Ecos del fin de semana, temas de actualidad y futuro...

El cazador trágico,

por Joaquín García Huidobro.

Andrés Allamand sostiene que ha pasado la vida poniendo sobre la mesa temas importantes que la centroderecha no recoge o lo hace con retardo. Me recuerda a Cassandra, la mujer troyana que recibió, a la vez, un don y un castigo: la capacidad de ver el futuro, pero a costa de que nadie haría caso de sus predicciones.

El paralelo de Allamand con la adivina, sin embargo, es solo parcial. De una parte, no todas sus predicciones son tan acertadas ni tan terribles como las de Cassandra, que anunció nada menos que la destrucción de Troya. De otra, la maldición que pesa sobre él es muy distinta, y no tiene precedentes mitológicos.

Su tragedia consiste en que comete el error preciso en el momento más inapropiado. Como todos los políticos, tiene enemigos que le hacen malas pasadas. Pero sus mayores desgracias son causadas por él mismo, que parece impelido por el destino a obstaculizar sistemáticamente sus propios intereses.

¿Cómo resumir esos intereses? Al menos desde las luchas estudiantiles de 1972, Andrés Allamand ha estado preparándose para ser algún día Presidente de la República. En los debates mostró que había pensado largamente sobre todos y cada uno de los problemas que afectan a nuestro país. Una cualidad semejante no se improvisa, porque es el fruto de una vida preocupado del tema. Durante años ha ido a la caza de una presa angosta y pequeña, aunque muy codiciada, la banda Presidencial.

Pero no basta con tener argumentos y estar bien preparado, porque la caza requiere paciencia y saber encontrar la ocasión apropiada. Y aquí falló el cazador.

Seguramente Allamand se pregunta una y otra vez por qué tuvo la mala idea de dar el empujón que derribó la candidatura de Golborne, causando las iras de una parte de la centroderecha. Tras la renuncia a su candidatura, Laurence Golborne mantuvo su cara de niño bueno, mientras que él quedó como un acusete oportunista.

También se preguntará si no habría sido mejor mantener una actitud distinta cuando ganó Longueira en las primarias. Es verdad que sus enemigos exageraron su actitud de mal perdedor; pero el panorama posterior habría sido muy distinto si hubiera mostrado una mayor generosidad. Luego, con Matthei, volvió a incurrir en el mismo error, aunque con menor intensidad. Las suyas fueron unas vacaciones breves y muy merecidas, pero no eran oportunas y fueron muy malinterpretadas.

Así las cosas, en Chile se ha instalado la idea de que Allamand es un mal perdedor. Y esto no se debe solamente a maniobras externas, sino a errores suyos, que lo han llevado a hacer en el momento preciso exactamente lo que no debía hacer. Se asemeja al cazador que en el momento menos oportuno pisa una ramita cuyo ruido espanta a la presa. En eso sí parece un personaje sacado de una tragedia griega.

En ese contexto, ¿fue una buena estrategia profundizar en su pelea con el Presidente y su equipo? Todo depende de sus planes. Si desecha absolutamente la posibilidad de ser Presidente en el futuro, y al mismo tiempo quiere que su ex amigo Sebastián Piñera jamás vuelva a La Moneda, puede ser una buena estrategia. Sus declaraciones hicieron explícito lo que muchos chilenos pensaban: no parece justo que la derrota afecte a toda la centroderecha mientras La Moneda sale bien parada y hace un negocio en pleno funeral.

Pero si un día cambia de opinión, probablemente Allamand se arrepentirá de lo que hace ahora. En efecto, no parece posible que el candidato de 2017 llegue a La Moneda sin el apoyo, aunque sea tibio, de Piñera, Matthei y muchos otros. Entre ellos, hay que contar a los millones de chilenos que detestan las peleas personalistas y miran con malos ojos el hecho de que dos antiguos amigos terminen distanciados, independientemente de quién tenga la razón.

A pesar de sus protestas, Andrés Allamand no es una víctima ni un perseguido, sino alguien que tiene un plan grandioso, pero mal ejecutado. Sus errores no son los fallos de un cualquiera. Él se equivoca a la perfección y ese es un patrimonio de los grandes. Por eso, Andrés Allamand es una figura trágica.

A diferencia de las tragedias griegas, aquí el destino no está escrito. Allamand posee garra, perseverancia y visión de futuro, pero para conseguir finalmente su trofeo requiere mirar con atención dónde pisa, moverse con cautela, apuntar con cuidado, disparar en el momento oportuno y, especialmente, recordar lo que dicen los ingleses: “El diablo está en los detalles”. Si no lo hace, en cuatro años más volverá a escapársele la presa.

RN y la fuga hacia Evópoli,

por Axel Buchheister.

        

Renovación Nacional estaría viviendo una crisis, reflejo de una serie de renuncias, algunas que ya se han hecho efectivas y otras que amenazan con materializarse. Sin embargo, tendrían diferentes causas: personeros de Gobierno descontentos -o quizás incómodos- con las imputaciones de Andrés Allamand sobre la responsabilidad del Presidente en los recientes resultados electorales; otros que ven la oportunidad de emigrar a Evópoli; y el llamado sector liberal, que hace tiempo quiere inclinarse a la centroizquierda.

Ya se verá si se trata de fenómenos amplios o sólo de elites partidarias, que no se proyectan a la base, que es la masa crítica que hace un partido. Si ésta se mantiene incólume, nada significan unas pocas renuncias. Claro que en Chile los partidos los hacen (y deshacen) los dirigentes. Cuánta diferencia con la “Alemania de Merkel”, donde el Partido Socialdemócrata, luego de sellar un acuerdo para Gobernar en coalición con la Canciller DC, tuvo que hacer un referéndum entre sus militantes para ratificarlo y sólo ahí entró en vigencia.

Aquí las cosas operan de forma distinta. El caso de Evópoli es digno de análisis, porque resulta tan insólito como sintomático el grado de desorientación de la centroderecha. Felipe Kast decidió formar su propio referente, lo que nada tiene de criticable y es muy legítimo, bienvenidos sean el emprendimiento y la competencia, pero como no tenía base para hacerlo, decidió salir a cotizar cupo en los partidos establecidos. Tocó la puerta de RN y les dijo con meridiana claridad que quería formar su propio partido, pero que mientras tanto, necesitaba el paraguas de ese partido. Este le contestó -aquí viene lo insólito- que ningún problema, queremos diversidad y dar oportunidad a todos. Por cierto que las palabras son ficticias, pero es cosa de revisar la prensa de la época para concluir que son exactas.

Ahora bien, una cosa es respetar la libre competencia, pero otra inmolarse: ¿qué empresario le presta sus instalaciones a un potencial competidor para que surja, se haga fuerte y lo desbanque? Si aceptaron, ¿de qué se enoja el flamante Senador Manuel José Ossandón, que las emprende contra Evópli, motejándolo de “Egópoli”, y acusándola de irse a poco andar, y de estar levantándole gente a RN? Pero si están haciendo exactamente lo que se dijo que se haría.

Más allá de la anécdota, lo que importa es lo sintomático de la desorientación de la centroderecha. Algo que hemos dicho antes: hace tiempo que el sector renunció a basarse en sus ideas y principios, y ponerlos de referente. Y entre otras cosas, designa sus candidatos en función de la sonrisa, atractivo mediático o porque pueden ser fuente de votos, sin que importe mucho lo demás. Parece obvio que para entregar un cupo hay que exigir adhesión a los principios y declaraciones partidarias, como también una mínima lealtad futura. ¿Qué habrían resuelto los militantes RN puestos a dirimir en una primaria en el distrito de Santiago Centro: habrían aprobado un candidato propio o ajeno?

Los principios son los que generan cohesión. Cuando los partidos se basan únicamente en lazos entre personas, son grupos de poder, a los que se renuncia si se avizora una mejor oportunidad.

La Semana Política.

¿Pérdida del impulso al crecimiento?

El 11 de marzo próximo, Chile enterará 24 años de restablecimiento de la democracia, después de haber desembocado, en la década de 1970, en su peor crisis institucional desde la guerra civil de 1891. A juzgar por la evaluación internacional, en ese ya casi cuarto de siglo se ha experimentado —y así lo perciben de modo mayoritario también los chilenos, según diversos estudios de opinión atendibles— un progreso sin precedentes en virtualmente todos los ámbitos, con avances incluso en aquellos más criticados por los propios chilenos, como educación, salud y hasta seguridad pública, al menos si se comparan nuestros estándares con los del resto de Latinoamérica.

De allí que no sean convincentes las interpretaciones planteadas hasta ahora para el gran fenómeno político chileno del año que termina, cual es que, pese al éxito de esos pasos sucesivos bajo 5 Gobiernos de variado cariz, la voluntad electoral se haya manifestado categóricamente a favor no de proseguir dando nuevos pasos en esa dirección de logros estables, sino de exigir saltos inmediatos hacia niveles en buena medida utópicos, descalificando al sistema que hizo posibles tales avances, y también las consecuciones del mismo.

Un ejemplo de eso se advierte en el rápido, extendido e irreflexivo abandono de la noción de desarrollo sustentable, para reemplazarla por otra que postula prácticamente la intangibilidad de una naturaleza supuestamente prístina, incluso al precio de paralizar el crecimiento y el desarrollo nacional, sin considerar el costo de esto en términos de empleo, salarios, bienestar general.

Las explicaciones para esto hasta ahora son más políticas, ideológicas o emocionales que de análisis realista de caminos y resultados para el país. En todo caso, sin duda, múltiples responsabilidades se conjugaron para llegar a la situación actual, que dibuja un riesgo de estancamiento. Lo confirma así la vaguedad de los planteamientos sobre crecimiento durante la campaña Presidencial, y todo eso lleva a la preocupante sensación de que ese impulso de crecimiento mantenido durante casi cuatro décadas y que puso a Chile a la cabeza del continente, se ha diluido o aun perdido. Y esta parece ser la reflexión política más importante de este año.

La ruidosa relación del Gobierno con sus partidos.

Hay plena conciencia de que la administración que termina logró una gran realización económico-social, pero sus vacíos estuvieron en lo político. Siendo así, sería esperable que el Gobierno, que ha sido criticado por su relación con los partidos, se mostrase ahora especialmente respetuoso para con ellos, probando de ese modo lo infundado de tales críticas.

Dentro de los partidos de la coalición Gobernante hay corrientes o facciones, y se dan situaciones insólitas, como la de que tres Ministros se reúnan solo para descalificar públicamente a compañeros de partido, por expresar críticas. No puede estimarse eso una actitud madura. Sí lo sería el recibir las críticas y contestarlas de manera respetuosa, pero sin incurrir en lo mismo que se está reprochando, que en esencia son “los proyectos personales”. El Gobierno debe mantener serena neutralidad al menos respecto de todos los que lo apoyan.

Evaluación con autocrítica de Piñera.

Este exceso de celo de algunos Ministros se probó innecesario porque —como lo expresa en entrevista en El Mercurio de ayer — el Presidente Piñera no elude la autocrítica. Así lo demuestra cuando, junto con destacar los logros de su Gobierno, también admite áreas en que no alcanzó las metas, e incluso se arrepiente de algunas frases desafortunadas, que causaron mal efecto.

La actitud del Mandatario no es, pues, de mera complacencia con su propia obra, si bien rechaza la habitual crítica de que este Gobierno, exitoso en la gestión, haya fallado en lo político. Para él, ambas áreas están imbricadas. “Este fue un buen Gobierno no sólo en lo económico sino también en lo social” —afirma—, reivindicando que su administración logró un mejoramiento concreto en la calidad de vida de los chilenos “y eso también es político”.

Piñera pone especial énfasis en la reconstrucción tras el terremoto, considerando una hazaña haberla conseguido en cuatro años. Pero también reconoce que el 27-F afectó el arranque de su Gobierno: “Nos costó instalarnos. El terremoto nos obligó a hacernos cargo de emergencias urgentes”.

Y frente a la derrota de Evelyn Matthei el pasado 15 de diciembre, él no desconoce que su administración ha cometido errores, pero advierte que los partidos también han fallado y llama a que la reflexión en su sector tenga por objeto corregir y no destruir.

Expectación por el secretismo de la Administración electa.

En la coalición que asumirá el poder en marzo, se da un fenómeno muy distinto del que se observa en la Alianza, pero no por eso positivo: ronda cierta incertidumbre; en la sede del ex comando, al parecer solo opera quien fue secretario ejecutivo de su campaña, Rodrigo Peñailillo, quien con el ex jefe programático de la misma, Alberto Arenas, trabaja —ha trascendido— en la nómina de más de mil cargos de confianza que se nombrarían en marzo. Los dos voceros han desaparecido de la escena pública. El conjunto de sus figuras proyecta una imagen que parece como temerosa de atraer la atención, para no incurrir en el disfavor de la Mandataria electa, mientras ella está en el proceso de resolver sobre todos los nombramientos de importancia.

Los silencios de Bachelet durante la campaña eran de su obvia conveniencia, pues eso evitaba definiciones incómodas para una u otra de las heterogéneas fuerzas que la apoyaban, y difícilmente traducibles en un conjunto orgánico de ideas y propuestas. Eso solo habría erosionado el capital de carisma de la candidata.

Una vez elegida, ese secretismo tiene el aspecto positivo de que hace pensar que la futura Presidente está definiendo asuntos tan decisivos como la orientación de su Gabinete y, sobre todo, cómo procurará aplicar su programa, básicamente estructurado sobre generalidades. La concreción de cada uno de sus tres ejes —educación, reforma tributaria y nueva Constitución— implica enormes dificultades, y al respecto ella debe fijar la línea, para que sean coherentes las discusiones que se producirán dentro de la Nueva Mayoría durante enero, al adoptar resoluciones determinantes. El actual silencio de Bachelet puede darle autoridad adicional para marcar un rumbo en su momento.

Pero, igualmente, resulta extraño que se pueda llegar al extremo de que el país tenga una Presidente electa que está como ausente, sin que la ciudadanía sepa a qué está abocada. Eso choca con la transparencia política y con la participación y debate por todos los chilenos en la definición de la vida colectiva durante el próximo cuadrienio.

Censo: el cierre de un capítulo.

El Director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) finalmente desestimó la realización de un nuevo censo en 2015-2016 y planteó que los datos aportados por la medición de 2012 son suficientes para el análisis y aplicación de las políticas públicas. En opinión del personero, “la base de datos resultante del proceso censal cuenta con niveles de calidad internacionalmente aceptados”, tal como lo planteó la comisión externa de expertos contactada para estos efectos.

La evaluación del INE cierra un desafortunado capítulo en el desarrollo de las estadísticas oficiales, que incluyó injustas descalificaciones a otros procesos que realiza este organismo, como la medición mensual del Indice de Precios al Consumidor (IPC). La realización de un nuevo censo en 2016, como sugieren algunos sectores, parece una tarea innecesaria que, de paso, desviaría los esfuerzos del Instituto en su fundamental tarea de efectuar las modernizaciones y adecuaciones necesarias para que el país cuente con información estadística de calidad y plena confiabilidad.

Por una parte, se discute en el Congreso el proyecto que busca otorgar mayor autonomía al INE, de tal forma de protegerlo de eventuales presiones políticas y dotarlo de los recursos necesarios. Se trata de una modificación que podría ser valiosa y en línea con las mejores prácticas internacionales.

En el plano interno, el propio Director del INE ha anunciado un plan de acción con medidas inmediatas y propuestas para el futuro, que incluyen la creación de un Departamento de Censos y Estudios de la Población y el fortalecimiento de información base para la generación de las proyecciones de población. Se trata, en definitiva, del resultado de un proceso de evaluación interno serio y consistente que merece ser recogido por las nuevas autoridades electas.

Nuevo Consejo de Estabilidad Financiera.

El caso La Polar y el cuestionamiento al sistema de AFPs han puesto en el tapete del debate qué tan moderno y actualizado está nuestro sistema de supervisión y regulación. El actual esquema vigente en Chile es marcadamente sectorial, donde cada Superintendencia tiene a su cargo un área determinada que es objeto de fiscalización y regulación: la banca, el mercado de valores y seguros, las administradoras de pensiones. El problema de lo anterior es que en un mercado de capitales crecientemente integrado y altamente complejo como el que supone un país a punto de llegar al desarrollo, lo que pase en una industria no es neutro para las restantes. Así, los riesgos que nacen de la interconexión entre actores del mercado financiero hacen indispensable tener un enfoque también sistémico para prevenirlos. La idea de un "dominó" es la que predomina actualmente, donde las caídas de un mercado financiero terminan por botar o dañar a los otros.

Más coordinados.

 Esta preocupación no es nueva, pero hasta ahora no se había dado en el plano Legal, sino más bien en la coordinación administrativa de las cabezas regulatorias. En 2001 se creó el Comité de Superintendentes y otras reformas incluyeron la posibilidad de que los Superintendentes pudieran compartir información, algo que antes no estaba normado. Por ejemplo, los cambios conocidos como MK II en los que se modificó la Ley General de Bancos para que los Superintendentes del Mercado de Capitales (SBIF, SVS y SP) pudieran compartir información, excepto aquella sujeta a secreto bancario. También hay diálogo hoy a nivel público-privado respecto de la estrategia de desarrollo del mercado financiero a través del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales cuyo objetivo es formular propuestas de reforma, identificar aspectos Legales o reglamentarios que requieran perfeccionamientos y evaluar cambios regulatorios en el ámbito financiero. Sin embargo, pese a sus innegables aportes, no hay una definición clara de sus funciones y su ámbito de competencia, ni están forzados a sesionar con regularidad ni avalados por una estructura legal formal.

El tema fue entendido por las autoridades del actual Gobierno -que se hizo eco de recomendaciones de organismos internacionales y de la llamada comisión "Desormeaux"- que en 2011, por Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda, instauraron el actual Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), instancia de alto nivel de coordinación de supervisores del sector financiero donde se sientan a la mesa los máximos representantes de cada uno de los reguladores. Actualmente, el CEF está integrado por el Ministro de Hacienda, el Superintendente de Valores y Seguros, el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras y la Superintendente de Pensiones. La entidad incluye al Banco Central, ya que se invita a su Presidente a las sesiones.

Hoy se busca amparar esta instancia bajo una Ley, de manera de darle continuidad en el tiempo y exigir que trascienda más allá del sello de cada Gobierno.

Conglomerados integrados.

El tema es clave porque las últimas cifras disponibles muestran que en Chile los grupos económicos están muy integrados, de manera que las fronteras de cada supervisor del mercado financiero resultan más difusas, lo que abre espacios para potenciales riesgos que deben ser considerados por el "paraguas" regulatorio. Según el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central (segundo semestre de 2013 ("IEF"), es posible constatar que en Chile los conglomerados tienen una presencia importante en el sistema financiero, como ya lo habían señalado el FMI y la OCDE en sus respectivos informes del 2011. La mayoría de los principales grupos económicos tienen presencia en el sector bancario y, en algunos casos, el banco comercial es la entidad más relevante del conglomerado. Es más, los principales grupos financieros en nuestro país forman parte de corporaciones mixtas, algunas, incluso, son grupos financieros de alcance internacional.

Experiencia internacional.

En este sentido, el sistema de "parcelas" de nuestros reguladores no es el óptimo para enfrentar esta realidad tan integrada entre negocios y finanzas. Otros países lo han solucionado pasando de un modelo de supervisión sectorial a uno del tipo integrado, en que todo el mercado financiero es regulado por una sola entidad, mientras que otros mantienen cierto componente de independencia entre los reguladores, pero existe un supervisor financiero que actúa como "paraguas" con facultades especiales para la supervisión de los conglomerados. También en algunos países, como Estados Unidos, se opta por establecer limitaciones Legales a la estructura corporativa de los grupos, de manera de reducir la complejidad de las estructuras y facilitar la línea de supervisión. En ese país se exige una clara separación entre las empresas financieras que los componen de aquellas que generan rentas provenientes de los sectores reales de la economía.

Cómo funcionará.

 Así, dado el escenario actual y los avances en otros países, parece importante poner el ojo en mejorar la supervisión integrada. El proyecto de Ley que crea el Consejo de Estabilidad Financiera -definiéndolo como un órgano consultivo "encargado de facilitar la coordinación técnica y el intercambio de información para la prevención y el manejo de situaciones que puedan importar riesgo sistémico"- es sin duda un avance.

El Consejo estará formado por el Ministro de Hacienda (quien será su Presidente y bajo cuyo alero se coordinará administrativamente el grupo), el Superintendente de Valores y Seguros, el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras y el Superintendente de Pensiones. El Consejo contará con la asesoría permanente del Banco Central, para lo cual su Presidente podrá participar en todas las sesiones del CEF con derecho a voz y a imponerse de toda la información y materias que se analicen en el Consejo.

El Consejo podrá, entre otras cosas, solicitar a las Superintendencias que lo componen información, incluso sujeta a reserva, y que ésta pueda ser compartida en el contexto del CEF, conservando su carácter de reservada por quienes la reciban. Además, podrá encargar estudios que permitan monitorear la estabilidad del sistema financiero y recomendar a los servicios u organismos competentes políticas que contribuyan a la estabilidad financiera.

Crisis pendientes.

 Este proyecto recién comienza su tramitación, por lo que, al igual que las múltiples iniciativas que ha enviado el Gobierno de Piñera en sus últimos meses de administración, corre el riesgo de no seguir siendo discutido cuando llegue Michelle Bachelet a La Moneda. En todo caso, dado el carácter técnico y la transversalidad de las instancias previas que dieron fruto a la propuesta, es de esperar que se siga adelante. Durante la tramitación, sería deseable que se profundizaran los mecanismos que tendría el CEF en caso de crisis sistémica para que pueda efectivamente moderarla y liderar la salida de los difíciles momentos.

El debate político al interior del oficialismo.

La derrota sufrida por el oficialismo en las elecciones Parlamentarias y Presidenciales ha dado pie a un intenso período de recriminaciones acerca de quiénes son los responsables del pobre resultado. Aunque la mayor parte de la atención ha ido dirigida a los duros intercambios que han protagonizado líderes del sector, lo verdaderamente trascendente es de qué manera se configuran las relaciones de fuerza al interior del mismo y cuáles son los proyectos detrás de cada grupo o facción.

A partir del 11 de marzo, la derecha volverá a ejercer el rol de oposición que tuvo entre 1990 y 2010. No sólo es importante para el sector que sea capaz de desempeñar este papel con la mirada puesta en el interés general de la sociedad, sino también para un país que necesita que la oposición cumpla los roles de fiscalización y de posibilidad de alternancia que están llamados a desempeñar los partidos y líderes políticos que se encuentran en esa situación. Esto es más relevante aún si se considera la amplia ventaja en escaños Parlamentarios que ha conseguido el bloque de la Nueva Mayoría que llegará a La Moneda el año próximo.

Detrás de las desvinculaciones de personeros, las amenazas de renuncia o las eventuales fugas de militantes, existe un fuerte debate acerca de la orientación que pretende tomar la futura oposición. Por un lado están quienes señalan que la sociedad ha cambiado y que ello exige que los partidos del sector y los grupos que eventualmente se creen al interior de éste abracen propuestas distintas, incluso si éstas se acercan o asemejan a las banderas que por años defendió la Concertación y hoy postulan algunos en la Nueva Mayoría. Por otra parte, figuran los que estiman que lo necesario es revalidar el ideario del sector, presentándolo eso sí de una manera más atractiva, unida a un relato convincente que reencante al electorado que desertó de un sector que perdió casi un millón y medio de votos entre 2010 y 2013.

La manera en que se decante la actual disputa entre ambas facciones determinará el tipo de oposición que habrá entre 2014 y 2018. Es positivo que el debate que conduzca a esta definición se realice de manera frontal y transparente, porque ello permite distinguir con nitidez las posiciones de cada cual y contrastar visiones y proyectos. Es lógico que en el transcurso de esa discusión se pretenda establecer con claridad las responsabilidades de quienes condujeron el proceso -desde La Moneda y los partidos- pues sólo la autocrítica permitirá identificar problemas y reducir la eventualidad de que se repitan en el futuro. Sin embargo, el ejercicio debe ser realizado cuidando las formas, pues un estilo muy agresivo puede deteriorar la convivencia y conspirar contra un ambiente unitario.

Más allá de las legítimas aspiraciones individuales que abrigan quienes protagonizan el debate, es recomendable que éste se desarrolle alejado de personalismos, de cara al público y plenamente inserto dentro de los mecanismos con que cuenta cada partido para resolver sus diferencias internas y fijar sus posturas. El desprestigio que arriesga la futura oposición si no es capaz de llevar adelante este proceso, unido a la disminuida representación Parlamentaria que obtuvo en noviembre, puede terminar generando un desbalance que afecte el sistema de pesos y contrapesos que requiere toda democracia para funcionar adecuadamente.

Incógnitas tributarias.

Según lo anunciado, el Gobierno de Michelle Bachelet despachará al Congreso su reforma tributaria dentro de los primeros 100 días de su mandato; esto es, en un plazo no superior a seis meses más. Pese al intenso debate que ha motivado, el contenido de la propuesta sigue siendo muy impreciso. Para no gravar a la economía nacional con una dañina dosis de incertidumbre, sería necesario que los equipos de la futura Mandatario detallaran sus planes.

La propuesta procuraría incrementar la recaudación tributaria en más de 8 mil millones de dólares. Los cálculos de diversos expertos concluyen que las medidas anunciadas redituarían bastante menos. Su propósito sería no solo financiar un mayor gasto público, sino también eliminar el déficit Fiscal, hoy del 1% del PIB. No se ha aclarado, sin embargo, la velocidad de tal ajuste, que muchos estiman inoportuno en una economía en desaceleración.

Pieza principal de la propuesta presentada durante la última campaña electoral es la elevación de la tributación a la renta de las empresas, llevando a 25% la tasa del impuesto de primera categoría y terminando con el mecanismo pro ahorro conocido como FUT. Para paliar el daño que eso podría provocar sobre la inversión, se establecería un mecanismo de depreciación inmediata del activo fijo. La medida parece atractiva para las empresas con grandes inversiones en maquinarias e instalaciones, tales como las eléctricas, las telefónicas y otras. Pero como restaría recaudación al Fisco, es posible que sea sometida a límites y restricciones. Nada se ha informado al respecto, pese a su crucial incidencia en la rentabilidad de los proyectos de inversión en estudio. El término del FUT ha suscitado amplio debate y plantearía innumerables problemas prácticos, tales como la necesidad de definir normas de consolidación de balances tributarios y de asignación de utilidades devengadas y no distribuidas a los accionistas finales, los cuales pueden variar durante un mismo año tributario. Hasta ahora, los equipos de la Presidente electa no han dilucidado las dudas.

El programa de Gobierno insinúa otros cambios que también están causando incertidumbre. Se propone derogar el Decreto Ley 600, principal vía de acceso para la inversión extranjera en Chile. Se plantea acabar con varios tratamientos tributarios especiales para las pymes, tales como los artículos 14 bis y 14 quáter de la Ley de Rentas, y las fórmulas de renta presunta. Hay más de 200 mil contribuyentes acogidos a ellos, los que pueden verse seriamente afectados. Se propone reducir la exención parcial del IVA en la adquisición de viviendas nuevas, lo que —se teme— implicaría una significativa alza en el costo de las viviendas del segmento más dinámico del mercado inmobiliario. Se contempla también un fuerte incremento a la tributación del vino y la cerveza, lo cual, según han expresado voceros del sector, podría acarrear caídas del orden del 30% en las ventas de esos licores.

La Presidente electa debería apurar la nominación de sus futuros colaboradores e instruirlos para salir prontamente a despejar las incógnitas que los planteamientos hasta ahora conocidos suscitan.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.