A un día del balotaje,
por David Gallagher.
En el debate del martes, dos mujeres muy
civilizadas hablaron con seriedad sobre el futuro del país. Lejos estábamos del
ambiente de la primera vuelta, donde, con lenguaje encendido, los candidatos minoritarios
proponían cualquier cosa. Tan lejos, que uno se hacía una pregunta muy simple.
Si las dos candidatas parecen ser tan moderadas, tan serias, tan merecedoras de
ocupar la Presidencia de un país de la OCDE, ¿por qué está tan enrarecido el
ambiente? ¿Por qué está la Bolsa tan deprimida? ¿Por qué creen algunos —y no
solo en el Gobierno— que un triunfo aplastante de Bachelet podría reducir la
inversión?
Hubo un atisbo de respuesta cuando a Bachelet
le preguntaron sobre la nueva Constitución. ¿Cómo se haría? ¿Con asamblea
constituyente? En ese caso, ¿quiénes serían los convocados? ¿Los trabajadores,
los empresarios, los jubilados, los profesores, los estudiantes? Son las
preguntas clásicas que se hacen cuando se habla de “participación”, ya que no se
puede reunir a 16 millones de chilenos a deliberar en una plaza pública. Como
era de esperar, Bachelet se enredó, limitándose a decir que los cambios Constitucionales
tenían que ser muy participativos. Desgraciadamente, los periodistas se
quedaron cortos: apenas le preguntaron qué cambios quería. ¿Reelección del
Presidente, y en caso afirmativo, en beneficio de ella misma? ¿Más salvedades
que las actuales a la propiedad privada? ¿Sobre todo en cuanto a la minería, a
los recursos hídricos y al espectro radioeléctrico? ¿Condicionamientos a la
autonomía del Banco Central? ¿Y por qué es necesario derogar el DL 600? Son los
temas que perturban a los inversionistas. Se perdió una oportunidad para
aclararlos.
Interesante que Bachelet haya tildado su propio
estilo de liderazgo de “femenino”, hecho para escuchar y no imponer, con el fin
de alcanzar la unidad de los chilenos. Es el tipo de liderazgo que ejerció
durante una Presidencia que le dio a Chile estabilidad. Si —de llegar a La
Moneda— lo ejerciera así de nuevo, en vez de imponer una lógica de mayoría como
quisieran sus huestes, sería una buena noticia. Pero cabe advertir que Chile se
ha vuelto más difícil de Gobernar de esa forma. En 2006-2010 había bastante
consenso: los técnicos —sobre todo los economistas— estaban más o menos de
acuerdo entre ellos, y había un Ministro de Hacienda sensato, que ejercía un
liderazgo masculino, con la mano firme en el timón. Ahora los economistas han
perdido su hegemonía, en parte porque se pelean entre ellos, como si la economía
ya fuera nada más que un asunto de voluntad política, que es por lo demás lo
que muchos políticos creen. Sería, entonces, complejo el desafío de Bachelet
como Presidenta, de transitar de la loable vocación por escuchar que tiene, a
la toma definitiva de decisiones, sobre todo porque ella misma expresó el
martes su recelo ante las opiniones técnicas, diciendo que hay que
complementarlas, quién sabe cómo, con las de la gente común y corriente.
Matthei, clara y precisa, mostró durante todo
el debate un gran dominio de los temas. Estarán cuestionados los economistas,
pero no hay duda de que entienden los efectos de las políticas públicas mejor
que los médicos. Por otro lado, Matthei fue honesta y real, como cuando le
preguntaron sobre el resultado de la derecha en las Parlamentarias. En vez de
recurrir a resquicios o excusas, se rió con ganas y dijo que “podría haber sido
mejor”. Solo incursionó en cantinfladas cuando le preguntaron sobre el aborto.
Con todo, el ambiente tenso que estamos
viviendo no se despejará hasta que la Presidenta que salga electa dé señales
claras de cómo y con quién va a Gobernar. Y para los que queremos un Chile
estable y moderado, es vital que nadie arrase el domingo.
Puente
Chacao, visión de Estado,
por José Miguel Serrano.
En las Regiones de Chile, la gente ya no se
conforma con la posibilidad de decidir sobre asuntos que se circunscriben a la
pavimentación de una calle, el alumbrado público de plazas o la contaminación
de la ciudad. Lo que se pide y requiere es una participación más activa de los Gobiernos
Regionales en la toma de decisiones, respecto de todo lo que afecte
profundamente la vida de los ciudadanos, ya sea en educación, salud, vivienda o
en la muy necesaria infraestructura para el desarrollo, entre otros.
En este contexto, el reciente anuncio de
adjudicar la construcción del puente Chacao a un consorcio internacional con
amplia experiencia en levantar viaductos colgantes, representa un anhelo
largamente esperado por los habitantes de Chiloé, de la Región de Los Lagos y
del sur austral, pues asegura la continuidad territorial de una vasta zona de
Chile y mejora la conectividad para la compleja geografía que se extiende al
sur de Puerto Montt. Pero no sólo se estaría escuchando a los ciudadanos de
esta región, sino que a través del puente se dará un paso inmenso en abordar la
integración económica, social y geopolítica del sur, lo cual debe ser
considerado como estratégico para el futuro de la nación.
Muchas cosas han cambiado desde que el puente
Chacao fuera desechado siete años atrás. Anteriormente, Mideplan usaba una tasa
de descuento para medir el costo del capital social de 12,9%, mientras que
ahora es de sólo 6%. Por otra parte, si en 2006 la empresa concesionaria del
puente debía conseguir financiamiento privado, esta vez será el Fisco el que
pondrá los recursos, pudiendo acceder al crédito -vía colocación de bonos, por
ejemplo-, a una tasa de interés de, aproximadamente, 3,9% anual. Por último,
cabe mencionar que una reingeniería de diseño y costos permite al Gobierno dar
luz verde a la adjudicación del proyecto por un total de $ 360 mil millones,
monto que está por debajo del techo establecido en las bases de la licitación.
Pero más allá de las formalidades y el tipo de
puente que se construya, se trata de una obra fundamental para el desarrollo de
Chile, que debe ser mirada con una visión de Estado, pues permite incorporar
Chiloé al territorio continental, donde la Ruta 5 Sur llegará de manera
expedita y sin interrupciones, hasta Quellón. Y desde ahí al sur hay
emprendimientos acuícolas, turísticos, agrícolas e industriales que se verán
beneficiados con una mejor conectividad. A partir del 2019, cuando estarán
terminadas las obras, este puente chilote adquirirá una gran preponderancia
para los viajes de las personas y mercaderías provenientes del sur austral, las
que podrán utilizarlo como una verdadera prolongación del territorio
continental chileno.
Al incorporar plenamente a Chiloé con el resto
del país, el puente permitirá potenciar los inmensos atractivos turísticos que
ofrece la isla, para lo cual será necesario que los Gobiernos locales
planifiquen con la debida anticipación las obras complementarias orientadas a
mejorar calles, estacionamientos y todo lo que se requiere para recibir un
mayor flujo vehicular. En suma, Chiloé tiene que comenzar a pensar desde ya en
los modos y formas en que sus habitantes deberán adaptarse a esta nueva
realidad.
Las pensiones
y la OCDE: lecturas equivocadas,
por Augusto Iglesias.
Durante los últimos días distintos analistas y
representantes políticos se han referido a un informe de la OCDE sobre las
pensiones en el mundo desarrollado. Lamentablemente, en algunos casos se han
hecho lecturas equivocadas del mismo. Por la pertinencia del informe para la
discusión de las pensiones en Chile, es necesario corregir estos errores.
El estudio no concluye que los trabajadores
chilenos son los que se pensionan a la edad más avanzada en el mundo. Por el
contrario, muestra que no existe ningún otro país con una edad de pensión legal
más baja que la de Chile y, además, que son muy pocos los países que mantienen
una diferencia entre la edad legal de pensión de hombres y mujeres. Así, en la
mayoría de los casos reportados la edad de pensión de hombres y mujeres es 67
años, existiendo países con edad de pensión a los 69 años. El error de algunos
analistas se podría explicar pues el estudio también informa las edades a las
que se deja de trabajar. Como Chile es de los pocos países donde se puede
laborar sin perder el derecho a la pensión, no debería llamar la atención que
en nuestro país la edad de retiro de la fuerza laboral sea posterior a la edad
de pensión (esto, aun cuando la OCDE comete un error, pues la edad a la que se
deja de trabajar en Chile es inferior a la que reporta).
El informe tampoco muestra las pensiones que se
pagan en cada país. En cambio, para facilitar la comparación de sistemas,
estima las pensiones bajo ciertos supuestos. Según el resultado de este
ejercicio, las pensiones en Chile representarían una proporción más baja de la
última renta, en comparación a otros países. ¿Qué explica este resultado? En
Chile la tasa de cotización para pensiones es inferior a la de muchos otros
países y la edad de retiro es la más baja entre todos los países reportados. Además,
desde el año 1980 a la fecha la tasa de retorno de los fondos de pensiones ha
sido superior al 7% real anual, y no de 3,5% como supone el informe.
En ninguna de sus partes el estudio concluye -o
insinúa- que el sistema de pensiones chileno sea “malo” o haya “fracasado”. Por
el contrario, el reporte (y sus versiones anteriores) destaca las ventajas de
los sistemas de capitalización individual en comparación a los de reparto para
enfrentar los complejos desafíos que presenta la longevidad creciente de la
población. Más aún, refiriéndose a la situación global de la previsión, el
informe concluye explícitamente que “volver a los sistemas de reparto no
ayudará a enfrentar la incipiente crisis en las pensiones”.
Por otra parte, dicho estudio entrega
antecedentes que sustentan el diagnóstico del Gobierno respecto de los
principales desafíos que enfrenta el sistema de pensiones en Chile. En
particular, este diagnóstico advierte que frente al aumento de expectativas de
vida de los pensionados, a las menores tasas de retorno de largo plazo y a la
baja densidad de cotizaciones durante la vida laboral, se deben buscar
mecanismos para aumentar el ahorro previsional, tanto obligatorio como
voluntario; fomentar el pago oportuno de las cotizaciones y por toda la renta;
incentivar la postergación en la edad de retiro, y fortalecer el Pilar
Solidario.
Recuperar el
Municipal, tarea nacional.
A medida que van reuniéndose nuevos
antecedentes, se advierte crecientemente la gravedad de los daños sufridos por
el Teatro Municipal a raíz del incendio que afectó su ala surponiente el pasado
18 de noviembre. Aunque todavía faltan los respectivos informes técnicos, la
estimación de las pérdidas fluctúa hoy entre 3.200 y 3.500 millones de pesos.
Esto incluye la destrucción de bodegas y de la sala de ballet, los daños
ocasionados en el escenario y la sala principal por la acción del agua, y la
pérdida de los bienes que se encontraban en las dependencias afectadas. Estos
últimos no estaban cubiertos por seguros, y su cuantía es de magnitud: tan solo
el valor del vestuario y la utilería destruidos se calcula en unos 600 millones
de pesos.
Pero los costos de la tarea tras el siniestro
no debieran suponer simplemente la reconstrucción o recuperación de lo perdido,
sino también, e indispensablemente, el adoptar todos los protocolos,
implementos y sistemas que sean necesarios para disminuir futuros riesgos. Esto
significa, entre otros, incorporar nuevos elementos de protección, como
detectores de humo y eventualmente rociadores; revisar la red eléctrica;
concretar el traslado de los talleres que laboran con material inflamable a un
recinto distinto, y asegurar la capacitación del personal en materia de
prevención de riesgos. Es esencial que sus funcionarios estén realmente
entrenados en la aplicación de protocolos de evacuación en caso de siniestro, y
que la funcionalidad y capacidad de ejecución de tales procedimientos sean
supervisadas a lo menos con periodicidad semestral por una instancia experta
ajena al teatro, y los resultados de tales inspecciones sean publicados de
inmediato en la página web del teatro y de la Municipalidad de Santiago. La
seguridad del público, del personal y de los artistas lo hace exigible.
Una labor de esta magnitud demanda recursos que
exceden con mucho los exiguos presupuestos de que dispone la administración
para su operación habitual, y también superan las posibilidades del Municipio.
Dado que se trata del principal escenario del país, su reparación constituye una
tarea nacional. Así lo han entendido el Ministro de Cultura, al iniciar —con un
aporte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por 50 millones de pesos—
la campaña de recolección de fondos para la recuperación del Municipal, y la Alcalde
de Santiago, que está promoviendo activamente ese acopio de recursos, entre
otros mediante una cuenta corriente abierta para donaciones personales.
Así lo han comprendido también una importante
empresa del retail, que esta semana entregó una donación por 400 millones, y
las seis mil personas que asistieron hace unos días a la función en el Parque
Araucano, en apoyo al teatro. A esos aportes se agrega el del Embajador de
China —país en el que el Ballet Municipal acaba de realizar una exitosa gira—,
pero es evidente que aún falta la participación de muchos otros. Desde luego,
cabría esperar rápidos apoyos adicionales por parte del Estado, pero también es
esta una oportunidad para que las principales firmas privadas del país
demuestren su comprensión del concepto de responsabilidad social empresarial.
A mediados de este año fueron promulgados
importantes cambios a la Ley de Donaciones Culturales, que facilitan su
utilización y amplían la base de potenciales donantes. Este incendio puede ser
una oportunidad para que los chilenos aprovechen las posibilidades que abre esa
normativa. Esa fue la reacción de Barcelona y Venecia para reconstruir,
íntegramente modernizadas, sus respectivas salas históricas, tras ser ellas
destruidas por sendos incendios, en 1994 y 1996.
Rechazo a
adelantar Subvención Escolar Preferencial.
La Cámara de Diputados desechó el proyecto de Ley,
presentado por el Gobierno, que buscaba adelantar la entrega de la Subvención
Escolar Preferencial para los terceros y cuartos medios para el próximo año. La
tramitación se hizo con urgencia, cuando ya había sido recientemente rechazada
en la Ley de Presupuestos, asumiendo las partes una posición de trinchera
política, sin que hubiera un análisis proporcionado a su mérito, y cuando todos
los sectores proclaman la importancia de la educación y la necesidad de
protección de los alumnos más vulnerables.
Dicha subvención fue creada en 2008 con el fin
de contribuir al mejoramiento de la equidad y calidad de la educación.
Contempla la entrega de recursos adicionales por alumno considerado prioritario
o vulnerable, a condición de que el establecimiento suscriba un convenio de
igualdad de oportunidades y excelencia educativa, comprometiéndose a mejorar
sus resultados en el Simce, no seleccionar y retener a los alumnos, no cobrar
arancel alguno a alumnos prioritarios y establecer un plan de mejoramiento
educativo. Originalmente, era aplicable desde prekínder hasta octavo año
básico, pero en 2012 se incorporó por Ley a la educación media, estableciéndose
una gradualidad de un nivel por año, a contar de 2014; vigencia que luego fue
adelantada a 2013 por otra Ley, de forma que el próximo año debía favorecer al
segundo medio. Mediante la iniciativa rechazada, se pretendía que también fuera
aplicable en tercero y cuarto medio.
Testimonios de docentes de establecimientos de
sectores vulnerables y que han mejorado su rendimiento en el Simce ratifican
que la subvención ha jugado un rol sustantivo en ese logro. Ello se debería a
que se focaliza en alumnos sensibles, pero configura un incentivo orientado al
logro de objetivos, lo que la constituye en un instrumento muy valioso.
En ese sentido, es apropiado adelantar su
aplicación a todos los niveles. Sin embargo, el Ejecutivo propuso anticiparla
mediante una glosa en la Ley de Presupuestos, que es una nota explicativa de un
gasto y que no debiera modificar Leyes permanentes, como la gradualidad en la
aplicación de la subvención, sin mayores antecedentes que respaldaran la
medida. Por su parte, Parlamentarios de la oposición se opusieron, denunciando
fines políticos vinculados a la elección Presidencial, y argumentando que
restaría flexibilidad presupuestaria al próximo Gobierno -que suponen propio y
no obstante la supuesta prioridad de la educación-, que no era claro cómo se
lograría materializar la medida -una tarea que recaerá precisamente en el
próximo Gobierno-, y que en el actual presupuesto, recursos por US$ 174
millones, destinados a fortalecer la educación pública, casi no se han
utilizado, lo que acreditaría su carácter más bien efectista. El Ejecutivo
respondió con un proyecto de Ley separado, tramitado con urgencia en la víspera
de la segunda vuelta Presidencial, emplazando públicamente a la oposición a
aprobarlo.
Así, una propuesta de política pública
relevante, que propende a una educación de mejor calidad para jóvenes
vulnerables y cuya aplicación parcial ha dado resultados positivos, no ha
recibido la debida atención ni un debate con altura de miras, sino que ha
devenido en una controversia electoral menor. Situaciones como ésta son las que
explican la creciente desconfianza con que la ciudadanía juzga la actividad
política.
Mejores
aranceles de referencia.
El costo de la educación superior en Chile es
alto si se consideran los ingresos per cápita de los distintos países. Esta no
es necesariamente la forma correcta de comparar, pero son tantas las asimetrías
de información para el Estado y para las familias que resulta difícil saber si
están desembolsando montos apropiados por esta educación. Obviamente, dichas
asimetrías son independientes de si las familias pagan aranceles o el
financiamiento es solo Estatal. Desde 2002 comenzaron a aplicarse aranceles de
referencia, como una forma de controlar esas asimetrías y establecer parámetros
razonables para definir las ayudas del Estado a los estudiantes, pero el
sistema ideado no ha cumplido esos objetivos.
El actual Gobierno, a través del Ministerio de
Educación, decidió repensar esta situación y abordar este problema desde otra
perspectiva: básicamente, intentando indagar la pertinencia de los programas
que ofrecen los planteles. Esto es relevante, porque nuestras universidades,
institutos profesionales y centros de formación técnica ofrecen programas que
conducen a un título profesional o técnico, y cabría esperar que sus aranceles
guarden alguna relación con las oportunidades que tendrán los egresados al
concluir sus estudios. Por ejemplo, ¿tiene sentido que se matriculen en un
programa oneroso, que luego no abre perspectivas laborales atractivas en cuanto
a ingresos y ocupación? La respuesta no parece afirmativa.
Podría contraargumentarse que ese análisis es
muy simple y que así se dejaría de financiar, por ejemplo, a un grupo de
investigadores de un programa que produce grandes avances en el conocimiento.
Sin embargo, ese mismo grupo se podría financiar ampliando la oferta de
programas que agregan valor a sus estudiantes, y extinguiendo aquellos que no
lo hacen, lo cual es una mejor fórmula.
Pero la política vigente no asegura que se
produzcan esos mejores arreglos. La modificación propuesta por el Gobierno
busca incluir como parte de la estimación del arancel de referencia un factor
que mida el aporte específico de los distintos programas a los estudiantes,
consistente en un valor de referencia que equivale a una fracción razonable de
los ingresos futuros que obtiene una persona si aprueba dicho programa,
respecto de la alternativa de no hacerlo. Se estima que el costo total del
programa que se cursa no debería superar aquel valor fijado como referencia. Es
cierto que el paso por una institución de educación superior también enriquece
al estudiante más allá de sus oportunidades futuras, pero no es evidente que
ese valor deba ser capturado por aquella mediante un mayor arancel.
Ese nuevo factor comenzaría a ponderarse en 5%
en el cálculo del arancel de referencia, hasta llegar a un tercio en 2017. Los
otros dos tercios se obtendrían a partir de los criterios actualmente empleados
(indicadores académicos y de eficiencia docente). La gran contribución del
nuevo sistema es que ahora las universidades tendrían incentivos para eliminar
de su oferta los programas poco pertinentes para sus estudiantes, y ampliar la
oferta de aquellos que sí lo son. Además, tendrían alicientes para mejorar la
calidad de sus programas, porque eso repercutirá en las oportunidades laborales
de sus estudiantes. Ambas acciones aumentan sus aranceles de referencia y, por
tanto, la ayuda del Estado que reciben sus estudiantes y las propias
instituciones.
Esta información también tiene valor orientador
para los jóvenes que deben elegir entre múltiples programas e instituciones que
no tienen los actuales aranceles de referencia. Hoy, la brecha entre estos y
los aranceles efectivos no les dice nada a los jóvenes. En el futuro tendría un
significado claro. En fin, su aplicación sería independiente de quién financie
la educación superior. Sin duda sería un gran aporte del Ministerio de
Educación para guiar mejor el financiamiento de la educación superior.
Recintos juveniles
de Gendarmería.
Las secciones juveniles de Gendarmería
responden a la implementación de la Ley N°20.084 de 2007 sobre responsabilidad
penal adolescente y fueron creadas por el Ministerio de Justicia a través del
decreto exento N° 4069. Dichas secciones juveniles son recintos administrados
por Gendarmería de Chile, concebidos fundamentalmente como espacios de
internación separados del resto de la población adulta para aquellos
adolescentes infractores provenientes de centros de reclusión del Sename que,
habiendo llegado a la mayoría de edad y restándoles más de 6 meses para el
cumplimiento de la pena, deben completar allí la sanción de internación dictada
por el Tribunal.
En el curso del año 2011, el Ministerio de
Justicia emitió un documento denominado “11 medidas para la reinserción
juvenil” con una mirada crítica respecto al funcionamiento de los centros
privativos de libertad de infractores adolescentes, tanto del Sename como de
Gendarmería. Allí observaba que los centros destinados a albergar los jóvenes
condenados no tenían condiciones básicas para una adecuada intervención, en
menoscabo de su dignidad y con riesgos a su salud física y mental. Asimismo, se
hacía notar que las deficiencias de los servicios básicos, la falta de
infraestructura, los problemas de acceso a la atención médica, un modelo
educativo no acorde a las especiales características de adolescentes privados
de libertad, y la falta de un proceso continuo y permanente de capacitación
laboral, no sólo perjudicaban la calidad de vida de los jóvenes, sino que
hacían más complejos los procesos de responsabilización y de integración
social.
En virtud del diagnóstico crítico del Ministerio
hacia los centros administrados por el Sename y Gendarmería, ésta generó una
iniciativa con 11 fórmulas de corto y mediano plazo “que buscan mejorar las
condiciones de alimentación, habitabilidad y seguridad de los centros, fijando
un estándar de calidad respecto de la intervención de salud, capacitación
laboral, educación y especialización de los funcionarios”.
Cabe señalar que de acuerdo a los organismos de
auditoría del Ministerio, las secciones juveniles de Gendarmería han tenido
avances y logros cuantitativos en varios aspectos, entre ellos, alimentación,
atención de salud, oferta de educación formal, capacitación laboral,
actividades extraprogramáticas, intervención especializada, especialización y
capacitación del personal, fomento a la participación y a la mejor convivencia.
El punto neurálgico es saber cómo todos estos
progresos en las secciones juveniles han incidido en facilitar la
rehabilitación y reinserción social de los adolescentes infractores. Lo
anterior se relaciona con implementar programas de intervención especializada
que den cuenta de una nueva estrategia de intervención orientada a generar
cambios efectivos en los jóvenes intervenidos. No se sabe cuáles son los
organismos que se adjudicaron en 2013 la licitación para desarrollar programas
de intervención en las secciones juveniles de Gendarmería, ni qué programas de
intervención psicosocial se implementan, como tampoco sus resultados
cualitativos. Es esperable que los oferentes que se ganaron la licitación
tengan experiencia y competencias en el trabajo interventivo con adolescentes
infractores de ley y que hayan apelado a modelos de intervención efectivos que
aportan evidencia de ello, como cognitivo conductual y logoterapia o
logoeducación.
Voto y
dirigentes universitarios.
En una consulta a líderes estudiantiles de 31
de las 59 universidades reconocidas por el Consejo Nacional de Educación, este
diario constató que el 70% asegura que votará en los comicios del domingo. Sin
embargo, seis de ellos afirman que anularán el voto o lo marcarán con las
iniciales referidas a una asamblea constituyente, y menos de la mitad estuvo
dispuesta a llamar a los estudiantes a concurrir a las urnas.
La dirigencia estudiantil se ganó un importante
espacio de liderazgo entre los actores sociales, cuando en 2011 logró reponer en
la agenda nacional la necesidad de profundas reformas al sistema de educación,
que ya había planteado en 2006. Sus demandas de fin al lucro y gratuidad de la
educación superior lograron amplio eco en la ciudadanía, y sus dirigentes se
convirtieron en portavoces de un malestar que parecía trascender el ámbito
estudiantil, lo que llevó a que varios de ellos fueran elegidos parlamentarios.
Esas multitudinarias manifestaciones
evidenciaron que los jóvenes, aunque críticos de la política y los políticos,
estaban dispuestos a movilizarse por temas de relevancia nacional. Sin embargo,
los planteamientos iniciales, referidos principalmente a la educación, se han
ampliado a posturas que muchas veces incluyen cuestionamientos amplios y
radicales al sistema político. Algunos dirigentes estudiantiles recientemente
electos declaran una total desconfianza hacia los partidos y apelan a una
participación real, que no les parece posible dentro de los parámetros
institucionales vigentes, sino solo mediante movilizaciones periódicas,
independientemente de quién encabece el futuro Gobierno. Pese a que ellos
mismos han sido elegidos mediante procesos democráticos —de complejos
mecanismos, en los que la dispersión de sufragios permite el triunfo de una
lista con escasa mayoría—, ciertos líderes desconocen el valor del voto como
forma de participación democrática.
Pero estas posturas radicalizadas de ciertos
dirigentes comienzan a enfrentar oposición en algunos sectores estudiantiles:
así ocurrió en la Facultad de Derecho de la U. de Chile, donde inesperadamente
se impuso la opción que, de manera irónica, pero denotando una profunda visión
crítica de la dirigencia estudiantil que se arroga una representación
cuestionada por los propios alumnos, y que hoy enfrenta la difícil tarea de
volver a atraer a los estudiantes, reorientando el foco de discusión sobre la
política universitaria.
En los claustros universitarios, lugar de
debate, reflexión y encuentro entre profesores y estudiantes, surgieron los
principales movimientos que han marcado nuestro sistema político, y ese debiera
ser el escenario propicio para mirar con prudencia nuestra institucionalidad y
sus posibles reformas, sin rupturismos, quiebres ni refundaciones, sino dentro
de los cauces que se ha dado nuestro sistema democrático representativo, en el
que el voto es la forma primordial de participación.
Saqueos en
Argentina.
Los saqueos registrados en distintos puntos del
territorio argentino, en aprovechamiento del vacío de poder generado por
huelgas policiales, reflejan una grave pérdida de autoridad por parte del Gobierno
de ese país. Cerca de 2.000 establecimientos y negocios han sido asaltados, y
aunque la Casa Rosada señala que la situación se encuentra bajo control,
todavía se denuncian incidentes en algunas Provincias.
La irresponsable actitud asumida por los
policías huelguistas constituye, como ha señalado el Jefe de Gabinete de la
Presidente Cristina Fernández, una “extorsión” que debe ser sancionada, pues ha
puesto en riesgo la seguridad de las personas, valor esencial que todo Estado
debe proteger prioritariamente. La incapacidad de la Casa Rosada para impedir
los consecuentes saqueos recuerda episodios similares a fines de los 80 y de
principios de la década pasada, los que generaron graves crisis políticas que,
incluso, llevaron a renuncias de las autoridades de la época.
El deterioro del liderazgo Presidencial en
Argentina constituye un signo preocupante de inestabilidad. La debilitada
posición en que se encuentra el Gobierno, enfrentado a presiones sindicales y
derrotado recientemente en las elecciones Legislativas, le entrega poco espacio
de maniobra para recuperar su autoridad y actuar con decisión contra quienes
ponen en riesgo la seguridad. La restauración de la convivencia pasa por
atender las demandas de quienes sienten agraviados sus derechos, pero también
por que éstas sean planteadas sin amenazas ni chantajes. Asimismo, es necesario
que sean sancionados los policías que han faltado a su deber y quienes han
aprovechado el ambiente de impunidad derivado del paro policial para agredir y
robar.
El kirchnerismo está experimentando los efectos
del sistemático debilitamiento que ha infligido a las instituciones de ese
país, siendo las policías una de las afectadas.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
