarea en caso de resultar electa.


Correspondencia para la reflexión.


Señor Director:


Procesos a militares.


He terminado la lectura del libro “Procesos sobre violación de Derechos Humanos”, del abogado y Capitán de navío (r) Adolfo Paúl Latorre, quedando impresionado del acopio de antecedentes y macicez de los razonamientos jurídicos que contiene, que evidencian de modo irrefragable cómo la mayoría de nuestros Jueces, al juzgar a los miembros de las FF.AA. y Carabineros, han abusado de sus facultades Jurisdiccionales y, sobre el texto explícito de la Ley, han impuesto arbitrariamente su voluntad.


En dicho libro aparece cómo nuestros soldados están siendo víctimas de ilegalidades e injusticias a través de sentencias pronunciadas por Magistrados que aplican torcidamente la Ley.


Desgraciadamente todos, o la gran mayoría de quienes los aplaudieron ayer, hoy los han olvidado, permaneciendo en una cómoda indiferencia frente a sus penurias.


El odio sembrado con fecundidad en nuestro Chile desde fines de los años 60 y comienzos de los 70 ha relegado al olvido el hecho histórico indesmentible de que nuestras FF.AA. y de Orden, por esencia garantes del orden institucional, el 11 de septiembre de 1973 se vieron en el deber ineludible de asumir el Gobierno (que a la sazón era un desgobierno), con el solo propósito de evitar una guerra civil, restaurar la democracia y el orden político y social quebrantados, lo que cumplieron.


Rafael Rivera Sanhueza.


Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.


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EMPRENDEDORES RESPONDEN A LAS MENTIRAS DEL OFICIALISMO BACHELETISTA.

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Evelyn Matthei evaluó en CNN los 3 primeros meses de Bachelet…

Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

LANATA : CARTA A CRISTINA FERNÁNDEZ.

Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".

Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
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Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

Padre nuestro que estás.....

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A Nuestros Hombres de Armas y nuestros caídos

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