Temas para reflexionar a 3 días del balotaje…

Pequeños actos de violencia,

por Gonzalo Rojas Sánchez.

Un profesor de la U. Metropolitana de Ciencias de la Educación que Preside la asociación de académicos no marxistas camina por su campus, siente que alguien corre hacia él y recibe una patada voladora en su espalda. El Presidente de la República asiste al velatorio de un conocido sacerdote y es escupido por una joven mujer. Un Senador recién electo recibe un tomatazo en su rostro mientras realiza actividades de campaña pro Matthei; el agresor huye a toda velocidad.

Son solo pequeños actos de violencia. Pero ¿hay algún acto violento que pueda ser realmente pequeño, mínimo, poco importante?

La estrategia del minimalismo violentista apunta justamente a que no se le dé mayor importancia a cada uno de sus actos. Un bombazo por aquí, una patada por allá. Que importen poco, que digan mucho.

Pero, considerados en su esencia, ninguno de esos actos es pequeño. Todos llevan por fuera y por dentro la etiqueta del mal, por varias razones.

Por una parte, porque agreden a personas objetivamente importantes, a las que buscan privar de sus legítimas dignidades. Por otra, porque estimulan la perpetración de acciones similares, generando una reacción en cadena. En tercer lugar, porque consiguen publicidad, en un mundo donde la normalidad es despreciada. Como cuarta razón, porque animan a sumarse a cuanto individuo disfuncional esté disponible; después, porque confunden a los Tribunales de Justicia y, finalmente, porque corren el límite de lo aceptable: un bombazo es rareza, cinco son habitualidad, cincuenta se presentan como expresión popular.

Pero el más grave de todos sus objetivos es otro: simplemente asustar, amedrentar, aterrorizar.

Entre tantas cosas que se le deben a Pablo Longueira, hay una en la que insistió con frecuencia: lo grave que puede ser que los jóvenes, por variados motivos, eviten el servicio público. Ciertamente, hay otras razones aparte de la violencia de la que pueden ser objeto, pero el daño moral o físico que podrían experimentar no deja de ser motivo suficiente como para pensar en dedicarse a otra cosa.

En la encrucijada a la que nos enfrentaremos desde el próximo lunes, la violencia no será un dato menor.

Nunca la ha invocado la Democracia Cristiana, nunca la han propiciado los partidos de la actual derecha chilena, nunca el Estado de Chile la ha justificado, aunque haya habido momentos en que algunos de sus administradores civiles o militares la hayan practicado.

La situación de la izquierda es muy distinta: El Partido Socialista comenzó a promoverla abiertamente desde 1965; el Partido Comunista jamás la ha rechazado como método legítimo; el MIR la justificó y practicó durante ocho años en democracia; los anarquistas llevan un siglo largo de acción directa, o sea, métale bomba y pistola. Las notables recopilaciones de Víctor Farías y Patricia Arancibia dan abundante cuenta testimonial de esa realidad.

¿Qué explica esta tendencia criminal? No es la locura. Que nunca más se diga que el violentista está loco, porque eso lo haría moral y Jurídicamente irresponsable.

Es el odio lo que fundamenta la violencia. Jorge Millas la definía como la anulación del otro mediante el sufrimiento. Pero no se piense que la víctima directa es solo el efectivamente mutilado o asesinado. Esa mirada reductora olvidaría que toda una sociedad queda paralizada cuando teme al sufrimiento causado por la violencia. Y las izquierdas conocen bien esa debilidad humana. A fin de cuentas, ninguno de sus militantes es un robot. Todos tienen conciencia, todos deliberan. Y cuando deciden aplicar la violencia, selectiva o generalizada, es que lo han pensado muy a fondo. No es un exabrupto.

La ilusión del voto voluntario

por Daniel Mansuy.

Según decían sus promotores, la inscripción automática y el voto voluntario eran indispensables para revitalizar nuestra democracia. Sólo así, aseguraban, podremos aumentar los índices de participación, renovar los cuadros e integrar a un amplio grupo de chilenos excluidos del proceso electoral. Sin embargo y después de haber realizado dos elecciones con el nuevo sistema, no se cumplió ninguno de estos pronósticos.

En efecto, la participación no sólo no subió, sino que disminuyó de manera significativa. Si entre 1989 y 2009, el número de votos válidamente emitidos en la primera vuelta Presidencial había rondado los siete millones, este año apenas se empinó sobre los seis millones y medio. Esto implica que el nuevo sistema no sólo no sumó a quienes estaban fuera, sino que sacó a cientos de miles que estaban dentro. Para peor, es muy probable que esta tendencia se agudice en la segunda vuelta, que podría batir un récord en baja participación. Así las cosas, uno puede preguntarse qué grado de legitimidad tendrá Michelle Bachelet para impulsar transformaciones radicales, si probablemente ni siquiera alcance a concitar el apoyo de un tercio de los electores.

Pero los problemas no acaban allí. El voto voluntario tiene otro efecto perverso, pues orienta las preocupaciones del sistema político a una porción cada vez más reducida de ciudadanos. El voto voluntario le otorga un poder desproporcionado a los grupos más militantes, y los moderados van quedando cada vez más al margen. Los candidatos tienden a encerrarse en sus propias audiencias, pues deben asegurar el voto duro. Si para los profetas, el voto voluntario obligaría a los políticos a idear novedosas técnicas de campaña, en la práctica los discursos se radicalizan, convirtiéndose en pura prédica para convertidos. Se exacerba también el clientelismo, que se ve reflejado en el éxito de muchos caudillos locales en las Parlamentarias. Esto, a su vez, genera problemas de Gobernabilidad, pues los caudillos no responden a proyectos colectivos: allí reside el origen de los díscolos.

Es cierto que el voto voluntario no creó ninguna de estas dificultades, pero sí agravó de modo considerable todos los síntomas. Si llegamos hasta este punto es porque la obsesión por el voto voluntario es víctima de una ilusión, según la cual todos nuestros problemas se resuelven aumentando la libertad de las mónadas individuales. No obstante, es evidente que la constitución de algo así como una República -la cosa de todos- también requiere deberes. Si queremos construir cosas comunes es indispensable asumir algún tipo de obligaciones, justamente porque nuestra libertad no existe fuera de la polis. En ese sentido, el voto obligatorio es una exigencia mínima que no atenta contra ninguna libertad fundamental. Aron solía notar que el régimen de la libertad es particularmente exigente: la libertad política no es algo dado, sino que debemos generar constantemente sus condiciones de posibilidad. Hay una diferencia entre el consumidor y el ciudadano: mientras el primero se mueve según sus apetitos, el segundo acepta que sus deseos sean mediados por la deliberación colectiva y racional. Dicho de otro modo, la auténtica libertad sólo se alcanza con y por los otros.

Qué explica el fenómeno del vandalismo,

por Fernando Laborda.

La ola de saqueos iniciada la semana pasada en la Provincia de Córdoba y extendida en las últimas horas a distintos Distritos del país mostró lo peor de la sociedad y provocó no poca sorpresa por abarcar como blanco no solo a grandes supermercados, sino también a pequeños comercios, y hasta casas particulares.

He aquí algunas de las razones que explican esta peculiar ola de saqueos producida al compás de los autoacuartelamientos policiales.

1.- Los saqueos a comercios de los últimos días no solo se registran en un país donde desde hace demasiado tiempo la anomia se viene imponiendo sobre la Ley y el orden público y donde las fuerzas de seguridad poco hacen frente a piquetes y cortes de rutas, sino donde un mensaje oficial asociado a la confrontación permanente y a la división ha potenciado el odio y el resentimiento en algunos sectores de la sociedad.

Cuando alguien dimensiona los escándalos de corrupción Gubernamental que quedan sin castigo, también puede pensar que deberían quedar sin sanción alguna los saqueos de comercios.

2.- El particular diagnóstico sobre la inflación que efectúa el Gobierno de Cristina Fernández también puede ayudar a explicar los saqueos. Ese diagnóstico oficial indica que los aumentos de precios no se producen por el cada vez más elevado déficit Fiscal del Estado que es financiado con emisión monetaria, sino exclusivamente porque algunos agentes económicos buscan maximizar sus ganancias. En función de ese diagnóstico, algunos grupos de la sociedad pueden tender a creer que como la inflación es culpa de comerciantes inescrupulosos y se puede equiparar a esos comerciantes con la figura de un saqueador, está justificado saquear a un saqueador. El viejo dicho “Quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón” puede ser empleado para legitimar el accionar ilegal de quienes asaltan comercios.

3.- Un tercer elemento es la creciente sensación de impunidad. Cuando alguien dimensiona los escándalos de corrupción Gubernamental que quedan sin castigo, cuando se escucha que alguien denunció ante la Justicia que el Vicepresidente Amado Boudou quería “robarse una empresa”, como la imprenta Ciccone, y cuando ve que ningún funcionario va preso por hechos manifiestamente ilícitos, también puede pensar que deberían quedar sin sanción alguna los saqueos de comercios, incluso cuando sean cometidos por personas que estén lejos de padecer hambre.

Otro dato que ayuda a entender lo ocurrido es la falta de perspectivas de mucha gente.

4.- Los saqueos también pueden explicarse por la proliferación de una cultura populista de la dádiva y la prebenda motorizada por el Gobierno kirchnerista y por distintos Gobiernos Provinciales. Cuando al Estado se le empiezan a agotar los recursos o algunos sectores quedan súbitamente excluidos de los beneficios de sus políticas clientelistas, esos grupos automáticamente se consideran con derecho a saquear comercios para cubrir los beneficios que perdió por el retiro del Estado.

5.- Otro dato que ayuda a entender lo ocurrido es la falta de perspectivas de mucha gente de condición humilde que, aun cuando no padezca necesidades básicas insatisfechas, se lanzó a arrebatar lo que encontrara a su paso. No hace mucho, un cura párroco de una villa de emergencia contó que cuando se les preguntaba a los chicos de ese lugar qué les gustaría ser cuando fueran grandes, muchos respondían que querían ser “piqueteros”. Hoy es probable que alguno que otro conteste que quisiera ser “dealer” o “narcotraficante”. Es que en los últimos años ha sido tan grande la inserción del narcotráfico en distintos poblados humildes de buena parte del país, que el fenómeno está modificando hábitos de conducta de todos sus habitantes. Un informe presentado en su momento por el ex Secretario de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba, Sebastián García Díaz, señala la existencia de unos 2.500 puntos de venta de droga sólo en la capital de esa Provincia. Esto equivale a 2.500 familias que viven de la venta de drogas ilegales. Sólo con esas 2.500 familias lanzadas a la calle se puede generar un caos en una noche.

El último debate Presidencial.

A cinco días de la votación en segunda vuelta para definir a la próxima Presidente de la República, tuvo lugar la noche del martes el debate entre las candidatas organizado por Anatel, que se transmitió por los canales de la televisión abierta. El hecho de que esta vez, a diferencia de la primera etapa electoral, las participantes fueran sólo dos y que el mecanismo de preguntas de los periodistas y de confrontación directa entre ellas fuera mucho menos rígido, permitió ahondar a lo menos en algunos temas y ofreció mayor claridad en los planteamientos y en las respuestas. A la vez, ello hace lamentar que las mismas condiciones no se hayan dado en el resto de la campaña, privando a la ciudadanía de la oportunidad de conocer mejor, de boca de los propios postulantes, el alcance de las distintas propuestas programáticas contrastadas con las objeciones que se les formulan.

Respecto del contenido de este debate, cada candidata tuvo por fin oportunidad de emplazar a la otra en los asuntos que estimó preferentes, la que fue más aprovechada por la de la Alianza en su calidad de desafiante de los pronósticos de las encuestas, en especial al cuestionar el liderazgo de Michelle Bachelet tanto en la puesta en marcha del Transantiago como en su reacción al terremoto del 27/F. Los temas más aludidos fueron la educación, la salud, el empleo y la previsión, así como la contraposición entre la necesidad de una reforma tributaria y los recursos provenientes de un mayor crecimiento económico, materias en que la ex Presidente insistió en sus reformas básicas. Evelyn Matthei marcó su prioridad por los problemas de los sectores medios y criticó el sesgo laicista y antirreligioso del programa de la Nueva Mayoría, lo que Bachelet negó con el argumento de que sólo buscaba evitar que hubiera una sola religión predominante.

Un rasgo en cierta forma compartido fue la preocupación de ambas por cuidar su electorado. Así, mientras Matthei evitó toda queja por faltas de cooperación en su sector y condenó las posibles acusaciones internas posteriores, Bachelet mantuvo las ambigüedades programáticas en aquellos asuntos que pueden dividir a su gente, como el de la asamblea constituyente, en lo cual los periodistas no obtuvieron otras definiciones que las ya conocidas. Sin embargo, no obstante haber sido éste un episodio aislado en relación al conjunto de los foros convocados en las dos etapas de la campaña Presidencial, merece destacarse como un elemento positivo que debería institucionalizarse mejor.

Por lo mismo, cabe esperar que en el futuro se logre establecer un sistema más abierto y completo de discusión pública, con ciertas exigencias mínimas en cuanto al número y las garantías de publicidad de los foros correspondientes, que evite las limitaciones que caracterizaron esta campaña y contribuya a la necesaria transparencia de las respectivas posiciones ideológicas, así como de las promesas y compromisos anunciados. En todo caso, la normalidad que ha habido en este largo proceso de renovación de la representación popular en el Gobierno y el Parlamento, pese a las diferencias políticas sustanciales que suponen las diversas alternativas en pugna, y este mismo encuentro televisivo, hablan bien de la estabilidad y el grado de desarrollo de las instituciones del país.

Nuestro crecimiento económico en perspectiva.

Al terminar este año, la economía chilena habrá cumplido tres décadas de crecimiento notable, a un promedio anual de 5,4%, muy superior al 3,1% de América Latina. Como consecuencia de este vigor, el país ha podido más que triplicar su ingreso per cápita. Son cifras que se acercan, aunque no se equiparan, a las de los llamados “tigres” asiáticos. También ha habido una disminución leve en la desigualdad: el ingreso per cápita de las personas que ganan menos ha subido algo más rápido que el de las más acomodadas, aunque las diferencias resultan todavía significativas. Aun así, los avances son destacables. Es bueno recordar que en las tres décadas previas —esto es, entre 1954 y 1983— Chile creció a una tasa apenas superior a la mitad de la del siguiente período. Y, en términos per cápita, atendido el mayor crecimiento de la población de esos años, el aumento del ingreso ha sido cuatro veces superior en estas últimas tres décadas.

En medio del debate actual, se pierden las perspectivas y se da casi por descontado un crecimiento sostenido, olvidando las dificultades para lograrlo. Un simple ejercicio, restringido a estos últimos 30 años, puede dar cuenta de ellas: si se divide el período en dos, se puede comprobar que en la primera parte, Chile creció al 6,6%, mientras que en la segunda lo hizo solo al 4,1%, cifra esta última ayudada por el desempeño del actual Gobierno, que va a promediar 5,4%. Se trata de disparidades que tienen poca relación con factores externos: el crecimiento promedio mundial en los últimos 15 años no fue más lento que en los primeros 15, y el comportamiento de los términos de intercambio, incluso algo superior. Por supuesto, Chile partió de un bajo nivel de ingreso per cápita y, una vez que este va incrementándose, la expansión adicional de la producción es algo más difícil, pero con políticas apropiadas se puede hacer mucho para limitar la velocidad con la que se converge a un crecimiento menor.

Sobre ellas no se puede dejar de debatir. Si en los segundos tres quinquenios el país hubiese crecido al mismo 6,6% de la primera mitad, nuestro ingreso per cápita sería 42% superior y, seguramente, la reducción de la pobreza e incluso de la desigualdad habría sido todavía más significativa. Desde luego, la recaudación tributaria sería mayor en aproximadamente más de dos veces el aporte adicional que espera obtener la Nueva Mayoría con la reforma que implementaría de llegar a La Moneda. Por supuesto, se puede argumentar que el alza de impuestos será compatible con un crecimiento vigoroso y que no alterará la trayectoria de expansión de nuestra economía. Pero sus propios defensores proponen una aplicación gradual de los nuevos tributos y medidas de compensación, como la depreciación acelerada. Esto refleja una expectativa de impacto negativo sobre la inversión y, por tanto, el crecimiento y los sueldos. La cuestión, entonces, es si esas medidas son una compensación suficiente. Es difícil aventurar una respuesta. Pero no cabe olvidar la gran contribución que le ha significado al país el fuerte crecimiento, y también cómo este ya no mantiene el dinamismo de la primera parte de estos últimos 30 años.

No faltarán quienes, aun reconociendo un menor crecimiento, valoren la contribución a la equidad que significaría restar 3 puntos porcentuales del PIB a los ingresos de los que más tienen. Pero esa equidad no se traducirá necesariamente en un bienestar mayor para la población de menores ingresos. Es posible imaginar varios escenarios en que ella se encontraría peor después de 10 años, como resultado de un menor crecimiento. Y esto, tanto más porque gran parte de los nuevos recursos públicos iría a financiar políticas de carácter universal.

Inconsistente reajuste en sector público.

El Congreso aprobó de forma expedita la propuesta de reajuste al sector público que presentó el Gobierno, según la cual los empleados públicos tendrán un incremento de 5%, además de otra serie de beneficios. La cifra, si bien está en el punto medio de las exigencias que inicialmente habían planteado los gremios del sector, no resulta consistente con las estimaciones de crecimiento económico y de los salarios pronosticadas para el próximo año, y nuevamente se ha perdido la oportunidad de que este tipo de reajustes estén ligados a criterios de productividad y mayor eficiencia.

Inicialmente, los gremios pretendían un reajuste cercano al 10%, petición que desconocía completamente la realidad más ajustada que vivirá la economía nacional. Es un primer paso que finalmente se haya logrado un reajuste de 5% -lo que implicó que el Gobierno subiera su propuesta desde 4,4%-, lo que posiblemente evitó una situación de alta conflictividad. Sin embargo, no puede ignorarse que el nivel del reajuste aprobado crea una presión adicional no sólo sobre el Fisco, sino también sobre el sector privado, ya que este tipo de reajustes sirven como piso para otras negociaciones colectivas que se realizan en el país.

El costo que este reajuste tendrá para el Fisco ronda los US$ 1.800 millones en un año, una cifra que en sí misma debe constituir un llamado de atención, pues no parece razonable que esta enorme cantidad de recursos se otorgue sin que exista vinculación alguna con incrementos en productividad laboral ni existan al menos criterios que condicionen su entrega al compromiso de los empleados públicos de aceptar introducir criterios de gestión objetivos y transparentes, cuestión que ha sido largamente postergada, sin que hasta la fecha se vea mayor voluntad de avanzar en una verdadera agenda de modernización laboral del sector público.

Integración de zonas aisladas y extremas.

El Ejército de Chile ha revitalizado su valioso aporte a la agenda nacional con el apoyo a la conectividad de zonas extremas y a la soberanía efectiva. La integración armónica e integral del territorio sigue siendo una tarea pendiente e indispensable, tanto para la igualdad de oportunidades y bienestar de los pobladores de zonas aisladas como para la defensa y la seguridad nacional.

Esta ha sido una preocupación permanente del Ejército, subrayada durante la gestión de su actual Comandante en Jefe, Juan Miguel Fuente-Alba. Lamentablemente, el centralismo, las dificultades geográficas para la conectividad y la ausencia de peso electoral como consecuencia de la bajísima densidad poblacional —y del despoblamiento, como ocurre en las Provincias australes y en Parinacota— han postergado la oportuna asignación de los recursos necesarios para la integración territorial, en perjuicio de la equidad, del desarrollo, del aprovechamiento de sus potenciales y del ejercicio cabal de nuestra soberanía en las zonas extremas y aisladas. Se trata de localidades que indiscutiblemente merecen políticas especiales de conectividad y de calidad de servicios para vencer los obstáculos derivados de su ubicación geográfica y duras condiciones de aislamiento.

En este cometido, un emprendimiento trascendental es la Carretera Longitudinal Austral, iniciada a mediados de los años 70 por el Cuerpo Militar del Trabajo y que ha sido reimpulsada en los ejes Río Bravo-Ventisquero Montt y Cochrane-Río Tranquilo. Necesario es afianzar la conectividad en el eje Cochrane-Villa O’Higgins-Campo de Hielo Sur y la ya lograda recuperación del cuartel militar de Chaitén. En esta misma tarea se inscribe la inauguración de la Compañía Andina en Cochrane y la construcción, también por servicios del Ejército, de obras entre Estación Vicuña y Yendegaia para concluir la carretera que en la isla grande de Tierra del Fuego une el Estrecho de Magallanes con el canal Beagle.

Y no solo se trata de abordar la desconexión de localidades australes: estos esfuerzos deberían también replicarse en fronteras interiores de Arica, Tarapacá y Antofagasta.

Conectar e integrar física e institucionalmente los territorios aislados, los espacios vacíos y las denominadas fronteras interiores permite el pleno ejercicio de la soberanía sobre los mismos. Las postergaciones derivadas de consideraciones menores de origen político o económico pueden conducir a derivaciones muy dolorosas para el país, de lo cual existen diversos ejemplos.

Los Gobiernos y la sociedad civil deben valorizar y apoyar con acciones permanentes los esfuerzos integradores de las zonas aisladas, en vez de reaccionar tardíamente a las crisis y fragilidades inaceptables que presentan esos territorios.

Necesidad de avanzar en transparencia.

El Ministro Secretario General de la Presidencia ha llamado a que en los próximos 20 días estén aprobadas las Leyes de lobby, de perfeccionamiento de la Ley de Transparencia, de Probidad Pública y de Transparencia Municipal. Son cuatro iniciativas que están en sus últimas fases de tramitación en el Congreso, y cuyo despacho permitiría acelerar el ritmo de avance del país en estas materias.

Según Transparencia Internacional, Chile ha experimentado un leve descenso en el listado de países percibidos como menos corruptos en el mundo, al caer del 20° al 22° lugar en el ranking mundial, y perder el liderazgo en América Latina, ocupado ahora por Uruguay. Es una baja que no cabe dramatizar y que, por tratarse de un estudio reputacional, envuelve elementos de subjetividad, pero incluso así entrega una señal de cómo es visto Chile en el exterior, y debiera alentar los esfuerzos para evitar que se imponga una percepción de estancamiento en el combate a la corrupción.

En esa línea, cada uno de los proyectos mencionados responde a problemas que urge enfrentar, ofreciendo en general soluciones razonables. En el caso del lobby, la iniciativa —en trámite desde 2008— se encuentra en una comisión mixta que deberá zanjar diferencias entre Diputados y Senadores, centradas en la eficacia y alcances de la fórmula impulsada por el Gobierno. Esta apunta a transparentar las agendas de los representantes populares y altas autoridades, y a establecer un registro de quienes se reúnen con ellos. Si bien algunos Parlamentarios de oposición han estimado insuficiente esta fórmula, ella representaría un avance significativo en una materia que hoy carece de regulación.

Los demás proyectos también incluyen perfeccionamientos necesarios en temas como las declaraciones de intereses y patrimonio de integrantes de poderes del Estado (cuya vaguedad es hoy objeto de atendibles cuestionamientos) y la administración de sus bienes; el funcionamiento de las normas de transparencia (incluyendo una fórmula equilibrada para zanjar el controvertido tema de los correos electrónicos enviados por autoridades, protegiendo a la vez el interés público y el derecho a la privacidad), y un mejor resguardo del principio de probidad en la administración Municipal, reforzando el papel fiscalizador de los Concejales.

El Gobierno ha destinado importantes esfuerzos a esta agenda, buscando acuerdos con la oposición y usando las urgencias para hacerla avanzar. Su despacho constituiría un logro valioso en la consecución real de una base indispensable el ejercicio democrático, más allá del voluntarismo de las Leyes electorales.

Un paso alentador para el libre comercio.

El acuerdo de liberalización comercial alcanzado el fin de semana en Bali (Indonesia) es un paso positivo, que da un nuevo impulso a las negociaciones globales iniciadas en 2001 en la llamada Ronda de Doha. También constituye el primer logro significativo conseguido bajo el alero de la Organización Mundial de Comercio (OMC), por lo que sirve, asimismo, para validarla frente a las numerosas críticas que ha enfrentado en los últimos años.

Representantes de los 159 países miembros de la OMC acordaron el sábado avanzar en áreas como la facilitación del comercio, lo cual incluye aspectos como la eliminación de barreras al tránsito de mercancías, la cooperación entre los servicios aduaneros y la simplificación de los procesos y reglamentos comerciales. También hubo compromisos formales en agricultura, con progreso en temas como los programas públicos para garantizar la seguridad alimentaria y para evitar los incrementos en subsidios a la exportación. Según cálculos de expertos, el pacto permitirá ganancias por un billón de dólares y dará pie a la creación de 20 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, especialmente, en naciones en vías de desarrollo.

Pese a que ha sido catalogado como histórico, en realidad, se trata de un acuerdo modesto que sólo cubre el 10% de las metas establecidas en Doha. Los ambiciosos objetivos de liberalización fijados en esa oportunidad han encontrado numerosos obstáculos. La incapacidad para superarlos ha puesto en duda la efectividad de la OMC, muy cuestionada por los escasos resultados tangibles que ha generado desde su creación, en 1995. Así, lo más destacable de las tratativas de Bali es que le han dado nueva vida a una moribunda OMC y que han revalidado la vía multilateral como una opción concreta para llegar a acuerdos que permitan el libre tránsito de bienes y servicios a nivel global.

En la medida en que, especialmente a partir de 2008, los distintos países fueron convenciéndose de que la Ronda de Doha no sería capaz de entregar resultados favorables y enfrentaron urgencias internas derivadas de la crisis financiera global, comenzaron a proliferar los intentos por consolidar acuerdos comerciales regionales, los cuales por naturaleza tienen un alcance limitado y generan el fenómeno conocido como “desviación de comercio”, que hace que el intercambio se produzca preferentemente con los proveedores protegidos bajo el paraguas del acuerdo bilateral o regional y no con los más eficientes, lo cual supone, a la larga, una dilapidación de recursos. Es en esta lógica que se entienden esfuerzos como el acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPP, por sus siglas en inglés) o incluso, en parte, la Alianza del Pacífico entre Chile, Perú y Colombia.

Ahora cabe esperar que los países signatarios ratifiquen el acuerdo, para lo cual tienen plazo hasta mediados de 2015. No es seguro que esto ocurra y ya hay potencias importantes, como la India, que se muestran reticentes. Al mismo tiempo, es deseable que el éxito alcanzado en Bali sirva para enrielar el proceso de diálogo multilateral y pasar a la negociación de metas más ambiciosas, tal como señaló el Secretario General de la OMC, el brasileño Ricardo Azevedo, quien sostuvo que las decisiones adoptadas “no son un final, sino un principio”.

Correspondencia para la meditación.

    

Señor Director:

Votar el domingo.

Los cambios profundos que, según señala su candidata, va a realizar la Nueva Mayoría si gana el próximo domingo, no son sino el inicio de la vía gramsciana para realizar la revolución socialista-comunista, frustrada hace cuarenta años, tal vez con otro estilo, pero con igual desprecio por las minorías, y voluntad de aplastar toda oposición.

Su programa, con innegables afanes refundacionales de la República, pugna en el fondo, más que en su retórica formal, por destruir aspectos esenciales de lo construido en los últimos treinta años. Con tal fin arremete por igual para destruir el Estado Constitucional de derecho; la libertad de educación; el emprendimiento, base del progreso económico y social actual; y, aún, aparecen claros indicios contrarios a fortalecer la unidad de la nación chilena.

Existen muchas otras razones para que este domingo vayamos a votar, y votar por Evelyn Matthei. Pero en esta oportunidad, frente a las tendencias que afloran en los propósitos que coexisten en aquellos “cambios profundos”, todos quienes sentimos que es responsabilidad de todo chileno asumir el presente y el futuro de Chile, tenemos el deber de impedir que tengan éxito. Votando y triunfando, esta vez podemos lograrlo con la convicción y la misión de afianzar la Patria y la Justicia.

Mario Arnello Romo.

Señor Director:

Monopolio de la izquierda.

La candidata Michelle Bachelet ha señalado que es fundamental concurrir a votar el domingo, “porque lo importante es ser parte de esa gran mayoría que lo que queremos es que Chile sea más justo”.

Sorprende que la izquierda quiera instalar la idea de que un Chile justo sólo se logra con un Gobierno socialista. Esta moral superior desde la cual se plantean esos propósitos ha dado suficientes evidencias de que en un Gobierno socialista logran beneficios únicamente quienes pertenecen a su élite.

Germán Gómez Veas.