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viernes, 13 de diciembre de 2013

Temas de candente contingencia...















De biblias y juramentos,
por Hernán Corral.


Tempranamente las elecciones Presidenciales, que se definirán este domingo, plantearon la relación entre religión y política. Claudio Orrego quiso desafiar a sus contendores de primarias con el eslogan “Creo en Dios, ¿y qué?”. Las críticas no se hicieron esperar.


Evelyn Matthei provocó otra polémica cuando ante un grupo de evangélicos dijo que en su Gobierno “no se hará nada que vaya contra lo que la Biblia señala”. Lo que la candidata pretendió, sin duda, fue explicar que no vulneraría los valores cristianos en materia de matrimonio y de protección a la vida humana.


Por su parte, Michelle Bachelet plantea en su programa que la nueva Constitución debiera contener la “reafirmación” de “la neutralidad del Estado frente a la religión”, lo que implicaría la desaparición de los juramentos. Interpelada sobre esto último por su oponente en el debate de Anatel, respondió que, más allá de alguna “frase desafortunada”, lo que se pretendía era “asegurar que no haya una sola religión que predomine”.


Pero si fuera así, no sería necesario ningún cambio Constitucional, ya que el texto actual garantiza la igualdad entre las confesiones religiosas. Por el contrario, el programa auspicia un cambio de actitud del Estado frente al fenómeno religioso, y textualmente expresa que “deberá suprimirse de la Ley y de las reglamentaciones relativas a poderes del Estado toda referencia a juramentos, libros o símbolos de índole religiosa”.


La candidata Bachelet y los partidos que la apoyan manifiestan una patente insatisfacción con la situación actual, que considera que la libertad de religión incluye expresiones que conforman el espacio de lo público. Una de estas expresiones es el sentido Jurídico de los juramentos, por los cuales un fiel, de cualquier religión, pone a Dios por testigo de la verdad de lo que asevera. La nueva Constitución que se propicia debería prohibir que las Leyes y reglamentos contemplen, siquiera como alternativa, los juramentos; por ejemplo, en testimonios en juicio, declaraciones juradas notariales, juramentos para asumir cargos y ejercer profesiones, etc. Nótese que estos preceptos, o la práctica con que se aplican, permiten a un no creyente prometer en vez de jurar; a la inversa, el nuevo “Estado laico” no toleraría que un creyente pudiera manifestar su fe prestando juramento. Pareciera que la sola invocación, incluso implícita, de la trascendencia vulneraría la indiferencia religiosa Estatal. No extraña, en consecuencia, que se proponga expurgar de la Legislación toda referencia a libros (entre ellos la Biblia, a la que se refería Matthei) u otros símbolos religiosos.


Erradicados de las normas que regulan los poderes del Estado, lo lógico será que se excluyan también de sus actuaciones y ceremonias. ¿Continuará celebrándose un tedeum evangélico o ecuménico con motivo de Fiestas Patrias, con asistencia del Presidente y las más altas autoridades? ¿Se darán clases de religión en colegios Municipales o privados subvencionados? Si se extreman las cosas, hasta los viejos pascueros —representan a san Nicolás— deberían desaparecer de las reparticiones públicas.


Al avanzar por ese camino no se estará reafirmando un Estado laico, sino construyendo un Estado “laicista”, que no es neutral, sino confesional. La confesión oficial sería la creencia dogmática de que las religiones deben ser arrinconadas en las casas y en los templos. Eso sí, todas por igual.


Un genuino Estado laico debiera, en cambio, valorar el aporte de las iglesias a la cultura, a la ética pública y a la discusión democrática. En vez del laicismo, correspondería promover una laicidad positiva, al estilo de la propiciada por Nicolas Sarkozy cuando abogaba por un espíritu laico que, “al mismo tiempo que vela por la libertad de pensar, de creer y de no creer, no considere que las religiones son un peligro, sino más bien una ventaja”.


¿Para qué sirven los debates Presidenciales?
por Rodrigo Mardones.


Archi y Anatel han identificado los ingredientes que potencian la audiencia de los debates Presidenciales; a saber, la confrontación directa entre candidatos y la posibilidad de los entrevistadores de arrinconarlos con preguntas difíciles.


En la franja televisiva obligatoria —o en otros formatos de propaganda política— los candidatos hablan de lo que quieren hablar y dicen lo que quieren decir. Distintamente y dependiendo de su formato, los debates radiales y televisivos sitúan a los candidatos en el ámbito de lo imprevisto, donde deben someterse al escrutinio público, incomodarse frente a preguntas embarazosas, definirse ante asuntos que no manejan bien, o sobre los que quisieran permanecer ambiguos; responder al instante de manera adecuada, o improvisar una respuesta medianamente cuerda; todo mientras se proyecta una imagen de seguridad, moderación, inteligencia, simpatía personal y cercanía con la audiencia.


Según los estudiosos del tema, en los debates televisivos se juegan dos variables que explican parte del apoyo electoral que recibe un candidato. En primer lugar la imagen, que incluye rasgos de personalidad y carácter, que permite a los ciudadanos formarse impresiones y que posibilita incluso un vínculo emocional desde el votante al candidato. En segundo lugar, el conocimiento y la posición de los candidatos sobre los distintos temas de la agenda pública, lo que les posibilita a los ciudadanos identificar cuáles son los asuntos principales y cuáles secundarios, así como comparar la cercanía o distancia que los separa de los candidatos.


Los estudios comparados señalan que los debates Presidenciales pueden generar dos efectos importantes sobre la intención de voto de un ciudadano: cambiarla desde un candidato hacia otro, o bien reforzarla sobre el mismo candidato. Con todo, el efecto de refuerzo sobrepasa ampliamente al efecto de cambio de preferencias. De esta forma, nada de lo que ocurre en un debate —incluso el veredicto de ganador que suele emitirse en la prensa al día siguiente— puede alterar la decisión ya tomada de un segmento de ciudadanos con opinión formada. Sin embargo, el efecto de reforzamiento también actúa sobre ciudadanos con apegos débiles, que consideran incluso no concurrir a las urnas. En este caso, el debate puede reactivar predisposiciones latentes y transformar partidarios relativamente indiferentes en comprometidos votantes.


Los estudios revelan que aquellos ciudadanos que siguen los debates están más informados sobre los asuntos públicos que los que no los siguen; suelen leer noticias políticas y discutir de política con otras personas, además de tener preferencias ideológicas más definidas. Aunque hay correlación positiva con los niveles educacionales y socioeconómicos, la evidencia es menos conclusiva en lo que respecta a raza/etnia, género y edad. Tampoco existe evidencia contundente sobre si todo esto tiene o no un efecto significativo en el resultado de la elección. Aunque los políticos y los periodistas los consideran eventos críticos para el resultado final, la evidencia empírica más reciente señala que el efecto de los debates no es abrumador, pero tampoco es despreciable. En cualquier caso, en elecciones reñidas cada voto cuenta; por lo tanto, los candidatos se cuidan de capitalizar los pequeños márgenes de ganancia electoral que un debate puede arrojar.


La principal función de los debates televisivos y radiales es la de constituirse en un foro público de ideas, un foro que resulta único y clave para el funcionamiento de la política. En las democracias contemporáneas no existe ningún foro público similar; ni las sesiones del Congreso, ni los cabildos abiertos, ni las asambleas ciudadanas, ni las convenciones partidistas. Por lo tanto, el sistema político chileno debe asegurar la realización de debates Presidenciales en condiciones de igualdad y sin la exclusión forzada o voluntaria de ningún candidato. A diferencia de la propaganda electoral, los debates Presidenciales no deben ser un espacio seguro para que los candidatos digan lo que quieran. Es fundamental que el formato de los debates obligue a los candidatos a definirse sobre temas difíciles, favorezca la confrontación de ideas y genere una verdadera deliberación política; donde frente a la ciudadanía los candidatos sean forzados a defender y justificar sus puntos de vista y a refinar su razonamiento político.


Propuesta Constitucional de la Nueva Mayoría,
por Ignacio Covarrubias y Julio Alvear.


El programa de Gobierno de Michelle Bachelet incluye varias innovaciones Constitucionales. Si bien algunas se mantienen en una esfera de ambigüedad propia de un documento político, quisiéramos subrayar dos aspectos en los que creemos que la posición de la candidata debe ser aclarada: derechos fundamentales y el rol del bien común en la sociedad.


1) La propuesta concibe los derechos humanos como un “mínimo ético universal en que los pueblos civilizados basan sus formas de convivencia”, pero respecto de ese “mínimo” hay ambigüedad. ¿Es posible concebir un mínimo ético con posiciones maximalistas sobre derechos tales como “la autonomía moral de las personas”?


La pregunta no es ociosa. Sobre estas nociones se sustenta el aborto, la eutanasia, la legalización de las drogas, entre otras pretensiones que no hacen sino sustituir el “mínimo ético” de todos, por los derechos de unos confrontados con los derechos de otros. Hay dos nociones de “autonomía” en pugna: una supone que el individuo comienza y termina en sí mismo, y otra que lo reconoce en pertenencia a una comunidad y a un cierto orden trascendente. Sin precisiones como éstas, los derechos humanos se transforman en instrumentos de un campo de batalla, donde las exigencias de la vida en sociedad no se resuelven con miras al bien de todos -aquel mínimo común moral-, sino bajo la lógica de la imposición de unos sobre otros. 


Llama la atención que se proclame una irrestricta libertad individual en casi todos los ámbitos, sin otorgar relevancia a aquellos aspectos del bien común que suelen estar representados por exigencias comunitarias tales como la salud, seguridad y moralidad públicas, entre otras. La totalidad de las Constituciones y los documentos sobre derechos humanos han reconocido que el ejercicio de las libertades tienen como contrapartida el deber de respetar tales aspectos del bien común. Se echa de menos la armonización entre los derechos de las personas y sus deberes para con la comunidad.


2) La propuesta también advierte un claro sesgo por “publificar lo privado en materia económica y privatizar lo público en lo moral”. Es sintomático que la única ocasión en que el texto incorpora explícitamente la relevancia del “bien común” es en el derecho de propiedad, aunque ninguna importancia le da a “lo público” como factor moderador de los derechos individuales. 


Bajo esta lógica binaria, habría un legítimo interés en que la autoridad vele por la “moralidad pública” de las operaciones financieras (caso La Polar), pero queda la duda si dicho aspecto del bien común podría ser lícitamente empleado para limitar “los derechos sexuales y reproductivos” o el “libre desarrollo de la personalidad” cuando éstos afectaren los derechos de otros o los intereses de la sociedad. Esto no se aviene con el Derecho Internacional de los derechos humanos (que, según el texto, debe seguirse como modelo) ni tampoco con la tradición constitucional (que el proyecto dice, debe respetar).


Las imprecisiones del programa de Gobierno de Michelle Bachelet pueden esconder peligros relevantes y contradicciones importantes, tanto para la democracia como para las personas y sus derechos.


Chile, el exitoso modelo no defendido.


Sobre el enorme progreso de Chile en las últimas décadas ha pendido siempre una incógnita. Los sucesivos y muy disímiles Gobiernos, con encomiable visión, mantuvieron el sistema socioeconómico que nos ha puesto a la cabeza del avance en Latinoamérica, pero subsistía la duda de si habían logrado hacer comprender a la población el vínculo causa-efecto entre ese sistema y el avance resultante del mismo, y lo anterior específicamente en áreas vitales para las grandes mayorías, y no solo para ciertas minorías —según la caricatura que sistemáticamente promueven sus detractores, apegados a Estatismos del siglo pasado—.


Esa comprensión es un fenómeno esencialmente político, que no depende de estadísticas y cifras, por macizas que ellas sean. Por eso, hace ya años que respecto de Chile se ha ido divorciando la opinión exterior de la interior. Internacionalmente —sobre todo en comparación con el resto de los países latinoamericanos— se nos califica mucho más favorablemente que cuanto muestra la opinión interna, alcanzada por demandas insatisfechas, urgencias no atendidas y expectativas no cumplidas.


La “clase política” —derecha e izquierda por igual— tenía el deber de conducir y liderar este proceso, y de hacer entender las dificultades del camino, como las ha tenido todo país que haya logrado el desarrollo. Pero no lo ha hecho, ni siquiera en momentos de cénit, como el restablecimiento de la democracia en 1990, con los primeros Gobiernos de la Concertación, marcados por grandes acuerdos políticos, en la mejor tradición republicana.


Los actores de la vida económica y social chilena, y especialmente el nuevo empresariado que eclosionó en Chile en este inédito marco propicio para el desarrollo, también han omitido dedicar esfuerzos a esta labor indispensable de explicación del “modelo”, dándolo —cómoda e imprevisoramente— por garantizado.


En ese cuadro, con los años se ha ido acumulando crecientemente un cúmulo de impaciencias, resentimientos y rebeldías comprensiblemente surgido de frustraciones a las que nadie ha sabido o querido responder con explicaciones sostenidas, “pedagogía cívica” (y también económica, en cuanto al significado y resultados del sistema en aplicación), búsqueda de acuerdos elevados que aseguraran la mantención del desarrollo, sin perjuicio de atender a múltiples ajustes “blandos” respecto del bienestar general, que podrían reducir la percepción de desigualdad en los progresos.


Breve trecho podía mediar entre ese malestar inicialmente difuso y las posiciones extremas, la violencia, la ilusión de que descartando todo “el sistema” se podría avanzar más rápido, el anarquismo propiciado por cierto grupos exaltados, casi al modo del siglo XIX.


Ante eso, y muy lamentablemente para nuestro país, la derecha no ha podido articular un discurso político que haga entendible el efecto práctico de su ideario para las personas, y la Concertación, por su parte, no ha sabido valorar su propio acierto y éxito, y renovarlo.


De allí esa sensación de orfandad de opciones modernas, que da a los discursos alternativos, utópicos, extremistas, una gravitación muy superior a la que merecen, desatando un clima de negativismo generalizado, cuyo conjunto sorprende por la incongruencia entre el catastrofista retrato de Chile que se desprende del decir de no pocos, por una parte, y las excelentes cifras socioeconómicas que han fluido y siguen fluyendo durante este año.


Cualquiera sea el nuevo Gobierno, será una necesidad de prudencia encauzar esas percepciones, a la vez demasiado pesimistas y demasiado optimistas, por vías políticas y económicas que la población común pueda comprender fácilmente.


Propuestas programáticas y efectos en la inversión.


La proximidad de la elección Presidencial ha puesto en discusión la desaceleración de la inversión, que es un hecho, y que ocurre a un ritmo acentuado. Tras el aparente desacuerdo en torno a sus causas, hay concordancias relevantes para el futuro de las políticas.


La primera es que la desaceleración es una mala noticia para el país -de ahí la búsqueda de responsables-,  pues anticipa menor pujanza en empleo y remuneraciones, con obvias consecuencias negativas para la población y la recaudación Fiscal, lo que limita beneficios a quienes dependen del apoyo Estatal. La discusión ha develado un profundo consenso subyacente en torno a la importancia del buen desempeño de la economía y a la necesidad de supeditar reformas, medidas y programas a la preservación del crecimiento. La segunda conclusión compartida es que el país ha vivido una bonanza extraordinaria, y que el muy probable fin de tal bonanza explica parte de la desaceleración de la inversión. Este consenso es valioso, y debe moderar la predisposición a comprometer recursos públicos para no arriesgar el desempeño de la economía.


En cambio, no hay acuerdo en torno al efecto sobre la inversión que estarían teniendo propuestas centrales de la candidatura de la Nueva Mayoría: nueva Constitución y la reforma tributaria. Esto se explica debido a que su efecto se da a través de las expectativas de los inversionistas, cuestión difícil de dimensionar y proyectar con exactitud. Mientras el eventual Gobierno de la Nueva Mayoría no sea una certeza y el contenido exacto de las propuestas no sea revelado, sólo caben conjeturas sobre su real impacto futuro en el ambiente político y los incentivos para invertir en el país, y por ende sobre su contribución a la actual desaceleración de la inversión.


Con todo, es preocupante que la candidata de la Nueva Mayoría continúe manteniendo la ambigüedad sobre su disposición a impulsar reformas Constitucionales que no cuenten con el apoyo Parlamentario definido en la actual Constitución. La poca voluntad para dar a conocer el mecanismo concreto a través del cual piensa impulsar el cambio Constitucional que propone genera una incertidumbre que bien puede constituir un freno mayor a la inversión.


Está asimismo pendiente profundizar el análisis técnico de la propuesta tributaria de “eliminar el FUT”, que sigue siendo defendida como una vía para recaudar más, sin efectos sobre la inversión y el empleo, porque iría acompañada de depreciación instantánea de la inversión en capital fijo (construcciones y maquinarias). El argumento ignora que las utilidades empresariales son un retorno a varias formas de capital, entre ellas el capital fijo, pero también capital humano, en la forma de conocimientos y talentos empresariales aplicados, que determinan el éxito de las empresas. La propuesta discrimina en contra de proyectos intensivos en ese capital humano, no susceptible de depreciar. Siendo ese capital humano móvil, es predecible que la propuesta va a afectar el desarrollo de proyectos intensivos en él, con un costo muy elevado para el país, porque son los proyectos que más contribuyen a elevar la productividad de factores, condición sine qua non para un crecimiento a buen ritmo.


El puente de Chacao.


Esta semana se abrió la oferta económica del consorcio que postula a construir el puente de Chacao. Dado que ella estuvo por debajo del valor máximo estipulado por el Gobierno en la licitación, el puente sería una realidad en algunos años. La obra de ingeniería será la más espectacular de las últimas décadas, y el puente colgante, el más largo de América del Sur. El que esta obra se realice es un logro del Presidente Piñera, quien, contrariando muchos augurios negativos, consiguió que hubiera oferentes que cumplieran con las bases de licitación. El consorcio que se la adjudicó está formado por grandes empresas internacionales con mucha experiencia en esta clase de obras.


Con todo, seguimos pensando que no es conveniente construir dicho puente en este momento, pues lo desaconsejan diversos estudios, dados los niveles de tráfico actuales y en el futuro mediato —salvo, tal vez, por sus aspectos simbólicos—. La evaluación social de este proyecto aún no resulta sólidamente convincente. Por los buenos resultados del Plan Chiloé, la isla posee una buena conectividad con el continente, así como con otras islas del archipiélago. Se cuenta con servicios regulares y frecuentes, hasta la medianoche. Además, desde el año pasado hay vuelos comerciales regulares, y la aerolínea está analizando aumentar las frecuencias. En tales condiciones, no parece un uso óptimo de recursos el destinar 360 mil millones de pesos para que unos pocos miles de vehículos al día puedan ahorrar media hora al cruzar el canal de Chacao. Esto no significa que nunca deba construirse, sino que sería preferible esperar algunos años, hasta encontrar la ocasión más adecuada. En todo caso, el Plan Chiloé consiguió —acertadamente— retrasarlo por cinco años, y ha significado a la isla notorios beneficios.


En un cambio de sus declaraciones iniciales, el Ministerio de OO.PP. anunció que el puente tendría un peaje no para pagar a un concesionario inexistente —el proyecto se realiza como obra pública—, sino para contribuir a su mantenimiento. Estas obras, expuestas a las sales marinas, deben ser mantenidas en forma continua para que no se deterioren antes de cumplir su vida útil, y el Estado es históricamente ineficiente en asignar recursos al mantenimiento rutinario, por lo que incorporarlos al proyecto es una respuesta realista a las debilidades del sistema público.


Una arista que requiere detenida reflexión es la relativa a que este puente se construya como obra pública, a un costo mucho menor que el de una concesión, que se estima 30% superior (aunque en este caso se incluye el mantenimiento durante el período de la concesión). Si es así, cabe preguntarse si las concesiones no tienen ventajas sobre el esquema tradicional de obras públicas, por lo que deberían dejar de usarse. Una posibilidad es que los operadores que participan en el mercado chileno de concesiones no sean competitivos, lo que explicaría los altos costos, en cuyo caso deberían hacerse esfuerzos por atraer a nuevos actores. Otra hipótesis es que el financiamiento privado sea más caro que el público, y eso explique la diferencia. En tal caso, a menos que existan factores compensatorios —tales como incentivos para reducir los costos de ciclo de vida del proyecto, menores plazos de construcción, mejor mantenimiento, o ineficiencias del aparato público que no se dan en el sistema de concesiones—, no habría razón para usar concesiones. Una última posibilidad es que los valores del puente terminen siendo mucho mayores en la práctica, si las empresas encuentran eventualmente problemas en su realización, que requieran renegociar el contrato original por un mayor valor —algo que también ocurre con los concesionarios—. La respuesta a estas preguntas puede determinar el futuro de la industria de concesiones.


El futuro de la industria salmonera.


Los resultados al tercer trimestre de las cinco empresas salmoneras que cotizan en bolsa muestran a tres de ellas con números rojos, acumulando pérdidas que suman 79 millones de dólares. La explicación no reside en los precios del producto —que se han recuperado—, sino en sus costos, que han subido en casi 30%, según algunas estimaciones. Esta alza se debe principalmente al recrudecimiento de los problemas sanitarios, que luego de la epidemia del virus Isa se habían mantenido a raya por un tiempo, pero retornaron junto con el aumento de la biomasa en el agua. La reaparición de patógenos obligó a gastar más en tratamientos y otras medidas de prevención y contención, pero además ha empeorado los indicadores productivos (mortalidad, peso de cosecha, etc.), todo lo cual se ha traducido finalmente en un mayor costo unitario. Los próximos meses se avizoran complejos en esta materia, porque el verano y la mayor temperatura del agua favorecen el desarrollo de enfermedades, pero también se advierten dificultades financieras para la industria, pues con los actuales flujos se hace más difícil cumplir las obligaciones con bancos y proveedores, y mantener a la vez óptimas faenas productivas.


Por cierto, este panorama general no necesariamente se da en todas las empresas.


Sin embargo, a pesar del difícil momento actual, el futuro de la salmonicultura chilena sigue siendo auspicioso. La demanda crece sostenidamente y el país tiene ventajas extraordinarias de geografía y clima para el cultivo de salmónidos, además de una vasta experiencia acumulada como el segundo mayor productor mundial. Eso explica que, incluso en la actual coyuntura, se mantenga el interés de los inversionistas extranjeros por ingresar o aumentar su participación en la industria local.


Para aprovechar esas ventajas comparativas y lograr que la salmonicultura chilena recupere competitividad, resulta vital mejorar las condiciones sanitarias, pero es igualmente importante hacerlo al mínimo costo posible. Esto supone eliminar normas que originan más costos que beneficios —algunas de ellas introducidas en la urgencia post-virus Isa— y considerar otras que podrían ser más eficaces, como limitar el crecimiento de la biomasa en las zonas más densas y con mayores problemas sanitarios. El asunto es complejo, ya que existe insuficiente información y porque algunas medidas, como el reordenamiento productivo en macrozonas separadas por corredores, no han terminado de implementarse, por lo cual difícilmente se las puede evaluar.


Es un deber tanto de este como del próximo Gobierno abordar este desafío, partiendo por generar la información de base que se necesita, pues el devenir de la industria salmonera tendrá un efecto determinante en el empleo, crecimiento y desarrollo de las tres regiones más australes de Chile.


Correspondencia destacada.


Señor Director:


¿Campaña del terror?


Campaña del terror es lo que hizo la Concertación en 2009, cuando decía que Sebastián Piñera acabaría con todos los beneficios sociales si llegaba a La Moneda. Lo cierto es que no había ningún antecedente para sostener aquello y, finalmente, los hechos han terminado demostrando lo equivocada que estuvo la Concertación: en casi cuatro años de Gobierno los beneficios sociales han aumentado (posnatal de seis meses, descuento del 7%, Ingreso Ético Familiar, kínder obligatorio, ampliación de red de jardines, etcétera), y se han extendido incluso para la clase media.


En cambio, que algunos Ministros sostengan que las propuestas de Michelle Bachelet estarían causando desaceleración en la inversión es una tesis más que aceptable, y en ningún caso una campaña del terror. No hay que ser un genio para entender que un empresario actúa con mayor cautela cuando la candidata Presidencial que lidera las encuestas promete subirle los impuestos y cambiarle las reglas del juego.


Fernando Ávalos P.


Señor Director:


Debates Presidenciales.


En Chile nos faltan más y mejores debates Presidenciales.


Lo digo tras haber participado como conductor-periodista-moderador en seis programas este año, desde los que realizamos en TVN previo a las elecciones primarias, hasta los que preparamos en Archi y Anatel.


Soy testigo de cómo las personas que organizaron estos encuentros hicieron su mejor esfuerzo por estimular el intercambio de ideas. Pero una y otra vez, al igual que en elecciones anteriores, diversos asesores presionaron por obtener las mejores condiciones para sus candidatos y candidatas: máximo impacto y mínimo riesgo. Esto se tradujo varias veces en programas de entrevistas simultáneas y consecutivas, donde los periodistas teníamos dos o tres minutos para preguntar, con mínima posibilidad de generar la discusión que el público (y posible elector) busca en estos espacios.


Rescato positivamente el formato que recién alcanzamos en el último debate Anatel y los programas que en junio realizamos en TVN con los precandidatos de la Alianza y Nueva Mayoría.


Pero ¿volverán los tira y afloja en una próxima elección? Creo importante revisar y aplicar de manera sistemática los mejores modelos que ya existen en otros países, donde lo principal no sea cuántos minutos tendrá cada uno, sino el intercambio libre y respetuoso de ideas y propuestas.


Queda abierto el debate.


Mauricio Bustamante, Periodista TVN y Radio Infinita.

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Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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