¿En los brazos de la Madrina?,
por Mónica Mullor.
Todo indica que Michelle Bachelet ganará la
elección del próximo día 17. Lo hará ofreciendo al pueblo chileno Estado,
Estado y más Estado. Un Estado Mamá poderoso y generoso que lo proteja y le
asegure todo tipo de derechos. Además, se invita a los chilenos a creer que
tanta maravilla no tendrá costos para ellos y que incluso los impuestos
bajarán, excepto, claro está, para las empresas y una minoría de súper ricos.
¿Quién podría resistirse a semejante tentación?
Como diría el Padrino, se trata de an offer you can't refuse.
La Madrina chilena no debate ni acepta
preguntas molestas de los periodistas. Esto lo aprendió de su colega
transandina Cristina y hasta ahora le ha resultado de maravilla. Lo que le pide
a los chilenos no es poca cosa: que le den poder, mucho poder para hacer lo que
quiera con el país. Quiere no sólo ser elegida con mayoría absoluta en primera
vuelta, sino, sobre todo, obtener una mayoría Parlamentaria que le permita
cambiar la Constitución y llamar a una Asamblea Constituyente. Claro, como
reina de la ambigüedad que es, no lo dice con todas sus letras, simplemente
dice "No lo excluyo", "Ya veremos".
Lo más triste de todo no es que muchos le
crean, cosa ya lamentable, sino ver cómo "el capital" corre detrás de
la Madrina, subsidiando una campaña que parece tener recursos ilimitados. Los
canales de televisión controlados por los grandes grupos económicos están
rendidos a sus pies, y desde las poderosas asociaciones de empresarios no se
ven sino sonrisas hacia Michelle (inversamente proporcionales a la hosquedad
con que siempre han tratado a Sebastián Piñera, quien por conocerlos bien los
ha controlado como nunca).
En términos mafiosos, este generoso apoyo se
llama pagar por la protección, es decir, en este caso, por el derecho a seguir
abusando del pueblo chileno tal como lo hicieron durante el anterior Gobierno
de Bachelet y los 20 años de la Concertación.
El domingo 17 los chilenos decidirán si
Bachelet gana en primera o en segunda vuelta. Su principal contendora es Evelyn
Matthei, de la Alianza por Chile, es decir, la coalición de los partidos de
centroderecha. Una mujer conocida por su valentía, por decir lo que piensa y
por no tener pelos en la lengua ni complejos que la acallen, y, a diferencia de
Bachelet, siempre dispuesta a dar entrevistas y a responder todo tipo de
preguntas.
La confrontación entre estas dos mujeres, si
pasan a segunda vuelta, sería muy directa, obligaría a Bachelet a confrontarse
con sus ambigüedades: ¿por o contra el modelo actual de desarrollo chileno?,
¿por mantener la libertad de enseñanza o por estatizar la educación chilena?,
¿por seguir confiando en el esfuerzo individual y el trabajo o por hacer del
Estado el gran protagonista de la vida social?, ¿por un desarrollo evolutivo de
la institucionalidad o por lanzarse a la aventura chavista de la Asamblea
Constituyente?
Ojalá los votantes chilenos no se dejen seducir
por los cantos de la Madrina y apuesten por la estabilidad política e
institucional, por las reformas, el empleo y el desarrollo, factores que en su
conjunto han mostrado ser el camino que ha llevado a tantos países a la
prosperidad.
Testimonio en semana electoral,
por Gonzalo Rojas Sánchez.
Voté por primera vez hace 40 años, en marzo de
1973. Comenzaba tercer año de Derecho y primero de Licenciatura en Historia, en
la PUC. Tenía 19 años y venía del mejor colegio que ha habido nunca jamás, el
Saint George’s College de los años 50 y 60. Eso, indudablemente, significaba
haber adquirido convicciones fuertes.
Cuando recuerdo ahora esa votación, concluyo
que eran tres las coordenadas que marcaban nuestra vida de universitarios
durante Allende. Por una parte, la certeza de que la elección que teníamos por
delante era muy importante, decisiva. No se trataba, por cierto, de una
afirmación teórica, sino muy operativa, ya que los jóvenes de aquellos años no
expresábamos nuestras posiciones cada 30 días en lucidas manifestaciones, sino
que realmente nos involucrábamos diariamente en la defensa de nuestras ideas.
En concreto, los gremialistas lo éramos a tiempo completo, porque teníamos
conciencia de que en cada acción se jugaba el destino de la universidad, de la
libertad, de Chile. Por eso, estudiábamos con la misma intensidad con la que
participábamos en una asamblea o con la que votábamos.
Las Parlamentarias del 73, por eso mismo, se
nos presentaron como la encrucijada en que las ideas de nuestros padres, los
estilos de vida que habíamos aprendido y los aterrizajes de la libertad,
estaban todos en juego. La Unidad Popular venía intentando su proyecto
totalitario con creciente voluntad: había que enfrentarlo y había que
derrotarlo, por la salvación de Chile.
Hoy, los jóvenes entre 18 y 25, ¿son conscientes
de cómo están de nuevo en juego la vida y la familia, la educación y las
libertades?
En segundo lugar, enfrentábamos la elección con
la clara conciencia de que al frente había rivales muy peligrosos. Sabíamos
cuánto había penetrado el marxismo en sus conciencias, cómo los había convocado
a un gran proyecto de violencia y de odio. Desde mediados de los 60, lo
habíamos percibido en la vida escolar, y ya, con unos pocos años de experiencia
universitaria, lo habíamos confirmado. Los conocíamos, sabíamos qué textos
habían leído, ubicábamos a sus gurús.
Pero hoy, para muchos jóvenes, esa simple
noción, la de rivalidad, resulta inaceptable. Pobres entes abstractos,
capturados por una visión neutralizadora de los procesos sociales, todo lo que
huela a conflicto les parece perverso. Así, ignorantes de quienes tienen por
adversarios, entregan uno por uno los ambientes en los que debieran rivalizar,
y quizás terminen por rendir el país completo.
Y, en una tercera dimensión, teníamos un
ideario concreto. Éramos casi todos unos cabros chicos, pero nadie nos podía
negar la condición de buenos lectores; éramos también discutidores con
fundamentos y frecuentes asistentes a cuanto ciclo de formación nos ofrecían
nuestros mayores, a quienes admirábamos por su empeño en darnos esas
oportunidades. Jaime Eyzaguirre ya había muerto, pero nos lo explicaban; Julio
Philippi era referido como el filósofo del derecho; se acudía a las doctrinas
pontificias, para fundamentar en filosofía y en antropología. Por cierto, nada
de esto habría sido posible sin Jaime Guzmán, pero que le hiciéramos caso, era
mérito compartido.
En la vida pública, ¿éramos mejores que los
jóvenes actuales? Sí; por las razones expresadas, sí. La respuesta contraria
sería demagogia pura.
Pero la afirmación de nuestra superioridad en
la formación y en el compromiso nos obliga, eso sí, a un enorme esfuerzo: los
que hoy tenemos más de 60 somos directamente responsables de la generación que
ahora deberá enfrentar la nueva noche oscura que se cierne sobre Chile.
Yo, el domingo, soy vocal de mesa. Y tú, joven,
al menos ¿votas?
¿Renacionalizar el cobre?
por Juan Carlos Guajardo.
UN 83% de los chilenos apoya “nacionalizar el
cobre”, de acuerdo a la última encuesta CEP, convirtiéndose así en una de las
propuestas más populares de la campaña electoral. Este alto nivel de apoyo se
explica en parte por las frecuentes menciones de parte de algunos candidatos Presidenciales,
así como también porque algunos líderes estudiantiles la han considerado como
eventual solución para el financiamiento de la educación gratuita.
¿Qué significaría nacionalizar el cobre? ¿Sería
efectivamente la panacea para solucionar los problemas del país o más bien una
mala decisión que podría acarrear graves consecuencias?
Es cierto que la riqueza mineral de Chile es
extraordinaria, pero ésta no existe si primero no se descubre y si no se hacen
inversiones gigantescas para que su explotación sea eficiente. La idea de la
nacionalización es popular porque la mayoría de las personas cree que los
recursos mineros están ya identificados y disponibles, pero la realidad es que
sin inversión y sin asumir riesgos muy elevados éstos podrían yacer eternamente
bajo nuestra tierra sin llegar a conocerlos y sin que puedan convertirse efectivamente
en progreso nacional. La pregunta entonces es ¿quién asume los enormes riesgos
de la búsqueda de los recursos mineros y luego la responsabilidad de financiar
las inversiones de miles de millones de dólares que cuesta cada mina de
categoría mundial? ¿Sería conveniente que fuera el Estado, con recursos de
todos los chilenos, o agentes privados que sean capaces de compensar
adecuadamente al Estado, dueño de estos recursos?
Una abrumadora mayoría de experiencias de
explotación minera en manos del Estado ha fracasado en otros países, ya que
tarde o temprano las urgencias por financiar el gasto social se traducen en
restricciones de financiamiento de la inversión que necesita la minería para
desarrollarse. El caso de Codelco en Chile ha sido afortunadamente una
excepción, por cuanto ha logrado consolidarse como una empresa de primer nivel
mundial. Sus aportes al erario Fiscal y al desarrollo técnico, comercial y Fiscal
son otra razón para la alta popularidad de la idea de nacionalizar el cobre.
Sin embargo, tras la historia de éxito de Codelco también existe la realidad de
un Estado de Chile que no le ha retribuido suficientemente con los recursos que
necesita para desplegar sus capacidades y competir verdaderamente a escala
global. ¿Es realista entonces pensar que el Estado podría administrar y
financiar operaciones mineras dos o tres veces mayores que la escala del
Codelco actual?
El Estado de Chile es dueño de los recursos
mineros y es su deber buscar la mejor forma de beneficiarse de ello. Hasta ahora
lo ha hecho a través de un modelo mixto público-privado, el cual requiere tanto
un Codelco eficiente como una minería privada que compense adecuadamente al
país, propietario de los recursos mineros. Perfeccionar este modelo es no sólo
un derecho, sino un deber, y así también un enorme desafío. Postular la
nacionalización, sin embargo, implica apostar por un cambio radical del modelo
de desarrollo que ha seguido el país en las últimas décadas y con consecuencias
de gran envergadura.
¿Marca tu voto?
por Daniel Mansuy.
Los partidarios de modificar nuestra Constitución mediante una
asamblea constituyente han emprendido una mediática campaña: lograr que la
mayor cantidad de chilenos marquen su voto con la sigla “AC”. La pregunta
parece válida: ¿qué más democrático que una asamblea constituyente impulsada
por la voluntad popular?
Con todo, la cuestión tiene más de una
dificultad. Es cierto que la Ley indica que los vocales deben dejar constancia
de las marcas contenidas en los votos, pero dicha disposición sólo busca
resolver votos objetados, esto es, cuya preferencia resulte dudosa. Tanto es
así, que si el voto no indica preferencia, la mesa no debe considerar nada más:
es simplemente un voto blanco, en cuyo
caso la marca es completamente indiferente (art. 71 de la Ley de elecciones).
En rigor, cualquier otra interpretación de la norma es mañosa, porque asume que
allí donde hay un espacio, es legítimo elaborar el resquicio correspondiente.
Además, se impulsa un precedente bastante difuso: ¿es legítimo instrumentalizar
las elecciones para impulsar modificaciones de cualquier tipo? ¿Cuál será la
credibilidad del escrutinio de marcas, considerando que quienes cuenten serán Juez
y parte? ¿No puede esto terminar contaminando todo el acto electoral? No es
casualidad que las elecciones están llenas de reglas: de lo contrario, sus
resultados no serían confiables.
En consecuencia, no podemos olvidar que los
mecanismos están lejos de ser indiferentes, pues ellos terminarán informando lo
que venga después. Dicho de otro modo, no es conveniente forzar las
instituciones para modificarlas a nuestro gusto. Bien decía Aristóteles que las
transgresiones a la Ley se insinúan sin ser advertidas, pero implican un
funesto desgaste del resorte Legal. Por eso en democracia es tan importante
respetar las reglas, aunque el camino sea largo: para los impacientes, hay otro
tipo de regímenes. Abandonar el camino institucional -aunque sea de modo
subrepticio y silencioso- sólo se justifica en casos de crisis aguda. Y por más
que la mayoría de los candidatos quiera convencernos de que nuestro país es
algo así como la encarnación del apocalipsis, hay buenas razones para pensar
que dicho diagnóstico es un poco afiebrado.
Nada de esto obsta a considerar que nuestra
Carta Fundamental tiene problemas, o al menos disposiciones que responden a
otro contexto. Sin embargo, debemos ser cuidadosos al momento de elegir el
lugar desde el cual juzgar. Es muy fácil condenar la Constitución desde el
púlpito de la pureza, o desde un texto imaginario tan perfecto como
inexistente. Más difícil es tomarse en serio la lección que con tanta
insistencia enseñaba Aron: la realidad no será nunca un reflejo exacto de
nuestras intenciones, por más puras que sean. De hecho, probablemente sean muy
pocas las Constituciones que pasen un test exigente de legitimidad de origen, y
ninguna carece de mecanismos supramayoritarios: su finalidad es precisamente
poner frenos a la discrecionalidad política. Eso no las convierte, ipso facto,
en antidemocráticas, sino que debería más bien llamarnos a la modestia. Pero ya
sabemos que los mesías suelen ignorar los límites de sus propias posibilidades.
El problema es que ignoran también las consecuencias políticas de sus bellas
construcciones.
Flagelo del terrorismo.
En la mañana de ayer se supo la detención en
España de tres chilenos acusados de participar junto a otros individuos en un
atentado violentista en la basílica aragonesa del Pilar. No es ésta una noticia
que enorgullezca al país, ni conocemos aún los detalles en que se funda la imputación,
pero el hecho de que dos de ellos, Francisco Solar y Mónica Caballero, estén
entre quienes fueron acá procesados –y finalmente absueltos en junio de 2012
por insuficiencia de las pruebas, descartándose hasta la confesión de varios de
ellos– en el publicitado “caso bombas”, iniciado un año después que comenzara
una serie de más de 200 bombazos hasta hoy sin culpables, pese a que incluso
uno murió cuando la instalaba, debería impulsar una evaluación seria de
nuestros Legisladores y Jueces respecto del terrorismo en Chile y los medios Legales
para evitar que continúe desarrollándose.
Ese flagelo posee en España larga trayectoria y
funestas consecuencias. Justamente ahora hay allá una gran polémica a raíz de
un fallo de la Corte de Justicia europea que reconoció a un terrorista de ETA
el derecho a salir de la prisión antes del plazo fijado por los Tribunales
locales, lo que ha provocado la liberación anticipada de un gran número de
condenados que cometieron cientos de asesinatos pero se hallan en condiciones
similares al primer beneficiado. Seguramente, este atentado de Zaragoza será un
nuevo estímulo para revisar allá las medidas tendientes a evitar un
renacimiento de un mal que los españoles creían haber superado.
En nuestro país los casos han tenido hasta
ahora menos víctimas, y se concentran en la capital y en la Araucanía. Sin
embargo, lo peor está en la formación de un concepto errado sobre el tema –que
empieza a predominar en ciertos sectores políticos y sin duda influye tanto en
la opinión pública como en los propios Magistrados–, conforme al cual basta con
las normas penales en materia de delitos comunes para sancionar ese tipo de
actos de violencia, cuando en realidad ellos no buscan sólo daños materiales
acotados sino crear el temor en la población, incluso con resultados fatales,
con objetivos netamente políticos. La actual estructura Legal y su
interpretación Judicial exigen un nivel probatorio difícil de lograr y
obviamente inadecuado para la naturaleza de tales acciones, y el efecto práctico
es la impunidad.
Terminado el “caso bombas” se pretendió por los
defensores de los imputados acusar al propio Ministro del Interior y al Fiscal
que lo inició, y posteriormente no ha prosperado un proyecto de Ley para
endurecer las respectivas normas aplicables. Sin embargo, como sigue ocurriendo
sobre todo en la Araucanía con situaciones como la del matrimonio Luchsinger,
la actividad terrorista es real y nuestra institucionalidad resulta débil ante
esa amenaza. Se requiere, por cierto robustecer la labor de la policía y del
Ministerio Público, pero paralelamente debe mejorarse la Legislación y sobre
todo cambiar la mentalidad de aquella parte de la ciudadanía que no percibe la
gravedad del problema y evitar los excesos del garantismo en que suelen caer algunos
Jueces. Ojalá la insistencia de los dos detenidos en España en sus malos
hábitos constituya una alerta eficaz en tal sentido.
La advertencia de la parodia.
En la Escuela de Derecho de la Universidad de
Chile se ha dado una situación peculiar, con el triunfo en las elecciones para
el Centro de Alumnos de una lista
denominada “RetroCEDamos”, que surgió como deliberada parodia de la política
universitaria —y, como tal, aunque revestida de humor, de acre crítica de la
misma—. Con propuestas calificadas como “delirantes” o “alocadas y
transgresoras”, tales como “paralizar la facultad durante los partidos de Chile
en el Mundial de Fútbol” o “crear la semana sin el ingreso de pobres”, entre
muchas otras, en primera vuelta obtuvo la primera mayoría, y la lista
trotskista la segunda. Para revertir ese resultado, comunistas y socialistas
—en forma inédita— apoyaron a los trotskistas, pero eso no fue suficiente para
conseguirlo.
Es paradójico que precisamente en una de las
facultades del país cuya política universitaria ha sido más intensa e
intelectualmente rica en nuestra historia, y de cuyas aulas han egresado 16 Presidentes
de Chile, haya triunfado “RetroCEDamos”, cuyas propuestas parecen simplemente
una caricatura de las prácticas usuales de los conglomerados universitarios en
los últimos años.
Que tal lista y programa se presentaran pudo
ser solo una humorada estudiantil como tantas otras, e incluso hay un precedente
parecido —aunque menor— en Periodismo de esa misma universidad, en 1988. Pero
que triunfara como lo hizo ha causado escozor en muchos estudiantes y
académicos de dicha universidad, y también en otros sectores, por lo que puede
representar como señal para el país. Algunos han tildado de irresponsables a
los votantes y ha existido una fuerte presión de la actual dirigencia
universitaria para que los candidatos electos no asuman sus funciones. De
hecho, tres de los elegidos anunciaron que no asumirían sus cargos (creando
cierta incógnita, porque los estatutos no parecen claros respecto de cómo
reemplazarlos), pero Álvaro Valenzuela ha confirmado que asumiría la Presidencia
que ganó, pues —dijo— “tenemos algunas ideas y podemos sacar adelante la
tarea”.
Por otra parte, es de notar que la alusión a
“retroceder” que inspira el nombre de la lista referida envuelve no solo una
broma, sino también una orientación de izquierda no tan distinta de otras, o
que al menos puede ser aprovechada por los grupos ya conocidos de esa
tendencia. Su lema “Un paso adelante, tres hacia atrás”, si se lo traduce en
críticas serias, parece incluir así una denuncia de la transición no radical a
la democracia, de las políticas ante las etnias, del sistema político y
económico.
El electorado estudiantil quizá no
necesariamente advierte esto último, pero en su apoyo sí hay una advertencia a
sus dirigencias de los últimos años. La ausencia de dirigentes tradicionales
tal vez altere durante el próximo año lo que ha sido el habitual funcionamiento
de la representación estudiantil en la citada Facultad. Pero, más allá del
ámbito interno y de los proyectos propios de los alumnos, cabe preguntarse por
las razones de este fenómeno. Las interpretaciones apuntan principalmente a
estimarlo un voto de castigo y censura a una forma de dirigencia excesivamente
ideologizada, y aun con ciertos rasgos mesiánicos, que ha predominado en los
últimos años. Si bien la sobreideologización no ha sido exclusividad de la
Universidad de Chile y también ha estado presente en la mayor parte de los
planteles de educación superior, ha sido especialmente fuerte en la Facultad de
Derecho de esta: paros prolongados —muchas veces como fruto de votaciones y
asambleas realizadas con baja información, pocas garantías democráticas y
votaciones minoritarias— han afectado fuertemente a los alumnos, dañando sus
posibilidades de egresar con la plenitud del capital formativo característico
del prestigio histórico de la misma, para enfrentarse a una sociedad
globalizada altamente competitiva. Más allá de rebeldías juveniles, la gran
mayoría de los alumnos quiere ante todo estudiar, sin perjuicio de sus
preocupaciones por la cosa pública y de una adecuada representación
estudiantil.
Expulsión de colegios.
En el debate público se suele poner mucho mayor
énfasis en los derechos que en las obligaciones. Lo racional es equilibrarlos
adecuadamente, pero muchas veces las sociedades enfrentan una colisión de
derechos o de valores. Resolver ese conflicto puede requerir Leyes o la intervención
de la Justicia, o pueden emplearse otros procedimientos menos complejos, aunque
estos suponen instancias mediadoras, buena voluntad de las partes y un proceso
de ensayo y error. Tal colisión de derechos ocurre con frecuencia en la
educación, particularmente en el caso de expulsión de los estudiantes y su
posterior reinserción en otros establecimientos.
Si bien las Leyes han ido regulando mejor las
situaciones en que puede ocurrir una cancelación (o, en su caso, no renovación
de matrícula), siguen existiendo áreas grises, particularmente allí donde es
más difícil establecer normas precisas. Es el caso de los asuntos conductuales.
La ley exige a los establecimientos un reglamento interno, que establezca
faltas y sanciones, además de procedimientos justos para castigar a los
estudiantes. Deben existir garantías para que estos hagan sus descargos y se
deben contemplar etapas de apelación. La Superintendencia de Educación, que
está operando hace aproximadamente un año, tiene la responsabilidad de velar
por el cumplimiento de la normativa.
Pese a este marco, que ha significado
mejoramientos importantes en la supervisión de tales situaciones, es imposible
regularlas todas. El aprendizaje, particularmente por los propios colegios, ha
sido lento y muchos de ellos no han sido capaces de desarrollar una estrategia
más amplia para lidiar con las complejidades propias de una sociedad moderna,
que inciden en la interacción de los estudiantes con sus compañeros y docentes
en la vida escolar. De las más de 1.300 denuncias que durante 2013 ha recibido
la Superintendencia de Educación por cancelación de matrícula atribuida a
decisiones arbitrarias, casi dos tercios se originan en disciplina escolar. El
9% corresponde a una situación conexa: problemas con apoderados. De las
acusaciones recibidas el año pasado, el 80% fue resuelto por mediación de la
autoridad, lo cual refleja que la institucionalidad está funcionando, aunque no
se pueda descartar que muchos reclamos justos no lleguen a concretarse.
Por cierto, hay espacio para mejorar. Un ámbito
de acción apunta al trabajo directo con los colegios que ofrezca orientaciones
en el ámbito de la disciplina. Cabe recordar que se encuentra en vigencia la
llamada Ley del Bullying, que ha hecho que los colegios pongan más atención a
los asuntos conductuales y se preparen mejor para enfrentarlos. En la etapa
inicial de aplicación de estas disposiciones, el Ministerio de Educación apoyó
a los establecimientos y ha desarrollado talleres con las diversas comunidades
escolares. Pero también —dadas las consecuencias que deben enfrentar por
incumplimiento de esa Legislación—, en algunos casos, los establecimientos
parecen haber optado por caminos facilistas en esta materia y han preferido
cancelar matrículas de estudiantes con problemas conductuales. Estas actitudes
deberían desterrarse, pues la expulsión debe ser un instrumento de última instancia y solo cuando afecte el
clima escolar.
Otro ámbito apunta a ejercer buenos oficios
para lograr la reubicación de estudiantes que han sido expulsados. El Ministerio
realiza esta labor, pero de manera muy imperfecta y sin una estrategia clara.
El efecto concreto es que los padres se sienten desamparados. Ambas
disposiciones permitirían enfrentar de mejor manera una situación que crea
enorme tensión en las familias.
Felicidad a lo Maduro.
Al Presidente Maduro se le acaba el tiempo,
pero no las ideas. A un mes de las elecciones Municipales, en las que deberá
confirmar que es capaz de liderar el proyecto heredado de Hugo Chávez, decidió
crear el “Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo”, cuya
función será coordinar los programas sociales (“misiones”) y atender los
reclamos de sus insatisfechos beneficiarios.
Tales reclamos aumentan. En octubre, el Banco
Central de Venezuela determinó que la escasez fue mayor respecto de 18 de los
19 alimentos que se toman como referencia. El 80% de los locales no tiene papel
higiénico y más de 20% de ellos no expende jabón para el aseo personal. La
escasez ha obligado a millones de venezolanos a diarias odiseas para conseguir
los productos más básicos, o acudir al mercado negro.
En otra medida desesperada, Maduro ordenó ahora
la intervención de las tiendas de electrodomésticos, ropa, calzado, juguetes y
automóviles, entre otros bienes, acusándolas de irregularidades en los precios.
Ante la fijación rebajada de estos, multitudes vaciaron las tiendas, por lo que
debió disponerse control de acceso por la guardia nacional, y hasta se
registraron saqueos.
En todo caso, con una inflación que roza el 50%
anual, los productos que no escasean se hacen cada vez más inaccesibles. La
situación es tan grave que el Gobierno ha anunciado una nueva importación
“masiva” de alimentos. Pero incluso su tradicional socio en esta materia,
Brasil, está mostrando reparos, al acumular cuatro meses de cuentas impagas por
envíos ya realizados.
La creación por Maduro del citado Viceministerio
equivale a un reconocimiento de que las políticas sociales del Estado, pese a
consumir gran parte de las regalías petroleras, no han logrado mejorar la
calidad de vida de la población. Pero en vez de cambiar de rumbo y eliminar
medidas como el control de precios, la nacionalización de industrias y el
control de divisas, el Presidente venezolano pretende imponer “la felicidad”.
Dicho Viceministerio llegará acompañado de una
nueva Ley, que se discute en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo,
que le otorgará poderes especiales a Maduro para Gobernar sin necesidad del
Legislativo. El Presidente argumenta que esa Ley es necesaria para combatir a
la oposición, verdadera autora de la “guerra económica” que vive el país. En
realidad, parece previsible una mayor represión de las libertades y mayor
persecución política.
A la escasez y la inflación se suman el aumento
de la delincuencia y la corrupción.
Cabe preguntarse si la oposición logrará —como
afirma— “cambiar la patria” en las elecciones del 8 de diciembre. De sufrir una
derrota, la permanencia de Maduro en el poder sería puesta en duda por el
propio chavismo, en el que muchos líderes ansían el sillón dejado por Chávez.
La experiencia venezolana debería ser un
recordatorio importante para Latinoamérica: los problemas no se resuelven con
nuevos Ministerios ni más burocracia Estatal. Venezuela ya cuenta con
organismos coordinadores de sus políticas sociales, así como Leyes de control
en el ámbito económico, pero de nada sirven si no hay voluntad para hacer
cumplir las normas, o si las políticas públicas se traducen en despilfarro Fiscal.
Intervencionismo en Venezuela.
Las decisiones adoptadas en los últimos días
por el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para hacer frente al complejo
cuadro económico que atraviesa el país y
que irónicamente ha sido causado por el propio Gobierno -producto de medidas
que van desde el control cambiario, la limitación de importaciones hasta la
fijación de precios-, han llevado a que se agudice la inestabilidad interna de
esa nación.
Acusando una supuesta “guerra económica”, que
según el Gobierno es liderada por la oposición venezolana y por Estados Unidos,
el sucesor de Hugo Chávez ordenó a los militares la ocupación de las tiendas de
una cadena de electrodomésticos y el arresto de cinco gerentes del retail,
acusados de realizar aumentos desmedidos e injustificados de precios. Detrás de
esto parece haber un intento desesperado por controlar la inflación, que en los
últimos 12 meses acumula un alza de 54%, lo cual es resultado de la fijación de
precios y otras medidas contrarias al mercado. Lejos de resolver eso, el
Presidente Maduro busca corregir esta situación con acciones que lindan en la
ridiculez, como pretender fijar el límite de ganancias de las empresas o
tolerar saqueos de tiendas.
Así, el régimen bolivariano ha intensificado su
ofensiva por avanzar hacia una cada vez mayor intervención del Estado en los
distintos sectores productivos y también en los medios de comunicación,
afectando derechos fundamentales de los venezolanos y restringiendo sus
libertades. No obstante, resulta contradictorio que el Gobierno de Maduro
pretenda estimular la economía asfixiando la iniciativa privada e intentando
mantener un férreo control de precios, pues ello sólo profundizará el estado
actual de la crisis.
El Mandatario continúa empeñado en acrecentar
el intervencionismo Estatal y tendrá el camino despejado para hacerlo si es que
la Asamblea Nacional aprueba -como lamentablemente se espera- la Ley
habilitante que lo autorizará a Gobernar por decreto y sin control del Congreso
durante un año.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
