Asamblea Constitucional: parto de los montes,
por Clara Szczaranski.
De producirse ese parto -que parece ya
abandonado-, probablemente nacerá solo "un ridículo ratón", como en
el decir de Horacio. Las asambleas constituyentes siguen a cambios culturales:
se pactan nuevas bases de convivencia ante nuevas visiones sobre el rol del
Estado y del orden político y económico.
El llamado a una AC en Chile fue táctico, eco
fácil para las movilizaciones sociales; anunciar, por ejemplo, "un país de
derechos y no de privilegios". Ese sería un cambio en 180º, cercano al
terremoto venezolano y afines. En Chile eso no está en el pensamiento de los
dirigentes y autoridades, que solo han explicitado la urgencia de un cambio
procedimental: el binominal, modo de elegir representantes que frena a la
mayoría.
Temo que hubo manipulación de la inocencia,
demagogia, pues para cambiar el binominal basta una Ley orgánica, y si no lo
hemos hecho, es porque esa Ley se frustró, tras ser aprobada en el Senado, al
no reunirse los votos necesarios en la Cámara, por razones no aclaradas.
Para fundamentar una AC debiéramos debatir un
temario explícito sobre temas Constitucionalmente trascendentes, como el rol
del Estado o el orden público económico. Aquí y ahora eso no es posible, pues
no se ha producido en nuestra sociedad un vuelco cultural reconocible, capaz de
abandonar la lógica del mercado. Si interrogáramos a los dirigentes y
autoridades electas, podríamos descubrir que no han pensado en un nuevo orden
público económico y que no se sueñan con emigrar del libre mercado, ni de la
contratación Estado-empresa, ni de la libre competencia.
No es adecuado confundir giro cultural con
descontento. El primero propone, el segundo reclama o pide.
Acertadamente, pero para desconcierto de los
crédulos, las promesas Constitucionales vacías de la campaña se van jibarizando
y están derivando en "reformas" y, sin duda, luego devendrán en Ley
orgánica para el cambio del binominal, como lo dejó establecido en 2005 el ex
Presidente Lagos. Él logró incorporar 58 cambios a la Constitución, dejando 29
artículos inalterados, entre los que están, vaya caso, las bases de la
institucionalidad y los derechos y deberes de las personas. Al firmar la
reforma señaló: "Firmamos solemnemente la Constitución Democrática de
Chile..., acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile".
Subrayó que se había puesto fin a los "enclaves" del poder militar
(hoy un par de dirigentes dice que quedan "algunos", que no precisan).
El ex Presidente aclaró que quedaba pendiente, en parte, el sistema binominal,
que desde 2005 pasaba a ser sólo materia de Ley orgánica. Es, pues,
improcedente una reforma constitucional al respecto y, menos, una AC.
Pero no acostumbramos a pedir coherencia
política, ni claridad ni certeza de sus dichos a los dirigentes en boga, a los
que ya conocemos hace tanto rato como para haber perdido la esperanza.
¿Qué nos dice la abstención electoral?
por Pablo Ortuzar.
La abstención en la segunda vuelta Presidencial
llegó al 58% de los potenciales votantes (13.573.088) del país. De los
5.695.764 votos emitidos, que representan entonces el 42% del potencial total,
la mayor parte se manifestó a favor de Michelle Bachelet, quien obtuvo
3.468.389 (62,16%) de ellos, superando con holgura los 2.111.306 (37,83%)
obtenidos por Evelyn Matthei. El resultado de la Nueva Mayoría es levemente
inferior a los resultados históricos de la Concertación y el de la Alianza
notablemente inferior, acercándose a lo ocurrido en 1993. Ese fue, a grandes
rasgos, el resultado final de estas elecciones. En el Congreso ocurrió algo
parecido.
La explicación de estos fenómenos será por
semanas el cotilleo de los analistas electorales. Sin embargo, si uno analiza a
los analistas, el primer foco de tensión se registra respecto de la abstención
electoral y su relación con el voto voluntario: los analistas más militantes de
la Concertación despliegan una táctica comunicacional de tono paranoico
respecto de la “absoluta legitimidad” de las elecciones (la cual nadie ha
cuestionado públicamente). La razón: si bien nadie cuestiona la legitimidad de
las elecciones, resulta raro que a una votación que supuestamente decidía el
“modelo” de sociedad concite el interés de menos de la mitad de los electores,
lo cual ha sido explotado comunicacionalmente por la derecha para afirmar que,
en realidad, las personas no esperan cambios.
Un segundo foco de tensión, derivado del
primero, es el del sistema de voto voluntario. El argumento original para
promoverlo fue que los partidos tendrían
que esforzarse más por atraer a los electores a las urnas, disputándose el
centro político con propuestas moderadas que gozarían de apoyos mayoritarios.
El efecto, hasta ahora, es el contrario: retóricas polarizantes persiguiendo el
voto duro y ofertones populistas para disputarse el resto. Y, para peor, una
participación electoral que deja sin agua en la piscina a cualquiera de los
proyectos grandilocuentes en disputa, lo que mina, a su vez, la confianza de
los partidarios activos, cuyas expectativas terminan por las nubes. Frente a
esto, muchos han decidido discutir si seguir o no con el actual sistema o
reformarlo.
La discusión concentrada en estos dos puntos de
tensión elude la búsqueda de un marco más general de análisis que trate de dar
cuenta de la dinámica social.
La modernización chilena gatillada desde la
diferenciación funcional del sistema económico en los años 80, tal como aclaran
Carlos Cousiño y Eduardo Valenzuela en el libro Politización y monetarización, produjo
también una progresiva diferenciación de otros sistemas funcionales, como el
político y el religioso. Esto hace que la pretensión de diseño de la sociedad
desde el sistema político tienda a desaparecer y que la actividad política se
oriente directamente a la búsqueda de votos sondeando la opinión pública y
usando estrategias de marketing.
La búsqueda de mayores seguridades en medio de
un mundo donde “todo lo sólido se desvanece en el aire”, tal como describe
Marshall Berman en el libro homónimo, va a seguir aumentando junto a la
diferenciación funcional. El retorno de discursos comunitarios y de integración
de la diferencia a la política es un buen indicador de ello. Los discursos
sobre la familia, el barrio, los amigos, el respeto a la alteridad, la
reivindicación de lo pequeño y la búsqueda de la autenticidad llegaron para
quedarse y para hibridarse, a su vez, con las semánticas de la sociedad del
espectáculo, el exitismo, el mérito y el exhibicionismo. El éxito del
minimalismo del Presidente uruguayo José Mujica y el Papa Francisco -viralizado
hasta el cansancio en las redes-, de los comerciales de Coca-Cola que rescatan
“la bondad cotidiana” y de los programas televisivos centrados en “personas
comunes, de carne y hueso” es sólo la punta del iceberg.
El sistema político chileno, en tanto, parece
perdido en cuanto a cómo procesar estos discursos y llevarlos a buen puerto.
Parte de la izquierda trata de convencernos de que esta demanda por “comunidad”
debería traducirse en “más Estado”, ya que este sería la expresión de la
comunidad. Así, nos proponen “otro modelo”: el Estado de bienestar. Parte de la
derecha, mientras tanto, cree que este festejo de la cotidianidad es
simplemente una demanda por más libertades individuales: que cada uno viva como
quiera. Es decir, una fiesta de los individuos contra el Estado homogeneizador.
El choque rutinario y a la vez exagerado de estas retóricas fue, en parte, el
culpable de los bostezos en estas últimas elecciones. El verdadero duopolio no
es de la Concertación y la Alianza, sino el de los discursillos que confunden
sociedad con Estado o con mercado.
Lo que ambas perspectivas no captan es que ni
el Estado ni el mercado, por sí solos, son capaces de generar sentido en las
prácticas sociales. Ambos son mecanismos de coordinación al servicio de los
seres humanos, que son la única fuente de sentido. Luego, lo que tanto
mercantilistas como Estatistas pierden de vista, tal como nos explica Jesse
Norman en Big Society, es a la sociedad civil como un actor relevante para
enfrentar los desafíos de la modernidad.
Y es que las exigencias de pensar la adaptación
institucional al cambio desde la sociedad civil no es menor: los Estatistas
deben renunciar a su pretensión de controlar y diseñar todo desde la
administración pública -y a la ilusión absurda de la “voluntad general”
supuestamente encarnada en el aparato burocrático-represivo- y los
mercantilistas a pensar que el mercado siempre es la solución perfecta a
cualquier problema. Es momento de aceptar que hay muchas cosas respecto a las
cuales no existe un “otro” privado o Estatal que se haga cargo. Que hay bienes
que sólo emergen de la colaboración libre apoyada institucionalmente. La
Teletón, Desafío Levantemos Chile, el Hogar de Cristo, Bomberos de Chile, las
universidades privadas que no lucran, la Fundación Mi Parque, la Sociedad de
Instrucción Primaria y muchas otras experiencias exitosas de sociedad civil
organizada -apoyada tanto en el mercado como en el Estado- nos dan cuenta de
ello.
No tomarse el desafío de la sociedad civil en
serio puede llevarnos a lo que Colin Crouch llamó “posdemocracia”: una
situación en la que están todas las instituciones democráticas, pero operan en
el vacío del hastío, el egoísmo y el desinterés general.
Hoy debemos pensar fuera de los moldes del
siglo XX respecto de cómo hacernos responsables de satisfacer nuestras
necesidades incorporando a la sociedad civil. Que seamos capaces de ello dependerá
de grandes espíritus que, desde distintas posiciones, logren persistir en
invitarnos a las dos actividades que más aborrecemos los seres humanos: pensar
por nosotros mismos y ser responsables. Nuestra política, como evidenciaron
estas elecciones, lo espera con ardiente paciencia.
Fiscalización que debe fortalecerse.
Ayer venció el plazo para que los
administradores electorales presenten al Servicio Electoral las declaraciones
sobre los gastos de campaña de las distintas candidaturas. Este procedimiento
opera desde que en 2003 se reguló legalmente el financiamiento de las campañas
y se aprobó un aporte Estatal a ellas, vía reembolsos por gastos acreditados.
Esa normativa significó un avance en transparencia para una materia que suscita
habitualmente suspicacias, pero su funcionamiento no ha estado exento de
problemas. Los más complejos se produjeron tras los comicios de 2005, a
propósito del "caso Publicam", cuando se detectó el uso de facturas
falsas en la rendición de cuentas presentada por un Senador de la Región
Metropolitana, cuyo administrador electoral fue condenado por la Justicia. Ese
episodio reveló la existencia de una verdadera mafia dedicada a la emisión
fraudulenta de facturas, que eran usadas en distintas áreas -no sólo en el
ámbito político- para justificar supuestos gastos. Pero también mostró
debilidades de la fiscalización del financiamiento electoral que la Ley encarga
al Servel: el empleo irregular de facturas no fue advertido por ese organismo y
solo se detectó a raíz de una investigación de irregularidades en Chiledeportes
en que apareció involucrado el mismo emisor.
Mucho se habló entonces de la necesidad de
modificar la Legislación. El primer Gobierno de la Presidenta Bachelet,
incluso, impulsó una reforma Constitucional sobre probidad y calidad de la
política, que abría la posibilidad de que aquellos Parlamentarios que en sus
campañas infringiesen las normas sobre gasto electoral fueran sancionados con
la pérdida de sus cargos, punto que se eliminó en el trámite Legislativo. Así,
en los hechos, no se han dado pasos concretos para asegurar que las normas vigentes
sean debidamente cumplidas, más allá de la mera formalidad.
Por eso, es valioso el paso que ha dado el Consejo
Directivo del Servel, al plantearle a Impuestos Internos desarrollar una labor
conjunta en esta materia. La modalidad específica de colaboración deberá
precisarse, pero ya a raíz del caso Publicam se planteaba la conveniencia de
poder trabajar en línea ambas entidades, lo que permitiría, por ejemplo, ir
verificando, al mismo tiempo que se efectúa la revisión de gastos, los
antecedentes de quienes aparecen emitiendo facturas, para aumentar así las
posibilidades de detectar fraudes.
Por cierto, debería evaluarse también otro
conjunto de acciones, como el establecimiento de un registro de proveedores de
los principales ítemes para una campaña; el endurecimiento de las actuales
sanciones, con fórmulas que incentiven a los propios candidatos a velar para
que sus equipos se atengan a la Ley, o la revisión de los plazos de
prescripción. Muchas de estas modificaciones requieren cambios Legales, pero ya
es un avance el que el Servel asuma un papel más activo y busque, dentro del
actual marco normativo, las posibilidades que este le ofrece para fortalecer su
labor en un área crítica para la confianza ciudadana.
Vía institucional para los cambios a la
Constitución.
De acuerdo con información proporcionada a este
diario por los responsables del equipo de trabajo de la Presidente electa, la
futura mandataria habría desechado por ahora la alternativa de una asamblea
constituyente para dictar una nueva Constitución, inclinándose, en cambio, por
el envío de un proyecto de “reforma total” a la carta en vigor durante el
segundo semestre del próximo año. Ello constituye una decisión importante, no
sólo porque marca una tendencia a la moderación, considerando los riesgos de
exacerbación que suelen acompañar esos procesos de corte refundacional, sino
porque reconoce que cualquier cambio debe sujetarse a la institucionalidad
vigente -que no contempla esa alternativa extrema- y a la natural
representación de la ciudadanía por parte del Congreso en el ámbito Legislativo
y Constitucional. Este último, por lo demás, vio renovada por completo la
Cámara de Diputados y la mitad del Senado en la elección Parlamentaria de
noviembre pasado, por lo que no cabe poner en duda tal representatividad.
Desde el
primer momento que surgió la idea de realizar cambios importantes a la
Constitución, el mecanismo para hacerlo adquirió mayor importancia que los
contenidos. Al cuestionarse la legitimidad de la norma fundamental que nos
rige, no obstante que fue objeto de una total revisión en 2005 y se dijo que de
ahí surgió un texto que unía a los chilenos, se plantea que debe contarse con
una Constitución completamente nueva, cuya generación sea representativa y
participativa, condicionantes que sólo podrían ser satisfechas por una asamblea
constituyente. Se concluye de este modo que es necesario utilizar un mecanismo
propio de la fundación de una república o de momentos de profunda crisis, que
no parecen tener conexión alguna con la realidad de nuestro país, que en muchas
partes es reconocido como un ejemplo de estabilidad institucional y social, y
crecimiento económico. Por otra parte, no habría claridad sobre la integración
de dicha asamblea ni su origen, habiéndose insinuado su composición por
estamentos ciudadanos y gremiales, lo que tiene más bien un carácter
corporativo que democrático.
Tampoco se debe olvidar que la formulación de
la Constitución es una obra de sofisticación Jurídica que requiere de una
versación consistente con la tarea, que difícilmente se puede lograr en
convocatorias masivas. A ello debe añadirse que la normativa Constitucional
vigente no contempla su existencia bajo ninguna alternativa, pues otros son los
caminos de la reforma a la Constitución, que siempre se radican en el Congreso,
de modo que la convocatoria tendría que necesariamente pasar por una reforma Constitucional
de alto quórum que establezca dicha asamblea, lo que se ve difícil de lograr, o
recurrir a un subterfugio para obviar esa limitante, lo que sería un gravísimo
precedente y fuente de futura inestabilidad e ilegitimidad. Finalmente, no
puede dejar de tenerse en cuenta que en Latinoamérica se ha utilizado
regularmente el expediente de la asamblea constituyente para establecer Gobiernos
con amplios poderes y de dudosas credenciales democráticas.
Por ello, no puede sino considerarse como
alentadora la decisión de la Presidente electa de buscar una reforma a la
Constitución, por amplia que sea, ciñéndose a los caminos que franquea la
institucionalidad. Sin embargo, sería deseable que se renunciara expresamente a
toda fórmula ajena a ésta, cuando veladamente se deja vigente la hipótesis de
la asamblea para el evento que no haya acogida a las propuestas que se formulen
para la reforma, lo que constituye una admonición que afecta el derecho
democrático a oponerse.
Traspasos entre multifondos.
Los traspasos entre fondos de pensiones
llegarán este año a cerca de 750 mil, según se concluye al proyectar los datos
de octubre, cuando el número ya era de 668 mil. Son cifras muy superiores a las
de años anteriores. Es la consecuencia de un mayor conocimiento de cómo
funcionan los distintos fondos, pero también el resultado de la intervención de
actores que, con la promesa de mejorar los retornos, recomiendan a los
afiliados estrategias que suponen cambios frecuentes. Con todo, tales números
no son especialmente altos: el sistema tiene poco más de 9,5 millones de
afiliados y casi cinco millones de cotizantes; por tanto, los traspasos
representan casi el 8% respecto de la primera cifra y el 15% de la segunda.
Además, incluyen a afiliados que se cambian de fondo más de una vez al año.
En la actualidad existen cinco fondos, cada uno
con una composición muy distinta de acciones y renta fija. El Fondo A tiene un
máximo de 80% en instrumentos de renta variable y un mínimo de 40%, mientras
que el E tiene un máximo de 5% y un mínimo de 0%. Los demás presentan
proporciones intermedias. El primero de estos fondos tiene un retorno esperado
mayor, pero también un riesgo más elevado. Así, desde su creación, en
septiembre de 2002, los distintos fondos se han ordenado, en términos de
rentabilidad real, de acuerdo con la proporción de renta variable en sus
carteras: el Fondo A ha rentado 6,86% real, y el Fondo E, 3,99%. Los fondos B,
C y D han rentado 5,69%, 5,13% y 4,7%, respectivamente.
Sin embargo, los afiliados no deberían esperar
que los retornos observados en períodos largos se repitan en todo momento o en
lapsos breves. En los últimos 36 meses, por ejemplo, el fondo que más ha
rentado ha sido el conservador, con 4,31%, y el que menos lo ha hecho ha sido
el A, con 0,93%. La idea de cambiarse reiteradamente de fondo para mejorar los
retornos no es recomendable, porque es imposible descifrar en plazos breves las
tendencias del mercado. Las decisiones de los afiliados deben estar motivadas
por consideraciones de largo plazo más que por intentos de "ganarle"
al mercado, pues en ese proceso el retorno efectivo puede terminar siendo
inferior al de una estrategia de fidelidad de más largo plazo a uno de los
fondos.
De hecho, muchas personas no se han cambiado
nunca desde la creación de los multifondos -es decir, han permanecido en el C,
al que fueron originalmente asignados todos los afiliados- y han obtenido un
retorno satisfactorio sin correr mayores riesgos. Por cierto, con la
información disponible hoy, podrían haber seguido una estrategia que les hubiese
brindado mayor rentabilidad, pero es precisamente la imposibilidad de anticipar
aquello lo que sugiere que puede ser superior la fórmula de mantenerse por
períodos largos en un mismo fondo.
Enfoques Internacionales:
Preocupante escenario argentino.
Hace pocos días, The Economist publicó un
ranking de inestabilidad que consideró a 150 países de todo el mundo. Elaborado
por la Unidad de Inteligencia Económica de esa publicación, el informe definió
cuatro categorías a partir de las debilidades políticas e institucionales de
cada país. Argentina quedó en la categoría peor evaluada -la de "muy alto
riesgo"-, junto con naciones como Bolivia, Egipto, Grecia, Irak, Sudán y
Siria, entre otras.
Argentina vive una situación crecientemente
preocupante, que afecta a diferentes sectores del país. Así lo demostró también
el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la P.
Universidad Católica Argentina, que asegura que más de 10 millones de personas
-cerca del 25% de la población- viven en la pobreza. Una cifra muy distinta de
la que maneja el cuestionado Instituto Nacional de Estadística y Censos, que
asegura que solo hay 1,2 millón de pobres; esto es, en torno al 4,6% de la
población.
El control oficial de estadísticas nacionales
como la pobreza, el precio del dólar, el desempleo o el nivel de inflación
complica cualquier estrategia, sea pública o privada, que busque resolver
eficazmente los problemas que hoy enfrenta ese país, produciendo aún mayor
incertidumbre e insatisfacción.
De acuerdo con la consultora Melconian y
Santángelo, entre 2001 y 2013 los precios de la carne aumentaron 1.226%; los
alimentos en general, 1.135%; el dólar oficial, 530% (el paralelo, 875%), y los
combustibles, 744%.
Con la ola de altas temperaturas, la demanda
eléctrica una vez más se disparó, superando a la generación de energía y
causando nuevos cortes. La reacción del Gobierno ha sido advertir a las
empresas generadoras que, si los apagones continúan, podrían perder la
concesión. Pero responder adecuadamente a la creciente demanda energética
implicaría un plan de inversión a gran escala por parte de dichas empresas. Y
con márgenes de rentabilidad tan bajos, la construcción de nueva
infraestructura -o siquiera su modernización- resulta inviable. Ante ese
escenario, la ciudadanía está reaccionando con nuevas protestas callejeras.
¿Por cuánto tiempo más se puede prolongar esto?
No cabe aventurarlo, pero algunos observadores no descartan que la situación
social y económica pudiere estallar con violencia, en forma parecida a la de
hace 12 años, durante el Gobierno de Fernando de la Rúa. Es un escenario que
nadie desea en nuestra región.
Modernización de la Fuerza
Aérea brasileña
Una década le tomó a Brasil concluir la
licitación que finalmente le permitirá modernizar su ya anticuada Fuerza Aérea,
con la adquisición de 36 cazabombarderos Gripen NG, comprados a la compañía
sueca Saab, en un contrato por 4.500 millones de dólares.
El proceso se inició en 2001, en el mandato del
Presidente Cardoso, y fue interrumpido en varias ocasiones durante el Gobierno
de Lula da Silva. En ese lapso quedaron descartados los Rafale, de la francesa
Dassault, y los F-18 Super Hornet, de la estadounidense Boeing, opciones mucho
más caras que el avión sueco.
Los primeros Gripen llegarán a Brasil en 2018
y, a partir del quinto año, empezarían a ser construidos en ese país por Saab y
Embraer. Esta transferencia tecnológica le permitiría contar con entre 60 y 80
aviones de este tipo en los próximos años.
Con esto se inicia el proceso de
"jubilación" de los antiguos Mirage 2000, lo que dejará a Brasil en
una posición de superioridad frente a sus vecinos. Venezuela cuenta con aviones
Sukhoi rusos, Colombia tiene los Kfir israelíes, Perú cuenta con aviones MiG y
Mirage, mientras Argentina posee antiguos A-4Rs estadounidenses, remanentes de
la Guerra de las Malvinas. Hasta ahora, Chile, por su necesidad histórica de
fuerte disuasión frente a sus vecinos, es el país que cuenta con la Fuerza
Aérea más moderna de Sudamérica, con sus 44 cazabombarderos F-16.
La compra de los Gripen NG evidencia que Brasil
estima imprescindible contar con una Fuerza Aérea moderna y eficaz, que
garantice una rápida capacidad de reacción en caso de alguna crisis interna o
fronteriza. Y, naturalmente, aspira a que ese poderío aéreo también le permita
proteger de modo eficaz su enorme y rico territorio, en el que en los últimos
años se han descubierto importantísimas reservas de petróleo.
No es exagerado pensar que las revelaciones
sobre el espionaje estadounidense hayan influido en la decisión de elegir el
Gripen y descartar los F-18. El gigante sudamericano hoy se plantea como una
potencia regional con vocación mundial.
Brasil puede mostrar logros sociales muy
importantes, como haber sacado a 30 millones de personas de la pobreza, y está
probando ser capaz de organizar grandes eventos, como la Copa Mundial (2014) y
los Juegos Olímpicos (2016), así como también participar en los grandes
procesos mundiales de toma de decisiones, dejando atrás el papel de mero
espectador. Una Fuerza Aérea moderna y poderosa -al igual que el interés por
lograr un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU- es
totalmente coherente con esos objetivos.
Polarización en Egipto.
Luego de que el estallido de una bomba en la ciudad
norteña de Mansura matara a 16 personas, el Gobierno egipcio definió a los
Hermanos Musulmanes como un “grupo terrorista”, tras lo cual procedió a detener
a decenas de sus dirigentes. El hecho constituye una evidencia del
empeoramiento de la situación política en ese país africano, más aún si se
considera que los Hermanos Musulmanes rechazan la autoría del atentado, la cual
se ha atribuido una facción local ligada a Al Qaeda.
Así, todo indica que las autoridades
provisionales que tomaron el poder el 3 de julio, arrancándalo de las manos del
islamista Mohammed Morsi, líder del brazo político de los Hermanos Musulmanes y
mandatario elegido en comicios abiertos en 2012, utiliza el ataque en Mansura
como una excusa para profundizar la persecución a los líderes de la
organización islamista, pues la Ley prevé sanciones muy duras, incluida la pena
de muerte, para quienes son condenados
por dirigir una organización calificada como terrorista, y penas de
cinco años sólo por militar en una de ellas.
De esta forma, Egipto continúa avanzando hacia
una confrontación inevitable, debido a las simpatías que despiertan los
Hermanos Musulmanes en una fracción muy relevante -quizás, incluso,
mayoritaria- de la población, guiado por un Gobierno que no parece dispuesto al
diálogo que alguna vez prometió. Aunque todavía no alcanzan las dimensiones que
tuvieron en los años 90, el país ya presencia brotes de violencia terrorista,
lo cual resulta especialmente preocupante, por tratarse Egipto de una pieza
clave en el tablero geopolítico del Medio Oriente y del país en el cual se cifraron
las mayores esperanzas cuando surgió en 2011 el fenómeno de la Primavera Arabe.
Complejo horizonte mundial.
Al terminar el año, el panorama internacional
sigue mostrando conflictos armados tan graves como el de Siria, pero a la vez
diversas incógnitas que podrían originar enfrentamientos aún peores. Sin entrar
en las al parecer inacabables tragedias de varios países del Africa
subsahariana (o a los brotes separatistas de Escocia o Cataluña), ni en la
compleja situación política de nuestra propia región latinoamericana, a la que
hemos aludido con frecuencia y que ya plantea al nuevo Gobierno opciones
delicadas para el próximo futuro, una mirada, aunque sea superficial, al resto
del mundo comprueba la variedad y alcance de los problemas en y entre numerosas
naciones en todo el planeta.
Los graves atentados suicidas de anteayer y ayer
en la antigua Stalingrado, que causaron a lo menos una treintena de muertos y
decenas de heridos, cometidos poco antes del inicio de los Juegos Olímpicos de
Invierno, al parecer por terroristas islámicos del Cáucaso, reviven tanto el
fanatismo religioso de una amplia zona geográfica como las tensiones que siguen
en las repúblicas que formaron parte de la URSS. A la vez, se dan en medio del
esfuerzo del Presidente Putin por recuperar para su país el peso global que
tuvo hasta el fin de la Guerra Fría, expresado también en la reciente pugna con
la Unión Europea por una mayor influencia en la vecina Ucrania.
En el extremo Oriente, es Japón el que intenta
superar la etapa de marginación militar derivada de su derrota en la Segunda
Guerra y el consiguiente desarme de su ejército. Pero ello se da cuando China
emerge con serias pretensiones, como el control aéreo de los mares vecinos;
cuando el joven dictador de Corea del Norte, de decisiones imprevisibles,
vuelve a amenazar con atacar a su vecino del sur, y cuando Estados Unidos toma
mayores resguardos en la zona, como una nueva base en Okinawa, demostrando que
allí el equilibrio entre las grandes potencias está aún pendiente.
Si bien en el Medio Oriente el giro moderado
del nuevo Presidente iraní ha suavizado las relaciones con Occidente, Estados
Unidos debe seguir armando a Irak con misiles y naves no tripuladas debido a la
violencia de Al Qaeda, que continúa, a la vez que un informe de inteligencia
advierte un caos en Afganistán luego de que se retiren las tropas extranjeras,
con aumento de influencia de los talibanes. Y para qué insistir en el drama de
Siria, que lleva más de cien mil muertos y millones de desplazados, y donde
tanto los intereses de Rusia como los temores de Washington y Europa por el
peso del extremismo terrorista entre los rebeldes han llevado a paralizar
cualquier medida contra el Gobierno de Damasco. O evocar una vez más la
Primavera Árabe, que, salvo en Túnez, exhibe tristes resultados en Libia y en
Egipto (donde la presión excluyente de los Hermanos Musulmanes provocó el
retorno de la dictadura militar), y hasta pone en duda lo que parecía ser el
modelo de democracia turca.
Con distintos grados de peligro, el mundo no
logra la estabilidad que requiere en las nuevas condiciones de fin de la
antigua bipolaridad y de poderes emergentes, algunos todavía inseguros, pero ya
influyentes. La paz está de hecho rota en muchos lugares y, pese a lo difícil
del desafío, subsiste la esperanza y crece la responsabilidad de organismos aún
muy débiles, como el Consejo de Seguridad, al que Chile ingresa.
A nuestros amigos y amigas.
A pocas horas de finalizar este año, deseamos a
nuestros amigos y amigas un 2014 lleno de venturas, felicidades y
satisfacciones, en el que esperamos que todos sus sueños y aspiraciones sean
plenamente satisfechas.
Para nosotros el año que finaliza fue
extenuante, sea por el alejamiento de este mundo de seres muy queridos, sea por
el exceso de trabajo, lo que nos lleva a anunciarles que desde mañana solamente
haremos una edición semanal.
