Bachelet ganó la Presidencia.
Felicitamos a la Señorita Michelle Bachelet por
el triunfo que obtuvo en la segunda vuelta de las elecciones Presidenciales, aunque
creemos que su programa de Gobierno no es bueno para Chile ni beneficioso para
los chilenos, esperamos que realice una buena y fructífera administración en
sus cuatro años.
Pensamos que la Presidente electa tendrá una
dura tarea para morigerar las inmensas expectativas que sembró y la obligación,
por la exigua cantidad de los ciudadanos que votó por ella, de templar el
desenfrenado populismo de la campaña y ponerse a trabajar duro para ser
realmente la Presidente de todos los chilenos.
Es cierto que Michelle Bachelet obtuvo un 62%
de los votos emitidos, pero, es necesario tomar en cuenta que ese alto
porcentaje es una mínima parte de la ciudadanía, considerando que el gran
ganador de la justa electoral fue la abstención, que obtuvo una aplastante
victoria, con sobre el 50% de los electores, lo que debilita el mandato que los
electores le han entregado.
Esperamos que la moderación se imponga en la
coalición ganadora, y que por esa vía se modere a los sectores extremos, que
quieren pasar la aplanadora sobre el país e imponer algunas ideas, muy cercanas
a doctrinas que han fracasado en el mundo entero, haciendo un Gobierno que se
preocupe de verdad por el desarrollo del país.
Admiración a Evelyn Matthei.
Queremos dejar constancia de la admiración que
sentimos por la candidata derrotada, Doña Evelyn Matthei, que con coraje y
fuerza asumió una postulación que tenía todo en contra, inclusive la falta de
apoyo de algunos de los partidos que supuestamente era parte del sustento de su
candidatura y de algunos “lideres” del sector que parecían atornillar al revés.
La lucha que dio la definió con claridad cuándo
dijo que era como “David contra Goliat”, no por la gran fuerza de sus
adversarios, sino por los errores no forzados del sector al que representa y
las posiciones divisionistas de algunas “figuras” que parecían, por los
protagonismos que buscaban y un discurso confuso, trabajar para el otro equipo
desincentivando a los nuestros.
Sin duda alguna el “fuego amigo”, proveniente
del Gobierno, que ciertamente ha tenido un déficit importante en aspectos
políticos y comunicacionales, aun siendo una administración exitosa, no
facilitaron las cosas a la candidata y le enajenaron el apoyo de muchos fueron agraviados
por el Gobierno, que claramente se equivocó durante el mes de septiembre rojo
que propició.
Agradecemos a esta mujer haber representado de
una manera tan digna a las ideas libertarias y el esfuerzo sobrehumano que
debió realizar para enfrentar una campaña, con dos candidatos anteriores, con
escaso financiamiento y con el nulo compromiso de parte importante de una
centro derecha abatida y completamente derrotista.
Matthei le dio a los sectores que representó
una clase magistral de bravura y una demostración clara de la forma en que hay
que afirmarse los pantalones en defensa de ideas, que son mucho mejores que las
de nuestros adversarios, pero, que desgraciadamente son muy mal defendidas por
nuestros “hombres” que han demostrado escasa valentía y exceso de miopía
política.
Creemos que sería equivocado comenzar a buscar
culpables de esta derrota, pensamos que sí ha llegado la hora de renovar los
cuadros directivos de las agrupaciones que ahora pasarán a ser oposición, de
enterrar personalismos extemporáneos y de emprender la dura lucha por hacer
carne en los chilenos de las ideas libertarias, defendiendo de paso la gran
obra que se ha hecho en el país.
Lamentable espectáculo internacional,
por Hernán Felipe Errázuriz.
Hay señales inquietantes en la Diplomacia de la
Nueva Mayoría: podrían primar los intereses personales, partidistas e
ideológicos por sobre los nacionales. Ya surgió la voracidad de autopromovidos
por cargos en la Cancillería. Sesionan en Santiago grupos de Embajadores que
abandonan sus sedes para velar por sus futuras destinaciones. Se desencadenan
luchas partidistas: con el voto de los chilenos en el exterior, por primera vez
las Embajadas podrían ser útiles para el proselitismo. Algunos se desplazan
como si fueran Cancilleres in pectore. No recuerdo haber oído o visto antes
algo semejante.
El P. Comunista demanda participar en las
relaciones exteriores: pésimo para la imagen externa. Extintos están los
regímenes de esa ideología: nada aportan sus lazos con el moribundo régimen
castrista y con el espantoso norcoreano. Recordemos sus patéticas condolencias
al hijo y sucesor del fallecido líder norcoreano. El Diputado Teillier, Presidente
del PC, se condolía por el “momento de dolor para el pueblo coreano” y estaba
“convencido de que la lucha por una próspera sociedad socialista ante las
maniobras del imperialismo norteamericano continuará impulsada firmemente por
quien lo reemplace”. El nuevo líder, anteayer, ordenó la decapitación de su tío
y segundo hombre del régimen, “por corrupción y aplaudir fríamente su
nombramiento en la conferencia del partido”.
Otra situación inédita es el intento de
debilitar al agente chileno ante la demanda boliviana. Dos ex Cancilleres de la
Concertación y ambiguas declaraciones de la Presidente electa han puesto en
tela de juicio las impecables credenciales del Embajador Felipe Bulnes. Algo
muy distinto de lo que sucede en Bolivia y Perú, y con la defensa chilena en la
demanda peruana. El actual Gobierno apoyó resueltamente al equipo formado por
la Presidente Bachelet y no pidió prórroga para presentar la contramemoria en
La Haya de su predecesora. La defensa del territorio es una política de Estado.
Más preocupantes son los riesgos de una
política exterior que apunte a la mediocridad. Que reemplace nuestras
coincidencias con la Alianza del Pacífico por afinidades con Gobiernos
personalistas, proteccionistas y populistas de la costa atlántica, en busca de
integraciones románticas y fantasiosas figuraciones en los foros mundiales que
solo benefician a las burocracias internacionales y a los dirigentes de los
partidos Gobernantes.
Chile ha logrado una presencia internacional
desproporcionada a su tamaño. Es resultado de una larga historia de
cumplimiento de sus compromisos internacionales, del restablecimiento de la
democracia, de la inclusión lograda por el libre comercio y del manejo
responsable de su economía y Estado de Derecho. Ese acervo de todos los
chilenos hay que cuidarlo y fortalecerlo con una Diplomacia profesional y una
política exterior a favor de los intereses de Chile.
Argentina: Estatismo y anarquía
por Martín Krause.
Para Thomas Hobbes, el contrato social que
creaba al Estado permitía salir del estado de naturaleza, donde la vida era
pobre, corta, bruta, infeliz; donde prevalecía la lucha de todos contra todos.
Qué diría el filósofo inglés si viera a la Argentina acercarse a esa misma
situación, ahora con un Estado que pretende ser omnipresente, pero que no logra
cumplir sus funciones más básicas.
Es que en la visión de su actual Gobierno, el
Estado tiene una función fundamental a la cual todas las demás han de
subordinarse: redistribuir ingresos. No siempre de arriba para abajo, por
supuesto, y debe incluir también en el reparto a los mismos Gobernantes. Por
eso la negación del problema de la seguridad, que llegara a convertirse en el
más importante para los ciudadanos.
La inseguridad es también un problema de
distribución, y cuando ésta se solucione ya no habrá más crímenes ni robos. Por
eso la inexistencia de mecanismos institucionales para determinar el sueldo de
los policías, los que terminan abandonando sus funciones y dejando “zonas
liberadas”. Por eso su falta de recursos en tiempos de gasto público récord.
Este es un lado del problema. El otro tiene que
ver con la premura con que muchos aprovechan la situación para desarrollar su
propia “política de inclusión social”, destruyendo un supermercado para
llevarse un televisor LCD. ¿Qué es lo que explica la facilidad con que estas
personas justifican el robo a un supermercado del que han sido clientes por
años y al que seguramente intenten volver en una semana? ¿A qué se debe
semejante crisis de valores?
La respuesta, por supuesto, es compleja, pero
está claro que quienes están “arriba” (y no sólo en el Gobierno), tienen más
exposición social y transmiten más mensajes con sus ejemplos que el resto de
los mortales. El actual Gobierno, en particular, se ha encargado de fomentar la
creencia de que los “derechos” se defienden en la calle, no en la Justicia. Y
no es un Juez quien decide si un derecho ha sido violado, sino solamente el que
se siente agraviado. Y en esa forma de defender “derechos” no importa que se
violen los derechos de los demás. En todo caso, ellos deberían salir a la calle
también.
Por otro lado, se ha encargado de enfatizar que
el derecho de propiedad es relativo. Si ellos expropian empresas petroleras sin
pagar, ¿por qué no podré yo expropiar a un supermercado chino? La distribución
del ingreso no depende de lo que uno obtenga ofreciendo algo a los demás, que
ellos estén dispuestos a pagar; depende de la fuerza y de la violencia, de los
contactos con el poder o del clientelismo, del empleo público, los subsidios.
Si la corrupción es noticia permanente, en éste
y en anteriores Gobiernos, y nadie va preso, ¿es justo que vaya preso yo por
romper un vidrio?
Y Hobbes que pensaba que ese Leviatán nos iba a
dar la paz. Pero si viera a la Argentina de hoy tal vez se acercaría a Locke.
El problema es limitar al Leviatán, que comparte aquella definición de la
guerra que nos brindara en su mejor canción el hoy muy oficialista León Gieco
(Sólo le pido a Dios): “es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre
inocencia de la gente”.
Preocupa Codelco.
La principal empresa del país arrastra serios
problemas estructurales, enfrenta un escenario de mercado que se ha tornado más
adverso, y habrá de adoptar medidas arduas. Por cierto, cabe destacar que la
minera Estatal exhibe avances. Hace ya cuatro años que cuenta con un Gobierno
corporativo más independiente del Ejecutivo de turno, con un directorio
responsable y conformado por expertos de reconocido prestigio, y está sometida
a pautas más exigentes de transparencia. Su autoridad ejecutiva, Thomas Keller,
está empeñada en un plan de largo plazo destinado a contener costos y elevar la
productividad.
Aunque se ha informado sobre una caída
interanual de 62% en sus excedentes en los primeros tres trimestres de este
año, eso se debe en buena medida a la ganancia extraordinaria del año anterior,
por la voluminosa transacción con Anglo American. Como ha destacado Codelco, en
2013 finalmente se ha logrado una leve baja en sus costos unitarios, señal de
que el referido plan estaría comenzando a surtir efectos.
Pero la situación de la minera Estatal es
apremiante. Los precios del cobre y del molibdeno —sus dos principales
productos— han descendido desde sus altos valores de los últimos años, y hay
quienes prevén bajas adicionales. Los costos de producción han subido
sistemáticamente por la caída de la Ley del mineral, el encarecimiento de la
energía y otros insumos y por la tendencia a pactar reajustes de remuneraciones
y bonos por sobre la productividad.
La situación de sus divisiones más antiguas es
particularmente problemática. La División Salvador, que produce apenas 50 mil
toneladas, perdió 98 millones de dólares el año pasado y otros 57 millones en
los primeros 9 meses del presente año. El costo directo de producción en ese
añoso yacimiento se eleva a 3 dólares por libra, lo que lo hace financieramente
inviable. En cualquier caso, se estima que sus reservas acabarían en 2018, y no
es claro que su proyecto de reposición, Rajo Inca, sea rentable. La situación
de Chuquicamata —otrora nave insignia de la minera Estatal— es también
calamitosa: exhibe costos cada vez mayores y acumula pérdidas.
Se ha debatido que parte del problema está en
las dificultades de Codelco para obtener luz verde de su dueño, el Fisco, para
embarcarse en ambiciosos proyectos de expansión. Es efectivo que el aumento de
producción resultante podría ayudar a rebajar los costos unitarios y ampliar
márgenes operacionales. Pero el criterio para invertir ha de ser otro: la
adecuada rentabilidad de los proyectos. Con frecuencia, consideraciones
políticas y sociales parecen influir en los objetivos y planes de la empresa.
Codelco requiere abordar una vasta reestructuración, desprenderse de activos y
costos redundantes y financiar su crecimiento accediendo al mercado de
capitales, que suele ser un exigente juez de los proyectos empresariales. Eso
no es en absoluto incompatible con el control Estatal de la empresa.
Recientemente, las equivalentes brasileña, mexicana y peruana de Codelco
(Petrobras, Pemex y, ahora, Petroperú) han iniciado sendos planes de asociación
con inversionistas privados para el desarrollo de sus proyectos. El simbolismo
político y la proyección económica de la determinación adoptada por esos tres Gobiernos
de países clave deben hacernos reflexionar acá sobre lo que significa asumir en
serio la modernización de Codelco.
Fecha para el fallo de La Haya.
La Corte Internacional de La Haya ha comunicado
oficialmente que dará a conocer el fallo sobre el diferendo entre Perú y Chile
el próximo 27 de enero, con lo cual se pondrá término a un largo proceso Judicial
iniciado en 2008, cuando Perú demandó al
Tribunal fijar un nuevo límite marítimo basado en una línea equidistante -que
restaría una sustantiva porción de mar a Chile-, alegando que la actual
frontera se funda en meros acuerdos pesqueros, y no en tratados, postura que ha
sido rechazada firmemente por nuestro país.
Ha transcurrido un año desde que concluyeron
los alegatos orales de ambas partes en el Tribunal, donde la postura chilena
fue defendida con solidez, basada en los principios del derecho internacional y
en el reconocimiento que el propio Perú ha dado a lo largo de más de seis
décadas al límite vigente, lo que difícilmente habría ocurrido si ésta hubiere
sido una mera referencia para delimitar la pesca. El inusual tiempo que se ha
tomado la Corte para pronunciar su fallo y las postergaciones que habrían
tenido lugar -inicialmente se esperaba que la sentencia fuese dada a conocer a
mediados de este año- han levantado legítimas reservas sobre si el Tribunal ha
sido permeable a consideraciones ajenas a lo estrictamente Jurídico. Cabría
esperar que en definitiva ello no sea así, y los Jueces únicamente atiendan a
razones basadas en el derecho.
Es saludable que las Cancillerías de ambos
países hayan reiterado su propósito de cumplir el fallo y esperarlo con
serenidad. La pretensión que han expresado sectores de Perú, en cuanto a que
Chile se comprometa a que la sentencia tenga una ejecución inmediata,
constituye sin embargo un llamado completamente equívoco y que sólo trae
confusión a la ciudadanía, pues lo único que corresponde en esta etapa es aguardar
el pronunciamiento de la Corte.
¿El Estado como solución?
El cuestionamiento al modelo de creación de
riqueza que ha seguido el país, basado en la libre iniciativa de las personas
en un mercado competitivo —muchas veces no lo suficiente— para producir y
satisfacer las necesidades de bienes y servicios, estuvo en el centro de los
planteamientos de la Nueva Mayoría en la campaña Presidencial, y ha dado lugar
a una regresiva nostalgia del Estado como panacea. Así, se ha planteado una AFP
Estatal para resolver los problemas del sistema de pensiones; una farmacia Estatal
para combatir la colusión en ese sector; una Empresa Nacional de Energía para
superar las dificultades a los proyectos de generación; un Delegado
Presidencial para los Recursos Hídricos. Más aún, el Estado Social de Derechos
a que aspira dicho conglomerado pretende que él garantice, entre otros, la
educación y la salud, que debería proveer mayoritariamente —o, según algunos,
únicamente— el Estado.
Sin embargo, la evidencia empírica muestra que
el Estado chileno dista de estar en condiciones de entregar esos bienes y
servicios como lo espera una sociedad moderna y exigente. Por ejemplo, el Fiscal
—encarnación del Estado— a cargo de investigar el ataque contra el Senado en
octubre de 2011 conviene con el Juez de la causa —también encarnación del
Estado— en la suspensión condicional del procedimiento si los imputados se
sujetan a la “pena” de hacer proselitismo político a favor de una asamblea
constituyente (al margen de la institucionalidad), causa que los mismos
imputados apoyan con entusiasmo. ¿Buen servicio Estatal?
Otro ejemplo: antes del Plan AUGE, la salud ya
estaba garantizada de modo implícito, lo que estaba lejos de lograrse. El AUGE
buscó garantizarla de manera explícita —y, para ser más realista, acotada—,
pero las fallas persisten. Y otro: un eslogan de la Nueva Mayoría ofrece
educación “pública, gratuita y de calidad”. Que sea pública y gratuita se
consigue con decretos o Leyes. Pero, ¿alguien puede creer que la calidad se
conseguirá con solo sacarla del ámbito privado y pasarla al Estado? ¿Un Estado
cuyos funcionarios se declaran en huelga ilegal cada vez que lo desean, sin
consecuencias en sus remuneraciones; con profesores que, amparados por el
Estado, se resistirán aún más a ser evaluados, y cuyos alumnos quieren decidir
la aplicación de las pruebas Simce en votación popular?
Las soluciones Estatales, además de los
problemas burocráticos y de organización, son servidas por personas cuyas
motivaciones y esfuerzos tienden a diluirse en una maraña procedimental sin
incentivos. Por construcción, son únicas y sin variantes, y por procedimiento,
rígidas de modificar. Todo eso reduce su probabilidad de éxito. A pesar del
voluntarismo y constructivismo de sus partidarios, hay demasiadas razones para
ser escépticos del Estado como solución a los problemas sociales.
Medidas para enfrentar la sequía.
La extrema sequedad que registra 2013 lo ha
convertido en uno de los tres años menos lluviosos desde que se tiene registro.
Se trata de una situación que afecta desde el Norte Chico a la zona central del
país, áreas que constituyen el corazón de la actividad silvoagropecuaria de
Chile y que concentran la mayor parte de la población nacional. Por lo mismo,
deben multiplicarse los esfuerzos preventivos para intentar que las complejas
circunstancias por las que atraviesan distintos lugares no lleguen a una condición
crítica durante el verano. Asimismo, cabe avanzar en un mejor diagnóstico
anticipado de la sequía, pues ello permitirá avanzar en la capacidad de
respuesta desde las políticas públicas.
La falta de lluvias se debe a un fenómeno
natural. El enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico altera los patrones
normales del tiempo atmosférico, intensificando el anticiclón en el sur e
impidiendo, por lo tanto, que lleguen al continente los sistemas frontales
cargados de lluvia.
Como no hay nada que hacer para intervenir ante
una realidad inmanejable como ésta, los esfuerzos deben estar puestos en la
búsqueda de nuevas fuentes acuíferas (por ejemplo, a través de la exploración
de nuevos pozos), el almacenamiento de los deshielos cordilleranos a través de
la construcción de nuevos embalses y microembalses, el mejor aprovechamiento
del recurso disponible a través de planes de ahorro en el consumo y la
introducción de sistemas de riego más eficientes (resulta de gran ayuda, por
ejemplo, el uso de canales revestidos de hormigón para evitar las filtraciones,
como también procurar que se reduzca el riesgo extendido). El desarrollo de
estas y otras iniciativas seguramente demandará liberar fondos, lo cual se hace
más sencillo si se decretan zonas de emergencia en los sitios más afectados,
algunos de los cuales requieren el traslado de agua en camiones aljibe para
satisfacer las necesidades básicas de la población.
Más derivaciones del caso Firmas.
La investigación Judicial de irregularidades y
eventuales ilegalidades en el proceso de inscripción de las candidaturas
independientes de Tomás Jocelyn-Holt y Franco Parisi ha ido corroborando
antecedentes expuestos por la sección “El Polígrafo” de El Mercurio. Según se
ha informado, la Ministro de la Corte de Apelaciones Amanda Valdovinos, a cargo
del sumario administrativo contra la notaria Carmen Gloria Acharán, habría
detectado ya 7 firmas falsas en el patrocinio de la candidatura de
Jocelyn-Holt, lo que presuntamente configuraría falsificación de instrumento
privado. Esto se suma a la comprobación de que una notaría certificó casi 17
mil firmas en un día y otra hizo lo propio con dos mil provenientes de personas
de otras Regiones, y a situaciones al parecer anómalas de firmas sin cédulas de
identidad asociadas, o cuyos domicilios corresponden a hoteles y supermercados.
Dado el curso del caso, el Ministerio Público,
que ha continuado con su investigación, envió los antecedentes al Consejo de
Defensa del Estado para que persiga las posibles responsabilidades penales de
funcionarios públicos que podrían verse implicados, y también para abordar su
importante arista económica: en principio, y como parte del sistema de
financiamiento público de las campañas, el Estado tendría que pagar a las
candidaturas $687 por cada voto obtenido, desembolso que quedaría en tela de
juicio si se determina que las inscripciones adolecieron de vicios. También la
Brigada de Delitos Económicos de la PDI fue enviada a interrogar a miembros de
un comité de vivienda de Talagante, cuyas supuestas firmas aparecieron avalando
a una candidatura.
A su vez, la Cámara de Diputados logró
finalmente constituir una comisión investigadora que, además de indagar
eventuales responsabilidades políticas, puede entregar un valioso aporte
revisando la Legislación y evaluando su perfeccionamiento en cuanto sea
necesario, a la luz de esta lamentable experiencia.
Así, algo que podía ser percibido por algunos
como un asunto relativamente menor, está lejos de serlo. Están de por medio la
fe pública y, también, el mayor estándar de comportamiento Legal y ético que la
ciudadanía hoy exige, en particular de quienes buscan erigirse como sus
representantes o a quienes ha encomendado tutelar dicha fe pública.
Ventajas de las concesiones hospitalarias.
En las últimas semanas han entrado en
funcionamiento —en La Florida y Maipú— los dos primeros hospitales construidos
bajo la modalidad de concesión. Por su complejidad técnica, alto estándar y
modernidad de instalaciones, constituyen una nueva forma de brindar atención de
salud a los chilenos.
Junto con estas inauguraciones han reaparecido
las críticas al sistema de “concesiones hospitalarias”. Algunos gremios de la
salud insisten en que significa una privatización de esa área, y la propia Presidente
electa, Michelle Bachelet, ha anticipado que en un Gobierno suyo construiría nuevos
hospitales “ciento por ciento públicos”, en implícito desacuerdo con las
concesiones.
Esto sorprende. El sistema de concesiones fue
adoptado durante los Gobiernos de la Concertación, haciendo suya la exitosa
experiencia —también originada en los Gobiernos de esa coalición— en otras
obras públicas, como aeropuertos, puertos y carreteras. Además, la experiencia
de las primeras concesiones hospitalarias ha mostrado que una de sus bondades
es que las obras se realizan en menor tiempo, ya que el concesionario tiene
alto interés en terminarlas lo antes posible, pues los plazos están corriendo.
Con el transcurrir de los meses, probablemente
se evidenciarán otras bondades del sistema, como un manejo más eficiente y a
menor costo para el Estado de las operaciones no sanitarias del
establecimiento. Cabe recordar que, por la fuerte presión de los gremios, se
optó por entregar al concesionario solo la responsabilidad de construcción del
recinto y su operación no sanitaria —como estacionamientos, seguridad, alimentación—.
El planteamiento de volver atrás, al parecer
por una consideración ideológica, es difícil de sustentar desde el punto de
vista técnico y de la evidencia empírica, pues son manifiestas las fallas de
los hospitales tradicionales.
Estando a punto de iniciarse la construcción
del nuevo hospital de Antofagasta y cuando se preparan las bases para otros
establecimientos en Santiago, lo más adecuado para Chile sería no solo
mantener, sino incrementar en un número lógico la concesión de los hospitales,
incluyendo los servicios clínicos. El objetivo social es ofrecer la mejor
atención a los más y al menor costo posible. Por eso, este camino —que se está
experimentando en diversas partes del mundo—, en la medida en que exista una
adecuada regulación, no debe descartarse.
En general, desde la década de 1990 el sistema
de concesiones ha sido un factor de avance del país, más allá de algunos problemas
específicos solucionables. Conviene preservarlo, perfeccionarlo y extenderlo a
nuevas áreas de la actividad nacional.