Un balance optimista,
por Jorge Edwards.
El año 2013 termina con signos anunciadores de
renovación. Así me parece, al menos, y por eso me permito recibir el año 2014
con moderado optimismo, con mirada atenta y algo curiosa. Son gérmenes de
novedades, y habrá que ver y esperar.
Alguien me dice que el nuevo Papa es populista,
pero pienso que una definición así puede ser demasiado reductora y
simplificadora. El Papa Francisco ha introducido en la Iglesia un aire fresco,
un espíritu más natural, más abierto, y ha tenido una respuesta impresionante.
Eso demuestra que había mucha gente frustrada, insatisfecha, que no conseguía
expresarse, y que esa gente encuentra ahora una alegría, incluso un sentido del
humor, que antes no se daban por ningún lado. “¡Buenos días, Santo Padre!”,
exclama uno de los Cardenales al verlo entrar a una sala donde sirven desayuno,
y el Papa responde: “¡Buenos días, Santo Hijo!” No está mal. Es la solemnidad
aminorada, puesta en una discreta tela de juicio. Yo me acuerdo de los años en
que el llamado socialismo real parecía triunfar en la mitad del mundo. En cada
documento oficial de Corea del Norte, los títulos de Kim Il-sung ocupaban
páginas enteras. Un poeta venezolano, de antigua militancia comunista, se
permitió eliminar algunos, para aligerar un poco el estilo, digamos, para
economizar papel y tinta, y fue a parar a una cárcel del pueblo. ¡Por
irreverente! Parece mentira, pero tengo el recuerdo vivo de Miguel Otero Silva
haciendo gestiones para sacar a ese pobre poeta despistado de una cárcel
norcoreana.
La respuesta del Papa Francisco, recibida con
una carcajada general, va en el camino de aligerar las hojarascas, las
pesadeces rituales, de los lenguajes consagrados. Por ahí comienzan muchas
cosas, aun cuando muchas suelen quedarse atascadas. El Papa sale después de los
edificios del Vaticano, saluda en la calle a una pareja de payasos
profesionales y se coloca, después del saludo, una de las narices postizas de
color rojo que usan los del circo. El gesto, natural, amistoso, de buen humor,
no resulta en absoluto ridículo. Y nuestro personaje muestra, de paso, simpatía
por dos profesionales de la risa, de la diversión, del recreo de los niños. En
buenas cuentas, no está mal, y si en alguna oportunidad, con espíritu de
delación interesada, me acusaron de agente de la CIA, espero que ahora no me
acusen de propagandista del Vaticano. La izquierda chilena suele ser aficionada
a la descalificación, casi siempre envidiosa, a la acusación en público, y si
quieren conocer ustedes mi opinión particular, la derecha, desde el extremo
opuesto, comparte plenamente esas malas costumbres. En otras palabras, la
tendencia es general y temo que transversal. Durante buena parte de mi vida fui
agente de la CIA para algunos y agente del Kremlin para otros. Como escribió
André Gide, uno suele ser el comunista de alguien y el fascista de algún otro.
En la vieja Rusia noto también signos de
juventud. Aunque Mikhail Jodorkovski haya sido en sus comienzos un traficante
vulgar, si bien uno de endiablado talento financiero, la persecución política y
la cárcel lo convirtieron en una persona bastante más interesante. Ahora, a sus
cincuenta y tantos años, declara que no se interesa para nada en la política ni
en los negocios. Sólo quiere ayudar a los demás presos políticos de su país. Y
su estado de situación se lo permite perfectamente. Entretanto, una de las
Pussy Riot sale de la cárcel y hace con los dedos, sonriente, el signo de la
victoria. Algo sucede en el viejo imperio, aunque no parezca mucho.
Jodorkovski, las Pussy Riot, pueden ser personajes de una página de Dostoievski
o de Anton Chéjov. Los hombres del poder actual, más grises, más cuadrados, no
nos traen tan buenos recuerdos y no sé si podrían figurar en la buena
literatura. Claro está, puede que las chicas que bailaron, cantaron y se
burlaron del orden existente en una ceremonia religiosa, sean herederas
parciales, probablemente sin saberlo, de sus antepasados nihilistas del siglo
XIX. Conviene ponerlas sobre aviso, puesto que esos antepasados, partidarios del
¡Viva la muerte!, no eran personas recomendables.
A propósito de lo viejo y de lo nuevo en Rusia,
recuerdo ahora una conversación con el poeta soviético Simeón Kirsanov, que
llegaba de visita desde su tierra y se reunía con su amigo y colega Pablo Neruda.
Kirsanov, que pertenecía a la vieja escuela, que había conocido a Vladimir
Maiakoski, nos dijo en una oportunidad que los carteles de la joven revolución
chilena, la que se anunciaba a fines de la década de los sesenta, le recordaban
los del comienzo de la revolución rusa, mal pintados, de formas irregulares,
con las letras chorreadas. Después, en los años de Stalin, brotaron por todos
lados las fábricas de carteles, con sus leyendas mil veces repetidas, pero
diseñadas a la perfección, y los talleres donde se fundían estatuas de Lenin,
de José Stalin, de los demás dirigentes, siempre que no cayeran en desgracia,
al por mayor. Esos carteles bien diseñados, fabricados en serie, habían marcado
el final de la espontaneidad de los primeros años, el comienzo de la
masificación y del autoritarismo. Ahora ocurren cosas en el interior de las
grandes instituciones y no sabemos qué camino van a seguir. Pero los primeros
anuncios no son males. Parecen indicar que los cambios de hoy, las novedades de
este final de año, tienen alguna relación con el espíritu, con la apertura a la
gente, con la mirada no contaminada, o descontaminada por el dolor. En
consecuencia, mantengo mi balance optimista y cruzo los dedos. Aunque las
razones para el pesimismo tampoco falten.
Voto voluntario: sincerar el debate,
por Jorge Ramírez.
Un interesante debate se ha originado respecto
de las consecuencias del voto voluntario. Algunas justificadas y otras no.
Veamos algunas de las críticas y nociones que han quedado instaladas en el
debate público.
Los críticos al voto voluntario tienen razón
cuando cuestionan la sobregeneración de expectativas de los impulsores de la
reforma a la hora de anunciar un aumento en los niveles de participación. El
incremento de la abstención es un proceso natural en prácticamente la totalidad
de países que transitan desde sistemas de votación obligatoria a voluntaria
(ver el caso de Italia, Holanda o Suiza, por ejemplo), mientras que los casos
donde la participación ha aumentado con voto voluntario son más bien la
excepción a la regla, como Venezuela, marcado fuertemente por la presencia de
un estilo de hacer política populista, clientelista y por la exacerbación de
las tensiones políticas al interior de dicho país.
Un argumento cuestionable de los críticos del
voto voluntario es la argumentación en clave consecuencialista que estructuran
a partir de la pregunta si votan más los ricos que los pobres. La evidencia
internacional sugiere que sí, no obstante lo anterior, aquello no implica
necesariamente que el patrón se repita para Chile. Ese ha sido quizás el
principal error de quienes insisten en que a partir de las elecciones Municipales
y Presidenciales de primera y segunda vuelta se ha originado un sesgo de clase
en la participación electoral con sufragio voluntario.
Si se trabaja con las variables que la
literatura valida como determinantes de la votación, como son el tamaño de la
unidad electoral, el nivel educacional, el ingreso autónomo, la ruralidad,
etc., y empleando técnicas estadísticas ad hoc, la variable ingreso no aparece
con un efecto estadísticamente significativo en el conjunto de Comunas,
controlado por todas las variables mencionadas. Cuestión distinta es si sólo
miramos la Región Metropolitana, donde efectivamente sí hay un efecto
estadísticamente significativo del ingreso en la participación. Indagar en
estas diferencias entre la capital y Regiones es, sin lugar a dudas, un desafío
relevante para las futuras investigaciones en ciencias sociales. Pero extraer
conclusiones sólo a partir de un conjunto de Comunas de la zona metropolitana,
aunque en éstas se concentre buena parte de la población, no parece correcto
desde el punto de vista metodológico. ¿O acaso cuando calculamos el coeficiente
de Gini de distribución del ingreso lo hacemos sólo para las Comunas de la
Región Metropolitana? Y así con una serie de otras cifras. Al respecto, vale la
pena recordar el aforismo de que Santiago no es Chile.
Entonces, lo único que queda es tratar de
incentivar el voto, para lo cual hay dos vías. La promoción y la coacción. Si
promovemos el voto mediante un diseño inteligente es probable que se pueda
despertar un interés cívico auténtico (informado y responsable). El camino
corto y efectista es imponer una multa y volver a la obligatoriedad del voto.
El resultado de lo anterior no es difícil de pronosticar: una exacerbación de
la desafección cualitativa, quizás en estado oculto, pero que tarde o temprano
terminará erosionando aún más nuestras instituciones democráticas.
Un gran desafío para la derecha.
En los días siguientes a la derrota electoral de
la centroderecha, algunas declaraciones moderadas parecieron alejar el riesgo
de una “noche de los cuchillos largos” en el balance, necesariamente duro, de
lo ocurrido. Pero las fuertes acusaciones de Andrés Allamand del sábado último
—que señalaron como principales responsables al Presidente Piñera y su Gobierno—
originaron una escalada de críticas mutuas entre actores destacados del sector
que aún continúa y que abarca sobre todo a las distintas tendencias internas de
Renovación Nacional, incluyendo a los Ministros “piñeristas” de ese partido.
Mientras ellos, el propio Mandatario y varios Diputados rechazan esa conducta e
imputan deslealtad, otros dirigentes de esa tienda (y la mesa) la respaldan, y
no faltan quienes ven en la polémica el anticipo de una pugna futura por la muy
lejana candidatura Presidencial de 2017.
Si bien en la UDI la discusión ha sido más
prudente y los jóvenes impulsores de Evópoli la consideran estéril y se alejan
de ella, el indudable liderazgo del Senador recién electo en su colectividad
convierte el tema en un elemento clave para las definiciones que habrán de
producirse en el sector y que se están traduciendo ya en renuncias a RN y hasta
en intentos de crear un nuevo referente liberal.
En lo que
se ha dicho a partir de los cuatro cargos de Allamand al Gobierno (falta de
atención al debate de ideas en la sociedad; menosprecio al rol de los partidos;
desprestigio de la forma de Gobernar por la grandilocuencia y la “letra chica”
de los anuncios; y expectativas insatisfechas, en especial en materia de
delincuencia) hay mucho de verdad, pero también responsabilidades compartidas
en los partidos por varios que se las enrostran, así como una actitud
endurecida del mismo Senador que —pese a insistir en que sus críticas no son
personales, sino políticas— dificulta las posibilidades unitarias y aumenta la
visión conflictiva de la clase política que tiene el ciudadano. Se confirma en
todo esto el error de que los partidos sólo se tomen en cuenta a sí mismos y
sus figuras, y que prescindan del electorado (cada vez menos dócil) que suele
seguirlos, pero se echa de menos un análisis frío, sereno y de mayor altura.
La
revisión que debe emprender la centroderecha comprenderá, por cierto, los
recientes cambios sociales, incluyendo las condiciones de vida y demandas de
los sectores medios, el auge de las tendencias liberales, y el escepticismo,
autonomía y ausentismo de ese millón y medio de votantes que perdió en el
camino (y de los demás millones que se abstienen). Pero, asimismo, los valores
comunes y la estructura de una nueva coalición más amplia y variada, que los
defienda respetando las legítimas diferencias, como supo hacerlo la
Concertación. Si hoy en RN la directiva se esfuerza en evitar deserciones,
quizás en el futuro la actual Alianza deba contar con más colectividades, pero
el acuerdo entre ellas sería tanto una exigencia si aspira a hacer una próxima
oposición eficaz y a la vez propositiva, como la base de la solidez que
requiere la eventual reconquista del poder. Ya se están elaborando propuestas
en los distintos grupos y partidos, y en enero, la UDI (el día 10) y RN (el 18)
tendrán sus respectivos consejos definitorios, al igual que los habrá en la
Nueva Mayoría. Será la ocasión de aclarar posiciones internas y alianzas,
elegir liderazgos, superar conflictos y decidir estrategias, y sobre todo de
fortalecer sus centros de estudios, algunos ya influyentes, y reparar así el
escaso interés por el mundo de las ideas que la llevó a perder el norte de sus
convicciones y reemplazarlo a veces por ofertones.
En el
feliz paréntesis del triunfo se insinúan algunos propósitos. Ignacio Walker
intenta acotar las reformas a la Constitución, pero recibe un rápido rechazo de
sus propios Parlamentarios. El PC, por su parte, le reprocha que quiera
entregar su elaboración “a la élite” y pretenda ejercer un “control de calidad
democrática”. Ello, a pesar de su aceptación final (en aras del “bien superior”
de cumplir el programa de Bachelet), de lo que en realidad es una coalición
política con el comunismo, aunque Walker insista en llamarla sólo alianza
electoral. Paralelamente, otro miembro del Comité Central del PC, Juan Andrés
Lagos, dice que no cree que en Cuba se violen los derechos humanos y el líder
del PS, Osvaldo Andrade, pide al PC y a la DC que “aclaren sus cuitas” y no
compliquen al resto de la coalición con sus diferencias. En el mismo PS, por lo
demás, el sector de la renovación —robustecido con dos nuevos Senadores— se
reunirá en vistas a “modernizar” el partido, lo que podría involucrar una
crítica al eje PS-DC y un eventual reemplazo de la directiva que Preside el Diputado
Andrade.
Es
notorio el desarrollo del movimiento anarquista y los grupos de izquierda más
radicalizados, que han logrado encabezar las directivas en ocho de nueve
federaciones universitarias, incluida la FECh, y con ello la mesa ejecutiva de
la respectiva confederación. Este sector se declara distante de la Nueva
Mayoría e incluso del Partido Comunista y de los Diputados surgidos del
movimiento estudiantil, y probablemente extremará sus demandas y las extenderá
a otras materias, como la salud. Si bien la naturaleza del anarquismo dificulta
un mando central, tales grupos antisistema poseen vínculos con pobladores y
sindicatos, como el de los trabajadores portuarios, y en algunos aspectos
agudizan su postura insurreccional o llegan a identificarse, en el caso del que
se impuso en la UMCE (el ex Pedagógico), con el sistema político de Corea del
Norte en forma bastante más abierta que la que se ha reprochado al PC chileno.
Por lo mismo, cabe suponer que de allí surja una fuerte presión opositora al
próximo Gobierno a partir de las conocidas movilizaciones callejeras.
¿Qué hacer con la abstención?
Múltiples voces de alarma se han levantado en todos
los sectores frente a las cifras de abstención en las elecciones Presidenciales.
Cuando se dio paso al sistema de inscripción automática y voto voluntario, no
se asumió que, lejos de mejorar la participación, como se prometió, solo el 49%
de los chilenos con derecho a voto asistiría a las urnas en la primera vuelta,
y el 42% lo haría en la segunda. Ahora, ante esto, incluso han tomado nueva
fuerza en el discurso público los planteamientos de quienes propugnan volver al
sufragio obligatorio.
Los argumentos a favor de un sistema u otro son
poderosos. En lo sustancial, el voto obligatorio es visto como un deber cívico
básico en una democracia, que refuerza la idea de pertenencia a una comunidad y
el compromiso con esta. Por su parte, el voto voluntario pone el peso en la
libertad y en la responsabilidad individual de cada ciudadano frente al devenir
de su país.
¿Qué tan alarmantes son los niveles de abstención
vistos en Chile desde la instauración del voto voluntario? Si se los compara
con lo que ocurre en Europa, se trata de cifras preocupantes, pues la
participación en la mayoría de esos países se empina por sobre el 60% -con la
notable excepción de Suiza, una de las democracias más estables del mundo,
donde llega solo al 40%-. Pero si se mira a EE.UU. o Colombia, donde las tasas
de participación se mueven en torno al 50%, la realidad chilena no resulta muy
distinta. Hasta se podría decir, como lo ha sostenido el Gobierno, que la
participación real en Chile se acerca al 60%, pues corresponde considerar el
llamado "padrón depurado", que excluye a quienes de hecho no están en
situación de votar, como por ejemplo los chilenos en el extranjero. Y a eso se
agrega la percepción de que los últimos comicios difícilmente hubieran podido
estimarse competitivos (elemento crucial en motivar la participación electoral,
según todos los estudios), dado el amplísimo favoritismo de que gozaba Michelle
Bachelet.
Pero, más allá de interpretaciones y análisis
numéricos, evidentemente sería deseable aumentar la tasa de participación
electoral. No parece realista, sin embargo, volver en el corto plazo al
sufragio obligatorio. Pese a las buenas razones que asisten a los que lo
defienden, muy probablemente ese camino sería resistido por una ciudadanía que
mira con distancia al mundo político y que siente estar ejerciendo sus
libertades al decidir no votar.
En cambio, han surgido variadas ideas para
incentivar la participación, muchas de ellas tomadas de la experiencia de otros
países. Se ha hablado de garantizar transporte público gratis el día de la
elección, revisar el padrón y reasignar a las personas a los lugares de
votación más cercanos a sus domicilios, reincorporar la educación cívica como
materia obligatoria en la malla curricular escolar, reforzar las campañas
comunicacionales, permitir que las personas puedan anticipar su opción de voto
hasta dos semanas antes del día de los comicios, instaurar el sufragio
electrónico para extranjeros, o dar a quienes votan un puntaje extraordinario
en los procesos de postulación al subsidio habitacional o a las becas para la
educación superior.
Más allá de la dudosa Constitucionalidad de algunas
de tales propuestas, varias de tales medidas podrían adoptarse en forma aislada
y administrativamente, pero esta no parece una buena opción. Lo que procede es
enfrentar el tema con una mirada integral. Eso supone pensar y debatir un
conjunto serio de iniciativas en la dirección deseada, que tenga una
consagración legal y cuya discusión involucre a todos los sectores políticos.
Capitalización de Codelco.
El Gobierno ha anunciado que sumará mil millones de
dólares adicionales para capitalizar a Codelco. Con ello serán 3.200 millones
los aportes de capital realizados por la administración Piñera, suma superior a
la que destinaron Gobiernos anteriores.
Estos recursos permitirán mejorar los índices
financieros de la empresa y, como consecuencia, le permitirán mejorar su acceso
a financiamiento bancario. Para el período 2013-2017, ella tiene en carpeta
proyectos potenciales por 24 mil millones de dólares. Casi 60% de esta
inversión sería de carácter estructural, es decir, corresponde a proyectos que
amplían o hacen viables yacimientos y producciones tradicionales.
Diversos grupos -incluidos los trabajadores de la
compañía- han cuestionado que los sucesivos Gobiernos no capitalicen una
fracción mayor de sus utilidades, para expandir su tamaño y aumentar su
participación en la producción nacional. Sin embargo, hay dos contraargumentos
para una política de elevada reinversión de las utilidades. Por una parte, el
Estado debe decidir entre distintos proyectos e, idealmente, priorizarlos según
su rentabilidad social, y no es evidente que invertir en Codelco sea
necesariamente la opción más atractiva entre muchas otras. Es fácilmente
imaginable que los beneficios de invertir esos recursos en el combate contra la
pobreza, en educación o en salud pueden ser muy superiores a los que podrían
obtenerse de destinar los mismos a la cuprera Estatal.
Por otra, estas inversiones son riesgosas, y para
las autoridades Gubernamentales es muy difícil evaluar su conveniencia. Por
cierto, ayuda un directorio profesional como el de Codelco en la actualidad,
pero aun así las asimetrías son importantes y no hay indicadores claros que
ilustren las decisiones de las autoridades. Uno de los problemas que ha tenido esta
compañía son los elevados costos de producción. Hay diversas razones para esto
-también se han elevado para otras empresas-, pero para las autoridades de Gobierno
es muy difícil conocer con exactitud las causas y evaluar la evolución de estos
costos. En alguna medida, ellos están influidos precisamente por el carácter de
Codelco, cuyos problemas suelen tener repercusiones políticas. Los verdaderos
costos de producción son una de tantas asimetrías que enfrentan las
autoridades.
Es posible que esta comprensible actitud de las
autoridades produzca una inversión inferior a la óptima para una entidad de
estas características. Diversos países han buscado maneras de evitar esto. La
más tradicional es abrirla a capitales privados. Ha ocurrido así en Brasil y Colombia,
y, más recientemente, México y Perú han avanzado en este camino. Las ventajas
son importantes. Desde luego, se transarían sus acciones y habría una
evaluación de mercado de su gestión que se reflejaría en el precio de ellas.
Eso ayudaría a reducir significativamente las asimetrías actuales entre el
"dueño" y los ejecutivos.
Además, el Estado, al no ser el único dueño, no
tendría la responsabilidad de ser el único aportante de capital. Podría, por
cierto, mantener opciones preferentes en esta dimensión. Es más, en ocasiones
el Estado chileno podría decidir no aportar y reducir su participación en
Codelco, y en otras ser el principal aportante y recuperar participación en
ella. Y una ventaja adicional de este camino es que obliga a terminar con el gravamen
de 10% de las ventas, en beneficio de las compras de sistemas de armas. Esos
recursos quedarían disponibles para evaluar su mejor uso posible.
Fijación de cargos de acceso.
Está próximo a finalizar el largo proceso de
fijación de los cargos de acceso en telefonía móvil. La autoridad pretende
bajarlos a valores mucho menores que los actuales, y parece estar consiguiendo
su objetivo: como resultado de dicho proceso, no deberían ser superiores a los
que propone la empresa Claro, ni inferiores a los de la Subsecretaría de Telecomunicaciones;
esto es, deberían terminar en un rango entre los $13 y los $18 por minuto, a
diferencia de los $64 que se cobran actualmente.
Esta drástica caída es rechazada por las dos
mayores firmas del sector, que desearían valores que más que duplican los
propuestos por la Subsecretaría. Además, esta espera que los cargos sigan
cayendo durante el período tarifario, llegando al quinto año a un valor de $4,7
por minuto.
Por existir un mercado de telefonía móvil
competitivo, la fijación de tarifas se limita a determinar los cargos de
acceso, es decir, lo que cobra una empresa por recibir una llamada que se
origina en la red de otra. Este valor debe ser regulado, porque cada empresa es
una monopolista en el acceso a sus propios clientes. El proceso regulatorio se
rige por el principio de minimizar los costos de largo plazo de proveer el
servicio, pero en el pasado ha sido favorable a las empresas, que han
conseguido cargos de acceso que parecen haber sido superiores a los costos de
la prestación.
Para las grandes compañías, la ventaja de tener
tales cargos de acceso elevados no radica en los ingresos que generan -pese a
ser considerables-, sino en que así se reduce la competencia en el sector.
Cuando los costos de acceso son mayores que los costos de proveer el servicio,
las empresas pueden promover planes con llamadas de bajo costo en el interior
de sus redes (innet) y alto cuando se llama a teléfonos pertenecientes a otras
firmas (offnet). Esto eleva los costos de cambio de los clientes. A su vez, las
empresas pequeñas quedan en desventaja, pues casi todas las llamadas de sus
usuarios son a las redes de otras firmas, por lo que sus planes con bajos
cobros por llamadas innet tienen poco valor para sus clientes. Por eso, las
compañías que acaban de ingresar al mercado piden que los cargos de acceso sean
aún más bajos que lo que plantea la Subtel. Y es también el motivo por el cual
el Tribunal de la Libre Competencia ordenó que en 2014 se eliminaran las
diferencias en el precio de llamadas onnet y offnet.
A medida que los reguladores han advertido el
efecto anticompetitivo de los altos cargos de acceso, estos han caído en muchos
países. En Chile, los valores propuestos por la Subsecretaría están en el rango
usual de la OCDE. Las principales empresas del sector, que son las que se
verían más afectadas por las nuevas tarifas, sostienen que la reducción dejará
a clientes de bajos ingresos sin acceso a la telefonía. Estos hacen pocas
llamadas, y solo resultan atractivos para las compañías por los ingresos que
generan al recibir llamadas de otras redes. La Subsecretaría responde que, con
una cobertura de telefonía móvil de 140% en el país, el tema del acceso no
parece urgente. En cambio, la inyección de más competencia al sistema debería
compensar los efectos negativos. Además, a futuro, la mayor parte de los
ingresos de las empresas de telefonía provendrán de la transmisión de datos
para teléfonos inteligentes, que no son afectados por la fijación tarifaria de
cargos de acceso.
Así, todo indica que la Subsecretaría logrará su
objetivo de aumentar la competencia en la telefonía móvil, lo que debería
reducir sustancialmente las tarifas para los clientes. Además, los menores
cargos de acceso mejorarán también la situación competitiva de la telefonía
fija, que podrá llamar a teléfonos móviles sin pagar montos excesivos. El éxito
en este proceso terminaría de configurar un positivo balance para la gestión de
la Subsecretaría sectorial durante este Gobierno.
Puente Chacao y vigencia de las concesiones a
privados.
La adjudicación de la construcción del puente
Chacao a un consorcio multinacional ha generado debate no sólo en relación con
la conveniencia de ejecutar una obra de esta envergadura en la Región, sino
también en torno a la vigencia del modelo de concesiones a privados como
mecanismo para avanzar en el desarrollo de la infraestructura pública.
Lo anterior, porque la autoridad optó por
llevar adelante este monumental puente que, con sus 2,7 kilómetros de longitud,
unirá el territorio continental con la Isla Grande de Chiloé, mediante obra
pública, limitando la inversión a los US$ 720 millones requeridos por OAS,
Hyundai, Systra y Aas-Jakobsen para adjudicarse la propuesta.
Considerando que el proyecto inicial del puente
implicaba más de US$ 860 millones de inversión sobre la base de una concesión a
privados, algunos sectores han planteado sus dudas respecto de los altos costos
que demandaría una obra de similares características, pero desarrollada como
iniciativa pública y no como concesionada. Advierten que una diferencia en
torno al 30% dejaría en evidencia la menor competitividad de la segunda opción.
Una comparación de esta naturaleza corre el riesgo de configurarse sobre
supuestos erróneos. Para comenzar, la disminución del monto requerido en el
marco de la evaluación del puente estuvo acompañada de menores exigencias, como
la reducción del ancho de la obra y la exclusión de los accesos, lo que
permitió llegar al monto de inversión presupuestado, todo lo cual posibilitó, a
su vez, alcanzar una tasa interna de retorno que apenas bordeó el 6% de TIR que
se exige como mínimo en la actualidad a un proyecto para ser considerado
socialmente rentable.
Asimismo, ambas opciones -puente concesionado u
obra pública- surgieron en momentos distintos, con costos de insumos y
alternativas de financiamiento diferentes. La obra finalmente licitada tampoco
incorpora el costo de mantenimiento, fundamental en una iniciativa de estas
proporciones, y que -según se ha informado- podría ser finalmente entregado en
concesión a privados. Este aspecto también incidirá en el impacto social del
puente, así como en el tráfico proyectado en la evaluación social que
efectuaron las autoridades en su momento.
Considerando estas diferencias, no parece
razonable recurrir al Proyecto Puente Chacao como ejemplo para descalificar el
aporte de las obras desarrolladas mediante concesión a privados. Por el
contrario, se trata de un sistema que permitió al país avanzar de manera
drástica en la atracción de inversiones fundamentales para ampliar y renovar la
infraestructura requerida por el país para su crecimiento económico. La forma
como se ha desarrollado este proyecto llama más bien a la reflexión sobre el
sustento social y técnico que deben tener en cuenta los Gobiernos de turno al
momento de privilegiar el destino de los recursos Fiscales. No porque el puente
no sea necesario en el futuro ni se pongan en duda sus potenciales aportes a la
conectividad local, desarrollo industrial y turístico de Chiloé e, incluso,
para la imagen del país en el exterior, sino por los tiempos asociados a su
consolidación como proyecto socialmente rentable, tal y como lo sugieren los
estudios desarrollados previo a su licitación.
Liberaciones en Rusia.
El Gobierno ruso dispuso recientemente la
liberación de un ex empresario y de dos integrantes de una banda de rock que se
habían convertido en símbolos de la resistencia contra el autoritarismo en ese
país, en lo que parece ser una ofensiva para mejorar su imagen de cara a la
celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno, los cuales tendrán lugar en la
localidad de Sochi en febrero próximo.
El indulto otorgado a Mijaíl Jodorkovsky, el ex
magnate dueño de la petrolera Yukos, que llevaba una década en prisión tras
desafiar al Presidente Vladimir Putin, y la amnistía otorgada a 12 mil
personas, dentro de las cuales se encontraban dos de las integrantes del grupo
punk Pussy Riot (una tercera fue liberada el año pasado), detenidas desde 2012
y sentenciadas por el delito de vandalismo e incitación al odio religioso a
raíz de un acto en la Catedral de Moscú, constituyen una señal inequívoca de
que el Kremlin busca evitar críticas y preguntas incómodas durante la
celebración de la justa deportiva. Sin embargo, resultan aún muy prematuro como
para sostener que estamos en presencia de una genuina apertura por parte de un
régimen que en los últimos años ha ido cerrando de manera consistente espacios
de libertad a su ciudadanía.
Pese a lo anterior, la liberación de Jodorkovsky
y las Pussy Riot confirma que el Gobierno ruso no es inmune a la presión
internacional ni al daño que la deriva autoritaria genera en su imagen. Por lo
mismo, es necesario que la comunidad internacional mantenga su condena contra
los excesos del régimen. Esto, unido a la posibilidad de que la posición
financiera rusa se deteriore en la medida en que los precios del petróleo y del
gas -sus principales exportaciones-
caigan en los meses próximos, puede crear un ambiente propicio para las
reformas en ese país.
Correspondencia destacada.
Señor Director:
Tomic y RN.
"Nadie es más grande en el partido que el
partido", señalaba Radomiro Tomic en una Junta Nacional de la Democracia
Cristiana.
A su vez, cuando es proclamado candidato Presidencial,
señala que no hay honor más grande que un partido le puede conferir a uno de
sus militantes que designarlo su candidato Presidencial. "Los Presidentes
los elige el pueblo, pero los candidatos a Presidente (o Senador o Diputado)
los elige el partido", agregaba. En decenas de discursos, conferencias y
escritos reitera el concepto de que los servidores públicos democratacristianos
se deben a Chile, pero que están en esos cargos porque el partido directa o
indirectamente los puso ahí.
Yo, al menos, soy un agradecido de haber sido Senador
de Renovación Nacional, siento orgullo de militar en ese partido y trataré de
ser leal con él.
Ignacio Pérez Walker, ex Senador.
Señor Director:
Bien superior.
Recientemente, el Presidente de la Democracia
Cristiana señaló en una entrevista que a pesar de las diferencias con el
Partido Comunista, habría un bien superior que permitiría la coexistencia de
ambos conglomerados en el próximo Gobierno. Dicho bien superior sería cumplir
el programa de Gobierno de Michelle Bachelet.
En este contexto, cabe recordar que se trata
del mismo PC que se ha negado sistemáticamente a repudiar las violaciones a los
derechos humanos en Cuba; el mismo PC que por medio de una de sus más
reconocidas líderes ha validado la vía armada como medio de acción política y
el mismo PC que pone en el centro de la sociedad al Estado y no a la persona
humana. Al menos tres temas que parecen ser trascendentales para la DC, pero
que su Presidente parece obviar con el argumento del “bien superior”.
La pregunta que cabe formular es si el bien
superior que persigue un partido político debiera ser algo coyuntural como el
cumplimiento de un programa de Gobierno, o algo trascendental como la defensa
de las convicciones. Pareciera que el valor universal de los derechos humanos,
de la democracia, así como poner en el centro de la sociedad a la persona
humana, constituye un bien superior con más trascendencia que el cumplimiento
de un programa de Gobierno.
Constanza Hube, investigadora del Programa
Legislativo LyD.
Los
resultados de la PSU demostraron que la educación privada es mejor y más
eficiente que la Estatal.
