Jueces
comprometidos,
por Pablo Rodríguez Grez.
La evidencia parece irrefutable. Una fracción
minoritaria de nuestros Jueces, en especial los que integran la Justicia penal,
están comprometidos con una concepción ideológica que los enfrenta, en forma constante,
con las Leyes que deben aplicar. Para que un fallo Judicial tenga poder
vinculante (valor), debe fundarse en lo preceptuado en la Ley. Del contenido de
esta última se extraerán los elementos normativos que, incorporados a la
sentencia, permiten dotarla de validez y hacerla cumplir coercitivamente.
Por consiguiente, los conflictos
intersubjetivos se resuelven de acuerdo a los principios consagrados en la Ley
(norma), que es una manifestación de voluntad de los otros poderes del Estado
—colegisladores— democráticamente elegidos de acuerdo a la institucionalidad
vigente. El sistema Judicial, desde esta perspectiva, solo funciona
adecuadamente en la medida en que los Jueces sean leales al mandato Legal y sus
resoluciones no busquen la forma de eludirlo para fallar según sus personales
preferencias.
Para demostrar las virtudes de este sistema,
debe tenerse en consideración que la Ley que invoca el sentenciador ha debido
existir y hallarse en vigencia antes de generarse el conflicto que se trata de
dirimir y que, por lo tanto, no respetar las “reglas del juego” acarrea la peor
injusticia que puede cometerse. Asumir lo ordenado en la Ley, en consecuencia,
es una manera de honrar la voluntad de la mayoría ciudadana democráticamente
manifestada.
Es curioso observar cómo protesta el público
cuando en un espectáculo deportivo el árbitro (Juez) no respeta el reglamento
(Ley) y cobra las faltas según sus simpatías e inclinaciones. Sin embargo, no
se formula la misma protesta cuando un Juez se aparta de lo que ordena la Ley.
Es probable que ello ocurra porque estos últimos justifican hábilmente sus
determinaciones con argumentos aparentes y casi siempre especiosos. Pero lo
cierto es que, en uno y otro caso, la situación es la misma.
Si los Jueces no acatan la Ley, se distorsiona
todo el sistema institucional y caemos de modo irremediable en la dictadura
Judicial. En Chile comenzamos a vivir los primeros síntomas de este fenómeno.
Las políticas públicas, en cuestiones tan sensibles como la generación eléctrica,
los sistemas de salud y la lucha contra la delincuencia, chocan frontalmente
contra la voluntad de algunos Magistrados que, al parecer, tienen una visión
distinta de la manera en que deben enfrentarse estos problemas. Como resulta
inevitable, las relaciones entre los Poderes del Estado, en este contexto, se
deterioran en forma progresiva, provocando un distanciamiento que impide una
acción eficiente y mancomunada. Lo ocurrido con el proyecto de Observatorio
Judicial es elocuente a este respecto.
Lo que señalamos queda de manifiesto en lo
relativo a los planes sobre seguridad pública, política que debería comprometer
a toda la población, y que ha redundado en un creciente desprestigio del Poder
Judicial. No existe un estímulo más potente para el delincuente que la
impunidad. En la medida en que se aprecie que la mayor parte de los delitos
quedan sin sanción, la criminalidad seguirá creciendo.
Se ha sostenido, con insistencia, que no
corresponde a la Judicatura prevenir el delito y que ello es tarea de otras
reparticiones del Estado. Pero la realidad demuestra que la incapacidad de las
instituciones para combatir el delito, deriva, en gran parte, de la sensación
de impunidad que domina en el submundo criminal. El “garantismo”, concepción
que privilegia el tratamiento que se brinda al hechor en desmedro del ofendido,
y al que adhiere un sector de nuestros Jueces penales, no puede fundarse en el
respeto a los derechos humanos, porque el infractor atenta precisamente contra
ellos y casi siempre con una perversidad inhumana.
Mucho menos pueden los Jueces asumir
compromisos ideológicos y dejar que los mismos orienten sus decisiones. Si se
estimara que el que infringe la Ley es una víctima de la sociedad y, por lo
mismo, debe ser amparado, incluso vulnerando el mandato de la norma Legal, el
Juez se transformaría en un censor de la función Legislativa, sobrepasando, en
lo que le corresponde, el ejercicio de la soberanía e invadiendo el ámbito de
otras potestades.
No quisiéramos que la desconfianza que don
Andrés Bello manifestó sobre la tarea de los Jueces siga siendo un escollo
insuperable para nuestra institucionalidad, pero todo demuestra que es un
peligro que nos será difícil superar.
Nuevos aires para
los jóvenes,
por Margarita
María Errázuriz.
No me lo habría imaginado. Los jóvenes de hoy
no sólo quieren fortalecer la familia sino que guían sus pasos –al menos en lo
que a política se refiere– de acuerdo al parecer de sus padres. Para mí, la
inesperada confianza que los jóvenes depositan en sus familias –entendiendo por
ésta muy distintas formas– tiene aspectos muy positivos. Lo inconveniente es
que al darse ello al mismo tiempo de un déficit institucional en nuestro país,
incide en que los jóvenes se vuelquen principalmente al mundo de lo privado y
su sociabilidad ocurra en grupos encerrados en sí mismos.
La encuesta nacional a los jóvenes, Generación
Milenio (entre 15 y 29 años), realizada en octubre pasado por la Facultad de
Ciencias Sociales de la UNAB, permite concluir que la desconfianza que a todo
nivel sienten los jóvenes, incide en que su aprendizaje ciudadano se
circunscriba al ámbito de la familia. El bajo nivel de confianza en el
Gobierno, Congreso, Poder Judicial y partidos políticos contrasta con el alto
porcentaje de confianza en la familia. Los jóvenes señalan que entre los
cambios sociales que pueden ocurrir a futuro, el más significativo para ellos
es el fortalecimiento de la vida familiar (83%); que ésta es el área de la vida
con la que están más dispuestos a comprometerse (82%) y, finalmente, que quien
más influye en su toma de decisiones políticas es el padre (33%), aunque si se
considera a la familia incluyendo a la madre y a otros parientes directos, esta
cifra se eleva al 77%.
Las cifras señaladas son elocuentes y permiten
pensar que cualquiera sea el tipo de familia, los jóvenes sienten seguridad y
confianza en ella, y lo determinante para definir el grupo familiar sería la
relación diaria de cuidado y protección con un adulto responsable de su
bienestar. Sólo así se puede explicar que más de dos tercios de los jóvenes
sientan un fuerte lazo de unión con sus familias, medido según distintas
manifestaciones del mismo (confianza, influencia, deseo de fortalecerla), en
circunstancias que existe un número no menor de diferentes tipos de familia.
Hay que tener presente que entre 1990 y 2009 las familias monoparentales
aumentaron del 22% al 27% a costa de una disminución de las familias con padre
y madre y que las familias con jefatura femenina han aumentado de un 20% a un
33% entre esos mismos años. En el quintil más pobre esta cifra crece al 40%
(datos de Chile en Cifras, Observatorio de Tendencias Sociales).
No obstante, es esencial contar además con la
participación de los jóvenes en el ámbito público, en el ejercicio de la
ciudadanía, el debate de ideas y la participación social. La desconfianza de
los jóvenes hacia las instituciones los ha llevado a alejarse del mundo público
limitando sus oportunidades de abrirse a nuevos horizontes.
Los datos sugieren que una gran parte del
intercambio de ideas que los jóvenes realizan en el mundo privado sobre asuntos
públicos, se explica por el déficit institucional de la sociedad chilena
actual. Ellos no creen en las instituciones. En la sociedad, y en los jóvenes
en particular, hay una sombra de duda sobre todas aquellas instituciones que
detentan poder porque, en general, se estima que son arbitrarias, poco
transparentes y cerradas a una participación libre e inclusiva. Entonces, es la
sociedad chilena adulta la que está al debe. Para contar con el aporte que los
jóvenes pueden hacer para impulsar una sociedad más abierta, innovadora y
dinámica, tendríamos que empezar por renovar nuestras instituciones
democráticas. Sólo un cambio en este sentido podría traer nuevos aires a los
jóvenes.
Inesperado vuelco en
caso Bombas.
Cuando hace un año la Corte Suprema rechazó
los últimos recursos de la Fiscalía y el caso Bombas llegó a su fin, abundaron
los cuestionamientos exaltados contra autoridades que habían tenido algún
protagonismo en esa investigación. Entonces, y frente a ese clima de escarnio,
este diario hizo notar un punto central: lo que aquí había habido no era
simplemente el fracaso de un Fiscal o de algún miembro del Poder Ejecutivo,
sino algo mucho más grave, a saber, una falla de todos los actores del sistema
penal involucrados. En síntesis, quedaba en evidencia la incapacidad del Estado
para perseguir y sancionar a los responsables de más de un centenar de
atentados explosivos cometidos a partir de 2005.
Sin embargo, la detención en España de dos
chilenos vinculados a la ideología anarquista, entonces absueltos y ahora
acusados de participar en la detonación de una bomba en la Basílica del Pilar,
en Zaragoza, pone de relieve la magnitud de aquel fracaso, pero también permite
observar aristas que en su momento resultaron algo obviadas.
Mucho se habló entonces —y con razón— de las
debilidades en la indagatoria llevada a cabo por el Ministerio Público, con
fallas procedimentales inexcusables. También se hizo patente la precariedad del
así llamado sistema de inteligencia nacional, y en particular de la ANI,
incapaz de reunir la evidencia necesaria para sostener las acusaciones.
Pero si bien eso es efectivo, no debieran
olvidarse tampoco ciertas actitudes insólitas de algunos de los Magistrados que
conocieron del caso, cuyas expresiones descalificatorias hacia la parte
acusadora no constituyeron la mejor forma de mostrar imparcialidad. Por otra
parte, que dos tercios de las pruebas originalmente presentadas por la Fiscalía
hubiesen sido desestimadas por el Juez de garantía —que impidió que fueran
invocadas en la causa— confirma tal vez las críticas a la calidad de la
investigación, pero resulta indicativo también del poder que pueden llegar a
tener estos Magistrados para determinar el curso posterior de un juicio:
precisamente fue dicha exclusión de pruebas (entre las que se encontraban un
peritaje psiquiátrico o las especies incautadas en la residencia de la
conviviente de uno de los acusados, cuya declaración extrajudicial había sido
una de las bases de la indagatoria) la que hizo caer la imputación del delito
de asociación ilícita, y con ello debilitó sustancialmente la causa del
Ministerio Público.
Por último, no cabe olvidar el apoyo político
recibido por los imputados. Incluso antes de iniciarse el juicio, Parlamentarios
opositores denunciaban “injusticia” e incluso, en algunos casos, reputados
analistas de la Concertación de obvio talante democrático hablaban de “un
enjuiciamiento más político que Legal”.
Las noticias provenientes de España obligan a
reevaluar las cosas. Desde luego, se hace evidente el abismo que separa las
capacidades institucionales de ese país para enfrentar el terrorismo —producto
de la amarga experiencia allí acumulada— con nuestra propia precariedad, que
parte (igualmente en contraste con la situación peninsular) por el temor mismo
a usar esa palabra y la Legislación especial que persigue tales conductas. Peor
aún, el consenso para enfrentar con unidad el violentismo —una característica
de los primeros años de la transición— parece haberse diluido, hasta
transformar el punto en un tema más de la controversia política. A propósito de
las detenciones en la península, el Ministro del Interior ha dicho que ahora
algunos Tribunales chilenos debieran dar explicaciones. Tal vez, más que eso,
lo que corresponda sea asumir la gravedad de los atentados ocurridos a partir
de 2005, dimensionar las implicancias del fenómeno anarquista y terminar con
las largas condescendencias en esta materia.
Reserva minera del
país.
Esta semana se inauguró en la Tercera Región
el encuentro ATEXPO 2013, sobre desarrollo y negocios de la minería, principal
actividad de Atacama y que ocurre en el marco de la suspensión de varios
proyectos de explotación tanto en ese rubro como en el energético, tanto por
razones de costos, como por la Judicialización de alguno de ellos debido a
conflictos ambientales.
Hasta hace un año, Atacama destacaba por su
fuerte crecimiento económico sustentado en la inversión privada de futuros
yacimientos de cobre y oro, pero durante 2013 los indicadores de actividad
registran una caída de 4%, que comienza a impactar en un menor empleo de 0,2%
en el trimestre julio-septiembre de este año.
La inquietud de la comunidad de esa Región,
expresada a través de la Corporación para el Desarrollo de Atacama, se ha
manifestado en el reconocimiento de que ha pasado de ser la Región con mayor
proyección del país –con inversiones proyectadas de unos US$ 30 mil millones– a
la de mayor cantidad de proyectos detenidos, como son El Morro, Castilla y
Barrancones.
Esta realidad contrasta, sin embargo, con las
enormes proyecciones de esta Región. Según el catastro de la Comisión Chilena
del Cobre (Cochilco), la zona no ha sido explotada intensivamente, en
contraposición a la Segunda Región de Antofagasta. Sólo en materia de
prospección minera, del total de 163 prospectos registrados por Cochilco, 70
son de Atacama, reafirmándose su condición de reserva de desarrollo, entre
otras razones porque los yacimientos explotados en otras Regiones con tradición
minera vienen cayendo en la Ley y se estima que para 2020, ésta quedará en
promedio en torno 0.67%. Lamentablemente, el encarecimiento de la oferta de
energía eléctrica y los conflictos ambientales han puesto en suspenso las
potencialidades de esta Región.
El Convenio 169, en vigencia desde el año
1991, ha tenido una mala interpretación y se ven lecturas reivindicadoras en
vez de oportunidades. Es muy relevante dar importancia a la relación con las
comunidades y lograr hacer entender que el rol de la minería no es ser una
especie de “gallina de los huevos de oro”, sino un iniciador de desarrollo de
las regiones.
En el caso específico de Atacama sería
deseable que las futuras autoridades pongan atención a su desarrollo y se haga
un esfuerzo por crear las condiciones para que los proyectos mineros y
energéticos suspendidos logren superar las razones de su detención y el país
pueda aprovechar la enorme riqueza de una zona poco explotada, en beneficio de
sus habitantes y de todo el país. Lo que está en juego amerita el esfuerzo.
Eliminación del FUT
y su impacto en la economía.
Al acercarse el fin de las campañas
electorales, la coalición que apoya a la candidata de la Nueva Mayoría ha
buscado minimizar el eventual impacto de sus propuestas tributarias. La
realidad es que el programa mismo de dicha coalición reconoce impactos severos
de su propuesta tributaria, en forma implícita pero clara, y que en definitiva
no acota.
La así llamada “eliminación del FUT” consiste
en hacer que las personas tributen por los ingresos correspondientes a su
participación en la propiedad de empresas sobre base devengada, esto es, aun si
no ha habido distribución de las utilidades. Esto conduce a que personas de
altos ingresos vayan a tributar sobre sus rentas de fuente empresarial con las
tasas que determina el Impuesto Global Complementario. Como según el mismo
programa la tasa más alta en el Global Complementario bajaría desde el 40%
actual hasta el 35%, este último guarismo sería la tasa marginal de impuestos
que afectaría a las utilidades de una empresa de propiedad de personas de altos
ingresos; un enorme ajuste desde el 20% actual, que se aplica cuando las
utilidades no se distribuyen.
El análisis económico más establecido indica
que un aumento en la tasa de impuestos a las empresas, en una economía pequeña
y expuesta a movilidad de capitales, recae en los salarios de los trabajadores.
La razón es obvia: el capital va a redestinarse a otros países hasta que su
retorno antes de impuestos suba lo suficiente como para que, después de los
nuevos impuestos, ese retorno vuelva al nivel original. Este ajuste se logra
con menor inversión, menor stock de capital y, por lo tanto, salarios más
bajos.
Quienes promueven la eliminación del FUT no
podrían desconocer que un aumento en la tasa efectiva de impuestos a las
utilidades de las empresas hace caer fuertemente los salarios. Como el impacto
no compensado de la eliminación del FUT resulta complejo, se diseñó una suerte
de compensación, la depreciación instantánea, que ahorra pagos de impuestos a
las empresas y que, por lo tanto, permite compensar el efecto económico del
término del FUT. Pero resulta esperable que esta compensación también elimine
la recaudación de impuestos sobre las utilidades de las empresas favorecidas.
Así, con la eliminación del FUT y depreciación instantánea, la mayor
recaudación provendría de proyectos que no se benefician de la depreciación
instantánea, porque utilizan poco capital fijo, como construcciones o
maquinarias. Esto es grave, pues estos proyectos son precisamente los que se asocian a nuevas
tecnologías y al mejoramiento de la productividad en la economía.
El programa parece reconocer el problema al
señalar que se implementará un mecanismo de depreciación instantánea que
“considere un mecanismo que controle posibles distorsiones entre sectores
productivos con distinta intensidad en el uso de capital”. Sin embargo,
lamentablemente no acota el daño cuando
compromete que los cambios tributarios y la “eliminación del FUT” incrementarían
la recaudación en 1,92% del PIB, mientras la depreciación instantánea la
disminuiría sólo en 0,21% del PIB. Terminar con el FUT implicaría una amenaza
al mejoramiento salarial, mientras el mecanismo para morigerar su impacto, además de limitado,
introduce un sesgo en contra de los proyectos más sensibles para el crecimiento
de la economía.
Masificación del
turismo.
Proyecciones auspiciosas ha entregado el
Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) para la próxima temporada de verano,
muy especialmente respecto del llamado turismo interno. La entidad espera que
en ese período 9 millones de chilenos viajen dentro del país, lo que
representaría un aumento del 5,9% respecto de la temporada 2012-2013, cuando la
cifra alcanzó a 8,5 millones de connacionales. Se trata de números
impresionantes si se considera que hace solo tres años los veraneantes
estivales eran apenas cuatro millones.
Las cifras son categóricas: destinos
tradicionales como Valparaíso y Viña del Mar (7,8%), y La Serena y Coquimbo
(5,6%), y otros balnearios del litoral central siguen apareciendo como los
preferidos, aunque —según el Subsecretario de Turismo— en los últimos años ha
“aumentado la dispersión hacia el norte y el sur”. En promedio, estos viajes se
realizan en grupos de entre 4 y 5 personas, usando como principal vía de
transporte las carreteras (el 56,8% en automóvil y 38,7% en bus). Al escoger
alojamiento, la mayoría de estos turistas opta por residencias de familiares y
amigos (56,8%). El resto elige hospedarse en viviendas propias (en el caso del
segmento ABC1) o en cabañas arrendadas y campings, en el caso de los segmentos
C2, C3 y D. Las diferencias entre los estratos socioeconómicos también se notan
en los gastos que realizan: en el segmento ABC1, el promedio per cápita es de 572
mil pesos, mientras que en el tramo D es de 195 mil. Durante el verano, la
mayor cantidad de desplazamientos se efectúa en la primera quincena de febrero
(34,4% de los turistas). Casi la totalidad de estos movimientos es por
vacaciones, aunque el 1,5% de los viajeros del segmento más acomodado lo hace
por negocios. Según Sernatur, las estadías de los veraneantes se extienden en
la mayoría de los casos por dos semanas.
Una explicación obvia para estas cifras es el
buen momento que vive la economía nacional. El que cada vez más los chilenos
puedan tomar vacaciones y trasladarse por el territorio es una señal a menudo
inadvertida de las oportunidades que el modelo de desarrollo ha abierto para
las personas. Además, el Gobierno ha destacado que en este crecimiento del
turismo interno inciden también las iniciativas de promoción impulsadas tanto
desde el nivel central como por autoridades Regionales y locales. Un ejemplo
fue la reciente feria “Chile es tuyo”, que reunió en octubre, en La Reina, a
más de 300 representantes de empresas de las 15 Regiones, para dar a conocer la
oferta cultural y de entretención de cada zona. Las políticas pro
emprendimiento, a su vez, han encontrado aquí una interesante respuesta, con la
creación de numerosas pymes en torno a esta industria.
Por cierto, hay muchos desafíos por superar en
este campo: la irregular calidad de los servicios, la insuficiente
infraestructura y la necesidad de mayor capacitación laboral son factores
limitantes. Sin embargo, el que ese diagnóstico ya sea ampliamente compartido
por los sectores público y privado alienta las expectativas de avanzar en
soluciones eficaces. Del logro de estas dependerá que lo que hoy asoma como una
saludable tendencia se proyecte en una consolidación del turismo interno como
factor adicional de desarrollo.
Concesión de los
casinos Municipales.
Para reactivar el proyecto de Ley de casinos Municipales
-cuyo texto se encuentra listo desde principios de año, pero que no ha sido
enviado por el Ejecutivo al Congreso, al no alcanzar consenso con las entidades
Edilicias que administran este tipo de salas de juego-, el Gobierno se
encuentra evaluando introducir algunos cambios a la iniciativa Legal que
parecen inconvenientes para el propósito de consolidar una sola industria de casinos
e introducir mayores niveles de competencia en este ámbito. Ese fue
precisamente el espíritu de la norma que se promulgó el 2005, a partir de la
cual se licitaron 17 de estos recintos en el país.
Hoy existen siete Municipios (Arica, Iquique,
Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales) que tienen
asignados de forma exclusiva la ubicación de una de las dos salas de juegos que
la actual Ley de casinos autoriza por Región. Esta situación resulta
discriminatoria y desventajosa para el resto de las Comunas y Municipalidades
de esas zonas, pues restringe la oferta y no permite que se puedan levantar
proyectos competitivos en otras localidades de las mismas Regiones, Comunas
que, además, quedan excluidas de optar a los beneficios económicos que
significa para ellas y la comunidad la instalación de estas salas de
juego.
La propuesta que el Gobierno pretende enviar
al Congreso contempla extender en 15 años la actual concesión de los casinos Municipales,
que expira a fines de 2015. El plazo de una década que se les había otorgado
resulta más que razonable para que las Municipalidades se pudieran adecuar al
nuevo escenario, por lo que extender el período con el propósito de aplacar la
molestia de los Municipios involucrados resulta injustificado. La eventual
pérdida de ingresos que podrían experimentar los Municipios no podría
esgrimirse como razón válida para alterar el curso de la Ley, y de haber una
merma en sus presupuestos, corresponderá al Gobierno central buscar una
solución.
Un par cartas para
recapacitar.
Señor Director:
Caso Bombas.
Esta parece una historia que no termina,
haciéndose ahora conocida a nivel internacional. Tanto en el caso Bombas como
en el denominado caso Niemeyer, Tribunales chilenos por diversas argumentaciones
han resuelto que al colocar una bomba y hacerla explotar no se busca producir
terror en la sociedad.
Considerar la persecución penal de este tipo
de hechos como un montaje o etiquetarla como un mero delito común, es un claro
aliciente a la impunidad. No es racional negar la presunción de dolo terrorista
por parte de quien coloca y hace detonar una bomba, muy contrario a los
derechos humanos más esenciales y fundamentales de todas las personas, bien Jurídico
universal que ahora será defendido por un derecho penal, que sin ser más
inquisitivo, no acepta bajo ningún parámetro la irracionalidad del terrorismo.
Tampoco es la solución incrementar las penas
de manera general, pero existen determinados hechos que requieren de una
especial consideración. La Ley debe ser lógica y por ende no debe ir en contra
de la razón y la experiencia social, por lo que cuando alguien voluntaria e
intencionadamente realiza todos los actos necesarios para obtener un explosivo,
colocarlo y detonarlo, debe ser castigado.
Quiéranlo o no, hoy el Observatorio Judicial
es una realidad que ha hecho trascender un error a nivel internacional. Cuando
la Ley no es aplicable o deja de ser lógica, tenemos que ser capaces de verla,
criticarla y cambiarla.
Mauricio Valdivia Devia, Grupo de Estudios
Avanzados en Violencia Universidad de Barcelona.
Señor Director:
Más sobre el caso Bombas.
Supongo que los chilenos detenidos en España
por detonar un artefacto explosivo en una iglesia (los mismos absueltos en
Chile por el caso Bombas) alegarán ante los Tribunales españoles inocencia
total y la maquinación de un montaje, ahora con alcance internacional, de parte
del Gobierno de Piñera.
A partir de esta lamentable noticia, queda
claro que no necesitamos un Observatorio Judicial; necesitamos Jueces con
sentido común y un mínimo de criterio.
José Miguel Rodríguez S.
El voto del domingo.
El
llamado es a sufragar el domingo y a hacerlo bien es un deber de chilenos. No
da lo mismo quien llegue a La Moneda. Creemos que Evelyn Matthei es la única de
los postulantes de espíritu libertario, con capacidad de hacer crecer el país y
crear un ambiente propicio a la mejoría salarial y a una necesaria justicia
social.
Junto
a lo anterior sugerimos votar por los candidatos de la Alianza al Parlamento y
a los Cores, porque dar más poder a
quienes han demostrado con sus programas un Estatismo exacerbado, que ha
fracasado en todo el mundo, puede poner en riesgo las libertades ciudadanas.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
