Temáticas de actualidad....

La fiesta de los votos,

por Leonidas Montes.

El domingo es la fiesta electoral. Ese día, todos somos iguales. En un país que ha privilegiado y abusado del discurso de la desigualdad, es sano volver a ese espíritu liberal donde todos somos iguales ante ley y la República.

La historia política occidental ha sido una historia de diferencias y desigualdades. Marx percibió esta dialéctica histórica y predijo un promisorio desenlace que nunca ocurrió. O simplemente fracasó. En pleno Renacimiento, con el auge y desarrollo del comercio, incluso los vasallos dejaron de ser vasallos. Y en ese largo camino de progreso económico y social, la inclinación humana por la libertad fue derivando en derechos y deberes ciudadanos. El Leviatán de Hobbes es quizá la mejor expresión de este fenómeno político. La democracia representativa y Constitucional de la cual hoy gozamos, vale la pena recordarlo, tuvo un largo y tortuoso camino.

En términos de la historia de las ideas, el voto es un gran logro del pensamiento político. Promueve la democracia. Y ésta, bien administrada, asegura la libertad. En esta fiesta cívica donde todos elegimos, todos valemos lo mismo. Durante las elecciones, el pobre es igual al rico, el ignorante al más culto, y el más insignificante al más poderoso. Esa es la belleza de este acto cívico que nos congrega y nos une. Aquí florece el respeto y la tolerancia. Porque si hay algo excepcional de nuestra democracia, es el ejemplo de un Chile que valora este rito democrático. Pero también es una fiesta que nos invita a reflexionar.

La democracia es frágil y hay que cuidarla. Venezuela solía ser un ejemplo dentro de Latinoamérica. Hoy lo es, pero por otras razones. Nicolás Maduro detuvo a cinco ejecutivos de grandes tiendas por no cobrar el precio justo y lucrar a costa de los más necesitados. Esta persecución política buscaría “proteger el poder adquisitivo del pueblo”. Estamos lejos de las excentricidades de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia o Argentina, pero el lenguaje y su sentido es crucial. Aunque ya perdimos la batalla con el lucro, no sacamos nada con sembrar una campaña del terror. Pero tampoco logramos nada con la indiferencia. Chile ha avanzado a pasos agigantados. Ha crecido y se ha desarrollado económica y socialmente a un ritmo que no tiene precedentes en nuestra historia. Pero hay algo en el ambiente que perturba, que confunde. Un fantasma recorre nuestra sociedad: la desconfianza.

Es curioso que cuando se le pregunta a los ciudadanos por la Iglesia, ésta genera desconfianza. Pero confían en su parroquia o en su curita. Cuando se habla del retail o las grandes tiendas, todo esto parece ser sinónimo de abuso. Pero los ciudadanos disfrutan en el mall de agradables y seguras tardes de familia. Y también celebran la variedad de productos y ofertas de las grandes tiendas. Si se trata de la banca, todos son unos usureros. Pero valoran el uso del Redbanc —hoy no pagamos por transacción— y de su tarjeta de crédito. Las empresas de telefonía son un desastre, pero casi todos tenemos celular. Y nos comunicamos a bajo costo con mensajes, Twitter y WhatsApp. En general, esta aparente paradoja coincide con la conclusión de la última encuesta del PNUD: los chilenos estamos contentos con nuestras vidas privadas, pero no estamos satisfechos en la sociedad en la cual vivimos. ¿Obedecerá todo esto sólo a la desigualdad? Me temo que los fenómenos sociales son más complejos. Y que la desconfianza tiene muchas otras aristas.

Este domingo se juega si hay segunda vuelta o sólo una vuelta. La encuesta CEP, analizada correctamente, le da un poco más de un 20% a la candidata Matthei. Agregando a estas elecciones la incertidumbre del voto voluntario, lo único predecible es que los dos escenarios son muy posibles. Sin embargo, lo que ocurra exigirá un gran esfuerzo de la sociedad para canalizar las demandas (expectativas) y encauzar las ofertas (promesas). Este es el gran desafío. Pero una fiesta masiva y civilizada que demuestre que a los chilenos, pese a la desconfianza, les importa votar, sería una buena señal. El que vota mira al futuro con responsabilidad. Es un símbolo republicano. Y, no lo olvidemos, es también un acto de igualdad.

Hechos y palabras,

por Joaquín Fermandois.

La elección Presidencial de 1970, no menos que el golpe de 1973 y sus consecuencias, sigue pesando en la historia de Chile, esa que se escribe día a día y que está tan imbricada con el desarrollo global desde el siglo XIX hasta nuestros días. A raíz de un comentario mío sobre las tesis de Radomiro Tomic para 1970, su hijo, con natural nobleza, quiso puntualizar el significado de sus palabras. Afirma que el peso de la tesis de don Radomiro iba a la “sustitución del capitalismo”. (Entre paréntesis, la desnutrición infantil en 1970 era de un 19,3% —INTA, Ministerio de Salud—, no el 49,6%)

Claro, por sustitución del “capitalismo” no se entendía subdesarrollo o pobreza, ni su contrario, apropiación de toda la riqueza por unos pocos, sino el socialismo en su cariz revolucionario, que si vencía, construía un sistema totalitario. El socialismo europeo se dividió entre aquellos que querían reformar al sistema para salvaguardar la justicia social, y aquellos que avanzaban a un modelo revolucionario de finalidades colectivistas, totalitario en buenas cuentas, aunque le llamaran “democracia popular”. El mismo dilema se trasladó al resto del mundo, sobre todo a países como Chile, donde había un desarrollo institucional y político relativamente moderno, aunque no acompañado por la necesaria transformación económica y social.

El socialismo de alcance revolucionario como meta era el que predominaba sin contrapeso alguno en la izquierda chilena en los años 60 y 70. En Chile, el socialismo reformista, democrático, perdió fuerzas hasta casi desaparecer. Del “socialismo comunitario” nunca se supo qué significaba. Quizás traducía el Estado de Bienestar europeo de la posguerra, pero sus defensores a fines de los 60 no se atrevían a poner ese ejemplo.

Solo desde fines de los 70 comenzó a distanciarse gran parte de la izquierda chilena del marxismo revolucionario, al criticar a los regímenes que antes admiraban: la Unión Soviética. Alemania Oriental (comunista), la Cuba de Castro. Esto hizo posible el acercamiento de ella con la DC, puesto que al abandonar esos modelos se tomó al mismo tiempo distancia de esa impronta leninista. Ahora se podía conversar, de lo que nació una fecunda evolución política. Era lo que Eduardo Frei había sostenido ante un Diplomático alemán hacia 1977.

Los votantes DC habían manifestado de sobra hasta 1973 que se identificaban con el programa de Frei Montalva, quien veía con demasiada claridad, mucho antes de la Caída del Muro, la incompatibilidad entre democracia y marxismo. La transformación de la izquierda comenzaba a desarrollarse en el momento de fallecer don Eduardo, a inicios de 1982, lo que posibilitó una convergencia en torno a valores compartidos. El Acuerdo Nacional de 1985, apadrinado por el Cardenal Fresno, del que participó parte de la derecha, es una expresión de un nuevo Chile. Es cierto que la derecha tiene dos problemas que le pesan. Uno fue la indiferencia ante la abolición al comienzo indefinida de la política entre 1973 y 1983. El otro es que casi no recuerda que los hechos —o la eficiencia— no funcionan desprovistos de palabra. Y viceversa, como a veces lo han olvidado el centro y la izquierda.

En un Chile donde la obesidad, y no la desnutrición, ha llegado a ser un problema público se reprime la memoria reciente de una pobreza y avaricia de oportunidades increíblemente mayor que la que recuerda la mayoría de los contemporáneos. Por eso, muchos se dan el lujo de ofrecer los cuernos de la Luna como si fuera una gracia. Si pensamos en nuestra evolución, mantengamos presente la necesaria correspondencia entre hechos y palabras.

La deuda del FMI con Latinoamérica.

por Andrés Oppenheimer.

A juzgar por lo que me dijo la Director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, durante una entrevista pocos días atrás, el FMI está trabajando duro para dejar de ser el villano favorito de Latinoamérica. Y hay buenas razones para que lo haga: el FMI tiene previsto celebrar en 2015 su primera reunión anual en Latinoamérica en Lima, Perú, desde la realizada en 1967, y muchos esperan violentas protestas.

Si hay algo que une a la izquierda y la centroizquierda de casi todos los países de la región, e incluso a algunos sectores de la derecha, es la convicción de que el FMI ha empobrecido a las naciones exigiéndoles demasiadas medidas de austeridad a cambio de sus préstamos.

El FMI, con sede en Washington, presta dinero a los países endeudados cuando estos últimos están en crisis financieras. Pero a cambio, el FMI muchas veces ha exigido duros recortes del gasto público, que enfurecen a los países receptores.

¿Acaso no ha cometido un error el FMI exigiéndoles demasiada austeridad a los países latinoamericanos?, le pregunté a Lagarde.

“No quiero reescribir la historia, pero sí le diré una cosa: creo que ahora prestamos más atención a la población más expuesta”, respondió. “En los programas que diseñamos (ahora) tenemos más redes de seguridad social, nos concentramos más en los que tienen menos y deben ser protegidos”.

¿Eso significa que el FMI ya no exige tanto ajuste de cinturón?, pregunté. Lagarde respondió que se trata de “un ajuste de cinturón diferente. Un ajuste de cinturón mejor calculado para proteger a los más pobres”.

Lagarde evitó usar la palabra “errores”, diciendo que hay un debate no resuelto sobre si los países en crisis financiera deben tomar una medicina “fuerte y rápidamente”, o si deben tomar “una medicina más suave durante un período más prolongado”. Recientemente, ha ganado terreno esta última opción, señaló.

Agregó que el FMI ha introducido, entre otras cosas, “líneas de crédito flexibles” para ayudar a los países a reforzar sus reservas y evitar crisis financieras, y programas de condicionalidad más focalizados para proteger a los pobres. Además, el FMI ha flexibilizado su anterior oposición a los controles de capitales implementados por algunos países latinoamericanos, y “está haciendo progresos” en las conversaciones destinadas a dar mayor representación a los países emergentes en su junta directiva, dijo.

¿No tiene miedo de que los manifestantes le arrojen huevos si el FMI se reúne en Lima, Perú, en el 2015?, le pregunté.

“Sea como fuere, puedo asegurarle que espero con entusiasmo esa reunión de 2015 en Lima”, respondió. Añadió que el FMI está trabajando “muy estrechamente” con Perú, y que el país se beneficiará mucho gracias a los 15.000 visitantes extranjeros que, según se calcula, asistirán a la reunión.

Cuando le pregunté sobre la economía mundial, dijo que “2014 será un poco mejor que 2013”, y que a los países ricos les irá un poco mejor que a los países en desarrollo. El FMI proyecta que Latinoamérica crecerá un 3,1 por ciento el año próximo, un aumento con respecto al 2,7 por ciento de este año, dijo.

En cuanto a cuáles economías latinoamericanas cree que tendrán mejor desempeño en los próximos años, mencionó a México, Chile, Colombia y Perú.

Sobre la actual disputa entre el FMI y Argentina sobre las dudosas estadísticas inflacionarias de ese país —el Gobierno alega que hay una inflación de alrededor del 10 por ciento, pero casi todos los economistas independientes coinciden en que la inflación está próxima al 25 por ciento—, Lagarde dijo que el FMI está haciendo un “progreso positivo” en sus conversaciones con Argentina para que se implementen estadísticas confiables.

De Venezuela, Lagarde dijo que aunque el FMI no ha podido trabajar en el país desde 2003, a partir de toda la información disponible, “no creo que la economía esté bien”. Agregó que “es una economía que verdaderamente deberá enfrentar serios problemas, probablemente a la brevedad”.

Mi opinión: Me hubiera gustado que Lagarde hiciera un “mea culpa” más explícito por los errores cometidos por el FMI en Latinoamérica, aunque no estuvo muy lejos de hacerlo.

Aunque es cierto que los demagogos de la región siempre han usado al FMI como chivo expiatorio de sus propias políticas irresponsables, también es cierto que el FMI ha errado al usar las mismas fórmulas de austeridad para todos los países, sin tomar en cuenta que muchos de ellos no tienen redes de seguridad sociales para proteger a los pobres.

Lo más probable es que Lagarde esté dosificando su mensaje, y ofrezca una disculpa pública más explícita cuando se realice la reunión del FMI en Lima en el 2015. Ojalá haga ese “mea culpa”, que es una deuda del FMI con la región, para que tanto el FMI como América Latina puedan dejar atrás el pasado y concentrarse en una cooperación más productiva en el futuro.

La DC frente a la Nueva Mayoría.

Esta campaña Presidencial se ha caracterizado por propuestas que buscan modificaciones sustanciales en el curso que ha seguido el país desde la vuelta a la democracia. En particular, el conglomerado Nueva Mayoría, heredero de la Concertación —a la que se han sumado el PC y otros movimientos menores—, incluye planteamientos que van desde un cambio de la actual Constitución —que no solo pretendería modificar el sistema electoral, los quórums supramayoritarios y las atribuciones del Tribunal Constitucional, sino también el rol subsidiario del Estado por uno solidario, transformando así a Chile en un Estado Social de Derechos— a modificaciones sustanciales en el campo educacional y en temas valóricos.

El amplio espectro de orientaciones político-económicas dentro de la Nueva Mayoría ha dado lugar a dispares posturas de sus integrantes, lo que dificultó la redacción de su programa, retrasándolo considerablemente, y obligó a que en su contenido persistieran numerosas ambigüedades en la manera como algunos de esos temas serían abordados, de acceder al Gobierno. Tales discrepancias han sido particularmente marcadas y expresas en la creciente incomodidad de la directiva de la DC —y de algunos de sus más simbólicos representantes— ante algunas propuestas, pero tampoco en la militancia DC hay total acuerdo en relación con esas discrepancias ni con la forma como deben ser tratadas.

Los temas conflictivos están centrados en la forma del cambio a la Constitución —según el procedimiento Constitucional existente o por medio de una Asamblea Constituyente y, en este caso, en la manera como ella sea convocada, aunque eso no corresponde a un tema doctrinario, sino de procedimiento—; en temas educacionales, relativos a la manera en que se desenvuelven los colegios particulares subvencionados, y también respecto de la gratuidad universal de educación superior. Y especialmente acre es la polémica en torno a la propuesta del programa de abrir un debate sobre el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto en casos de violación, inviabilidad del feto o amenaza a la vida de la madre.

El Presidente del PPD, Senador Quintana, ha sido particularmente categórico en cuanto a no transar en esos temas: “Cualquier partido que tenga que debatir internamente es conveniente que lo haga después del 17 de noviembre y lo resuelva antes del 11 de marzo. A contar de esa fecha, la Nueva Mayoría tiene que tener solo una voz”. El espacio de discrepancia que le deja a la DC es mínimo. El Senador PPD funda su postura en que las definiciones programáticas corresponden a las convicciones de la candidata Bachelet, así como del resto de las agrupaciones políticas que la acompañan, distintas de la DC.

Pese a la opinión tajante del Senador Andrés Zaldívar (DC) en contra de toda forma de aborto, independientemente de cualquier programa de Gobierno, otros personeros de su partido están dispuestos a respaldar aquel con ciertas condiciones. El esfuerzo que ha hecho su Presidente, Ignacio Walker, por navegar en esas aguas arremolinadas no oculta la creciente incomodidad que siente frente a la Nueva Mayoría en estas materias, pues pone a su partido ante la disyuntiva de ceder, para mantenerse en la coalición con más posibilidades de acceder a la Presidencia el próximo año, pagando el costo de continuar desperfilándose frente a la ciudadanía, o bien buscar un camino propio sin un claro domicilio político, lo que tampoco le augura un gran futuro. Una incómoda disyuntiva.

Representación estudiantil cuestionada.

En las recientes elecciones del Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad de Chile triunfó la lista “Retrocedamos”, movimiento de estudiantes que surgió inicialmente como una humorada crítica a la forma en que los dirigentes universitarios están ejerciendo la representación en esa institución. Este descontento fue explicado por el presidente de la lista triunfadora, quien señaló que lo sucedido es “un castigo a las prácticas de los colectivos que se juran los salvadores del mundo”.

Si bien se ha calificado de anecdótico el resultado y pueden resultar irrisorias las propuestas que presentó la lista ganadora (como la “asignación de cursos vía silla musical” y las “becas de alimentación para flacos”), lo ocurrido es un llamado de atención no sólo para las organizaciones estudiantiles y las autoridades universitarias, sino también para el resto de quienes aspiran a cargos de representación. Por de pronto, hay que sopesar que los estudiantes estuvieron dispuestos a concurrir a votar voluntariamente para manifestar su opinión, lo que habla de una decisión un poco más meditada. Este voto, por lo tanto, no puede ser visto como una sátira, sino que tiene también un significado más profundo, al reflejar el malestar que un número importante de alumnos manifiesta hacia la manera cómo se ha abusado de la representación estudiantil para ponerla detrás de causas que muchas veces no tienen ninguna coincidencia con sus intereses.

Lo ocurrido en una facultad universitaria donde, por tradición, existe un ambiente propicio al debate político e institucional, debe ser un llamado de alerta para quienes hoy participan en los procesos electorales en curso, porque resulta evidente que en muchas candidaturas y programas es posible apreciar también un distanciamiento con los intereses de los electores y una exageración de los problemas en aras de obtener mandatos de representación cada vez más amplios y menos definidos.

Ficha de Protección Social.

Uno de los temas más ausentes de esta campaña Presidencial ha sido el de la lucha contra la pobreza. Mientras los candidatos apuntan a la clase media, van quedando en segundo plano los pobres que aún son 14% del país. Hay, sin embargo, una arista que promete generar polémica en los próximos meses y que, sin duda, volverá a poner este tema hoy periférico en el centro de la agenda política. Se trata de la entrada en marcha en enero de la nueva Ficha de Protección Social (FPS), instrumento que otorga a las familias vulnerables un puntaje de acuerdo con sus indicadores de calidad de vida e ingreso con el que postulan a los beneficios sociales de todos los ámbitos. Esta reforma busca cambiar la actual FPS que debutó en 2007, durante el segundo año de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

El proceso de cambio ha estado marcado por la incertidumbre de los usuarios y polémica política sobre eventuales menos beneficios de la nueva institucionalidad. El actual Gobierno ha salido en varias oportunidades a negar el impacto en la población de esta nueva evaluación que llegará a más de 2 millones de hogares chilenos, destacando que las mejoras apuntan a una mirada más multidimensional de la pobreza, con más detalle y con información cotejada con datos “duros” que permitan evitar abusos de los llamados “falsos pobres”.

Si bien ha existido un proceso de empalme, es recién en enero cuando se lanzaría oficialmente la FPS nueva, sólo a dos meses de la llegada de un nuevo Gobierno. De ser triunfadora Michelle Bachelet, el destino de esta reforma, que tomó más de 3 años de estudio, es al menos dudoso. El programa de la Nueva Mayoría contempla la superación de este instrumento de focalización y, por el contrario, plantea una manera totalmente diferente de asignar los beneficios sociales, una especie de focalización que identifica a los sujetos que no son materia de ayuda del Estado.

La CAS (ficha que rigió hasta el 2006), la FPS del Gobierno de Bachelet y la futura pueden tener falencias, pero apuntan a otorgar los beneficios a quienes más lo necesitan. Plantear que se deben asignar los beneficios mediante otro sistema —una categorización— equivale a asumir que Chile optó por el camino de derechos sociales garantizados. Esto pondrá una fuerte presión sobre el gasto Fiscal en el mediano plazo y funciona bajo el supuesto de que la prosperidad del país esté asegurada.

Algunas entidades que trabajan en el tema de la pobreza prefieren el nuevo esquema en reemplazo de la focalización. Un cambio de paradigma de tal magnitud debiera ser estudiado en todas sus consecuencias, ya que por décadas esta última fórmula ha dado resultados positivos. Mientras no se agote ese debate, sería deseable fortalecer la calidad de la nueva ficha para que sea eficiente en la asignación de los beneficios.

Nueva política nacional de desarrollo urbano.

Con la  firma del Decreto Supremo respectivo por parte del Presidente de la República se ha institucionalizado la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), instrumento inédito y que fue fruto de un trabajo extenso de una Comisión Asesora Presidencial compuesta por 28 comisionados -quienes representan distintas sensibilidades y miradas, dotándola así de un carácter transversal, y que debería asegurar que sus conclusiones se mantengan en el tiempo-, mediante el cual se espera orientar el desarrollo y la planificación de las ciudades atendiendo a criterios comunes. Se trata de una herramienta valiosa, porque aborda de manera integral las distintas dimensiones que existen en una ciudad y entrega criterios ordenadores, pero debe cuidarse ahora que estos planteamientos sean correctamente aterrizados en los distintos planes reguladores y ordenanzas, respetando ante todo que sea la libre voluntad de las personas la que oriente el desarrollo de la ciudad.

La nueva política se estructura en torno a cuatro ejes -integración social, identidad y patrimonio, sustentabilidad ambiental y desarrollo económico-, y crea una nueva institucionalidad para poder materializar estos objetivos. La Comisión Asesora recuerda que el 87% de la población del país vive actualmente en ciudades, una concentración que de acuerdo con su diagnóstico justifica contar con un instrumento a partir del cual sea posible ordenar los múltiples elementos que debe tener en cuenta la planificación de una ciudad, algo que hasta ahora se ha hecho de manera poco armónica. Entre los variados objetivos de especial valía que contiene este nuevo instrumento, se reconoce, por ejemplo, el valor patrimonial de los paisajes, algo que hasta ahora no ha estado presente en las políticas urbanas, y que representará un interesante desafío para los arquitectos.

La PNDU pone como uno de sus ejes la integración social, de modo -indica el documento- que las ciudades sean lugares inclusivos, que entreguen condiciones básicas de calidad de vida a sus habitantes, respetando sus particularidades y libertad de elección. Es destacable que se haga hincapié en reconocer la libertad de las personas, y en ese sentido la PNDU debería ser un marco que ayude a las personas a tomar sus decisiones en conformidad a sus propias preferencias. Este objetivo puede resultar complejo de compatibilizar, sin embargo, con algunas de las disposiciones que consagra esta nueva política, según la cual el Estado debe velar porque las ciudades sean inclusivas y evitar la concentración de viviendas sociales en el área rural. Asimismo, se indica que deberán establecerse zonas de inversión pública prioritaria o sujetas a incentivos o subsidios especiales. Una medida como ésta podría derivar en un aumento artificial en el valor de los terrenos escogidos, lo que debe ser cuidadosamente analizado para evitar especulaciones inmobiliarias.

Es saludable que la PNDU no fije límites artificiales a la ciudad, en especial la Región Metropolitana, cuya escasez de suelo se ha hecho evidente en los últimos años. Pero exigencias como procurar la integración dentro de la ciudad podrían llevar a producir algunos de los efectos indeseados de limitar la expansión de la ciudad. El Plan Regulador Metropolitano, que se encuentra en Contraloría, y que va en consonancia de las directrices de la  PNDU, expande el límite urbano en más de 10 mil hectáreas, pero los nuevos desarrollos inmobiliarios deberán incorporar parte del terreno destinado a viviendas sociales, limitaciones que deberían ser estudiadas con mayor detenimiento.

Rebajas en contribuciones a adultos mayores.

El Gobierno ha anunciado un proyecto que rebaja las contribuciones a un subgrupo de los adultos mayores: hombres de 65 años de edad y más, y mujeres a partir de los 60, exentos del impuesto global complementario —es decir, con ingresos inferiores a 550 mil pesos promedio mensuales—. El beneficio sería recibido por personas cuyos avalúos Fiscales no superen los 100 millones de pesos y se aplicará solo a una propiedad, la de mayor valor. La forma específica en que operaría el beneficio es que a la contribución de los adultos mayores que cumplan con los requisitos se le pondría como techo el 10% de sus ingresos anuales. Se estima que esta política beneficiaría a 35 mil adultos mayores. Un poco más de la mitad —aproximadamente 18.600 de ellos— dejarían de pagar contribuciones del todo. El Ministro de Hacienda, que anunció esta propuesta, estima en 10 millones de dólares el costo Fiscal de esta medida.

La idea de rebajar las contribuciones de los adultos mayores venía siendo planteada por diversos Parlamentarios, particularmente de la Alianza, y había sido incorporada en el programa Presidencial de la candidata Evelyn Matthei. El reavalúo de las propiedades no agrícolas que ocurrirá en 2014, el primero después de 2006, despierta preocupación, porque en este período, particularmente su segunda mitad, ha habido un importante aumento en el valor promedio de las viviendas. El impuesto a las propiedades (contribuciones) busca capturar de modo indirecto los ingresos que provee este bien de capital. De hecho, la venta de una casa en Chile, aunque haya subido de valor respecto del momento en que se compró, no es considerada una renta cuando se trata de personas naturales. Por eso, tienen fundamento los ajustes periódicos en el valor de las propiedades y el mayor desembolso que ellas puedan significar (o menor, si el ajuste fuese a la baja). Por cierto, si los ingresos de las personas no se incrementan o lo hacen en un monto menor que las contribuciones, por un ajuste al alza de las propiedades, pasan a representar una mayor proporción de los ingresos de esas personas.

En una primera mirada, parece un acto de justicia corregir esta situación. Sin embargo, hay consideraciones adicionales. Por una parte, se introduce una inequidad entre distintas generaciones con personas más jóvenes que en una situación similar de ingresos pagan más del 10% de sus entradas en contribuciones. Excepciones como la que propone el Gobierno introducen estas discriminaciones complejas que, además, son difíciles de anticipar en plenitud. Se le resta así legitimidad al sistema tributario, ya que se pierde la equidad horizontal y vertical, apreciada por la población. Y aunque más sutil, se discriminaría también con los adultos mayores que no son propietarios.

Por otra parte, tratamientos discriminatorios también producen incentivos perversos. Cabe anticipar que, de aplicarse esta medida, el número de propiedades en manos de adultos mayores crecería inesperadamente. No es algo fácil de controlar y, en rigor, tampoco parece ser una operación ilegal.

Se puede argumentar que estas aprensiones son exageradas, porque el beneficio es modesto y, por tanto, las percepciones de inequidad también lo serían y, sobre todo, acotados los incentivos para aprovechar este descuento. Pero la evidencia sugiere que rápidamente aparecen “industrias” especializadas en aprovecharlos.

Una última consideración surge precisamente de que los beneficios son acotados: la experiencia indica que los Parlamentarios buscarán expandir los beneficios y los beneficiarios. Un caso comparable sería el Plan AUGE, que comenzó con algunas patologías prioritarias, pero se ha ido extendiendo a muchísimas otras, siguiendo presiones de variados orígenes.

Cartas  para meditar.

Señor Director:

Observatorio Judicial.

La sabiduría de antaño nos recuerda: “Al buen pagador no le duelen las prendas”.

Hogaño, cabría agregar: “Al buen juez (o al buen árbitro en litigios) no le duelen los observatorios”.

Samuel Tupper Correa.

Señor Director:

Reformas y libertades.

Parte de la  reforma tributaria que propone Bachelet afectará a las pymes. La eliminación del FUT termina con una fuente de financiamiento muy importante (las utilidades) y afectará fuertemente la libertad de las personas que deciden superar la pobreza por la vía del emprendimiento.

Las reformas laborales  afectarán la sindicalización. Al ser impuesta por Ley, se corre el riesgo de que los trabajadores se vean obligados a pertenecer a un sindicato para poder trabajar. En la actualidad, a ningún trabajador se le puede exigir pertenecer a un determinado sindicato.

Por otra parte, demonizar la relación trabajador-empleador, el volver a viejas y desgastadas prácticas del pasado (que lo único que hicieron fue fomentar el odio de clases), es volver a prácticas anticuadas, a lo Argentina, donde los sindicatos tienen capturado el poder.

La reforma a la educación elimina a los colegios privados que tienen fines de lucro; con ello un tercio de la matrícula volverá a ser público, es decir, afecta la libertad de los padres de mandar a sus hijos a un colegio privado.

Bachelet  les impone a las personas un Estado que afecta nuestro derecho de emprender, sindicalizarnos o  educarnos; atentados contra libertades básicas y esenciales, por lo que los que       creemos en la libertad debemos rechazar tajantemente el programa socialista y comunista.

Ricardo López Bisquertt, Ingeniero comercial PUC y Académico Unab.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.

 

Con este  facsímil del voto de las Presidenciales del domingo señalamos públicamente  como votaremos en esta “fiesta” de la democracia: